Acto de discriminación y de violencia de género, la línea de cosméticos inspirada en los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez

Fuente: Justicia para nuestras Hijas...

· ONCF condena enérgicamente la línea de maquillaje otoño 2010 de la marca de cosméticos MAC y la firma de diseño Rodarte “inspirada” en el feminicidio de Ciudad Juárez.

· Crear y difundir imágenes y productos que “embellecen” la violencia contra las mujeres es una forma de legitimar y mantener una cultura de discriminación contra las mujeres.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, red integrada por más de 43 organizaciones presentes en 19 entidades de la República mexicana, emite este enérgico pronunciamiento ante la campaña de cosméticos Otoño 2010 de la marca de cosméticos MAC y la firma de diseño Rodarte que toma como principal referencia estética la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La violencia contra las mujeres en dicha ciudad incluye un conjunto de violaciones a derechos humanos, por señalar sólo cuatro: 1) la explotación laboral en maquilas en donde las jornadas dejan sin descanso a las mujeres; 2) la exclusión de proyectos de desarrollo social y de seguridad pública que sostiene a las mujeres en una salud precaria; 3) la invisibilización y menosprecio ante la violencia específica contra las mujeres, como son las desapariciones, tortura sexual y homicidio de mujeres, dentro de la violencia social generalizada; 4) la impunidad en que se mantienen todas estas violaciones por parte de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia.

Está documentado que de esta violencia, el riesgo de ser víctima se incrementa en aquellas mujeres que se encuentran en la adolescencia y juventud, que están en condiciones precarias de recursos económicos y excluidas de redes sociales, por ejemplo, por su situación de migración, aunque por la cultura de discriminación por género, todas las mujeres están en riesgo. Estas violaciones están estetizadas sin crítica y erotizadas en esta línea de productos en los que “Factory”, “Sleepless”, “Quinceañera”, “Borden Town”, “Del Norte”, “Juárez” son palabras colocadas a colores y estéticas que remiten directamente a estas graves violaciones a derechos humanos.

En México hemos nombrado como feminicidio a esta situación y su denuncia local ha detonado investigaciones y denuncias en otras localidades de otros países, colocando al feminicidio como un problema mundial. Por ello, la referencia a la situación local de Ciudad Juárez no sólo afecta a quienes habitan dicha ciudad, sino que desde ahí difunde y hace masiva una estética que refuerza la explotación y la violencia contra las mujeres en todo el mundo.
La discriminación, por definición de la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación contra las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas, puede ser cometida por objeto o por resultado. Queremos escuchar como sinceras las disculpas que en algunos medios de comunicación la empresa MAC y la firma de diseño Rodarte han emitido, y asumir que no fue su objeto discriminar. Sin embargo el resultado de su campaña sí ha sido discriminatorio y violento contra las mujeres, situación que es necesario reparar no sólo dando un poco de dinero a quienes trabajan directamente con las víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez, sino que requiere un conjunto de acciones públicas e internas en dichas empresas para que se repare el daño de manera afirmativa a los derechos humanos y para que no vuelva a repetirse.

El gobierno mexicano, a través de sus instituciones específicas, tomando el marco normativo internacional de derechos humanos, la Constitución mexicana, así como la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la discriminación y la Ley Generalde Acceso a una Vida Libre de Violencia, tiene la facultad y obligación de pronunciarse y establecer medidas de corrección y sanción por este acto de discriminación.
Independientemente de la respuesta que el gobierno realice, las organizaciones que firmamos este pronunciamiento y en particular las que radicamos en Ciudad Juárez ofrecemos a los directivos de la empresa MAC y Rodarte compartir con nosotras un día en nuestra ciudad para exponer de manera directa la situación que vivimos. Queremos establecer con ustedes un diálogo y acordar acciones efectivas que permitan informar, denunciar y transformar esta cultura de violencia contra las mujeres que cada día se agrava en nuestra ciudad y país. Consideramos que su empresa y productos, consumidos principalmente por mujeres, puede ser una aliada fundamental en promoción de una nueva cultura que reafirme a las mujeres como sujetos libres e iguales, en particular libres de estereotipos discriminatorios y de violencia. Esta es nuestra denuncia y propuesta.

Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Por el fin del feminicidio en Ciudad Juárez y el mundo.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

Retoman resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver flagelo de Feminicidio en América Latina

Por Gladis Torres Ruiz(CIMAC).-

La Unión Europea (UE) condenó y reiteró su preocupación, por el aumento del feminicidio, y la violencia contra las mujeres en todas sus formas, así como la prevaleciente cultura de impunidad para resolver este flagelo, en varios países de América Latina.

En un comunicado, la Alta Representante para Política Exterior de la UE, Catherine Ashton, celebró la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), contra el Estado mexicano por homicidios por razones de género (feminicidio), en el caso conocido como “Campo Algodonero”, emitida el 10 de diciembre de 2009. Calificó como incansable el trabajo del organismo internacional, en relación a este flagelo, y consideró como un “paso positivo”, la decisión de establecer el concepto de feminicidio, como “homicidio motivado por cuestión de género”.

Ante el incremento de todos los tipos de violencia contra niñas y mujeres de la región, la responsable de la Política Exterior Europea ofreció su cooperación para ayudar a combatirla, a través de apoyo político y cooperación legislativa. Se pronunció por el establecimiento de medidas concretas que podrían incluir, la creación de una base de datos nacionales, la publicación de programas educativos sobre género y manuales; además de la normalización de protocolos, y el desarrollo de competencias o cualquier otra acción adecuada. Aseguró que la UE está “especial y profundamente preocupada por el aumento en el número de homicidios, cometidos contra mujeres y niñas, “en el contexto de violencia de masa y discriminación estructural”.

SENTENCIA DE CoIDH, DOCUMENTO BASE

Algunos de los ofrecimientos hechos por la jefa de la diplomacia europea forman parte de las 26 resoluciones señaladas por la CoIDH en la sentencia contra del Estado Mexicano, en el caso: González y Otras, conocido como“Campo Algodonero”.

Tal es el caso de la resolución 18, en la que establece que el Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres. De igual manera la UE, retoma la resolución 21, donde se indica que el Estado mexicano deberá actualizar una base de datos, en el plazo de un año, a partir de la notificación de la sentencia.

Dicha base, deberá contener la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; la información personal que sea necesaria, principalmente genética y muestras celulares, de las y los familiares de las personas desaparecidas y de cualquier mujer o niña no identificada, que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua. Catherine Ashton también hace referencia en sus propuestas, a lo indicado en el resolutivo 22, donde se dispone que el Estado debe continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en Derechos Humanos y género.

Aún con Ley, en Guatemala feminicidio se volvió epidemia

Por: Gladis Torres Ruiz / CIMAC

En Guatemala la violencia contra las mujeres se ha convertido en epidemia, y la aplicación de la justicia cada día es más difícil, pues aunque el año pasado 722 mujeres fueron asesinadas violentamente y que contamos con la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra las Mujeres, “todo se queda en la impunidad”, denunció Ana Gladys Olas Hidalgo, directora de la Unidad de Defensoría de las Mujeres de la Oficina del Ombudsman de Derechos Humanos de Guatemala.

Así lo afirmó durante la entrevista que sostuvo el pasado 13 de mayo con la delegación de activistas agrupadas en la “Misión de Observación y Denuncia Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en Guatemala”, organizada por la Red Petateras de Guatemala, en coordinación con Sinergia Noj, Radio Internacional Feminista (RIF), la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), Asociadas por lo Justo (JASS) y La Cuerda.

Olas Hidalgo señaló que con la entrada en vigor de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra las Mujeres, en abril del año pasado, se ha logrado avanzar muy poco.

En Guatemala nos encontramos sumergidas en “una violencia aguda”, afirma, “nadie cree en nada”. Desde la Defensoría trabajamos, nos relacionamos e interactuamos no sólo con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), sino también con las instituciones del Estado que atienden las problemáticas de las mujeres. A nivel institucional la defensoría trabaja en la prevención de la violencia contra las mujeres y la atención a la víctima, entre otras actividades.

En el país existen ocho centros de atención integral para las mujeres sobrevivientes de violencia, que funcionan en el mismo número de departamentos, uno de ellos en la capital, el cual está coordinado por la Red de la no violencia contra las mujeres.

