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lunes, junio 13, 2011

México: Reclamo de justicia tuvo voz femenina...

Por Cuauhtémoc Rivera Godínez, enviado
(CIMAC).- Chihuahua se convirtió en la ciudad de las mujeres. En las protestas de la Caravana del Consuelo en la capital del estado más grande y más violento de México, ellas fueron las protagonistas. Denunciaron, gritaron, lloraron, exigieron… Fue como si el dolor y el reclamo de justicia se transformaran en una sola y enorme voz femenina.

Tras una marcha de más de 40 minutos y a pesar del calor incandescente de 46 grados, las y los caravaneros, encabezados por el poeta Javier Sicilia, y las decenas de mujeres activistas y las ciudadanas hartas de tanta impunidad en estos 18 años de asesinatos y desapariciones, le hicieron un homenaje a Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre de 2010, cuando exigía justicia por la muerte de su hija Rubí Marisol Frayre, frente al Palacio de Gobierno del estado.

Ahí, en ese mismo lugar donde Marisela fue ultimada, tan colosal como la indolencia de las autoridades ante el feminicidio que tan sólo el año pasado cobró la vida de 446 mujeres en toda la entidad, una multitud colocó una placa metálica con el nombre de la activista a las puertas del Palacio de Gobierno.

“Ya la pusimos una vez, y el gobierno la mando quitar. Que lo sepa el gobernador (César Duarte): el mandato del pueblo es que la placa esté ahí, que se le quite es un crimen. Le decimos que no puede quitarla, el palacio es del pueblo y el pueblo tiene memoria. Vamos a poner la placa como un gesto de resistencia civil”, retó Sicilia.


LA VOZ DE LAS MUJERES

Fue un acto de justicia simbólica con el que también llegó la hora de las mujeres. Luz Estela Castro, “Lucha Castro” –como la gente de estas tierras le dice con cariño–, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) y de Justicia para Nuestras Hijas –organización pionera en la denuncia del feminicidio–, subió lentamente las escaleras para llegar al pódium instalado en el lugar del mitin en el que participaron al menos tres mil personas.

Se dirigió a las y los integrantes de la Caravana del Consuelo: “Han llegado al lugar más peligroso del planeta. El estado más peligroso del país para defender los Derechos Humanos es Chihuahua.”

Lucha Castro dio un largo y detallado recuento de la ignominia. Dijo que la delincuencia organizada ha arrebatado tierras a los pueblos indígenas del estado; los secuestros y desapariciones de personas en la sierra chihuahuense ni siquiera forman parte de las estadísticas oficiales.

“Hay comunidades masacradas, quemadas y atemorizadas; cada día son más. Los municipios rurales viven aterrorizados por el narcotráfico; las y los periodistas son amenazados o asesinados. De cada tres asesinatos en el país aquí se comete uno”, expuso.

Con todo y el sombrío panorama, la activista no dejó que se le escapara la esperanza: “Que Juárez sea el lugar en donde nazca una nueva nación y una nueva revolución pacífica”.

A diferencia de las otras ciudades que recorrió la caravana, en Chihuahua las mujeres fueron las principales oradoras.

“Seguramente es así porque son ellas las más sufridas, las que son violadas multitudinariamente por los sicarios, por el Ejército, por los policías. Porque son ellas las que tienen que sufrir ante las autoridades todos los abusos y burlas, porque son quienes identifican los cuerpos en la morgue, porque son ellas las testigos del secuestro de sus hijas e hijos en sus propias casas”, explicó Lucha Castro.

Así, fueron de una en una, contando sus historias. Su dolor y su reclamo. A Estela Ángeles, asesora jurídica del ejido Baquiachi, le mataron a su esposo y a su hija en las puertas de su casa por defender los Derechos Humanos de la comunidad rarámuri.

Iriana Armendáriz sobrevivió a la masacre en el municipio de Creel, donde el 16 de agosto de 2008 fueron asesinadas 13 personas. Sigue en espera de justicia. “No más violencia, no más sangre, nosotros queremos un México en paz con justicia y dignidad”, clamó.

Norma Ledezma, integrante de Justicia para Nuestras Hijas, hizo un doloroso recuento de los nueve años de la desaparición impune de su hija Paloma Escobar. Algo similar ocurre con Lourdes Hernández, a quien le secuestraron a su hijo hace 11 meses y las autoridades, acusó, “ni hacen nada”.

