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domingo, abril 23, 2017

Nuestra lucha contra los feminicidios en Latinoamérica

Ilka Oliva Corado

Crónicas de una inquilina La autora ve necesario que nos informemos y formemos sobre qué es eso del patriarcado y cómo funciona, desde la judicatura hasta toda la sociedad, partiendo del ejemplo de las graves cifras de feminicidios existentes en la latinoamérica actual. Solamente implicándose todos los sectores de la sociedad se podrá acabar con esta lacra que es el patriarcado y sus violencias machistas.


El 8 de abril se cumplió un mes del feminicidio de 41 niñas, a las que el Estado de Guatemala violó y quemó vivas. Y también, el 8 de abril apareció el cuerpo de Micaela García, una niña argentina miembro del Movimiento Evita que hace unos días había desaparecido. Micaela, de 21 años estudiaba la carrera de Educación Física, se desvivía por los parias, los negritos esos a los que el clasismo detesta. La violó y la asesinó un violador serial al que un juez dejó en libertad porque según él lo único que tenía era una “perversidad natural.” En el mismo país, hace solo unos meses, en octubre de 2016, Lucía Pérez, de 16 años fue drogada y asesinada.

Los forenses descubrieron que había sido violada por la vagina y por el ano, no solo con el pene, también le metieron un palo por ambas vías, palo que le atravesó el cuerpo. Murió de tanto dolor. La muerte de Lucía encolerizó al pueblo argentino, que llamó a la marcha de #NiUnaMenos y a la que se unió el continente entero.

En México, en los últimos seis años 900 mujeres y niñas han sido asesinadas en feminicidios. En Chile, 2016, el nombre de Nabila salió a la luz pública cuando fue encontrada en la calle por un adolescente, al ser llevaba al hospital encontraron que le habían sacado los ojos, que tenía fracturado el cráneo y la mandíbula. El relato oficial cuenta que fue a una fiesta con su pareja, padre de dos de sus cuatro hijos, y que se “emborrachó”, y estaba en “descontrol” y que al llegar al taller mecánico donde vivían, la golpeó. Fue acusado de femicidio frustrado y mutilación.

En Colombia 2016, Yuliana, niña indígena de 7 años, fue violada y estrangulada hasta la muerte en Bogotá. El culpable, un hombre de alta clase social que “bajo efectos de las drogas” cometió el delito. El resto ya lo conocemos. En Zacapa, Guatemala Yohana, de 8 años de edad, en el 2016 fue violada por tres hombres y ahorcada. Sus padres habían salido de la aldea, para ir a cobrar dinero de un programa social y dejaron a sus 3 hijos en casa, los hombres entraron aprovechando la ausencia de los padres.

Cito solamente algunos casos, porque son miles. Hace unos días un juez en México dejó en libertad a un violador porque consideró que meter los dedos dentro de la vagina de la víctima no era violación. Algo que respaldó un conocido intelectual mexicano en un programa radial de la UNAM, y aparte dijo que a las mujeres nos gusta que nos violen.

En Latinoamérica el 98% de los casos de feminicidios queda en impunidad. Y los pocos que se logran comprobar y se abren procesos en cortes, tienen un final triste, el culpable es declarado inocente. Por razones patriarcales: la víctima lo provocó por vestirse de tal manera, por salir a altas horas de la noche, por pasar por tal lugar, por no querer acostarse con él. La razón de las violaciones sexuales y los feminicidios es una sola: el género. Jueces, hombres y mujeres con mente patriarcal toman decisiones patriarcales y dejan en libertad a los culpables o toman los casos sin seriedad por tratarse de mujeres vulneradas.

Es necesario que todos, en todos lados, nos informemos sobre el patriarcado, desde el lenguaje patriarcal pasando por los mal llamados piropos, que no son más que acoso, hasta llegar al sistema de justicia, pasando por medios de comunicación y su forma de dar las noticias.

Ninguna mujer es culpable y provoca que la violencia, la golpeen y la asesinen. Ninguna mujer pide ser violada, o que le griten guapa en la calle, que le toquen las nalgas o las tetas en el autobús. Si una mujer dice no es no, así sea su pareja. Las mujeres no somos objeto de nadie y esto lo deben de entender los jueces, el sistema.

Necesitamos un sistema de justicia con perspectiva de género, gente capacitada que tenga el conocimiento sobre el patriarcado, para que lleve los casos y dicte sentencias con todo el peso de la ley. Un ejemplo de la ineptitud de un sistema de justicia, patriarcal es el caso de las 41 niñas asesinadas, que fueron quemadas vivas en Guatemala, a los culpables se les está tratando con privilegios de clase y poder. El presidente debió ser destituido inmediatamente el mismo día que las niñas fueron quemadas, con más razón si ellas ya habían denunciado que ahí las violaba personal del lugar.

Pero cambiar el sistema no es cosa fácil, para eso tenemos que involucrarnos todos, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿cuándo vamos a empezar? La lucha contra la feminicidios, la violencia de género y el patriarcado tiene que ser de todos, ¿quiénes se apuntan?

martes, junio 19, 2012

¿Femicidio o Feminicidio?


Por: Gisela Giménez
Las venezolanas contamos con un instrumento jurídico como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual contiene diecinueve formas de violencia, estas pueden generarse tanto en el ámbito público como en el privado. Esta Ley no ha impedido que ocurran hechos criminales contra las mujeres venezolanas quienes aun siguen afectadas por la violencia de género.

Con la vigencia de la Ley se ha observado un cambio importante al reconocerse públicamente que esta violencia contra las mujeres se presenta en los medios de comunicación social y en la opinión publica en general, visibilizándose de esta forma los hechos que antes quedaban guardados en las paredes de la casa dejando profundas huellas en la autoestima de la víctima.

Debemos reflexionar sobre la importancia de la justicia de género por cuanto los y las funcionarias que estan obligadas y obligados a hacer cumplir la Ley y dictar las medidas de protección a la víctima y la aplicación de sanciones al agresor, en muchos casos imponen una visión patriarcal incumpliendo con los mandatos legales y promoviendo la impunidad de estos delitos.

El Presidente Hugo Chávez ha señalado la necesidad de promulgar un nuevo Código Orgánico Penal, por lo cual es propicio iniciar un debate que permita la incorporación de un nuevo tipo penal autónomo que tipifique y sancione el Femicidio o Feminicidio, conceptos dentro del que se comprenden los homicidios de mujeres por el hecho de ser tales, el cual es cometido por sus parejas actuales o pasadas. Con estos tipos penales se propone hacer visible los asesinatos de mujeres por su condición de mujeres, dentro del contexto socio-cultural que las ubica en un rol de subordinación que las expone a múltiples formas de violencia en todos los ciclos de vida.

Si bien es cierto que suele ocurrir este tipo de homicidio entre parejas que tuvieron o tienen una relación intima de convivencia o afín con la víctima, es necesario destacar que ocurren hechos en los cuales el homicidio de mujeres es parte de la violencia sexual ejercida contra las victimas aunque no exista este vinculo anterior o presente.

La violencia contra las mujeres y sus diversas formas de manifestarse son reconocidas recientemente como una grave violación de los derechos humanos, por tanto las medidas legislativas para garantizar la protección de esos derechos se encuentran en plena evolución. En materia penal hemos visto como se derogan disposiciones penales de contenido discriminatorio, especialmente en delitos sexuales y en aquellos delitos en los que se disminuían las penas ante ciertas formas de violencia contra las mujeres, estableciéndose sanciones en actos de violencia intrafamiliar que pasan a ser considerados hechos punibles y también en la comunidad con delitos como la trata de personas y el acoso sexual.

Se requiere que la normativa penal incorpore al nuevo Código un tipo penal específico que contenga el feminicidio o femicidio como conceptos que dotan de visibilidad la violencia contra las mujeres en relación con parejas heterosexuales, sin excluir de la misma protección penal otras formas de violencia como las relaciones homosexuales que no pueden ser discriminadas en la norma que permite superar la discriminación contra las mujeres por razones de género.

miércoles, marzo 28, 2012

Organizaciones de Mujeres denuncian como FEMINICIDIO, asesinato de la concejala Juana Quispe Apaza en Bolivia

Las organizaciones de mujeres denuncian este caso como un femicidio. Juana Quispe era integrante de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de La Paz Bartolina Sisa, una entidad afín al Movimiento al Socialismo.

Con manifiesto de repudio, rechazo y condena a este feminicidio de la concejala Juana Quispe Apaza, del municipio de Ancoraimes, de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, se pronunció el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), tras su muerte el pasado 13 de marzo.

Apaza, además de dirigenta de las mujeres campesinas en la provincia Omasuyos, también fue una de las gestoras del proyecto de Ley Contra el Acoso y Violencia Política que se encuentra en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Las investigaciones de la fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz presumen que el asesinato de la municipalista sería consecuencia de una venganza de orden político.


Quispe, elegida como concejala por la agrupación ciudadana FSUTCLP-TK, e interpuso dos recursos de amparo contra todos los concejales y contra el alcalde de Ancoraimes, pues no se le permitía participar en las sesiones, señala CIDEM.
Agrega que la justicia declaró procedente el recurso, ante lo que intentó habilitar a su suplente, pero tampoco se le permitió hacerlo, así que presentó un nuevo recurso que también fue declarado procedente.

La jornada nacional de acullico, el 12 de marzo, fue la última actividad pública en la que Juana Quispe Apaza participó, y al día siguiente apareció asesinada.

Las investigaciones preliminares establecen que la concejala fue estrangulada. Su cadáver ha sido encontrado en inmediaciones del río Orkojahuira, en la ciudad de La Paz.