Como defensoría mandamos los casos que nos llegan a esta organización para que las víctimas puedan ser orientadas a nivel legal y psicológico, de tal forma que cuando sean citadas al organismo judicial no vayan solas, sino asistidas por una abogada o abogado.

En este sentido, agregó que con la creación de la “Ley de Femicidio” aparece la defensa pública, como creación del Estado para darles asistencia legal gratuita a las mujeres sobrevivientes de violencia. A esta institución también trasladamos casos, ya que son muchos y tenemos que tener muchas organizaciones e instituciones brindando este tipo de apoyos para las mujeres, por lo que también trabajamos con la organización “Sobrevivientes”, ya que ellas brindan asistencia, tanto psicológica como legal, a las víctimas, para que puedan recuperarse y llevar una vida normal, luego de la violencia que han sufrido.

Olas Hidalgo precisó que en materia de justicia es muy difícil que las mujeres víctimas de violencia la obtengan, ejemplo de ello es que desde que entró en vigor la “Ley de Femicidio”, sólo se han sentenciado a dos víctimas, siendo estos casos de violencia en el hogar.

FEMINICIDIO: CASOS NO RESUELTOS

En lo referente a los asesinatos de mujeres, donde existe el odio y la misoginia en contra de ellas, todavía no tenemos casos resueltos, a pesar de que en el 2008 fueron 722 mujeres asesinadas violentamente, de los cuales el 85 por ciento están tipificados como femicidio, señala.

El resto son otro tipo de hechos violentos relacionados con las “maras” (bandas delincuenciales), el narcotráfico, y aparatos clandestinos; es decir, en todas las situaciones de violencia que se dan contra la población en general y la que las mujeres tampoco escapan.

“En lo que va del año ya llevamos 265 casos de mujeres que han sido muertas violentamente, hasta la semana pasada, según datos del abogado Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y hasta el momento es el que consideramos más razonable y objetivo, ya que cuesta tener las estadísticas”.

Olas Hidalgo subrayó: “en este país no tenemos una confianza en decir que las mujeres que presentan su denuncia van a ser apoyadas en relación a la aplicación de la justicia, porque se queda todo en la impunidad y a pesar que en la Procuraduría contamos con una Unidad contra la impunidad, no podemos hacer nada para que los tribunales de justicia, en relación con los ministerios públicos y la policía, puedan desarrollar acciones contundentes para que se aplique la justicia a favor de las mujeres.

Según el informe de 2008 del Ombudsman, la cantidad de mujeres asesinadas aumentó 95 por ciento entre el 2001 y el 2007, en comparación con los homicidios en general, que aumentaron 77.3 por ciento durante el mismo período.

“Desde la Defensoría de las mujeres hacemos lo humanamente posible para apoyarlas de todas las formas que están en nuestras manos”, señaló.

Sin embargo, el trabajo desde la defensoría de la mujer cada vez se hace más difícil, ya que tenemos un presupuesto muy escaso, no podemos ni sostener una campaña amplia contra la violencia hacia las mujeres, tener acceso a los medios electrónicos es muy costoso y nuestro presupuesto es muy corto.

Por ello, consideró la funcionaria, es de vital importancia se refuerce el presupuesto designado a la Defensoría de la mujer y también el que es destinado a las oficinas de la mujer directamente, ya que en la actualidad dependemos de lo que se nos pueda dar del presupuesto general.

Podemos decir que a nivel nacional hay atención en los temas relacionados a las mujeres, sin embargo, nos cuesta mucho trabajo llegar a los municipios; por ello es que estamos trabajando en la institucionalización de las oficinas municipales de la mujer, ya que como están en algunos de los municipios, sería más sencillo llegar con los temas de prevención y a favor de las mujeres.

Actualmente el 40 por ciento de los municipios cuenta con estas oficinas, sin embargo a pesar de tener personal y reglamento, no han sido institucionalizadas, por lo que carecen de un presupuesto propio y el personal de las mismas es utilizado para llevar mensajes o café a los directivos de las oficinas municipales. Nosotras ya no queremos que eso suceda, queremos que ese personal trabaje a favor de las mujeres

A través de la Comisión de Equidad y Género propusimos una iniciativa para reformar los códigos estatales y el nacional, con el fin de institucionalizar las oficinas de la mujer y que obtengan no sólo un presupuesto propio sino la independencia para poder trabajar a favor de las mujeres, finalizó Ana Gladis Olas Hidalgo.

