Alerta mundial por situación de mortalidad materna

Diariamente mueren en todo el mundo alrededor de 1.000 mujeres y casi 10.000 recién nacidos por complicaciones durante el embarazo, el parto y el momento posterior a este.

Así lo reveló la Organización Mundial para la Salud (OMS) que llamó la atención de los Estados para evitar más defunciones de mujeres embarazadas y bebés, que en la mayoría de los casos se podría evitar si las madres reciben atención médica antes, durante y después del parto.

Según estimaciones recientes, los países necesitan un mínimo de seis trabajadores sanitarios con conocimientos de partería por cada 1.000 nacidos, para que el 95% de las mujeres sean atendidas durante el parto y para acelerar la reducción de la mortalidad materna y neonatal.

Sin embargo, los estándares no se cumplen en los países de ingresos más bajos, especialmente en el sector rural, donde se acuden a los servicios de parteras, quienes en caso de complicaciones en el parto no pueden brindar la atención que la madre y el niño necesitan.

El foco de la OMS para mejorar los servicios de salud para las mujeres embarazadas está en 75 países, donde se concentran el 97 por ciento de las muertes maternas. La mitad de esas naciones están en el África y en el listado completo no aparece Colombia.

VAMOS MEJORANDO

Según la última encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS 2010) en los últimos cinco años aumentó en un 5 por ciento el número de embarazadas que realizaron su control prenatal con un médico, pasando de 87% a 92% de 2005 al 2010.

Se estima que las colombianas asistieron en promedio a cuatro citas de control durante el embarazo, donde las midieron, las pesaron, les tomaron la presión arterial, midieron la frecuencia cardiaca del feto y les practicaron exámenes de orina y sangre para descartar enfermedades.

Otro aspecto que mejoró fue la atención al momento del parto en los últimos 20 años. Mientras que en 1990 un 76% de las mujeres tuvieron su bebé en una institución de salud, en el 2010 el porcentaje subió a un 95%. Hoy solo un 4 por ciento tiene su parto en casa.

Las mujeres que tuvieron su bebé en un centro de salud son de menor edad, tienen pocos hijos, viven en zonas urbanas de Bogotá, la zona oriental y central. De igual forma registran un nivel educativo y mayor índice de ingresos.

Por el contrario las mujeres que optaron por tener su parto en casa son de mayor edad y tienen más hijos. Se concentran en las zonas rurales de Amazonas (31%), Vaupés (28%), Chocó (25%), Guanía (24%), Vichada (23%), y Cauca (22%).

La atención post parto también demostró una mejoría. En los últimos cinco años menos de una de cada cinco mujeres tuvo problemas después de tener a su hijo. Sin embargo, un 38% de las mujeres que los tuvieron no fueron atendidas en un centro de salud.

Los problemas más frecuentes fueron la crisis post parto (13%), sangrado vaginal (11%), flujos o líquidos vaginales (11%), dolor o ardor al orinar (11%) y fiebre o temperatura alta (11%). Otros malestares que reportaron las mujeres fueron dolor en los senos, desmayos e incontinencia urinaria.



http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/116839-alerta-mundial-por-situacion-de-mortalidad-materna

México: Las Defensoras de Derechos Humanos, Expuestas a la Muerte y a la Discriminación

Laura Carlsen / Alainet

Josefina Reyes se inició como organizadora para la defensa de derechos humanos del mismo modo que miles de mujeres alrededor del mundo: defendiendo a su familia y a su comunidad.

La madre, de edad madura, se declaró en huelga de hambre para exigir el regreso, sano y salvo, de su hijo que habían secuestrado de su hogar por soldados mexicanos. Había perdido a otro hijo en la violencia que ha caracterizado al Valle de Juárez, donde vivía su familia, desde que comenzó la guerra contra las drogas. Josefina se convirtió en una voz potente contra la violencia y específicamente contra los abusos perpetrados por el ejército y la policía.

En agosto de 2009 participó en el primer Foro Regional contra la Militarización y la Represión. El 5 de enero de 2010, Josefina Reyes murió de un balazo en la cabeza.

El Valle de Juárez ha estado ocupado por tropas del ejército mexicano desde 2008, cuando el gobierno federal lanzó la campaña militar más intensa que el país haya conocido, para combatir al crimen organizado. Hasta la fecha su hijo, dos de sus hermanos, una hermana y una cuñada han sido asesinados, sin que ninguno de los crímenes haya sido resuelto.

