Colombia: un millón de mujeres marchan hoy por la paz y la democracia

Hernán Durango

En Bogotá miles de personas manifestarán desde las 9 de la mañana en respaldo a los diálogos por la paz que tienen sede en la Habana entre comisionados de las FARC y el Gobierno Nacional. Las mujeres estarán acompañadas de los ciudadanos y de muchas organizaciones sociales en sus luchas contra la violencia y atropellos, por mejores condiciones de vida y por plenas libertades democráticas. Varios puntos han sido definidos para las grandes marchas que confluirán en una multitudinaria concentración en la Plaza de Bolívar donde habrá un espectáculo cultural.

Comunicado de Mujeres por la paz:

Bogotá, Noviembre 22 de 2013.

La esperanza de una salida política al conflicto social y armado sigue evidenciándose en el torrente de la movilización social y popular, en este contexto las mujeres convocamos a todas y todos a la movilización nacional el 22 de noviembre, para reafirmar la necesidad de unirnos, protestar, exigir y proponer, cesar la guerra, disponernos a la construcción de paz, y demandar las profundas transformaciones económicas, culturales, sociales y políticas necesarias, para hacer frente a la desigualdad social, a las injusticias, violencias y guerras públicas y privadas, por que deseamos tener un presente libre de violencias y una sociedad en paz donde seamos reconocidas como sujetas deliberantes y decisorias en un nuevo pacto social y sexual.

Por estas múltiples razones, nosotras Mujeres que le apostamos a la paz: sujetas políticas, forjadoras y constructoras históricas de la paz, con voces, cuerpos, y rostros concretos, desde múltiples diversidades, Convocamos a las mujeres que habitan en los territorios de nuestras llanuras orientales hasta nuestras exuberantes selvas del Pacifico, del Urabá a las sabanas y valles del Caribe, de la Sierra Nevada hasta la inmensa Amazonia, pasando por las cordilleras que irrigan el corazón del país, para que hagamos un llamamiento a todas y todos, de todas las etnias, en todas las lenguas, en los territorios, veredas, municipios, ciudades, para que nos unamos a manifestar la exigencia de la tan anhelada paz con justicia social.

Asumimos hoy en el marco del avance del proceso de diálogo entre el gobierno y la insurgencia, la búsqueda y construcción de la PAZ, por ello exigimos a las partes mantener la voluntad política para no levantarse de la mesa, así, como a la sociedad colombiana y sus distintas formas de resistencia a comprometerse a generar propuestas para un país que pueda ir junto con nosotras hacia la justicia y la democracia, un país que se disponga a vivir en paz.

Es así que las Mujeres comprometidas con la construcción del bien sublime de la paz desde la diversidad de propuestas: políticas, sociales, religiosas, culturales, artísticas, profesionales, laborales, juveniles llamamos al conjunto de las fuerzas sociales y populares a sumarse al compromiso de proteger y acompañar el proceso de diálogos que se desarrollan en la Habana, más aun frente a la arremetida de sectores contradictores de la paz; que por el camino de la guerra pretenden sostener sus intereses económicos y políticos; a fin de usufructuar el poder fundamentalmente patriarcal, no solo desde la lógica paramilitar y de recrudecimiento del conflicto, sino también desde el escenario electoral.

Llamamos no solo a movilizarnos, sino a concretar un gran acuerdo y diálogo por la democracia, la paz y la justicia social para todas y todos, que movilice y genere un escenario de debate y reflexión donde miles de colombianas y colombianos participemos, para proteger política y socialmente los acuerdos de La Habana con una retroalimentación desde el movimiento social, siendo indispensable que se sumen y pongan sobre la mesa y en lo público las propuestas que las mujeres hemos venido construyendo ya que somos fuerza vital del país, y agentes primordiales para el cambio social.

LA PAZ Y LA DEMOCRACIA CON LAS MUJERES Sí VAN.


Todas y todos por un acuerdo de paz con justicia social

SUMATE Y MOVILIZATE CON NOSOTRAS HACIA BOGOTA EL 22 DE NOVIEMBRE

CONVOCA: MUJERES POR LA PAZ…

Aida Abella: candidata a la presidencia por la Unión Patriótica

Agencia Prensa Rural

La gran sensación del primer día de debates del V Congreso de la Unión Patriótica fue el anuncio por parte de Aída Abella sobre su candidatura para las elecciones presidenciales del 2014 como representante de la UP. Ante un auditorio con más de 2000 personas, la exconcejal fue recibida con el histórico himno de la UP.

Durante las primeras horas de la mañana se presentaron emotivos encuentros entre viejos amigos, sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica en la década de los ochentas se reencontraron después de años de exilio o de estar en el anonimato; hoy se vuelven a ver con el reverdecimiento de la esperanza y con los anhelos de alcanzar en la próxima contienda electoral los anhelos que las amenazas, las persecuciones y las masacres les arrebataron hace casi 30 años.

Excaldes, exconcejales, delegados de todas las regiones del país discutieron en horas de la tarde en tres comisiones: política electoral, organizativa y programática para estructurar los estatutos que regirán el partido que recientemente recuperó la personería jurídica.

El evento contó además con la presencia importantes personalidades que han venido manifestando su apoyo al resurgimiento de la UP como Omer Calderón, Imelda Daza, Carlos Lozano, Jaime Caycedo, Piedad Córdoba, Iván Cepeda y Jahel Quiroga y con invitados internacionales que se solidarizan con las víctimas de la persecución a quienes hacen oposición y que esperan una adecuada resolución del conflicto social y armado que vive el país desde hace varias décadas.

Un nuevo crimen atroz se ha cometido en Colombia sobre el cuerpo y la vida de una mujer

Varias organizaciones

Rebelión En el Municipio de Carcasi, Ubicado en la Provincia de García Rovira del Departamento de Santander, en la Vereda Buenavista, lugar de habitación del Padre Pedro Elías Joya, siendo la media noche del día 14 de mayo, fue cometido un crimen atroz en el cuerpo de BENEDICTA JOYA, según primeras informaciones fue asesinada y posteriormente procedieron a incinerarla al igual que a la vivienda. Escrito en sangre fue dejado un mensaje el cual decía “fuera guerrilleros”. BENEDICTA, hermana del padre Pedro Elías Joya ha acompañado siempre a su hermano en el trabajo pastoral. Era una mujer sencilla y humilde, labraba la tierra y apoyaba las labores de la parcela en donde se encontraba su vivienda.

