Chile: Senado aprueba proyecto de aborto por tres causales

Tamara Vidaurrázaga Aránguiz

(SEMlac).- Con 20 votos a favor, el Senado chileno aprobó en general el proyecto de despenalización del aborto en tres causales específicas: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal extrauterina y violación, tras dos jornadas de debate en sala y con 15 votos en contra y dos abstenciones.

Senadores y senadoras de la Nueva Mayoría, coalición por la que gobierna Michelle Bachelet, y de Chile Vamos, coalición de derecha opositora, plantearon sus argumentos a favor y en contra del proyecto. En las tribunas y el hall de ingreso diversas organizaciones contrarias al texto y pro derechos de las mujeres se manifestaron con lienzos alusivos.

La causal que más resquemores causa en legisladores de derecha es la de violación, que exige que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación, cuestión que en las menores de 14 años se amplía hasta las 14 semanas.

Senadores de derecha argumentaron que las mujeres podrían inventar que han sido violadas, que incluso si lo han sido una interrupción del embarazo es la peor manera de resolverlo y que una violación podría ser "acordada", como indicó el Senador de la Unión Demócrata Independiente UDI, Alejandro García Huidobro.

Organizaciones de mujeres junto a diputadas de distintos partidos políticos, como la comunista Camila Vallejo, la independiente Carla Rubilar o la socialista Maya Fernández Allende, llamaron a que sea aprobado el proyecto incluida la causal de violación, puesto que según la abogada de Corporación Humanas Camila Maturana "es un compromiso del Gobierno y de una coalición, con las chilenas".

"El Senado debe legislar para cumplir con ese mandato que, además, tiene un 70 por ciento de aprobación en la opinión pública. Este proyecto se debe aprobar en sus tres causales, lo que permitirá al Estado de Chile ponerse al día con los derechos humanos de niñas y mujeres", abundó.

Para Gloria Maira, quien fue subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, "la causa de violencia sexual que permite interrumpir un embarazo por violación es un imperativo fundamental de derechos y respeto a la dignidad de niñas y mujeres."

El proyecto implica que debe haber un diagnóstico médico previo que avale la intervención y que la mujer debe manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo, salvo cuando esté impedida de hacerlo.

Permite, además, la objeción de conciencia por parte del médico cirujano convocado a realizar la interrupción, que se debe efectuar en forma previa y por escrito ante el director del establecimiento de salud, caso en el que el recinto debe asignarle otro médico disponible a la paciente. Esta objeción no procederá en el caso de la primera causal cuando la mujer requiera una atención inmediata y no exista otro cirujano disponible.

Tras este trámite, el proyecto deberá volver a la Comisión de Salud y a la Comisión de Constitución para su discusión en particular, tras lo que volverá a votarse en sala del Senado.

En Chile, existió el aborto terapéutico desde los años 30 hasta 1989, cuando la dictadura de Augusto Pinochet lo prohibió en todos los casos, para convertirse así Chile en uno de los seis países en el mundo que se encuentra en esta posición junto a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Malta, El Vaticano y República Dominicana.

Clínicas, viajes y privilegios: así son los abortos de las ricas en Chile

Alejandra Carmona

La Haine Algunas críticas apuntan a que la ex secretaria de Estado Helia Molina no tiene pruebas para decir que en exclusivos recintos de salud se realizan interrupciones del embarazo. Sin embargo, hay quienes aseguran que esa es una realidad que ha existido en el país desde hace años. Aquí hablan una matrona, una mujer que abortó en una clínica y una especialista que ha atendido a chilenas de más recursos cuando viajan a Argentina para terminar con embarazos no deseados.

La periodista Yasna Lewin tenía 26 años, otro hijo y una complicada situación laboral cuando quedó embarazada, hace 20 años: “Aborté en una clínica cuica. Con un médico que atendía en su consulta de Providencia y que conocí gracias al boca a boca, por una amiga. Yo estaba en un momento complicado de mi vida, profesionalmente, y el aborto fue en el marco de mi matrimonio, pero tengo una profunda convicción sobre el derecho de la mujer de poner término a un embarazo cuando lo desee, porque en la medida que todavía no se trata de una vida humana, tenemos derecho a decidir. De acuerdo a la ciencia, la vida no es humana mientras no se produce el tejido neurológico”.

Cuando Yasna escuchó las críticas que llovieron sobre la renunciada ministra de Salud, Helia Molina, que dijo que “en todas las clínicas cuicas [esnob], muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas”, sintió ganas de contar parte de su historia porque cree que su caso es la “encarnación de la injusticia y contarlo es una forma de reivindicar un derecho”.

Después de esa consulta en Providencia y previo pago de 700 mil pesos, Yasna fue derivada a la clínica y así, sin mayores complicaciones, puso término a un embarazo de casi tres meses. Su esposo siempre la apoyó en todo, porque –según explica– él entendía que la decisión final quedaba en sus manos. “Tuve todas las posibilidades de hacerlo porque tenía los recursos y la formación. Yo tuve que pagar antes y en efectivo; no todos tienen esa facilidad. Para mí es inevitable pensar en aquellas mujeres que no pueden acceder o esas niñas de 11 o 12 años violadas o que tienen hijos a esa edad y se arruinan la vida, porque tener un hijo a esa edad es muy difícil”.

LA POSIBILIDAD DE VIAJAR

A pesar de que las palabras de la ministra Molina levantaron una polvareda, la sentencia es apoyada por varios especialistas que estudian el aborto en Chile: las diferencias de acceso a la interrupción del embarazo –práctica que está penada en cualquier caso– está marcada por la condición social de las mujeres.

Lidia Casas, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, señala que hay una variedad de experiencias: mujeres más jóvenes que usan el misoprostol –prostaglandina sintética que fue diseñada originalmente para combatir las úlceras, pero que antes de los dos meses imita a un aborto espontáneo–, aunque sin la información necesaria, exponiéndose a mayores riesgos; otras que van a auxiliares de enfermería o a médicos que usan todavía métodos rudimentarios, como sondas, que siempre tienen mayor probabilidad de infección; y luego está todo el espectro de clases sociales en que las clases medias y medias altas pueden ir a mejores servicios: “Consultas de ginecobstetras, o en consultas informales, en centros clínicos más formales, o a otro país: comprar el ticket de avión no solo para ellas sino para un acompañante, estadía en hotel y luego el procedimiento. Algunas de las mujeres, pacientes de uno de los médicos entrevistados para nuestro informe, salieron de Chile porque gestaban fetos con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina y que, por el período de gestación, ya no era posible el uso seguro de misoprostol y requerían una supervisión clínica más cercana”, comenta Casas.

Lidia cuenta, asimismo, que para el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, de la UDP, levantaron información a través de un estudio cualitativo. Hicieron entrevistas a mujeres, a profesionales de la salud y a acompañantes: parejas, amigas, familiares, en el proceso de un aborto.

“Lo que aparece en nuestras entrevistas es que, cuando las mujeres tienen más recursos, van a distintos lugares: a consultas privadas, a clínicas (aunque no dieron nunca sus nombres), a centros médicos, y otras a países con distintos grados de legalidad: Brasil, Argentina, Colombia y Cuba”, relata Lidia.

La doctora María U. pertenece a una ONG que ayuda a interrumpir embarazos en Argentina, pero no sólo a mujeres de ese país. También llegan chilenas. “Atendemos entre 4 a 8 mujeres chilenas por mes. Esas llegan a Buenos Aires y el doble llega a Mendoza. Son las más pudientes y suelen requerir más servicio que las argentinas promedio, ya que por ser de clase social alta suelen tener información y más preguntas”, dice la especialista.

Las mujeres se conectan mediante una página de Internet. También por medio de recomendaciones: los centros no son físicos porque el aborto en Argentina es ilegal, salvo en casos de violación o si hay peligro para la madre. La ONG sí tiene áreas fijas, como Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. “Les aseguramos que aquí atiende un médico matriculado, con todos los controles de higiene necesarios. Las que vienen se van agradecidas y muy contentas porque, a pesar de la desconfianza que traen, se van con la solución que en Chile no encuentran”, cuenta María desde Buenos Aires.

“Se hace paralelo al sistema de salud porque aquí es ilegal. Se siguen los protocolos que una interrupción requiere, aunque no se incluye internación, de esta manera es ambulatorio”, cuenta María. Los lugares solo son conocidos por las mujeres que necesitan el procedimiento. María también dice que es más barato. “Aquí, a una mujer con 7 semanas, solo se cobra 510 dólares”, detalla María. El procedimiento incluye médico, auxiliar, ecógrafos, camillas, estufas de esterilización e instrumental. También medicamentos como anestesia y anticonceptivos.

Sin embargo, incluso los viajes apuntan a distintas mujeres según su acceso. Mientras un aborto en Buenos Aires puede alcanzar el millón de pesos, más los pasajes, en Perú la oferta es distinta.

El año 2012, Y. B. (31), chilena, fue condenada a pena remitida y a pagar $100 mil de multa, por un aborto que se realizó en el mismo hostal en que se hospedaba en Tacna. Pagó solo 30 soles por la interrupción de su embarazo de mes y medio; es decir, cerca de 6 mil pesos chilenos. Los diarios de ese país contaron que la obstetra que acudió a la habitación del hostal donde se hospedaba, le puso una inyección, le recetó tres pastillas para evitar el dolor y se fue. Y. B. quedó grave, internada en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna.

LA DESIGUALDAD

Paula es matrona de una de las clínicas más exclusivas de Santiago. Tiene más de tres décadas de experiencia y puede describir cómo la posibilidad de abortar de forma segura siempre ha estado a la mano de quienes tienen mayores recursos:

–Hace algunos años era más fácil que ahora abortar en clínicas. Generalmente se entregaban algunos diagnósticos para que las mujeres pudieran entrar a pabellón, como sinequia uterina (las paredes del útero están pegadas) o metrorragias disfuncionales. Había que hacer una muestra y un raspado biópsico y el doctor mandaba una orden de hospitalización. Ahora en muchas clínicas se pide ecografía tomada en la misma clínica y por un médico que no sea el tratante. Sin embargo, lo que ahora se ve con mayor frecuencia son los raspajes post uso del misotrol. Se está usando mucho misotrol que se vende en el mercado negro y puede costar hasta $80 mil. Ya eso queda a criterio del médico, a pesar de que con una muestra se puede saber si se usó o no ese remedio cuando una mujer llega con síntomas de aborto.