Selene Galindo, indígena del municipio duranguense de Mexquital, recordó que ese estado tiene el nada honroso primer lugar en número de narcofosas a nivel nacional.

Ahí la policía usa camionetas sin placas y pueblos enteros han sido arrasados porque se negaron a unirse a la delincuencia organizada. “Estoy aquí porque quiero justicia, porque no construimos nuestras casas para que fueran quemadas”, advirtió Selene.

“HAY UNA INMENSA DIGNIDAD”

El chihuahuense Julián Le Barón, líder mormón y activista contra el secuestro, lanzó: “Todos somos culpables de la muerte de Marisela, porque debimos haber estado con ella aquí, para que no la asesinaran. La dejamos sola y por eso la mataron”.

Javier Sicilia destacó la presencia en el mitin de la organización Mujeres de Negro: “He caminado custodiado por la dignidad de las Mujeres de Negro, una inmensa dignidad y una inmensa grandeza”.

El poeta le preguntó públicamente a Felipe Calderón “si su guerra ha valido la pena, que vea los rostros de las familias desgarradas. Yo le digo que ha fracasado. No se puede hacer la guerra con estas instituciones podridas y sin la reforma política necesaria”.

Hoy, en Ciudad Juárez, se realizan los trabajos de diálogo y reflexión para la firma esta tarde del Pacto Ciudadano. Desde las 9 de la mañana, centenares de activistas están reunidos en la Universidad Autónoma de Juárez.


martes, agosto 10, 2010

La fronteriza Ciudad Juárez suma ya 142 asesinatos de mujeres en 2010

(EFE).- Al menos 142 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año en la fronteriza Ciudad Juárez, considerada la urbe más violenta de México, de las que 25 murieron en julio, el mes con más casos de 2010, según datos oficiales.

Estas cifras de homicidios de mujeres relacionados con el crimen organizado van en aumento en la ciudad fronteriza con El Paso (Texas, EE.UU.), según reveló la fiscalía estatal de Chihuahua.

El pasado julio veinticinco mujeres fueron asesinadas de manera violenta. Entre las víctimas había amas de casa, policías, comerciantes, estudiantes y algunas menores de edad.

A ellas hay que sumar que en los cuatro primeros días de agosto tres mujeres han muerto a tiros, incluidas una menor y una embarazada, informó la Subprocuraduría de Justicia de Chihuahua, en la zona norte.

La menor Ana Karen Santana Santillán tenía 15 años y fue asesinada este martes al mediodía, horas después de ser secuestrada en el barrio el Mezquital, al sur de la ciudad.


Los sicarios la asesinaron luego de mantenerla cautiva unas quince horas en las que fue víctima de abusos sexuales, según reveló la autopsia.

La noche del lunes dos sujetos armados a bordo de varios vehículos dispararon contra tres jóvenes cerca de donde caminaban Ana Karen y otras dos menores que presenciaron el ataque.

Dos de ellas lograron correr a sus viviendas y ponerse a salvo, según ha relatado a los periodistas Isabel Santillán, madre de la quinceañera.

"Escuché los disparos y los gritos de mi hija -explicó- me gritó '¡Mamá!' En la casa estaba mi hermana y no me dejó salir a ayudarla y cuando logré salir vi como se llevaban a mi niña", relató.

Finalmente Ana Karen fue hallada con un disparo en el tórax en una vivienda abandonada en el barrio Torres del Sur donde, según vecinos, un hombre la bajó de un vehículo y luego se escucharon la detonaciones de arma que presumiblemente acabaron con su vida.

Estas muertes reportadas hoy son investigadas por la fiscalía del estado y distintas, en su consideración legal, a los "feminicidios", como se conoce a otros cientos de crímenes contra mujeres ocurridos desde 1993 y asociados con violencia de género y otros factores, que competen a una fiscalía especial creada para atenderlos.

viernes, diciembre 11, 2009

Estado Mexicano: FEMINICIDA "Corte Interamericana de Derechos Humanos culpa al gobierno por feminicidios en Juárez"

Por: Lourdes Godìnez (Cimac)/ José Meléndez (El Universal)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) acusó al Estado mexicano de violar el derecho a la vida, a la integridad personal y la libertad personal en perjuicio de tres de las ocho víctimas de feminicidio del campo algodonero y lo responsabilizó de no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, documentadas desde 1993.

La justa sentencia sentará un precedente para el tema de feminicidio en la región de Latinoamérica y Centroamérica al ser la primera que reconoce la violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres.