El crimen cometido en contra de BENEDICTA, como descarga de ira y de venganza, no tiene ninguna justificación. En Colombia se ha aprobado la Ley en contra de todas las formas de violencia hacia la mujer, sin embargo un canalla vuelve a infringir el más sagrado de los derechos de una mujer: el respeto a su cuerpo y a su vida, infringiendo sobre ella una serie de acciones violentas y aberrantes que solo en una mente y en un cuerpo enfermo pueden cohabitar. A BENEDICTA, no la recordaremos por su victimario o por la acción de este sobre ella, la recordaremos por sus virtudes como mujer y como persona.

El Padre Joya como es conocido a nivel de la provincia, del país y de otras regiones del mundo, ha desarrollado su vida cristiana en favor de los más pobres, siempre defensor del territorio y de los campesinos que han sido afectados por los intereses explotadores de empresas mineras que han intentado una y otra vez apoderarse de la región del páramo El Almorzadero, en donde se han realizado fuertes e importantes movilizaciones en contra de las explotaciones de carbón y otros minerales.

Como protector del ambiente, del agua, como defensor de derechos humanos, como constructor de proyectos cooperativos que generan bienestar a las comunidades, ha difundido ideas de solidaridad, cooperativismo y autonomía. Su lucha también ha sido por la paz de Colombia, activo en los diferentes escenarios convocados para el diálogo por la paz, ha participado haciendo planteamientos de urgencia a favor de la paz.

Con sus propios esfuerzos y con la solidaridad brindada por otros, se ha empeñado en la construcción de una escuela para jóvenes campesinos que enfatiza en la necesidad de la producción de alimentos. En ocasiones pasadas fue blanco de persecuciones por parte de organizaciones de extrema derecha, pero sus actos sustentados en el diálogo, la transparencia, la actividad pública y la gestión política ante organizaciones sociales, públicas y comunitarias le han permitido salir adelante.

Este crimen atroz, por el grado de sevicia practicado en su ejecución contra una mujer de más de 50 años y en total estado de vulneración pues además se encontraba sola ya que el Padre había salido en horas de la tarde, no es otra cosa que un crimen que busca ser “ejemplarizante”. En la psicología de la guerra, los crímenes ejemplarizantes son ejecutados con el propósito de obtener venganza y/o de aterrorizar no sólo a una persona sino a toda una comunidad para obligarla a desistir de sus ideas y de sus acciones. El Padre Joya, no sólo es un símbolo de las comunidades de la región, sino que simboliza la defensa de temas fundamentales en la discusión actual del país como lo es: la defensa de los páramos, la exigencia y garantías de los derechos humanos, los procesos de paz, la defensa de la soberanía alimentaria, el cooperativismo, entre otros temas sustanciales que confrontan los intereses de las multinacionales mineras y de los enemigos de la paz.

Todas las comunidades de los municipios de García Rovira, las Organizaciones Ambientales, defensoras de los Derechos Humanos, las Cooperativas, las Juntas de Acción Comunal y las Organizaciones de Mujeres y de Víctimas de la Provincia de García Rovira, rechazamos tajantemente este horrendo crimen, exigimos justicia para los victimarios, que se conozca la verdad y que sean resarcidos los daños morales ocasionados al Padre Joya a sus sueños y a sus proyectos y que se condene a quien violentó el cuerpo y la vida de BENEDICTA.

Este crimen no puede quedar en la Impunidad, exigimos que todos los actores políticos y los Representantes territoriales del Orden municipal, departamental y nacional, así como las instituciones garantes de la protección de la vida en la región y en Colombia se pronuncien y actúen de inmediato hasta dar captura y condenar a los victimarios. El territorio es de quien lo habita, rechazamos el mensaje de desalojo colectivo que se convoca a través del crimen cometido en contra de Benedicta Joya.

ORGANIZACIONES DEFENSORAS DEL MEDIO AMBIENTE, DE DERECHOS HUMANOS, ORGANIZACIONES DE MUJERES, ORGANIZACIONES DE VICTIMAS, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, ASOCIACION DE USUARIOS CAMPESINOS ANUC, COMISION EN DEFENSA DEL PARAMO EL ALMORZADERO PROVINCIA DE GARCIA ROVIRA

Colombia: La paz sin las mujeres ¡No va!

Manifiesto de Mujeres por la Paz

Nosotras, las mujeres de la Guajira, Bolívar, Atlántico, Sucre, Antioquia, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Santander, Meta, Caquetá, Tolima, Bogotá, Boyacá, Risaralda, Cesar, Magdalena, Sucre, Putumayo, Norte de Santander, Huila, Quindío, Cundinamarca, Nariño; mujeres afro descendientes, indígenas, campesinas, urbanas, jóvenes, adultas, del arte y de la cultura, de organizaciones de mujeres, feministas, sociales, populares, partidos políticos, sector LGTBI; llegamos a la ciudad de Bogotá para aunar y tejer sueños y acciones, para perfilar una sociedad también a la medida de las mujeres; sociedad en la cual se nos reconozca como sujetos de derechos en lo público y lo privado, se otorgue autoridad a nuestras voces y se validen nuestras experiencias como valor de la condición humana.

En estos dos días de debates, encuentros y de compartir experiencias, reafirmamos nuestro compromiso ético y político con la construcción de la paz y la salida política al conflicto social y armado; nos declaramos insumisas frente al patriarcado y el capitalismo y nos negamos a continuar siendo las pactadas de la cultura patriarcal, queremos ser pactantes del nuevo contrato social que deriva del proceso de diálogo.

Rechazamos las guerras públicas y privadas en contra de las mujeres, la expropiación de los territorios, del suelo, subsuelo y de los recursos, la concentración de la riqueza en manos de unos pocos y en detrimento de las condiciones de la vida de la mayoría de la población colombiana, la explotación de los bienes comunes, la privatización de los recursos públicos, medioambientales y de los derechos humanos, exigimos un crecimiento sano y un desarrollo inclusivo y sustentable.

Abogamos por la defensa del Estado social de derecho laico garante de los derechos de todas y todos, libre de prejuicios e imposiciones religiosas y, respetuosas de la diferencia sexual, las identidades sexuales, religiosas, étnicas y políticas.

La paz no es el silenciamiento de los fusiles en lo público y en lo privado. La paz implica hacer realidad la justicia social para todos y todas sin distinción de etnia, sexo, religión, postura política o condición económica; significa garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de todas las victimas; erradicar la violencia como ejercicio de la política y la negación del otro y la otra como práctica cotidiana. La paz significa desmilitarizar los territorios, las mentes y la palabra.

