República Dominicana: 922 mujeres salvadas, pese a limitaciones

Mercedes Alonso

(SEMlac).- Aunque las campañas de prevención de la violencia no han tenido el impacto deseado en República Dominicana y el bajo presupuesto invalida muchas propuestas nacionales, algunos resultados favorables se observan y los más optimistas aspiran a reducir en 2014 el número de mujeres víctimas de violencia.

Así lo expresó Alejandrina Germán, ministra de la Mujer, en una nota de prensa enviada a los medios el pasado 13 de agosto, en la cual hace saber que la "Línea de Auxilio 24 horas" atendió, desde el 20 de junio de 2012 hasta julio de 2014, un total de 3.541 casos y llevó a cabo 922 rescates de emergencia, evitando así la ocurrencia de igual número de feminicidios.

"Desde el Ministerio de la Mujer (M-Mujer), se hacen esfuerzos que están dando sus frutos, ya que en las Casas de Acogidas, creadas por la ley 88-03, damos repuesta a muchas mujeres que necesitan refugio mientras se encuentran en peligro de muerte; y hemos albergado desde 2008 a julio de 2014 a 2.122 personas", precisó Germán.

Se refirió la titular, además, a los 126 casos de emergencias vinculadas a violencia intrafamiliar y contra las mujeres, remitidas por el Sistema 9-1-1, iniciado el pasado 17 de julio, "lo que es una muestra de la sinergia con instituciones que trabajan el tema de la violencia intrafamiliar", apuntó la ministra.

Otros datos ofrecidos por la institución señalan que en el período que comprende los meses de enero a junio de 2014, se ofrecieron 7.734 atenciones legales, psicológicas y de otros tipos y se lograron 159 sentencias, encauzadas por el Departamento de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, en la Sede Central y en las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer.

"Estamos trabajando para lograr que disminuyan esas estadísticas de feminicidios, que se incrementaron en el último trimestre, y no lleven más luto a las familias y sociedad dominicanas", agregó Germán.

Entre los planes que ejecuta el MMujer se encuentran "De Joven a Joven" y "Prevención de Embarazos en Adolescentes", mediante los cuales se ha podido sensibilizar a unos 212.260 adolescentes y jóvenes en 2013; mientras que en el actual año han sido capacitados alrededor de 14.919.

Masculinidad responsable

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, reconoce que las campañas que enfrentan los feminicidios en la República Dominicana no han dado los resultados esperados; pero insistió en que se procura implementar acciones que contribuyan a revertir la tasa de las muertes de mujeres a manos de sus parejas.

"Trabajamos de cara a establecer una masculinidad responsable, que respete los derechos y la dignidad de las mujeres, para lo cual se necesita la colaboración de todos los sectores de la población dominicana", indicó Domínguez Brito durante el desarrollo del panel "Causas y consecuencias de los feminicidios desde los aspectos médico, legal y social en la República Dominicana", llevado a cabo el pasado 12 de agosto en esta capital.

Desde la perspectiva psiquiátrica opinó en el encuentro el doctor Vicente Vargas, presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, quien reflexionó sobre la complejidad del tema y subrayó: "Ya es hora de que nos aproximemos al problema con una actitud abierta y realista. Que analicemos al agresor de las mujeres, a las víctimas y a los hijos de estos y los factores de riesgos de la violencia contra las parejas".

Durante el desarrollo del panel, junto a las causas y consecuencias de los feminicidios, fueron analizados temas relacionados con la situación mental de las víctimas y los agresores, así como los aportes del Ministerio de Educación y el enfoque social de los contenidos que transmiten los medios de comunicación.

Latinoamérica: No hay ciudadanía plena sin autonomía de las mujeres

 Sara Lovera  

SEMlac "Una de las grandes deudas pendientes con las mujeres se relaciona con la autonomía reproductiva. Todavía seguimos siendo un territorio ocupado por las religiones monoteístas y por sectores conservadores, al tiempo que los Estados siguen decidiendo por nosotras el tema de cuándo nos reproducimos, sin preguntarnos si queremos o no".

Así se expresa Susana Chiarotti, abogada argentina con larga militancia en la defensa de los derechos de las mujeres y encargada de evaluar a los países del continente en el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belém do Pará.

"En América Latina hemos avanzado con programas de educación sexual y de salud sexual y reproductiva, pero aún se enfrentan muchos problemas para su implementación y para que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. Los derechos sexuales y reproductivos deben ser respetados porque se afecta no solo el derecho a la salud, sino a la autonomía de las mujeres.

"Nadie puede ser ciudadana plena con un territorio ocupado, con un territorio donde deciden otros", resumió la experta de la OEA durante su estancia en México para asistir al Seminario Internacional organizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), del 7 al 10 de mayo, para abordar el incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres por parte de los gobiernos de la región.

Al hacer balance de los cambios en las mujeres latinoamericanas durante la última década, Chiarotti reconoció "muchísimos logros, aunque falten cosas por hacer" y dijo que la situación actual, respecto a la de años atrás, muestra "pasos enormes".

"La violencia contra las mujeres estuvo legitimada por milenios y ahora se considera una violación a los derechos humanos. Este cambio es brutal y se ha conseguido en solo 30 años, que para un cambio cultural es muy rápido. Que siga impune es otro tema", consideró.

En su opinión, las mujeres denuncian cada vez más, ya no se callan y ello, posiblemente, le da más visibilidad a la violencia que se ejerce contra ellas.

"Ahora bien, que hayan aumentado las denuncias puede ser un indicador de otra cosa; puede que las mujeres ya no aguanten y digan: 'a ver, un momentito, yo a vos te denuncio, tengo a dónde ir'. Sienten que pueden denunciar, que tienen un espacio a dónde ir y tienen gente que las ayudan. Ahí esta el cambio. Sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta que las mujeres que acceden a los servicios no son más del 10 por ciento de las víctimas", comenta a SEMlac.

Los datos basados en servicios son parciales, aislados, asegura Chiarotti y expresa que en Latinoamérica no podremos tener noción de la dimensión del fenómeno a partir de las estadísticas hasta que los Estados no empiecen a cumplir en la construcción de bases de datos ciertas y serias.

Por otra parte, la experta sostiene que las estrategias legales en materia de violencia contra las mujeres tienen sus límites. "Han tenido un impacto simbólico en la población, pero que es parcial. Los Estados tienen la obligación de implementar políticas de prevención", acotó.

"¿De qué me sirve una ley de feminicidio si se aplica cuando la mujer ya se murió?", cuestiona la experta. "Lo que reclamamos es que ya no muera una mujer más. Es responsabilidad de los Estados preguntarse cómo hacer para frenar los feminicidios", insiste Chiarotti a SEMlac.

Para explicar que "hay muchas formas de hacerlo", cita los ejemplos de Argentina y Perú, donde más de la mitad de las mujeres que murieron por crímenes de género habían denunciado la violencia y algunas lo habían hecho, incluso, tres o cuatro veces.

"Entonces le pregunto al Estado: ¿qué hicieron, las escucharon? Y si la escucharon, ¿qué salida les dieron; qué hicieron?, ¿no tomaron medidas de prevención o midieron el riesgo que esas mujeres estaban viviendo? ", acotó.

"Los Estados tienen muchas herramientas para prevenir la muerte de las mujeres, pero muchos de ellos sacan como medida demagógica una Ley y después se lavan las manos. Para combatir la violencia contra las mujeres se requiere que los Estados implementen políticas serias que, incluso, llevan a una redefinición del espacio urbano", afirmó la abogada.

Medidas preventivas, medidas punitivas

Integrante actualmente del Consejo Consultivo de CLADEM, Chiarotti dirige el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario, Argentina (INSGENAR) y es profesora de la maestría "El poder y la sociedad desde la perspectiva del género", en la Facultad de Filosofía, de la Universidad Nacional de Rosario.

Según explica, muchas organizaciones de mujeres consideran clave incorporar al código penal el delito de feminicidio, pues sostienen que ello obligaría al Poder Judicial a incluir estos asesinatos en sus estadísticas.

"Sin embargo, desde otro sector de opinión, creemos que es importante promover un debate en ese sentido. No todos los problemas sociales deben o pueden ser solucionados con una figura penal. La creación de un tipo jurídico, con numerosos requisitos para su configuración y penas muy graves, podría resultar contraproducente y provocar dificultades para la efectiva sanción de los femicidios, aumentando así la impunidad prevaleciente", subrayó a SEMlac.

"Si la violencia contra las mujeres es el resultado de una situación de inferioridad y un trato discriminatorio, los cambios necesarios para erradicarla deben incluir planes, programas y políticas de transformación social amplios, integrales y permanentes, con una asignación presupuestaria acorde y gran compromiso político", sostuvo.

"Sancionar una ley severa, pero no llevar adelante medidas para la transformación social, puede tener un efecto boomerang", precisó mientras cuestionaba cuál es el sentido de una ley con penas altas, si luego no se aplica.

Paso a paso

Al preguntarle cuáles son los retos que hoy se plantea CLADEM, señala que continuar con la exigencia de las deudas pendientes. "En varios países se observan retrocesos en materia de acceso a la interrupción del embarazo o trabas para ejercer las opciones permitidas por la ley, en casos de aborto legal", detalló.

"Y aunque estamos avanzando hacia nuevas leyes integrales de violencia -en nuestra región ya contamos con este tipo de leyes en más en seis países- aún tenemos que hacer esfuerzos para que haya un adecuado acceso a la justicia en casos de violencia, especialmente sexual", reafirma.