Paula agrega que, en zonas rurales o en casos de mujeres con menos educación, aún se utilizan técnicas mortales, como las sondas o el tallo de perejil, que se introducen en el cuello uterino.

Según un estudio de la Defensoría Penal Pública –contenido en el informe de la UDP–, la condición socioeconómica de las imputadas por aborto entre 2001 y 2009 es de estratos medios y bajos. Casi un 32% son estudiantes –20% son secundarias–, una cuarta parte con trabajo estable y cerca de un 15% estaba cesante y el resto –24%– declaraba ser dueña de casa. El informe de la UDP señala que una profundización en estas cifras, conocida gracias a otro informe, da cuenta de más detalles: “Respecto al nivel educacional de las imputadas, casi el 36% no completaba la educación media, el 22% la había completado, un 20% tenía estudios incompletos de educación técnica o universitaria y el 4% alcanza estudios universitarios completos”.

En Chile, las cifras de abortos provocados son inciertas. El fundador del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA), Ramiro Molina, con un equipo de la Universidad de Chile, concluyó que alcanzaban a los 100 mil al año. Olav Meirik, un epidemiólogo del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva y consultor de la Organización Mundial de la Salud, los sitúa entre los 60 a 90 mil al año.

Uruguay es uno de los países que logró la despenalización del aborto recién el año 2012 y los resultados en términos epidemiólogicos tienen satisfechos al gobierno. En conversación con 'El Mostrador', el ministro interino de Salud de ese país, Dr. Leonel Briozzo, comenta que existe “mortalidad materna cero” por abortos mal hechos, después de la ley. “Los servicios funcionan y un dato que nos llamó la atención es que, en los países que despenalizan el aborto, estos disminuyen, porque las mujeres no toman el aborto como método anticonceptivo, sino como última opción”.

La realidad no se aleja mucho a la de Chile. Briozzo asegura que la desigualdad en estos casos es una verdad que muchos no quieren ver: “El aborto inseguro es, si se quiere, uno de los elementos de mayor hipocresía en nuestras sociedades. Es absolutamente real y comprobado científica y socialmente que aquellas mujeres que tienen recursos y capital social tienen abortos seguros, y aquellas que no, arriesgan su vida y su salud. En todas las clases sociales se ven enfrentadas a embarazos no deseados. Las mujeres pobres son las que arriesgan su vida y su salud en abortos clandestinos”.

El Mostrador

República Dominicana despenaliza el aborto terapéutico

DW El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, promulgó la ley del Código Penal, que, después de que el mandatario vetase el proyecto original, despenaliza la interrupción del embarazo en algunos casos.

Medina promulgó este viernes la Ley 550-14, sobre el Código Penal de la República e introdujo un texto alterno para modificar los artículos 107, 108,109 y 110 en lo referente al aborto. información fue dada a conocer por el vocero del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, en conferencia de prensa. Rodríguez Marchena precisó que el Código entrará en vigor un año después de su publicación en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

El medio de un fuerte debate, el pasado martes la Cámara de Diputados aprobó las observaciones hechas por el mandatario a la ley y decidió que no será castigada la interrupción del embarazo cuando represente riesgo para la vida de la madre y se hayan agotado todos los procedimientos técnicos y científicos disponibles. El proyecto con las observaciones del Ejecutivo fue aprobado en la cámara baja con 93 votos a favor, 69 en contra y 12 no votaron.

Temas pendientes

Además, la Cámara baja decidió presentar el próximo año un proyecto de ley que regule los casos de abortos por violación, incesto o malformaciones incompatibles con la vida, todavía penalizados en el país. Está previsto que la iniciativa se presente en la próxima legislatura, que comenzará el 27 de febrero de 2015. Sin embargo, analistas consideran que no será aprobada dada la cercanía de las elecciones generales de 2016 y la sensibilidad que despierta el tema.

La reforma del Código Penal llevaba más de 14 años en el Congreso Nacional (bicameral).

Fuente: http://www.dw.de/rep%C3%BAblica-dominicana-despenaliza-el-aborto-terap%C3%A9utico/a-18142953

Con nuevas movilizaciones pedirán en América Latina la despenalización del aborto

EFE.- El Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe se conmemorará este domingo con diversas actividades en una región donde se concentra la mayor parte de los países donde está totalmente prohibido.

Siete de los nueve países del mundo donde ni siquiera cuando la vida de la madre está en peligro está permitido el aborto son latinoamericanos o caribeños: Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam.

Pero, además las organizaciones que apoyan la campaña del 28 de septiembre, que son más de 600, señalan que en los países de la región donde la interrupción del embarazo está permitida en algunas circunstancias, “las autoridades no garantizan su acceso de forma segura, gratuita y libre de estigma”.

Los dos países más liberales de América Latina en materia de interrupción voluntaria del embarazo son Cuba y Uruguay

Se estima que cada año 46 millones de mujeres alrededor del mundo recurren al aborto inducido para terminar con un embarazo no deseado y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número anual de abortos inducidos en América Latina y el Caribe puede ser de unos 4,2 millones.

La mortalidad materna es tres veces más alta en países con leyes restrictivas de aborto, según la OMS.

Actualmente el 62 % de la población mundial vive en 55 países donde el aborto inducido está permitido, mientras que el 25 % vive en países que lo prohíben y penalizan, según la campaña del día internacional.

Amnistía Internacional (AI), en un comunicado publicado el viernes con motivo de este día internacional creado en 1990, señala que la región “navega a contracorriente en relación a la legislación sobre el derecho al aborto”.

De acuerdo con AI, el caso de El Salvador es uno de los más graves, pues la prohibición causa “la muerte de cientos de mujeres cada año al someterse a abortos clandestinos, y criminaliza a las mujeres que se enfrentan a largas penas de cárcel”.

En el informe “Al borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador”, publicado esta semana, AI dice que este país tiene desde 1998 “una de las leyes sobre el aborto más restrictivas del mundo”.

Entre otros aspectos, el informe señala que en El Salvador “las mujeres y las niñas declaradas culpables de abortar pueden ser condenadas a entre dos y ocho años de cárcel”, y “los profesionales de la salud que las ayuden pueden ser condenados a hasta 12 años de cárcel”.

Entre 2000 y 2011 al menos 129 mujeres salvadoreñas fueron acusadas de aborto, de las cuales 29 están encarceladas, según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Terapéutico, Ético y Eugenésico.

En Nicaragua, “la mayoría de las víctimas de violencia sexual son menores de 17 años, mayoritariamente niñas de entre 10 y 14 años, que se quedan embarazadas a causa de una violación y tienen que llevar a término el embarazo o someterse a un aborto ilegal y no seguro, corriendo el riesgo de ser encarceladas si las descubren”, dice Amnistía Internacional.

Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, otro de los países prohibicionistas a ultranza, se ha comprometido expresamente a promover la despenalización del aborto en casos de peligro para la vida de la mujer, violación o inviabilidad del feto.

“Valoramos que en Chile se haya iniciado un debate para despenalizar el aborto en los casos de violación e incesto, peligro de vida o anormalidad fetal grave, sin embargo sería conveniente ir más allá”, dijo Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional-Chile.

En Colombia, donde se permite la interrupción del embarazo en los tres supuestos más comunes, el aborto clandestino es una práctica que se mantiene, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres, señaló la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres con motivo del 28 de septiembre.

La Mesa reprodujo datos del informe “Embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia”, del Instituto Guttmacher, que señala que cerca del “44 % de los embarazos no planeados en Colombia termina en un aborto inducido. Esto se traduce en unos 400.400 abortos inducidos cada año”.

De la cifra mencionada solamente 322 (0,8%) fueron Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) practicadas en instituciones de salud dado que cumplieron con uno de los tres criterios legales establecidos.

Entre otras peticiones, la Mesa pide “tomar medidas urgentes para evitar que la objeción de conciencia en hospitales públicos sea un obstáculo o ponga en peligro la salud y la vida de las mujeres”.

Al respecto Amnistía Internacional dice que incluso en los países de la región “que tienen leyes más o menos restrictivas, la falta de regulación del aborto no punible hace que haya un permanente manto de dudas sobre la legalidad de esta práctica y un estigma contra quienes buscan y practican estos abortos permitidos por ley”.

Como ejemplo menciona a Argentina, donde “si bien un fallo de la Suprema Corte de Justicia aclaró las excepciones a la criminalización del aborto y sus requisitos en 2012, muchas jurisdicciones provinciales siguen sin aplicarlo”.

“En Perú, tras 90 años de haberse despenalizado el aborto terapéutico, en julio de este año se aprobó un protocolo para regularlo, pero sigue sin tener regulados los casos de aborto por violación o por riesgos a la salud psicológica de la mujer”, agrega.

La decisión de crear el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe fue tomada por organizaciones feministas de la región en una reunión celebrada en San Bernardo (Argentina) en 1990.

España: Miles de mujeres celebran la retirada de la ley del aborto

EFE Miles de mujeres se han dado cita este sábado en Madrid para celebrar la retirada de la reforma de la ley del aborto y la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia y exigir al Gobierno que "suspenda cualquier amenaza" a este derecho y retire el recurso de inconstitucionalidad a la norma vigente.

En una jornada marcada por un ambiente festivo, unas 3.000 mujeres, convocadas por la Coordinadora Feminista, han marchado hoy por el centro de Madrid para exigir al Gobierno que suspenda "cualquier amenaza al derecho al aborto" y que "no utilice" al Tribunal Constitucional para restringir este derecho de las mujeres, en alusión al recurso interpuesto por el PP a la actual ley.

