Fabiola Calvo Ocampo
Artemisa Noticias La falta de agua, consecuencia de la explotación minera, en un rincón de Colombia, afecta principalmente la vida de las mujeres, que son las que tienen que gestionar para seguir obteniéndola. Son ellas también las que protagonizan una pelea por conservar las reservas naturales de la región de Anolaima.
Anolaima es un rincón de Colombia, a dos horas de Bogotá, que es parte de un corredor verde. Anolaima está ligeramente pintado por los colores de sus aves y flores, con la tranquilidad que da el vaivén de las hojas de plátano que se mecen llamando al reposo una vez que terminan la jornada mujeres como Catalina, ecologista y habitante de la zona.
Catalina Restrepo, de la Asociación Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, defiende junto con los y las habitantes, el nacimiento de agua de siete municipios (Alban, Anolaima, Zipacón, Bojacá y Cachipay, Tena y San Antonio del Tequendama), con cerca de 100 mil habitantes que viven del cultivo de flores, tomates, tomate de árbol, calabaza y lechería.
Las aguas del cerro Escarpe, que abastece a unas 500 mil personas de toda la región, permiten los cuidados de la gente, la agricultura y el ganado.
El Escarpe, que significa pieza de armadura que cubre y defiende el pie, está situado en la sabana occidental de Cundinamarca. Nos dice Catalina que 'está cubierto por un bosque natural apoltronado desde miles de años, lo que permite que posea una biodiversidad única, con cantidades de especies endémicas y unas funciones ecológicas especiales por sus acantilados y bosques nublados que protegen micro cuencas reguladoras de caudales superficiales de agua, así como el afloramiento de las guas subterránea; o sea que estamos hablando del origen del agua que consumimos quienes poblamos los alrededores del cerro'.
La Asociación de la cual hace parte Catalina Restrepo -una red de personas que tiene, desde la propiedad privada, la iniciativa ciudadana de conservar pedazos de biodiversidad, de montaña, de bosque-, tiene alrededor de 280 asociados y asociadas, entre Ong's , propietarios, propietarias privadas y redes locales.
Habitantes de esa región de aire fresco, ya lograron que la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, responsable de la gestión y protección de los recursos medioambientales del Departamento de Cundinamarca, del cual hacen parte los siete municipios afectados, aceptara retirar la licencia ambiental a uno de los mineros que pretende sacar gravilla del Escarpe.
No obstante, la concesión minera con la que ya cuenta el empresario dura 100 años, razón por la cual 'la comunidad busca solicitar que esa zona sea nombrada parque natural, regional, nacional, o santuario de flora y fauna; que sea ascendido a una figura de conservación, que la blinde contra la locomotora de la minería, una forma de hacer plata en forma rápida y fácil', dice la ecologista.
La comunidad, que alimenta su espíritu y fortaleza con los coloreados atardeceres, se organizó para recoger firmas para defender las zonas productoras de agua como un patrimonio público. Por este derecho, se movilizan hombres y mujeres en muchos lugares de Colombia.
Derecho al agua para las mujeres
La ecofeminista Clara Mazo, de la Corporación Vamos Mujer, nos recordó que la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas (1995) contiene en su Plan de Acción un capítulo sobre la mujer y medio ambiente, donde incorporó el derecho al agua, 'aunque no analizó cómo su escasez o contaminación afecta desproporcionalmente a las mujeres'.
'Sin embargo, investigaciones posteriores han constatado que en la mayoría de los países en desarrollo, las mujeres campesinas y pobladoras de barrios populares son las responsables de la gestión del agua a nivel doméstico y comunitario', añadió Clara Mazo, al ser consultada sobre la lucha que libran las mujeres por el agua en Colombia.
Es conocido el anuncio del proyecto del páramo de Santurbán, que consiste en explotaciones de oro a cielo abierto, frenado por la lucha de miles de personas en Bucaramanga, al noreste del país.
'Una preocupación de las ecofeministas es el efecto catastrófico de la minería por el agotamiento del agua y las consecuencias para la producción puesto que para extraer se necesita secar -comentó Clara-. A nivel de la producción las mujeres tienen muchas responsabilidades en el riego manual que es el más dispendioso en la actividad de la agricultura, tanto en los territorios rurales como en los urbanos. Para esta actividad no cuentan con tecnologías alternativas que les facilite la labor y por tanto la sobrecarga y el desgaste de tiempo y energía'.