Agrega la experta que, si bien parece estar bastante equiparado el acceso a la educación formal, muchos países no han avanzado respecto al cambio en los contenidos curriculares, por lo que se siguen reproduciendo nociones discriminatorias que afectan la construcción de una cultura igualitaria.

"También en el plano económico persisten las diferencias salariales entre varones y mujeres", expresa.

"Las desigualdades en Latinoamérica son tan ofensivas que superan en mucho las de África", enfatiza, pues "allí no hay una desigualdad tan grande; hay otro reparto, se vive de otra manera", argumenta.

"Y no es lo mismo vivir en una comunidad donde todas las personas son igualmente pobres y dignas, que vivir en una comunidad donde un escaso porcentaje son ricas y el resto pobre", concluyó.

Desprotegidas ante violencia, mujeres migrantes y afroamericanas

Gladis Torres Ruiz

Cimacnoticias En Nueva York, las mujeres afroamericanas y migrantes sin documentos que son víctimas de violencia de género están en la indefensión, ya que por miedo y no confiar en la protección del Estado no buscan ayuda, alertó Alan Grieg, integrante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El experto en violencia de género dijo a esta agencia de noticias que la justicia para las afroamericanas y migrantes sin documentos está en entredicho, toda vez que a menudo ellas desconfían de los tribunales y las cortes, y prefieren no denunciar abusos de los que son objeto muchas veces al interior de sus hogares.

A las mujeres se les hace más fácil conseguir trabajo (limpieza, cocina, entre otras labores) que a los hombres, lo que deriva en que tengan más dinero que sus compañeros. Esta mayor capacidad económica las empodera y las hace independientes, por lo que tienen más libertades que sus países de origen.

Esto genera mucho conflicto en sus relaciones debido al estatus indocumentado, por lo que no pueden acudir a la policía para obtener justicia. No tienen lugares a dónde acudir, sólo se pueden apoyar entre ellas, abundó Grieg.

El maestro en Estudios Sociales por la Universidad de Oxford señaló que la violencia contra las mujeres no se ve aún como un problema social grave, sino como algo “normal”.

“Muchas mujeres en Nueva York, particularmente las afroamericanas o migrantes, no obtienen justicia de la policía de ninguna manera y por eso no confían; además de que muchos hombres no hacen lo suficiente por ayudarlas a obtener justicia, aun cuando ellos mismos no sean violentos”.

En Nueva York la violencia de género es un problema grave, y el más grande es la falta de apoyo para las mujeres.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2011 una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos había sufrido violencia física grave por parte de su pareja en algún momento de su vida.

Alan Grieg indicó que hasta el momento las mujeres víctimas de violencia de género sin documentos reciben algunos apoyos, pero la gran mayoría no son oficiales, puesto que hay organizaciones civiles que trabajan con comunidades de migrantes.

Tenemos que nombrar a la violencia y responsabilizar a quienes la ejercen, es decir, recordar que el Estado está para apoyarnos y protegernos, no para abusar de nosotros, sostuvo el integrante del PNUD.

Concluyó que en estos momentos se discute en el Congreso de EU la Ley sobre Violencia contra la Mujer, y dentro de sus disposiciones se analiza si se debe atender a las mujeres migrantes.

El proyecto de ley prevé protección y servicios legales para combatir la violencia doméstica y sexual, y el acoso.

Una de cada tres mujeres sufren violencia física en América Latina

Fuente: AFP

Una de cada tres mujeres sufre algún tipo de violencia física en América Latina y un 16% ha sido víctima de violencia sexual alguna vez en su vida, aseguró este miércoles la oficina de ONU-Mujeres en Panamá.

A pesar de algunos avances logrados en materia de igualdad de géneros, "la violencia doméstica contra las mujeres sigue siendo común" en Latinoamérica, dijo a la AFP Moni Pizani, representante de ONU-Mujeres para la región.

Las cifras están contenidas en el informe "El Progreso de las Mujeres en el Mundo", elaborado por ONU Mujeres con datos de 2011, explicó Pizani. La violencia contra las mujeres se produce a pesar que la mayoría de los países de la región (97%) han aprobado leyes contra la violencia de género y que el maltrato poco a poco va gozando de menos aceptación social, señaló la funcionaria.

Según sondeos realizados en varios países latinoamericanos, el 85% de los encuestados, en promedio, afirma que no se justifica en ningún caso que un hombre golpee a su esposa. Aunque cerca de un 20% de los encuestados en México, Uruguay, Trinidad y Tobago; un 15% de los brasileños y más de un 10% de los chilenos piensa lo contrario.

El documento destaca también que si bien en América Latina y el Caribe "han aprobado leyes contra la violencia doméstica (...) menos de la mitad penalizan explícitamente la violación dentro del matrimonio", un fenómeno más común de lo que en principio se cree.

"Ahora las mujeres se atreven a denunciar. Anteriormente las mujeres sufrían violencia pero eso era considerado como algo de la esfera privada. Eso son avances que se han logrado, pero falta mucho por hacer", dijo Pizani. La funcionaria de la ONU recordó que otra de las violaciones a los derechos de las mujeres es la discriminación que sufren en el ámbito laboral.

Según el estudio citado por Pizani, el 53% de la mano de obra en América Latina y el Caribe está conformada por mujeres, quienes además son mayoría en las universidades. "Sin embargo, la brecha salarial es notable y en algunos países, las mujeres reciben hasta un salario 40% inferior al de un hombre" por el mismo puesto.

Violencia hacia las mujeres, ¿Mito o Realidad?

Oriana Guerrero /En Jaque

La búsqueda por la equidad y por la igualdad de género por parte de las mujeres ha sido una lucha ardua durante siglos, mujeres que sacrificaron su vida por apostar una sociedad más igualitaria como Olympes de Gouges, Argelia Laya, Nora Castañeda, en ellas la lucha por el derecho a una vida digna como mujeres, con el pleno reconocimiento de los derechos humanos.

En la actualidad, pareciese que la violencia hacia la mujer se ha mitificado aunque exista la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pareciese que para muchas personas en la cotidianidad este ciclo para las mujeres ha sido superado, incluso por parte de muchos funcionarios y funcionarias publicas que empleados en el área violencia de género (Ministerio Publico, Fiscalía General, incluso Inamujer, Cicpc), no cumplen con el debido proceso de atención a las víctimas de violencia cuando estas mujeres van a hacer una denuncia, ni siquiera de informarlas o guiarlas para donde y como deben ejercer sus derechos contemplados en esta ley.

No más que las mujeres víctimas de violencia no solamente tienen que pasar por este duro proceso de tomar las riendas de hacer la denuncia sino que además son violentadas de manera institucional cuando recurren a instituciones con competencia en la materia, sin una asesoría por parte de estos empleados y empleadas, no le queda más a la mujer víctima de violencia regresar con el rabo entre las piernas, y el nudo en la garganta de la impotencia que sienten al no ser atendidas de manera adecuada o simplemente ser mal atendidas diciéndoles que se vaya que no logrará mayor cosa.

Para esto se hace necesario la revisión y vigilancia permanente del funcionamiento de dichas instituciones para la correcta atención a la victima además de la debida formación en materia de género a los empleados y empleadas para que puedan utilizarla como herramientas de guía y como también herramientas de la liberación contra el patriarcado que asecha a nuestra vital cotidianidad.

Aprueba Nicaragua limitada ley contra la violencia

Nelson Rodríguez

(CIMAC).- Tras 10 años de una ola imparable de violencia de género que dejó 800 mujeres asesinadas, el Parlamento Nacional de Nicaragua se dignó a aprobar una cuestionada Ley Integral de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, que tipifica el delito de feminicidio y otros crímenes contra las nicaragüenses.

Sandra Ramos, del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra –una de las organizaciones impulsoras de la ley–, lamentó que esta normatividad se apruebe después de una década del incremento de asesinatos de mujeres en el país centroamericano, aunque destacó que es un avance positivo para las mujeres.

Para María Teresa Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua, si bien la ley es un logro de las agrupaciones civiles en su lucha histórica contra la violencia intrafamiliar, institucional y el patriarcado, aún quedan “debilidades, vacíos y retos por delante”, advirtió.

Detalló que uno de los principales retos es el cumplimiento de la nueva legislación, la cual entrará en vigor hasta dentro de cuatro meses.

La dirigente feminista criticó que para el Estado “las mujeres no son prioridad”, toda vez que el Parlamento no aprobó la creación del Consejo Nacional de Lucha Contra la Violencia, incluido en la propuesta de ley presentada por la Red de Mujeres Contra la Violencia.

INCONSISTENCIAS

Blandón explicó que la nueva ley sólo habla de que las instituciones del Estado, como el Poder Judicial, el Ministerio de la Familia, la Fiscalía y la Policía Nacional, atenderán los casos de violencia, pero sin tomar en cuenta a las organizaciones de mujeres, que son las que han llevado la lucha contra la violencia de género en el país, lamentó.

La ley aprobada establece que las Comisarías de la Mujer y Niñez de la Policía Nacional recibirán las denuncias y llevarán todo el proceso hasta lograr la cárcel para los agresores.

María Teresa Blandón aclaró que la aprobación de la legislación no garantiza que el Poder Judicial cumpla con la sanción y el castigo a los agresores, ya que –precisó– se requiere de un poder independiente y “lamentablemente no lo es, actúa de acuerdo a las élites partidarias”.

Recordó que el Poder Judicial no ha resuelto ni un sólo recurso de los que introdujeron las organizaciones de mujeres contra la penalización del aborto terapéutico.