El caso de Josefina es uno entre muchos, y las organizaciones de derechos humanos temen que si no se hace algo pronto será uno entre muchísimos más. Este año ha estado marcado por un notable incremento en la violencia contra las mujeres y el acoso a las mujeres defensoras de derechos humanos. En América Latina las amenazas de muerte y asesinatos por desconocidos tienden a ser el modus operandi; se cree ampliamente que los principales culpables son agentes clandestinos del estado, paramilitares y miembros de la delincuencia organizada.

Pero como casi nunca se investigan ni se enjuician a cabalidad estos crímenes, esta forma de violencia con motivos políticos continúa sin nombre y sin castigo. La impunidad reinante es el criadero de donde tiene que brotar más violencia.

Los riesgos especiales para las mujeres defensoras de derechos humanos.

En el transcurso del año, reportes de organizaciones no gubernamentales de mujeres, de movimientos populares y de prensa, advertían que las mujeres que osaban manifestarse contra la violencia caían presas de ella en índices alarmantes. Informes recientes de la Organización de las Naciones Unidas y organizaciones nacionales de derechos humanos confirmaron esta percepción.

Señalan que tanto los hombres como las mujeres que defienden derechos humanos se convierten en objetivos. Sin embargo, la situación de las defensoras de derechos humanos debe analizarse por separado por varias razones.

Las mujeres dirigen con frecuencia organizaciones y movimientos comunitarios que se ubican al frente de las batallas contra las violaciones de derechos humanos y el militarismo. Estas mujeres valientes, casi siempre obligadas a actuar por su experiencia personal, se enfrentan a las fuerzas más formidables de la sociedad casi sin apoyo o publicidad, y con pocos aliados y recursos.

A menudo se encuentran con el ostracismo de parte de sus familias, la estigmatización y la calumnia, así como con la hostilidad de los funcionarios gubernamentales contra quienes enderezan sus agravios o que resultan cómplices en proteger los intereses de los perpetradores. Sin un visible nivel social o buenas conexiones, estas mujeres activistas reciben las amenazas y el acoso solas y desprotegidas, y así y todo, su esfuerzo es fundamental para describir, denunciar y castigar violaciones que atentan contra las libertades básicas en el mundo entero.

Este 10 de marzo, el Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos presenta el primer informe dedicado exclusivamente a las mujeres defensoras de derechos humanos.

El informe declara que “Las defensoras de derechos humanos y quienes se ocupan de temas de género o derechos de las mujeres en Latinoamérica parecen arriesgarse más a ser asesinadas o sufren más atentados contra sus vidas.” No es de extrañar que las sedes de las guerras contra el narcotráfico en el continente –Colombia y México- hayan recibido, y por mucho, el mayor número de comunicaciones referentes a casos documentados de amenazas de muerte contra defensoras de derechos humanos.

Las defensoras corren el riesgo de la violencia de género, la cual incluye la violación y el acoso sexual en su trabajo. Las amenazas y la violencia a que se enfrentan suele extenderse a sus familias y amigos. Precisamente porque estos lazos con sus seres queridos son los que motivan con tanta frecuencia sus actividades de protesta y organización, esta forma de represión es tal vez la más cruel de todas.

Los casos de ataques contra mujeres defensoras de derechos humanos no están bien documentados y suelen permanecer invisibles salvo para la comunidad más inmediata. Esto, y la falta de reconocimiento gubernamental hacia su trabajo y los riesgos que implica, las vuelven particularmente vulnerables. El informe de la ONU señala: “En la mayoría de los casos no existen mecanismos de protección, y cuando ellos existen, hay un incumplimiento o una falta de voluntad política o de sensibilidad ante temas basados en el género.” Explica que México está trabajando hacia un programa y mecanismo de protección pero que al parecer éstos carecen de una perspectiva de género. Lo que es más, los esfuerzos hacia la protección reciben muy pocos subsidios aunque los hayan ordenado algún organismo nacional o internacional a pesar de los cientos de millones de dólares que aportan los gobiernos tanto mexicano como estadounidense a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado.

Las mujeres y los hombres que protestan contra el feminicidio (el asesinato sistemático de mujeres como se ha documentado en Ciudad Juárez), activistas LGBT, defensores y defensoras de derechos sexuales y reproductivos, líderes sindicales, mujeres dirigentes de comunidades desplazadas y organizadoras de movimientos contra la militarización reportan el mayor número de amenazas y casos de violencia en América Latina. Estas mujeres han sufrido ataques contra su persona, miembros de su familia y sus hogares; se han visto obligadas a cerrar sus organizaciones de derechos humanos y, como en el caso de quienes quedan de la familia Reyes Salazar, al exilio forzado por la amenaza de violencia contra ellas.