El sueño de ecologistas y habitantes de los siete pueblos al occidente de Bogotá, es restaurar el corredor ecológico. Para esto encontraron apoyo entre los alcaldes. La gente organizó veedurías ambientales, se movilizaron concejales y algunos curas organizaron fiestas para recolectar fondos.
'Si abriesen la mina, hombres y mujeres perderían al agua potable por la tala de la vegetación y, el aire limpio por la contaminación tras el rompimiento de las rocas, afectando las vías respiratorias, además de los efectos negativos para la audición debido a la explosión permanente con dinamita', nos dice María, dueña de una finca en Cachipay. Ella, también promueve la recolección de firmas y asistió a una Audiencia Pública realizada en febrero por el tema.
Gloria, Lucía y otras muchas participan en el proceso del cultivo de flores, en el follaje o plantas que no producen flores, en el cultivo de frutas y cuidado de las vacas para el sustento para sus familias. ¿Cómo podrían trabajar si desaparece el nacimiento del agua? Además, quedarían expuestas a los temblores y derrumbes.
Zipacón movilizado
Por otra parte, comenta Patricia Rodríguez de la Fundación Ética Verde, con su actividad en Zipacón, que 'las mujeres en este momento no están detrás de una pancarta pero se preparan en actividades educativas, sensibilización, cuidado de los acueductos, conservación de la huerta, restaurantes y una búsqueda de una mejor calidad de vida'.
'Las madres de familia contribuyen -agrega Patricia-, contagiando su entusiasmo para que sus niñas y niños participen en la formación ambiental de protección al agua'.
Las consecuencias también tocarían el proyecto de vida de Diana López y los habitantes de la Comuna que ella dirige en la vía entre Cachipay y Anolaima y desde la que promueve la agro-ecología, el circo-teatro y la permacultura -sistema que busca la armonía entre la vivienda y el paisaje con la conservación de los recursos naturales y evitando la producción de desechos.
Una característica de la defensa por el agua en esta región colombiana, es la pertenencia privada de una parte del cerro. 'Los cerros han sido conservados por sus propietarios, entre otras cosas porque no tienen nada que hacer con esa tierra, porque es un cerro, es un precipicio, es imposible pretender comprar todo eso porque el costo sería altísimo. Lo que hay que establecer más claramente con los propietarios, es el compromiso de conservación tanto por los actuales propietarios como de sus descendientes de aquí para siempre', nos dice Agustín Correa, ex alcalde de Zipacón.
Zipacón es considerado la Villa Cultural de Cundinamarca, Departamento del cual es capital Bogotá.
Para Agustín, no es suficiente que a partir de una Audiencia Pública realizada en febrero y en la que participó la comunidad, se haya archivado el caso porque puede reabrirse en cualquier momento y lo que único que salvaría este corredor ambiental es que el gobierno lo declare parque natural o cualquiera de las figuras propuestas por la Asociación Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
Otro grave problema que acarrearía la apertura de la mina sería el deterioro del terreno y las carreteras por el transporte de la gravilla a las fábricas. Además, rumoran en los diferentes pueblos, que la empresa de cementos Argos, 'espera que se calmen las aguas' para comprar los derechos de la mina.
Daño irreversible
Para la ambientalista Catalina Restrepo 'la minería lo que necesita son máquinas, una alta tecnología y ese tipo de cosas, no es una empresa que contrate mano de obra; en cambio el daño ambiental es irreversible. El territorio donde se explota la minería es muy difícil recuperar, se pierden las funciones de los ecosistemas. Me parece que la pelea que se está dando por la conservación de este cerro y su bosque de niebla, del que sólo queda el 10% en Colombia, está contemplada en la legislación colombiana en la protección a los páramos y las reservas acuíferas'.
En otra localidad de Cundinamarca, en el municipio de Chocontá, sus habitantes luchan contra la apertura de una empresa curtiembres que gastaría el agua de una población que ya sufre racionamiento en este servicio público.
En la diferente documentación presentada, los y las habitantes del pueblo y el grupo de abogados de la Universidad del Rosario como parte de la defensa, Juliana Franco, aseguró que 'el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) prohibía el uso industrial de la zona por sus características de 'uso agropecuario mecanizado intensivo'; no obstante, después de concederse la licencia para la instalación de la empresa, se modificó mediante un acuerdo que convirtió la zona en rural y suburbana, es decir, que permitía la instalación y desarrollo de actividades industriales. Este cambio no contó con la participación, que desde la normativa es obligatoria, de la comunidad'.