OTROS CELEBRAN

Para el diputado oficialista, Calos Emilio López, ex procurador de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua, la aprobación de esta norma va a permitir que el acceso a la justicia para las mujeres sea “más rápido, expedito y transparente”.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, calificó como “histórica” la aprobación de esta ley y un paso trascendental, aunque no el único, para las mujeres.

La máxima autoridad del Poder Judicial informó que ya se están gestionando recursos a nivel internacional con las agencias de la ONU, para equipar los juzgados especializados que la ley manda a crear.

La titular judicial dijo que se están haciendo posgrados con los jueces para prepararlos mejor en su desempeño, y luego seleccionar a los más idóneos para los juzgados especiales que atenderán la violencia contra las mujeres.

La Ley Integral de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer contiene 65 artículos relacionados a la protección de las mujeres y la sanción a los agresores, y establece también la violencia psicológica, patrimonial e institucional, una de las demandas de las organizaciones feministas.

La norma compromete a las instituciones del Estado, como la Policía Nacional, a atender las denuncias y brindar protección a las mujeres para evitar hechos lamentables. También obliga al Estado a sancionar la violencia institucional, otra de las demandas de las agrupaciones civiles.

El acceso a la justicia para las mujeres ha sido una exigencia histórica en Nicaragua a la que se han sumado organizaciones globales como Amnistía Internacional, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante audiencias en años recientes entre el Estado y organizaciones de mujeres.

Violencia machista

Koldo Campos Sagaseta

Rebelión Por hablar o por callarse, por denunciarlo o por exculparlo, por soñar o por resignarse, nunca ha de faltar hasta que lo impidamos, el insulto, la amenaza, el golpe de un macho despechado y violento.

Por salir o por quedarse, por obediente o por insumisa, por fuerte o por vulnerable, nunca ha de faltar mientras lo consintamos, la discriminación, la violación, la violencia machista.

Porque es por ser mujer que se la margina, que se la excluye, que se la mata.

Y ello ocurre con la connivencia de una justicia que descarga de culpa al acusado so pretexto de haber sido provocado; con la complicidad de unos medios de comunicación que siguen amparando en crónicas y titulares los llamados delitos pasionales; con la indolencia de una Iglesia que no tiene más propuestas que rezar y arrepentirse; con el beneplácito de un Estado que siempre se las ingenia para encontrar alguna nueva prioridad en la que disponer políticas y recursos; y con la indiferencia de una sociedad que sigue sin demandar respuestas porque, en su triste ignorancia, ni siquiera tiene conciencia de la más terrible tragedia que afecta su desarrollo y su convivencia.

El consenso social hacia la violencia de género

Sandra Chaher

Artemisa Noticias En el relato de los hechos posteriores al cuádruple asesinato de La Plata pasaron inadvertidas las declaraciones del juez de la causa, Guillermo Atencio, realizadas a Radio Mitre en la que habla de los 'motivos' que habría tenido el acusado para asesinar a Bárbara Santos, la víctima que era su novia.

El lunes 28 de noviembre, apenas un día y medio después del posible feminicidio, el diario Clarín publicó una nota llamada 'El acusado se declaró inocente y dijo que está ‘shockeado’ por lo ocurrido' en la que a un cable de la Agencia Télam suma dos audios: una entrevista de Todo Noticias al abogado defensor del acusado y otra de Radio Mitre al juez de la causa, Guillermo Atencio.

Transcribimos un fragmento de la entrevista de Radio Mitre:

Juez: 'Osvaldo Martinez tenía la intención, pura y exclusivamente, motivos para dar muerte a Bárbara Santos.

Conductor: Había una relación difícil, esa relación de pareja era complicada, ¿no?

Juez: Complicada. Además el hombre es karateca, tiene alguna característica así, de acuerdo a lo que me informaron los médicos, de violencia.

¿Desde cuándo el hecho de tener una relación complicada, e incluso con características de violencia, con una persona es un motivo para asesinarla? ¿Esto es válido también para las mujeres, o sólo para los varones? Quiénes interpretan las leyes, ¿pueden emitir una opinión de este tipo y seguir juzgando sin ser cuestionadas/os?

No hay motivos para el asesinato, así como no hay motivos para la violencia de género. Es decir: NO HAY EXCUSAS. En cambio, hay explicaciones: los hombres maltratan y asesinan a las mujeres porque las consideran objetos personales. 'La maté porque era mía' no es sólo el título de una película, sino una profunda convicción arraigada en la sociedad patriarcal en la que vivimos.

Y además de muchos varones que se sienten con derecho a quitar la vida, hay muchísimos otros varones y también mujeres que consideran que es correcto utilizar la violencia como estrategia de disciplinamiento de las mujeres. Si una mujer intenta autonomizarse, será castigada, como Eva cuando comió la manzana. El informe El progreso de las mujeres 2011, realizado por ONU Mujer, dice que sobre un total de 41 países, en 17 (41%) una cuarta parte o más de las personas opina que es justificable que un hombre golpee a su esposa. Y algo que aún no fue medido, pero es casi una convicción entre quienes trabajan los temas de violencia, es que la creciente autonomía de las mujeres está aumentando la ferocidad de los feminicidios.

En cuanto a la justicia, es una percepción probada por diversas investigaciones la poca perspectiva de género de las y los operadoras/es del sistema judicial. Con el objetivo de paliar este enorme déficit viene trabajando hace dos años fuertemente en capacitación la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de La Nación. Pero aún falta mucho.

Hace dos años, Stella Maris Martínez –titular de la Defensoría de la Nación- decía durante la presentación de la investigación Discriminación de Género en las decisiones judiciales: justicia penal y violencia de género: 'Se sigue viendo al hombre como el propietario proveedor de la mujer y los hijos, a los que puede usar, abusar y destruir. Esto subyace en toda la sociedad'. Las conclusiones de esa investigación fueron que había falta de seriedad en las investigaciones sobre hechos de violencia de género; prejuicios y estereotipos de género presentes en la valoración de las pruebas recolectadas; y frecuente vulneración de los derechos de las víctimas durante la tramitación del proceso.

Uno de los estereotipos de género detectados por la investigación fue considerar a las agresiones como parte de un conflicto de pareja en el que la mujer tuvo responsabilidad.


Las cosas no cambiaron mucho.

Violencia de género: La ley no es suficiente

Sara Más
SEMlac La Habana, diciembre (Especial de SEMlac)- Escasas denuncias, estereotipos sexistas, carencias de la ley y no pocas dificultades para aplicarla limitan el enfrentamiento de la violencia de género en Cuba.

"En el orden penal y administrativo todavía nos quedan muchas lagunas en el derecho para darle mayor protección a la mujer que sufre violencia", asegura a SEMlac Perla Delgado, jefa del Departamento de Protección de los Derechos Ciudadanos de la Fiscalía en la provincia de Cienfuegos, provincia al este de la capital.

Un caso de los muchos que ha seguido de cerca le sirve de ejemplo a la inquieta jurista: una mujer ha recibido cinco planazos en la espalda de parte del que había sido su marido. Cuando el médico la examina considera que no hay daño atendible y no le indica ni un analgésico.

Varios artículos de la norma jurídica cubana aluden a hechos relativos a la violencia contra la mujer, pero estos solo son aplicables cuando constituyen delito; es decir, si dejan lesiones.

"No le dejan, por tanto, constancia de sus lesiones, lo que le quita la posibilidad de hacer la denuncia", explica Delgado. De ese modo, "hay mujeres cuyo maltrato no se tipifica en el Código Penal y, por tanto, los maltratadores no son sancionados", precisa la jurista.

El Código Penal cubano castiga el asesinato, los abusos sexuales, la amenaza, la coacción y las lesiones, pero estas tienen que causar daño; de lo contrario, tampoco se tipifican como delito. También contempla la violencia psicológica, en este caso la amenaza o coacción.

"Pero carece de la figura de los malos tratos, aquel que no deja secuelas físicas, no es visible o no requiere de tratamiento médico", reitera Delgado. Al no constar las lesiones, tampoco se tipifican como delito y ni siquiera llegan a los tribunales: se archivan en las unidades de la policía, "donde las mujeres son doblemente victimizadas porque van buscando amparo y protección y no los reciben", agrega Delgado.

El curso de la historia real narrada por la fiscal ha sido complicado: la mujer golpeada sin opciones para apelar a la justicia, tuvo que "esconderse" en casa de sus padres.

Desde el punto de vista administrativo no hay figuras legales que permitan alejar a la víctima del agresor. En el ámbito penal existen las medidas cautelares, entre ellas la prisión provisional, pero en realidad no se utilizan.

Contra el maltratador se pudo actuar, pero no por abusos contra ella. "Se le privó de libertad porque él estaba cumpliendo una sanción penal por el delito de violación del domicilio, justamente, de la ex esposa. El tribunal atendió al pedido de revocación de la sanción, pero es una paradoja que, habiendo atentado directamente contra su ex mujer haya que actuar apelando a un asunto de la vivienda", comenta la profesional del Derecho.

"A veces hay que andar por lo vericuetos de la ley para poder proteger, hasta cierto punto, a las mujeres víctimas de la violencia", detalla Delgado a SEMlac.

El reclamo de una ley específica para los casos de violencia de género ha surgido indistintamente desde los ámbitos del Derecho, la academia y quienes atienden directamente estos hechos, pero esa idea aún no encuentra consenso a escala social.

"Una norma específica sería lo ideal pero, mientras tanto, al menos sería recomendable hacer modificaciones en el orden administrativo y en el penal", precisa Delgado a SEMlac.

