Campaña "Quien ama no maltrata" promueve nueva cultura de no violencia contra la mujer

jueves, noviembre 20, 2014

AVN.- Este jueves fue realizado el lanzamiento de la campaña Hay palabras que matan, quien ama no maltrata, por parte del Gobierno Nacional con el objetivo de generar una nueva cultura a favor de la no violencia contra la mujer.

La campaña, dirigida por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Equidad de Género, se llevará a cabo del 24 de noviembre al 7 de diciembre en todo el país.

El objetivo es "crear conciencia en la población e ir acabando con esa cultura patriarcal machista en la que la mujer es menos por su condición de mujer", señaló la ministra de género, Andreína Tarazón, en una rueda de prensa desde el teatro Bolívar de Caracas, donde estuvo acompañada del vicepresidente de Desarrollo Social y Misiones, Héctor Rodríguez, la magistrada Carmen Zuleta, coordinadora de los juzgados de violencia contra la mujer en el Tribunal Supremo de Justicia y de la diputada y líder feminista, María León.

La campaña tendrá un espacio en los medios audiovisuales con spots y micros, también se realizarán tomas en las plazas Bolívar de todos los municipios de la nación con charlas de concientización, además de un ciclo de cine a proyectarse en la red de salas de la Cinemateca Nacional, ente adscrito al Ministerio para la Cultura, y actividades dentro de las escuelas, liceos y universidades del país.

La ministra Tarazón informó que la campaña pondrá el acento en el maltrato psicológico y verbal al que son sometidas las mujeres, bien sea por su compañero sentimental, familiares, amigos o sociedad en general.

"Consideramos que esta clase de debates culturales sobre el machismo deben formar parte de nuestras dinámicas comunales y de los movimientos sociales porque ya es tiempo de acabar con ese patriarcado machista al que nos acostumbraron", expresó.

Tarazón acotó que harán énfasis en la detección de los ataques violentos hacia las mujeres desde la etapa del noviazgo "porque es allí donde muchas veces comienza el ataque hacia la mujer y esta tiene que identificarlo para ponerle un punto final ya que si no lo hace puede terminar en situaciones peores o más complejas a futuro".

Las actividades de la campaña serán trasladadas hasta las 1.500 Bases de Misiones Socialistas ubicadas en igual número de comunidades en situación de pobreza extrema.

Las Bases, centros construidos para gestionar desde allí servicios de alimentación, cultura, educación y salud, también serán espacio para la realización de actividades, conversatorios y charlas dirigidas a generar debates sobre la violencia contra la mujer, sus formas y consecuencias.

Esta campaña se une a la celebración del Día Internacional de la No violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre, fecha en la que se constituirá un Consejo Nacional Presidencial en contra de la violencia de género: "Ese día vamos a recibir todas las propuestas que nuestras mujeres tengan para caminar rumbo a una Venezuela libre de este tipo de violencia contra sus mujeres".

Cátedra de Género

En su intervención, la magistrada Carmen Zuleta Merchan planteó la creación de una cátedra de género en las universidades del país.

Propuso que esta sea "de carácter obligatorio y además otorgue créditos dentro del pensum universitario", ya que considera que la formación debe empezar por casa, en el seno familiar, y ser reforzada en las instituciones educativas.

Saludó la puesta en marcha de la campaña y dijo que esta demuestra el interés del Estado por impulsar mecanismos que fomenten el respeto y valorización de las mujeres.

Al lanzamiento de la campaña también asistió el presidente de la Televisora Venezolana Social (Tves), Winston Vallenilla, quien puso a disposición de los colectivos de mujeres organizadas un espacio en el canal para producir un programa orientado hacia la difusión de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.

"Creo que esto es pertinente porque todas las mujeres merecen respeto, amor, comprensión y cuidado. Yo pongo a disposición de ustedes a Tves y todas las propuestas que tengan para sumarse a esta campaña y apoyarla serán bienvenidas", enfatizó.

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MinMujer lanzó campaña contra la violencia hacia las mujeres


MinMujer Este jueves la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer), Andreína Tarazón y el vicepresidente para el Área Social, Héctor Rodríguez, oficializaron el lanzamiento de la campaña contra la violencia hacia la mujer, bajo el eslogan “Hay palabras que Matan, Quien Ama No Maltrata”, desde los espacios de Teatro Bolívar de la cuidad de Caracas.

En el marco del Día Internacional contra la Violencia Hacia Las Mujeres el próximo 25 de noviembre, esta campaña realizará un ciclo de cine foro que tomará las plazas Bolívar del país, las salas de los teatros caraqueños recuperados, Cines Unidos, los centros educativos del país y en las 1.500 Bases de Misiones Socialistas en las comunidades de pobreza extrema.

“Este año quisimos enfatizarla (la campaña) sobre el maltrato psicológico y la violencia verbal como expresiones cotidianas del machismo, como un hecho cultural que debe erradicar la sociedad venezolana y más una sociedad que está pujando por la construcción del socialismo”, así informó la titular del MinMujer, Andreína Tarazón.

Por otra parte expresó que “debe ser parte del debate de nuestro pueblo en la calle, del debate de nuestros movimientos sociales, y vaya una invitación a nuestros cultores y cultoras para que incorporemos la perspectiva de género en cada una de las planificaciones y concreciones de la política pública”, al tiempo que hizo un llamado a los medios de comunicación y las familias “a que trabajemos mancomunadamente para acabar con la pobreza extrema en nuestro país”.

En este mismo orden de ideas Héctor Rodríguez, manifestó que “para nosotros todos los días tienen que ser contra la violencia hacia la mujer en cada espacio comunicacional, académico, en cada comunidad, cada casa pero hay un día internacional y lo aprovecharemos para hacer mayor agitación y generar conciencia. Esta tiene que ser una lucha de todos los días”.

Asimismo aseguró que en Venezuela “nos estamos planteando construir una sociedad de justicia, igualdad, una sociedad bolivariana, chavista, donde ningún tipo de violencia pueda existir, ni de exclusión, menos la violencia machista. Esto es una batalla que no es sóolo de las mujeres sino que también tiene que ser de los hombres”.

Es importante mencionar que el ciclo de cine contará con más de 100 filmes de distintas nacionalidades, como Ágora, La papiza, Te doy mis ojos, El color púrpura, La fuente de las mujeres, El retrato de Teresa, La chica del dragón tatuado, entre otros.

Finalmente es importante destacar que en la actividad también estuvo presente la Magistrada Carmen Zulueta de Merchán, las viceministras del Poder Popular para la Mujer, Rebeca Madríz y Yekuana Martínez, diputadas de la Asamblea Nacional, representantes de diferentes movimientos de Mujeres, y el presidente del Canal Tves, Wistón Vallenilla.

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Los presupuestos del machismo

Lidia Falcón

Público Es un axioma que los presupuestos de un Estado son la radiografía de las relaciones de clase en el país y de la ideología que detenta el partido gobernante. De la ideología del partido gobernante en España no habría mucho que comentar, dado que sus actuaciones bien la definen. Pero respecto a las relaciones económicas de clase, y como voy a explicar también de sexo, el mejor tratado económico son los presupuestos del Estado.

El que corresponde al Estado español para 2015 ha sido analizado por varias organizaciones feministas: Fórum de Política Feminista, Comisión de Malos Tratos, PIINA, Coordinadora COMPI, y ha sido aprobado y ratificado por 120 asociaciones de mujeres y feministas de toda España. Durante varias semanas las compañeras se han dedicado a un trabajo solitario, penoso y anónimo para analizar la cuantía y distribución del gasto público y de los ingresos que lo alimentan, y la repercusión que esos presupuestos van a tener en el reparto de la riqueza entre hombres y mujeres y en el papel que se les atribuye a ambos sexos en la sociedad española.

Las grandes cifras del Presupuesto 2015 están condicionadas por el lastre de la deuda pública y maquilladas por artificios como la elevación del PIB por incluir los ingresos derivados del consumo de prostitución y de drogas y la presunción de que habrá un aumento del empleo y del consumo general, que a su vez producirán un aumento de los ingresos públicos.

La prostitución y el tráfico de drogas ‘elevan’ un 0,85% el Producto Interior Bruto de España, más de 9.000 millones de euros, y sumadas a otras “mejoras estadísticas” aumentan artificiosamente el 3,3% el PIB de la zona euro y de España, maquillando su estancamiento. Pero a la vez que nuestro gobierno se vanagloria de la elevación del PIB por la comisión de actividades delictivas e indignas de ser consideradas trabajo productivo, sigue estando ausentes de la contabilidad institucional los bienes y servicios de cuidados a la familia, la infancia y las personas dependientes, que son necesarios y producidos mayoritariamente por mujeres mediante trabajo doméstico no pagado, en incumplimiento de la exigencia estipulada en la medida 206 de la Plataforma de Acción de Beijing 1995.

La reforma tributaria que debate ahora el Senado no aborda el fraude fiscal, mantiene en el IRPF la tributación conjunta de cónyuges que desincentiva el empleo de las mujeres, establece deducciones y desgravaciones de casi el 20%, que distorsionan que cada persona contribuya según su capacidad y que sean las políticas de gasto social las que ayuden a cada persona según sus necesidades, y reduce la progresividad, al integrar los cinco tramos de ingresos superiores a 35.000 €/año -con gravamen gradual del 40% para los de más de 33.000, al 52% para los de más de 300.000- en dos tramos, gravando con el 39% los ingresos superiores a 35.200 y el 47% los superiores a 60.000. En el 2º gran impuesto, el IVA, se mantienen los tipos (general del 21% y reducido del 10%), y el presupuesto incluye una previsión de aumento de la recaudación del 9,9% ‘por aumento del consumo’. En el tercer gran impuesto, sociedades, que grava los beneficios empresariales, el gravamen baja del 30% al 28%. En conjunto, baja la progresividad y por tanto la distribución de la riqueza hacia los colectivos más desfavorecidos, la mayoría femeninos. Será imposible que tales rebajas permitan financiar el gasto social.