Queda en espera de cumplimiento o de cambio, la afirmación de la Sentencia T-574 de 1996 de la Corte Constitucional al referirse al desarrollo sostenible: 'Se debe comprender como desarrollo fundamental del desarrollo sostenible, el mantener la productividad de los sistemas naturales y el satisfacer las necesidades esenciales de la población'.
Nos dice Elena Obando, abogada feminista costarricense, en su trabajo 'Las mujeres y la privatización del agua' que 'las mujeres sólo han tenido la responsabilidad de utilizar y administrar el agua en las peores condiciones, teniendo que escoger muchas veces entre comer o contar con el recurso para sus labores cotidianas. Las horas que dedican a todo ello les excluye de participar en la toma de decisiones para la disminución de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida. El acceso igualitario al agua y el monitoreo de la función de los ecosistemas de agua en la protección del recurso y en la prevención de los riesgos naturales, más que una necesidad, es un derecho humano urgente que no puede posponerse'.
Mujeres y hombres de a pie, del campo y la ciudad, se resisten a la predicción para el Siglo XXI sobre la escasez del agua. Colombia, en su actitud de pueblo con fe, fiestero y apasionado, fortalece la muralla por la defensa de este bien madre de la naturaleza y principio de vida. Por ello, esta crónica presenta un final abierto.
Más información: http://www.vamosmujer.org.co/
*Este artículo se enmarca dentro del proyecto América Latina en perspectiva de género II, que se realiza con el apoyo del C3, la unidad regional de análisis de la comunicación para América Latina de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) de Colombia, en asociación con el área de género de la FES GENERO y la Asociación Civil Artemisa Comunicación en Argentina.
Con él, buscamos producir y difundir notas de autor(a), con enfoque de género, de 15 países de América Latina. Para eso contactaremos a 15 periodistas de distintos países del continente para que relaten con personalidad y sensibilidad un aspecto de lo que sucede en sus países.
Artemisa Noticias La falta de agua, consecuencia de la explotación minera, en un rincón de Colombia, afecta principalmente la vida de las mujeres, que son las que tienen que gestionar para seguir obteniéndola. Son ellas también las que protagonizan una pelea por conservar las reservas naturales de la región de Anolaima.
Anolaima es un rincón de Colombia, a dos horas de Bogotá, que es parte de un corredor verde. Anolaima está ligeramente pintado por los colores de sus aves y flores, con la tranquilidad que da el vaivén de las hojas de plátano que se mecen llamando al reposo una vez que terminan la jornada mujeres como Catalina, ecologista y habitante de la zona.
Catalina Restrepo, de la Asociación Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, defiende junto con los y las habitantes, el nacimiento de agua de siete municipios (Alban, Anolaima, Zipacón, Bojacá y Cachipay, Tena y San Antonio del Tequendama), con cerca de 100 mil habitantes que viven del cultivo de flores, tomates, tomate de árbol, calabaza y lechería.
Las aguas del cerro Escarpe, que abastece a unas 500 mil personas de toda la región, permiten los cuidados de la gente, la agricultura y el ganado.
El Escarpe, que significa pieza de armadura que cubre y defiende el pie, está situado en la sabana occidental de Cundinamarca. Nos dice Catalina que 'está cubierto por un bosque natural apoltronado desde miles de años, lo que permite que posea una biodiversidad única, con cantidades de especies endémicas y unas funciones ecológicas especiales por sus acantilados y bosques nublados que protegen micro cuencas reguladoras de caudales superficiales de agua, así como el afloramiento de las guas subterránea; o sea que estamos hablando del origen del agua que consumimos quienes poblamos los alrededores del cerro'.
La Asociación de la cual hace parte Catalina Restrepo -una red de personas que tiene, desde la propiedad privada, la iniciativa ciudadana de conservar pedazos de biodiversidad, de montaña, de bosque-, tiene alrededor de 280 asociados y asociadas, entre Ong's , propietarios, propietarias privadas y redes locales.