En la primera condena contra México por asesinatos y desapariciones de mujeres ocurridos desde 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró culpable al Estado mexicano de un triple crimen de mexicanas que se registró en 2001 en esa región del norte del país, y le impuso sanciones legales, morales y económicas, informó ayer el máximo tribunal continental de justicia.

La CIDH determinó que los homicidios en Juárez “son alarmantes” y que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, incumplió su deber de investigar para garantizarlos, y violó la no discriminación, los derechos del niño y la integridad personal de familiares de las víctimas, que fueron acosados por agentes.

Han pasado ocho años de los hechos, dijo la Corte, y la investigación no ha pasado de su fase preliminar.


El Estado debe pagar más de 847 mil dólares por indemnizaciones, lucro cesante, costas, gastos y otras reparaciones a las familias de las víctimas.

El gobierno fue acusado por los homicidios, en septiembre y octubre de 2001, de las niñas Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años; Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17, y de Claudia Ivette González, de 20, víctimas de la cadena de secuestro, violación, tortura y asesinato contra centenares de mexicanas que ha sacudido a Ciudad Juárez.

La sentencia data del 16 de noviembre pasado, pero fue difundida ayer.

Las cifras negras

La Corte, ente de la Organización de Estados Americanos con sede en Costa Rica, reconoció que México “realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional”, pero no demostró haber adoptado “las medidas razonables, conforme a las circunstancias que rodeaban a los casos, para encontraria las víctimas con vida”.

No existen datos claros sobre la cifra exacta de homicidios de mujeres en Juárez desde 1993, aunque las cifras oscilan entre 260 y 442 casos.

La sentencia recordó que representantes de las tres víctimas dijeron que el tema de género es común denominador de la violencia en Juárez, y que “niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres”.

México atribuyó los homicidios a causas y patrones criminales diversos, pero “influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer”.

La Corte sentenció que el Estado deberá remover los obstáculos que impidan indagar los tres casos, y le ordenó levantar —en un plazo de un año— un monumento en memoria de las víctimas de homicidio y crear una página web que “deberá actualizarse permanentemente y contendrá información personal de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993”.

SOBRE LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS

La Corte determinó que si se permite que personas responsables “de estas graves irregularidades” continúen en sus cargos, o peor aún, ocupen posiciones de autoridad, se puede generar impunidad y crear las condiciones para que los factores que inciden en el contexto de violencia persistan o se agraven.

Condenó que el hecho de que no se haya investigado a ninguno de los funcionarios supuestamente responsables por las negligencias ocurridas, pone de manifiesto la situación de indefensión de las víctimas, contribuye a la impunidad y propicia la “repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos de que se trata”.

La Corte determinó que las irregularidades en el manejo de evidencias, la fabricación de culpables como el caso de “El cerillo y la Foca”, confesos bajo tortura de ser los asesinos seriales, el retraso de las investigaciones, la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, vulneran el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.

El Estado, apuntó, no garantizó a través de una investigación seria y adecuada, los derechos mencionados con anterioridad de las tres víctimas.

“Todo ello permite concluir que en el presente caso existe impunidad”.

La ineficacia judicial en casos individuales de violencia contra las mujeres, sostuvo la Corte, propicia un ambiente de impunidad “que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir”.

En el caso del campo algodonero, dice la Corte en su sentencia de 167 páginas, el Estado mexicano tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas y debió haber asegurado que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su desaparición.

Máxime, reitera, cuando tenía conocimiento de la existencia del contexto en la entidad, donde a diario desaparecían mujeres o niñas.

El Estado fue acusado por la Corte por una deficiente actuación de sus autoridades para buscar a las víctimas, por la mala diligencia en la determinación de la identidad de los restos, de las circunstancias y causas de las muertes, el retraso en la entrega de los cadáveres, la ausencia de información sobre el desarrollo de las investigaciones y el trato dado a los familiares durante todo el proceso de búsqueda de verdad.


REPARACIONES

La Corte le ordenó al Estado mexicano que dentro de un plazo razonable, investigue, a través de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplique las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes resultaran responsables.

Asimismo, establece que “como medida de satisfacción”, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de amplia circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el estado de Chihuahua, por una sola vez, los párrafos 113 a 136, 146 a 168, 171 a 181, 185 a 195, 198 a 209 y 212 a 221 de la Sentencia.

La sentencia, dijo la CoIDH, también deberá publicarse íntegramente en una página electrónica oficial del Estado, tanto federal como del estado de Chihuahua dentro de un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la misma.