Ella sugiere, por ejemplo, normas administrativas penales que castiguen a los maltratadores sin llegar a las sanciones privativas de libertad, pero que les hagan sentirse responsables por las consecuencias de ese maltrato. También que se contemple el delito de malos tratos o maltrato de obra.

"Pero las leyes solas no bastan", comentó a SEMlac la jurista Rita María Pereira, al término de una jornada de debates que, del 29 de noviembre al primero de diciembre, analizó en la capital cubana varios de estos temas, incluido el de "Violencia de género: legislación, acción y participación".

"No hacemos nada con tener leyes y reformarlas si no se influye en quienes las aplican; si esas personas siguen pensando que la mujer se merece el maltrato o la ven como la causante del problema, la que lo provoca", dijo la colaboradora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

"La subjetividad no cambia, ni aunque se promulgue una ley", dijo Pereira durante "Voces para el diálogo: debates sobre violencia de género en Cuba", jornada convocada por el Cenesex, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y SEMlac.

Partidaria de la capacitación a las y los operadores del Derecho, la jurista agregó que las leyes se deben acompañar de estrategias, medidas complementarias y una educación permanente para seguir haciendo visible un problema que aún se desconoce, socialmente, en toda su complejidad.

A las fallas en la norma se agregan otras muchas mediaciones que redundan negativamente en la protección y atención a las víctimas. Una de ellas es el desconocimiento a nivel social y también de las propias víctimas acerca de los recursos que la ley les brinda.

La reforma al Código Penal cubano en 2009 incluyó como agravante la existencia de algún tipo de parentesco entre la persona agresora y la víctima. Sin embargo, la población apenas domina esta información.

Otra razón que frena es la falta de una respuesta integral y articulada desde los diferentes espacios que deben atenderlas. Muchas de las mujeres maltratadas ignoran a qué lugares pueden dirigirse para recibir ayuda y, en todo caso, acuden a la policía, donde muchas veces no encuentran oídos receptivos.

"Cuando una mujer pone en conocimiento de las autoridades que está siendo maltratada, la política a seguir debe ser prestarle atención primero y cuestionarse el problema después", aclaró durante los debates el abogado Manuel Vázquez Seijido, del Cenesex.

Pero, realmente, sucede todo lo contrario, porque los propios agentes del orden ignoran cómo funciona el ciclo de la violencia, por lo que reiteradamente desestiman los hechos y la situación que ellas viven.

"Alegan que la mujer regresará al hogar y no saben que, probablemente, esta sea una decisión que no depende de ella", agrega el jurista.

La práctica indica que la mayoría de las denuncias que se formulan corresponden a amenazas y lesiones no graves, pero esos datos no son de conocimiento público.

Informes oficiales de Cuba ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (Cedaw) ya daban cuenta, en 2004, que "son pocas las mujeres que comunican a las autoridades la ocurrencia del maltrato y algunas manifiestan dependencia del esposo por diferentes causas, motivo por el cual callan la agresión".

Además, esa agresión se mantuvo para aquellas que denunciaron el maltrato e, incluso, en algunas se incrementó luego de la denuncia, reportó el documento.

En Cuba no hay una estadística pública sobre violencia de género a nivel de país y tampoco se conocen las denuncias que hacen las mujeres de estos casos.

Sin embargo, algunas investigaciones aisladas apuntan que estos hechos pocas veces se reportan o, en otros casos, las denuncias son retiradas luego por las propias víctimas, ya sea por temor u otras dependencias que las llevan al arrepentimiento.

Los últimos datos referidos al tema se publicaron en 2004, fueron recogidos en las oficinas de atención a la población de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y consignados en el citado informe a la Cedaw: de un total de 403 denuncias de actos violentos llegadas a esas entidades en 2002, 81,6 por ciento correspondió a la ejercida por hombres contra mujeres.

Otro factor que agrava la situación de la víctima es que muchas veces, por carencias económicas y de vivienda, debe regresar a vivir con el maltratador, y eso repercute contra su seguridad y en su silencio, lo que la aleja aún más de la protección legal y personal.

"No hacemos nada con tener leyes y reformarlas si no abordamos el problema con amplitud, desde todas sus aristas"; comentó Pereira a SEMlac.

España: Las Universidades Públicas, unidas contra la Violencia de Género

AmecoPress. Del 21 al 25 de noviembre (Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres) se difundirá el mismo mensaje en 17 universidades públicas españolas con idéntica finalidad: detectar y prevenir la violencia de género.

Aunque ya es habitual que las Universidades intensifiquen en esta fecha las acciones de sensibilización en igualdad de mujeres y hombres con campañas propias, éstas no escapan de las dificultades económicas, por lo que se impone, ahora más que nunca, la optimización de recursos.

Consciente de esta situación, desde la Universidad de Alicante se ha ofertado gratuitamente al resto de universidades españolas un material, dirigido fundamentalmente al alumnado y elaborado por el Centro de Estudios sobre la Mujer hace ya dos años (con la colaboración del Instituto de la Mujer y el Fondo Social Europeo).

Rojo, frenar; naranja, detectar; verde, prevenir

Se trata del “Semáforo contra la violencia de género”, en el que, utilizando el significado de los colores del mismo y con situaciones y lenguaje cotidianos formulados en diez sencillas preguntas de test, se llama la atención a chicos y chicas sobre situaciones de alerta y de riesgo en las relaciones de pareja, derivando al 016 como teléfono de información y ayuda.

El Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante cede el contenido y diseño de esta campaña, por lo que las 17 universidades que se han sumado sólo han tenido que correr con los gastos de edición del material, que han podido adaptar a diversos formatos: pósters, folletos, carpetas, salvamanteles, etc.

Las universidades públicas que se han sumado a la iniciativa son: en Andalucía, U. de Almería y U. de Huelva; en Asturias, U. de Oviedo; en Castilla- León, la U. de Valladolid; en Cataluña, Universitat Pompeu Fabra; en Extremadura, U. de Extremadura; en Galicia, U. de Santiago y U. de Vigo; en Illes Balears, Universitats de les Illes Balears; en Islas Canarias, U. La Laguna; en Madrid, U. Autónoma de Madrid; en Murcia, U. de Murcia; Navarra, U. Pública de Navarra y en la C.A. Valenciana, U. Jaume I de Castellón, U. Miguel Hernández de Elche y U. de València Estudi General.

La violencia contra la mujer fue el tema del foro “Hablando se entiende Caracas”

Prensa Capital El ciclo de foros “Hablando se entiende Caracas”, en su cuarta semana colocó en debate el tema de “La no violencia contra la mujer”, lo que generó entre caraqueños y caraqueñas interesantes discusiones sobre este contenido de actualidad.

A esta actividad asistieron como ponentes Oneida de Sequera, directora de Prevención y Atención a la Violencia contra la Mujer del Ministerio del Poder Popular Para La Mujer y la Igualdad de Género; Norbis Morales, abogada de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer; Yusmary Vargas, investigadora de la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, y Leoncio Barrios, psicólogo especialista en violencia de género y educación sexual.

Oneida Sequera señaló que por medio del enlace y el trabajo mancomunado con las instituciones oficiales, se está desarrollando el foro “sensibilización en materia de violencia de género y aplicabilidad de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, y esta vez se realizó en el marco del ciclo de foros “Hablando se entiende Caracas”.

Esta actividad está enmarcada en la conmemoración de la semana de la “No Violencia”, cuyo día principal es el 25 noviembre del 2011, por ende dentro de las actividades está incluida una serie de charlas y una marcha de las mujeres, con la finalidad de fijar posición sobre el tema, dijo Sequera.

Asimismo, la directora de Prevención y Atención contra la Mujer resaltó que durante estos 12 años de Revolución Bolivariana, el Comandante Presidente Hugo Chávez, ha visibilizado a la mujer en este proceso de construcción del Socialismo, por lo cual la mujer ha alcanzado un nivel de protección judicial, con normas protectoras.

Yusmary Vargas, investigadora de la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, comentó que este trabajo tan hermoso que desarrolla el Gobierno del Distrito Capital a través de este ciclo de foros y en particular en esta oportunidad con el tema de la violencia contra la mujer abre las puertas a la reflexión e intercambios de ideas en las personas asistente al conversatorio.

“Hay que entender un poco qué es la violencia contra la mujer, formas de violencia, y esas condiciones de cómo podemos vivir en la ciudad de Caracas. También los momentos que viven las mujeres en el ciclo de la violencia y los hombres agresores”, expresó la ponente.

El psicólogo y especialista en violencia de género y educación sexual, Leoncio Barrios, manifestó que el tema de la violencia de género tiene varias expresiones, una de ella es la violencia de los hombres hacia las mujeres, violencia de la mujer hacia los hombres, la violencia de los hombres hacia los hombres y de la mujer hacia otra mujer.

“El hombre maltratador tiende a agredir y a violentar física, psicológica y verbalmente a la mujer, y como sexo masculino se involucra en esta problemática y termina siendo víctima de los hechos de violencia”, expresó Barrios.

En la actualidad existen muchos órganos receptores de denuncia, porque la Ley Orgánica sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el Ministerio Público, prefecturas, jefaturas civiles y cualquier otra institución judicial debe cumplir con esta función.

Preparan en Guatemala acciones contra violencia en mujeres

Prensa Latina

La sociedad civil prepara hoy actividades en apoyo a una campaña de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres, que en Guatemala ocasionó 700 muertes en el transcurso del año.

Caminatas, foros, conciertos y otras iniciativas se desarrollarán desde este fin de semana en esta capital y puntos del país como los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá y Chiquimula.

El objetivo es sumar adeptos al proyecto que en todo el mundo se inició en 2008 bajo el lema Yo me uno para poner fin a la violencia en contra de las mujeres.