El empleo femenino seguirá siendo eventual, a tiempo parcial y sin poder acceder a jubilación ni subsidio de desempleo. La Encuesta de Población Activa (EPA) registra que 172.800 mujeres han abandonado la búsqueda de empleo desde 2013, quebrando la resistencia anterior al desánimo, pese a tener una tasa de paro superior a la masculina. En el aumento del paro femenino influyen las políticas que se han implantado en el sector público, que, lejos de dinamizar el empleo, emplea a 17.700 personas menos en el último año. De los 273.900 empleos recuperados en el último año, sólo 1 de cada 5 han sido para mujeres, discriminación que se acentúa en el III trimestre de 2104, en que se han generado 164.900 empleos de hombres y destruido 13.900 empleos de mujeres. A ese ritmo, la recuperación del volumen de empleo de 2008 exigiría 10,9 años para los hombres y 13,4 años para las mujeres:

Además, el empleo de las mujeres es más precario: somos el 72,9% de las 2.624.400 personas empleadas a tiempo parcial, cuyo salario por hora es un 33% inferior al de tiempo completo, contribuyendo a que la remuneración media anual sea de 25.682 € para los hombres y 19.537 euros para las mujeres. Esto, unido a que regímenes muy feminizados como el de empleo de hogar excluyen este derecho, hace que las prestaciones por desempleo cubran sólo al 42,4% de los 2,6 millones de paradas y al 45,8% de los 2,8 millones de parados, y que la prestación contributiva media sea de 871 €/mes para los hombres y 706 € para las mujeres. Mientras, los Presupuestos 2015 recortan un 14,9% las prestaciones por desempleo, (de 29.727 a 25.300 millones) pese a que la recuperación del empleo ha sido sólo del 8,8%, lo que puede empujar a la pobreza y la exclusión social a 350.000 paradas y parados. Y a pesar de que se afirma que el Fomento de la inserción laboral crecerá un 17%, es sorprendente que siendo más de 124.893 las mujeres que cada año denuncian violencia de género, sólo 674, es decir el 0,5%, hayan tenido un contrato bonificado.

A pesar de la generosidad con que parece dotarse el Programa de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, con más de veinte millones de euros, un análisis detallado nos sume en el desánimo. Esa cifra significa únicamente el 55% del presupuesto del año 2009 pese a recibir un 20% de su financiación de la Unión Europea y 15% de los Fondos Noruegos. Con ellos el Instituto de la Mujer gestionará el 1,98% de los 3.127 millones de euros que se destinarán al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y el 0,005% del Presupuesto del Estado. El Instituto de la Mujer divide su presupuesto a tercios entre gastos de personal, contratación de bienes y servicios y subvenciones. Estas cuentan con 6,3 millones, de los que destina dos terceras partes al empresariado, en gran medida a través de las Cámaras de Comercio y la CEOE, una guinda a lo que reciben vía Ministerio de Empleo; 6,3% a convenios con Cruz Roja, Secretariado Gitano, CEPAIM y FEUP; 24% a asociaciones de mujeres y todo lo demás. Destaca la ínfima cooperación con las Comunidades Autónomas, dotada solo con 75.000 euros. Y choca el 3,2%, 200 millones financiados por Noruega, destinados a actuaciones municipales de igualdad de género, contradiciendo la eliminación de la promoción de la igualdad de las mujeres, en las políticas de los Ayuntamientos.

En una situación de mayor paro, pobreza en aumento, desempleo, desahucios de familias, la mayoría dirigidas por una mujer, el presupuesto del Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos sufre un nuevo recorte y se dota con 27,4 millones de euros (27,6% de su dotación en 2009). Y aunque la Secretaria de Estado de Igualdad y Servicios Sociales anunció en el Congreso que transferirán 32 millones de euros más a los ayuntamientos para un nuevo programa de apoyo a las familias y la infancia, esa cantidad que quizá a algún ingenuo le parezca fabulosa supondrán 7 euros/año por persona atendida. Así se sustituye el modelo social llamado del bienestar por el de beneficencia. La caridad que siempre es tan grata a las clases dirigentes.

Y siguen aumentando las solicitudes de rentas mínimas de inserción para personas sin recursos (el 61% de los beneficiarios de estas rentas en 2012 eran mujeres), a pesar de que su cuantía media, que varía según la regulación de cada comunidad, no alcanza para vivir.

En un país donde el reparto de la riqueza es del 82% para los hombres y el 18% para las mujeres, no pueden sorprender estas cifras, aunque es evidente que las actuaciones del gobierno popular han hundido aún más a las mujeres en la pobreza, la marginación y la invisibilidad. Y en la victimización.

Así el programa para la prevención integral de la violencia de género se dota con 23,7 millones de euros (otro 0,005% del Presupuesto). Sube un 8,6% respecto a 2014, pero sólo alcanza el 77% de lo que tenía en 2009. Lo gestiona la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que gasta un 13% en personal y gasto corriente, 37,5% en inversión (8,9 millones) y 49% en subvenciones (11,7 millones). De ellos, 7,6 millones contribuyen minoritariamente a sostener los puntos de prevención y atención jurídica, social y psicológica a las víctimas establecidos por el artículo 19 de la Ley integral contra la violencia de 2004, teleasistencia y servicio de Atención y Protección, mediante convenios con Comunidades Autónomas y ayuntamientos. Convenios que no se firmarán según la nueva política impuesta por el gobierno de eliminar la colaboración con esas instituciones en materia de asistencia social. No hay previsiones para la aplicación del Convenio de Estambul vigente desde agosto 2014, que trata de imponer medidas protectoras a las víctimas de violencia machista. Y la implantación del 2º Plan contra el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual solo cuenta con 2 millones de €. En esta propina que se otorga a la persecución de las mafias de la prostitución queda resumida la política y la ideología de un gobierno que considera la prostitución una fuente de ingresos.

Ni una mención a las políticas necesarias para alcanzar la igualdad de salarios entre hombres y mujeres –querida reivindicación feminista que tiene más de doscientos años-, ni a la inserción de mujeres en los puestos de decisión en la economía, la política, la cultura. Nadie ha pensado aún en aplicar una política estatal para erradicar el machismo en la escuela, en los institutos, en la Universidad, en la televisión, en los medios de comunicación. Ni se mencionan las partidas que deberían destinarse a la formación en feminismo de maestros y maestras, profesoras y profesores, jueces y juezas, fiscales y fiscalas, policías, forenses, trabajadoras sociales. Ninguno de estos objetivos merece una partida presupuestaria.

Por ello, de cuando en cuando, con escándalo y sorpresa, se publican estudios y encuestas que señalan el aumento del machismo en la sociedad española y especialmente entre las generaciones más jóvenes. Y los que lo denuncian dicen que no saben por qué se produce.

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Movimientos de Mujeres exigen al TSJ el cierre del semanario El Heraldo por “alto contenido pornográfico y sexista”

martes, noviembre 18, 2014

Noticias24 La tarde de este martes, el Observatorio de Medios Carmen Clemente de Travieso, integrado por Frentes y Movimientos de Mujeres del país, acudieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para introducir un recurso de amparo, contra el Diario deportivo semanal El Heraldo.

Rebeca Madriz, viceministra para la Mujer e Igualdad de Géneros, señaló que desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Genero, se está haciendo acompañamiento a esta acción que emprenden hoy los distintos movimientos de mujeres del país en una acción de amparo constitucional contra el semanario deportivo El Heraldo, “en función del tratamiento sexista y discriminatorio reiterado contra la imagen y la dignidad de las mujeres de nuestro país”.

En este sentido manifestó que en primer lugar quieren exhortar a los medios de comunicación nacional, al cumplimiento de todo el marco legal y constitucional que ampara el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de igual manera, invitan a plantear un contenido que reconozca a las mujeres como sujetos sociales y políticos fundamentales para la transformación de la sociedad.

Madriz manifestó que a principios del mes de noviembre, el Observatorio estuvo recabando las pruebas necesarias para emitir el informe “en el que se evidencia el alto contenido sexista y pornográfico de las ediciones del Heraldo”. Un semanario en el que a su juicio “se observan reiteradamente las formas de discriminación, de exclusión y de violación de la dignidad y de la imagen de la mujer, su utilización con fines mercantiles, comerciales, la codificación y la estereotipación del cuerpo de las mujeres”.

Resaltó la recomendación que se ha hecho en la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la cual “nos exhorta a la revisión de los estereotipos reiterados y discriminatorios que reproducen los medios de comunicación de nuestro país.

“El amparo solicita el cierre de este semanario en función del alto contenido discriminatorio, pornográfico…también solicita que se limite, se regule y se prohiba la utilización del cuerpo de las mujeres como un objeto sexual para la venta de cualquier publicidad en los distintos medios de comunicación de nuestro país”, informó Madriz en compañía de un grupo de mujeres que se apostaron a las afueras del TSJ.

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Bachelet advierte en Cepal desafíos sobre violencia de género

Marlen Borges

(PL) La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, destacó hoy aquí avances para la mujer en educación, salud y reducción de la pobreza, al tiempo que lamentó el atraso en materia de violencia de género.
Durante la inauguración de la Sesión Especial Beijing+20 en América Latina y el Caribe, la mandataria señaló la ausencia de cambios cuando el 35 por ciento de las féminas del mundo sufre violencia física y sexual y en algunos países la cifra alcanza el 70%.

No hay victoria posible para la acción de género mientras los abusos contra millones de mujeres sigan siendo prohijados sea cual sea la razón. No hay identidad cultural en la Tierra que admita su afirmación en el menoscabo de las mujeres, afirmó.

Ante delegaciones de numerosos países en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las palabras de la Jefa de Estado fueron recibidas con beneplácito por líderes de la esfera en la región.

Bachelet dijo que esa es el área más dramática en la acción y el principal desafío pero no el único y llamó a empujar los cambios en las instituciones, leyes y en las mentes, costumbres y relaciones sociales respecto a la igualdad de género.

Nos acercamos a los 20 años de un hito de la mayor relevancia en este camino: la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Nos parece mucho pero para acabar con una milenaria cultura de discriminación hay que seguir luchando, comentó.

A su turno, la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, convocó a gobiernos y a la sociedad civil a unir esfuerzos, no bajar la guardia y a evitar retrocesos al subrayar que resta un largo camino por recorrer.

Citó entre los logros la existencia de un nuevo marco jurídico de derechos, necesario para el adelanto de las mujeres, avances de las políticas públicas, participación en las mismas y la transversalización de la perspectiva de género.

Sabemos que situar a la igualdad en el centro implica una ruptura con el paradigma económico que ha prevalecido en la región durante al menos tres décadas, apuntó.

Bárcena expresó su optimismo en los resultados de este encuentro que transcurrirá durante dos días en la sede de la Cepal.

Espero que nuestras deliberaciones, con perspectiva regional, producto original de las miradas que reconocen nuestra propia realidad, permitan que los numerosos desafíos pendientes se integren a la agenda de desarrollo para después de 2015, manifestó.

En la inauguración también disertaron la ministra de la Mujer de República Dominicana y presidenta de la Conferencia Regional sobre la Mujer, Alejandrina Germán, y la Oficial a cargo del Buró de Política y Programas de ONU-Mujeres, Gülden Türköz-Cosslett.

La Sesión Especial sobre Beijing+20 se realiza en el marco de la 51 reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se reunió la víspera.

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Latinoamérica y Caribe: Las estadísticas, necesarias para impulsar un efectivo desarrollo para las mujeres

lunes, noviembre 17, 2014

Juana María Nava Castillo

(SEMlac).- Expertas de América Latina y el Caribe reconocieron que en esta región ha habido avances en la formulación de estadísticas desagregadas por sexo en algunas temáticas, pero puntualizaron que la ausencia o el limitado acceso a estos indicadores es una violación de derechos porque genera la inacción de los Estados, al invisibilizar a la mitad de la población.