Otro ordenamiento de la sentencia es que en el plazo de un año a partir de la notificación de la sentencia, el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos del campo algodonero, en honor a la memoria de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, donde deberá mencionar las violaciones a los derechos humanos en que incurrió y que se declararon en la sentencia.

El acto, dice la Corte, deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública con funcionarios de alto rango y ser transmitido a través de radio y televisión, tanto local como federal. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de las tres víctimas y de sus representantes legales.

En este caso, sentenció la CoIDH, “es pertinente que el Estado levante un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, entre ellas las víctimas de este caso, como forma de dignificarlas y como recuerdo del contexto de violencia que padecieron y que el Estado se compromete a evitar en el futuro”

Este monumento deberá construirse en el campo algodonero donde el 6 y 7 de noviembre de 2001, fueron encontradas las 8 mujeres asesinadas.

Entre otras medidas, la Corte, determinó la creación de una página electrónica de mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993 a la fecha, misma que deberá actualizarse constantemente.

Asimismo, le ordenó la creación de una base de datos que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, otra que contenga información genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que consientan –o que así lo ordene un juez- para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida.

También propone la creación de una base de datos con la información genética y muestras celulares proveniente de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que haya sido asesinada en Chihuahua.

Esta información, señala la Corte, deberá ser protegida por el Estado mexicano.

Entre otras medidas de reparación, la CoIDH establece tratamientos psicológicos, médicos integrales para los familiares de las víctimas, así como el pago por concepto de gastos de búsqueda de 150 dólares a la señora Monreal, 600 dólares a la señora González; y mil cincuenta dólares a la señora Monárrez.

También ordenó al Estado indemnizar a las jóvenes asesinadas por la falta de garantía de sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal.

De acuerdo a este ordenamiento, el Estado mexicano deberá pagar treinta y ocho mil dólares a favor de Claudia Ivette González y cuarenta mil dólares para cada una de las niñas Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.

Otros cuarenta y cinco mil dólares deberán pagarse a las madres de las jóvenes Herrera, Ramos y González quienes entregarán, en su caso, la cantidad que estimen adecuada a sus representantes, por concepto de costos y gastos.

Los montos asignados en la sentencia, deberán ser entregados en el plazo de un año a partir de la notificación de la misma.

miércoles, septiembre 16, 2009

México: Familiares de mujeres asesinadas en Juárez movilizan contra ratificación de un cómplice en los crímenes

Por: Carolina S. Romero / Kaos en la Red
Exigen que senadores rechacen el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como procurador general de México
“¡No pasará!” gritaron alrededor de 50 manifestantes frente a la sede del Senado de la República, para exigir que los legisladores voten en contra del nombramiento de Arturo Chávez Chávez como procurador general del país. El mismo día, martes 14 de septiembre, hubo protestas en Cd. Juárez por el mismo motivo.

“El nombramiento de Arturo Chávez Chávez es intolerable”, dijo Malu García Andrade, hermana de Lilia Alejandra, chica de 17 años asesinada en 2001. Las familiares y activistas de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Justicia para Nuestras Hijas, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y varias organizaciones de derechos humanos, denunciaron el “auge de casos de feminicidios en Ciudad Juárez” cuando Chávez Chávez tenía la autoridad para frenar estos crímenes. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, él era delegado a Chihuahua de la Procuraduría General de la República (PGR) bajo Antonio Lozano Gracia, y subprocurador y procurador de Chihuahua bajo el gobernador panista de Francisco Barrio Terrazas. Sin embargo, en lugar de cumplir con su deber de investigar, perseguir y consignar a los presuntos responsables”, Arturo Chávez Chávez “entorpeció las investigaciones”, “incriminó a personas inocentes” y “encubrió” numerosos crímenes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y la ONU han reprobado su gestión y emitido recomendaciones pidiendo una investigación de los hechos.


Después de dirigirse a la gente reunida, las activistas se acercaron a la valla de policías con la esperanza de ser recibidas por la Mesa Directiva y los comités apropiados del Senado para exponer los motivos de su rechazo al candidato nombrado por Felipe Calderón. Sin embargo, un funcionario salió para dar el pretexto burocrático de que los distinguidos Senadores estaban muy ocupados. No tenían tiempo para considerar las muertes, mutilaciones y torturas de más de 430 mujeres de Juárez que han suscitado indignación y protestas en el mundo entero. Además, dijo el funcionario, los comités todavía no están formados. Esta mentira se descubrió cuando una compañera hizo una llamada para verificar la información. Después se supo que los priistas ya habían tomado la decisión de no oponerse a la designación del presidente panista y que el PRD no se ha definido. A pesar del desprecio y la complicidad de los senadores, las familiares y defensores de derechos humanos reiteraron su decisión de seguir con sus acciones de protesta hasta lograr su propósito.