Por tanto, el CIDEM, organización defensora de los derechos humanos de las mujeres, exigió a las autoridades policiales, fiscalía y operadores de justicia que el asesinato de la concejala no quede en la impunidad.

domingo, marzo 25, 2012

Feminicidio, un mal ancestral

Por Sinay Céspedes Moreno / Revista Mujeres
En medio de las acciones mundiales por igualdad social para las mujeres, el feminicidio o asesinato de mujeres por razones de género anualmente cobra numerosas víctimas en todo el orbe, y es un delito frecuente en estados latinoamericanos y caribeños.

Para los defensores del sexo femenino, luchar contra las inequidades y aplicar reformas educativas son factores clave en el intento de frenar la elevada incidencia de ese flagelo.

Asimismo, muchos coinciden en que en la búsqueda de soluciones contra ese mal se deben incluir componentes socioeconómicos, ideológicos y legales, e involucrar a todos los sectores de la sociedad.

Con el objetivo de eliminar esa práctica, son varios los gobiernos, sobre todo latinoamericanos y caribeños, que implementan programas destinados a favorecer a la mujer y condenar la violencia en su contra.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) aboga por reivindicar los derechos de ese sector de la sociedad, golpeado y minimizado por siglos.

Entre las acciones más recientes de ONU a favor de la mujer, destaca un llamado a reforzar la lucha contra la desigualdad de géneros y por el empoderamiento de las mujeres.

La convocatoria coincidió con las celebraciones a nivel mundial por el Día Internacional de la Mujer, conmemorado anualmente el 8 de marzo, fecha en la cual se alzan miles de voces contra el feminicidio, que incluye hechos de lesa humanidad como crímenes y desapariciones.

A juicio de estudiosos de esa materia, el homicidio de mujeres está vinculado fundamentalmente a las relaciones de inequidad y exclusión que enfrenta ese sector de la sociedad.

Según estiman algunos expertos, las mujeres entre 15 y 44 años enfrentan mayor probabilidad de ser mutiladas o ultimadas por hombres, que de morir víctimas de cáncer o enfermedades como la malaria, en accidentes de tráfico o guerras.

Por su parte, el Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas indicó que la desaparición de representantes del género femenino se debe también a otras prácticas en diferentes regiones del orbe.

Entre ellas destacan el aborto selectivo para interrumpir embarazos cuando los fetos son hembras, el infanticidio en algunos estados donde hay preferencia por los varones, y la falta de alimentación y atención médica a las niñas para priorizar el cuidado y salud del sexo masculino.

También influyen en el feminicidio los denominados asesinatos por cuestiones de honor, las muertes de dotes, el tráfico de mujeres y la violencia doméstica.

Esos males han sido abiertamente tratados por defensores de los derechos de las mujeres, sobre todo en los países latinoamericanos y caribeños, donde abunda el fenómeno.

En esas zonas existen 14 de los 25 estados con mayor tasa de muertes violentas de mujeres, de acuerdo con la organización Small Arms Survey.

En esa lista también aparecen El Salvador, Venezuela, Jamaica, Guatemala, México, Honduras, Colombia, Bolivia, Belice, Ecuador, Brasil, República Dominicana y Bahamas.

Solo en el estado guatemalteco se han cuantificado alrededor de seis mil registros de mujeres y niñas torturadas y asesinadas en la última década.

En México, los feminicidios en Ciudad Juárez y las muertas de Juárez son dos expresiones comunes para referencia a la suma de homicidios y asesinatos de mujeres de escasos recursos, ocurridos en esa localidad del estado de Chihuahua.

Aunque los datos varían en dependencia de las fuentes, los estimados indican que solo en 2010 fueron tres mil 100 las mujeres asesinadas.

Entre las naciones afectadas en otras regiones se encuentran Suráfrica, Rusia Azerbaiyán, Lituania, Belarús, Letonia, Kazajastán, Moldova, Kirguistán, Ucrania y Estonia.

Small Arms Survey resalta que alrededor de 66 mil mujeres son asesinadas cada año y un 17 por ciento de ellas son víctimas de homicidios intencionados.

El informe "Feminicidio: Un Problema Global" analizó los datos a nivel mundial entre 2004 y 2009 y concluyó que el flagelo es significativamente mayor en los territorios con altos niveles de homicidios.

La pesquisa recalca que, en general, los porcentajes son más elevados en países caracterizados por altos niveles de violencia, y en estos casos las mujeres "son atacadas en la esfera pública y los asesinatos son perpetrados en un clima general de indiferencia e impunidad".

Un tercio de los crímenes se perpetraron con armas de fuego, precisa.

Especifica además que en Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras el 60 por ciento de las muertes ocurrieron por heridas de balas, mientras en Ciudad Juárez la cifra cubrió al 80 por ciento.

Ante esos estimados, la lucha por eliminar los actos violentos y homicidios de mujeres se han convertido en prioridad de varias administraciones nacionales y en tema central del trabajo de organizaciones no gubernamentales.

De esa manera, México, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela son algunas de las naciones que cuentan con instituciones que apoyan los derechos de las mujeres y abogan por concederles un lugar justo en la sociedad.

A pesar de los avances, según cifras de ONU hasta los países con los mejores indicadores todavía registran desigualdades entre mujeres y hombres, en cuanto a salarios por igual trabajo y participación en la toma de decisiones, entre otros aspectos.

Fuente: PL

martes, febrero 07, 2012

Publicación Contribuciones al debate sobre la tipificacion penal del Feminicidio-Femicidio


Fuente: Cladem
Tiene por objetivo analizar el tema sobre la pertinencia o no de un tipo penal de feminicidio/femicidio; los tipos de figuras que se han legislado hasta la fecha en distintos países y los resultados que dieron. De esta manera, intentamos elaborar aportes sobre un tema que se está debatiendo en toda la región. Asimismo, desde el objetivo de vigilancia de la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos, colaborar con el trabajo del Comité de Expertas en Violencia (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). Dado que es frecuente que se pongan muchas expectativas en la creación de una figura penal que sancione adecuadamente los asesinatos de mujeres, y que para algunos gobiernos, crear una ley de femicidio/feminicidio ha sido más fácil que tomar medidas adecuadas para prevenirlos, es que el CLADEM impulsó un debate riguroso sobre la pertinencia o no de un tipo específico en el código penal y los requisitos necesarios.

En ese marco, el CLADEM organizó un Grupo de Trabajo, bajo la coordinación de Susana Chiarotti, que integrado por juristas de distintos países: Carmen Antony, de Chile, radicada en Panamá; Julieta Montaño, de Bolivia; Guadalupe Ramos de México y Rocío Villanueva, de Perú. Cada integrante del grupo produjo un documento sobre el tema. Los cuatro documentos son incluidos en esta publicación y fueron discutidos en una reunión presencial realizada en Buenos Aires a mediados de marzo de 2011. De la discusión grupal surgió un documento consolidado que sirvió luego de insumo para la Mesa Debate.

La Mesa Debate se realizó en Rosario, Argentina, en el mes de mayo, en donde se convocó juristas con distintas especialidades: profesores/as de derecho penal, jueces/juezas, abogados/as litigantes, defensores y feministas especializadas en el tema. La idea era contar con exponentes de las diferentes corrientes de opinión.

En esta publicación ponemos todos los elementos trabajados a disposición de aquellas personas interesadas en contribuir a la prevención y esclarecimiento de estos hechos, que constituyen la escala más grave de violencia contra las mujeres.

En primer lugar, se incluyen los 4 documentos elaborados por las integrantes del Grupo de Trabajo sobre Femicidio/Feminicidio. En segundo término, se incluye el documento consolidado que surgió luego de la Reunión de Buenos Aires. Finalmente, las memorias de la Mesa Debate y la lista de Participantes y Observadoras.

Esperamos que este material sea de utilidad en el trabajo de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente en su forma más grave: femicidios/feminicidios.


martes, diciembre 06, 2011

Atentado contra Norma Andrade: suma de impunidad y negligencia

Sin respuesta, medidas de protección para defensoras
Por Anayeli García y Patricia Mayorga, corresponsal(CIMAC).-
El intento de homicidio contra la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, se suma a los cinco casos de amenazas y cinco asesinatos de defensoras de Derechos Humanos (DH) que han denunciado la impunidad del feminicidio y la trata de mujeres en Ciudad Juárez.

Cerca de las dos de la tarde del pasado viernes, Norma Andrade, una de las pioneras en documentar y acompañar los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en Juárez, recibió cinco impactos de bala cuando pretendía abordar su camioneta para ir a trabajar. Ahora permanece hospitalizada.

Andrade es madre de Lilia Alejandra García, una joven de 17 años que desapareció el 14 de febrero de 2001 y fue encontrada asesinada el 21 de febrero del mismo año en un predio de localidad fronteriza.

Desde entonces Norma, junto con su hija María Luisa García Andrade –conocida como Malú– y la maestra Marisela Ortiz fundaron Nuestras Hijas de Regreso a Casa.



LOS HECHOS

Norma, quien también es profesora, se encontraba afuera de su casa y en compañía de sus dos nietos, hijos de Lilia Alejandra, cuando fue atacada por un sujeto que disparó un arma de fuego provocándole heridas en torso, hombro derecho y la mano derecha.

De acuerdo con la vocera de la organización, Adazahira Chávez, la activista fue operada ayer para reconstruirle la mano y ponerle un clavo en el hombro derecho.

Al respecto, Malú señaló que la operación fue exitosa, pero debido a que Norma padece diabetes, ha resultado difícil controlarle la alta presión y el azúcar. “Está mejorando, pero aún está delicada”, reportó.