Reunidas en el "XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género. Balances y desafíos en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible Post 2015", las especialistas coincidieron en que los adelantos no se han reflejado en un verdadero cambio para el desarrollo y la igualdad sustantiva de las mujeres.

Dijeron que los gobiernos han utilizado las estadísticas para hacer mediciones e informes más completos y a tiempo, pero no para ejecutar políticas públicas que eliminen la discriminación.

El encuentro fue convocado por Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la representación de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) México y la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Realizada en esta ciudad del 5 al 7 de noviembre, la reunión contó con la participación de representantes de oficinas nacionales de estadísticas de 19 países de América Latina y el Caribe, así como de 12 mecanismos para el adelanto de las mujeres de naciones de la región, además de diversos organismos internacionales y especialistas en la materia.

Durante la primera jornada, Sonia Montaño, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, destacó las buenas prácticas de las naciones del continente para incorporar la estadística desagregada por sexo, lo que ha permitido visualizar la realidad en algunas temáticas específicas, como la violencia que se ejerce contra ellas.

Señaló que es imprescindible que los Estados produzcan un sistema fuerte de estadísticas y evitar la privatización de la recolección de datos, por lo que hizo un llamado a fortalecer a las instituciones dedicadas a esta tarea y ampliar la gama de usuarios a la academia y la sociedad civil.

Destacó la necesidad de apostar a un desarrollo integral, profundo y democrático para lograr la no discriminación.

Gladys Acosta, experta electa del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), advirtió que contar con estadísticas con enfoque de género no necesariamente implica un cambio.

Reconoció, como lo hicieron otras panelistas, que ha habido avances "de jure" pero no "de facto"; es decir, de derecho pero no de hecho, porque aunque existan acciones encaminadas a la igualdad, a las mujeres les sigue costando trabajo acceder a las oportunidades en un sistema que se resiste al cambio.

Debemos, puntualizó la experta, alcanzar los tres niveles para realmente hablar de transformación: primero, el reconocimiento de derechos; segundo, el ejercicio de los derechos a través de políticas públicas y presupuestos, y tercero, el goce pleno de derechos.

"Esto implica un cambio de civilización, y creo que hombres y mujeres nos lo merecemos; hay que cambiar los modelos de desarrollo para hacerlo una realidad", dijo Acosta.

También en el primer día de trabajos, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, dijo que para tener estadísticas verdaderamente útiles, la perspectiva de género debe estar presente en todo el proceso de generación de información, que va desde la planeación, la difusión y la evaluación de resultados.

Si todas las poblaciones se integran por hombres y mujeres, añadió, las políticas públicas se tienen que hacer con esta perspectiva para poder eliminar la desigualdad.

También destacó que uno de los frutos importantes que ha resultado de los XV encuentros de estadísticas ha sido la producción de datos desagregados por género en varias temáticas, aunque también dijo que la dinámica actual y la realidad nos rebasa y se requiere de esfuerzos constantes e innovadores para establecer soluciones desde la esfera de las políticas públicas.

"Contar con indicadores de género y establecer metas concretas para acortar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, es una obligación que debemos cumplir todos los Estados", agregó.

Todas las problemáticas que afectan a las mujeres y las niñas estarán en la nueva Agenda Post 2015, es indispensable atender las necesidades de información estadística oficial y de calidad para multiplicar y potenciar políticas públicas que garanticen el cumplimiento de nuestros derechos humanos, y con ello acelerar también el desarrollo y el crecimiento de nuestros países, el avance y el progreso de nuestras sociedades, dijo también Cruz Sánchez.

Así mismo, Ana Güezmes, representante de ONU-Mujeres en México, dijo que si bien ya tenemos evidencia en la región de cómo incorporar la perspectiva de género en la producción y análisis de la información estadística, y que esta es ya base de políticas públicas y presupuestos que se orientan al logro de la igualdad, aún falta verla reflejada en los resultados.

Somos la región más innovadora en producción de estadísticas sobre uso del tiempo, incluyendo su valor económico e inicio de políticas de cuidados, en incorporar la medición multidimensional de la pobreza -incluida la pobreza de tiempo-, así como en mejorar nuestros registros sobre violencia contra las mujeres.

Pero sabemos que estos avances serán mucho más rápidos en la medida en que las oficinas de estadística y los mecanismos para el adelanto de las mujeres logren establecer un diálogo continuo y sumar esfuerzos para revolucionar la forma en que se produce y analiza la información, teniendo presente la creciente demanda de estadísticas de género, destacó.

También el presidente del INEGI, Eduardo Sojo, remarcó el trabajo realizado durante los últimos 15 años en materia de estadísticas de género y dijo en este tiempo se han incluido temas como salud, trabajo, violencia, lo que ha servido de parámetro para medir desafíos y emprender acciones en esos campos.

Durante el primer día de trabajos del XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género se enlazaron vía teleconferencia para dar un mensaje breve Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU-Mujeres, y Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.

Mlambo-Ngcuka dijo que las estadísticas desagregadas oportunas y confiables deben servir de base para mejorar el progreso y medir los obstáculos, y que aquellas deben ser una oportunidad para el desarrollo de los países que en el siglo XXI permitan la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

Por su parte, Bárcena destacó el avance en el trabajo metodológico para impulsar las estadísticas desagregadas por sexo, y puso énfasis en considerar fundamental repensar el mundo del trabajo y del cuidado, desde el compromiso del Estado, con acciones concretas a partir de las bases de datos que ya se han generado en la materia.

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Capacitan en Cuba a mujeres sobrevivientes de violencia

SEMlac Incluir la violencia de género en el trabajo comunitario en Cuba implica una alta dosis de voluntad, en opinión de actores y grupos comunitarios que, en esta capital cubana, comparten desvelos y dificultades diarias.

Escasos recursos disponibles para promover acciones y actividades, no poder gestionar medios de comunicación propios ni apoyar el emprendimiento económico de mujeres sobrevivientes y víctimas de violencia se incluyen entre las dificultades identificadas por líderes comunitarios.

A las barreras económicas les siguen el mal trabajo de las autoridades policiales en el tratamiento de la violencia de género; dificultades en la comunicación con los gobiernos locales, y el desinterés y desconocimiento en algunas comunidades sobre esta problemática.

Los estereotipos y la poca información que aún existe sobre la violencia machista median en estos procesos, por lo cual activistas realizan talleres sobre autoestima, liderazgo, emprendimiento, género y violencia, entre otros temas.

La capacitación es un paso fundamental en el empoderamiento femenino, dice Leticia Santa Cruz Pérez, coordinadora del proyecto “No a la violencia de género: una respuesta efectiva al VIH/Sida”.

Vinculado al Centro Nacional de Prevención de ITS/Sida (CNPsida), ese programa se inserta en una comunidad de tránsito, un albergue donde viven familias que han perdido su vivienda en el municipio de Cerro, al noreste de la capital.

“En su gran mayoría, las mujeres del grupo eran amas de casa, aunque también ejercían otros trabajos en la calle, incluso la prostitución. Estas mujeres ya trabajan y las inducimos a llevar adelante un proyecto de vida, haciendo hincapié en su autoestima, capacidades y superación”, comenta Cruz Pérez a SEMlac.

Pero una vez logrados los objetivos de la capacitación, el acceso a los recursos resulta vital para el ejercicio real de la autonomía. “Entonces comienza otro problema, cuando esa mujer empoderada necesita de recursos para emprender”, reflexiona.

Para la dirigente, las nuevas posibilidades de trabajo por cuenta propia, y organizarse en cooperativas de producción y servicios pueden ser soluciones posibles en estos casos.

Según experiencias locales, los proyectos autogestionados que brindan a las mujeres una posibilidad de independencia económica suelen ser un paso importante para superar la violencia.

EXPERIENCIAS

Sandra América Hidalgo, del Taller de Transformación Integral del Barrio (TTIB) Zamora Coco Solo, en el municipio Marianao, al suroeste de La Habana, da fe de los resultados del proyecto “Fundar una esperanza en emprendimiento femenino”, que integran un grupo de mujeres, entre ellas sobrevivientes y víctimas de violencia de género dedicadas a la artesanía.

Creados en 1988, los TTIB se subordinan a los gobiernos municipales en la capital y promueven el desarrollo local mediante la participación ciudadana.

Hidalgo ha visto los cambios que puede hacer en una mujer “ganarse sus kilitos vendiendo lo que puede hacer con sus manos”. Pero no en todas las comunidades estos sueños pueden ser realidad. Algunas entrevistadas afirman que no siempre las autoridades se interesan y apoyan el trabajo comunitario.

La verticalidad en la dirección y distribución de los recursos también afecta los proyectos sociales, incluso dado el caso de que exista buena comunicación con el gobierno municipal.

El deficiente trabajo del cuerpo policial es otro problema común para las organizaciones, activistas e instituciones que se enfrentan a la violencia de género. “Una y otra vez les hacen preguntas a las mujeres cuando van a la delegación a poner la denuncia por agresión”, explica Leticia Santa Cruz.

Sin embargo, la mayoría de las entrevistadas por SEMlac reconocen como sus aliados a los oficiales del orden asignados a cada barrio, conocidos como jefes de sector.

En opinión de Caridad Tocaben Martínez, del TTIB de Pilar de Atarés, en el municipio de Cerro, el jefe de sector ha sido un colaborador en todo momento. “Participa en los talleres e incluso ha mediado en casos de violencia cuando las mujeres acuden a la unidad de policía correspondiente y no encuentran allí la atención necesaria”, apunta.

La ausencia de un protocolo de atención a las víctimas de violencia, que guíe la respuesta de la policía, del personal de salud e incluso de actores comunitarios, limita los esfuerzos de quienes hoy suplen las carencias desde acciones aisladas de sensibilización y capacitación.

“Nosotros podemos llegar hasta un punto”, comenta Cruz Pérez, quien aspira a reunir en talleres sobre violencia de género a personal policial e integrantes de su comunidad, pero los excesivos trámites para lograrlo se lo han impedido hasta ahora.

Además de las mujeres, la presencia de los hombres resulta fundamental para la mayoría de las entrevistadas, en algunos casos porque ellos facilitan, e incluso permiten, el trabajo con las mujeres de la comunidad.

En el municipio de Marianao, la especialista en trabajo social Sandra América Hidalgo ha probado todo tipo de estrategias para llegar a los hombres de su comunidad, como solicitar su colaboración para cualquier arreglo en la sede del TTIB o “mudar” las sesiones de trabajo a las casas.

“Si alguna compañera tenía que regresar temprano a su casa para preparar el almuerzo de su esposo, nos íbamos para el portal de esa compañera a hacer el taller de autoestima”, relata a SEMlac.

SUEÑOS

Un fuerte compromiso social une a quienes, en sus comunidades, trabajan por contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en los barrios, muchos de ellos con altos niveles de pobreza, viviendas precarias, desempleo y violencia.

Es muy difícil que Rayza Rojas Terán no consiga lo que se proponga. Ella es secretaria Ideológica en Marianao de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), única organización de su tipo en la isla que reúne a más de cuatro millones de cubanas.