“¡Basta con el encubrimiento de los poderosos!” gritó un manifestante. No es una consigna sin sentido. Como señalado en los libros de Diana Washington Valdéz (Cosecha de Mujeres) y Sergio González Rodríguez (Huesos en el Desierto), igual que en el documental Bajo Juárez, es un secreto a voces que, aparte de dos probables asesinos en serie y unos narcotraficantes, un buen número de los sádicos torturadores y asesinos vienen de las familias más ricas y poderosas de Juárez y otras ciudades fronterizas. Los juniors y no tan juniors buscan su potencia sexual en la agonía de las jóvenes trabajadoras de familias humildes.

En su libro Huesos en el Desierto, Sergio González Rodríguez dice: “De acuerdo con fuentes federales, se trata de seis prominentes empresarios en El Paso, Texas, Ciudad Juárez y Tijuana quienes patrocinan y atestiguan los actos que cometen los sicarios, dedicados a secuestrar, violar, mutilar y asesinar a mujeres....Las autoridades mexicanas ––al más alto nivel–– están al tanto de estas actividades desde hace tiempo atrás, y se han negado a intervenir. Estos empresarios ––del ramo del gas, transportista, de medios de comunicación, refresquero, y de establecimientos de ocio, juegos y apuestas–– guardan nexos con políticos del gobierno de Vicente Fox Quesada (2002: 251).

En Cosecha de Mujeres, Diana Washington dice: “Las investigaciones mexicanas federales contienen relatos de oficiales y otras personas que facilitaban orgías donde se ultrajaba a mujeres que aparecían muertas después. Los investigadores dicen que algunas de las personas también participaban en los asesinatos. Entre los apellidos que funcionarios estadunidenses y mexicanos conocen de personas que supuestamente podrían saber de los hechos o podrían estar involucrados están: Molinar, Sotelo, Hank, Rivera, Fernández, Zaragoza, Cabada, Molina, Fuentes, Hernández, Urbina, Cano, Martínez, Domínguez y otros” (extracto publicado en La Jornada 31 octubre, 2003).

En Huesos en el Desierto, González Rodríguez registra el papel de Arturo Chávez Chávez en la falsa incriminación de la presunta banda de “Los Rebeldes” (p. 101) y de Abdel Latif Sharif Sharif (p. 156) como autores de los asesinatos para desviar la atención de los verdaderos culpables. También resalta su manipulación de cifras por el oficial para alabar a la policía y presumir “que alrededor del 80% de todos los homicidios del estado de Chihuahua estaban ‘resueltos’” (p. 123). Por otro lado, el autor reporta que después del hallazgo binacional de decenas de cuerpos en los “narcocementarios en diciembre de 1999, “el dirigente de la AFAPD [Asociación de Familia y Amigos de los Desaparecidos] Jaime Hervella comunicó que las autoridades debían investigar también, por complicidad o negligencia, a Arturo Chávez Chávez...” (p. 172). Y si todo esto no fuera suficiente, después del asesinato del policía Felipe Lardizábal Hernández, quien “investigaba en forma encubierta los negocios turbios de sus colegas, sus vínculos con Amado Carillo Fuentes, el jefe del Cártel de Juárez”, los familiares de Lardizábal responsabilizaron a Arturo Chávez Chávez, entre otros, por el homicidio (p. 179).

¡Que tipo tan recto y honrado! ¡Un verdadero avatar de la justicia!

¿Cuántas mujeres torturadas y asesinadas en Juárez estarían vivas y en buena salud hoy en día si no fuera por el desempeño del ex procurador de Chihuahua? Está claro que su ratificación significaría la continuación de un infierno para cientos de jóvenes mujeres en esa ciudad y, además, para otras miles de hijas, hermanas, madres, novias y compañeras en el país entero.

Aunque a Arturo Chávez Chávez le falta la experiencia de su antecesor Eduardo Medina Mora en la represión brutal al pueblo rebelde y organizado, seguramente su experiencia en el laboratorio del sadismo contra mujeres indefensas en Juárez sería valiosa para el nuevo equipo de Calderón, el cual hará todo lo posible para apagar las rebeliones venideras en México.