Bajo el lema "Nosotras decidimos. Aborto libre", ha transcurrido esta manifestación, que se ha desarrollado sin incidentes y en la que se han podido escuchar eslóganes como "Ni Estado, ni religión. En mi cuerpo mando yo", "Fuera el aborto del código penal" o "Estado laico, leyes laicas".

Mar Grandal, de Católicas por el Derecho a Decidir y del Movimiento Feminista de Madrid, ha señalado que seguirán luchando por los derechos de todas la mujeres, también de las jóvenes menores de edad, a quienes el Gobierno quiere incluir en la actual ley del aborto para que necesiten el consentimiento paterno si quieren abortar. En este sentido, ha explicado que la mayoría de las menores de edad consultan a sus padres antes de interrumpir un embarazo no deseado y cuando no lo hacen "es porque tienen problemas en su propia familia", en muchos casos por abusos o violencia.

La manifestación se ha convertido en un acto de celebración por la retirada de la reforma de la ley del aborto anunciada el pasado martes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que llevó a la dimisión de Gallardón —principal defensor de la reforma— como ministro de Justicia. Así, la marcha ha pasado delante del Ministerio de Justicia, donde las manifestantes han coreado frases como "Adiós, Gallardón, adiós", "Nosotras parimos, nosotras decidimos" o "Qué lástima, ve con Dios, ya era hora de tu dimisión".

La retirada de la reforma es "una victoria clara y rotunda del Movimiento Feminista, de la sociedad civil y de todos los agentes sociales que se han movilizado por el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y proyecto de vida", han destacado las manifestantes en un comunicado leído al final de la marcha.

"Reafirmar el derecho al aborto libre significa que ninguna mujer puede ser forzada a una maternidad no deseada y tampoco cuestionar la decisión de interrumpir su embarazo", seguía el manifiesto. Este derecho supone "el reconocimiento de las mujeres como personas moralmente autónomas, responsables, libres y sujetos de derecho al igual que el resto de la población".

A la manifestación se ha sumado, entre otros, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien ha advertido al Gobierno de que su partido va a estar "vigilante" para que no se produzca "ni un recorte en las libertades de las mujeres". "Hoy es un día para celebrar una conquista y la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres que se vieron amenazadas precisamente por el tándem Rajoy-Gallardón, que quisieron recortar sus libertades con la reforma de la ley del aborto que ha sido desechada como consecuencia de la presión y movilización", ha declarado. El secretario general del PSOE también ha exigido al Gobierno la retirada del recurso de inconstitucionalidad de la ley de plazos que presentó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

España: "Gallardón debe dimitir por haber criminalizado a las mujeres"

Público Las asociaciones de mujeres que se organizaron y dieron la batalla en todas las plazas para frenar la reforma de la ley aborto celebran este martes su éxito y, sobre todo, "el de la sociedad civil" que, organizada, ha salido a la calle para decir "no" a una "norma sin sentido jurídico ni médico".

Así habla, contenta y emocionada, Isabel Serrano, portavoz de la Plataforma Decidir Nos hace Libres, que con la colaboración de otras asociaciones, consiguió más de 200.000 firmas en contra de la reforma de la ley. "El anuncio de Rajoy es una excelente noticia, pero hubiera sido mucho mejor no haber pasado por estos tres años que han hecho tanto a daño a tantas mujeres", explica a Público.

Según la plataforma, que aglutina a más de 300 organizaciones sociales, el proyecto de ley del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha generado "un debate que no existía y ha criminalizado a las mujeres". Serrano considera que tanto él como su equipo deberían pagar una "factura política" por ello e insiste: "Más denunciable que las medidas políticas que se toman para imponer ideas propias sin pensar en el beneficio ciudadano, como ha sucedido en este caso, es el dolor que han sufrido muchas mujeres durante todo este proceso".

Ángeles Álvarez: "Será inaceptable cualquier retroceso"

La diputada socialista Ángeles Álvarez coincide en que Gallardón ha generado "angustia y dolor en las mujeres" y que sólo por eso, y no tanto porque Rajoy haya frenado su reforma, debería dimitir. "Lo haría si tuviera amor propio y decencia política", concluye. Además, para Álvarez, la retirada de la contrarreforma de la ley del aborto demuestra que la ley de plazos —aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero— era una "buena ley".

Aun así, las asociaciones de mujeres no dan la batalla por ganada. El presidente del Gobierno ha anunciado que sí reformará la ley vigente para asegurar que las menores de 16 y 17 años necesitan del consentimiento paterno antes de interrumpir el embarazo. En este sentido, Serrano denuncia que el Ejecutivo apueste por "medidas restrictivas" en lugar de "abogar por la prevención". Álvarez avisa de que habrá que esperar para ver "de qué está hablando exactamente Rajoy", pero en cualquier caso, remarca: "Será inaceptable cualquier retroceso".

España: Rajoy retira el polémico anteproyecto de ley del aborto

RT El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha anunciado la retirada del polémico anteproyecto de ley del aborto impulsado por el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha anunciado en una rueda de prensa la retirada del polémico anteproyecto de ley del aborto redactado por el Ministerio de Justicia por no haber encontrado el consenso suficiente para su aprobación.

El anteproyecto estipulaba que las mujeres únicamente podrían abortar en caso de violación hasta las 12 semanas de gestación y, si existe riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre, hasta las 22 semanas.

La legislación ha recibido fuertes críticas, no solo por parte de las organizaciones feministas, sino también por gran parte de la ciudadanía, generando acciones de protesta. A primeros de febrero miles de españoles salieron a la calle para expresar su rechazo al anteproyecto de ley del aborto que, como subrayó el propio presidente de España, el 'popular' Mariano Rajoy, fue una de las promesas electorales de su partido.

Ahora, Rajoy ha anunciado que en su lugar se va a reformar la normativa vigente para asegurar que las menores de 16 y 17 años requieran del consentimiento de sus padres para interrumpir el embarazo. Asímismo, se va a desarrollar un Plan de Protección de la Familia para finales del año.

Chile: Entrevista a Gilda Luongo, escritora, crítica e investigadora feminista. Integrante de la Coordinadora Feministas en Lucha

Ainara Valles

El ciudadano ¿Por qué es necesario el aborto libre seguro y gratuito en Chile ?

Nombrar la lucha por el aborto como libre, seguro y gratuito implica otorgarle especificidad a la demanda de las mujeres feministas. Este modo de nombrar, -adjetivar-, implica una radicalidad no menor en nuestra sociedad conservadora y androcéntrica. La tiranía de la maternidad es una de las cadenas con las cuales las mujeres hemos tenido que lidiar en la construcción de nuestras subjetividades, es por esta razón que las palabras que singularizan nuestras luchas resultan tan pertinentes. Por lo tanto, aborto libre significa que las mujeres, y los hombres, puedan decidir llevar a cabo esta práctica cultural sin presiones, mandatos ni censuras morales, religiosas o penales. Esto conlleva remover los signos genéricamente marcados respecto de la reproducción encarnada, tiránicamente, como definición de “la mujer = madre”. Implica, por ende, que las mujeres decidamos respecto de la continuidad o interrupción de un embarazo no importando las condiciones en que este haya ocurrido, porque nuestro cuerpo ha sido, es y será nuestro primer territorio de ciudadanía. Dados los mandatos y corsé de género sexuales esta construcción conlleva el devenir de subjetividades femeninas en tensión inevitable y, en consecuencia, el posicionamientio político se hace impostergable. Aborto seguro , significa que dicha práctica pueda llevarse a cabo en condiciones dignas en términos de salud física y psicológica. Esto quiere decir que ninguna mujer corra riesgo de muerte o de infertilidad al enfrentarse a esta decisión; asimismo, implica que sea posible vivir dicha experiencia sin que genere enjuiciamientos valóricos ni morales de ninguna especie hacia quienes la lleven a cabo, por lo tanto la culpa -de raigambre católica- quedaría absolutamente fuera de lugar. Aborto gratuito implica concebir la posibilidad de que todas las mujeres, de cualquier estrato social, de cualquier origen cultural, étnico, racial, sexual, etario, en cualquier circunstancia, puedan tener acceso a dicha intervención sin que necesiten pagar dinero por ella. Sabemos de sobra que la experiencia abortiva marca los cuerpos de las mujeres marginales y pobres, quienes no disponen de dinero para llevarlos a cabo en clínicas privadas. “Sólo las mujeres pobres mueren por aborto en Chile”, reza uno de los lemas de nuestra lucha. Esta violencia de clase se trama con la violencia de género, y otras singularidades que puedan estar tallando según las especificidades y contextos de las mujeres en nuestras anchas diferencias.

En segundo lugar, si opinas que la biopolítica, como método de gestión de control del poder político sobre los procesos biológicos sociales, pesa en las restricciones sobre el aborto en Chile.