Un informe especial sobre mujeres defensoras de derechos humanos en Mesoamérica presentado en Ginebra el 8 de marzo, llega a la conclusión de que la presencia policíaca y militar ha sido contraproducente para la protección de la seguridad pública y la de las mujeres en especial.

“La militarización e influjo masivo de agentes federales para combatir la inseguridad no ha logrado revertir esta situación de violencia. Por el contrario, las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad, especialmente contra jóvenes y mujeres, se está incrementando. En este contexto, los defensores de derechos humanos corren mayores riesgos para realizar su trabajo al mismo tiempo que carecen de los recursos necesarios para protegerse. Podemos afirmar que lejos de disminuir, la violencia contra quienes trabajan por los derechos humanos, sus familias y organizaciones relacionadas se intensifica y expande.”

En los lugares donde se ha promovido activamente el miedo para justificar las respuestas militares, las mujeres no sólo carecen del apoyo que necesitan, sino que se las ataca por “hacer olas”. A medida que la violencia y el miedo se vuelven la norma en las áreas donde viven y trabajan, el activismo no violento es visto como desestabilizador. Frecuentemente se castiga social y físicamente a las mujeres activistas por su protesta contra las fuerzas de seguridad y funcionarios corruptos del Estado, así como por sus transgresiones contra las normas patriarcales de que las mujeres no deben desempeñar papeles de liderazgo en la política o en la organización comunitaria.

El informe de la ONU argumenta que una falta de voluntad política es la causa fundamental de que las mujeres que defienden derechos humanos estén expuestas a riesgos tan elevados: “Los mismos funcionarios gubernamentales o policíacos pueden compartir las perspectivas conservadoras y patriarcales de la comunidad en general hacia las defensoras y quienes se ocupan de los derechos de las mujeres o de problemas basados en el género, y debido a ello pueden mostrar poco o ningún entusiasmo por intervenir de manera eficaz para su protección a pesar de su obligación de hacerlo”, enuncia.

Pese a los riesgos, las mujeres siguen organizándose y dirigiendo movimientos de derechos humanos. Algunas recomendaciones para su protección son las siguientes: crear campañas autónomas con apoyo comunitario, lograr más visibilidad en la prensa y el público, entablar y documentar demandas públicas, movilizar a la familia y amigos y organizaciones simpatizantes, buscar acompañamiento de ONGs, impartir o tomar capacitación informal para su seguridad y realizar talleres psicológicos para sobrellevar la presión.

Las medidas de protección nacionales e internacionales son un instrumento para reconocer formalmente la situación de peligro en que se encuentran las mujeres y en ocasiones, pero no siempre, aportan protección física. Las medidas precautorias, particularmente las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, proporcionan algún grado de protección y visibilidad.

Pero las defensoras de derechos humanos nunca deberían tener que recurrir al prolongado proceso burocrático de solicitar medidas precautorias. El mero hecho de tener que hacerlo es prueba incontestable de la impunidad del Estado y la negligencia gubernamental en sus países.

Defender a las Defensoras

El informe de la ONU de esta semana concluye que la seguridad de las mujeres está vinculada a la seguridad de sus comunidades; esto a su vez requiere “un enfoque holístico que incluya el fortalecimiento de la democracia, el combate a la impunidad, la reducción de las desigualdades económicas y la procuración de la justicia social y ambiental entre otros factores.” Por desgracia, en México y otros países en donde se ha aplicado el modelo de guerra contra las drogas, estas estrategias se han visto desplazadas por otras de aplicación de leyes y de confrontación que exigen como indispensable la presencia de fuerzas de seguridad.

Para proteger a las mujeres defensoras de derechos humanos, la sociedad debe ver su trabajo como valioso y, de acuerdo con el Relator Especial de la ONU, reconocer públicamente el papel significativo que desempeñan las defensoras y todos aquellos que se ocupan de los derechos de las mujeres o de problemas de perspectiva de género en la consolidación y el progreso de sociedades plurales e incluyentes.” Las mujeres que defienden sus derechos y los de sus comunidades suelen enfrentar campañas de descrédito que las vinculan con el crimen organizado, como en el caso de la familia Reyes, o que descalifican su integridad personal. Es un método usual con que el Estado elude su responsabilidad y evita manchar su imagen con acusaciones de que persigue a defensoras de derechos humanos.

Las defensoras de derechos humanos han sido amenazadas, torturadas, violadas, exiliadas y asesinadas, pero no silenciadas. Ellas luchan por los derechos de todos nosotros a costa de tremendos riesgos personales. No se las debe dejar solas.

- Laura Carlsen es Directora del Programa de las Américas del Center for International Policy en la Ciudad de México, www.cipamericas.org.