La vocera dijo a Cimacnoticias que según datos proporcionados por compañeros de trabajo de la escuela primaria donde Norma daba clases, a las 8 de la mañana de ese viernes sujetos desconocidos hablaron por teléfono al plantel preguntando “si había llegado a trabajar y a qué hora se presentaría”. Este hecho debe ser investigado, advirtió Chávez.

Malú, quien permanecía refugiada al interior de la República, regresó el pasado sábado a Juárez para apoyar a su madre, cuidar a sus sobrinos y exigir que se investigue el atentado. Ayer María Luisa y el fiscal de la Zona Norte, Jorge González Nicolás, se reunieron en privado para ver cómo van las investigaciones.

En este encuentro, la también luchadora social le pidió al fiscal que declarara públicamente que el atentado fue un intento de homicidio y no un robo como se ha manejado, a lo cual accedió; sin embargo, hasta el momento no hay una declaración pública y por el contrario, la protección policiaca que había en el hospital esta mañana fue retirada.

María Luisa refirió que ella y su madre eran custodiadas por agentes de la Fiscalía de la Zona Norte, pero sin mayor explicación hoy fueron retirados del lugar, dejándolas en la total indefensión, acusó.

OTROS CASOS

El atentado contra Norma se suma a las amenazas que recibieron María Luisa García, Marisela Ortiz, Cipriana Jurado, Sara Salazar y Emilia González; y se agrega a los asesinatos de las activistas Marisela Escobedo, Susana Chávez, Josefina Reyes, Luisa Ornelas y Malena Reyes. Todas ellas defensoras de DH en Ciudad Juárez.

Aunque desde 2008 María Luisa García y Marisela Ortiz cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y pese a que a finales de septiembre pasado María Luisa pidió a las autoridades federales y estatales que las medidas de protección se ampliaran a favor de su madre, ellas han sido blanco de hostigamiento y amenazas.

La madrugada del pasado 10 de marzo apareció una manta con frases intimidatorias en la escuela secundaria donde Marisela Ortiz daba clases en Juárez. Tras los hechos se vio obligada a abandonar el país y a refugiarse en Estados Unidos.

María Luisa García también tuvo que salir de Juárez y dejar a su madre, luego de que la madrugada del pasado 17 de febrero unos desconocidos quemaron el techo de su casa mientras ella estaba en un plantón en apoyo a la familia Reyes Salazar, una familia que también ha sufrido amenazas y asesinatos.

Cabe recordar que el 16 de diciembre de 2010 fue asesinada la activista Marisela Escobedo, quien buscaba justicia para su hija, Rubí Marisol, asesinada en 2008. A ella un hombre le disparó en la cabeza a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde instaló un plantón de protesta.

Organizaciones civiles han exhortado a las autoridades a adoptar un mecanismo nacional de protección eficaz que garantice la seguridad de todas las personas que se dedican a la promoción y defensa de los DH. El pasado 7 de julio, el gobierno federal publico un acuerdo para crear ese mecanismo, pero a la fecha está pendiente.

POSIBLE REPRESALIA

La abogada de la familia, Karla Michel Salas, quien se encuentra en Juárez para participar en un foro sobre feminicidio, explicó que ya se integró una carpeta de investigación (averiguación previa) que incluye testimonios de vecinos y de los trabajadores de la escuela que recibieron las llamadas intimidatorias.

Salas afirmó que hay elementos suficientes para acreditar que no se trató de un robo sino de un atentado planeado por un grupo de sujetos que tenían el claro objetivo de asesinar a la activista, por lo que confió en que las investigaciones prosperen.
La coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Luz Estela Castro, dijo que aunque la primera reacción de la Fiscalía fue asegurar que el ataque se debió a un robo, el respaldo de 75 organizaciones civiles del país y la exigencia de la familia de la activista llevaron a las autoridades a abrir la investigación por intento de homicidio.
Castro dejó entrever que el atentado contra la activista podría estar ligado a las denuncias que ha hecho por la desaparición y asesinato de mujeres, entre ellas Adriana Sarmiento Enríquez, joven de 15 años que desapareció el 18 de enero del 2008 cuando se dirigía de la preparatoria a su casa.

La joven fue localizada asesinada el 5 de noviembre de 2008, y después de tres años, el 29 de noviembre de 2011, se notificó su identidad a pesar de que fue identificada desde julio de 2011. Cabe mencionar que el mismo día del atentado contra Norma, grupos civiles asistieron al entierro de Adriana Sarmiento.

MADRES EXIGEN INVESTIGACIÓN

Norma, quien perdió a su hija asesinada, también exigió justicia para Adriana, al igual que el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, que en reiteradas ocasiones han exigido el cotejo de ADN entre los cuerpos de mujeres sin identificar con los de las desaparecidas.

El pasado viernes, estas agrupaciones pidieron la implementación de procedimientos expeditos y confiables en la identificación de las mujeres, e información precisa en tiempo y forma a las madres y familiares sobre los resultados de las investigaciones.

Tan sólo en 2011 el Comité de Madres y la Red han documentado la identificación de cuatro mujeres localizadas asesinadas en Chihuahua: Hilda Gabriela Rivas Campos, el 13 de abril; Janeth Rivera Chávez, el 20 de septiembre, y Mónica Liliana Delgado Castillo, el 27 de septiembre. Todas desaparecidas en años anteriores.

Las activistas denunciaron que el gobierno estatal y local son negligentes al no realizar una investigación científica y oportuna en los casos de jóvenes y niñas desaparecidas, y mencionaron que el caso de Adriana Sarmiento es un ejemplo de la ineficacia de las autoridades, las que no generaran líneas de investigación serias.

“No toleramos que se siga reproduciendo lo vivido desde 1993 y que sigamos denunciando lo plenamente señalado en la sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, que continúen las prácticas negligentes, deficientes e ineficaces de las autoridades competentes”, indicaron en un comunicado el Comité de Madres y la Red.

jueves, noviembre 17, 2011

El Salvador y Guatemala con mayor cifra de asesinatos contra mujeres

Beatriz Castillo/ Diario Co Latino
El Salvador y Guatemala son los países de la región centroamericana que presentan mayor número de casos de mujeres asesinadas de forma violenta, según los datos que maneja la Red Feminista Frente a la Violencia Contra Las Mujeres.

Las estadísticas indican que en Guatemala 55 mujeres son asesinadas mensualmente y se contabilizan desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre 667 asesinatos.

Rosario Escobedo del sector de mujeres de Guatemala, explicó que en su país la violencia contra ese sector de la población sigue siendo una de las principales preocupaciones, a pesar de que existe una ley, la problemática sigue siendo un los puntos más complicados. “Creemos que el acceso a la justicia es una de las limitantes que tenemos a pesar de la aprobación del protocolo para la aplicación de la ley contra el feminicidio, todavía tenemos un 98% de impunidad de los casos”, reconoció.

Según la feminista, la razón de que exista esa alza en impunidad y el número de casos, es por muchas causas, pero destaca la escala de violencia generalizada y el odio contra las mujeres que se vive en la región.

A criterio de las feministas, una mujer es violada, golpeada y asesinada por el simple hecho de ser mujer. Además, los casos de asesinato presentan un grado de violencia y lujo de barbarie que es preocupante, y que debe ser un llamado de alerta para los países de la región.


Mientras que en el caso de El Salvador, desde enero hasta la fecha se contabilizan 502 asesinatos y un mil violaciones.
Delia Cornejo, del sector de mujeres de El Salvador y de la Red Feminista, argumentó que el fenómeno se mantiene, a raíz de que las autoridades no aplican las leyes que se tienen, aunque esperan que la situación de violencia cambie a partir del otro año que entre en vigencia la Ley especial.

Las representantes de la Red desarrollaron ayer una rueda de prensa y foro para dar a conocer los logros en el marco de la clausura de los dos proyectos regionales, realizados con el apoyo de agencias de cooperación internacional.

Las mujeres destacaron como logros las acciones de incidencia para lograr la aprobación y posterior difusión de leyes nacionales como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las mujeres en El Salvador.

En Guatemala se aprobó el Protocolo de la Ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres; en Nicaragua se ha presentado la propuesta de Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, actualmente en estudio.

Se coordinó con las autoridades locales en ocho municipios de cuatro países, facilitando el fortalecimiento de las redes locales para prevenir y atender la violencia. Se elaboró diagnósticos de la situación y condición de las mujeres a nivel municipal y de agendas municipales de equidad de género.

lunes, agosto 15, 2011

México: Muerte con rostro de mujer

Fuente; Prensa Latina
Tiffany Cabrera solo tenía ocho años cuando fue asesinada por comerse las uñas, luego de ser abusada sexualmente. Su cadáver se encontró envuelto en unas cobijas, tras haber sido tirado en una de las callejuelas del Distrito Federal por la madre y otros familiares.

A dos días de entrar en vigor una nueva reforma al Código Penal en Ciudad de México, la cual tipifica el delito de feminicidio, su caso se convirtió en la primera consignación de ese ilícito en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Bastaron 48 horas para que la fiscalía capitalina presentara a Daniel Efraín Ruiz Mosqueira, padrastro de la pequeña y responsable de su muerte, como el primer acusado a quien le aplicarán el nuevo código para sancionar actos de género.

El actual decreto considera feminicidio cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. También si a esta se le infringieron lesiones infamantes y degradantes, así como mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida.

Además, cuando existan datos que establezcan que se cometió amenazas, acoso, violencia o lesiones contra la víctima o su cuerpo sea expuesto en público.



Ahora las sanciones van de los 20 a los 50 años de cárcel, pero esta regla varía de acuerdo con la relación existente entre el agresor y la víctima.