Con ello se busca fortalecer y consolidar las redes de apoyo y posicionar el mensaje de que esa situación en las féminas no es natural, dijo aquí Leonor Calderón, del Fondo de Población de la ONU, en el lanzamiento de la campaña.

Esta se basa en tres ejes: acabar con la impunidad, evitar el aumento de las fallecidas por esa causa e involucrar a todos los ciudadanos en la lucha para erradicar ese flagelo, de acuerdo con la funcionaria.

Aspecto de primordial importancia es la prevención, no esperar por contabilizar más víctimas mortales para después actuar, dijo Calderón, para quien es necesario desplegar todos los recursos existentes y enfrentar la situación.

Al debatir en los foros el tema de la impunidad, en relación con los asesinatos cometidos en los últimos años, se destacará cómo las agraviadas y sus familiares interponen mayor cantidad de denuncias ante los órganos de justicia, unos 50 mil hasta ahora en 2011.

De las actividades programadas hay marchas con elementos alusivos a esos abusos cometidos con las mujeres, que se detendrán con sus reclamos en sitios capitalinos de relevancia relacionados con el trabajo por combatirlos.

Se mencionan las sedes de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y la Policía Nacional Civil, además de la Plaza de la Constitución y el Monumento a los Próceres de la Independencia, más conocido como el Obelisco.

Esas manifestaciones concluirán el día 25, cuando se conmemora el día internacional contra ese flagelo y que en Guatemala marca el comienzo de las campañas.

Las acciones en general cierran, sin embargo, el 30 de noviembre con un concierto en la Plaza de la Constitución con la participación de valiosos artistas integrados a la causa, uno de ellos la afamada cantante puertorriqueña Olga Tañón.

Feministas y la Justicia dominicana alertan de aumento de la violencia contra las mujeres

(EFE).- Organizaciones feministas y representantes de Justicia de la República Dominicana expresaron hoy su preocupación por la "exagerada cifra" de actos violentos contra las mujeres en el país.

Raquel Rivera, portavoz de la Coordinadora de Mujeres del Cibao (norte), que aglutina a al menos 37 organizaciones feministas, dijo que es preocupante que en lo que va de año, según afirmó, 180 mujeres hayan sido asesinadas, heridas o mutiladas por sus esposos, compañeros consensuales y exparejas.

En ese orden, expresó que los datos que manejan revelan que en 2010 las autoridades dominicanas de Justicia de la zona norte del país recibieron 11.103 querellas por violencia, de las que 6.270 estaban relacionadas con violencia familiar.

Asimismo, indicó que en 2011 las estadísticas establecen que se han formulado 22.510 denuncias de agresiones en la región, entre las cuales 11.765 corresponden a violencia intrafamiliar, amenazas, violaciones, acoso sexual, maltrato físico y sicológico a niños, niñas, adolescentes y persecuciones a mujeres, entre otras.

Rivera hizo un llamado a las autoridades y demás sectores de la sociedad para que trabajen para evitar que sigan muriendo más mujeres fruto de la violencia intrafamiliar.

Los grupos feministas del norte aseguran que en lo que va año en Santiago y otras provincias vecinas, unas 42 mujeres han sido asesinadas y que el hecho más reciente ocurrió el jueves en la localidad de Tamboril, cuando un hombre mató a su compañera, de la que estaba separado hace tres meses.

De su lado, la fiscal de Santiago, Yeni Reynoso, dijo a periodistas locales que se siente preocupada por la violencia que afecta al país en materia de género.

En ese contexto, expresó que la falta de recursos y de compromiso, son factores que inciden en el aumento de casos de violencia contra la mujer en el país.

Por tal razón, reveló que es importante trabajar en la prevención con perspectivas de género, porque "la problemática es difícil".

La jefa del Ministerio Público en la segunda provincia dominicana, reveló que en este año se han registrado 10 muertes violentas de mujeres en Santiago.

La funcionaria judicial informó que su oficina está tomando acciones para disminuir esa violencia, a través de charlas en barrios e instituciones, y al seguimiento que da a estos casos la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de la institución.

"Hay casos que llegan a la tragedia porque muchas veces las mujeres no aprecian el nivel del riesgo que corren", observó la magistrada.

Europa aprueba una euroorden de protección frente a la violencia machista

AmecoPress. Tras un año y medio de negociaciones, los ministros y ministras de Justicia de la UE lograron un acuerdo con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y hoy aprueban crear una euroorden de protección para mujeres víctimas de la violencia de género.

El objetivo de la euroorden es que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una persona amenazada, por ejemplo una orden de alejamiento para un maltratador, se ejecute también automáticamente en cualquier otro país de la UE al que la víctima se traslade. Si el agresor la incumple, el país encargado de ejecutarla impondrá sanciones penales o de otro tipo.

Así ha quedado reducida la propuesta que hiciera el Gobierno de Zapatero durante la presidencia español de la unión Europea: únicamente incluye las medidas de protección dictadas en procedimientos penales y deja fuera las basadas en la legislación civil. Estas últimas quedarán cubiertas por un reglamento propuesto por la Comisión en mayo de 2011 y que todavía está pendiente de aprobación.

Para aprobar la protección de víctimas de maltrato en su vertiente civil se requiere el apoyo de los países de la UE y de la Eurocámara, un proceso que según fuentes comunitarias podría demorarse hasta dos años.

En la nueva normativa, acordada ayer, cuando víctima y agresor pasan de un sistema con base penal a uno con base civil, las autoridades del segundo país pueden tomar una decisión nueva sobre el caso y adaptarlo a su ordenamiento jurídico sin incrementar el grado de la penalización. Se busca que las víctimas europeas estén protegidas mas allá de las fronteras que las alberguen en un momento determinado.

España: La Fiscalía pretende flexibilizar las órdenes de alejamiento

Gloria López

AmecoPress. A la par que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) validaba el sistema de órdenes de alejamiento aplicado en España en casos de violencia machista, que obliga a los condenados a cumplirlas incluso si la víctima desea retomar la relación con el maltratador, la Fiscalía general del Estado incluyó en la Memoria de 2010 que publicó ayer la propuesta de flexibilizar las órdenes de alejamiento en casos de maltrato y modificar la ley para impedir que las denunciantes se acojan a su derecho a no declarar en el juicio.

La Memoria de 2010 de la Fiscalía General del Estado, publicada coincidiendo con el inicio del año judicial, pone de manifiesto el descenso del número de mujeres que decidieron volver a convivir con su agresor, a pesar de que sobre estos pesara una orden de alejamiento: el porcentaje disminuyó del 15,9 por ciento en 2009 al 9,4 por ciento en 2010.

Sin embargo, una de las propuestas que hace la Fiscalía pasa por la "flexibilización" de la normativa que impone el alejamiento de forma obligatoria, con la finalidad de evitar "quebrantamientos de condena". La memoria recuerda que en los casos con sentencia firme no existe la posibilidad de suspender la prohibición de aproximación. Además, interpreta que, en algunos casos, cuando la víctima decide volver a vivir con su agresor porque no tienen medios económicos que les permitan estar separados, el cumplimiento de dicho alejamiento puede llegar a ser "imposible".

La propuesta de hacer más flexibles las órdenes de alejamiento encuentra con la rotunda oposición de las expertas. La abogada Consuelo Abril, que fue presidenta de la Comisión de Malos Tratos, insiste: “cuando se dicta una orden de alejamiento, es porque previamente ha habido un delito y porque existen elementos de riesgo para la vida de las víctimas; por tanto, la pena deja de estar en manos de las víctimas, no dependen de su voluntad; es un delito público y el Estado debe actuar como tal”.

Las órdenes de alejamiento deben cumplirse o se perpetuará el maltrato. “Estamos hablando de la vida de las mujeres, de una plaga inaceptable”, recuerda Abril, “debemos ser muy firmes”

Otra de las propuestas de la Fiscalía, apelada por diversas instituciones jurídicas en otras ocasiones, es la de modificar la ley para impedir que las denunciantes se acojan a su derecho a no declarar en el juicio, con el fin, en este caso, de evitar absoluciones que no deberían serlo.

La experta recuerda que ciertamente la declaración de la víctima es el “elemento probatorio fundamental, si no el único” y por ello aprueba la recomendación de la Fiscalía y manifiesta su confianza en el testimonio de las víctimas, siempre y cuando se garantice que declaran en las condiciones idóneas”.

El comprensible miedo a declarar de las víctimas es uno de los mayores problemas de la lucha contra la violencia de género, por lo que Abril también recuerda que “tenemos que garantizar su protección y entender que las víctimas de la violencia machista están amedrentadas, atemorizadas”

Acusaciones sin fundamento

El informe de la Fiscalía también pone de manifiesto que las críticas a la Ley Integral contra la Violencia de Género basadas en las denuncias falsas interpuestas por "hipotéticas víctimas" para "obtener privilegios" no tienen fundamento. "Ninguno de sus emisores aportaba dato alguno", asegura el documento en el que se contabilizan menos de 30 denuncias falsas en dos años (2009 y 2010), lo que supone menos de un 0,01 por ciento del total de denuncias por maltrato.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, también recuerda que el año pasado murieron 73 mujeres a manos de sus parejas o exparejas y propone llevar a cabo un estudio criminológico sobre los supuestos más graves de violencia machista para "dar la más eficaz respuesta penal frente al maltratador, cuyo perfil no es todavía bien conocido".

Seguridad para todos ¿y todas?