(Este artículo se publicó originalmente en la columna de Laura Carlsen para Foreign Policy in Focus. )

Mil mujeres pierden la vida diariamente por complicaciones en el embarazo

Según estimaciones de las Naciones Unidas, la cantidad de mujeres que mueren a raíz del embarazo ha disminuido en un tercio. A pesar de esto 1.000 mujeres en el mundo continúan perdiendo la vida diariamente a causa del embarazo o complicaciones en el parto o post parto.

El informe señala que la cantidad estimada de mujeres que pierden la vida debido a complicaciones del embarazo y el parto disminuyó en el año 2008 en un 34%, pasando de 546.000 en 1990 a 358.000 en 2008. Así lo señala “Tendencias de la mortalidad materna”, dado a conocer por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Banco Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Aunque esta disminución es importante, la tasa anual de disminución sigue siendo menor que la mitad de la necesaria para alcanzar la meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 5 de reducir en un 75% el índice de mortalidad derivada de la maternidad entre 1990 y 2015.

Para alcanzar este ODM será necesario que la disminución anual sea del 5,5%. La reducción del 34% desde 1990 refleja una disminución media anual de solamente 2,3%.

"Todo parto debería realizarse en buenas condiciones y todo embarazo debería ser deseado”, señaló Thoraya Ahmed Obaid, Directora Ejecutiva del UNFPA, en relación a este nuevo estudio. “La falta de servicios de salud materna infringe los derechos de la mujer a la vida, la salud, la igualdad y la no discriminación. Es posible alcanzar el ODM5, pero necesitamos responder urgentemente a la escasez de agentes de salud y acrecentar la financiación destinada a servicios de salud reproductiva”, enfatizó.

Suicidio en Uruguay: Un problema social...

Cristina Canoura(SEMlac).- No es la primera vez que Teresa intenta autoeliminarse. Cada tanto toma pastillas, por lo general potentes hipnóticos, hasta el límite letal. Cuando eso sucede, comienza el rescate: llamado al servicio de emergencia, un lavado de estómago para detener la intoxicación y, luego, aislamiento en un hospital psiquiátrico.

Por unos días su familia no la puede ver, apenas le lleva ropa y cigarros hasta que se levante la prohibición. En el primer encuentro, Teresa —nombre ficticio para no develar su identidad— siente vergüenza y cuando regresa a su casa se aísla, sabe que sus vecinos conocen el porqué de su ausencia.

Estas tentativas de quitarse la vida siempre coinciden con una crisis matrimonial y un golpe bajo a su autoestima. Tiene poco más de 40 años, los hijos crecidos, los mayores de la familia y todas las tareas domésticas a su cargo. Son seis personas, todas confinadas en un pequeño departamento que no llega a los 70 metros cuadrados.

Carece de dinero para seguir una psicoterapia y, a fin de salir de las crisis de profunda depresión, se ve obligada a tomar más psicofármacos que le prescribe su psiquiatra. Los intentos de suicidio reiterados representan la manera inconsciente que encuentra esta mujer para manifestar su insatisfacción con la vida que lleva.

Su propósito real no es matarse. Cuando regresa a la conciencia, quisiera conseguir un trabajo, ser independiente económicamente y tener la fuerza suficiente para separarse de su marido infiel y dejar de ser desgraciada. Como no puede lograrlo, el calvario se reinicia.

La familia y amigos temen que la próxima vez sea la definitiva. La mayoría de las veces reaccionan con rabia y viven los actos suicidas de Teresa como una agresión y chantaje. Sus mensajes de alerta han pasado casi siempre inadvertidos y sólo luego de pasado el cataclismo logran reconstruir los pedidos de auxilio que todos pasaron por alto.

Se desconoce en Uruguay las cifras de personas que, como Teresa, cometen intentos de suicidio. Sin embargo, datos oficiales indican que en 2009 lograron quitarse la vida 537 individuos. De ellos, 95 eran jóvenes o adolescentes.

Una investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, divulgada a fines del pasado año, durante el XXV Congreso Mundial de Prevención del Suicidio, asocia los intentos de autoeliminación de los más jóvenes (entre nueve y 14 años) con la pobreza y la desestructuración familiar.

Como forma de prevenir estas muertes, el Ministerio de Salud Pública (MSP) pondrá en marcha un protocolo en los servicios de emergencia y urgencia de los centros de salud, encaminado a registrar y atender, de manera integral, a las personas que llegan tras atentar contra su vida, anunció el psiquiatra Lizardo Valdez, director del Programa Nacional de Salud Mental del MSP, en ocasión del Día Nacional de Prevención del Suicidio, el pasado 15 de julio.