Las familiares y activistas convocan protestas para el próximo lunes ante la comparecencia de Arturo Chávez Chávez en el Senado.

miércoles, mayo 06, 2009

Estado mexicano espera sentencia por feminicidio en Juárez

Por: Nancy Betán Santana y Guadalupe Gómez Quintana/CIMAC
El gobierno es internacionalmente responsable por la desaparición y muerte de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos, torturados y abusados sexualmente, fueron tirados en el predio Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El gobierno no las protegió, no previno sus asesinatos, aunque conocía el patrón de violencia de género en la región, que ha dejado cientos de mujeres y niñas asesinadas, y las autoridades de Ciudad Juárez no respondieron a las denuncias.

Esa es la acusación que hicieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) Irma Monreal, Josefina González y Benita Monárrez, madres de las víctimas, quienes esperaron ocho años para que sus testimonios fueran escuchados por autoridades judiciales sin sorna ni escepticismo.

miércoles, abril 29, 2009

Mexico, en el banquillo de la Corte Interamericana por crímenes de Feminicidio en Ciudad Juarez

Por: Enrique Gutiérrez
México comenzó a ser enjuiciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su presunta responsabilidad en la muerte de tres mujeres en Ciudad Juárez, en hechos ocurridos a finales de 2001, donde se acusa al Estado de falta de medidas de protección y prevención del crimen.

Esta es la primera denuncia que atiende un tribunal internacional sobre algunas de las cerca de 500 mujeres asesinadas en los últimos años en esa ciudad fronteriza, con motivaciones de índole sexual y encarnizamiento, en casos que en su mayoría no han sido esclarecidos judicialmente. Incluso se menciona que habría 600 mujeres desparecidas.
Por ello, Organizaciones civiles nacionales e internacionales exhortaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), a través de un manifiesto público, para que se pronuncie de forma contundente sobre las graves y continuadas violaciones a derechos humanos de las mujeres en las que ha incurrido el Estado mexicano.

Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez aparecieron sin vida arrojadas junto a cinco cuerpos de mujeres, en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Dos de ellas eran adolescentes.

A ocho años, estos crímenes han permanecido en la impunidad, señalan las organizaciones, durante los cuales las madres de Irma, Josefina y Claudia, así como sus defensoras, han sido objeto de hostigamiento, amenazas y descalificaciones por parte de agentes del Estado mexicano.

Finalmente, durante la audiencia pública, las madres de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette y Laura Berenice serán escuchadas por un tribunal imparcial, hoy y mañana, en la capital chilena.

La Corte Interamericana, señala el pronunciamiento de las organizaciones, afronta el reto de escuchar este caso, que representa una grave y continuada violación a los derechos de las mujeres por parte del Estado mexicano.

“La Corte podrá sentar las bases de la responsabilidad estatal sobre la violencia contra las mujeres, la cual está sustentada en históricas relaciones de desigualdad entre las mujeres y los hombres, y afecta siempre a un conjunto amplio de mujeres y a todas en tanto género”, dice el comunicado.

DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LOS DH

Las organizaciones civiles de la fronteriza Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, han registrado y denunciado, desde 1993, desapariciones y homicidios de mujeres ante los cuales las autoridades locales, estatales y federales han actuado de manera discriminatoria, omisa y negligente. Y la demanda de justicia se ha extendido más allá de las fronteras de Ciudad Juárez.

Es requisito indispensable para la reconstrucción social en Ciudad Juárez acceder a la verdad y a la justicia en estos casos, puntualizan las organizaciones. “Mientras ser mujer represente un peligro de muerte, ninguna podrá ejercer cabalmente nuestras libertades y nuestros derechos”.

“Manifestamos nuestra preocupación por la integridad de las defensoras de derechos humanos que han visto amenazada su integridad y la de sus familias, y que temen que se incremente el riesgo en tanto el caso avanza, como consecuencias de sus denuncias ante medios de comunicación, la presentación y defensa de los casos ante instancias de justicia y derechos humanos nacionales, regionales e internacionales, su exigencia de acciones estatales y políticas públicas reales, contundentes y efectivas para detener la violencia en Ciudad Juárez”.

Firman el comunicado, entre otras organizaciones: Asociación Sinaloense de Universitarias, AC; Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe; Católicas por el Derecho a Decidir–Chile; Consejo Consultivo de Organizaciones de la Sociedad Civil; Centro de Derechos de Mujeres; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) AC; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y decenas más.