Rojas Terán lleva 10 años como funcionaria y cree con vehemencia en el trabajo social. “Llegué a mi trabajo como si hubiera logrado algo muy grande”, cuenta a SEMlac en alusión al día en que ayudó a encontrar empleo a una joven que fue prostituida y, por esa razón, no había sido aceptada en varios centros laborales.

Esta discriminación institucional constituye un tipo de violencia de género poco visible en Cuba, donde las manifestaciones más reconocidas son las agresiones físicas y el maltrato psicológico.

La historia de Rojas Terán resume el entusiasmo y la pasión de una labor social que no carece de riesgos y sobrecarga psicológica.

En la mayoría de los casos, quienes asumen ese encargo social interactúan con mujeres víctimas de violencia, pero también atienden problemáticas de la niñez, de personas adultas mayores, mujeres y hombres sin empleo o que estuvieron presos.

Ante las dificultades, la formación personal es la herramienta de quienes en el espacio comunitario apuestan por una vida en armonía e igualdad.

Talleres sobre educación y comunicación popular, género, igualdad y desigualdad, diagnóstico participativo, violencia, trabajo con mujeres víctimas, cooperativismo, perspectiva de Derechos Humanos, trabajo grupal y liderazgo han sido algunos de los temas de especialización.

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Feministas de México y el mundo se suman a clamor por Ayotzinapa

Cimacnoticias Agrupaciones feministas mexicanas e internacionales repudiaron la desaparición forzada el pasado 26 de septiembre de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, y calificaron de “incapaces” a las instituciones del Estado para garantizar la protección de los Derechos humanos (DH).

Bajo el lema “Las feministas también somos Ayotzinapa”, organizaciones como Asociadas por los Justo (JASS, por sus siglas en inglés) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), emitieron el pasado 7 de noviembre un pronunciamiento en apoyo a las madres y padres de los 43 jóvenes normalistas que fueron agredidos y desaparecidos de manera forzada por policías municipales de Iguala, Guerrero.

En el documento enviado al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que defiende la demanda de justicia de las familias de los normalistas– las feministas expresaron: “Sabemos del profundo dolor que miles de mujeres han enfrentado en México por la desaparición o ejecución de un ser querido, por el feminicidio de sus hijas, o por tener que abandonar sus casas y desplazarse de manera forzada a causa de la violencia”.

Se solidarizaron con las familias, especialmente con las madres de las víctimas de desaparición forzada y asesinatos. “Nos sumamos a su exigencia de justicia y les decimos una vez más que no están solas, que su lucha también es nuestra”, recalcaron.

Como cientos de manifestantes que se dieron cita el pasado fin de semana en la capital del país para repudiar los resultados de las investigaciones del caso llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR), el movimiento amplio de mujeres criticó la descomposición de las instituciones del Estado y su incapacidad para proteger y garantizar los derechos de la sociedad.

Las organizaciones firmantes, entre ellas la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID, por sus siglas en inglés), la Fundación Justicia y Género, de Costa Rica, y Women’s Human Rights, de Estados Unidos, señalaron que se suman a este reclamo social porque “hemos visto cómo las mujeres, familiares de víctimas, han salido a exigir justicia, han emprendido búsquedas incansables, y en muchos casos han tenido que asumir la protección y mantenimiento de sus familias, en medio del estigma ​y la indiferencia del Estado”.

De acuerdo con lo informado por la PGR el pasado 7 de noviembre, dos empleados del área de servicios públicos del municipio de Cocula, en Guerrero, declararon ante el Ministerio Público que los estudiantes fueron arrojados y quemados en un basurero local, donde los declarantes recibieron la orden por parte de uno de los líderes de la banda criminal “Guerreros Unidos” de fracturar los restos de los huesos calcinados para ser depositados en bolsas de basura y luego arrojarlos al río San Juan.

Con motivo de estos supuestos nuevos hallazgos, que no fueron aceptados por las madres y padres de los estudiantes, las organizaciones feministas de diferentes países expresaron su preocupación por la crisis de violencia, impunidad y violaciones a los DH que se vive en México.

En el pronunciamiento, al que se sumaron a título individual la jurista y experta en género, Alda Facio, y la escritora mexicana Elena Poniatowska, las feministas dijeron que se unen a la exigencia de justicia por la ejecución extrajudicial de seis ciudadanos mexicanos, entre ellos los estudiantes normalistas Julio César Ramírez, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fontes, perpetrada en la cabecera municipal de Iguala.

Organizaciones como Mujeres por México en Chihuahua; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Justicia para Nuestras Hijas, y la Red Mesa de Mujeres de Juárez, detallaron que saben lo que significa enfrentar de manera cotidiana la violencia generada por la desigualdad y la discriminación.

Las feministas recordaron que los estudiantes normalistas, hartos de la exclusión e indignados por la violación sistemática de sus derechos, buscaron expresar su descontento y denunciar los “intereses criminales” que estaban destruyendo el tejido social de sus comunidades.

Confiaron en que este reclamo, que ya es mundial –advirtieron–, alcance a todas las mexicanas y abra nuevas oportunidades para lograr la igualdad, la justicia y la paz.

El pasado 7 de noviembre, en declaraciones a Cimacnoticias, María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindes Guerrero (uno de los 43 estudiantes desaparecidos), dijo que no creerá ninguna conclusión por parte de las autoridades hasta que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que labora en conjunto con la PGR, compruebe que los restos hallados son los de sus hijos.

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Participación política: Especialistas llaman a prevenir retrocesos en la región

Sara Lovera

(SEMlac).- En América Latina y el Caribe se vive una regeneración democrática; es la región del mundo donde en muy poco tiempo creció la participación femenina en la toma de decisiones.

Datos estadísticos indican que las mujeres ocupan 25,7 por ciento de las bancas parlamentarias, representan 22,9 por ciento en los ministerios o secretarías de Estado y en la última década fueron electas cinco jefas de Estado o presidentas. Es, además, la región del mundo donde cinco países han legislado sobre la paridad electoral.

No obstante, es necesario prevenir cualquier retroceso, porque en la práctica hay resistencias sistemáticas en partidos políticos y en la sociedad, advirtió Irune Aguirrezabal, asesora de Liderazgo y Participación Política en América Latina y el Caribe de ONU Mujeres.

Este proceso remató el 12 de octubre último con la paridad real en la Asamblea Legislativa de Bolivia, donde 49 por ciento son mujeres, y llegaron a 44 por ciento en el Senado y 51 por ciento en las circunscripciones.

Este hecho coloca al país andino a la cabeza en América Latina y es resultado de un acumulado de lucha de las mujeres bolivianas feministas que promovieron una estrategia de vigilancia a las leyes electorales, mediante de un observatorio, explicó María Ángela Sotelo, de la Coordinadora de la Mujer en Bolivia.

Ese anuncio, hecho durante los trabajos de la mesa que examinó la estadística sobre la participación de las mujeres en la toma de decisiones, durante el XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, efectuado en la norteña ciudad mexicana de Aguascalientes del 5 al 7 de noviembre, convirtió al salón de discusión en una fiesta.

Ahí María Ángela Sotelo explicó que de 1982 a 2009, la representación femenina pasó de 0 a 23 por ciento. En los cinco años siguientes se logró la paridad.

En un tema como promover la acción política de las mujeres, las estadísticas son muy valiosas para sensibilizar a los partidos políticos, a los líderes, dirigentes y a las mujeres para llegar a los puestos de decisión. Según Irune Aguirrezabal, asesora de ONU Mujeres, conseguir la paridad eleva la calidad democrática de un país, mejora la gestión pública, asegura un mejor desarrollo y, sobre todo, promueve la igualdad en la región más desigual del mundo.

En la mesa, Paula Soto, directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres, hizo la presentación del Observatorio de Participación Política en México, que será una herramienta sustantiva para vigilar y monitorear el proceso de elecciones en 2015, cuando se pondrá en práctica nacionalmente la paridad electoral.

La mesa de las especialistas, coordinada por la socióloga Guadalupe Espinosa, dejó en claro al auditorio que las evidencias estadísticas y los datos permiten tener una fotografía clara del largo proceso que ha significado promover la participación política de las mujeres y su acceso a la toma de decisiones. En el caso de Bolivia, una estrategia adecuada incluyó una campaña sobre el 50/50 que sensibilizó a la sociedad y sus resultados se reflejaron en las urnas el pasado octubre.

Al mostrar los ejes de la campaña, quedó claro que lo hicieron múltiple, considerando un lenguaje claro para las mujeres, mensajes efectivos para autoridades y líderes y, especialmente, una estrategia de medios capaz de acercar a líderes de opinión e informadores a su causa, un asunto clave porque el ascenso de las mujeres tiene muchos obstáculos, pero el de la opinión pública se forma en los medios, generalmente poco considerados en estas estrategias.

Aguirrezabal presentó una estrategia regional llamada Atenea, que con recursos de ONU Mujeres tiene el propósito de ofrecer asesoría y una guía para las mujeres líderes de la región, de modo que se mantenga esto que llamó un hito en la historia, del crecimiento sostenido en la participación de las mujeres.

Consideró fundamental vigilar el cumplimiento de las legislaciones electorales, el comportamiento de las élites de los partidos políticos y difundir ampliamente los cambios en los procesos electorales.

Las ponentes coincidieron en que la paridad electoral es el primer paso para la paridad social y económica, para que realmente se dé una transformación social, económica y política en los países de la región, donde el referente sea la igualdad no solo entre hombres y mujeres, sino en otros ejes fundamentales como el respeto a los derechos humanos, la igualdad económica, el empleo productivo y que la igualdad transversal a todas las clases sociales permita recuperar el desarrollo y el crecimiento sostenido y sustentable.

Atenea es, sobre todo, un proyecto de monitoreo impulsado en 19 países de América Latina que promueve la paridad, el desarrollo y la capacitación para que las mujeres accedan al poder. Pero esto no podrá ser, dijo la asesora de ONU Mujeres, si no hay recursos suficientes; no se puede hablar de paridad y promoción de derechos políticos, si las mujeres siguen recibiendo casi nada para sus campañas políticas, si no son promovidas por sus partidos.

Además, las participantes coincidieron en que existe un riesgo latente de violencia política contra las mujeres. Esto se funda en algunos hechos, en México por ejemplo, pero también en otros países de la región.

El ejercicio en la mesa permitió a las participantes preguntarse cómo hacer innovaciones en la estadística de género, qué asuntos nuevos abordar, qué fotografías de la realidad georreferenciadas serán útiles en el empeño de conseguir la igualdad de género mediante la participación política y social de las mujeres.

Las participantes, muchas de ellas técnicas en la información, especialistas en demografía, operadoras de sistemas de información estadística, celebraron la información de la mesa de discusión y coincidieron en que hay que desterrar, desarticular, desmontar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a la igualdad de hecho y no solo de ley.