Este protocolo prevé la atención psiquiátrica de la persona en un lapso no mayor de 48 horas y el seguimiento del caso, por lo menos, durante el semestre siguiente. Se planifica, asimismo, la creación de grupos terapéuticos y de orientación destinados a los familiares de pacientes suicidas y con intentos de autoeliminación.

Forman parte de los planes del MSP la formación de docentes, cuidadores y policías, la realización de talleres con trabajadores de la prensa y la consolidación de una comisión permanente de estudio y seguimiento al tema.

Al mencionado registro, que será de estricta confidencialidad, se suma la instalación, en los centros públicos de salud, de un servicio telefónico de auxilio y rescate gratuito durante las 24 horas para quien se encuentre en situación extrema.

Hasta ahora, sólo existe un dispositivo de este tipo gestionado por la Organización No Gubernamental Último Recurso, que dirige la psiquiatra Silvia Peláez.

De acuerdo con la División Salud de la Población del MSP, la tasa de suicidio en Uruguay es de 17 cada 100.000 habitantes, número que varía según el rango de edades: 11,2 entre los jóvenes y 33 entre los adultos mayores. Las cifras colocan a Uruguay en el mismo rango que Cuba, Guyana y los países de Europa Oriental, países que muestran los índices más altos de suicidio, según la Organización Mundial de la Salud.

De las personas que recurren al suicidio, 78 por ciento son hombres y 22 mujeres. El 54 por ciento de los fallecidos, en su mayoría hombres (68%) utilizó el ahorcamiento y 32 por ciento, armas de fuego.

Para los expertos, existe una clara diferenciación de género en relación con el suicidio: en un alto porcentaje, los hombres concretan la decisión y utilizan métodos extremos, mientras que las mujeres reiteran los intentos y para ello la vía más usada es el consumo de psicofármacos.

En el libro "El narcisismo en la medicina contemporánea", de reciente publicación, su autor, el médico Álvaro Díaz Berenguer, sostiene que quienes siguen esta carrera (Medicina) tienen más tendencia al suicidio que la población en general, a causa del exceso de trabajo, baja remuneración y presiones sociales.

La doctora Estela Bocchino, directora de la cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, explicó a SEMlac que es imperioso derribar algunos mitos que se tejen en torno al suicidio, en particular el que afirma que quien se suicida no avisa.

"Ese es un mito y un error gravísimo, porque generalmente entre el 50 y 70 por ciento de las personas que se suicidaron, hombres y mujeres, habían avisado antes. Incluso, muchos de ellos, en el mes previo al suicidio, habían consultado al médico", señaló la catedrática.

Bocchino advirtió asimismo que en estudios extranjeros se sostiene que la soledad es un factor que favorece el intento de suicidio y el suicidio mismo. Sin embargo, en Uruguay, una investigación realizada en el Hospital Pasteur, un centro público de referencia de Montevideo, evidenció que se habían suicidado más personas casadas o en pareja.

Otros mitos que los expertos uruguayos insisten en derribar se refieren a que sólo se suicidan los depresivos, que todos los suicidas tienen una enfermedad mental, y que se trata de un proceso hereditario y no puede ser evitado.

"Cuando uno aborda este tema, lo esencial es separar intento de suicidio de suicidio consumado. Los primeros los realizan más frecuentemente las mujeres, en cambio, en los segundos prevalecen los hombres. Los intentos de suicidios se llevan adelante con psicofármacos u otro tipo de medicamentos como inyecciones de insulina, antihipertensivos y venenos. Los suicidios consumados, con armas de fuego o ahorcamientos. Se matan más los hombres", aclaró Bocchino.

Para poder atender en forma profunda este problema, la especialista llamó la atención respecto a la importancia de saber si la persona que atentó contra su vida tomó o no precauciones para no ser encontrada a tiempo y si lo estaba planificando desde tiempo atrás o lo hizo de manera impulsiva.

"Los dos son graves, pero revelan características de personalidad y del cuadro clínico diferentes. Quien lo viene planificando desde hace tiempo probablemente tenga más éxito; quien lo hace impulsivamente —a veces tras una discusión familiar o una frustración— puede que el método utilizado no sea tan exitoso", indicó.

"Pero la gravedad viene por otro lado: por ser muy impulsiva, esa persona tiene mucho riesgo de volver a intentar el suicidio. Un riesgo muy importante de suicidio es tener antecedentes de intentos", subrayó Bocchino.