Respuesta: Por supuesto que la cuestión de la biopolítica puede ser un foco para revisar y analizar lo que ocurre con el aborto en nuestras sociedades. Si consideramos que la biopolítica está tramada con la noción de biopoder, Foucault mediante, no cabe duda de que en las cuestiones relativas a la noción de “vida” humana se trenzan hegemonías políticas, económicas y eclesiásticas. Así se ha llegado a definir a las mujeres como las reproductoras de la vida humana por “naturaleza”. Definición cómoda para justificar las más aberrantes decisiones que tienen que ver con las nociones de desarrollo y progreso en estos contextos golablizados. Por ello hemos sido clausuradas en nuestra condición de sujetos que deciden y optan de modo libre para perpetuar o no la vida humana. La mayor defensa que hace la clase política-económica conservadora en Chile, en contextos de disputa por el aborto, es la defensa de la vida, como si ella fuera sólo terreno divino, intocado por las experiencias sociales, culturales, singularizadas en el mundo. En ello hay un claro planteamiento ideológico que no es inocente en modo alguno dado que se sustenta en el control de los cuerpos de las mujeres para poder solventar proyectos de mundo humano patriarcal, la mayor de las veces, depredador-explotador de lo humano en su impulso terso-capitalista devorador. Somos nosotras las que experimentamos los procesos biológicos que implican la maternidad o la no maternidad, por lo tanto nuestra palabra, sobre todo la palabra feminista, amerita ser considerada dado que hemos hecho una labor crítica y analítica que abre las sospechas respecto de lo que se establece como “naturaleza” de modo conveniente para los poderes de turno y sus hegemonías. Por esta razón es posible y deseable dar la lucha feminista para transformar y alterar estas violencias simbólicas. Las mujeres experimentamos la incardinación de estas disputas por el aborto. Para nosotras este hecho no sólo compromete la vida orgánica, los procesos biológicos sino también las experiencias intrapsíquicas, parte fundamental de la salud integral de las mujeres. ¿Cuántas mujeres, madres, han quedado embarazadas en circunstancias de violencia sexual y de género? ¿Cuántas mujeres, madres, llegan a serlo sin haber experimentado orgasmo o placer sexual? ¿Cuántas mujeres no desean en modo alguno experimentar la carga de la producción afectivo-sexual, como denominamos las feministas a la experiencia maternal- y son violentadas por manifestar esta opción? ¿Cuántas mujeres no se sienten preparadas para experimentar la complejidad física y psíquica que conlleva el vínculo maternal? ¿Cuántas mujeres desean una vida sexual placentera sin la necesidad de pensar en la maternidad como consecuencia de estas experiencias? ¿Cuántas mujeres rechazan el mandato patriarcal religioso y conservador del sistema sexo-género que idealiza/santifica la experiencia de la maternidad convirtiéndola en una trampa y en una ficción para las mujeres de carne y hueso?

Por último, me gustaría saber si opinas que el tema de la despenalización debería enfocarse como un problema social de clases, ya que realmente para las mujeres con posibilidades económicas no supone un inconveniente real el hecho de que sea legal o no.

Las feministas radicales en Chile hemos enfatizado con fuerza el cruce de la diferencia de clase con la diferencia sexual para todas nuestras luchas, demandas y revueltas: educación, trabajo, disidencia sexual, diferencia generacional, entre otras. La feminización de la pobreza en diversos ámbitos es una de nuestras plataformas de lucha. Sería una ceguera no considerar que la despenalización del aborto vendría a ser un avance considerable y concreto para las mujeres de estratos socio-económicos precarizados. Sin lugar a dudas el aborto es un problema de diferencia sexual y de diferencia de clase social. La despenalización favorecería, además, que las mujeres dejáramos de ser víctimas de violencia en los ámbitos de la salud. Son incontables las experiencias de mujeres que son maltratadas cuando llegan a los servicios de salud con síntomas de haberse realizado aborto. Pareciera que en nuestra sociedad clasista y ocultamente racista, los cambios culturales y sociales fueran de una magnitud enorme: tanto prejuicio y conservadurismo social. Por eso es que las feministas no cejaremos en nuestras luchas de diversa índole y estaremos atentas y alertas para responder con nuestros movimientos a las coyunturas sobre el aborto hoy en Chile, álgido y urgente ámbito para nuestras libertades y soberanías. ¡Aborto libre, seguro y gratuito!

Las marchas por el aborto libre, seguro y gratuito en Chile

Gilda Luongo

La Haine El viernes 25 de julio se sintió nuevamente el sonido potente de nuestro paso feminista abriendo con porfía La Alameda (Avenida principal de Santiago). Esta convocatoria pretendía insistir en el tono de la realizada el 25 de julio del a?o 2013. Ese a?o marcamos un hito en este país. Nunca antes una convocatoria por el aborto había sido tan numerosa (5.000 personas) ni tan marcadora de una presencia insoslayable: el ejercicio de poder ciudadano de los movimientos sociales de la diferencia sexual.

En ese entonces éramos un grupo que se aglutinó en lo que llamamos ¿Movimiento por el aborto libre, seguro y gratuito?. La diversidad ancha nos unió para manifestarnos en el contexto del caso de una ni?a de once a?os de edad, Belén, que había resultado embarazada luego de sufrir violaciones reiteradas de su padrastro. Pero no nos quedamos allí. Ese gesto indignante, aberrante, nos impulsó a ir más allá. A comienzos de este a?o formamos la Coordinadora Feministas en Lucha, una agrupación que intenta unir la diversidad de más de cuarenta organizaciones feministas chilenas. En este marco nacimos al a?o 2014 con la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, en una multitudinaria marcha por la capital así como en regiones; la del 25 de este mes de julio resulta ser una continuidad de este brío: una manifestación vigorosa por el aborto libre, seguro y gratuito, en el centro de la capital.

El nudo central de nuestras complicidades resulta ser el feminismo. Esta adscripción, en su amplitud, sostiene nuestros bríos y furores en lucha para la transformación de todo aquello que este sistema sexo-género capitalista, depredador y patriarcal nos impone como normativa carcelaria. Nuestro impulso es político y nos situamos desde la resistencia a los mandatos que nos sujetan en nuestro potencial libertario y soberano de nuestros cuerpos y sue?os de cambio desde las diferencias sociales y culturales múltiples.

Más de 3.000 personas nos encontramos para marchar desde Plaza Italia hasta Plaza Los Héroes. Entre los diversos colectivos y organizaciones, se encontraba la FECH (Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile) y la ACES (Agrupación de Estudiantes Secundarios) quienes se sumaron para expresar su radical anhelo de que en este país, uno de los cinco con prohibición total del aborto, logremos sensibilizar, visibilizar y por ende cambiar el cerco opresor y criminalizador de esta práctica cultural milenaria de las mujeres.

Sostengo que el enorme contingente policial que acompa?ó la marcha devela el temor que produce esta iniciativa ciudadana. Se suma a este miedo el hecho fortuito, ocurrido el a?o pasado, ante el cerco policial que impidió nuestro paso por La Alameda. L@s manifestantes tomamos la dirección hacia la Catedral de Santiago e irrumpimos en una ceremonia de celebración eclesiástica en honor al patrono de la ciudad, San Santiago.

Nada podía ser mejor para nuestro impulso batallador: el encuentro cara a cara con una de las hegemonías más poderosas de este país: la Iglesia Católica y sus mandatos religiosos respecto de la sexualidad y sus constricciones pecaminosas hacia los y las sujet@s sexuad@s. Esta huella quedaría clavada, como aguja, en la retina de las autoridades gubernamentales, eclesiásticas y policiales. Constituyó un punto de inflexión para obtener el permiso otorgado para marchar esta vez (permiso que cautela todas las manifestaciones sociales en Chile). Sin embargo, logramos fuerza en nuestra contra-argumentación frente a las autoridades amenazantes.

No es fácil construir ciudadanía en este país. No es fácil estar prestas a resistir los embates de las lógicas amedrentadoras que pesan sobre los ejercicios democráticos y sus intentos. Chile NO es un país democrático. El aborto prohibido en todas sus formas es una herencia de la Dictadura Militar que sujetó durante 18 años a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de este territorio. La Constitución que nos rige es aquella manchada con la sangre de l@s fusilad@s, torturad@s y desaparecid@s en el Chile dictatorial.

Durante el trayecto de la marcha, los medios de comunicación insistieron en interrogarnos acerca de las razones por las cuales nuestro movimiento encuentra insuficiente el proyecto de ley que pretende legislar sobre el aborto terapéutico en base a las tres causales en Chile: riesgo de la vida de la madre, violación, inviabilidad fetal extrauterina. Dicho proyecto ha sido planteado por los adherentes al gobierno de la presidenta Michele Bachelet y para nuestra agrupación constituye una plataforma reformista que se inscribe en las lógicas consensuales de la política tradicional y conservadora.

Los consensos siempre instituyen una afuera, ese afuera resulta conveniente para quedar en buen pie ante la ley. Las mujeres estamos en situación de interdictas a razón de esta misma ley que prohíbe el aborto en cualquier circunstancia y para todas las mujeres. Si estamos fuera de la ley, queremos ir más allá y radicalizar esta expulsión develando el modo vergonzoso en que ella se permite dictaminar respecto de lo que se ve, lo que se escucha, de lo que cuenta o no cuenta como vida vivible. ?Cómo es posible que ello ocurra en un estado que pertenece a la OCDE, que dice manejarse entre los estándares económicos exitosos en el concierto internacional, un país que se ha cubierto de eslóganes exitistas para figurar en el panorama mundial, un estado gobernado, por segunda vez, por una mujer? Si nuestros cuerpos e integridades como sujetos mujeres no importan, entonces ?por qué insistir en santificar la maternidad como lugar de naturaleza intocada de las mujeres?

Nosotras reiteramos: ninguna mujer es madre por naturaleza. Llegamos a serlo en condiciones subjetivas e intra-psíquicas siempre complejas y en contextos frágiles por ser mujeres del tercer mundo. Desde estas razones y otras tantas, seguiremos marchando y manifestándonos, de diverso modo, en lo público por el aborto libre, seguro y gratuito porque estamos conscientes de que el panorama político chileno de corte conservador, androcéntrico y capitalista continuará negándonos la condición plena de sujet@s libres y soberan@s.

* Gilda Luongo es investigadora feminista, integrante la de Coordinadora Feministas en Lucha.
CALPU

"Historia de una desobediencia: Aborto y Feminismo", de Mabel Bellucci

Gabriela Mitidieri

La haine ¿Cómo se hace para contar una historia de una lucha, de una desobediencia colectiva? ¿Cómo rastrear orígenes, dar cuenta de prácticas, cuando quienes llevaron adelante esas luchas lo hicieron movidas por una urgencia política de reclamo de autonomía de sus cuerpos, de sus vidas, sin ponerse a pensar en la trascendencia de sus estrategias? El libro de Mabel Bellucci 'Historia de una desobediencia: Aborto y Feminismo', es, en tal sentido, un mapa de ruta, un relato polifónico, des-academizado, que nos guía por distintos tiempos, lugares geográficos, espacios de militancia, trayectorias de vida. Representa una indagación en primera persona, pero en primera persona del plural: la genealogía de la contienda por el aborto que llevaron adelante feministas de distintas procedencias – entre las cuales se cuenta también ella- y las alianzas potentes con otros colectivos desobedientes que dinamizaron esa pugna en diferentes contextos y coyunturas.