Las mujeres reunidas en el Encuentro Nacional de Mujeres por la Paz, demandamos al Gobierno y a la insurgencia no pararse de la mesa hasta no llegar al cuerdo que de fin al conflicto armado, consideramos que debe superar todos los obstáculos y ubicar la consecución de la paz como un derecho de todos los colombianos y colombianas. Es imprescindible que las mujeres seamos protagonistas en el proceso de diálogo, en la construcción de la paz y en las decisiones que se tomen para la obtención de estos propósitos. Porque los problemas que nos afectan a las mujeres implican a toda la sociedad y consideramos que deben estar en el centro de la agenda que se discute entre el Gobierno y la insurgencia, en la Habana Cuba,

Las barbaridades del paramilitarismo a la mujer colombiana.

Proponemos:


* Ampliar la noción y los objetivos de la construcción de la paz para integrar cuestiones relativas a los derechos de las mujeres.

* Participar activamamente en las agendas regionales y nacionales para la construcción de la paz con justicia social y que promuevan las voces y agendas de las mujeres.

* La inclusión de las mujeres excombatientes de la insurgencia en los programas de desarme, desmovilización y reintegración, en igualdad de condiciones a los hombres y con enfoque diferencial.

* Revisión de las políticas de seguridad para que se garantice la seguridad de las mujeres en lo público y lo privado.

* Generar espacios abiertos, democráticos y pluralistas para la discusión y la toma de decisiones acerca de la justicia transicional, el fuero militar y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres, además de las garantías de no repetición.

* Acciones estatales que lleven al desmantelamiento total del paramilitarismo en sus diversas y múltiples expresiones como garantía de una paz duradera.

* Una distribución justa de la tierra que respete los valores ancestrales de la relación con el territorio, proteja los recursos y garantice el derecho a la tierra para quien la necesite.

* Acciones afirmativas para que las mujeres puedan acceder, en igualdad de condiciones a los hombres, a la propiedad de la tierra, y garantías para la producción y la soberanía alimentaria.

* A la comunidad internacional apoyar las iniciativas de las mujeres y sus organizaciones para contribuir al reconocimiento como interlocutoras políticas indispensables en el proceso de diálogo y de construcción de la paz.

* Que el Estado colombiano y las FARC_EP pacten un cese bilateral al fuego, exigencia extensiva para el ELN en la eventualidad que inicie diálogos de paz.

* Que el Gobierno colombiano cese los bombardeos indiscriminados en los cuales se ve afectada la población civil.

* El respeto a los objetores de conciencia para la prestación del servicio militar obligatorio, como un aporte a la construcción de la paz.

* Que el Estado colombiano acoja la decisión del ELN de iniciar diálogos con el gobierno.

* Apoyar las constituyentes por la paz y otras alternativas que se impulsen desde el movimiento de mujeres, social y popular.

CARMEN ELENA RUBIO, viuda después que su esposo Audén, fue asesinado por paramilitares al servicio de empresas bananeras como Dole, Chiquita en la región de
Ciénaga. Quedó sola con sus nueve hijos. Es el futuro de ella y millones de mujeres humildes colombianas que tiene que estar en la mesa del proceso de paz en la Habana.
Nos comprometemos a:

Denunciar el militarismo y las diversas formas de fundamentalismo religioso que alimentan y legitiman la violencia y la vulneración de los derechos de las mujeres.
Fortalecer en lo nacional y regional a Mujeres por la Paz, construir una agenda en común y diseñar mecanismos efectivos y democráticos para la comunicación y toma de decisiones.

Exigir a los medios de comunicación transparencia en la información sobre el proceso de diálogo.

Contribuir a posicionar las voces de las mujeres como sujetas políticas y ejercitadoras de derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Exigir el cumplimiento de las responsabilidades del Estado colombiano
Mantener la movilización permanente a favor de los diálogos y la paz.

Dada en Bogotá a los 4 días del mes de diciembre de 2012.

La paz sin las mujeres ¡No va!

Organizaciones participantes en el encuentro nacional de Mujeres por la Paz 3 y 4 de diciembre de 2012

Acin
Alianza Departamental de Mujeres
APROSIV-Valledupar
Asociación Campesina Bienandantes.
Asociación de mujeres por la paz y la defensa de los derechos de la mujer colombiana- ASODEMUC
Asociación de Mujeres Unidas De San Isidro- Amusi
Asociación de Trabajadores Campesinos del valle del cauca.
Asociación Red Juvenil del Sur Occidente de Barranquilla
Asociación zonas de Reservas Campesinas de Miranda
ASOMA-Marinilla
Asomujer y Trabajo.
Campesina de la perla amazónica-Putumayo
Casa Amazonia/Putumayo
Casa de la Mujer
CDPAZ- Planeta Paz
Cladem
Colectivo Feminista Hallyaniwa
Colectivo de Mujeres Afro descendientes WIWA- Buenaventura
Colectivo de Mujeres al Derecho- Colemad
Colectivo de Mujeres Excombatientes
Colectivo Mercedes Úzuga
Colectivo Mujeres para la Reincidencia
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Cpdh.
Compromiso-Santander
Comunitar
Corporación Centro de Promoción y Cultural-Fasol
Corporación Colombiana de Teatro
Corporación Ensayos para Promoción de Cultura Política
Corporación Humanas
Corporación Nuevo Cine Latinoamericano
Central Unitaria de Trabajadores -CUT
Departamento de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados -CND.
Fensuagro
Fondo de Acción Urgente
Fondo Mujer
Fuerza de Mujeres Wayuu
Fundación Amor-Antioquia
Fundación Amor-Valledupar
Fundación Casa de la Mujer y de la familia Stella Brand- Pereira

Fundación de Mujeres de Santafé-LISAFE
Fundación José Luis-Valledupar
Fundación Mujer y Futuro- Santander
Fundación Telar Social Humano
Grupo teatral Abrazadas
ILSA
Jóvenes unidos por el bienestar del bajo calima-Buenaventura
Juventud Comunista de Colombia-JUCO
Las Auroras red de mujeres víctimas de Santander
Libertarias de la 18
Limpal Colombia
Marcha Patriótica
Mesa de Incidencia Política Mujeres Rurales
Movice
Mujer Palabra
Mujeres en Asamblea Permanente 13 Años Caminando por la Paz
Mujeres en Clave de Paz
Mujeres por la Paz-Valle del Cauca.
Mujeres por la Resistencia
Observatorio de derechos Humanos y Para-política
Organización Indígena kankuama- OIK
Partido Comunista Colombiano-PCC
Pueblo indígena Camentza-Putumayo
Red de Mujeres del Caribe
Red de Mujeres Indígenas
Red de mujeres productoras y productiva- Ciudad Bolívar
Red de niñas, niños y jóvenes- Antorchas
Red Departamental de Mujeres-Meta
Ruta Pacifica de las Mujeres * compuesta por 288 organizaciones y 9 regionales
Ruta Pacífica de las Mujeres Antioquia
Ruta Pacífica de las Mujeres Bogotá
Ruta Pacífica de las Mujeres Bolívar
Ruta Pacífica de las Mujeres Cauca
Ruta Pacífica de las Mujeres Choco
Ruta Pacífica de las Mujeres Nacional
Ruta Pacífica de las Mujeres Putumayo
Ruta Pacífica de las Mujeres Risaralda
Ruta Pacífica de las Mujeres Santander
Ruta Pacífica de las Mujeres Valle
Teatro Jayeechi
Teatro La Mascara
Tribunal de Mujeres
Unión de Ciudadanas- Valle de Cauca
Yo Mujer
Zona Humanitaria Caracolí, Curvaradó y Carmen del Darién -Bajo Atrato chocoano