Sandra Chaher

Artemisa Noticias Alejandra tiene 40 años, vive en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en Argentina. Vivió casi 20 años con el que fue su esposo. Muchas veces, le pegó casi hasta la muerte, humilló y maltrató delante de los hijos de ambos. A fi nes del 2009, después de una golpiza más, decidió dejarlo. Lo volvió a ver sólo una vez, de lejos. El tiene una orden de alejamiento que cumple a excepción de la escuela, donde sistemáticamente espera que el hijo salga para llevárselo sin permiso. Aún así, Alejandra tiene miedo de que la busque y la mate. En la justicia se está tramitando una causa por lesiones graves, por la que él podría recibir tres años de prisión. 'Cuando salga no va a parar hasta que me encuentre.'

Se calcula que la mitad de las mujeres de América Latina son víctimas de algún tipo de violencia de género y que al menos la mitad de las mujeres asesinadas en el mundo lo fueron por razones de género. Según la Campaña Únete contra la Violencia hacia las Mujeres, del Secretario General de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en el mundo fue o será víctima de violencia de género en algún momento de su vida y en América Latina el panorama es tan grave como para hablar de pandemia.

Se trata de un padecimiento arraigado en conductas culturales patriarcales que menosprecian a las mujeres, considerándolas propiedad de los varones y que limita seriamente las posibilidades de desarrollo de los países del continente.

Rebeca Grysnpan, ex directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), decía durante el lanzamiento regional de la Campaña Únete para combatir la violencia de género del 2009: 'La violencia de género presente en nuestras sociedades interpela nuestro modelo de desarrollo y de democracia, la sentencia es categórica. No habrá desarrollo humano si no erradicamos esta herida abierta contra la dignidad humana y los valores básicos de la sociedad como es la violencia contra la mujer.

No habrá desarrollo humano si madres, hijas, hermanas, mujeres y niñas viven en el temor y sin libertad'.

La violencia de género es ejercida por los hombres sobre las mujeres en diversos ámbitos sociales: la casa, la calle, la escuela, el trabajo, y la lista podría seguir. Esta condición de inseguridad permanente es denunciada desde hace años por el movimiento de mujeres, reclamando a los Estados que reconozcan la violencia específica de género y actúen al respeto. Si bien el panorama hoy no es tan árido como hace treinta años, aún queda mucho por hacer para que las mujeres puedan sentirse tranquilas dentro de sus hogares y cuando atraviesan el umbral del mismo.

Violencia en el noviazgo: urge debatir roles de género

Sandra Chaher
Artemisa Noticias La violencia durante el noviazgo preocupa por sus consecuencias inmediatas (maltratos y feminicidios de mujeres jóvenes) y porque suele ser el germen de vínculos violentos que se extienden por décadas. Tiene características diferentes a las que se dan en las relaciones de personas adultas y un hándicap enorme que aún no ha sido suficientemente aprovechado: la posibilidad de deconstruir los roles estereotipados de género desde la escuela y hacer espacio a modelos diversos e igualitarios.Hoy, el Tribunal Oral II de La Plata decidirá qué pena da al acusado de haber asesinado a Paula Polichella, una adolescente de 19 años, en el 2006. El posible victimario se llama Lucas Carrieri, tiene hoy 28 años, y era el novio de Paula cuando fue asesinada.En octubre del 2006, Paula –mamá de un nene de cuatro años- salió de la casa donde vivía con su hermana, su cuñado y su hijo, para ir a ver a Carrieri y no volvió. Cuando la familia de ella lo contactó, Carrieri tenía las manos lastimadas pero dijo que Paula no estaba con él, que lo había acompañado apenas unos minutos y se había ido a Berisso a ver a un amigo. 25 días después, un grupo de obreros encontró el cuerpo de Paula en estado de descomposición en un camino vecinal de San Miguel del Monte. La habían degollado y apuñalado once veces con un cuchillo tramontina.Las estadísticas no oficiales de feminicidios (realizadas por organizaciones de la sociedad civil porque el estado argentino está por ahora ausente en este tema) dicen que las adolescentes de entre 13 y 19 años fueron entre un 6% y un 20% del total de mujeres asesinadas por razones de género en Argentina en los últimos tres años.Son datos que deben comenzar a tenerse en cuenta en el diseño de campañas de concientización y visibilización de la violencia contra las mujeres porque en general los mensajes hacen foco en las mujeres adultas –señala la periodista especializada en feminicidios Gabriela Barcaglioni-. Y también en el diseño de políticas públicas de prevención porque hay que trabajar con más énfasis con las y los adolescentes en su formas de vinculación en la etapa del noviazgos.'Barcaglioni lleva desde hace años un registro estadístico de los feminicidios de mujeres que se producen en Argentina de acuerdo a las publicaciones en seis medios de comunicación y que desde fines del 2007 es publicado por Artemisa Noticias (ver 8 femicidios en mayo). Según estos datos, en el año 2009 fueron asesinadas 27 adolescentes de entre 13 y 19 años (20%); en el 2010, 15 (12,3%); y en lo que va del 2011 ya fueron asesinadas 10 (17, 2% del total).El registro del Observatorio Marisel Zambrano, de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, que hace también un relevamiento basado en medios de comunicación (pero de mayor volumen), es de 13% en 2009 (hasta 18 años) y de 6,5% en el 2010. 'Una característica de estos femicidios –analiza Barcaglioni- es que los victimarios son predominantemente parejas y ex parejas de las víctimas, en un porcentaje más alto que en los casos de mujeres adultas. En muy pocas situaciones es un desconocido.'
Los feminicidios no son hechos aislados –mucho menos en los casos en que se producen en el marco de vínculos de pareja- sino la última etapa de un ejercicio permanente de violencia y terror. Una mujer asesinada en el marco de una relación afectiva, antes fue víctima de maltratos, humillaciones, desprecios, y probablemente golpes y abusos sexuales por parte de ese mismo varón. Es decir que antes de llegar al asesinato, hay etapas en que la violencia quizá pueda ser detenida. En el caso de las adolescentes, esa etapa es la del noviazgo.

¿Cómo son las relaciones?

Durante el noviazgo, la violencia de género adquiere características propias vinculadas a la particularidad de ese momento de la vida. 'Nosotras tuvimos muchos casos en los que en relaciones muy cortas, de apenas uno o dos años, ya están instaladas las características de la violencia emocional e incluso física, con el ciclo de la violencia que se cumple por completo –agresiones, estallido y reconciliación- en períodos muy cortos de tiempo. A veces en el mismo día, varias veces. Es una etapa en que se da mucho pegoteo en las relaciones, a veces están todo el día juntos, se aíslan de los amigos…' señala la psicóloga Miryam Pérez, integrante del Centro de Asistencia Vivir Sin Violencia del Municipio de Morón.

En este espacio, entre 2007 y 2009 se armó, por la alta demanda, un grupo específico de atención para chicas menores de 20 años. 'Llegaron en la mayoría de los casos acompañadas por alguien: hermanas, madres, tías y en menor medida los padres. Pero la familia no se daba cuenta de la situación porque ellas lo contaran sino porque las veían lastimadas o que el novio las maltrataba.'

- ¿Ellas no se percibían como víctimas de violencia?

Muy poco. En general se sienten muy culpables, creen que son responsables del enojo de los varones y tienen muchas expectativas en que ellos hagan cambios.

-¿Y cómo se resolvían estas relaciones violentas en el marco de los grupos y talleres?

Se fueron disolviendo, pero con muchísima lentitud. Ellas no tenían una asistencia permanente a los grupos, vinculado creo a la ilusión de cambio. Cuando ellos prometían que iba a modificar conductas, algunas dejaban, y aparecían unos meses después cuando se reiniciaban los conflictos. También se juega la culpa y la percepción de que no son víctimas porque ellas también pegan o la devuelven, que a veces ganan ellas y a veces ellos. Es cierto que ellas también pegan, que controlan, se defienden e incluso aparecían cosas como 'él me cagó, ahora lo cago yo'. Esto tiene que ver con el dinamismo de esta etapa evolutiva. Y eso es en parte lo que les impide percibirse como víctimas. Para las mujeres adultas, en cambio, está más instalado que son víctimas y que hace mucho toleran la situación de violencia.

- ¿Pasó que hubiera madres o padres que trajeran a sus hijas y se reconocieran como víctimas y maltratadores?

No, en general las madres y los padres no se dan cuenta que ellos también tienen establecidas relaciones violentas, incluso habiendo violencia física. Están escindidos: los problemas los tiene la hija.

El origen

La construcción de relaciones violentas se apoya en estereotipos de género discriminatorios: modelos culturales de mujeres subordinadas y dependientes de varones poderosos y autoritarios que ejercen la violencia como una estrategia de dominación. Durante el juicio que se le sigue a Lucas Carrieri por el posible asesinato de Paula Polichella, varias personas que atestiguaron dijeron que Carrieri la había amenazado de muerte y que estos ataques recrudecían ante la posibilidad de que ella terminase la relación (ver Lo juzgan por degollar a su novia, Paula Polichella, y ocultar el cadáver).

Los roles estereotipados de género son aprehendidos por chicas y chicos en el hogar, la escuela, los medios de comunicación y se refuerzan en el intercambio social. Para abordar la violencia en las relaciones es imprescindible que estos estereotipos sean cuestionados y aparezcan modelos con mayor diversidad e igualdad. Que hablen de mujeres reales que ya hoy ocupan espacios de poder, y de varones también reales que comienzan a asumir compromisos con su vida emocional y con la crianza y el sostenimiento del hogar, y también de modelos de colaboración, empatía y participación a los que aspiramos.

