Medicus Mundi BizkaiaRebelión El aborto en Guatemala es una práctica penalizada por la ley, salvo en caso de que esté en peligro la vida de la madre. Sin embargo, cada año, cerca de 65 mil mujeres de entre 15 y 49 años deciden interrumpir sus embarazos de manera clandestina, poniendo en riesgo su salud y su vida.
Una legislación altamente restrictiva y las severas condenas por parte de las autoridades religiosas y políticas, tienen como consecuencia la estigmatización del aborto. Además, tal y como recoge el estudio del Instituto Guttmacher, “todo aborto, espontáneo o provocado, tiene sanción social y familiar pero es, desde luego, más punible el aborto provocado”. Por ello, las guatemaltecas optan por métodos que se llevan a cabo en secreto, en condiciones inseguras y con frecuencia por personal no capacitado.
La clandestinidad del aborto y, por ende, la falta de registros oficiales sobre la morbilidad y mortalidad por interrupción del embarazo, muestran como el aborto inducido representa un grave problema de salud en el país.
De hecho, el aborto constituye una de las principales causas de mortalidad materna en Guatemala. La interrupción del embarazo de forma insegura puede resultar en complicaciones que necesiten atención médica y hospitalizaciones. Pese a la gravedad de los casos, no todas las mujeres que sufren problemas durante la intervención reciben tratamiento médico o lo hacen demasiado tarde.
Guatemala tiene una de las tasas más altas de fecundidad de América Latina y la más alta de Centroamérica. Según el estudio del Instituto Guttmacher, el tamaño promedio de una familia en la región centroamericana es de 2,9 hijos/as por mujer, mientras que en Guatemala es de 4,4 hijos/as. En el caso de la población indígena, el tamaño de familia es más del doble del centroamericano y supera en dos hijos/as al promedio nacional.
Sin embargo, en la actualidad, cada vez son más las mujeres que desean tener familias menos numerosas. Debido a ello, es probable que el número de abortos aumente si paralelamente no se da un incremento significativo en el uso de anticonceptivos efectivos.
Así pues, el derecho a una maternidad libremente elegida parece estar lejos de cumplirse en el país. El discurso patriarcal, que considera la procreación como esencia del matrimonio y la maternidad como vía principal de realización de las mujeres, aún está profundamente enraizado en la sociedad y en muchas mujeres.
La planificación familiar y la prevención de embarazos no deseados en Guatemala se enfrentan a barreras económicas, geográficas, de accesibilidad y disponibilidad de recursos de salud, así como a barreras culturales - en su mayoría en áreas rurales-.
Por lo tanto, el aborto inseguro se presenta como un problema de salud pública, una sería amenaza a la salud y la vida de las mujeres, a su bienestar y dignidad. Desde medicusmundi bizkaia consideramos que el acceso y la disponibilidad a la planificación familiar son urgentes y prioritarios en el país. Además, se ha de fortalecer y facilitar la atención postaborto, así como desarrollar campañas de información y educación dirigidas a toda la sociedad (incluido el personal de los servicios de salud) sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Asimismo es necesaria una legislación y una verdadera voluntad política que respalden, garanticen y promulguen la implementación de estos servicios.
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Medicusmundi bizkaia, desarrolla proyectos de cooperación al desarrollo en Guatemala desde hace más de una década. Desde una perspectiva integral y un enfoque de derechos humanos, trabajamos para erradicar las desigualdades de género que repercuten directamente en la salud de las mujeres, en su acceso a las medidas de control de natalidad y, en definitiva, en sus opciones de desarrollo y la de sus familias. Por ello, hoy 28 de septiembre, siendo el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, denunciamos la práctica sistemática del aborto clandestino en Guatemala, por ser una de las principales causas de mortalidad materna en el país.