Oaxaca: ya van 563 ¿cuántas más?

Por: Soledad Jarquín/ Mujeres Net

Una, dos, tres… la cuenta no se detuvo nunca. En la última década y hasta el día de hoy la suma de mujeres asesinadas indica que se trata de 563 mujeres de carne y hueso, con nombre y apellido, con vidas propias, con hijos e hijas, con familias, parejas o sin ella, con sueños, proyectos, ganas de vivir cada día. Mujeres de todas las edades a quienes la violencia feminicida y el feminicidio las alcanzó.

Hace unos cuantos años, menos de cinco, tal vez, aparecieron en el vocabulario las palabras feminicidio y violencia feminicida. Como sucedió en el país completo, Oaxaca no fue la excepción y resultó prácticamente inaceptable reconocer que el fenómeno de la violencia feminicida, como el feminicidio, existían y que cómo “autoridades” tenían responsabilidad.

Feminicidio, decían, pero por qué si Oaxaca no es Ciudad Juárez, allá si existe el feminicidio. Aquí no hay asesinos seriales, explicaban desde el gobernador hasta la entonces procuradora Libeth Caña Cadeza que iba así de desatino en desatino. Pero el destino pronto habría de alcanzarnos.

Al menos en el último lustro la cuenta de estos asesinatos, es decir, mujeres tiradas como basura en terrenos baldíos, acuchilladas afuera o dentro de su casa, camino al trabajo, en la carretera, mientras trabajaban o descansaban, mientras se divertían o estaban dormidas, señala que en promedio, una mujer es ultimada cada ocho días.

Ante la realidad poco o nada se hace. Frente a estos 563 casos, incluyendo los 14 cometidos en lo que va de esta año como señala el recuento hemerográfico de El Imparcial y Noticias, las únicas fuentes a la que tiene acceso hoy la ciudadanía frente al hermetismo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, queda claro y debería quedarle claro a las autoridades que estamos frente a un hecho real de violencia feminicida y feminicidio.

El feminicidio, según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia, conlleva la ruptura del estado de derecho porque las instituciones de gobierno son incapaces de garantizar la vida de las mujeres de actuar con legalidad y hacer respetar las leyes, procurar justicia, prevenir y erradicar la violencia que la ocasiona. El feminicidio es un crimen de estado.

Por eso llama la atención cuando Evencio Nicolás Martínez Ramírez, procurador de Justicia del Estado y al mismo tiempo catedrático de la UABJO, señala que él no tiene responsabilidad de prevenir la violencia feminicida, como lo indicó molesto y hasta alterado en una reciente reunión de trabajo con las organizaciones a la que fui invitada como reportera. Pero la ley es clara, sin vuelta de hoja.

El procurador quien utiliza, incluso, un término racista, cuando apunta que siempre “le pegan al negro”, lo cual se suma a su carrera de errores, no admite responsabilidad en la prevención de los delitos que se cometen contra las mujeres. Pero bastaría con hacer un recuento, que resultaría largo, de los hechos no investigados, no perseguidos a lo largo de estos años en la Procuraduría que él dirige.

Claro que no es el único responsable, tendremos que mirar un tanto a todas las corporaciones policiacas donde para muchos policías la violencia contra las mujeres es un asunto “aceptable” y por tanto invisible.

Y, el mayor de los cuellos de botella, el Poder Judicial. Donde los hechos, casi siempre mal investigados por policías, hablan de un escaso número de hombres castigados por la comisión de estos delitos. Porque igual, hay la sensación misógina y sexismo que a lo único que conducen es a actos de impunidad.

Grave es, por ejemplo, que en la investigación hecha por la Comisión de Feminicidio, hace unos dos o tres años, ni siquiera pudieran (las instituciones) determinar cuáles de los homicidios reportados eran dolosos y cuáles culposos. Pero, como entonces, hoy no pueden aún hacer esa separación, porque ni la Procuraduría ni el Tribunal de Justicia del Estado, no logran ni quieren transformar sus sistemas, así que para ellos todo seguirá siendo lo mismo. La llamada perspectiva de género no les entra ni con chochos.