Para esto el debate sobre los roles de género debe entrar a la mayor cantidad de espacios sociales y políticos. De acuerdo a la Ley 26.150, de Educación Sexual Integral, sancionada en el 2006, es obligación del Estado impartir educación sexual integral en todos los niveles del ciclo educativo. En el año 2008 se establecieron los lineamientos curriculares de la ley -un piso mínimo para que las escuelas desarrollen los contenidos-, en el que participaron todos los sectores de la sociedad interesados en hacer aportes en el tema, y estos contenidos fueron aprobados de forma unánime por el Consejo Federal de Educación. Sin embargo, hay provincias que se resisten a incorporar la educación sexual como parte de la currícula y en general este debate está aún ausente en la mayoría de las escuelas del país.

Por otra parte, La Ley 26485, de Violencia de Género, sancionada en el 2009, señala como obligaciones del Ministerio de Educación la inclusión de contenidos con perspectiva de género, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre sexos, la democratización de las relaciones familiares, la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos; la formación para que el equipo docente pueda detectar la violencia de género; y la revisión y actualización de los libros de texto de tal forma de eliminar los estereotipos de género y proponer modelos de igualdad.

Construyendo nuevas subjetividades

La Colectiva Feminista La Revuelta, de la provincia de Neuquén, integrada en gran parte por docentes, realizó en el 2010 un taller sobre noviazgo adolescente con alumnas y alumnos de nivel medio justamente para trabajar en la percepción de estereotipos, la de desnaturalización de la violencia y los mandatos de feminidad y masculinidad.

María Trpin, una de las integrantes de La Revuelta que participó del taller, cuenta que algunas de las situaciones inesperadas y de deconstrucción con las que se toparon fueron 'el reconocimiento por parte de algunos varones de que nunca antes habían interpretado los celos como una forma de violencia, o la desilusión de que el grupo de música que escuchan es machista, o el reconocimiento por parte de las chicas de haberse sentido presionadas por sus novios para tener relaciones sexuales sin protección, y de los chicos de ser acosados por sus novias pero no atreverse a denunciarlo por temor a la burla'.

Sobre el final, escribieron frases sobre lo que habían trabajado que Trpin valora porque 'dan cuenta de sus opiniones a favor de construir relaciones basadas en la confianza, respetuosas de sus derechos y en contra de la violencia machista'. Algunos de los textos redactados fueron: 'Si me querés, ¿por qué no me cuidás?', 'No usar a las mujeres como objetos', 'No me toques si no quiero', 'El machismo contamina' y 'No seamos cómplices de la violencia, entre otras.

Laura Ferreira -ex asesora en género y ex supervisora del equipo de Violencia Familiar de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento Familiar del Municipio de Tigre- que en el 2010 realizó una encuesta y talleres con población adolescente del distrito (ver Un diagnóstico posible sobre la violencia en el noviazgo), tiene también una percepción positiva en relación a las posibilidades de cuestionar los estereotipos de género y construir nuevos discursos por parte de las y los adolescentes. Y, al igual que las integrantes de La Revuelta, enfatiza el rol fundamental que podría y debería cumplir la escuela, y sus integrantes, en esta resignificación. 'Hay una enorme necesidad de participación de chicas y chicos en estos temas, pero a la vez aparece cierta resistencia de las escuelas. Es urgente que los planteles docentes sean capacitados' afirma Ferreira sobre la experiencia que tuvieron en Tigre.

En un libro de reciente aparición, Toda educación es sexual, Graciela Morgade – compiladora y que participó del diseño de los contenidos curriculares de la Ley 26.150- observa el rol de la escuela en el debate sobre el género y la sexualidad como una oportunidad de revalorizar y resignificar también el rol mismo de la educación media en medio del desinterés y la apatía que genera este espacio para las personas jóvenes. 'La tarea docente puede adoptar un carácter fundamental como productora de espacios generadores de la subjetividad –señala-. …(y) uno de los vectores de construcción de la subjetividad, la sexualidad, puede transformarse en una temática que permita a las escuelas crear, al menos, algunos ‘momentos’ con sentido.'

Chile: "La mujer busca protección y el Estado no cumple"

Victoria Aldunate Morales

La Haine Fue la abogada* que intervino en el juicio por el femicidio frustrado contra Claudia Neira Oportus y el femicidio de Javiera, su hija de 6 años (claro que no se nombraron así, si no "homicidio" y "parricidio”). En esa ocasión, se obtuvo la condena de presidio perpetuo calificado para el femicida Alfredo Cabrera Opazo.

Actualmente Patsili Toledo realiza un doctorado en Derecho Público en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha estado investigando las legislaciones de América Latina en cuanto a femicidio o feminicidio. Desde su experiencia en el tema, plantea que la tipificación del femicidio en Chile, es un avance simbólico, “pero no hay mucho más que eso”…

¿Cómo es esto de lo simbólico?

La palabra femicidio, que antes era materia de burla, en particular en el mundo jurídico, se legitima en el campo legal. Se entiende que los asesinatos de mujeres ocurren y que son un hecho específico: alguien mata a otra persona, pero es un crimen en que hay elementos de género, distintos.

¿Y podría servir para algo concreto?

Acá se está hablando de femicidio íntimo, un crimen anunciado la mayoría de las veces, y por eso mismo más manejable o prevenible para los organismos del Estado. El femicidio íntimo reconocido como tal puede servir como una ruta para investigar cómo es que las mujeres terminan muriendo en la pareja, y prevenir. Las teóricas feministas siempre han distinguido los femicidios, entre íntimos y otros femicidios**. El femicidio íntimo también debería servir para medir de una manera contundente y comparable la violencia contra las mujeres, porque las encuestas son muy variables e imprecisas.

¿Muy coyunturales?

Sí, porque tiene que ver con qué entienden mujeres de distintas culturas por violencia. Pueden ser muy distintos parámetros los que tienen unas y otras. No es que no vivan violencia, pero perciben de manera distinta las mismas situaciones. La violencia contra las mujeres además es algo muy complejo de medir cuando se habla de cifras. ¿Como medir los distintos tipos de violencia en cifras? En cambio, las muertes que llegan a la justicia, pueden transformarse en una forma de medir la violencia extrema contra las mujeres y el progreso o regresión de un Estado en esta materia.

VIOLENCIA MACHISTA Y CÁRCEL…

El tema de la tipificación del femicidio y la cárcel se cruzaron en diciembre recién pasado, en chile. Nuestra percepción (de la entrevistadora) es que Piñera usó, solapadamente, justo después de la tragedia de la cárcel, la carta de la tipificación del femicidio para justificar cárceles atiborradas y un trato cruel.

Junto a eso, sonaba por esos días, el eco insurreccionalista con consignas como “presos a la calle”, pero sin especificar, qué presos “a la calle”. Así, si al estado le importa un bledo el riesgo de la violencia contra las mujeres, algunos libertarios tampoco parecen cuestionárselo.

¿Tú cómo lo ves?

No es fácil usar políticamente el femicidio para justificar cárceles repletas. De hecho, muchos femicidas se suicidan, y las cárceles no están llenas de hombres agresores de sus parejas. Lo que creo es que, el discurso tras la "violencia intrafamiliar" sigue siendo aquel del "problema privado" que no amerita una respuesta penal. Esto es así también en los discursos abolicionistas del sistema penal -aunque no están muy de moda-, que -en general- buscan la eliminación de las cárceles. Pienso además que parte importante del feminismo apoya -o apoyaría- la revisión total del sistema penal y la eliminación de las cárceles. Pero eso no quiere decir que no haya ninguna reacción o respuesta estatal frente a los crímenes que se cometen en la sociedad.

Claro, pero son los pobres y no los ricos quienes están en las cárceles …

Sí, en Chile y en el resto del mundo es así, y además, los pobres encarcelados están aumentando en forma desproporcionada. Es claro que hay que reducir el derecho penal, en vez de expandirlo como se ha hecho. Mucha gente que está presa por “delitos contra la propiedad” no debiera estar encarcelada, muchos de esos delitos no debieran ser delitos. En Chile los "delitos contra la propiedad" tienen penas extremadamente altas, ahora incluso hay gente que hurta algo muy barato en un supermercado y en vez de multa, tiene pena de cárcel, y esto, además ha afectado desproporcionadamente a las mujeres (las "mecheras"). Llevar a la gente a la cárcel es una sanción muy básica.

Es la ideología derechista de la seguridad ciudadana y un derecho penal clasista, creo…

El derecho penal se dedica a castigar, pero no a prevenir y hoy en día tendría que ser una parte de los mecanismos de protección y prevención de la violencia. Y en eso es necesario un cambio, porque las leyes penales que, en el pasado, pretendían prevenir, eran directamente clasistas y racistas: detención por vagancia y mendicidad por ejemplo, que se relacionan con ideas como que el aspecto exterior, ser pobre, ser inmigrante, llevan necesariamente a delinquir. Esas leyes fueron eliminadas. En el derecho penal moderno existe la "presunción de inocencia", es decir, ahora hay que probar que la persona delinquió, y no debería importar cómo luce, si es pobre, morena, harapienta, etc. Pero a pesar de eso, sabemos que socialmente -no legalmente-, ser pobre y tener ciertos rasgos físicos o sociales (forma de hablar o vestir, tipo de socialización), hace que alguien se le presuma "delincuente"...

Y en este complejo contexto, ¿qué pasa con los crímenes machistas y el riesgo para las nosotras?