Si entre ambos existió relación sentimental, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, la pena mínima se incrementa a 30 años y la máxima a 60 años de prisión.

CIFRAS DE LA MUERTE

Aunque hay diferentes estudios, se reconocen por la Cámara de Diputados y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) unas 10 mil féminas asesinadas por razones de género durante los últimos 10 años en México.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al gobierno mexicano tipificar el delito de feminicidio, tras el asesinato múltiple ocurrido durante el 2006 en Campo Algodonero, de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua.

Pidió la CIDH, además, conformar mecanismos eficientes para perseguir y castigar a los responsables de ese hecho, en el cual fueron asesinadas siete mujeres.

No obstante, la violencia contra las féminas sigue cobrando vidas.

Solo en los últimos dos años se reportaron 500 desapariciones, además de las 125 mil mujeres desplazadas por la guerra contra el narcotráfico del 2006 a la fecha.

En los últimos cinco años crecieron en 40 por ciento estos homicidios, además de revelarse cambios radicales en la forma de matar como resultado de la ola de violencia actual generalizada en el país.

Así lo confirma la abogada Soraya Vázquez, asesora jurídica del Instituto de la Mujer del Distrito Federal, quien asegura que al asesinato se une la violación sexual a manos de delincuentes, policías y militares.

Este cambio, precisa Vázquez, contrasta con las estadísticas que durante los últimos años ubicaron al feminicidio como un resultado de la violencia de pareja y reconfigura el mapa del crimen contra las mujeres por razones de género.

Hasta 2005 se podía afirmar que, en el 67 por ciento de los casos, las mujeres habían sido asesinadas en sus casas o en espacios privados o familiares, de acuerdo con una investigación realizada por la Cámara de Diputados.

Según estadísticas del OCNF, en México, del 2009 al 2010, ocurrieron mil 728 homicidios de mujeres.

Jalisco encabeza la lista de los estados con más agresiones contra mujeres; le siguen Tabasco, Chihuahua, Morelos, Sonora, Distrito Federal y Guerrero.

Igualmente la situación es alarmante en los estados de México, Sinaloa, Oaxaca, Colima, Tamaulipas, Baja California, Chiapas y Veracruz.

El caso más emblemático es el de Ciudad Juárez, en Chihuahua.

Varias de esas demarcaciones coinciden con los lugares donde ocurren los mayores enfrentamientos al narcotráfico, y resulta superior la militarización y la violencia social.

Más de la mitad de todas las muertes violentas reportadas corresponden a mujeres de 21 a 40 años de edad. Análisis del Instituto Nacional de Estadística y Geografía aseguran asimismo que en México la tasa de homicidios por cada 100 mil mujeres se incrementó en más de 40 por ciento, al pasar de 2,45 a 3,52, entre 2005 y 2009.

Durante los últimos dos años sucedieron 14 mil violaciones sexuales, según la diputada Teresa Inchaústegui, de la Comisión sobre Feminicidios en la Cámara de Diputados.

FEMINICIDIO, CONCEPTO POR ASUMIR

Ante los hechos, el feminicidio está reconocido hoy en México como un problema nacional; no obstante, aún existe por parte de las autoridades incomprensión, impunidad y desprecio, advierte el OCNF.

Aunque este acto es generalizado en el país, hasta ahora solo se tipifica este delito en seis estados mexicanos: Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos, Veracruz y más recientemente en el Distrito Federal.

Para Rosa Icela, del OCNF de Guerrero, las legislaciones ponen el acento en las relaciones de pareja, con lo cual se obvia la realidad de violencia de Estado, institucional o social que vive actualmente el país.

Incluso, precisa la abogada Soraya Vázquez, el Distrito Federal es el lugar donde mejor se tipifica este delito, aunque antes de aprobarse el nuevo código la mayoría de los asesinatos contra mujeres eran vistos como violencia social o comunitaria.

María Isabel Belausteguigoitia Rius, directora del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de México, asegura que es mal empleado en México el concepto de feminicidio.

Belausteguigoitia afirma que las entidades federales manipulan su definición según sus conveniencias políticas o de autoridad.

Para esta investigadora, no se trata solo del homicidio de una mujer, sino que este tiene diversas implicaciones, donde se involucra poder, dominio de un territorio, impunidad, misoginia y violación de los derechos humanos.

Guadalupe Rebolledo Guillaumín, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, cree que la tipificación del feminicidio será letra muerta si este no va acompañado por el trabajo de las instituciones de justicia.

"Hasta que la violencia contra mujeres deje de ser impune, el feminicidio consignado como delito será letra muerta", sentencia Rebolledo Guillaumín.

Junto a ella, múltiples mujeres mexicanas, organizaciones civiles, académicos, investigadores, políticos, defensores de derechos humanos reclaman el cese del suplicio de féminas o de niñas como Tiffany, asesinada por solo comerse las uñas.

*Corresponsal de Prensa Latina en México.

miércoles, junio 08, 2011

Colombia: Movimientos sociales y pueblo condenan y rechazan el vil asesinato de la luchadora Ana Fabricia Córdoba

Por: Agencias (Aporrea)
Organizaciones sociales y el pueblo colombiano, así como algunos funcionarios nacionales coincidieron hoy en rechazar de manera vehemente el asesinato en Medellín de Ana Fabricia Córdoba, dirigente de víctimas de la violencia armada y prima de la ex senadora Piedad Córdoba.

La víctima había denunciado amenazas de muerte en su contra y, según sus allegados, no fue escuchada por el gobierno.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), afirmó que esta líder mostró un notable compromiso y una importante participación en organizaciones de Medellín que velaban por los derechos de víctimas, mujeres y desplazados".

Córdoba fue asesinada de un disparo con silenciador el martes por la tarde en un transporte público. Había llegado a Medellín, en el centro oeste de Colombia, en 2001, huyendo de la violencia en el campo, donde fue asesinado su esposo, hecho del que ella en su momento culpó a la policía, según medios locales.


"Reiteramos nuestra preocupación por la situación de inseguridad y el estado de vulnerabilidad en la que muchos líderes de las organizaciones de víctimas se encuentran actualmente en el país", agregó la organización de la OEA, que apoyó una de las iniciativas de Córdoba.

De manera similar se manifestó la Corporación Reiniciar y agregó que Córdoba "sobrevivió al exterminio de la Unión Patriótica (UP) y fue desplazada luego de que varios de sus familiares, pertenecientes a la UP, fueran asesinados en la región de Urabá en la década del 90".

La UP fue un partido de izquierda, miles de cuyos seguidores fueron asesinados.

domingo, mayo 22, 2011

UNIDAS POR LA SANGRE: libro virtual que habla de femicidio

Vanessa Naranjo Inostroza / Feministas Tramando
UNIDAS POR LA SANGRE es una publicación virtual del 2011 que reúne a 19 escritoras y 3 artistas visuales, todas de un grupo de Facebook del mismo nombre cuyo objetivo fue la realización de este libro que trata específicamente del femicidio como violencia extrema contra las mujeres y la discriminación de género en la sociedad.

Las autoras, de diferentes nacionalidades, plasman micro relatos, poesía, testimonios e ilustraciones que narran las “penurias” dentro de relaciones de pareja desiguales donde la violencia masculina en todas sus expresiones dejó y va dejando huellas que poco a poco se transforman en un grito de libertad. Asi mismo se narran las desapariciones de luchadoras sociales contra dictaduras como la de Rafael Leonidas Trujillo y Augusto Pinochet Ugarte. "En el México de hoy, defender la vida es una tarea que pone en grave riesgo la vida misma e integridad de esas mujeres aguerridas, que con el corazón en la mano luchan por construir un mundo con justicia y dignidad”, señalan las autoras en los antecedentes históricos del libro.

También consignan, según los registros del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de México, que en los últimos tres años se han registrado 2.050 asesinatos de mujeres y niñas en 18 estados. Los asesinatos ocurren en un contexto de violencia generalizada e inseguridad, “pero sobre todo de impunidad”, puntualizan, “lo que significa que el Estado es corresponsable de la violencia que quebranta la vida de las mujeres, en tanto que no cumple con su obligación de proteger los derechos de l@s ciudadan@s, y el de investigar y castigar los crímenes.”



Mariela Méndez, uruguaya y una de las autoras que participan en el libro, aconseja a las jóvenes que hay que saber ver y escuchar, porque “se delatan y aunque desgarre el alma, comienza a caminar o a correr hacia el lado contrario. Yo sentía mucha vergüenza de decirle a mi madre, sentía que no lo iban a entender, porque estos sujetos son tan amables con todo el mundo”, escribe. “Cuéntenles a todas las personas lo que les está pasando. Hagan una red de vecinos, amigos o familiares, para que estén atentos a los sucesos que van pasando y no dejen de hacer exposiciones civiles cada vez que les ocurra algo, eso las va ayudar”, escribe Mucci Mónica de Argentina.

El libro cuenta con la participación de dos invitados especiales, Teo Revilla y Jordi Matamoros Sánchez, quienes se fueron sumando a este trabajo, en principio, sólo de mujeres.

En el siguiente link se puede tener acceso a UNIDAS POR LA SANGRE:

http://issuu.com/letraskiltras/docs/unidasporlasangre2011?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=000000&showFlipBtn=true
Y también en: issuu.com

martes, marzo 08, 2011

El femicidio en debate...