Agregó que si bien la depresión es el principal proveedor de intentos suicidas y de suicidios consumados, no es el único factor que incide. En el caso de los niños y jóvenes, el desajuste de la vida familiar y la soledad "pueden no ser tolerados o procesados por ellos y conducir a los intentos de autoeliminación", observó.

Consultada si incide como factor desencadenante el contagio (sobre todo cuando quien intenta ha sido tocado de cerca por algún caso en particular), destacó que si bien "puede existir, el contagio va a germinar en personas que tienen factores psíquicos o psicológicos favorecedores. No existe una única causa de suicidio, sino múltiples", concluyó Bocchino.

México: Ley de Paternidad Responsable en Chiapas aumentará muertes maternas y violencia de género, aseguran ONG

Por: Ángeles Mariscal/La Jornada

La Ley de Paternidad Responsable aprobada recientemente por el Congreso estatal creará una serie de incongruencias jurídicas al dar identidad a las personas desde la fecundación y criminalizar el uso de métodos anticonceptivos, la concepción asistida, la eutanasia y la investigación con óvulos, dijeron agrupaciones feministas y defensores de derechos humanos.

Los diputados locales aprobaron la nueva ley sin consulta pública, plegándose a los preceptos de la Iglesia católica, que de entrar en vigor hará incrementar los casos de muerte materna y violencia de género pues limita el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, afirmaron.

Martha Figueroa, del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, y al menos una docena de impulsores de los derechos humanos y sexuales femeninos, advirtieron que de continuar el proceso pa- ra que se promulgue la ley, llevarán el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Está científicamente demostrado que el cigoto no es una persona, y es incongruente que con esta ley hasta derechos sucesorios tengan esas células", explicaron al referirse a la reforma constitucional y legal, que de aprobarse por los ayuntamientos chiapanecos y publicarse en el Periódico Oficial daría identidad y derechos a las personas desde la fecundación hasta la muerte.

Añadieron que la entidad ocupa el primer lugar nacional en defunciones maternas y feminicidios, porque gran porcentaje de las mujeres chiapanecas son sometidas y abusadas y se les considera con menos derechos que los hombres, lo que ahora, con esta ley tendrán menos oportunidad de decidir sobre su propio cuerpo.

Chiapas carece de información sobre asesinatos de mujeres...

Por: Sandra de los Santos / Cimac

De enero a junio del 2008, la Procuraduría de Justicia del estado de Chiapas registró 138 homicidios dolosos en contra de mujeres, “cifra mucho mayor que la registrada en cualquier otro estado de la república” señaló la presidenta del Colectivo de Mujeres (Colem), Martha Figueroa Mier.

En entrevista con diferentes medios locales, la activista por los derechos de las mujeres dijo que en Chiapas el feminicidio se ha incrementado, incluso, dijo por encima de los registrados en la Ciudad de México que se ubicaron en 89 y en Chihuahua, donde se registraron 71 durante el primer semestre de 2008.

Figueroa Mier dijo que estos son los últimos datos disponibles, los cuales fueron recabados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el cual presentó recientemente su informe.

Explicó que los datos de éste se obtuvieron de cada una de las Procuradurías de Justicia de los estados de la república, al tiempo que denunció dilación en la entrega de datos.

“La solicitud de información se hizo desde diciembre del año pasado y nos las entregaron el 2 de diciembre de este año, apenas un día antes de la fecha que se entrega el informe nacional de feminicidio, hubo mucha dilación de la información y también la Procuraduría nos entregó expedientes incompletos” señaló la activista.

Una constante, señaló la defensora de derechos humanos, es la falta de información sobre los asesinatos dolosos contra las mujeres, ya que en al menos 60 de los 138 expedientes de este tipo, no hay mayores datos de las mujeres”.

En su opinión ello puede obedecer a que son casos de trata de personas.

Entre los casos analizados por la abogada destacan los de las mujeres que fueron asesinadas aún y cuando existían denuncias que ellas habían interpuesto por acoso o violencia, “y aún así no se les brindó la protección necesaria”, lamentó..

La activista pidió a las autoridades estatales aplicar políticas públicas adecuadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y su máxima expresión que es el feminicidio.

Miles de asesinatos de mujeres en Guatemala siguen sin resolver...

Cerca de 4.000 mujeres han sido asesinadas en Guatemala en los últimos cinco años con total impunidad, un fenómeno con raíces históricas que frena el desarrollo democrático del país y que los defensores de los derechos humanos luchan por sacar a la luz.

"Somos los ojos y la voz de las mujeres guatemaltecas desde España", ha explicado Mercedes Hernández, la presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala.