Habitantes de esa región de aire fresco, ya lograron que la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, responsable de la gestión y protección de los recursos medioambientales del Departamento de Cundinamarca, del cual hacen parte los siete municipios afectados, aceptara retirar la licencia ambiental a uno de los mineros que pretende sacar gravilla del Escarpe.
No obstante, la concesión minera con la que ya cuenta el empresario dura 100 años, razón por la cual 'la comunidad busca solicitar que esa zona sea nombrada parque natural, regional, nacional, o santuario de flora y fauna; que sea ascendido a una figura de conservación, que la blinde contra la locomotora de la minería, una forma de hacer plata en forma rápida y fácil', dice la ecologista.
La comunidad, que alimenta su espíritu y fortaleza con los coloreados atardeceres, se organizó para recoger firmas para defender las zonas productoras de agua como un patrimonio público. Por este derecho, se movilizan hombres y mujeres en muchos lugares de Colombia.
Derecho al agua para las mujeres
La ecofeminista Clara Mazo, de la Corporación Vamos Mujer, nos recordó que la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas (1995) contiene en su Plan de Acción un capítulo sobre la mujer y medio ambiente, donde incorporó el derecho al agua, 'aunque no analizó cómo su escasez o contaminación afecta desproporcionalmente a las mujeres'.
'Sin embargo, investigaciones posteriores han constatado que en la mayoría de los países en desarrollo, las mujeres campesinas y pobladoras de barrios populares son las responsables de la gestión del agua a nivel doméstico y comunitario', añadió Clara Mazo, al ser consultada sobre la lucha que libran las mujeres por el agua en Colombia.
Es conocido el anuncio del proyecto del páramo de Santurbán, que consiste en explotaciones de oro a cielo abierto, frenado por la lucha de miles de personas en Bucaramanga, al noreste del país.
'Una preocupación de las ecofeministas es el efecto catastrófico de la minería por el agotamiento del agua y las consecuencias para la producción puesto que para extraer se necesita secar -comentó Clara-. A nivel de la producción las mujeres tienen muchas responsabilidades en el riego manual que es el más dispendioso en la actividad de la agricultura, tanto en los territorios rurales como en los urbanos. Para esta actividad no cuentan con tecnologías alternativas que les facilite la labor y por tanto la sobrecarga y el desgaste de tiempo y energía'.
El sueño de ecologistas y habitantes de los siete pueblos al occidente de Bogotá, es restaurar el corredor ecológico. Para esto encontraron apoyo entre los alcaldes. La gente organizó veedurías ambientales, se movilizaron concejales y algunos curas organizaron fiestas para recolectar fondos.
'Si abriesen la mina, hombres y mujeres perderían al agua potable por la tala de la vegetación y, el aire limpio por la contaminación tras el rompimiento de las rocas, afectando las vías respiratorias, además de los efectos negativos para la audición debido a la explosión permanente con dinamita', nos dice María, dueña de una finca en Cachipay. Ella, también promueve la recolección de firmas y asistió a una Audiencia Pública realizada en febrero por el tema.
Gloria, Lucía y otras muchas participan en el proceso del cultivo de flores, en el follaje o plantas que no producen flores, en el cultivo de frutas y cuidado de las vacas para el sustento para sus familias. ¿Cómo podrían trabajar si desaparece el nacimiento del agua? Además, quedarían expuestas a los temblores y derrumbes.
Zipacón movilizado
Por otra parte, comenta Patricia Rodríguez de la Fundación Ética Verde, con su actividad en Zipacón, que 'las mujeres en este momento no están detrás de una pancarta pero se preparan en actividades educativas, sensibilización, cuidado de los acueductos, conservación de la huerta, restaurantes y una búsqueda de una mejor calidad de vida'.
'Las madres de familia contribuyen -agrega Patricia-, contagiando su entusiasmo para que sus niñas y niños participen en la formación ambiental de protección al agua'.
Las consecuencias también tocarían el proyecto de vida de Diana López y los habitantes de la Comuna que ella dirige en la vía entre Cachipay y Anolaima y desde la que promueve la agro-ecología, el circo-teatro y la permacultura -sistema que busca la armonía entre la vivienda y el paisaje con la conservación de los recursos naturales y evitando la producción de desechos.