Por Mariana Carbajal /Página 12
Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno es español, reconocido catedrático de Derecho Penal y Criminología de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) y asesor del ministro de Justicia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Francisco Caamaño. En una entrevista con Página/12, se sumó al debate sobre la conveniencia de tipificar el femicidio en el Código Penal como respuesta al aumento en el número de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, y dio un enriquecedor panorama del impacto de las medidas implementadas en los últimos seis años en España para enfrentar la violencia machista. “La violencia de género es un fenómeno complejo para cuya solución el derecho penal puede sin duda aportar, pero probablemente muy poco a través del incremento de las penas y mucho más a través de la persecución policial. El resto –educación, refuerzo de la posición social de las mujeres en riesgo, atención a la víctima cuando se produce la violencia– corresponde a otras políticas sociales con las que la intervención penal debe coordinarse, pero a las que no puede sustituir”, observó en diálogo con este diario, desde su país.

–¿Cuál es su opinión con respecto a la creación de la figura penal del femicidio, como existe en algunos países latinoamericanos?
–Soy contrario a la tipificación autónoma del femicidio. Tanto por razones de principio como por la más que dudosa eficacia que tendría su regulación autónoma; puede incluso tener efectos negativos.

–¿A qué se refiere?
–Por razones de principio, dado que no creo que deban efectuarse distinciones legislativas por razón de género en el interés jurídico más importante, la vida. Otra cosa es que se atienda a una específica mayor vulnerabilidad de la víctima que tenga su causa en el género o en cualquier otra circunstancia social, pero para dar relevancia a esa mayor vulnerabilidad basta con agravantes específicas en algunos delitos, sin que sea necesario crear tipos específicos.



–¿Considera que puede resultar contraproducente?

–En primer lugar, si lo que se quiere es prevenir, la investigación criminológica ha demostrado de modo apabullante que es mucho más importante atender a la probabilidad de condena que a la gravedad de la pena impuesta. En lugar de poner otro artículo en el Código Penal o en una ley especial, lo que tiene que hacerse en el ámbito de la Justicia penal es poner los recursos para implementar políticas policiales específicas de prevención y persecución de la muerte de mujeres –y otras formas de violencia–. Además, y aquí es donde la medida tendría probablemente efectos negativos, precisamente por la dudosa legitimidad del establecimiento de tal diferencia –y que la legitimidad es dudosa lo demuestra la polémica existente–, se daría un alimento injustificado e innecesario a la absurda hipótesis del “macho acorralado”, según la cual en materia de género se ha llegado a una situación en la cual se producen excesos en contra de los hombres.

–¿Algún país europeo tipificó el femicidio?

–No, ninguno en Europa lo ha tipificado como tal, aunque en algunos países se prevén agravantes para delitos de homicidio en situación de violencia doméstica. En esos países no hay evidencia de que se haya conseguido una mayor prevención. En tanto que las experiencias en Latinoamérica son demasiado recientes como para poder evaluar sus efectos.

–Desde que asumió Rodríguez Zapatero, el gobierno español demostró amplia preocupación por el problema social de la violencia machista y encaró una serie de medidas concretas. ¿Lograron reducirla? ¿Qué sucedió con los homicidios de mujeres a manos de sus parejas o ex cónyuges?

–Como usted sabe, la ley española contra la violencia de género se aprobó a finales de 2004. La norma incluye una serie de agravantes de la pena cuando la víctima de la violencia –o de las amenazas o las coacciones o los insultos– era o había sido “esposa o mujer que haya estado ligada afectivamente a él (al agresor) por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia”, pero no para el caso del homicidio. La tendencia desde entonces fue la del incremento de los supuestos judicializados de violencia –y amenazas y coacciones e insultos– pero el descenso de los homicidios. Puede parecer paradójico, dado que justo para los homicidios no se preveía incremento de la pena y para el resto de las infracciones citadas sí, mientras que el efecto preventivo parece ser justo el inverso: bajan los homicidios, sube el resto de infracciones.

–¿A qué adjudican ese cuadro?

–La explicación es que, además de incrementar las penas, se efectuaron intensas campañas de información y se implementaron políticas de apoyo a víctimas –apoyo social y económico, pero también penal, concediendo numerosas órdenes de protección–, y de concienciación de los agentes penales –policía, fiscales, jueces–. Esto llevó a muchas más mujeres a atreverse a denunciar y a dejar a su pareja, lo que explica el incremento de las denuncias y procesos judiciales: sale a la superficie información sobre muchos casos hasta entonces opacos para el sistema de Justicia penal y estos son objeto de una mayor atención por la policía y la fiscalía, de modo que tenemos tantas más denuncias como más juicios por esas conductas, aunque la incidencia real de la violencia sea la misma o menor: esto nunca lo sabremos con seguridad porque en España hasta tiempo muy reciente no hemos dispuesto de la mejor fuente de información, que son las encuestas a la población susceptible de ser victimizada.

–¿Qué ocurrió con los homicidios de mujeres?

–A diferencia de otras formas de violencia, el homicidio es de por sí muy difícil de ocultar, de modo que las campañas de concienciación no tienen una gran incidencia sobre su grado de conocimiento. A eso hay que añadir que debido al incremento de denuncias por conductas de gravedad menor al homicidio se “cortan” procesos de deterioro progresivo antes de que degeneren en episodios letales, y que hay medidas específicas de protección a las víctimas en mayor riesgo –que reducen la probabilidad de un ataque letal–. Además, por la mayor actividad policial se produce un incremento de la probabilidad de ser castigado, aunque este es un factor menos importante en el femicidio que en otros delitos, dado que los femicidas suelen estar en situaciones de alteración motivacional, pero en cualquier caso estadísticamente relevante. El juego conjunto de los anteriores factores explica la disminución estadística de los femicidios en España. Ahora bien: justo en 2010 la cifra de mujeres muertas ha subido y hemos registrado 75 casos. Esto ha generado muchísima atención mediática y ha sido objeto de muy interesadas –pero poco interesantes– interpretaciones por parte del principal partido de la oposición. En realidad, que se produzca una subida un año determinado es algo que pasa en muchos procesos de disminución de la delincuencia y que responde a lo que en estadística se conoce como “regresión a la media”. Cuando los números no son altos –y en España los femicidios se sitúan entre los 60 y los 90 anuales, lo cual sobre una población de 47 millones de personas no es alto–, las estadísticas fluctuarán al alza y a la baja sobre la media. Si por ejemplo un año hubiera cinco homicidios menos que el anterior, sería prematuro celebrar el éxito como un efecto de la prevención, del mismo modo que sería prematuro proclamar el fracaso si el año siguiente hubiera cinco homicidios más, lo que sería una regresión perfecta a la media.

–¿Qué evaluación hace de las políticas puestas en marcha en España contra la violencia de género?

–Sin duda es necesario implementar políticas específicas en este ámbito. La experiencia española también demuestra, sin embargo, que los intentos “a la desesperada” y basados primordialmente en la vía penal tienen multitud de problemas y unos elevadísimos costes. Recientemente el Consejo General del Poder Judicial –el Consejo de la Magistratura– ha efectuado diversas propuestas de reforma que demuestran que el sistema es claramente mejorable y que en su diseño se actuó con cierta precipitación. Una vez más se demuestra que en política criminal las mejores intenciones pueden ser manifiestamente insuficientes si no se acompañan de rigor en el diseño e implementación.

–¿Qué puede aconsejar para enfrentar el problema en la Argentina?

–A pesar de que viajo a menudo a la Argentina, carezco del conocimiento suficiente sobre la situación de partida –especialmente en materia de género–, de modo que sería imprudente pronunciarme. Sólo puedo insistir en que la violencia de género es un fenómeno complejo para cuya solución el derecho penal puede sin duda aportar, pero probablemente muy poco a través del incremento de las penas y mucho más a través de la persecución policial. El resto (educación, refuerzo de la posición social de las mujeres en riesgo, atención a la víctima cuando se produce la violencia) corresponde a otras políticas sociales con las que la intervención penal debe coordinarse, pero a las que no puede sustituir.

miércoles, enero 12, 2011

Asesinato de Susana Chávez, fracaso de autoridades: AI

El Universal
Amnistía Internacional expresó su consternación ante la noticia del asesinato de Susana Chávez ocurrido en Ciudad Juárez el 6 de enero.

Susana Chávez, cuyo cuerpo fue encontrado en el centro de la ciudad, era una poeta y defensora de derechos humanos que había tenido un rol activo en la lucha por acabar con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

La ONG hizo un llamado a las autoridades para que garanticen una investigación pronta, imparcial y apegada a los estándares internacionales con el fin de lograr el procesamiento y la sanción de todos los presuntos responsables.


"Aunque no habría evidencia para suponer que su asesinato estuviera relacionado con su activismo, su muerte es otra prueba de que el homicidio de mujeres en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua - donde organizaciones no gubernamentales registraron más 446 asesinatos de mujeres en 2010 - se ha disparado", señaló la organización.

Además, AI aseguró que "el fracaso de las autoridades locales y federales en abatir la violencia y terminar con la impunidad de los responsables es cada vez más evidente".

La organización recordó en boletín que este nuevo asesinato de una activista ocurre a 21 días del homicidio de Marisela Escobedo Ortiz, una madre que luchaba incansablemente por justicia para su hija asesinada en Ciudad Juárez en 2008. Los responsables no han sido detenidos.

"La trágica muerte de Susana Chávez muestra de nuevo el largo camino que las autoridades tienen que recorrer para asumir sus obligaciones de garantizar el

cg

sábado, diciembre 18, 2010

Organizaciones se pronuncian por el feminicidio de Marisela Escobedo Ortiz

Varias Organizaciones Firmantes
Ante la incapacidad y el desprecio del gobierno federal y el gobierno estatal, Marisela fue asesinada por pedir justicia para su hija Rubí.
“No me voy mover de aquí hasta que detengan al asesino de mi hija” fueron las declaraciones de Marisela, antes de colocar su pequeño campamento en la Cruz de Clavos NI UNA MÁS, en la Ciudad de Chihuahua. Estaba dispuesta a pasar navidad y año nuevo en ese lugar emblemático, en el que apenas el 25 de noviembre pasado, había participado en una manifestación junto con las madres de Justicia para Nuestras Hijas, para colocar en la cruz, más de 300 nombres de las mujeres que han sido asesinadas en el estado de Chihuahua tan sólo en este año, 2010.