Colombia: Agentes del Estado son responsables del 98% de las violaciones sexuales en el marco de la guerra

APCrítico Circulan textos de desinformación ante el informe de agosto 2011 sobre torturas y violación sexual en Colombia: los medios de desinformación masiva, como siempre, tratan de paliar el escándalo mintiendo al equiparar a la insurgencia con los agentes de la fuerza pública y los paramilitares.

Circulan textos de desinformación ante el informe de agosto 2011 sobre torturas y violación sexual en Colombia: los medios de desinformación masiva, como siempre, con sus escribanos, tratan de paliar el escándalo que revela el último informe sobre violencia sexual y tortura en Colombia. Tratan de eximir al principal actor de violaciones sexuales: los propios agentes estatales.

Tratan de eximir a esos victimarios con su letanía de siempre para tapar el terror de estado: dicen los medios masivos que 'son los actores ilegales del conflicto' los que cometen estos crímenes ( y ahí aprovechan para equiparar al paramilitarismo que es una herramienta del terror de las multinacionales y oligarquía, una herramienta mercenaria cuya finalidad es sembrar parálisis por el terror; con la insurgencia (FARC y ELN) que son ejércitos populares de liberación, que si bien no están excentos de cometer atropellos, para nada los tienen como eje de su política, al contrario.)

Lo más terrible es que cada vez que sale un informe de DDHH que es inequívoco sobre el uso del terror y la violación sexual desde el mismo estado a través de su herramienta paramilitar y de la misma fuerza pública, salen miles de escribanos en los mass media a mentir en la interpretación del informe, saltándose incluso las mismas cifras y conclusiones del informe y mintiéndo hasta la saciedad. Con lo cual tenemos en Colombia un genocidio que se perpetúa gracias a la manipulación mediática de la realidad.

Más del 98% de estos crímenes de violación sexual los comete el estado colombiano: eso arroja el informe de agosto 2011 de la Coalición Contra la Tortura. Entonces está claro que la fuerza pública y los paramilitares Sí tienen un comportamiento sistemático de utilizar la violación sexual como arma de guerra, pero no las guerrillas, con lo cual es bastante tendencioso equiparar lo inequiparable. Hay incluso textos que ni siquiera nombran a la fuerza pública como victimaria.

Los autores de estos textos o bien son partícipes de la propaganda oficial y su estrategia de ocultamiento, o bien son altamente irresponsables, porque si de verdad les importa informar del drama colombiano, y de la crítica situación de las mujeres colombianas, no se puede equiparar en justicia a los que cometen más de 98% de las violaciones sexuales en un conflicto con los demás. Es desquiciado, y no permite un análisis serio de la tragedia. Las estadísticas, los indicadores numerales y los informes deben servir para entender y análizar con seriedad la grave situación de violaciones a los DDHH. Los informes de DDHH en Colombia se hacen en medio de la adversidad, y bien conocidos son los niveles de arremetida contra investigadores y defensores de derechos humanos en Colombia, como para irrespetar además su trabajo, usándolo como base para la propaganda estatal.

Equiparar a paramilitares y guerrilla es algo que se salta toda proporcionalidad, y es algo que es además una de las principales líneas propagandísticas del estado. Va en contravía a la realidad objetiva, y a la realidad plasmada en multitud de informes. Todos los informes coinciden en las proporciones que son la casi totalidad de estos crímenes (más del 98%) son cometidos por fuerza pública y paramilitares, evidenciando que sí hay un patrón de conducta en ellos y no en las insurgencias.

Si hasta la misma Oxfam (que no es para nada de izquierda) muestra las proporciones; y así como el informe (que es el último en data) de la Coalición Contra la Tortura, evidencia esto: la mayoría aplastante de estos crímenes lo cometen fuerza pública y paramilitares, en varias ocasiones conjuntamente, lo que demuestra que ellos sí tienen como patrón de comportamiento el usar la violación sexual como arma de guerra.

La desinformación en base a un drama tan grave como la dantesca cantidad de mujeres violadas en Colombia, que obvia decir que los principales violadores son agentes estatales, que no informa de la multitud de denuncias del accionar conjunto militar-paramilitar, y que hace comparaciones exhorbitadamente abusivas es de un cinismo aterrador. Esta desinformación alcanza su cúspide cuando sale incluso reflejada en medios alternativos: Son textos que mienten al equiparar en frases ligeras, lo que los mismos informes muestran que es inequiparable. Es hacerle un gran daño a un pueblo el venir a mentir sistemáticamente para opacar la realidad. Aunque algunos de esos escribanos vengan con envoltorios 'inocentes', no lo son. O no son inocentes y son agentes cooptados para la propaganda por el estado colombiano, o bien su nivel de irresponsabilidad es extremadamente grave pues incurren en mentir con algo dramático.

No obstante estos textos de desinformación y mentiras, está el estremecedor informe de la Coalición Contra la Tortura, cabe recordarlo: arroja una realidad que no puede seguir siendo ignorada por el mundo.

Cito aquí una parte del artículo de Camilo Raigozo, que es síntesis del informe de la CCT:

Denuncia la Coalición Colombiana contra la Tortura:1.834 torturas fueron documentadas entre 2001 y 2009. El Estado es responsable del 91 por ciento

Entre julio de 2001 y junio de 2009 fueron torturadas al menos 1834 personas de las cuales fueron asesinadas 1.148, sobrevivieron 422 y 264 fueron torturadas psicológicamente. El Estado es responsable del 90,59 por ciento de estos crímenes.

El pasado 18 de agosto la Coalición Colombiana Contra la Tortura presentó un informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de la o­nU.

La Coalición Colombiana Contra la Tortura está conformada por la Asociación de detenidos-desaparecidos, Asfades; Asociación Minga; Colectivo de Abogados José Alvear Restreo, Ccajar; Comisión Colombiana de Juristas, Ccj; Corporación Avre; Corporación Reiniciar; Corporación Vínculos; Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Fcspp y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

Según el documento, entre julio de 2001 y junio de 2009, fueron víctimas de tortura al menos 1.834 personas de las cuales fueron asesinadas 1.148, sobrevivieron 422 y fueron torturadas sicológicamente 264 personas.