Hernández, de sólo 30 años, se vio obligada a emigrar a España debido a las amenazas de muerte que recibía en su país de origen por su lucha contra los asesinatos de mujeres.

En Guatemala han muerto más de 700 mujeres en 2009 y "el 98% de estas muertes se queda sin investigar con lo que se lanza el mensaje de que se puede hacer lo que se quiera con los cuerpos de las féminas", denuncia.

Los crímenes tienen "un vínculo muy fuerte" con el conflicto interno que sufrió Guatemala durante más de 30 años y "los cometen prácticamente las mismas personas: cuerpos de seguridad ilegales y clandestinos formados por ex-militares y paramilitares" que buscan "dañar la intimidad de las mujeres, generar inseguridad y colapsar así el tejido social", explica la activista.

Más muertas que en Ciudad Juárez

Aunque pocos lo saben, Guatemala es el país con más asesinatos de mujeres de Latinoamérica y el segundo con más desapariciones de defensoras de los derechos humanos, una cantidad de crímenes que "sólo puede darse con el consentimiento del Estado guatemalteco, involucrado por acción u omisión".

De hecho, aclara Hernández, pese a la "visibilidad" internacional con la que cuenta Ciudad Juárez (México), donde se han producido 500 asesinatos en los últimos cinco años, en Guatemala se han producido muchos más. Concretamente, se han contabilizado cerca de 4.000 muertes violentas de mujeres.

Desde el exilio, la Asociación de Mujeres de Guatemala, que cuenta también con socias españolas y de otros países latinoamericanos, lucha por la justicia para las mujeres sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado.

"Intentamos hacer de puente de canalización para las organizaciones feministas de Guatemala, porque allí la vida no tiene precio y además se disfraza de violencia común la dirigida a los defensores de los derechos humanos", cuenta Hernández.

Esta asociación, junto a otras de defensa de los derechos de las mujeres, está promoviendo la creación de un Tribunal de Conciencia para acabar con la impunidad de los crímenes cometidos contra las mujeres durante el conflicto armado, porque "el pasado está vinculado con el presente".

Este tribunal, promovido originalmente por la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, pretende probar que la violencia sexual fue una estrategia de guerra y exigir al Estado acciones de reparación y en contra de la impunidad ante estos crímenes en el pasado y en el presente.

Hernández denuncia que "hasta ahora no ha existido voluntad política de juzgar a estas personas , y aunque con la aprobación de la Ley contra el Feminicidio el Estado reconoció su implicación, fue tan sólo un reconocimiento simbólico".

La presencia en el Tribunal de Conciencia de personalidades nacionales e internacionales "con tanto peso en la defensa de los derechos humanos, hará que las recomendaciones sean muy bien recibidas por el Estado guatemalteco", recalca.

"Muchas de las mujeres que estamos trabajando en este proyecto han tenido que viajar a España huyendo de la violencia y la pobreza, y desde aquí seguimos luchando por nuestras amigas y hermanas que se quedaron allá", concluye.

Oaxaca: ya van 563 ¿cuántas más?

Por: Soledad Jarquín/ Mujeres Net

Una, dos, tres… la cuenta no se detuvo nunca. En la última década y hasta el día de hoy la suma de mujeres asesinadas indica que se trata de 563 mujeres de carne y hueso, con nombre y apellido, con vidas propias, con hijos e hijas, con familias, parejas o sin ella, con sueños, proyectos, ganas de vivir cada día. Mujeres de todas las edades a quienes la violencia feminicida y el feminicidio las alcanzó.

Hace unos cuantos años, menos de cinco, tal vez, aparecieron en el vocabulario las palabras feminicidio y violencia feminicida. Como sucedió en el país completo, Oaxaca no fue la excepción y resultó prácticamente inaceptable reconocer que el fenómeno de la violencia feminicida, como el feminicidio, existían y que cómo “autoridades” tenían responsabilidad.

Feminicidio, decían, pero por qué si Oaxaca no es Ciudad Juárez, allá si existe el feminicidio. Aquí no hay asesinos seriales, explicaban desde el gobernador hasta la entonces procuradora Libeth Caña Cadeza que iba así de desatino en desatino. Pero el destino pronto habría de alcanzarnos.

Al menos en el último lustro la cuenta de estos asesinatos, es decir, mujeres tiradas como basura en terrenos baldíos, acuchilladas afuera o dentro de su casa, camino al trabajo, en la carretera, mientras trabajaban o descansaban, mientras se divertían o estaban dormidas, señala que en promedio, una mujer es ultimada cada ocho días.