Una característica de la defensa por el agua en esta región colombiana, es la pertenencia privada de una parte del cerro. 'Los cerros han sido conservados por sus propietarios, entre otras cosas porque no tienen nada que hacer con esa tierra, porque es un cerro, es un precipicio, es imposible pretender comprar todo eso porque el costo sería altísimo. Lo que hay que establecer más claramente con los propietarios, es el compromiso de conservación tanto por los actuales propietarios como de sus descendientes de aquí para siempre', nos dice Agustín Correa, ex alcalde de Zipacón.
Zipacón es considerado la Villa Cultural de Cundinamarca, Departamento del cual es capital Bogotá.
Para Agustín, no es suficiente que a partir de una Audiencia Pública realizada en febrero y en la que participó la comunidad, se haya archivado el caso porque puede reabrirse en cualquier momento y lo que único que salvaría este corredor ambiental es que el gobierno lo declare parque natural o cualquiera de las figuras propuestas por la Asociación Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
Otro grave problema que acarrearía la apertura de la mina sería el deterioro del terreno y las carreteras por el transporte de la gravilla a las fábricas. Además, rumoran en los diferentes pueblos, que la empresa de cementos Argos, 'espera que se calmen las aguas' para comprar los derechos de la mina.
Daño irreversible
Para la ambientalista Catalina Restrepo 'la minería lo que necesita son máquinas, una alta tecnología y ese tipo de cosas, no es una empresa que contrate mano de obra; en cambio el daño ambiental es irreversible. El territorio donde se explota la minería es muy difícil recuperar, se pierden las funciones de los ecosistemas. Me parece que la pelea que se está dando por la conservación de este cerro y su bosque de niebla, del que sólo queda el 10% en Colombia, está contemplada en la legislación colombiana en la protección a los páramos y las reservas acuíferas'.
En otra localidad de Cundinamarca, en el municipio de Chocontá, sus habitantes luchan contra la apertura de una empresa curtiembres que gastaría el agua de una población que ya sufre racionamiento en este servicio público.
En la diferente documentación presentada, los y las habitantes del pueblo y el grupo de abogados de la Universidad del Rosario como parte de la defensa, Juliana Franco, aseguró que 'el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) prohibía el uso industrial de la zona por sus características de 'uso agropecuario mecanizado intensivo'; no obstante, después de concederse la licencia para la instalación de la empresa, se modificó mediante un acuerdo que convirtió la zona en rural y suburbana, es decir, que permitía la instalación y desarrollo de actividades industriales. Este cambio no contó con la participación, que desde la normativa es obligatoria, de la comunidad'.
Queda en espera de cumplimiento o de cambio, la afirmación de la Sentencia T-574 de 1996 de la Corte Constitucional al referirse al desarrollo sostenible: 'Se debe comprender como desarrollo fundamental del desarrollo sostenible, el mantener la productividad de los sistemas naturales y el satisfacer las necesidades esenciales de la población'.
Nos dice Elena Obando, abogada feminista costarricense, en su trabajo 'Las mujeres y la privatización del agua' que 'las mujeres sólo han tenido la responsabilidad de utilizar y administrar el agua en las peores condiciones, teniendo que escoger muchas veces entre comer o contar con el recurso para sus labores cotidianas. Las horas que dedican a todo ello les excluye de participar en la toma de decisiones para la disminución de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida. El acceso igualitario al agua y el monitoreo de la función de los ecosistemas de agua en la protección del recurso y en la prevención de los riesgos naturales, más que una necesidad, es un derecho humano urgente que no puede posponerse'.
Mujeres y hombres de a pie, del campo y la ciudad, se resisten a la predicción para el Siglo XXI sobre la escasez del agua. Colombia, en su actitud de pueblo con fe, fiestero y apasionado, fortalece la muralla por la defensa de este bien madre de la naturaleza y principio de vida. Por ello, esta crónica presenta un final abierto.
Más información: http://www.vamosmujer.org.co/
*Este artículo se enmarca dentro del proyecto América Latina en perspectiva de género II, que se realiza con el apoyo del C3, la unidad regional de análisis de la comunicación para América Latina de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) de Colombia, en asociación con el área de género de la FES GENERO y la Asociación Civil Artemisa Comunicación en Argentina.
Con él, buscamos producir y difundir notas de autor(a), con enfoque de género, de 15 países de América Latina. Para eso contactaremos a 15 periodistas de distintos países del continente para que relaten con personalidad y sensibilidad un aspecto de lo que sucede en sus países.
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