De los crímenes anteriores el 15 por ciento de las víctimas fueron mujeres. De los 610 casos en que se pudo establecer la edad de las víctimas se encontró que 179 fueron niñas y niños, 179 jóvenes y 10 adultos mayores.

De los 1.350 casos en que la Coalición logró conocer los presuntos autores, el Estado está comprometido en el 90,59 por ciento de ellos. En 566 torturas, el 41,93%, están comprometidos directamente agentes estatales del Ejército, Policía y otros.

Mientras que por omisión, tolerancia o apoyo de agentes del Estado a paramilitares en la comisión del delito de tortura fueron encontrados 657 casos, 48,67%. Por su parte las guerrillas son responsables del 9,41% de estos delitos.

Desplazamiento forzado

El informe señala que en 2009 fueron desplazadas más de 280.000 personas en Colombia, las cuales pasaron a engrosar la suma de más de cinco millones de desplazados ya existentes. La fuente se basa en el seguimiento que en esta materia ha realizado la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.

La Comisión Colombiana de Juristas tuvo conocimiento de 118 casos de personas desplazadas, víctimas de violaciones al derecho a la vida, entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de septiembre de 2009. Al menos ocho de ellas eran personas que reclamaban la restitución de sus tierras.

En los casos en que se conoció el presunto perpetrador de este crimen, se encontró que el Estado es responsable del 90,38% de estos. El 21% por acción directa de militares, policías u otros agentes; y por connivencia de estos con paramilitares el 69,23%. Por su parte las guerrillas son responsables del 9,62% de los desplazamientos.

El propio gobierno reconoció que entre 2007 y el primer semestre de 2010 fueron asesinadas 1.499 personas desplazadas y 354 fueron desaparecidas de manera forzosa.

Violencia sexual

La Comisión Colombiana de Juristas pudo establecer que entre julio de 2001 y junio de 2009 ocurrieron al menos118 casos de violencia sexual. En 111 casos las víctimas fueron mujeres, en 6 hombres y uno no se pudo establecer.

En los 58 caos en que se pudo establecer la edad de las víctimas se encontró que 37 fueron niñas, 10 jóvenes y 11 adultas. Es decir que el 81,03 de las víctimas de violencia sexual son menores de 25 años.

En los 107 casos en que se pudo establecer el autor del crimen de violencia sexual se encontró que los agentes del Estado son responsables del 98,14% de estos. Por perpetración directa de militares, policías u otros agentes, el 66,36%, y por complicidad de estos con paramilitares, el 31,78%. Las guerrillas fueron halladas responsables en dos casos es decir el 1,87%.

Cabe anotar que la gran mayoría de crímes de tortura, violaciones sexuales y tortura sicológica, no son denunciadas, principalmente por amenazas de los victimarios, el dificil acceso a la justicia y por ignorancia de las víctimas a ejercer ese derecho.

El gobierno colombiano se ha negado sistemáticamente a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, herramienta que obligaría al Estado colombiano a implementar un sistema de visitas regulares a los centros carcelarios y penitenciarios,- por parte de organizaciones independientes y complementarios a nivel internacional y nacional, que contribuiría en la prevención de hechos de tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a los cuales son sometidos los internos en las cárceles del país.

Sin ningún sonrojo el gobierno se ha opuesto a dicha ratificación argumentando que “no es necesaria, por cuanto existen diferentes mecanismos internos, tales como comités y directivas, en las entidades del gobierno del orden nacional y regional, con el objetivo de prevenir la ocurrencia de hechos de tortura”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

NOTAS RELACIONADAS:

http://notimundo2.blogspot.com/2011/08/colombia-es-un-estado-torturador-entre.html

Piedad Córdoba sale de Colombia por amenazas de muerte

Prensa Latina La exsenadora colombiana Piedad Córdoba salió en las últimas horas del país acosada por amenazas de muerte, confirmaron fuentes allegadas a la pacifista y activista por los derechos humanos.

El representante de la Cámara por el opositor Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda, dijo que Córdoba le informó telefónicamente anoche que se iba del país porque las amenazas se recrudecieron y era inminente un atentado contra su vida. Cepeda, también amenazado de muerte, señaló que la exparlamentaria sale del país en medio de las controversias que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe, investigado por su posible responsabilidad en el escándalo de espionaje ilegal.

El abogado de Córdoba, Luis Guillermo Pérez, sostuvo en medios locales de prensa que aunque las intimidaciones a su defendida han sido constantes, hay información de que se estaba fraguando un atentado para matarla.

Al respecto confirmó que fueron fuentes oficiales las que advirtieron a la líder del grupo de la sociedad civil Colombianos y Colombianas por la Paz del plan para asesinarla por parte de grupos de extrema derecha.

Pérez también apuntó que esto se produce debido a sus gestiones con la guerrilla -a través del intercambio epistolar- para hallar una solución al conflicto armado interno, pero también por los ataques mediáticos y constantes del expresidente Uribe.

"Lo que la obligó a dejar el país el día de ayer es que se le anunció que había un plan, ya en marcha, para asesinarla, y le pedían que se retirara del país y preventivamente lo ha hecho, muy a su pesar. Fuentes muy importantes dentro del propio Estado, que no puedo revelar, hicieron la advertencia", puntualizó.

No obstante, el abogado de Córdoba aseguró que este exilio forzado será temporal y que ella seguirá su trabajo para buscar alternativas de negociación que pongan fin al conflicto.

Así también lo confirmó la propia exparlamentaria en Caracol Radio, al señalar que inicialmente su estadía fuera de país será por unos días, tras recomendaciones de amigos y familiares, quienes le pidieron que permanezca fuera de Colombia.

Córdoba aseveró que continuará pendiente de una respuesta por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a sus propuestas de paz.

Las amenazas de muerte que obligaron a Piedad Córdoba a salir de Colombia son el resultado de los ataques que ha recibido del ahora expresidente Álvaro Uribe y del silencio que ha guardado el actual mandatario, Juan Manuel Santos, afirmó el abogado de la excongresista opositora, Luis Guillermo Pérez.

El letrado, quien también es vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), dijo, en una entrevista a Efe, que la conjunción de estos factores pone en riesgo la vida de Córdoba, quien debió abandonar el país el jueves por la noche.

La exsenadora liberal y facilitadora de la liberación de retenidos por la guerrilla de las FARC salió de Colombia horas después de que Uribe compareciera ante el comité del Congreso que lo investiga por su presunta responsabilidad en una trama de escuchas y seguimientos ilegales, causa en la que Córdoba concurre como víctima.

