Por: Nancy Betán Santana y Guadalupe Gómez Quintana/CIMACEl gobierno es internacionalmente responsable por la desaparición y muerte de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos, torturados y abusados sexualmente, fueron tirados en el predio Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El gobierno no las protegió, no previno sus asesinatos, aunque conocía el patrón de violencia de género en la región, que ha dejado cientos de mujeres y niñas asesinadas, y las autoridades de Ciudad Juárez no respondieron a las denuncias.
Esa es la acusación que hicieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) Irma Monreal, Josefina González y Benita Monárrez, madres de las víctimas, quienes esperaron ocho años para que sus testimonios fueran escuchados por autoridades judiciales sin sorna ni escepticismo.
El gobierno no las protegió, no previno sus asesinatos, aunque conocía el patrón de violencia de género en la región, que ha dejado cientos de mujeres y niñas asesinadas, y las autoridades de Ciudad Juárez no respondieron a las denuncias.
Esa es la acusación que hicieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) Irma Monreal, Josefina González y Benita Monárrez, madres de las víctimas, quienes esperaron ocho años para que sus testimonios fueran escuchados por autoridades judiciales sin sorna ni escepticismo.
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