Es importante subrayar que quienes ejercen violencia machista, así como quienes cometen delitos económicos o delitos sexuales, son personas que en su mayoría no "parecen" delincuentes (en el sentido clasista de la mirada cultural). Se salen del "estereotipo" del "antisocial", que es el "delincuente común". Justamente este fenómeno complica a los operadores del sistema penal y a la sociedad en su conjunto. Los agresores de mujeres son personas que tienen muy (¡demasiado!) internalizadas las normas sociales, por ejemplo, la norma -no jurídica- de subordinación de las mujeres donde las mujeres “deben someterse” y si no lo hacen, se les “puede” agredir.

Y entonces, ladrones de corbata y agresores de mujeres quedan impunes… pero ¿siempre será necesaria la cárcel para los agresores?

No creo que en todos los casos. En cuanto a los femicidios, creo que los femicidios "frustrados" son mucho más peligrosos, pues existe el riesgo de que los agresores quieran vengarse de la mujer que los denunció y, como ha ocurrido, que maten a la mujer en cuanto quedan libres. Es el peligro de que el agresor vuelva a terminar lo que comenzó. Pero cuando la víctima no sobrevivió, por supuesto la cárcel ya no ejercerá una función de protección para ella.

Pero tampoco puede ser que se mate una mujer y no pasa nada…

Claro que no, y en ese sentido hay que recordar que la cárcel es una respuesta del Estado o más aún, de la sociedad, frente a los crímenes, independiente de lo que quiera o no la víctima, de que la víctima esté viva o no, de que ella esté a favor o en contra de la cárcel. Sin embargo, creo que es más interesante pensar en los casos en que las víctimas sobreviven a la violencia, cuando se trata de violencia menos grave, y en muchos de esos casos la cárcel no es la respuesta más adecuada. Quizás son casos en que el extrañamiento, la relegación, podrían ser medidas más efectivas que la cárcel. Las penas de cárcel no necesariamente son lo mejor para las víctimas y para los victimarios. Creo que muchos castigos debieran ser “repensados” en función del riesgo para las víctimas. En delitos de violencia en pareja o violencia familiar, por ejemplo, se trata muchas veces más que de castigar lo que el agresor hizo hace una semana, de prevenir lo que puede hacer la próxima…

Pero no es prevenir, si no sancionar, lo que tenemos en Chile…

Sí. La prevención, se deja en manos del Ministerio Público, y es poco lo que se hace. Sus mecanismos se aplican, muchas veces, sin atender a las particularidades de los casos. Las soluciones se dejan encargadas a creatividad de quienes dictan las medidas porque no todas están especificadas, y los presupuestos, a menudo, no alcanzan para llevarlas a cabo -y eso tiene que ver con lo simbólico-... Entonces el Estado no cumple con las mujeres que cuando denuncian, muchas veces, lo que quieren no es llevar al agresor a la cárcel, si no ser protegidas: que en la próxima agresión no las maten. En Colombia por ejemplo hay un caso emblemático en que los familiares de una mujer asesinada por femicidio íntimo, demandaron al Estado y ganaron, porque las autoridades no protegieron a la víctima a pesar que ella recurrió a todas las instancias que correspondía…


PREVENIR

¿Qué pasa si el agresor pasa unas noches en la cárcel y luego sale? ¿Qué le hará a la mujer cuando salga resentido? ¿Qué sucederá si por estar preso pierde el trabajo y luego faltará su aporte o no podrá pagar la pensión alimenticia?… Esas son constantes que nos persiguen cada vez ante la interrogante: ¿Denunciar o no? ¿Cómo manejar todo esto?...

¿Podría existir una ley integral de No Violencia Contra las Mujeres?

La violencia contra las mujeres es un fenómeno tan complejo y tan amplio que casi habría que pensar en todo un código relativo a la sanción de la Violencia Contra las Mujeres, porque esta Violencia incluye tanto formas de crimen organizado contra las mujeres como violencia doméstica, delitos económicos, crímenes sexuales, trata de mujeres, el femicidio de conocidos y desconocidos…

¿Y cómo sería prevenir?

La prevención se debe ajustar a los distintos tipos de violencia. Por ejemplo, lograr mecanismos al interior de las universidades, institutos, lugares de estudios, que aseguren investigar a los acosadores sexuales, sobre todo los que tienen algún poder: profesores, directores, etc. En violencia doméstica, de pareja, familiar, es donde hay que refinar al máximo los mecanismos, pues el riesgo vital para las mujeres es mucho mayor. A veces la denuncia sirve para detener la violencia y otras, puede significar mayor peligro para la mujer. Hay que evaluar medida a medida. Evaluar por ejemplo la real efectividad de las Casas de Acogida que generalmente sirven solamente para las mujeres en extrema vulnerabilidad social. Hay que revisar las medidas que se han elaborado porque muchas se hicieron en la base de la realidad de las mujeres que llegan a Casas de Acogida, pero ellas no son representativas de todas las víctimas. Hay que distinguir necesidades distintas.

AMÉRICA LATINA Y FEMICIDIO… ¿O FEMINICIDIO?

En Chile, aclara Patsili Toledo “no fue el movimiento de mujeres ni el movimiento feminista, quienes propusieron la tipificación, sino diputadas. Mientras que por ejemplo en Costa Rica, la tipificación del femicidio -que tiene un parecido en cuanto al concepto con la chilena- fue una propuesta del movimiento de mujeres y mantuvo a las feministas en largas discusiones al respecto”.

¿Mejora el panorama en otros países latinoamericanos?

No demasiado, e incluso a veces el lenguaje que se usa enreda más aún la percepción, ya insuficiente, de quienes aplican justicia. En Colombia se dice por ejemplo: el que mata a una mujer por ser mujer… ¿Cómo pruebas que a una mujer se la mató por ser mujer…? Hay discusión en el feminismo sobre esto, imagina en la mirada judicial tradicional…

Desde los años 90 hay leyes en América Latina relacionadas con la Violencia Contra las Mujeres. Pero, en general, no hablan de “violencia contra las mujeres”, si no de Violencia Intrafamiliar, VIF. En eso son diferentes las leyes de femicidio, que en general son leyes que se refieren específicamente a la violenca "contra las mujeres", suelen ser leyes separadas de la de VIF o normas que modifican el código penal. En Costa Rica y en Guatemala se llama femicidio y en El Salvador, feminicidio. Son leyes que abordan diversas formas de violencia contra la mujer y/o políticas públicas. En ese sentido, son todas leyes más amplias que la chilena. En Guatemala y en El Salvador se toman en cuenta los crímenes cometidos por desconocidos, abordando el carácter sexual de los crímenes, la mutilación de carácter sexual, el asesinato delante de los hijos, etc.

En discusiones feministas, se ha planteado la palabra “femicidio” cuando hay condena, y “feminicidio”, si hay impunidad. Pero ¿la impunidad cesa porque se condena a un agresor?...

Esa discusión se daba cuando el eje “impunidad” estaba en el centro, teniendo casi como referente los casos de Ciudad Juárez. Creo que con el tiempo se ha relativizado porque habría que comenzar por mirar condena por condena: ¿Hay impunidad o no? ¿La impunidad es individual o social? ¿Qué entendemos por impunidad? Hoy, el debate femicidio/feminicidio suena más como una discusión lingüística. Desde mi perspectiva actualmente no tiene mayor sentido ese debate, ya que los usos de una u otra expresión responden a opciones políticas y casi geográficas. En México, por ejemplo, se habla siempre de feminicidio, independientemente de la impunidad o no. En México la ley general que aborda “el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” habla de “violencia feminicida”, un concepto amplio a través del cual se está hablando de violencia patriarcal y de indolencia social a la vez, y eso tiene sentido político, pero no judicial.

AUTONOMÍA A LAS MUJERES

Esta abogada que ya era feminista antes del juicio de Claudia Neira entre 2005 y 2007, explica que “ese caso fue paradigmático en su vinculación con el movimiento de mujeres y por su impacto social, ya que además de las víctimas directas, afectó seriamente a todos los vecinos de la comunidad en que ocurrió”. A pesar de que el caso terminó con una condena al femicida, igualmente considera que en este caso y en muchos otros, el sistema judicial es “un sistema que revictimiza, siempre, a toda víctima -más aún a las mujeres- y que los márgenes para reducir ese dolor, son escasos”. Es aún más grave cuando las mujeres -como en aquel caso- han denunciado previamente las amenazas, y el sistema penal no responde adecuadamente***.

Tal vez por eso Patsili, en nuestra conversación sobre leyes y cárcel, aclaró más de una vez que “pretender centralizar todo a través del Estado y el sistema legal, no es lo que necesitamos. La ley penal es una solución muy simple a problemas extremadamente complejos”. La abogada tiende “estar a favor de reconocer la mayor autonomía posible a las mujeres”.

Ideas como autodefensa y grupos de autoayuda -ideas feministas- nos rondan a ambas en esta conclusión, ya que se han mostrado más efectivas que una legalidad supuestamente “neutral”, pero que en realidad es muy clasista y muy machista.

Memoria Feminista, feministas autónomas

* En este juicio intervinieron además de Patsili Toleto, el fiscal Patricio Cooper y el abogado Francisco Cox.

** El uso generalizado de este neologismo se produce especialmente a partir del libro Femicide: The Politics of Woman killing, de Jill Radford y Diana Russell (Twayne Publishers, Nueva York, 1992). Diana Russell piensa por ejemplo que las muertes maternas por abortos mal hechos son también femicidios.

*** En aquel caso, se habían denunciado amenazas de muerte, que terminaron en una salida alternativa (suspensión condicional del procedimiento) sin que se evaluara previamente la peligrosidad del agresor (como ocurre hasta ahora con estas medidas), y nunca fue objeto de control por parte de ningún órgano del sistema penal.

La Haine