Rubí, tenía 16 años cuando fue asesinada por Sergio Rafael en agosto de 2008. Desde que desapareció y su pequeño cuerpo fue encontrado en un terreno junto a huesos de marranos, la madre de Rubí, Marisela, una enfermera jubilada, dedicó su vida a buscar justicia para su hija, convirtiéndose una defensora de derechos humanos.

El mismo día que el Secretario de Gobernación, Francisco Blake, pedía a la ciudadanía “sacudirse el miedo para combatir a los criminales”, Marisela fue asesinada frente a las puertas del Palacio de Gobierno de la Ciudad de Chihuahua, mientras realizaba una protesta pacífica e indefinida para exigir a las autoridades la detención del asesino de su hija Rubí.


Marisela no sólo se sacudió el miedo, caminó durante días desde la Subprocuraduría de Justicia a la Ciudad Judicial en Ciudad Juárez para exigir sanción para el asesino de su hija. La acompañaban una carriola con su nieta de dos años y un cartel con la foto de su hija Rubí. Un tribunal de juicio oral dejó en libertad al asesino, cimbrando el sistema de justicia.

Marisela, luchadora incansable, logró junto con las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) que un tribunal de casación (integrado por tres magistrados) rectificara la decisión de los jueces y logró obtener una sentencia condenatoria contra Sergio Rafael, asesino confeso, en el que se le condenaba finalmente a 50 años de prisión.

"Ya me cansé de hacer su trabajo, ahora les toca a ellos” decía Marisela. Efectivamente, mientras las autoridades no lograron encontrar a Sergio Rafael, Marisela con sus propios recursos, lo ubicó en Zacatecas y dio aviso a la Procuraduría de Chihuahua, que alegó que por trámites burocráticos no pudo detenerlo.

La Procuraduría del estado de Chihuahua le informó a la madre, que en coordinación con la Procuraduría General de la República y las de los Estados “se encontraban buscando al asesino de su hija en todo el país”. Nunca lo encontraron.

Durante dos años, recorrió el país. Regresó a Zacatecas, viajó a la Ciudad de México donde solicitando audiencia con el Presiente Calderón y con el Procurador Arturo Chávez Chávez, quienes se negaron a recibirla. Se entrevistó con mandos de la Procuraduría General de la República que le prometieron que buscarían al asesino de su hija. Tampoco lo encontraron.

Días antes de ser asesinada, acudió a un acto donde se encontraba el Gobernador de Chihuahua, César Duarte y sacó una pancarta que decía “justicia, privilegio de gobiernos”. La solicitud de Marisela hizo enojar al Gobernador, como lo documentaron varios periódicos locales. El gobernador incluso la regañó y despreció. Después, logró entrevistarse con el Fiscal del estado de Chihuahua que le prometió que revisaría su caso.

Lucha Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) declaró “en estos momentos, no se puede descartar ninguna línea de investigación, incluida la de un crimen de estado pues Marisela no iba a parar hasta que detuvieran al asesino de su hija”.

Marisela murió a las puertas del Palacio de Gobierno y frente a la cruz de clavos que colocaron la red de mujeres de negro y madres de las jóvenes asesinadas en el estado de Chihuahua. Marisela fue asesinada por pedir justicia.

Sr. Presidente Calderón y Sr. Duarte, Gobernador de Chihuahua: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los ciudadanos para hacer justicia y dónde empieza su labor como autoridades?

Ante tal incapacidad, cantidad de omisiones, desprecio y negligencia, el Estado mexicano es responsable y debe responder inmediatamente por el asesinato de Rubí y Marisela.

Ya basta. Ni una más.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres / Mesa de Mujeres/ COSYDDHAC/ Justicia Para Nuestras Hijas / Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Para mayor información:

Justicia para Nuestras Hijas // info@justiciaparanuestrashijas.org // Tel. (614) 413-3355 // twitter: @jpnh01 // Centro de Derechos Humanos de las Mujeres // comunicacion@cedehm.org // Tel. (614) 415-4152. //Centro de Derechos Humanos Paso del Norte// Tel. (656) 331 95 00// COSYDDHAC// Tel. (614) 410-77-55 // Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez

-- Atentamente:
Comunicación
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C
Ave. Juárez 4107-B
Chihuahua, Chihuahua
tels.
52 (614) 415-41-52

sábado, agosto 28, 2010

El silenciamiento de las mujeres: estrategia para perpetrar delitos de lesa humanidad

Francesca Gargallo Celentani
Todas las antropólogas, activistas de derechos humanos, sociólogas, abogadas y feministas involucradas en la denuncia y esclarecimiento de los delitos de feminicidio y violación de las mujeres en México me han confirmado que el silenciamiento de estos delitos en el marco de la “guerra al narcotráfico” es precisamente eso: una práctica del estado que invisibiliza lo que les pasa a las mujeres en la historia.

Eso es, desde hace cuatro años las violencias extremas contra las mujeres no han desparecido, más bien se han incrementado. En Ciudad Juárez hoy se asesina “por lo menos” a una mujer al día, y, en el resto del país en el mismo lapso de tiempo, otras cuatro son asesinadas, después de haber sido torturadas y secuestradas. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió gracias a valientes periodistas, mujeres y hombres, a mediados de la década de 1990, hoy no se debe, no se puede hablar, escribir, publicar nada sobre ello porque la orden de la cultura patriarcal, que se afianza en múltiples descalificaciones de las mujeres, y tipifica una especie de contubernio entre agentes del estado, tribunales y violadores y feminicidas, impone que la experiencia femenina desaparezca de la memoria colectiva, no tenga importancia social y no se le otorguen instrumentos legales e históricos para reivindicar su valor político.

En el Seminario Permanente de Derechos Humanos de las Mujeres que, junto con Norma Mogrovejo y Mariana Berlanga, hemos logrados instalar desde hace tres años en el marco de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México gracias al apoyo de su director Enrique González Ruiz, hemos venido recuperando una enseñanza feminista, una pedagogía del desvelamiento de los tabús para considerar el sistema de derecho.


Con las estudiantes, mujeres y hombres (aunque los hombres que se inscriben son muy poquitos, porque hablar con mujeres develando el contexto patriarcal en el cual ambos estamos inmersos es un acto de valentía que pocos acometen) asumimos que es necesario hablar de nuestros propios tabús con referencia al sexo y los imaginarios que compartimos con la sociedad alrededor de la sexualidad y de la violencia sexual.

La lectura de experiencias y reflexiones propias de las mujeres latinoamericanas, en particular las experiencias sobre las violaciones en contexto de guerra y represión política llevadas a cabo por las guatemaltecas y las hondureñas, nos sirven para entender que no hay un lugar neutro, “políticamente correcto o aséptico”, como dice la abogada guatemalteca Andrea Diez, para que las mujeres nos involucremos en una red discursiva o en una práctica política feminista sobre la sexualidad. En particular, si nos asumimos como personas con una mirada crítica ante las violaciones y torturas sexuales o como defensoras de los derechos de las mujeres ante estos crímenes de lesa humanidad, no debemos creer que sea posible hablar de temas sexuales guardando nuestro propio sexo y sexualidad en el bolsillo para trabajar sobre la sexualidad de otras.

Siempre he considerado que Centroamérica es el laboratorio donde se ensayan todas las represiones y formas de coerción de las derechas de América. No es casual que haya sido en Honduras donde se ensayó en 2009 una nueva táctica para legitimar los golpes de estado contra los gobiernos tímidamente progresistas, después de 20 años de retórica democrática. Ni que sea en Costa Rica, país sin ejército desde 1948, donde haya desembarcado la marina estadounidense para “defender” a su población de las agresiones del narcotráfico. La lógica es que si en Centroamérica estas tretas represivas no son desenmascaradas y frenadas, serán aplicables en todos los demás países de América Latina.

Ahora bien, las feministas centroamericanas son también capaces de hacer esta lectura, por lo tanto, sus trabajos y descubrimientos sirven en toda América para comprender qué pasa con la violencia contra las mujeres en los contextos de guerra. Es fundamental para todas aprender de sus investigaciones acerca de que la guerra es un espacio-tiempo donde se exacerban prácticas cotidianas que la cultura patriarcal normaliza: la guerra no inventa las violaciones, no inaugura los feminicidios, no silencia que la vida, la dignidad y la libertad de las mujeres no forman parte de las causas de un levantamiento social, no son reivindicaciones precisas de los movimientos de liberación ni de los idearios revolucionarios, y que de eso se aprovechan las derechas.

En Tejidos que lleva el alma. Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado (F&G Editores, Guatemala, 2009), una investigación participativa y horizontal con mayas queqchies, mam, chuj y kaqchikeles, dirigida por Amandine Fulchiron y asesorada por Patricia Castañeda, junto con el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, se lee cómo las violaciones se inscriben dentro de la normalidad, tomando en cuenta que en toda cultura patriarcal los hombres consideran tener derecho a poseer a una mujer que les provea de servicios sexuales y se justifican apelando a un imaginario social según el cual la violación responde a supuestas “necesidades biológicas”. Estas violaciones se exacerban cuando las mujeres pertenecen a pueblos originarios, en cuanto el imaginario social normaliza con la misma fuerza la sumisión, explotación y menosprecio de las culturas no occidentales de América. La violación de una mujer indígena, desde este parámetro, es doblemente normalizada.