Córdoba "recibió una información muy confidencial, confiable, de que había un plan para asesinarla y que debía salir del país para proteger su vida", dijo Pérez.

"Ha salido temporalmente, hasta que el Gobierno individualice (identifique) a quien está detrás de este atentado, y tenga un pronunciamiento claro del presidente de la República", agregó el vicepresidente de la FIDH.

El abogado advirtió de que Córdoba "ha sido amenazada permanentemente".

"Es el resultado de toda la campaña que orquestó Uribe contra ella, no solamente para provocar su muerte política, sino para provocar su asesinato, y es el resultado también de la manera como ha sido maltratada por el Gobierno de Santos", sostuvo Pérez.

En el segundo caso, el letrado explicó que Santos "no le ha reconocido la legitimidad de su gestión por los secuestrados y la paz, y ha guardado silencio ante los ataques de Uribe en su contra".

Es una omisión del jefe del Estado y de Gobierno y de los ministros de Defensa y del Interior que "alienta la posibilidad de que Córdoba sea asesinada", continuó Pérez, y observó que la responsabilidad directa de la seguridad y de lo que le pueda pasar a ella es del Gobierno.

"Más que carros blindados y hombres armados, lo que exigimos es una rectificación pública y un reconocimiento público de los aportes sustanciales que Córdoba ha hecho para la liberación de secuestrados y la paz de Colombia", enfatizó el jurista.

Una docena de rehenes han sido liberados unilateralmente y sin condiciones por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) merced a gestiones de Córdoba, quien el pasado noviembre fue destituida como senadora e inhabilitada durante 18 años para ejercer cargo público por decisión del procurador general Alejandro Ordóñez.

El funcionario le siguió una investigación disciplinaria por colaborar y favorecer a esa guerrilla, imputaciones similares a las que le ha hecho el propio Uribe (2002-2010).

Pérez criticó que Santos sostenga que la paz es competencia exclusiva suya, lo cual no es cierto, por cuanto la Constitución del país la contempla como un derecho.
Uribe reconoció que ordenó espionaje a Piedad Córdoba


Durante su comparecencia ante una comisión parlamentaria en el escándalo por espionaje ilegal, el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, reconoció haber ordenado escuchas a la ex senadora Piedad Córdoba. (TeleSUR)
La Casa de la Mujer rechaza los actos de violencia contra Piedad Córdoba

La Casa de la Mujer, organización feminista que durante 29 años ha trabajado por la protección, defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres y la paz de Colombia, expresa su rechazo a los hechos de violencia que obligaron a Piedad Córdoba Ruiz a dejar el país con el propósito de proteger su vida e integridad.

El compromiso humano, político y profesional de Piedad Córdoba Ruiz ha contribuido en Colombia al avance de la igualdad formal y material de los derechos humanos de hombres y mujeres que viven en condiciones de desigualdad y de aquellas y aquellos que han sido víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.

Su entereza y valentía han sido fundamentales en la construcción de una perspectiva humana para la solución negociada del conflicto armado en Colombia y su ejercicio político ha sido un gran ejemplo de pluralismo, democracia y respeto por los valores humanos.

Por ello y porque la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento para todas y todos, llamamos a las colombianas y los colombianos a reflexionar sobre el país que queremos, el valor de la vida y del respeto a las diferencias, así como sobre el espíritu y sentido de nuestra democracia.

Porque queremos un país democrático y reclamamos la solución negociada del conflicto armado y porque hemos acompañado a Piedad Córdoba Ruiz en su labor política como Senadora y forjadora de la paz del país, invitamos a rechazar los actos de violencia en su contra.

Manifestamos nuestra solidaridad y nuestra admiración a Piedad Córdoba Ruiz y reiteramos nuestro compromiso con su trabajo por la paz y los derechos humanos en Colombia y por el fortalecimiento del Estado Social de Derecho donde todas y todos gocemos de una vida libre de violencias y con oportunidades para tener una vida digna.

Demandamos del Estado colombiano las medidas de protección, investigación y sanción que garanticen la vida, la integridad personal y el ejercicio de los Derechos fundamentales de Piedad Córdoba Ruiz.



Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=316200&Itemid=1

rCR

¡No al terrorismo de Estado!

En Colombia la guerra se hace también en el cuerpo de las mujeres

Verdad Abierta

Según un estudio en los últimos nueve años 489.687 mujeres han sufrido violaciones, acoso, imposiciones sociales, prostitución forzada en zonas de conflicto. Si las cifras de violencia sexual en Colombia publicadas en la encuesta de las ONGs Oxfam, Casa de la Mujer, Sisma Mujer, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre otras, son ciertas, el país enfrenta uno de los peores dramas de la historia del conflicto.

Según el documento, el 17.58 por ciento de las mujeres en Colombia fueron víctimas de violencia sexual entre 2001 y 2009, es decir en total, según las proyecciones de la encuesta, 489.687 mujeres.

El informe calculó que 94 mil mujeres han sido violadas, 50 mil han tenido un embarazo o un aborto forzado, 175 mil han sido víctimas de acoso sexual, 48 mil obligadas a hacer trabajos domésticos y los armados han tratado de regular la vida social de 327 mil de ellas.

El contraste de las cifras con lo que hasta ahora la justicia ha descubierto muestra que aún falta mucho por hacer para revelar el alcance de estos crímenes contra las mujeres y castigar a los victimarios.

Para Oxfam la cantidad de delitos sexuales en Colombia es comparable a países con conflictos internos prolongados y donde los crímenes contra las mujeres se usa como un arma de guerra. Según el informe: “la violencia sexual constituye una práctica habitual y frecuente en el marco del conflicto armado”.

Oxfam hizo entrevistas a mujeres y una de cada cinco se siente intimidada por la presencia de hombres armados. En numerosos casos de masacres se han registrado testimonios de mujeres víctimas de violencia sexual.


Una investigación de abril de este año de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, logró que mujeres sobrevivientes de dos masacres, la de El Tigre en Putumayo y la de Chengue en Sucre, contaran lo que le sucedió a sus pueblos y cómo fueron víctimas de abusos por parte de los paramilitares (ver artículo: Masacres contadas por mujeres ) .

En Chengue, según el informe, varios hombres del Bloque de los Montes de María aprovecharon para intentar abusar de las mujeres. Una de ellas recuerda: “Muchos hombres armados entraron a la casa, tiraron la puerta. No me podía mover porque me caí ocho días antes, estaba paralizada. Me tranquiaron (violaron) todos y me pegaron contra el suelo. Me desmayé”.