Un trabajo realizado por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) revela que “las juristas opinan que el mayor problema está en la PGJE y en menor grado en el TSJE, los casos que llegan al Tribunal llegan con errores en la integración de las averiguaciones (corrupción y/o ignorancia, bajo nivel académico) y en el Tribunal se acaban de echar a perder (corrupción, sexismo), es decir, el problema de origen está en la Procuraduría. Los Ministerios Públicos alientan, presionan y en algunos casos amenazan a las mujeres víctimas para que otorguen el perdón a los victimarios o para que desistan de la denuncia contra sus victimarios (ahora lo hacen legalmente a través de la justicia restaurativa)”. Cuando la víctima puede contar este hecho, pero cuando no, podríamos pensar en la presión que se ejerce contra la familia de la víctima. Los testimonios sobran.

Además, no olvidemos a Frankenstein, me refiero a la ley que aprobaron los diputados y diputadas locales el pasado 26 de febrero, donde ni siquiera pudieron tipificar el delito de feminicidio con lo que, como han dicho las expertas, ayudaría a terminar con la impunidad de estos crímenes en México.

Por ejemplo, la abogada Bárbara Illán, integrante de Consejería y Consultoría Psicojurídica, criticó que más del 70 u 80 por ciento de las Leyes Generales no se aplican a favor de las mujeres y reconoció que con el feminicidio como tipo penal sería verdaderamente sancionado y seguido por las leyes y, además, se revelarían cifras alarmantes de estos crímenes por género en todo el país.

El problema, sin embargo, es la miopía institucional y los problemas personales que cada legislador o legisladora, cada funcionaria y funcionario asume cuando están frente a decisiones que tienen que ver con la vida de las mujeres. Su actuar, revela todas luces, que todavía les cuesta conceder a las mujeres todos sus derechos humanos.

Frente a estos hechos, tengo la sensación, la misma que tienen muchas otras ciudadanas de que los asesinatos de las mujeres es algo que no le quita el sueño a nadie, me refiero a quienes tendrían que actuar. Que como dice Norma Reyes Terán, titular del Instituto de las Mujeres de Oaxaca, los crímenes contra mujeres siguen siendo invisibles.

Estado mexicano espera sentencia por feminicidio en Juárez

Por: Nancy Betán Santana y Guadalupe Gómez Quintana/CIMAC

El gobierno es internacionalmente responsable por la desaparición y muerte de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos, torturados y abusados sexualmente, fueron tirados en el predio Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El gobierno no las protegió, no previno sus asesinatos, aunque conocía el patrón de violencia de género en la región, que ha dejado cientos de mujeres y niñas asesinadas, y las autoridades de Ciudad Juárez no respondieron a las denuncias.

Esa es la acusación que hicieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) Irma Monreal, Josefina González y Benita Monárrez, madres de las víctimas, quienes esperaron ocho años para que sus testimonios fueran escuchados por autoridades judiciales sin sorna ni escepticismo.

Contra el feminicidio: Homenaje a las y los defensores de la Mujer

Señala Marcela Lagarde, autora sociopolítica del neologismo morfosemántico feminicidio, que este crimen «es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales conformadas por el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres, que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres... todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres».

Ana Belén Puñal, por su parte señala la enorme mentira encubierta por el eufemismo "crimen pasional": «No hay crímenes pasionales. Nadie mata por amor. Lo que hay detrás es una situación de poder».

Feminicidio (neologismo formado con el adjetivo antiguo feminino, origen genético de las palabras feminidad y feminismo, cuyo origen latino común es fémina 'mujer: persona del sexo femenino' y el sufijo -cidio 'acción de matar') n.f. 'asesinato de una mujer'; alterna con la forma sincopada por haplología (1)

femicidio. Para introducir este neologismo, sinónimo del anterior, nuestra lengua se inspiró del vocablo inglés femicide, cuyos autores son Radford, Jill y Diana E. Russell, en 1992. Marcela Lagarde emplea también esta forma sincopada, como lo hacen muchos políticos en latinoamérica, pero, con gran sentido pragmático y morfosemántico, prefiere la forma completa feminicidio.