En todo contexto de guerra, y la estrafalaria Guerra al Narcotráfico declarada por el poder ejecutivo en México ha creado este contexto, los hombres seguirán haciendo en tiempo de guerra lo que hacían en tiempo de paz: seguirán asociando la violación, las torturas sexuales y el asesinato de mujeres al ámbito de lo privado y no a lo público, pero inscribirán sus actos en una especie de “teoría del botín de guerra” que implica que los soldados tienen derecho al desahogo y el placer en recompensa de todos los esfuerzos que hacen en nombre del pueblo, para el honor de la nación, en nombre de la justicia.

Dado que las y los responsables de aplicar la ley contra los delitos que se comenten en tiempos de paz y de guerra comparten los prejuicios sobre la sexualidad y el sexo de las mujeres violadas, torturadas y asesinadas, es muy importante que las mujeres asumamos una posición feminista y sigamos generando contra-discursos culturales que nos permitan a todas, mujeres y hombres, resignificar políticamente la violación sexual, leerla como un problema político y plantearlo como un asunto estratégico para, como dice Amandine Fulchiron, transformar la condición de opresión de las mujeres.

Como primer ejercicio, hagamos lo que hacen las feministas guatemaltecas: neguémonos a creer que la violación es un acto de promiscuidad femenina como lo consideran violadores, jueces, abogadas/os, fiscales; interpretemos y denunciemos los imaginarios, mitos, tabús, discursos y normas establecidos por la ideología patriarcal alrededor de la sexualidad, la libertad y la vida de las mujeres. Empecemos hoy, en nuestra casa, en nuestro barrio, con nuestros padres, con nuestros amantes, con nuestros hijos.

Como defensoras de los derechos humanos de las mujeres hoy contamos para ello con una incipiente jurisdicción, aportada por los Tribunales Penales Internacionales que juzgaron los horrores de Yugoslavia y Ruanda y Guatemala. Los avances jurídicos que establecieron, nos permiten exigir que la defensa de las mujeres se base sobre hechos reales y no sobre estereotipos alrededor de su conducta sexual. Niegan, por ejemplo, que se presente como defensa el supuesto consentimiento de la víctima en la violación, pues todas las torturas sexuales se dan siempre en un contexto de coacción. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 7, califica la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otros abusos sexuales, como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entre ellos, podríamos ubicar, por ejemplo, la prisión sin justificación de mujeres que por un aborto espontáneo fueron sometidas a penas de asesinato y purgaron años de encarcelamiento por motivos ideológicos de estado.

Publicado por Cuadernos Feministas


martes, agosto 10, 2010

Otra forma de Violencia que hay que Combatir...

Dra. Anamaria Guzman / Maculinidad(es) Ecuador
“El verdadero amor… no hace sufrir”.
El concepto de femicidio fue acuñado por primera vez por Diana Russel y Jell Radford (1992). Trata de ponerle nombre a la violencia extrema que se aplica contra una mujer, que en el fondo es cuando se culmina con el proceso de violencia, el femicidio no es sólo la muerte de una mujer cualquiera, que puede morirse por diversas causas. Este concepto va más allá. Habla de la muerte de las mujeres por causas de género, es decir, fruto de las relaciones de poder que preexisten entre hombres y mujeres.
Los narcisistas sienten que su pareja es parte de sus posesiones y creen que ésta no puede mirar a ningún otro, porque nadie es mejor que ellos. Pero cuando sienten que eso ha ocurrido, se produce el ‘furor narcisista’ y les vienen ataques de rabia que los pueden llevar a situaciones de violencia extrema. Los narcisistas, generalmente suelen hacer pareja con personas que son dependientes y que se someten a ellos, por lo cual no habría un equilibrio de poder que les permita ponerse firmes.

Hay situaciones de vida que contribuyen a que las personas se sientan más vulnerables,inseguras y, por tanto, más expuestas a sufrir de celos enfermizos y aunque no lleguen a cometer un crimen, los celópatas suelen tener actitudes de desconfianza y de violencia física y psicológica muy destructivas que llevan a Tratar a la pareja como alguien que no merece su confianza y la pone en una situación de menoscabo, de humillación.


Los casos de femicidios están obteniendo características de epidemia en algunos países de la Región, la incidencia y consecuencias de estos asesinatos han producido un enorme daño a la democracia y a sus instituciones, perturbando la credibilidad y la eficacia de los Estados que han demostrado ser incapaces de ejercer justicia, y brindar seguridad a las mujeres.

Debemos agregar que también es violencia contra las mujeres la violencia patrimonial, que podemos entender como “acción u omisión que implica daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las mujeres.

El femicidio es, por lo tanto, la afirmación más extrema de este continuum de violencia. El Femicidio es una fractura de Estado de derecho que favorece la impunidad. El femicidio es un ”crimen de Estado” y existen tres tipos:
El femicidio íntimo: es perpetuado por un varón donde existe una relación de afectividad entre el agresor y la victima. Ellos se conocen.

El femicidio no íntimo: es cometido por un extraño a la mujer. Este asesinato igual ocurre por relaciones de género, pues se ve a la mujer como un instrumento para….es el caso de las violaciones. La lógica del asesino acá es que por ser mujer a la mujer se le puede hacer cualquier cosa.

El femicidio por conexión: Por ejemplo, cuando una niña sale en defensa de su mamá y el papá igualmente la asesina., cuestión que ya ha ocurrido. Es decir, cuando una mujer solidariza con otra mujer y es asesinada también es femicidio

Como ciudadanas y ciudadanos debemos exigir apertura de un debate, de un espacio de reflexión a partir el proyecto de ley que tipifique el femicidio, que posibilite también un análisis más amplio sobre la forma en que las leyes y las políticas públicas afrontan la violencia contra las mujeres. Se trata de una actuación de democratización del debate, más allá de los espacios formales a los que la democracia representativa lo reduce, y con interlocuciones más amplias de
las que ésta admite.


http://masculinidad-es-ecuador.blogspot.com/2010/08/otra-forma-de-violencia-que-hay-que.html

martes, julio 27, 2010

Acto de discriminación y de violencia de género, la línea de cosméticos inspirada en los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez

Fuente: Justicia para nuestras Hijas...
· ONCF condena enérgicamente la línea de maquillaje otoño 2010 de la marca de cosméticos MAC y la firma de diseño Rodarte “inspirada” en el feminicidio de Ciudad Juárez.
· Crear y difundir imágenes y productos que “embellecen” la violencia contra las mujeres es una forma de legitimar y mantener una cultura de discriminación contra las mujeres.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, red integrada por más de 43 organizaciones presentes en 19 entidades de la República mexicana, emite este enérgico pronunciamiento ante la campaña de cosméticos Otoño 2010 de la marca de cosméticos MAC y la firma de diseño Rodarte que toma como principal referencia estética la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La violencia contra las mujeres en dicha ciudad incluye un conjunto de violaciones a derechos humanos, por señalar sólo cuatro: 1) la explotación laboral en maquilas en donde las jornadas dejan sin descanso a las mujeres; 2) la exclusión de proyectos de desarrollo social y de seguridad pública que sostiene a las mujeres en una salud precaria; 3) la invisibilización y menosprecio ante la violencia específica contra las mujeres, como son las desapariciones, tortura sexual y homicidio de mujeres, dentro de la violencia social generalizada; 4) la impunidad en que se mantienen todas estas violaciones por parte de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia.

Está documentado que de esta violencia, el riesgo de ser víctima se incrementa en aquellas mujeres que se encuentran en la adolescencia y juventud, que están en condiciones precarias de recursos económicos y excluidas de redes sociales, por ejemplo, por su situación de migración, aunque por la cultura de discriminación por género, todas las mujeres están en riesgo. Estas violaciones están estetizadas sin crítica y erotizadas en esta línea de productos en los que “Factory”, “Sleepless”, “Quinceañera”, “Borden Town”, “Del Norte”, “Juárez” son palabras colocadas a colores y estéticas que remiten directamente a estas graves violaciones a derechos humanos.




En México hemos nombrado como feminicidio a esta situación y su denuncia local ha detonado investigaciones y denuncias en otras localidades de otros países, colocando al feminicidio como un problema mundial. Por ello, la referencia a la situación local de Ciudad Juárez no sólo afecta a quienes habitan dicha ciudad, sino que desde ahí difunde y hace masiva una estética que refuerza la explotación y la violencia contra las mujeres en todo el mundo.
La discriminación, por definición de la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación contra las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas, puede ser cometida por objeto o por resultado. Queremos escuchar como sinceras las disculpas que en algunos medios de comunicación la empresa MAC y la firma de diseño Rodarte han emitido, y asumir que no fue su objeto discriminar. Sin embargo el resultado de su campaña sí ha sido discriminatorio y violento contra las mujeres, situación que es necesario reparar no sólo dando un poco de dinero a quienes trabajan directamente con las víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez, sino que requiere un conjunto de acciones públicas e internas en dichas empresas para que se repare el daño de manera afirmativa a los derechos humanos y para que no vuelva a repetirse.