Las estrategias de los observatorios, con la participación de la sociedad, las mujeres organizadas y las autoridades electorales, como es el caso de México, pueden ser el camino para garantizar que los partidos políticos cumplan con la ley, destacó Paula Soto, ya que la experiencia señala que a cada avance de las mujeres surgen formas, "mañas", acciones que intentan limitar los derechos políticos y el acceso de ellas a los puestos de decisión.

Pero no solo eso, sino que --dijo la representante de ONU Mujeres--, conspiran contra el desarrollo de las mujeres, la pobreza, la desigualdad social, la falta de empleo, el problema de la justicia y, por supuesto, la creciente violencia contra las mujeres.

Los observatorios y la tarea de empoderar a las mujeres deben enfocarse integralmente al diagnóstico y la explicación de estas realidades para tomar acciones que reequilibren el poder y la justicia. Es un asunto, además, de democracia.

Se destacó, igualmente, la importancia de las acciones positivas, con el establecimiento de las cuotas electorales y otras acciones que han contribuido al rápido crecimiento en la representación política, crecimiento que es irreversible e inaplazable.

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España: ¿Ha llegado la democracia a la vida privada?

Soledad Murillo de la Vega

Público Identifico democracia con el mutuo respeto, una regla de la que nos dotamos siempre que aceptemos las distintas formas de vivir. John Rawls definía la justicia en términos de procurar hacer efectivas las “bases sociales del autorespeto”. En el plano personal, el respeto consiste en concederse un valor innegociable. En suma, resistirse a claudicar cuando alguien en nombre de los afectos, pretende amoldar un proyecto vital, por el simple hecho de ser ajeno a sus necesidades particulares. Situaciones demasiado frecuentes en un vínculo de pareja, donde mantener lo propio, desde las amistades, hasta las aspiraciones profesionales, pudieran representar motivo de tensiones, o conflictos más serios.

Sabemos bien que las interacciones sentimentales son extraordinariamente complejas, pero no siempre los desacuerdos recurren a la palabra y menos aún a pactos en los que se explicite lo que cada persona espera de la otra. Todo lo contrario, la pareja también es un escenario de poder. Un poder que no se muestra públicamente, se reproduce en la intimidad de una relación sentimental, se justifica en nombre del amor y requiere de una sistemática expropiación de la identidad. Además, contiene una firme desautorización de todo rasgo de individualidad, recurriendo desde los agravios, hasta los golpes. De hecho, debemos a la teoría feminista haber conceptualizado el poder desde el esquema de subordinación y autoridad, y visibilizado aquellos mecanismos sociales, económicos y culturales que legitiman la desigualdad.

Esta lógica fue clave en la elaboración de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tuve la oportunidad de participar activamente en su elaboración. Fui el primer cargo público en materia de igualdad, pero sin añadir, familia, infancia o juventud entre sus competencias. Sólo igualdad. Razón por la cual las siguientes reflexiones son deudoras de la legislatura de la que formé parte (2004-2008), así como de las negociaciones, o mejor decir, las conversaciones con el ánimo de convencer de la necesidad de una norma a aquellos que serían los responsables de su puesta en marcha. La Ley tuvo su origen en una propuesta por parte de la oposición, en el año 2002 y en sede parlamentaria, que el Gobierno del Presidente Aznar desestimó. Las entonces muy minoritarias, pero constantes, manifestaciones de mujeres cada 25 de noviembre, no dejaban de recordar la urgencia de la medida. Se recuperó la idea y se amplió el campo de su articulado. Para empezar, ya en su exposición de motivos, o tarjeta de presentación de todas las normas, que recomiendo leer para conocer los principios que las inspiran, en la Ley 1/2004 se cita expresamente que la violencia no es un problema que afecte al ámbito privado sino al ámbito público. Y se añade que representa una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Antes de su promulgación, era el concepto violencia doméstica el más usado, desde la jurisprudencia, hasta los medios de comunicación. De esta manera, quedaban fuera de esta definición aquellas mujeres que no convivían con el agresor: tanto jóvenes que sufrían violencia, así como las mujeres maduras que eran amenazadas por su expareja. Esta focalización en la vida afectiva como escenario de violencia, fue muy controvertida por creerse que era reduccionista. De hecho se dudaba de su eficacia, dado que no se recogían todos los tipos de violencia que figuran en la Resolución 48/104 de la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre de 1993: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada». En cambio la Ley perfila la figura del maltratador en un compañero sentimental, se conviva o no.

Primeras Objeciones a la Ley 1/2004.

Una de las principales dificultades para entender la especificidad de la violencia de género, fue su denominación. En primer lugar, desde el punto de vista nominativo la definición de “género” que aportaba la Ley, fue rechazada por la Real Academia de la Lengua, que advirtió sobre la inutilidad de su uso, eso sí, sin citar ninguna de las múltiples referencias teóricas sobre la aplicabilidad del mismo. Ni lo entendió entonces, ni aún hoy está incorporado; a pesar de mostrarse receptiva ante términos como “friki”, “manga”, entre muchos otros, con más suerte por parte de la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico de la RAE. Esta valoración es mucho más que una anécdota, representa la inquietante estrategia de convertir una categoría de análisis en una extravagancia y, como tal, cualquiera puede desestimarla, negarla o refutarla, sin más. La misma idea que mantienen aún las Universidades españolas, al ubicar los estudios de género, como un conocimiento periférico en la capacitación curricular: master o asignaturas optativas son las únicas opciones. Esta limitación en la oferta educativa repercute en reforzar la subestimación teórica por parte de quienes deben aplicar la Ley, porque de no entender su significado, esta omisión afectará al desarrollo de su práctica profesional y sobre todo, a la eficacia de respuesta a las mujeres maltratadas.

En segundo lugar, fue extraordinariamente complejo desvincular la violencia de género de su interpretación como un asunto privado, un suerte de problema de pareja en el que no es lícito inmiscuirse, salvo que se produzcan actos constitutivos de delito. Pero convertirla en un asunto público fue clave en cada proceso de presentación de la Ley a distintos profesionales, que en un futuro deberían implementarla. Se trataba de recordar que la violencia era consecuencia de una deficitaria aplicación de las políticas de igualdad y esto repercute en las conductas de los agresores y de las víctimas. Bien es cierto, que cada día tenemos la fortuna de contar con rigurosos análisis sobre la materia, donde cada aportación teórica, o práctica, nos ayuda a entender la complejidad del fenómeno; sin embargo es necesario profundizar en aquellos análisis que relacionen violencia, con la posición de inferioridad que se reserva a las mujeres dentro de la estructura social, política o económica de nuestro país. En otras palabras, disponemos de menos ejemplos que vinculen la violencia con el grado de igualdad de trato y que a su vez sean capaces de identificar qué factores de desigualdad provocarían un estado de indefensión de las mujeres. Nos convendría saber ¿con qué recursos personales cuenta una mujer para poder iniciar el difícil proceso de iniciar un proceso judicial? O bien, conocer qué ocurre en el intervalo entre llamar al teléfono de emergencia 016, más de 30.000 llamadas anuales, y la decisión de interponer una denuncia, que representan menos de la mitad. De todo ello informó el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, órgano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya anterior Presidenta Inmaculada Montalbán mostró, en el año 2013, su preocupación por una caída en las denuncias de un 9,6 en los últimos cinco años.

En tercer lugar, hacer entender que no se trata de un problema propio de un colectivo, porque si todo Estado de Derecho tiene la obligación de garantizar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas, con esta obligación constitucional se deberían ver implicadas todas las instancias sociales, y no sólo las áreas de mujer inscritas en cualquiera de las instituciones públicas. Sin embargo, un problema fundamental radica en la extendida interpretación de considerar a las mujeres como un colectivo. Pero ¿qué efectos tiene para las mujeres ser definidas de este modo? Aparentemente parece una definición neutral, carente de consecuencias, pero nada más lejos de la realidad. Primero, porque los colectivos se asimilan a las minorías, es decir, se les adjudica un rasgo particular que les adscribe al grupo en función de su -color, raza, edad, clase social-. Lo cual no ofrecería problemas, sino fuera porque esta operación sólo rige para las mujeres, en ningún caso a los hombres se les concede tal tratamiento diferencial, salvo que posean una particularidad concreta: jóvenes, ejecutivos, jubilados. En cambio, las mujeres siempre son catalogadas como un colectivo en su totalidad. Ni siquiera es preciso adscribirse a un grupo a través de un rasgo concreto, ni por edades, renta, color u orientación sexual. Las mujeres por el hecho de ser mujeres se definen como un colectivo, cuando en nuestro país representan un 50,8% de la población censada (INE. A 1 de enero de 2014).

Esta es la primera estrategia de exclusión, pero lo más inquietante, son las características que se les atribuye como colectivo, cuyo significado común son sus “especiales dificultades”: problemas de conciliación, de autoestima, de trabajo, entre otros. Dificultades que se analizan como inherentes a las mujeres. Es decir, no quedan cuestionadas instancias públicas cuyo funcionamiento y regulación horaria, pudieran representar un serio obstáculo a su participación. O las constantes convocatorias de reuniones, que se convierten en requisitos de una presencia activa, sin olvidarnos de las interminables jornadas diarias que la esfera política, sindical, empresarial reserva para afianzar sus relaciones formales e informales, pero estas pautas de funcionamiento no se cuestionan. Si las mujeres no tienen tiempo es un asunto personal o, lo que es lo mismo, imputable a su organización horaria.

Como personas interesadas en la violencia de género debemos preguntarnos, ¿aceptamos estas definiciones u optamos por seguir haciéndonos preguntas? En suma, ¿las interpretamos como características propias de las mujeres o resultado de una división sexual de funciones, que hombres y mujeres reproducen a través de los roles? Sin embargo, al asimilar al conjunto de las mujeres al repertorio de los colectivos,estas quedan expuestas a ser tratadas desde esta óptica de grupo, definición que opera para los responsables de diseñar políticas sociales. ¿Qué ventajas depara esta clasificación, si estadísticamente las mujeres representan la mayoría de la población? Para empezar a las minorías se les reconoce más por sus “problemas” pendientes de solucionar, que por sus méritos o aportaciones. No olvidemos que las necesidades tienen un tratamiento político distinto que los derechos, sobre las primeras recae la incierta voluntad política de solucionarlas pero siempre estarán cautivas de presupuestos públicos, o del grado de conocimiento sobre igualdad de quienes la incluyen entre sus competencias. Carencia que ni siquiera se tiene pudor de lamentar. El propio Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad reconoció, según sus propias palabras, en una rueda de prensa que no se había leído la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a pesar de formar parte de un gobierno que iniciaría una reforma regresiva de la misma.