Ninguna de estas dos palabras ha sido incoporada todavía en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). Espero que lo sean muy pronto, puesto que en el momento en que yo escribí la primera versión de este artículo, en 1997, el buscador Google encontraba en décimas de segundo las siguientes referencias: feminicidio: 191 000; feminicidios: 153 000; femicidio: 76 400; femicidios: 22 400. En el momento actual, 20.04.09, la versión francesa del mismo buscador encuentra: "environ 218.000 pages en espagnol pour feminicidio. (0,40 secondes); un total d'environ 282.000 pages en espagnol pour feminicidios. (0,30 secondes); un total d'environ 83.100 pages en espagnol pour femicidio. (0,34 secondes); un total d'environ 33.900 pages en espagnol pour femicidios. (0,20 secondes)". El masivo progreso pragmático de estos dos neologismos morfosemánticos indica tanto el avance de la toma de conciencia de este crimen contra la humanidad como la indudable progresión de su virulencia.

El Banco de datos del Español Actual, Corpus de Referencia del Español Actual (CREA), me responde por Internet, tanto en 1997 como en este mismo momento: "No existen casos para esta consulta". Espero que mis colegas lexicógrafos de la RAE corrijan sin tardar este retraso informativo.

El feminicidio o femicidio es el grado máximo en la escala del 'maltrato de mujeres', maltrato conocido también bajo la denominación hiperónima de 'violencia de género'.

Entre dos denominaciones para una misma realidad (o concepto), llamamos hiperónima 'denominación superior' a la más amplia y menos precisa de las dos, e hipónima 'denominación inferior' a la menos amplia y más precisa. La razón de llamarlas respectivamente 'denominación superior' y 'denominación inferior' proviene del hecho que los lógicos, siguiendo el modelo arborescente de Porfirio, se servían de una representación vertical de los términos. La misma costumbre, reinstaurada por numerosas disciplinas actuales, explica el que se llamen cohipónimos a dos términos que se encuentran situados bajo el mismo hiperónimo.

Semánticamente feminicidio es un hipónimo del término genericidio, introducido en 1985 por Mary Anne Warren, en su libro Gendercide: The Implications of Sex Selection (en castellano: Genericidio: las implicaciones de la selección por sexos). Al ser el término feminicidio cohipónimo del término masculinicidio, bajo el hiperónimo inmediatamente superior genericidio, es normal que se emplee cuando se pretende subrayar el hecho de que la víctima de un homicidio, causado por un varón, es una mujer.

La mujeres adolescentes y adultas, particularmente entre los 15 y los 44 años, corren un mayor riesgo de ser mutiladas o asesinadas por hombres que de morir de enfermedad, de guerra, de accidentes de tráfico e incluso de todas estas causas combinadas.

El Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF) indica que demográficamente "faltan" entre 113 y 200 millones de mujeres. Esta pérdida demográfica de mujeres es el resultado de diversos mecanismos feminicidas:

[femicidio] • Aborto provocado de los fetos femeninos, basado en una selección prenatal deliberada.

• Feminicidio infantil, (infanticidio femenino), tolerado o no penalizado, en los países en los que se prefieren los varones a las hembras.

• Privación de alimentación adecuada y de atención sanitaria, que se destinan prioritariamente a los miembros masculinos de la familia y de la sociedad.

• Los mal llamados "asesinatos de honor" y las muertes ocasionadas por la disconformidad de los maridos con el monto de las dotes matrimoniales aportadas por sus esposas.

• Trata de mujeres (compraventa, prostitución, pornografía, etc)

• Esclavización doméstica, uno de cuyos síntomas por antonomasia es la violencia marital, que muchas sociedades toleran, minusvaloran o intentan ocultar, camuflándola con la denominación de 'violencia doméstica'.

• La falta de una asistencia sanitaria adecuada antes, durante o después de un parto produce la muerte de 600.000 mujeres al año: Women in a dangerous world .

Entre un millón quinientas mil y tres millones de mujeres y niñas son víctimas cada año de la violencia masculina, ejercida contra ellas.

El término sincopado femicidio es usado intensivamente, a partir del año 2004, para referirse con una palabra abreviada e impactante a los excepcionalmente frecuentes asesinatos de mujeres, que tienen lugar en Ciudad Juárez (Chihuahua México) y Ciudad de Guatemala (Guatemala). El nuevo neologismo, calcado intencionalmente sobre homicidio, pretende crear la conciencia de que hay que considerar estas muertes como una forma de genocidio de mujeres. Tanto en un caso como en el otro, en el mexicano como en el guatemalteco, la justicia local no investiga los crímenes. La mayoría de las mujeres víctimas de este holocausto son violadas y algunas de ellas mutiladas, torturadas e incluso descuartizadas. Se sabe que en Ciudad de Guatemala un veinte por ciento de las más de quinientas mujeres asesinadas, entre 2004 y 2005, lo fueron de dos en dos, debido a que se quiso castigar con la muerte su "relación íntima" de parejas, según lo atestigua Claudia Acevedo de Lesbiradas. (Ver el testimonio en: Amnesty International).

El término sincopado femicidio ha sido traducido al francés por feministas canadienses, que se han asociado a los movimientos de protesta mejicanos y guatemaltecos. Estas feministas sospechan que hay femicide contra las mujeres indígenas canadienses, ya que desde 1980 quinientas mujeres aborígenes han sido declaradas como desaparecidas o han sido asesinadas. Este número es demográficamente alarmante por su desproporción, dado lo reducido de la población indígena canadiense. Algunos sociólogos explican que estas mujeres son consideradas como un blanco fácil para la violencia machista, porque su raza las sitúa en el nivel más bajo de la jerarquía socio-económica. Los casos de muchas de las mujeres desaparecidas han sido descartados de la investigación policial, por el simple hecho de haber sido consideradas como prostitutas. El escándalo causado por el asesinato de Helen Betty Osborne, en 1971, fue un factor determinante para llamar la atención internacional sobre la inseguridad de las mujeres en Canadá.

Guatemala: feminicidio y mutilaciones, ¿estrategia de terror?

Fuente: CIMAC

Durante las últimas dos semanas, los cuerpos mutilados de seis mujeres han sido dejados en la vía pública en diversas partes del departamento de Guatemala, las expertas señalan que podría deberse a una estrategia de terror en contra de la población femenina, a la situación de inseguridad en la que se encuentran y a las precarias condiciones en la que se desempeñan.

De acuerdo con reportes de diarios locales, cinco de las víctimas aún no han sido identificadas, por lo que sus investigaciones no han avanzado, sin embargo, la fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC) aseguran que se trata de integrantes de pandillas o “mareras”.

El caso que más espacio ocupó en las páginas de los diarios fue el de dos mujeres mutiladas y sus restos tirados en 26 distintas bolsas de plástico, a inmediaciones del Lago de Amatitlán, ubicado a 12 kilómetros del Centro Histórico en la ciudad de Guatemala.

Ingrid Cruz fue asesinada, mutilada y encontrada en tres diferentes puntos de la capital el 10 de marzo; su caso cobró relevancia, ya que un video tomado por los supuestos victimarios fue subido al blog internacional de Videos YouTube, aproximadamente 13 horas después de haber sido incautado por las autoridades; el archivo fue removido el pasado viernes debido a su contenido.

María Soto, representanta de la Fundación Sobrevivientes, aseguró que ese tipo de muertes refleja odio y misoginia contra las mujeres; mientras el Estado no investigue los casos, la impunidad prevalecerá y hechos similares podrían aumentar.

Mónica Pinzón, docente y psicóloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), destacó que los hechos revelan una estrategia de terror implementada por agrupaciones de delincuentes o del crimen organizado.

Las mujeres son vistas como objetos y no como sujetas de cambios positivos o del desarrollo; si una mujer pertenecía a las pandillas, entonces no tenía las condiciones mínimas de vida digna, acceso al estudio, a la justicia o a los servicios públicos, sus familias probablemente se encuentran en las mismas situaciones, añadió Pinzón.

Este tipo de asesinatos pueden calificarse como feminicidios, pero la mutilación agrega el carácter de odio; seguramente fueron cometidos por personas que padecían un alto grado de estrés o con problemas psicológicos graves, concluyó la profesional.