Otro caso, reportado por la Revista Cambio, es el de Lucrecia*, que contó que en 1995 un guerrillero de las Farc la amenazó porque su hermano estaba prestando el servicio militar. Le dijo que si no se acostaba lo mataban. Un día, se lo encontró con otros tres guerrilleros, quienes la violaron y le dijeron que su hermano se merecía ese castigo por no querer estar con las Farc.

Según el estudio la forma más común de violencia sexual es la de “regulación de la vida social”. En las proyecciones del mismo, Oxfam cree que este tipo de delito tocó a 327 mil mujeres.Por ejemplo los paramilitares y la guerrilla prohibían que las mujeres se vistieran de una manera, les negaban entrar a billares o discotecas y controlaban con quién salían.

Investigadores de Mujeres Por la Paz (MPP) le dijeron a VerdadAbierta.com que conocieron varios casos en Valledupar donde los ‘paras’ quemaron con ácido a las jóvenes por ponerse camisetas sugestivas o pantalones descaderados. “Son talibanes colombianos”, dijo una abogada de la Ong.

El informe calcula que 49 mil mujeres fueron obligadas a hacer servicios domésticos. En muchas regiones del país los paramilitares y la guerrilla forzaron a las mujeres a enrolarse para cocinar, ser enfermeras o hacer el aseo. Pero pocas mujeres denunciaron el delito, pues no lo consideraron como tal.

En Sucre Marco Tulio Pérez, alias ‘El Oso’, del bloque de los Montes de María de las Auc, fue acusado de obligar a una mujer que no quiso tener relaciones sexuales con él a servirle ocho días en la casa. También hay casos donde intimidaron las mujeres para barrer las calles del pueblo. En la audiencia muy pocas quisieron confrontar el desmovilizado, pues estaban amenazadas (ver artículo: Entre el poder político y el abuso sexual en San Onofre ) .

El estudio se hizo en 15 municipios de Antioquia, Caldas, Caquetá, Córdoba, Bogotá, Meta, Magdalena, Huila, Nariño y Valle. Interrogaron a 2.693 mujeres entre 15 y 44 años. Después proyectaron los porcentajes y resultados estadísticos del estudio sobre la población femenina de 417 municipios golpeados por la violencia, donde viven cerca de 2,8 millones de mujeres, para poder tener aproximaciones globales.

Ignorancia

Uno de los resultados más preocupantes es que muy pocas mujeres se consideran víctimas.

Cuando los investigadores de Oxfam y Casa de la Mujer les preguntaron si habían sufrido por delitos de este tipo, sólo el 6,5 por ciento dijo que sí. El porcentaje llegó a 17,5 por ciento, tres veces más, cuando les explicaron qué la violencia sexual también incluye regulación de la vida social, servicios domésticos obligatorios, aborto, prostitución, embarazo o esterilización forzados.

Así 60 por ciento de las mujeres víctimas de la esterilización forzada no creen que sea una forma de violencia sexual, o más de 44 por ciento no consideraron el acoso sexual como un crimen.

Miedo

El miedo es sin duda el principal obstáculo para que el delito no sea visible. El estudio muestra que el 80 por ciento de las víctimas de algún tipo de violencia sexual no han denunciado lo que les pasó. Entre las razones están: “prefiero dejarlo así” (47 por ciento), miedo (29 por ciento) o la falta de confianza en la justicia (7 por ciento), entre otros.

Además, entre las víctimas, 69 por ciento piensa que la presencia de grupos armados es un obstáculo para denunciar. Y es que a pesar de la desmovilización de las Auc, las regiones siguen tomadas por bandas criminales y guerrilla.

Ese el caso de Ana*, quien fue violada por paramilitares. Según recuerda: “No preguntaron nada. Sacaron a mi marido, en ropa interior, lo amarraron. A mí me apartaron y abusaron de mí. Solamente me decían perra, esa era la palabra que más escuchaba Yo les suplicaba que vieran mi estado, estaba embarazada. Se reían a carcajadas” (ver artículo: Violadas por los 'paras', ahora amenazadas) .

Tras huir a otro lugar con sus hijos, tuvo que poner una acción de tutela para obligar la Fiscalía a abrir una investigación. Miembros de un organismo de seguridad la ubicaron y la citaron en la misma región donde había sido violada. Días después, un periódico regional divulgó su foto, su historia y el pueblo donde vivía.

Ese día empezaron sus problemas. La llamaron varias veces amenazándola. Ana también recibió una carta con un dibujo intimidatorio: una cruz, un revólver y un águila, en la misiva le daban 72 horas para salir del pueblo. “Ahí me vi acorralada, me di cuenta que me iban a matar”.

La historia de Ana resume los peligros que acechan las mujeres víctimas de abusos sexuales: amenazas, falta de investigación de la justicia, poco acompañamiento de los funcionarios encargados de estos crímenes, desplazamiento.

Y si las cifras reveladas en el estudio de Oxfam y la Casa de la Mujer, se aproximan a la realidad, lograr que se conozca sus historias, se investigue y condene a los responsables, es un desafío y una deuda enorme para la justicia colombiana.


(*) Los nombres de la víctimas fueron modificados por razones de seguridad.

(*) Puede descargar el informe de Oxfam y la Casa de la Mujer pinchando en el siguiente enlace: http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=2045&ui=11072


http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=2929

El pacifismo femenino silenciado en Colombia

Helda Martínez

Periodismo Humano “Cuando las mujeres hablamos claro, sin mostrar miedo, pagamos un alto precio: vivir con ese miedo”, dice una dirigente comunitaria que trabaja por la paz en Colombia. “Las amenazas no suspenderán nuestro trabajo por la paz y la justicia social”, puntualiza otra. Estas voces son el eco de mujeres colombianas que se movilizan por la paz y contra la impunidad, en un país con medio siglo de conflicto armado entre guerrillas izquierdistas, las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares de extrema derecha que se sumaron en los años 80.

Son campesinas, indígenas, negras, madres de desaparecidos, víctimas de la guerrilla, de los paramilitares o de la fuerza pública, así como integrantes de organizaciones promovidas desde las instituciones públicas. La figura más relevante es la senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, una afrodescendiente feminista que fue gestora directa de la liberación de 14 cautivos en manos de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2008, 2009 y 2010, y que promueve la solución política de la guerra.

En ese esfuerzo Córdoba trabaja en forma mancomunada con organizaciones no gubernamentales, como la Casa de la Mujer o el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz, que ella fundó y que mantiene un diálogo público y epistolar con las FARC y con la segunda mayor guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). ”La paz no tiene reversa” o “nuestra misión es derrotar la guerra” son los mantras de Córdoba, que paga altos precios, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 18 años, resuelta en primera instancia por el procurador general Alejandro Ordóñez el 27 de septiembre, que la acusa de supuesta colaboración con la guerrilla.