Por estas razones, los programas, o medidas son específicas y se orientan a subsanar aquellos supuestos “déficits” que las mujeres presentan. De esta manera se utiliza el término “inserción” en cualquiera de las esferas sociales: laborales, culturales. Pero la respuesta está condicionada por el grado de compromiso de cambio de las instituciones, demasiado refractarias a una revisión de sus procesos. Resulta más sencillo administrar políticas específicas: los programas de diversidad, dentro del capítulo Responsabilidad Social, en la empresa privada, o bien el denominado sector, dentro de la Administración Pública. La misma interpretación motiva que en los foros internacionales se organicen sesiones específicas sobre mujeres. Por ejemplo, en la Unión Europea la agenda de igualdad se ubica en la Comisión de Políticas Sociales, a cuyas sesiones acuden aquellos cargos políticos que la incluyen entre sus responsabilidades pero deben compartirla con otras áreas de trabajo, lo que concentra la igualdad junto a otras competencias como Educación, Salud, Políticas Sociales (Alemania, Grecia, Portugal, Italia Reino Unido, Noruega, Finlandia). Son excepcionales los países en que existen Ministerios de la Mujer en la Administración General del Estado (España hasta el 2010 y Suecia). Si acudimos a los escenarios políticos, observamos al líder de cualquier partido haciendo un acto sólo para mujeres, reproduciendo así la concepción de éstas como colectivo, lo que creará estructuras específicas, mujeres de, feminismos de, a la que se añade el nombre de la formación política.

En todos los casos, se comparte el mismo discurso: la indudable capacidad de las mujeres y su injusta invisibilidad. Tal defensa sobre las virtudes de un colectivo, sería inaudita en el caso de los hombres. Además, fuera de estos marcos de proclamación de excelencia, cuando las agendas públicas o privadas, políticas, traten asuntos claves, como la economía, la protección por desempleo o la administración territorial, estás no tendrán presencia alguna en la toma de decisiones. Evitar esto fue un propósito de La Ley 1/2004, que quiso convertir en un asunto de interés general aquello que se definía como un asunto privado de las mujeres. Por ello, lejos de establecer regulaciones en clave de colectivo específico, se buscó una equivalencia de derechos en el espacio público y para ello, era preciso aportar artículos sobre educación, mercado de trabajo, hasta la creación de nuevas estructuras, como los juzgados especializados de violencia contra la mujer y una fiscalía de violencia de género. O la Delegación Especial contra la Violencia de Género, que creó un observatorio para homologar datos estadísticos, además de crear el teléfono 016.

En cuarto lugar, más que un obstáculo, se trata de lo que fue, bajo mi punto de vista, una pérdida irreparable para aumentar la efectividad de la Ley: no lograr introducir el machismo como un agravante. Del mismo modo, que la xenofobia, el antisemitismo o el racismo son tipificados como tales en el artículo 22.4 del Código Penal. Esta valiente propuesta la hizo la Presidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, quien argumentó en una comparecencia en el Congreso, la conveniencia de introducir este tipo de discriminación en el código penal, dado que la Ley 2/2004 sólo agravaba las penas para los delitos de lesiones. Pero nadie, ni siquiera el partido del Gobierno que impulsaba la Ley, aceptó su fundamentación. La negativa fue contundente, lo que demuestra que la violencia se encapsulaba en los problemas de un colectivo específico y no precisaba tratamientos jurídicos más severos para evitarla. Siempre me he preguntado si la presencia de otras discriminaciones directas en la legislación, no habrá dependido de la solidez de alianzas, o de la capacidad de presión, como lobbies, de los colectivos que las padecen.

En quinto lugar, sobre la Ley pesó otra grave acusación: la de beneficiar a las mujeres en detrimento de los hombres, concretamente en relación al artículo 38: Protección contra las amenazas. El debate procesal se basaba en un interrogante: ¿por qué un mismo hecho: amenazar o coaccionar tiene un distinto tratamiento penal, tipificado como delito en el caso de lo realice un hombre con una relación sentimental con la víctima, y no pesa del mismo modo para las mujeres? Esta elevación de la pena fue interpretada como una relación inversa entre legalidad y discriminación, y provocó encendidos argumentos. Sabíamos, como se manifestó en los encuentros de trabajo con médicos forenses que las coacciones y amenazas eran la antesala de las lesiones. Los hombres no vivencian pánico, es cierto que pueden sentir ira, agresividad, pero no miedo y, mucho menos, terror. Pero este aparente “trato de favor” conectaba peligrosamente con el imaginario social sobre que las acciones positivas, o en el ámbito político, las famosas “cuotas” y que a pesar de ser mecanismos garantes de la igualdad, se presentan ante la opinión pública como medidas fraudulentas para favorecer a las mujeres.

Si las mujeres carecen de referentes de autoridad, ¿de qué elementos podrán servirse para reunir las fuerzas suficientes para tomar una decisión? ¿Qué significados les devuelve la vida pública que les doten de la suficiente legitimidad para denunciar una situación insostenible? ¿Acaso no incide en su autoconcepto, la insistente representación de lo femenino a través de la emocionalidad, la nigromancia y sólo con algunas excepciones, son convocadas en el papel de expertas, para hacer aportaciones sobre la economía o la ciencia?

La tarea de una sociedad decente, como diría Martha Nussbaum, es ofrecer a todos sus ciudadanos las mejores condiciones para desarrollar sus capacidades, y esto sólo se logra si colocamos la igualdad no como un mero principio, sino desde el exigente plano de una buena convivencia. Si las mujeres no perciben la igualdad de trato, o como la define Ronald Dworkin, la distribución equitativa de recursos y oportunidades vitales ¿cómo va a marcar límites a quien coacciona su libertad, sobre todo cuando no se trata de cualquier persona, sino de aquel con quien está vinculada afectivamente? Sin embargo, todo el mundo espera que ella dé el primer paso, que la víctima denuncie, como única vía para acceder al sistema de protección. ¿Por qué la fiscalía no actúa de oficio, cuando está autorizada para hacerlo conforme a sus competencias? ¿O todavía se define la violencia de género como un delito privado, y no como un delito público? ¿Qué ocurre entre la denuncia y el final del procedimiento?

Se sigue depositando en la víctima el poder de decisión, en una interacción donde los primeros efectos de la violencia radican en hacer dudar a la víctima de sus propias percepciones. ¿Con qué elementos podrá defenderse y actuar en nombre de su autonomía? Especialmente, cuando la imagen que devuelven las instancias públicas o privadas sobre las mujeres está ligada a sus problemas y no a sus capacidades. De dónde extraerán las mujeres la suficiente autoafirmación para escapar del círculo de la violencia. Quizás esto explique que aún carezcamos de campañas contra la violencia, cuando disponemos de campañas de tráfico con periodicidad bimensual. Son los medios de comunicación quienes informan sobre los episodios de violencia, sobre la crueldad de los asesinatos y, aunque aún esta materia informativa se ubique en la sección de sociedad y no en la sección política, es indudable que han contribuido a mantener este persistente fenómeno.

Una víctima sin similitudes: la mujer maltratada

Las relaciones sentimentales fueron el eje de la Ley, porque su dinámica genera una grave indefensión para la víctima y una certeza de impunidad para el agresor. Sabemos que toda pareja debería estar abierta para aceptar los desacuerdos como un factor saludable propio de la intimidad, porque de no existir diferencias, estaríamos ante un miembro que siempre cede frente a otro que lidera. Uno de los pactos igualitarios en un vínculo afectivo radica en ampliar la libertad del otro, para lograr que la pareja sea una suma de individuos con proyectos propios, no de roles, provistos de identidades y funciones. En nombre del amor, no cabe exigir la pertenencia de otra persona, nadie es propiedad privada de nadie. Muchas mujeres se comportan como si tuvieran un propietario, por lo cual la secuencia de “tenerse” como referencia se vuelve problemática para ellas, como si traicionaran su rol.

Saberse un individuo es mucho más que una afirmación personal, señala el grado de autonomía que puede disfrutar una persona, comprobar si se toma como referencia a la hora de tomar decisiones o bien busca la aprobación. Por ejemplo, en los lenguajes cotidianos detectamos a mujeres, jóvenes o adultas sometiendo sus opciones al consentimiento de sus parejas afectivas. En suma, considerarse sujeto es la máxima protección contra la violencia y precisa de una poderosa voluntad de deslealtad hacia los preceptos de género, un doble vínculo con difícil salida. Si la privacidad, en el sentido positivo de lo “propio” y como elemento constitutivo de la individualidad, es una tarea difícil para cualquiera, lo es aún más para quienes gozan de mayor aceptación, si la renuncia y el sacrificio conforman sus virtudes públicas más valoradas. La habitación propia de Virginia Woolf resulta una brillante metáfora de la decisión a pensarse en singular, libre de toda demanda externa que las encierre en un conflicto de lealtades, entre lo que quiere hacer y lo que debe. En esta línea, Richard Sennett, señala dos tipos de compromiso, aquellos que parten de la decisión y los que encierran un mandato de obligación.

Podríamos afirmar, que la autonomía, entendida como “autogobierno”, como libertad de pensamiento y de acción es la prevención más eficaz contra todo tipo de violencias. Sabiendo, de la dificultad que esto entraña en una relación de pareja. Como señala la socióloga Eva Illouz, todo vínculo sentimental opera sobre “la economía de la escasez respecto a las libres opciones con otros encuentros”. Y añade “qué se puede esperar legítimamente del otro sin quebrantar su libertad”. Ahora bien, si nos centramos en una relación de maltrato no cabe esperar matices: la libertad de movimiento está prohibida. Se reclama una severa división de roles, y cualquier rasgo de individualidad será interpretado como una rebelión inaceptable, ante la cual el castigo sirve de advertencia y alecciona de posibles infracciones.

¿Qué diferencias existen en una víctima de violencia respecto a otras víctimas? Pensemos en un escenario de conflicto. Ante el mismo, un sujeto tiene la posibilidad de huir, pedir ayuda, o responder a la agresión. Ninguno de estos gestos son opciones para una víctima de violencia. La huida es tan complicada, por las dudas y el miedo, que la psicóloga Leonor Walker escribió una estrategia de fuga específica para las mujeres maltratadas. Tampoco pide ayuda, ni lo comparte con sus amistades o con su familia. Volverá clandestinos los agravios y las agresiones que sufre. Incluso aquellos que dejan señales; camuflará sus lesiones y si requieren atención médica los revestirá de accidentes domésticos. Hecho que motivó en la Ley la creación de unos protocolos destinados a los facultativos de atención primaria, quienes se hallaban ante la contradicción deontológica, de dar verosimilitud al testimonio de la paciente, o bien redactar un parte de denuncia ante la evidencia de las agresiones. Porque la denunciar representa para las mujeres maltratadas un rotundo fracaso personal, la constatación de no haber sabido hacerlo de un modo que no provoque iras.

Como investigadora, al realizar grupos de discusión con mujeres maltratadas, coincido con otros que concluyen que el sentimiento de vergüenza, de culpabilidad y fracaso sólo deja de ser paralizante en el caso de que los hijos e hijas puedan sufrir algún riesgo. En esas circunstancias el rol de madre, gana al de esposa, o compañera sentimental, y produce el impulso necesario para solicitar ayuda o asesoramiento. Del resultado de este acompañamiento experto dependerá el tiempo que requiera para sentirse segura e interponer una denuncia. La víctima de violencia es singular por otros motivos. Porque no responde a la agresión, aun viviendo en un régimen de terror cotidiano, ella espera a que las cosas cambien, mientras realiza un autoexamen revisando en qué podría haber fallado. Su discurso culpabilizador coexiste con la rehabilitación del agresor, buscando una explicación a su hostilidad. Siempre serán los agentes externos los responsables de su crueldad: el trabajo, su carácter, su infancia. Michael Foucault señalaba que el miedo es el mejor instrumento de control porque logra que la víctima aprenda a examinar cada gesto que pueda molestar a su agresor. Se inhibe por adelantado anticipándose a las posibles reacciones. El miedo es devastador y anestesia cualquier intento de salida.

Sin analizar estos hechos, sin analizar qué significa la igualdad, los cuerpos y fuerzas de seguridad, trabajadoras y trabajadores sociales, el personal médico, del campo de la psicología, o de la judicatura, fiscalía y abogacía seguirán sin comprender por qué resulta tan lento y penoso para las mujeres maltratadas tomar la decisión de denunciar, o qué causas concurren para que ella retire una denuncia antes de la vista oral. En otros escenarios, como las casas de acogida, o los pisos de emergencia, las directoras se preguntan qué les lleva a preguntar por él una vez que el miedo ha remitido, o qué les incita a querer acordar una cita. Incluso aspectos aún más espinosos, cuando una Orden de Alejamiento se vulnera cada vez que ella abre la puerta o accede a un encuentro, aun sabiendo que éste sea sumamente peligroso. Todas estas vicisitudes provocan que los profesionales, la policía nacional o local, no sepan cómo actuar, aunque el cumplimiento de la Ley es taxativa: vulnerar la Orden de Alejamiento es constitutiva de delito, pero el consentimiento de la víctima les confunde. El resto de los profesionales, saben que a pesar de haber invertido su trabajo, o su asesoramiento acompañado a la víctima, ésta no responde como el resto de las víctimas a su intervención; duda y perdona. Por lo que es lógico, que experimenten una desafección con su tarea, porque no siempre existe reciprocidad entre su empeño y el resultado esperado.

Lo mismo sucede en la familia nuclear de la mujer agredida, o bien están desorientados porque no aciertan sobre cómo influir en su hija, o en su hermana, y porque temen que al advertirla del peligro de una relación tan nociva provoquen, muy a su pesar, la reacción contraria: una encendida defensa del maltratador. Su desorientación es el motivo de demanda al teléfono de emergencia 016, que registra una media de un 23% de sus llamadas a solicitud de familiares y allegados. En otros casos, encontramos aquellas familias que prefieren apelar a la estabilidad de la pareja y minimizan el desastre, por lo que la disuaden de mantener la denuncia y, en muchas ocasiones, le piden que la retire. Lo que constituye uno de los motivos de preocupación para la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas (www.cemabog.org)sobre el papel que juega la familia en la cronificación de la violencia. Pero todas estas aptitudes carecerían de sentido sin relacionar la violencia contra las mujeres con las políticas de igualdad y el género. Por supuesto, sin olvidarnos qué clase de perjuicios persisten para desautorizar la Ley, y lo que es más grave, a las mujeres víctimas de violencia de género, como incoherentes, o tramposas, como sucedió con la difamación sobre las denuncias falsas.

Podría parecer que los valores de la sociedad se renuevan en la medida que se ejercita la democracia, tanto en la esfera pública como privada. Lo que significa enterrar principios de autoritarismo y subordinación hasta convertirlos en aptitudes intolerables. Sin embargo, las encuestas (Barómetros del CIS) demuestran que la igualdad, como principio; es decir como idea es aceptada sin fisuras. Todas las respuestas coinciden en que mujeres y hombres disfrutan de los mismos derechos, ahora bien, cuando la igualdad ha de traducirse en prácticas sociales concretas, en acciones, los parámetros de género muestran enormes resistencias. Persevera la desigualdad en el uso del tiempo. Un solo ejemplo en cuanto al grado de corresponsabilidad familiar: La atención de hijos e hijas (CIS. Marzo, 2014 ) es asumida por las madres en un 82%, seguida de la abuela en un 8,5% y en tercer lugar el padre, con un 4,5%.

La vigencia del término “género”

El término género no debe entenderse sólo en el plano descriptivo de unas diferencias biológicas, sino como una interpretación cultural, un conjunto de expectativas sociales de los roles que han de desempeñar mujeres y hombres. En suma, un código de comportamientos y de convenciones sociales. Está directamente ligado a la división de espacios: lo público y lo privado. La sociedad, si bien parece distribuir jurídicamente la igualdad, nombra como responsables del hogar a las mujeres y como sustentadores principales a los varones. Ante un conflicto dentro de una relación afectiva, cabría saber si nos hallamos ante dos sujetos cuya opinión quiere hacerse valer, o bien son los roles masculinos y femeninos quienes se abren paso en la contienda. ¿En que se apoya cada uno en la discusión, de qué modelos o experiencias se sirven? Los roles son pautas de conducta exigentes y logran ejercer una enorme presión de conformidad, pero a cambio aseguran a quienes se adaptan un tranquilizador sentimiento de legitimidad ante los demás. No hay rupturas ni extrañezas. En definitiva, un código basado en el “deber ser”, en el caso de los roles femeninos más orientados a especializarse en lo ajeno, que en una misma como un marco de referencia vital.

Si la categoría género es útil para entender qué papel juegan los roles, aumenta su capacidad explicativa a la hora de interpretar la dinámica de una relación de maltrato. Por ejemplo, ¿a qué patrones de comportamiento responde permanecer cautiva de una relación de maltrato durante 8 años de promedio? O, el número estadísticamente relevante de hombres que no dudan en declarar que las aman, incluso después de haberles provocado lesiones o la muerte. ¿Qué les lleva a experimentar una culpabilidad subjetiva cuando son ellas las vejadas y agredidas? ¿Por qué no actúan como otro tipo de víctimas, con capacidad para asociarse y demandar adhesiones a la sociedad, con fuerza para denunciar su agresión públicamente, y exigen de manera firme una reparación al daño causado? Son escasas las asociaciones, o su nombre lo dice todo: Asociación Mujeres Supervivientes de Andalucía. La mayoría de las mujeres maltratadas no siguen este modelo, la vergüenza y una enorme sensación de derrota las inhabilita para formar asociaciones, o para reclamar medidas cuando las Administraciones Públicas no actúan con la debida diligencia.

En las relaciones de maltrato el peso de los roles de género no sólo actúan como un elemento desencadenante del conflicto, también sirven para perpetuarlo. Muchos policías se sorprenden sobre el tipo de hechos que el agresor relata como motivo de una paliza, e incluso del asesinato. Las diligencias recogen unos hechos que, aparentemente, carecen de entidad para provocar tan cruel castigo. En principio, pudieran parecer hechos sin importancia, discusiones habituales en el ámbito doméstico. Su perplejidad es sincera. No lo entienden. Lo cual es lógico, porque se trata de algo mucho más importante que el grado de satisfacción respecto a la tarea doméstica; el maltratador persigue verificar un escrupuloso cumplimiento del rol femenino y por supuesto, de no hacerse así su pareja se atendrá a las consecuencias.

Sabemos que el rol de esposa y madre aún están confinados a un desprendimiento de una misma para atender las necesidades ajenas. Y aunque los nuevos estilos de vida han enriquecido las formas de su ejercicio: madre sola, mujeres separadas, o madres con una orientación sexual distinta, sus compromisos de atención son requeridos sin contemplaciones. Resulta muy difícil mantener unos límites a las demandas familiares y, con el mismo empeño a mantener a salvo una relación de pareja, más aún exigir reciprocidad. La figura de la “madre” no sólo alude a quienes efectivamente lo son, sino que se reclama como un atributo definitorio, una cualidad sustancialmente femenina. La maternidad siempre remite a un rol femenino; un hombre se feminiza al adoptarlo y pasa a ser una excepción con una gran valoración positiva. Así es, porque la definición de la paternidad se define por otros rasgos: la trasmisión de apellido y de la principal renta familiar. En cambio, la maternidad es una aptitud de cuidado, de hecho las chicas jóvenes “cuidan” a sus compañeros sentimentales, se ajustan a sus tiempos, a su peculiar forma de ser, o bien se adaptan a sus gustos, o a sus amigos. Y, en la mayoría de los casos, esta atención conlleva la desatención de sus propias amistades, o afecta a su rendimiento. ¿Todavía nos sorprende que en una vista oral, la víctima rectifique su testimonio? Además el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la figura del derecho a la dispensa, o la posibilidad que tiene toda mujer de no declarar contra su marido, aunque éste sea el maltratador y ella la víctima. Ante lo cual el fiscal puede retirar la acusación.

Sostener emocionalmente una relación es definido como logro en el discurso femenino, ello pudiera explicar que más de un 36% de las víctimas se nieguen a declarar contra su marido o compañero sentimental. Lo cual nos indica la tensión de lealtades que operan en un acto procesal de este tipo, donde no siempre los jueces advierten de lo que eso significa. Los resultados son estremecedores, el maltratador sale en libertad y es previsible que ajuste cuentas con su “delatora”. La Memoria Anual de la Fiscal de Sala, Coordinadora de la Violencia contra la Mujer, alerta sobre otras estrategias de desautorización de la víctima, como son los Recursos de Revisión ante la Sala II del Tribunal Supremo. El condenado se querella contra la víctima sosteniendo que su condena sólo se basó en una denuncia, la mujer se presta a declarar y, como resultado de confirmar este supuesto, queda condenada. La propia Memoria reconoce que es preciso estudiar esta forma específica de violencia, porque sabe que los comportamientos de género inciden en el desarrollo procesal. El número de sobreseimientos es el indicador sobre el grado de impunidad de los maltratadores, que desde el año 2005 ha supuesto un incremento de un 158%. Suspender la causa por falta de pruebas, sin iniciar investigaciones de oficio, delata un mal funcionamiento de los órganos de justicia, ante cuyos déficits no parece haber ni un seguimiento y, mucho menos, se activan las medidas correctoras suficientes.

En cuanto a los hombres maltratadores, un debate permanente se centraba sobre la posibilidad de lograr su rehabilitación, o bien dudar de cualquier método eficaz para ello. Este tema, además gravita sobre una posición ética acerca de la capacidad de recuperación de un sujeto. En el caso de los maltratadores, es una condición ineludible que éstos acepten su responsabilidad en la agresión, sin señalar a su pareja como la principal causante de su hostilidad. Y esta dificultad en reconocerse como agresor, es precisamente el obstáculo sobre el que aluden la mayoría de los terapeutas en el tratamiento. Los maltratadores encuentran una extraordinaria dificultad en asumir la responsabilidad de sus acciones, para minimizarlas. Los hombres violentos, ni perciben el pánico ni viven disculpándose. Testimonios de los que son testigos permanentes los cuerpos de policía especializados, que observan su modo de definirse: sujetos que “responden” a una provocación, a una suerte de insubordinación. Del mismo modo, cuando el conflicto remite los maltratadores saben activar la lástima, han vivido del perdón y de las segundas oportunidades que les facilitaba la víctima. Esto ocurre justo en el momento de la ruptura, o cuando se está tramitando una denuncia. Es frecuente hallar testimonios de hombres que reclaman el perdón y apelan al sentimiento de pena, pero sin reconocer la gravedad de lo sucedido, no para rendir cuentas sobre lo arraigado del poder y el narcisismo, sino con la intención de purgarse, de redimirse.