Un primer elemento interesante que encontramos en este texto es que a lo largo de sus 600 páginas, la propia lucha reseñada representa una suerte de prisma a través del cual podemos observar una diversidad de prácticas feministas: los grupos de estudios, de reflexión, la puesta en circulación de escritos y obras, los modos que adopta la misma disputa, en las calles, en la academia, en el parlamento, en la prensa, las trayectorias maravillosas de vida de personajes emblemáticos, clave para pensar el devenir de la conquista por el aborto voluntario (Néstor Perlongher, María Elena Oddone, Tununa Mercado, Nora Ciapponi, Moira Soto, Dora Coledesky, Alfredo Bravo, Martha Rosenberg, entre otras y otros protagonistas), los momentos de encuentros y desencuentros entre feminismos, izquierdas y comunidad LGTB.

Si bien podemos postular que siempre hay algo de arbitrario en la formulación de genealogías, la propuesta de la autora da cuenta de una voluntad internacionalista, de diálogos fluidos, de la importancia de poner de relieve prácticas subterráneas y pensamientos disruptivos e inspiradores que nos anteceden. Los ocho apartados en los que se divide el libro son puertas de entrada desde distintos ángulos hacia la temática. En el primero nos encontramos con las experiencias de colectivas feministas de Estados Unidos, Francia e Italia en el marco de los explosivos años '60, mientras que en el segundo nuestro recorrido nos guía de vuelta hacia tierras locales en donde nos convertimos en testigxs deslumbradxs de las actividades tenaces de mujeres que eran a un tiempo viajeras, traductoras, editoras, imprenteras, en una incansable labor de circulación de los clásicos del feminismo que se acuñaban en el Norte.

Al avanzar un poco más llegamos a los años '70 y a la efervescencia política que atravesaba todos los ámbitos de Buenos Aires. Allí esta ensayista se permite abordar el modo en que las cuestiones de género, los derechos de las mujeres a su propio cuerpo y a decidir acerca de la maternidad, permearon (o no) a las organizaciones político-militares y a partidos de izquierda revolucionaria, con honrosas excepciones. También logra situar sobre la palestra a aquellas iniciativas que pasaron desapercibidas pero que dejaron huellas intrépidas en el camino como la que constituyó el “Grupo de Política Sexual”, de la mano de Néstor Perlongher, Osvaldo Baigorria, María Elena Oddone, Sara Torres, Hilda Rais, Marta Miguelez, Martín Sagrera Capdevila, entre otros lúcidos activistas.

El cuarto apartado apunta a un análisis de aquellas prácticas que, entre las penumbras de la dictadura militar, materializaron distintas mujeres con la mira puesta en continuar activando de la manera en que se pudiera. Desde grupos de concienciación y estudio en Buenos Aires (lo que la autora recupera con la noción de “insilio” o “el exilio interno”), hasta experiencias de intercambio y fortalecimiento en el exilio. Los siguientes nos transportan al regreso de la democracia, al aborto voluntario como tema de agenda política y a la constitución del movimiento de mujeres en nuestro país. La reconstrucción pormenorizada de la trayectoria y desempeño de la Comisión por el Derecho al Aborto y de una de sus figuras destacadas, Dora Coledesky, es un aporte valioso que realiza la autora como testigo-participante de este proceso.

En lo que sigue, rastrea las distintas iniciativas que desde entonces hasta el presente, se encargaron de cristalizar la conquista por el derecho a decidir soberanamente sobre los cuerpos. Estrategias, alianzas, despliegues de política en las calles, en las casas, en las camas y en numerosos y concurridísimos Encuentros Nacionales de Mujeres, pueblan las últimas páginas de dicha obra. El devenir potente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito constituye un ejemplo sustantivo de estas exploraciones rizomáticas, como así también las novedades que significan el uso de misoprostol y la práctica politico-afectiva del movimiento socorrista. El último apartado “Testimonios Ineludibles”, condensa las palabras de la psicoanalista Martha Rosenberg, de la investigadora Alejandra Ciriza, de la periodista Dahiana Belfiori y del Colectivo Varones Antipatriarcales. Todxs ellxs activistas que aportan tanto sus miradas particulares como sus experiencias militantes y académicas para dar un cierre vivencial al recorrido propuesto por Historia de una desobediencia. Aborto y feminismo.

Una nota aparte merece el aporte significativo que la autora llevó adelante en términos de puesta en valor de documentos históricos. Para quienes intentamos hacer historia de las mujeres o sobre diferentes sujetos subalternos invisibilizados por la “Gran Historia”, sabemos que la documentación con la que trabajamos muchas veces puede ser fragmentaria, dispersa, poco sistematizada. En este caso, cuando constatamos que la materia prima de la que se valió para componer este ensayo histórico fue desde los testimonios orales de compañeras de lucha, hasta revistas efímeras, panfletos, folletos, solicitadas garabateadas en reuniones, percibimos que hubo ahí un trabajo intenso de recopilación, revisión, catalogación de archivos personales que, sin duda, servirá para que futurxs investigadorxs del mismo modo puedan hacer sus propias indagaciones sobre la larga historia de esta ansiada demanda.

Por último, constituye también una investigación que invita a recuperar esos aprendizajes formativos que han sido tan característicos del feminismo en el que se fraguó la propia autora: los grupos de estudio, reflexión e intervención callejera, desobediencias y objeciones sexuales y de género que increpan y desmontan un orden opresivo. La autora nos habla de cuerpos que intentan sacudirse de un control biopolítico y que son entendidos como campo de batalla. Batallas contra la obligatoriedad de una maternidad no deseada, la apuesta por la construcción de un deseo diferente, un desobedecer a la heterosexualidad como régimen político. Desistir, decir basta.

Así, los nuevos feminismos -queer, antirracistas, trans- encontrarán sin duda en estas páginas, un insumo valioso para indagar en el pasado de esta disputa contra el heterocapitalismo. Para cruzar la contienda en las calles, con la lectura sobre la historia de nuestro movimiento, recuperar genealogías en las que sentirnos interpeladxs. Abrazar un feminismo, anticapitalista y antirracista que genere incomodidades. Cuestionar desde los márgenes a los centros de poder y a los discursos hegemónicos heteronormativos, blancos y occidentales. Y así, fortalecernos con las estrategias políticas de activistas históricas que hicieron camino al andar.

* Profesora de Historia – UBA
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España: 100.000 firmas de varios países para exigir la retirada del anteproyecto de ley sobre aborto

AmecoPress. El anteproyecto de Ley orgánica sobre aborto no respeta las obligaciones que el Estado tiene contraídas en materia de derechos humanos y pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres y las niñas. Así lo ha asegurado Amnistía Internacional que ha recogido cerca de 100.000 firmas que exigen la retirada del anteproyecto.

La organización está haciendo llegar en estos días las firmas, procedentes de más de diez países, a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ante el riesgo de que pueda ser aprobado en Consejo de Ministros próximamente y mantendrá la acción internacional mientras sea necesario.

AI ha recordado que el anteproyecto limita el derecho de las mujeres y niñas a tomar decisiones libres e informadas por sí mismas, cuestionando su capacidad en la adopción de este tipo de decisiones, y restringiendo su autonomía. “Además, es una medida que afecta de manera desproporcionada a las mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas las jóvenes y las mujeres migrantes y, por lo tanto, es discriminatorio”, ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Por otro lado, el anteproyecto de ley introduce una serie de obstáculos para acceder a un aborto seguro y legal. Uno de ellos es la propuesta de que las mujeres y las niñas que sufran una agresión sexual deberán poner una denuncia para acceder a servicios de aborto. Esto puede suponer una gran barrera para mujeres migrantes en situación irregular, que al denunciar, en ciertos casos, podrían ser expulsadas del país.

Asimismo, el anteproyecto de ley introduce disposiciones penales que tendrían un impacto negativo en el trabajo de los profesionales de la salud, creando un clima de miedo que podría llevar al personal médico a rechazar casos y no poder informar adecuadamente a las mujeres.

“El gobierno debería escuchar las recomendaciones de los diversos organismos internacionales que aseguran que las leyes restrictivas, en lugar de reducir el número de abortos, lo que hacen es incrementar el número de abortos ilegales e inseguros y contribuyen al aumento de la mortalidad materna”, ha explicado Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional España. Cada año mueren 47.000 mujeres en todo el mundo a causa de abortos inseguros.

Firmas desde varios países

Amnistía Internacional lanzó hace algunos días una Acción Urgente internacional, distribuida en 150 países en los que AI tiene presencia, para que todas las personas preocupadas por la tramitación de esta ley puedan contribuir con su firma a la retirada del anteproyecto y soliciten el cumplimiento por parte del Estado español de sus obligaciones internacionales.

Miles de personas de países como Argentina, Australia, Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos muestran así su rechazo al anteproyecto. “Las últimas recomendaciones provenientes de Naciones Unidas, específicamente del Comité de derechos económicos, sociales y culturales instan al Gobierno español a garantizar la plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010, actualmente en vigor”, concluye Esteban Beltrán.

Con esta reforma, España se alejaría de la mayoría de Estados de la Unión Europea en lo relativo a la legislación sobre acceso al aborto. Asimismo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en una declaración escrita ha destacado que "con este proyecto de ley, las mujeres españolas pasarán a ser objetos de derecho que deben ser supervisadas".

Chile debate el acceso al aborto

 Manuel Alejandro Rodríguez Rondón

CLAM- En Chile, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados inició la discusión de dos proyectos de ley que buscan despenalizar el aborto por causales. A diferencia de años anteriores, diversos actores del país, entre ellos las feministas, se han mostrado optimistas respecto a la posibilidad de que el Congreso legisle positivamente sobre el tema y comience a saldar la deuda con las mujeres en el reconocimiento de la autonomía sobre sus cuerpos. El ingreso de nuevos actores al escenario político, la intensa movilización social en torno a cuestiones como la educación y los derechos sexuales y reproductivos, así como cambios en el debate sobre aborto y el apoyo definitivo del gobierno de Bachelet al tema definen una coyuntura favorable, señalan investigadoras y activistas.

El Código Penal chileno tipifica como crimen el aborto inducido bajo cualquier circunstancia. Aunque el llamado ‘aborto terapéutico’ fue regulado en el país por el Código Sanitario desde 1931, en septiembre de 1989 la Junta Militar derogó la normativa. Desde entonces se han presentado al menos 13 proyectos legislativos para modificar su estatus penal, la mayoría de los cuales han sido rechazados o archivados. Sólo dos aguardan su respectivo trámite en el Congreso: uno radicado en 2009, cuyo alcance se limita a los casos en que el embarazo atenta contra la salud de las mujeres; y otro que ingresó en 2013, formulado por la articulación de organizaciones y activistas por la despenalización del aborto terapéutico, MILES Chile, y que contempla además las malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina, así como el embarazo producto de agresión sexual.

Diversos factores apuntan a que el actual debate legislativo tendrá un desenlace distinto. En primer lugar, cabe señalar el impulso que ha recibido el tema durante el actual gobierno de Michelle Bachelet, quien durante su campaña presidencial comprometió a la Nueva Mayoría (coalición política que agrupó a partidos de centro, centroizquierda e izquierda para las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales de 2013) a apoyar la despenalización del aborto en las situaciones señaladas.

Aunque en su primer gobierno Bachelet planteó la formulación de una Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, así como la eventual legalización del aborto por causales, la discusión de ambos proyectos de ley quedó estancada en el Congreso y para algunas personas incluso faltó voluntad política del gobierno en el trámite de los mismos. María Isabel Matamala –médica e integrante de la Articulación Feminista por la Libertad de Decidir– señala que éste sería uno de los aspectos que habría cambiado en el nuevo período de gobierno. En su opinión, el paso de Bachelet por ONU Mujeres le habría permitido “ver el protagonismo de los movimientos sociales de mujeres que durante varios años han presionado para que este debate se lleve a cabo”; lo que a su vez habría incidido en las posturas de la clase política del país, particularmente la coalición que ella integra, frente al tema.

Lidia Casas –profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales–, señala que el liderazgo asumido por el Ejecutivo, que prometió dedicarse al temachil2 durante el segundo semestre de este año, resulta fundamental para el debate, en tanto “el sistema legislativo chileno es altamente presidencial”. Una vez concluido el período de discusión ordinario en el Congreso, explica la investigadora, “se abre un período extraordinario en donde la agenda legislativa la maneja más el Ejecutivo que el Legislativo”. A esto se sumaría la mayoría parlamentaria con la que cuenta Bachelet, que se cree permitiría que la aprobación de la ley sea relativamente simple. La coalición que integra el gobierno cubre un amplio espectro político que suma 69 de 120 diputados/as y 22 de 38 senadores/as.

Otro aspecto clave ha sido el papel desempeñado por los movimientos sociales en Chile en los últimos años, particularmente el movimiento estudiantil, que contribuyó en cierta medida a la reconfiguración del panorama político y a la incorporación de nuevos actores a éste y otros debates. En este sentido, Casas señala que la pérdida de las elecciones presidenciales de 2010 por parte de la Concertación de Partidos por la Democracia y el ascenso de un gobierno de derecha llevó a que varios temas “que estaban en el congelador” salieran con fuerza a la luz pública gracias a los movimientos sociales.

“La manifestación más grande de esto fue el movimiento estudiantil, que evidenció la desafectación de la opinión pública respecto a una coalición política que se había impuesto a si misma una serie de censuras políticas. En ese marco aparecen temas ambientales, la reforma constitucional, el Acuerdo de Vida en Pareja para personas del mismo sexo y cuestiones relacionadas con los derechos reproductivos. Si bien estos últimos derechos habían cobrado fuerza de forma paulatina, sólo hasta el año pasado se convirtieron en algo masivo, cuando más de 3.000 mujeres marcharon por la despenalización del aborto. Esto nunca se había visto”, afirma la investigadora.

Por su parte, Matamala destaca que en materia de aborto los sectores que más se han incorporado al debate actual provienen de movimientos sociales como el estudiantil, el de la diversidad sexual y organizaciones del ámbito de la salud. “Algunas organizaciones estudiantiles postulan que lo importante no es el cambio legislativo sino el empoderamiento de las mujeres, ya que la libertad se conquista a través de la autonomía. Pese a ello, han participado en las movilizaciones sociales por la despenalización del aborto”, afirma.

chil4La médica apunta además la participación de actores como los colegios profesionales de salud, profesionales del derecho y centros de educación superior. “No sólo han participado las universidades que podríamos denominar ‘progresistas’, sino también las que aquí llamamos de ‘la cota mil’, aquellas que están en las alturas de la cordillera y a las que acceden sólo personas de muy altos ingresos. La Universidad Adolfo Ibáñez, por ejemplo, tiene un grupo de profesoras y profesores de derecho que está haciendo un importante aporte al debate. La academia está participando de forma inédita y muy importante también mediante la realización de seminarios sobre el tema”.

La participación de un sector jurídico que había permanecido al margen de las “grandes discusiones doctrinarias” le ha conferido gran vitalidad al debate, explica Lidia Casas. Al respecto cabe resaltar la participación de constitucionalistas jóvenes e integrantes del ámbito penalista en las manifestaciones públicas a favor de la despenalización del aborto. Al heterogéneo conjunto de personas interlocutoras se suman otras que tradicionalmente habían sido escépticas frente a la despenalización del aborto. Al respecto, Casas subraya la participación del “colegio de matronas, que ha tendido a ser un gremio muy conservador, pero que hoy en día ha cambiado el rumbo y ha hablado de la necesidad de reformas en esta dirección desde el punto de vista de la equidad y la justicia social. Porque no sólo hay discriminación de género, sino también discriminación social en el acceso al aborto”, afirma.

En el ámbito legislativo, el panorama también ha cambiado en los últimos años. Varios de los otrora dirigentes estudiantiles, protagonistas de las movilizaciones sociales, son en la actualidad diputados y diputadas. “Una de las más conocidas a nivel internacional es Camila Vallejo, quien hoy es diputada por el Partido Comunista. Karol Cariola, que fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, es matrona, de formación en obstetricia y hoy en día también diputada. Giorgio Jackson, diputado que venía del movimiento estudiantil y que fue representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica –del mundo progresista de esa universidad– está a favor de la despenalización del aborto. También está Gabriel Boric, de la izquierda autónoma, diputado por la Zona Patagónica de Chile. Entonces, hay nuevos actores y hay todo un mundo político en el Congreso que antes no estaba presente”, afirma Casas.

A esto se suma el ingreso del Partido Comunista a la coalición de gobierno, que para la investigadora de la Universidad Diego Portales ha “quebrado ciertas consideraciones” hacia el Partido de la Democracia Cristiana, el cual evitó durante 20 años que se planteara abiertamente el debate sobre aborto al interior de la Concertación de Partidos por la Democracia. “En la medida en que han ingresado otros actores políticos se han abierto las posibilidades frente a la discusión de ciertos temas”, puntualiza.

Debate en otros términos

Otro de los aspectos que diferencia la coyuntura actual tiene que ver con la forma como ha sido planteado el debate. En la sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que abrió la discusión sobre los dos proyectos de ley, la Ministra de Salud Helia Molina explicó que sería el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y no el Ministerio a su cargo la entidad que estaría acompañando el debate, en tanto la despenalización del aborto atañe más a una problemática de derechos que de salud pública.

Aunque marca un giro importante en el modo como ha sido encarada la ilegalidad del aborto por parte de los gobiernos de la región, el argumento de la Ministra no debería sorprender si se tiene en cuenta el lugar que ocupa Chile en el panorama regional de mortalidad materna. Según la CEPAL, Chile y Uruguay son los dos países con la Razón de Mortalidad Materna más baja en América Latina. En 2008 ambos países registraron 26 y 27 muertes por cada 100.000 nacidos vivos respectivamente, lo que los sitúa en el extremo opuesto frente a países como Ecuador y Bolivia, que reportaron 140 y 180 muertes. En muchos de los países que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo o que cuentan con legislación restrictiva respecto a la misma, las complicaciones derivadas del aborto inducido en contextos de clandestinidad aportan un importante número de decesos relacionados con el embarazo. Este no es el caso de Chile, donde el éxito del programa nacional de Planificación Familiar y la popularización del misoprostol para la interrupción del embarazo redujeron ostensiblemente estas cifras en las últimas décadas. Al respecto, María Isabel Matamala señala: “si abordamos el problema de la mortalidad de las mujeres en Chile desde la perspectiva de la salud pública, sería más importante el tema del femicidio, porque por aborto mueren cada año alrededor de 4 ó 5 mujeres, lo cual es una cifra baja en el marco de la mortalidad materna”.

Este desplazamiento argumentativo también se observa en el discurso de las organizaciones sociales. “Hay un sector importante del movimiento feminista, al que se unen hoy sectores jóvenes y estudiantiles, que sitúa el debate y la lucha en el ámbito de los derechos humanos. Un sector más tradicional del movimiento de mujeres sigue enfatizando que el aborto es un tema de salud pública, pero esto también ocurre en el ámbito médico y el parlamentario, donde existe una resistencia a ubicar el aborto como un asunto de derechos. No es que nosotras neguemos que sea un asunto de salud, pero de salud entendida en el sentido amplio, entendiendo la salud también como un derecho civil y político en donde las libertades, entre ellas la libertad de decidir, son un asunto muy importante. Parte del problema de hablar sobre aborto como un asunto de salud pública es que muchas veces se escamotea la posibilidad de discutirlo como un derecho”, asevera la médica.

Matamala destaca que este marco argumentativo aparece también en la prensa chilena, donde incluso diarios conservadores como El Mercurio han publicado columnas de opinión defendiendo esta postura. Asimismo, señala que este cambio también obedece a un desplazamiento del debate de un ámbito médico hacia otro del derecho, que si bien es incipiente ha empezado a adquirir gran importancia.

Por su parte, Casas celebra dicho desplazamiento argumentando que la perspectiva de la salud pública limita la comprensión y la formulación de indicaciones claras sobre interrupción del embarazo en casos de violencia. “Uno podría decir que la integridad física y psíquica de una mujer se ven comprometidas por una agresión sexual y un embarazo producto del mismo, pero el primer elemento que hay que considerar es la autonomía de las mujeres para decidir en el caso de una maternidad forzada. El mundo conservador intenta llevar la discusión casi exclusivamente a la indicación en salud, por lo tanto es importante la apertura del debate hacia el mundo de los derechos. Esto contribuye además a quitarle piso al típico argumento de que no es necesaria una modificación legislativa para asegurar o preservar la vida o la salud de las mujeres, en tanto la mortalidad materna asociada al aborto es baja en el país”, concluye.

Visiones jurídicas opuestas

Uno de los argumentos jurídicos que más ha sido esgrimido para rechazar la despenalización del aborto en Chile es que de acuerdo con la Constitución Política, “la ley protege la vida del que está por nacer” (artículo 19). En este sentido, toda iniciativa legislativa orientada a este fin sería contraria a la Ley fundamental del Estado.

Según el diario La Tercera, ésta era la respuesta que el Estado chileno planeaba dar frente a las recomendaciones de Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, Eslovenia, Suecia y Bélgica de legalizar el aborto en casos de violación, incesto y peligro para la salud de la mujeres, formuladas en su segundo paso por el Examen Periódico Universal, en enero de este año. De acuerdo con ese medio, el gobierno de Sebastián Piñera habría elaborado un documento con las recomendaciones que aceptaría y rechazaría el Estado este 19 de junio y en él habría consignado dicho argumento, el cual fue modificado por el gobierno actual. Esta interpretación jurídica es quizá el obstáculo más grande que deberá sortear una ley que despenalice el aborto por causales en Chile.

El gobierno de Bachelet ha cuestionado este argumento señalando que en Chile la personalidad legal es reconocida a partir del momento del nacimiento. Pese a ello y a que la ventaja que goza la Nueva Mayoría en el Congreso favorecería el trámite legislativo de la despenalización del aborto terapéutico, la amenaza de que la ley sea impugnada ante el Tribunal Constitucional aparece con claridad en el horizonte.

Felipe Ward, diputado de la Unión Democrática Independiente (UDI), anunció que el partido está analizando distintos mecanismos para frenar la despenalización del aborto y uno de ellos sería acudir a dicho Tribunal. En este caso, el órgano judicial podría determinar que todo proyecto de ley que busque un fin similar requeriría una reforma constitucional, lo cual exigiría un quórum imposible de alcanzar en el Congreso actual.

Al respecto, Lidia Casas señala que Bachelet y Piñera expresan dos visiones frente al derecho constitucional en materia de aborto que han coexistido y que el desenlace dependerá en buena medida de cómo se defienda cada punto de vista. En su opinión, la reforma constitucional no es necesaria, pero será el Tribunal Constitucional quien determine si un proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales constituye una violación o no a la norma constitucional. “Si la mirada del Tribunal Constitucional sobre el tema es la misma que en 2008 [cuando prohibió la distribución de la anticoncepción de emergencia o píldora del día después en el sistema público de salud], uno podría pensar que la ley va a pasar en el Congreso, pero será rechazada por el Tribunal Constitucional, con una votación muy dividida, como lo fue ese año”, afirma.

Para la investigadora de la Universidad Diego Portales, es importante recordar que en la lucha por el reconocimiento de derechos existen “enclaves jurídicos que tienen la posibilidad de decir la última palabra sobre el derecho aplicable o sobre la lectura de ese derecho”. Es por ello que el trámite en curso de los proyectos de ley en el Congreso sería sólo el principio de un largo camino.

Por su parte, María Isabel Matamala considera que la sociedad chilena ha demostrado mayor madurez que la clase política respecto al debate actual y que la discusión sobre aborto podría ir más allá de las tres causales. “En las organizaciones sociales consideramos que deberíamos estar discutiendo el aborto en términos de plazos, como en los países desarrollados. No obstante, estamos constreñidas a la situación actual. Nosotras vamos a seguir demandando que el debate se abra a otras posibilidades. Tenemos claro que se abrieron las compuertas y que el debate de aquí en adelante seguramente va a depararnos muchas sorpresas. Espero que no sólo debatamos acerca de las causales y de lo que se llama ‘aborto terapéutico’. Para nosotras, llamar aborto terapéutico al aborto por causales es también un reduccionismo, porque implica abordarlo sólo desde la mirada salubrista, sanitaria”.

Fundamentalismo cristiano

Carlo Frabetti - La Haine

I

Decía Chesterton que para ser lo suficientemente listo como para hacerse rico, hay que ser lo suficientemente tonto como para creer que vale la pena.

Y si sustituimos la acumulación de dinero por la de poder, la frase no pierde ni un ápice de validez (entre otras cosas, porque hoy día dinero y poder son casi sinónimos). O sea, que los que se hacen ricos y los políticos de oficio y beneficio son los más listos de entre los tontos, lo que los convierte en doblemente peligrosos, puesto que no hay peor tonto que el que tiene la suficiente habilidad como para realizar sus tonterías.

A raíz de las sandeces que Gallardón no para de repetir en relación con el proyecto de reforma de la ley del aborto, podría parecer que es rematadamente bobo; pero no nos engañemos(o mejor dicho, no nos dejemos engañar). Que el actual ministro de justicia no es muy listo, lleva muchos años demostrándolo; pero no puede ser tan estúpido como para creer realmente que un feto de dos meses es un ser racional cuyos derechos hay que priorizar porque es el más débil. Según esa regla de tres, habría que anteponer los derechos de un pollito (o los de un huevo, que es un pollo nonato) a los de un ser humano, puesto que un pollito tiene mucha más conciencia que un feto y su indefensión no es mucho menor.

Para creer realmente que un feto es un sujeto de derecho, hay que tener menos neuronas operativas que el propio feto, y si Gallardón no tuviera unas pocas más, no habría llegado a alcalde ni a ministro. No caigamos en la trampa de llamar “ley Gallardón” al infame proyecto de reforma de la ley del aborto y pensar que es obra de un descerebrado, porque la cosa es muchísimo más grave: es obra de millones de descerebrados, víctimas y cómplices de la más eficiente máquina descerebradora jamás inventada.

Si Gallardón pudiera y quisiera ser honrado, diría: “El aborto es inadmisible porque Dios le ha insuflado al concebido no nacido un alma inmortal y solo Él puede disponer de su vida”. Pero este argumento, formulado sin ambages, no es de recibo en un supuesto Estado laico del siglo XXI: hay que camuflarlo, revestirlo de una apariencia de objetividad científica, para conseguir los votos de millones de católicos atascados en el Medioevo sin renunciar a un cierto aire de modernidad.

Y como siempre que la religión invade el terreno de la razón, el resultado es grotesco: “sería de reír si no fuera de llorar”, como solía decir Eva Forest. Grotesco y terrible, porque el poder de la Iglesia, que a veces subestimamos o creemos en declive, sigue siendo enorme, y el nacionalcatolicismo de Franco e Isabel la Católica, de la Inquisición y el Martillo de Herejes, del Opus Dei y la Conferencia Episcopal, es para muchos, en estos momentos críticos, una opción tan tentadora como el fundamentalismo islámico en otras latitudes, y por los mismos motivos.

Si los politicastros del PP apuestan por ir a la caza del voto fundamentalista, es porque lo consideran su mejor estrategia electoral, o la menos mala. Y como son tontos pero no tontísimos, es posible que no se equivoquen.

II. Católicos y herejes

Hay muchas maneras de ser cristiano, algunas de ellas admirables; pero solo hay una manera de ser católico, puesto que, por definición, católico es quien -y solo quien- acata la doctrina y la autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana.

Lo cual implica cumplir (o al menos considerar de obligado cumplimiento) los cinco mandamientos de la Iglesia y aceptar tanto sus sacramentos como sus dogmas de fe. La consabida frase “yo soy creyente pero no practicante” tal vez sea admisible en algunos cristianos, pero no en un católico: un supuesto católico que cree poder prescindir de la práctica preceptiva y sacramental, en realidad es un hereje.

Y también es un hereje quien niega o cuestiona cualquiera de los dogmas de fe del catolicismo, entre los que se cuentan la transmisión hereditaria del pecado original, la inmaculada concepción de María, la doble naturaleza (divina y humana) de Jesús, la infalibilidad del Papa, la Santísima Trinidad, la omnipotencia y omnisciencia de dios, el libre albedrío del ser humano, la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos, la resurrección de la carne, la existencia del infierno…

Es decir, un católico cree -tiene la obligación de creer- que todos (menos la virgen María) nacemos en pecado porque Adán y Eva se comieron una manzana; que el Papa es infalible porque tiene línea directa con el Espíritu Santo; que el cielo es un lugar espiritual, pero capaz de albergar cuerpos físicos, como el de Jesús y el de su madre; que dios es uno y trino a la vez (tres personas y una sola naturaleza); que somos libres a pesar de que dios sabe de antemano todo lo que vamos a pensar, sentir y hacer a lo largo de nuestra vida; y lo que es infinitamente más grave (y, como matemático, no suelo tomar el nombre del infinito en vano), un católico cree que un dios justo y misericordioso es capaz de infligir un castigo eterno a seres de responsabilidad limitada como son los humanos: una aberración (tanto desde el punto de vista de la lógica como desde el de la ética) que solo cabe en la cabeza de un demente.

¿Significa esto que, solo entre los cristianos, hay en el mundo unos 1.200 millones de dementes (de los cuales más de 30 millones en el Estado español, donde quienes se declaran católicos constituyen un 72% de la población)? Afortunadamente no, porque si les sumáramos los dementes de otras religiones y creencias disparatadas (como la astrología o la dianética), tendríamos que llegar a la alarmante conclusión de que a la inmensa mayoría de la humanidad tiene el cerebro atrofiado. Lo que ocurre es que, como dice el propio Evangelio, somos “hombres de poca fe”, y muy pocos creen realmente y hasta sus últimas consecuencias algunas de las cosas que creen creer. A lo largo de mi vida he tenido ocasión de discutir con cientos de católicos, y he podido comprobar que, en el fondo, muchos se resisten a creer que los pecadores sufrirán en el más allá un castigo eterno; lo cual, insisto, los convierte en herejes, y hasta hace bien poco habrían podido terminar en la hoguera.

Diríase que a quienes hemos recibido una educación católica nos cuesta darnos cuenta de algo tan obvio como terrible: que en el caso del catolicismo, ortodoxia y fundamentalismo son una misma cosa. Eso explica que la Conferencia Episcopal, el Opus Dei, los Legionarios de Cristo y sus politicastros asociados pretendan impedir que las mujeres decidan lo que hacen con su propio cuerpo (confiando, y esto es lo más alarmante, en la rentabilidad electoral de una aberración comparable a la clitoridectomía o la infibulación).

Y hablando de decidir sobre el propio cuerpo, habría que añadir que quienes pretenden criminalizar la prostitución no son mejores que quienes quieren criminalizar el aborto.

España: La ley del aborto ignora los avances científicos y nos devuelve a los años 60

Montserrat Ponsà

Rebelión A finales de los años 60 las mujeres con aspiraciones profesionales tenían un dilema en relación a la maternidad. Las necesidades de formación y de entrenamiento y los requerimientos para hacerse con un espacio profesional, alargaban, igual que ocurre en la actualidad, la decisión de ser madres. Era la primera generación que sabía que con la edad materna incrementaba el riesgo de anomalías genéticas en la descendencia y se planteaba bien renunciar a ser madres (acababa de comercializarse la píldora anticonceptiva) bien arriesgarse a un embarazo con posibles anomalías. Las que tenían recursos y contactos profesionales se podían plantear pruebas prenatales en centros hospitalarios de otros países. Si el resultado del estudio indicaba una anomalía era necesario, si así lo decidía la interesada, volver a viajar e interrumpir el embarazo en Londres o Paris. También se podía correr el riesgo y asumir la desgracia si el hijo deseado nacía con malformaciones. Otra opción era intentar abortar en España clandestinamente. Es decir las opciones en nuestro país eran según la moral católica dominante y las leyes franquistas: el castigo eterno por hacer el amor sin intención de procrear, traer al mundo a una persona sin capacidad de autonomía cuyo sufrimiento y dependencia condicionaría su calidad de vida y la de sus familiares hermanos incluidos, o correr un grave riesgo para la salud y adicionalmente el riesgo de cárcel.

De todo esto, por fortuna hoy nadie se acuerda, no solo porque han cambiado las leyes y la sociedad española se ha modernizado y actualizado, sino también porque existen métodos seguros y fiables de diagnóstico en estadios muy iniciales del embarazo a los que las embarazadas se someten con naturalidad, sin riesgo para el embarazo ni para su salud, y que están en el protocolo de la Seguridad Social. La mayoría de las mujeres no son conscientes de que nos quieren privar de esta normalidad. ¿Qué sentido tiene hacerse esas pruebas, ecografías incluidas, que no sea la interrupción del embarazo en las primeras semanas y con el mínimo riesgo? ¿Cuál será, si se aprueba esta ley, el sufrimiento de las embarazadas de más de 30 años, hoy mayoría? La ciencia permite que una mujer sea madre pasada la trentena con garantías de no tener un hijo malformado. La ley que prepara el Gobierno nos devuelve a los años 60 con el agravante que han pasado casi 50 años y la ciencia ha dado unos pasos que no se pueden ignorar.

Montserrat Pons. Catedrática emérita de Biología Celular. Universidad Autónoma de Barcelona.

Francia protege el derecho al aborto ante el avance conservador

Angeline Montoya

COMUNICAR IGUALDAD- Varios miles de personas desfilaron el sábado 1 de febrero en París y en otras ciudades francesas para defender el aborto legal en España. Una movilización que hizo eco a otra manifestación mucho más multitudinaria, esta vez en contra del derecho al aborto, y que tuvo lugar en la capital gala el 19 de enero pasado.

Ese día, en efecto, entre 16.000 (según la policía) y 40.000 personas (según quienes organizaron la marcha) protestaron contra una enmienda propuesta por el Gobierno francés que, según los sectores anti-derechos, amenaza con “banalizar” la interrupción voluntaria del embarazo. Una manifestación que recibió el beneplácito del papa Francisco y decidida precisamente para apoyar el proyecto de Ley Gallardón en España.

¿De qué se trata esa enmienda? En Francia, el aborto ha sido despenalizado en 1975. Si bien la ley fue modificada en 2001 para ampliar el plazo de 10 a 12 semanas de embarazo y para permitir que las personas menores de edad puedan abortar sin la autorización de su familia, persistía desde entonces el supuesto de que sólo pueden abortar las mujeres “en situación de desamparo”.

Una formulación “obsoleta”, de acuerdo a la ministra de los Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, y que nunca ha impedido que las mujeres abortaran. Pero que hacía simbólicamente del aborto una excepción, y no un derecho de toda mujer embarazada.

Si bien Vallaud-Belkacem aseguró que esa enmienda destinada a suprimir la noción de “desamparo” nada tenía que ver con la situación en España, ya que en realidad se inscribe en un marco más amplio de Proyecto de ley para la igualdad real entre las mujeres y los varones presentado hace varios meses y aprobado por el Senado en septiembre pasado, la ministra afirmó en su discurso ante la cámara de diputados en enero pasado que “las evoluciones en algunos países vecinos crearon una preocupación (y) muestran que no estamos a salvo de un retroceso de 40 años”.

De hecho, la propuesta de ley española ha convencido a algunas políticas de apoyar la modificación de la ley francesa: “Hasta hace unas semanas, no habría entendido lafran3 necesidad de esta enmienda” , explicó en la televisión Roselyne Bachelot, ex ministra de Salud bajo el Gobierno del derechista Nicolas Sarkozy, y firmante de un texto para pedir a España que retire su proyecto de ley.

A pesar de haber sido despenalizado hace casi 40 años, el aborto está siendo cada vez más cuestionado en Francia. Hace unos años surgió la idea de que algunas mujeres abortaban por “confort” y lxs parlamentarixs de derecha y de extrema derecha tratan regularmente de limitar ese derecho.

Por distintas decisiones sobre el acceso a la salud, la práctica del aborto se ha vuelto poco interesante económicamente para el cuerpo médico, incitando a algunos centros hospitalarios a dejar de llevarla a cabo (por ello en 2013 se decidió pagarles un 50% más para alentarlos a realizarla).

Además, muchos centros de interrupción voluntaria del embarazo han cerrado, sobre todo en los pequeños poblados, donde algunxs médicxs, con la complicidad de docentes, que no les cobran faltas, organizan “expediciones” a ciudades más grandes para que alumnas menores de edad puedan ir a interrumpir su embarazo en el día y volver a la tarde sin que se entere su familia.

A causa del cierre de los centros de IVE, se calcula que unas 5.000 mujeres tienen que viajar a los Países Bajos, donde se puede abortar hasta las 22 semanas, porque no pudieron obtener turno antes de las fatídicas 12 semanas de embarazo, también porque todavía se impone a las mujeres una semana de “reflexión”, disposición considerada paternalista por los movimientos feministas.

fan2En su artículo La anticoncepción, palanca real o simbólica de la dominación masculina, las sociólogas Nathalie Bajos y Michèle Ferrand han mostrado que ni la anticoncepción ni el aborto legal han permitido revertir la jerarquía de género en Francia: no ha modificado la división sexual del trabajo ni la concepción de la sexualidad femenina anclada en la dimensión conyugal y siempre sometida a los mandatos de la dominación masculina: la mujer pasó de ser considerada “una madre en el hogar” a “una madre que trabaja”, pero siempre una madre.

En ese contexto, como lo explican Bibia Pavard y otrxs autorxes en el texto Les lois veil : contraception 1974: el aborto nunca ha sido visto como un derecho en Francia, ni como una libertad de no procrear y una elección personal, sino como el resultado de un fracaso.

La intención del gobierno socialista de François Hollande de inscribir al aborto como un derecho de toda mujer embarazada y no como la respuesta a una situación de “desamparo” es un intento por acallar las voces, cada vez más fuertes, de los sectores reaccionarios, que se alarman ante la “explosión de los abortos entre las jóvenes” (cuando, si bien esa tasa subió levemente en la década de los 90, se sitúa en el promedio europeo) o ante un supuesto aumento de las interrupciones de embarazo “por confort”.

La modificación acerca de la noción de “desamparo” no ha sido la única acción del Gobierno para defender el derecho al aborto: también creó hace unos meses una página web, ante la proliferación de sitios que parecen presentar información objetiva destinada a mujeres que buscan abortar, pero son en realidad administrados por organizaciones anti-derechos que intentan asustar a las mujeres con el supuesto “síndrome post-aborto” y convencerlas de que sigan adelante con su embarazo.