En 1996 nació la Ruta Pacífica de las Mujeres, que se declara “antimilitarista y constructora de una ética de la no violencia”. Sus integrantes, desde teóricas feministas hasta campesinas de unas 300 organizaciones de nueve regiones, se adentran en caravanas por zonas de conflicto con un mensaje que disgusta a todos los actores armados. ”Con frecuencia recibo llamadas agresivas por mi condición de líder”, asegura a TerraViva María Arizabaleta, integrante de la Ruta en el suroccidental departamento de Valle del Cauca. “En Valle somos 300.000 mujeres”, agrega Arizabaleta, de 76 años y 60 de activismo.

“A nosotras corresponde construir la paz”, afirma la directora de la Casa de la Mujer, Olga Amparo Sánchez. En el segundo semestre de 2009, al menos 11 de sus dirigentes fueron víctimas de amenazas, abusos y maltratos físicos. Otra organización denunció en mayo amenazas contra otras 90 activistas. ”Cuando las mujeres hablamos claro, sin mostrar miedo, pagamos un alto precio: vivir con ese miedo”, acotó Pilar Tobón, negociadora comunitaria del Programa Paz y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, capital del noroccidental departamento de Antioquia.

Las mujeres y los niños representan “la inmensa mayoría perjudicada por los conflictos armados”, afirma la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el 31 de este mes cumple 10 años. En este país de 45 millones de habitantes, 75 por ciento de los desplazamientos forzados son de población femenina e infantil, según la Asamblea Nacional por la Paz. Colombia es el segundo país del mundo con más población desplazada interna, que ya supera los cuatro millones de personas.

Entre julio de 2002 y diciembre de 2007 el conflicto produjo la muerte de 1.314 mujeres y la desaparición de 179. De cada 103 víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto, 100 son mujeres y niñas, añade. Por eso “la resolución es importante en términos formales. Porque resalta el papel femenino en el logro de la paz, y llama a los actores armados a que respeten los derechos de las mujeres”. afirma a TerraViva María Eugenia Ramírez, de la Mesa Mujer y Conflicto Armado.

Su gran déficit es que “compromete al Estado colombiano en la puesta en marcha de medidas, olvidando que éste hace parte del conflicto con sus fuerzas militares”, agrega. Para el “derecho humanitario tiene tanta responsabilidad la insurgencia como el Estado”. Por tanto “es urgente agenciar el compromiso político gubernamental con las organizaciones de mujeres, generar mecanismos y estrategias que visibilicen sus aportes en procesos de paz y su permanencia en ellos”, afirma Esmeralda Ruiz, asesora en género y derechos humanos del Fondo de Población de las Naciones Unidas. “Ese el sentido de la resolución”.

ALERTA: Asesinada presidenta de Asociación de Destechados y Desplazados Bucaramanga: Terrorismo de Estado, Colombia

PDA denuncia/pacocol / Para Kaos en la Red

Continúan los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales: la continuidad del Terrorismo de Estado con Santos es una evidencia.

El pasado viernes 30 de octubre fue asesinada por sicarios encapuchados que penetraron hasta su humilde morada, la compañera Elizabeth Silva Aguilar, presidenta de la asociación de destechados y desplazados que habitan el asentamiento Villas de Girardot en Bucaramanga, dirigente además del Polo Democrático Alternativo y quien jugara papel destacado en las elecciones tanto congresionales como presidenciales con el PDA.

Es un asesinato más que se suma a la cadena de crímenes e intimidación contra esa humilde comunidad. Ya el 22 de junio pasado fueron asesinados tres integrantes de la asociación que reúne a destechados y desplazados (cuyos datos dio Vanguardia Liberal el 24 de junio); posteriormente en octubre fue lanzada una granada de fragmentación contra las viviendas; y para colmar el hecho se produce el asesinato de la presidenta.

Es de señalar que la Coordinación Nacional de Desplazados en Bucaramanga denunció el 29 de junio, además del crimen contra las tres primeras víctimas (dos de ellas desplazadas) que las autoridades lejos de brindar la protección y la seguridad pareciera que actuaran en complicidad con los criminales.

La denuncia del 29 de junio de 2010, enviada a todos los medios de comunicación (e ignorada por casi todos) informaba que la autoridad –y hasta algunos medios– justificaron los tres primeros crímenes con argucias como “lucha territorial entre bandas”. Se denunció con claridad meridiana que los crímenes se produjeron luego de allanamientos y detenciones masivos por parte de la Policía; y que la misma Policía insinuó a la comunidad “contratar vigilancia privada”; se señaló rotundamente que los allanamientos, que precedieron a los asesinatos, se dieron después de que la comunidad ganara una acción de tutela contra la Alcaldía y la CDMB. El comunicado dijo sin ambages que la Defensoría del Pueblo, que conoce del caso, no ha lanzado siquiera una alerta temprana; que la autoridad municipal y policial se han hecho las de la vista gorda; y se dijo que los autores de los tres primeros asesinatos eran paramilitares reciclados y supuestamente desmovilizados. Pero además y por último el comunicado fue tajante en que si no se brindaba la protección y se producían nuevos crímenes era responsabilidad del Estado por complicidad.

Las previsiones del comunicado de la CND lamentablemente se han cumplido. Y además se repite la cantinela justificatoria. El comandante de la Policía en Bucaramanga salió a los medios a señalar (como de nuevo algunos medios locales) que el crimen era “ajuste de cuentas” y negocios turbios. Si no fuese porque desde junio 29 la autoridad policial y los medios conocieron las denuncias, se presumiría que existe evidente complicidad y encubrimiento de los criminales.

El PDA anuncia que como el crimen de Elizabeth Silva era anunciado y se suma a la ya larga cadena de asesinatos de sus afiliados, activistas y dirigentes en todo el país, se hará parte civil en la demanda contra el Estado, la Policía, la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo. El PDA invoca la solidaridad de todos los colombianos y las organizaciones internacionales para rodear a la humilde comunidad que por no haber podido ser desalojada y haber ganado su amparo con la Justicia colombiana es víctima de una feroz persecución. Exige que las autoridades de policía y la administración local brinden las suficientes y amplias garantías para la salvaguarda de todos los habitantes del asentamiento y que la Defensoría del Pueblo en Bucaramanga, tan presta a defender otras causas por fin actúe. Señalamos que de presentarse nuevos crímenes se sumará a la acción que interpondremos ante la Justicia Internacional contra el Estado y su ramificación en Bucaramanga.

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO