La Unión Europea (UE) condenó y reiteró su preocupación, por el aumento del feminicidio, y la violencia contra las mujeres en todas sus formas, así como la prevaleciente cultura de impunidad para resolver este flagelo, en varios países de América Latina.
En un comunicado, la Alta Representante para Política Exterior de la UE, Catherine Ashton, celebró la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), contra el Estado mexicano por homicidios por razones de género (feminicidio), en el caso conocido como “Campo Algodonero”, emitida el 10 de diciembre de 2009. Calificó como incansable el trabajo del organismo internacional, en relación a este flagelo, y consideró como un “paso positivo”, la decisión de establecer el concepto de feminicidio, como “homicidio motivado por cuestión de género”.
Ante el incremento de todos los tipos de violencia contra niñas y mujeres de la región, la responsable de la Política Exterior Europea ofreció su cooperación para ayudar a combatirla, a través de apoyo político y cooperación legislativa. Se pronunció por el establecimiento de medidas concretas que podrían incluir, la creación de una base de datos nacionales, la publicación de programas educativos sobre género y manuales; además de la normalización de protocolos, y el desarrollo de competencias o cualquier otra acción adecuada. Aseguró que la UE está “especial y profundamente preocupada por el aumento en el número de homicidios, cometidos contra mujeres y niñas, “en el contexto de violencia de masa y discriminación estructural”.
SENTENCIA DE CoIDH, DOCUMENTO BASE
Algunos de los ofrecimientos hechos por la jefa de la diplomacia europea forman parte de las 26 resoluciones señaladas por la CoIDH en la sentencia contra del Estado Mexicano, en el caso: González y Otras, conocido como“Campo Algodonero”.
Tal es el caso de la resolución 18, en la que establece que el Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres. De igual manera la UE, retoma la resolución 21, donde se indica que el Estado mexicano deberá actualizar una base de datos, en el plazo de un año, a partir de la notificación de la sentencia.
Dicha base, deberá contener la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; la información personal que sea necesaria, principalmente genética y muestras celulares, de las y los familiares de las personas desaparecidas y de cualquier mujer o niña no identificada, que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua. Catherine Ashton también hace referencia en sus propuestas, a lo indicado en el resolutivo 22, donde se dispone que el Estado debe continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en Derechos Humanos y género.
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