El gobierno mexicano, a través de sus instituciones específicas, tomando el marco normativo internacional de derechos humanos, la Constitución mexicana, así como la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la discriminación y la Ley Generalde Acceso a una Vida Libre de Violencia, tiene la facultad y obligación de pronunciarse y establecer medidas de corrección y sanción por este acto de discriminación.
Independientemente de la respuesta que el gobierno realice, las organizaciones que firmamos este pronunciamiento y en particular las que radicamos en Ciudad Juárez ofrecemos a los directivos de la empresa MAC y Rodarte compartir con nosotras un día en nuestra ciudad para exponer de manera directa la situación que vivimos. Queremos establecer con ustedes un diálogo y acordar acciones efectivas que permitan informar, denunciar y transformar esta cultura de violencia contra las mujeres que cada día se agrava en nuestra ciudad y país. Consideramos que su empresa y productos, consumidos principalmente por mujeres, puede ser una aliada fundamental en promoción de una nueva cultura que reafirme a las mujeres como sujetos libres e iguales, en particular libres de estereotipos discriminatorios y de violencia. Esta es nuestra denuncia y propuesta.

Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Por el fin del feminicidio en Ciudad Juárez y el mundo.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

sábado, mayo 15, 2010

Macela Lagarde: "Los feminicidios son la punta del iceberg de todas las formas de violencia cotidiana contra las mujeres"...

No se puede hablar de la lucha contra el feminicidio sin nombrar a Marcela Lagarde. Ella acuñó el término y descubrió que no era un tema exclusivo de Ciudad Juárez. Siendo diputada, creó la Comisión contra el Feminicidio y ahora preside una red de 90 investigadoras contra la violencia de género
Por; Marta Martínez
"Crímenes misóginos basados en una enorme tolerancia social a la violencia de género y en la que el Estado forma parte activa y contribuye a la impunidad". Es la definición que Marcela Lagarde hace del feminicidio, un término que ella "colocó" y con el que trató de explicar lo que sucedía en Ciudad Juárez. Sin embargo, siempre sospechó que no era un problema exclusivo de la ciudad fronteriza e hizo pública una realidad aún poco conocida: en diez años, han muerto en México entre 14.000 y 15.000 mujeres y hay seis estados con mayores índices de violencia hacia las mujeres que Chihuahua. Lagarde ha estado esta semana en Bilbao, donde ha participado en el Foro de la Igualdad organizado por Emakunde y donde ha disertado con DEIA sobre el feminicidio y sus raíces.

¿Qué es el feminicidio?
Los feminicidios son los crímenes de odio contra las mujeres. Así lo dicen Diana Russel y Jill Radford, que son de quienes yo tomé el término. En inglés es femicide. A mí, como antropóloga mexicana, feminista, me ayudó muchísimo a comprender lo que pasaba en Ciudad Juárez hace 15 años. Me informé muchísimo sobre esta teoría y la fui transformando. Me parecía que lo que pasaba en México no sólo era eso, sino que tenía que ser presentado también en términos de política de Estado. Entonces traduje el término femicide, no como femicidio, sino como feminicidio. Me parecía que se podía confundir con la feminización del concepto homicidio, y yo quería que se entendiera también la tolerancia social a la violencia contra las mujeres, la impunidad social y la impunidad del estado que permite que se reproduzcan estos crímenes.

En México, la impunidad es parte fundamental del problema...

El tema de la impunidad es severo. En América Latina, Asia y África está presente y también en Europa. Una de las dimensiones del Estado menos reformada por la igualdad es el aparato judicial, es arcaico y absolutamente patriarcal. Y al no haber justicia por parte del Estado se crea una enorme impunidad. En países donde hay significativos homicidios contra mujeres vemos el correlato del problema de la justicia. Yo tengo una página de un periódico con la foto de un juez español en su despacho de Madrid y éste dice: "Todas las noches que veo el telediario digo: que no sea una de las mías". Una de las suyas son 7.000 expedientes acumulados de denuncias de violencia contra mujeres. Eso lo pongo como un ejemplo de impunidad.

Según su definición, el feminicidio no es exclusivo de México, ¿hay reticencias en España a usar el término?

Enormes.

¿Por qué?

Por el tema de la impunidad. Cuando era diputada, organicé una red internacional contra el feminicidio y a favor de los derechos humanos de las mujeres con parlamentarias guatemaltecas y españolas. En ese momento se acababa de aprobar la ley para enfrentar la violencia de género en España, un paso importantísimo para el mundo. Y el tema complicado era que mi definición de feminicidio incluye la impunidad como un problema que involucra al Estado como parte del feminicidio. En España tendríamos que investigar si hay o no, no dar por hecho que no lo hay. Si analizas todo el tema del rezago judicial, de la dificultad para que se respeten las medidas de protección, esa es la impunidad. También los jueces que no hacen justicia conforme a derecho, todavía hay misoginia. Pero estoy convencida de que, se llame como se llame, lo importante es que se pueda abordar la violencia contras las mujeres como un problema que está basado en la desigualdad.

Ese es el trasfondo, ¿no?

Es la desigualdad de las mujeres en relación con los hombres y los superpoderes que tienen los hombres para ser violentos, y entre esos superpoderes está la impunidad. En México, más del 95% de los delitos quedan sin castigo; en el caso de las mujeres, es el 98%. Hay una enorme impunidad. La violencia es un mecanismo de dominación y de control contra una mujer en concreto pero, como al mismo tiempo, sirve de ejemplo, es contra todas. Permanentemente estamos siendo reforzadas, cada crimen, cada asesinato, cada mujer violentada. Es importante el grado de ejemplaridad que tiene cada acto de violencia sobre el resto de las mujeres. El feminicidio está basado en la desigualdad entre mujeres y hombres y eso es lo que mucha gente no capta. Pero logramos colocar la palabra feminicidio y supuso nombrar desde la interpretación política feminista qué es lo que estaba pasando en contra de las mujeres y las niñas en Ciudad Juárez.

Usted hizo público que el feminicidio afectaba a todo el país.

Yo soy antropóloga y siempre dudé de que fuera sólo en Ciudad Juárez. No teníamos información y, ademas, Juárez era tan espectacular, era lo raro, se creó todo un estereotipo. Y cuando fui diputada logré un presupuesto del Congreso para investigar lo que estaba pasando en Juárez. Creé la Comisión Especial contra el Feminicidio. Ahí se empezó a usar el término, con el asombro de que empezaron a repetirlo en los medios. Recorrí el país para investigar y lo que encontramos fue que había feminicidio en otras partes del país y que lo hay en grados mucho más elevados que en Juárez.

¿Pudieron conocer la dimensión del problema?

Hicimos un cómputo con datos oficiales sacados de aquí y de allá y descubrimos que en diez años habían sido asesinadas por muy diversos ejecutores entre 14.000 y 15.000 mujeres. Yo oigo que hay una fascinación perversa por estos crímenes, la gente se fascina por decir "ya son miles las asesinadas en Ciudad Juárez"; no, no son miles, son cerca de 500. Pero se fija qué rápido se pasa de 500 a miles. Y cuando empezamos a difundir que había crímenes en otras partes, periodistas y gente del movimiento empezó a decir "es que ya se extendió a todo el país". Como si fuera una epidemia. No se extiende, ha sucedido siempre, no se veían.

¿Cómo fue el proceso de investigación?

Contraté un conjunto de 60 investigadoras expertas en violencia de género contra las mujeres. Hicimos una investigación en todo el país y descubrimos que había seis entidades (estados) donde había una tasa mayor de crímenes contra mujeres que en Chihuahua, que es donde está Ciudad Juárez. Pusimos un montón de variables y fuimos bordando finito qué mujeres son las víctimas. Y concluimos que se puede saber qué mujeres están en riesgo.

Ahí entra la responsabilidad del estado, en la prevención, ¿no?

El problema no es que haya unos asesinos que matan, sino que hay las condiciones que permiten que haya asesinos que maten. Y entre esas condiciones están las que genera un Estado que no actúa. La misoginia es un fenómeno político-cultural, es la construcción ideológico afectiva y política para legitimar la exclusión, la discriminación, la explotación y la opresión de las mujeres.

¿Cómo acabar con esos crímenes?

Construyendo la igualdad, impulsando el adelanto de las mujeres con una política pro derechos humanos. Una no entiende a los funcionarios que, cuando reconocen que hay un problema, empiezan a hablar de castigar. Hacen proyectos para penalizar más los delitos, debaten hasta la pena de muerte. No es con represión ni con violencia como se va a erradicar esa violencia, sino enfrentando las causas. Y no son sino la dominación de las mujeres. Esos crímenes son la punta del iceberg de todas las formas de violencia cotidiana contra las mujeres. ¿Cómo educas a los que sólo te pueden oír si hablas en masculino? ¿Por qué no investigan en España todo eso? Pero no, lo que les importa es comprobar si eran nacidos aquí, extranjeros, inmigrantes, legales o ilegales. Esa es la ideología excluyente. Lo que quieren probar es cómo han aumentado las mujeres muertas a manos de sus parejas que vienen de fuera. Y lo mismo fue en México. En Juárez, cuando hacíamos la investigación, nos decían que eran los que venían de fuera, porque Juárez es un lugar de paso. Decían que la gente de Juárez era trabajadora, honesta, no violenta. Siempre es el otro.

Una noticia positiva es que en México han logrado aprobar una ley contra la violencia hacia las mujeres.


Hicimos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que contiene un programa y una política de estado que obliga a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes del estado a hacer una política integral para erradicar la violencia contra las mujeres. Es una ley formidable, ahora tenemos que lograr que sea realidad. Es un proceso largo, no lineal, en el que ha habido regresiones y, además, hay resistencia a su aplicación.

Además, está la sentencia de la Corte Interamericana que condena a México por feminicidio...


En unos pocos años logramos desarrollar una concepción teórico-política sobre el problema desde el feminismo. Y funciona, porque todas nuestras hipótesis se cumplen y cada vez se confirma más la negligencia del estado. El Gobierno de México minimizó la sentencia, pero nosotras queremos darle seguimiento a la sentencia y seguir con la ley.