Ante la realidad poco o nada se hace. Frente a estos 563 casos, incluyendo los 14 cometidos en lo que va de esta año como señala el recuento hemerográfico de El Imparcial y Noticias, las únicas fuentes a la que tiene acceso hoy la ciudadanía frente al hermetismo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, queda claro y debería quedarle claro a las autoridades que estamos frente a un hecho real de violencia feminicida y feminicidio.

El feminicidio, según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia, conlleva la ruptura del estado de derecho porque las instituciones de gobierno son incapaces de garantizar la vida de las mujeres de actuar con legalidad y hacer respetar las leyes, procurar justicia, prevenir y erradicar la violencia que la ocasiona. El feminicidio es un crimen de estado.

Por eso llama la atención cuando Evencio Nicolás Martínez Ramírez, procurador de Justicia del Estado y al mismo tiempo catedrático de la UABJO, señala que él no tiene responsabilidad de prevenir la violencia feminicida, como lo indicó molesto y hasta alterado en una reciente reunión de trabajo con las organizaciones a la que fui invitada como reportera. Pero la ley es clara, sin vuelta de hoja.

El procurador quien utiliza, incluso, un término racista, cuando apunta que siempre “le pegan al negro”, lo cual se suma a su carrera de errores, no admite responsabilidad en la prevención de los delitos que se cometen contra las mujeres. Pero bastaría con hacer un recuento, que resultaría largo, de los hechos no investigados, no perseguidos a lo largo de estos años en la Procuraduría que él dirige.

Claro que no es el único responsable, tendremos que mirar un tanto a todas las corporaciones policiacas donde para muchos policías la violencia contra las mujeres es un asunto “aceptable” y por tanto invisible.

Y, el mayor de los cuellos de botella, el Poder Judicial. Donde los hechos, casi siempre mal investigados por policías, hablan de un escaso número de hombres castigados por la comisión de estos delitos. Porque igual, hay la sensación misógina y sexismo que a lo único que conducen es a actos de impunidad.

Grave es, por ejemplo, que en la investigación hecha por la Comisión de Feminicidio, hace unos dos o tres años, ni siquiera pudieran (las instituciones) determinar cuáles de los homicidios reportados eran dolosos y cuáles culposos. Pero, como entonces, hoy no pueden aún hacer esa separación, porque ni la Procuraduría ni el Tribunal de Justicia del Estado, no logran ni quieren transformar sus sistemas, así que para ellos todo seguirá siendo lo mismo. La llamada perspectiva de género no les entra ni con chochos.

Un trabajo realizado por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) revela que “las juristas opinan que el mayor problema está en la PGJE y en menor grado en el TSJE, los casos que llegan al Tribunal llegan con errores en la integración de las averiguaciones (corrupción y/o ignorancia, bajo nivel académico) y en el Tribunal se acaban de echar a perder (corrupción, sexismo), es decir, el problema de origen está en la Procuraduría. Los Ministerios Públicos alientan, presionan y en algunos casos amenazan a las mujeres víctimas para que otorguen el perdón a los victimarios o para que desistan de la denuncia contra sus victimarios (ahora lo hacen legalmente a través de la justicia restaurativa)”. Cuando la víctima puede contar este hecho, pero cuando no, podríamos pensar en la presión que se ejerce contra la familia de la víctima. Los testimonios sobran.

Además, no olvidemos a Frankenstein, me refiero a la ley que aprobaron los diputados y diputadas locales el pasado 26 de febrero, donde ni siquiera pudieron tipificar el delito de feminicidio con lo que, como han dicho las expertas, ayudaría a terminar con la impunidad de estos crímenes en México.

Por ejemplo, la abogada Bárbara Illán, integrante de Consejería y Consultoría Psicojurídica, criticó que más del 70 u 80 por ciento de las Leyes Generales no se aplican a favor de las mujeres y reconoció que con el feminicidio como tipo penal sería verdaderamente sancionado y seguido por las leyes y, además, se revelarían cifras alarmantes de estos crímenes por género en todo el país.

El problema, sin embargo, es la miopía institucional y los problemas personales que cada legislador o legisladora, cada funcionaria y funcionario asume cuando están frente a decisiones que tienen que ver con la vida de las mujeres. Su actuar, revela todas luces, que todavía les cuesta conceder a las mujeres todos sus derechos humanos.

Frente a estos hechos, tengo la sensación, la misma que tienen muchas otras ciudadanas de que los asesinatos de las mujeres es algo que no le quita el sueño a nadie, me refiero a quienes tendrían que actuar. Que como dice Norma Reyes Terán, titular del Instituto de las Mujeres de Oaxaca, los crímenes contra mujeres siguen siendo invisibles.