“Yo parecía la victima cuando salí de la cárcel”. Un maltratador que narró en el diario El País (13.03.2011) cómo disciplinó a su mujer, una periodista con carácter independiente, que a pesar de reiteradas agresiones, nunca denunció. Fueron los vecinos, porque los golpes suenan, quienes tomaron la iniciativa. Otras veces, son los vecinos quienes declaran en los reportajes de televisión, la extrañeza ante la detención de un maltratador, puesto que era correcto, e incluso, amable. Sin pensar que el agresor se especializa en quien sabe que seguro mantendrá la espiral de silencio que precisa la violencia. También La Ley contra la Violencia contempla medidas en este campo. Se incluyeron trabajos en beneficio de la comunidad, como parte de la reeducación de maltratadores, una medida aún pendiente de práctica. Sería difícil contabilizar el número de Ayuntamientos que así lo hicieron, pero no cualquier clase de trabajo, sino aquellos cuya naturaleza esté ligada al cuidado, por ejemplo, en la atención de personas dependientes, o en centros de salud, o de mayores. Porque si el poder ha estructurado sus relaciones sentimentales, vivenciarse en la posición de procurar cuidado a los demás, sería un cambio nada desdeñable para ellos.

Sabemos que la identidad masculina se centra en una independencia económica y en aportar la principal renta a la unidad familiar. Su identidad positiva es directamente proporcional a su posición en el mercado de trabajo. ¿Acaso no se vincula la identidad masculina con la esfera laboral? Con tal contundencia como la que conlleva un despido en el que se hace un examen retrospectivo sobre en qué se falló. El cine de Fernando León, en su film Los lunes al sol, muestra la desolación de un grupo de hombres despedidos, cuya conversación se recrea en las anécdotas de su trabajo, única forma de seguir cohesionando al grupo. Otro tema sería reparar en el papel reservado a las mujeres de sus protagonistas. Resignificar la masculinidad, tomar el poder patriarcal como una debilidad y no como un signo de prestigio, es un buen ejercicio que promueven los Grupos de Hombres por la Igualdad, quienes buscan renovar los modos de relación convencional, donde la sentimentalidad mal entendida, requiere de la subordinación sentimental de las mujeres para afianzarse.

Materiales de derribo contra la Ley.

Desde el año 2005 que se crea, siguiendo la Ley 1/2004, el Observatorio Estatal de la Violencia de Género (https://www.msssi.gob.es/) no hay respuestas institucionales firmes a la altura de la gravedad del fenómeno. Incluso, contando con 65 mujeres asesinadas de promedio año, aún persisten ideas que colocan la Ley como sospechosa de no ser ecuánime con los principios de igualdad de trato ante la justicia. Veamos algunas de ellas y aprovechemos para hacernos preguntas sobre los significados que recaen sobre la violencia.

La primera de las difamaciones fue extender la idea de que las mujeres maltratadas incurrían en el delito de falsedad en sede judicial, sosteniendo denuncias falsas, las cuales son constitutivas de delito, conforme a los artículos 456 y 457 del Código Penal. Ante ellas, el juez, como la fiscalía o el Ministerio Público, debe actuar con contundencia. La responsable de contaminar a la opinión pública con estas afirmaciones, fue la Jueza Decana de Barcelona, María Sanahuja que añadía “da la sensación que algunas personas usan la fase de instrucción para tener mejor situación en los casos de separación”. El terreno estaba abonado para fomentar el sentimiento de sospecha sobre las mujeres maltratadas. Nunca presentó datos, o estadísticas que avalaran su afirmación. La cual sigue dando sus frutos, dado que recientemente, un Diputado de UpyD, miembro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, sin aportar dato alguno, pero sabiendo muy bien que se hacía eco de un estereotipo con gran aceptación, volvió a inculpar a las mujeres. Tuvo que ser el Consejo General del Poder Judicial quien recordará en su informe del año 2011 que se produjeron 134.002 denuncias de las cuales sólo 19 fueron falsas, es decir, un 0,01. Pero sabemos bien que los prejuicios no admiten argumentos. En este sentido, cabría hacerse una pregunta: ¿Qué opera en la sociedad española para no contrarrestar esta idea con el elevado número de denuncias? Sin contar que el teléfono de emergencia 016, creado en el año 2005 con el único propósito de asesorar, haya recibido a 1 de enero de 2014, 10.220 consultas, o las 9.475 registradas en el año anterior.

Otra difamación radica en plantear que la Ley es inservible, tan contundente conclusión se expresa sin contar con una evaluación de la misma, como se fijó en la Disposición Adicional undécima. Lamentablemente, sólo se dispone de un informe de un grupo de expertos a iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en abril de 2006, referido sólo a cuestiones técnicas sobre su aplicabilidad. Es necesario emprender una evaluación global, con más años de perspectiva. Y sobre todo, en relación con los mecanismos de coordinación que fijó en su articulado. Por ejemplo, las Unidades de Igualdad de las Subdelegaciones de Gobierno, ubicadas en cada capital de provincia con el objetivo de reunir a jueces, fiscales, cuerpos y fuerzas de seguridad, asociaciones de mujeres. Uno de los primeros recursos que utilizan las mujeres para asesorarse, así como cualquier grupo experto. De esta forma se actuaría en un doble plano: prevención y seguimiento de las víctimas de violencia. Sin olvidar, el ámbito rural que tan estrecho margen de anonimato ofrece a las mujeres que quieren asesorarse o denunciar. Estas unidades dependen de la Vicepresidencia de Gobierno, deberían contar con personal y con medios. ¿Qué objetivos se han cumplido en estas Subdelegaciones, o bien, con a qué tipo de obstáculos se enfrentan?

Lo más cómodo es reproducir la lógica del rival y manifestar que la Ley no funciona y a continuación añadir el número de víctimas como prueba irrefutable de su fracaso. Así es la norma y no su aplicación la responsable de esta pérdida de eficacia. Así se pronunció la Ministra Ana Mato en sede parlamentaria, proponiendo un mecanismo que se ha vuelto el comodín político por excelencia: un Pacto de Estado, un compromiso entre Gobierno y distintos grupos políticos para establecer acuerdos sobre esta materia. Es evidente, que el primer punto debería ser aplicar la Ley, para para ello se ha de contar con un riguroso diagnóstico del grado de cumplimiento de la misma. Sin embargo, la retórica política soporta todo y tiende a poner el cronómetro a cero. Así mientras el Ministerio competente de su seguimiento se inclina por las alianzas, el Ministerio de Justicia estudia reformar el Código Penal introduciendo cambios lesivos para las víctimas de violencia de género. Veamos algunos: determinar una pena de multa para los delitos de violencia, dado que en el caso de ir a prisión el maltratador, esto afecta a los bienes gananciales, e incluso merma la renta familiar. Las vejaciones deberán ser falta y no delito. O el más grave, por contradecir las prescripciones de Naciones Unidas, es utilizar el mecanismo de mediación cuando una de las condiciones para que ésta sea efectiva es que exista una relación de equivalencia en cuanto a la capacidad de negociación, algo imposible si se reconoce que entre una víctima y su agresor, el poder es la pauta interactiva predominante.

Otro argumento sobre la supuesta inutilidad de la Ley, que triunfa entre quienes sospechan de la inutilidad de la misma, es decir que lo más útil es la educación, en una clara invocación a la capacidad de los valores sociales para desechar conductas intolerables en las relaciones de pareja. Sin embargo, aunque la Ley incluyó la posibilidad de que Asociaciones o personas expertas en esta materia, se integrarán en los Consejos Escolares, a 10 años de la promulgación de la norma, aún no se ha aplicado. Si a ello sumamos la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, donde el respeto y la resolución de conflictos formaban parte curricular y aportaba ideas para la didáctica escolar, el escenario se complica. Es cierto que apelar a la educación es totalmente necesario. La educación mixta se implantó en España en 1970, pero a pesar de ello, aún pervive una distinta valoración sobre las conductas de niñas y niños: “los niños no lloran” y “las niñas no deben hablar así”, como expresa Marina Subirats, son signos de una educación que debería introducir materiales de coeducación como forma de corregir estas conductas. Por suerte, contamos con excelentes materiales que versan sobre cómo educar para la igualdad, o impulsan una educación no sexista, que Institutos de la Mujer o asociaciones de profesoras han elaborado. Aun así, el sistema educativo no hace los suficientes esfuerzos en esta línea. Ante ello surge una pregunta: ¿Qué resultados obtendríamos si el sistema educativo hiciera el mismo esfuerzo que cuando logró al desacreditar el hábito de fumar, si insistiera en la importancia del cuidado en el ámbito familiar, así como en un reparto equitativo de las tareas domésticas?

Una forma eficaz de derribo radica en ir degradando la igualdad privándola de recursos. Las políticas de igualdad, son políticas activas y como tal son un asunto económico. Los Presupuestos Generales del Estado y de las Administraciones Públicas han reducido en un 27% los capítulos de gasto destinados a la violencia de género. Sabemos que este mes de noviembre celebrarán muchos actos condenando la violencia, este gesto es gratis y mantiene su capacidad de convocatoria ciudadana, pero y simultáneamente es compatible seguir al pie de la letra la Ley 27/2013 sobre la Racionalización de la Administración Local, que afectará directamente a la prestación de atención a la Violencia de Género. Pero es mucho esperar que las agendas políticas supervisen los efectos de su toma de decisiones, aunque sean lesivas para las trayectorias profesionales y vitales de las mujeres.

Todo cabe en materia de igualdad, por ello mientras se busca un Pacto de Estado cautivo de la buena voluntad de las partes, hay pendientes de aprobación leyes urgentes, como una Ley Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual. O bien, recuperar derechos que se han quebrantado,como que las mujeres hayan dejado de cotizar por cuidados a personas dependientes la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, más conocida como la Ley de Dependencia, ha sido derogada de facto, aunque siga en vigor.

No hay consecuencias, porque lo que no aporten las Administraciones Públicas, como son las prestaciones derivadas de los servicios sociales, bien los pueden cubrir las mujeres, que de hecho no contabilizan el tiempo donado en los cuidados, ni obtienen reconocimiento alguno por parte de los miembros de la familia que se benefician de ello. Si se sigue degradando la igualdad como derecho práctico, no será fácil para una mujer maltratada creer que le asiste el derecho a proteger su dignidad, física o mental, si además sólo es visible para los poderes públicos el 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres.

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