Ante la ONU, México “maquilla” la violencia contra las mujeres

Anaiz Zamora Márquez

Cimac.- Los avances del Estado mexicano en el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas inglés), así como de sus recomendaciones, están lejos de la igualdad y más cerca de la simulación y el maquillaje de la grave situación de violencia que padecen las mexicanas.

En ello coincidieron las expertas e investigadoras asistentes al Foro “CEDAW, metodología del informe sombra y políticas públicas en México”, realizado hoy en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, como parte de la visita a nuestro país de la ex miembro del Comité de esa instancia de la ONU, Soledad Murillo de la Vega.

Representantes de la sociedad civil, académicas e investigadoras dieron cuenta de que en México persiste la simulación e impunidad de las autoridades en el combate a la violencia contra las mujeres, que derivó, entre otras cosas, en que el fenómeno del feminicidio –que se pensaba exclusivo de Ciudad Juárez, Chihuahua– se expandiera a todo el país.

Ayer en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte (Colef), en Chihuahua, se llevó también a cabo el foro “La CEDAW y los mecanismos institucionales de coordinación gubernamental”, en el que las participantes consideraron que el gobierno mexicano evade su responsabilidad ante la violencia contra las mujeres, ya que 20 años después de que se comenzó a registrar el feminicidio en Juárez las mujeres siguen desapareciendo y siendo asesinadas.

En el evento se destacó que de todas las recomendaciones de la CEDAW para México, el 45 por ciento corresponden a Ciudad Juárez.

Gloria Ramírez Hernández, presidenta de la Cátedra UNESCO –organización que promovió la visita de Murillo a México–, informó que de 2000 a 2012 el Comité de la CEDAW hizo mil 361 recomendaciones al Estado mexicano y que para Juárez fueron emitidas 101 recomendaciones.

La investigadora del Colef Julia Monárrez, enfatizó que el gobierno local y federal ha evadido las demandas de las madres de jóvenes asesinadas y desaparecidas en la urbe fronteriza, y reclamó que la sociedad no quiere “más evasivas y discursos ambiguos, pues la verdad y la justicia no pueden esperar”.

En su paso por Chihuahua, Soledad Murillo manifestó su molestia por la inexistencia de información precisa sobre la grave situación de violencia contra las mujeres que se vive en Juárez, y señaló que “el tema de violencia es obligatoriamente un trámite de urgencia”.

Con ello coincidió hoy la representante en México de ONU- Mujeres, Ana Güezmes, quien recordó que México está obligado a garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, toda vez que ratificó tanto la CEDAW, como su Protocolo facultativo.

Recalcó que en México se cuentan con herramientas constitucionales y presupuestales para combatir la discriminación y desigualdad de la que son víctimas las mujeres, ya que en 2011 se realizó una reforma constitucional en materia de Derechos Humanos y en los últimos años se ha asignado un monto considerable de recursos para combatir este flagelo.

Las académicas y representantes de organizaciones nacionales e internacionales realizaron también un esbozo de cómo las autoridades “maquillan” la realidad de violencia que viven las mexicanas.

Soledad Murillo criticó que el Estado mexicano presente ante la CEDAW “la mejor cara que tiene”, y sean los informes de las organizaciones civiles los que den a conocer lo que realmente le pasa a las mujeres y niñas del país.

Agregó que en sus más recientes reportes, México se limitó a informar sobre la cantidad de cursos de capacitación y formación que se llevaron a cabo –que ascienden a más de mil 200–, y a “presumir” la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), como uno de los mayores logros a favor de las mujeres, pero nunca explicó las acciones en las que la norma se tradujo.

Al mismo tiempo lamentó que no se tenga registro del número de detenidos y procesados por delitos relacionados con la violencia de género.

Murillo puntualizó que el gobierno mexicano creó diversas comisiones para atender la violencia de género, pero éstas derivan en una disminución de la responsabilidad del Estado, pues tienden a retardar los procesos de acceso a la justicia, y a la vez “la dilación de tiempo convierte a los Estados en cómplices de los delitos”.

La antropóloga y feminista Marcela Lagarde llamó a la sociedad civil a retomar los informes “sombra” (alternos) de la CEDAW como una herramienta para avanzar en el logro de la igualdad sustancial entre mujeres y hombres, ya que estos además proponen soluciones específicas contra la violencia de género.

Recordó que la desigualdad es lo que causa la violencia brutal contra las mujeres, y apuntó que la LGAMVLV no tiene como objetivo castigar, si no crear una “política integral de Estado” para el combate de la violencia contra las mujeres.

Finalmente, Gloria Ramírez dio a conocer los informes “sombra” que contradicen lo expresado por el gobierno mexicano, pues estos sí definen las realidades adversas que padecen las mujeres y niñas.

Cerca del 85 % de madres en Ecuador sufre algún tipo de violencia de género

lainformacion

El 84,9 % de las más de 3,6 millones de madres que existen en Ecuador sufre algún tipo de violencia de género, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El director de este organismo, Byron Villacís, resaltó hoy en una rueda de prensa que esta cifra supera con creces el número de mujeres que sufre violencia de género, que en el país son seis de cada diez.

Para realizar este estudio, el Inec se basó en los resultados de los Censos de Población y Vivienda que se hicieron en el país en los años 1990, 2001 y 2010.

De las más de 2,7 millones de madres que sufren algún tipo de violencia en Ecuador, el 59 % es psicológica, el 44 % física, el 42 % patrimonial (que afecta alguno de sus bienes) y el 27 % sexual.

Por otro lado, Villacís señaló que cuando una mujer no tiene hijos su afectación de violencia es del 25 %, una cifra que se dispara hasta el 45 % cuando decide tener su primer bebé.

"A partir de ahí se va incrementando, es decir, hay una desafortunada relación con el número de hijos que tiene la mujer y el nivel de violencia que sufre, cuantos más hijos tiene más violencia sufre", subrayó Villacís.

El Inec presentó estos datos en vistas al Día de la Madre, que en muchos países de Latinoamérica, como Ecuador, es el segundo domingo de mayo, mientras que en España se celebró el primer domingo de este mes.

En Ecuador se consideran madres aquellas mujeres de doce años o más que tienen un hijo, la mayoría de ellas, el 71 %, son casadas o unidas con una persona, mientras que el 29 % no tiene pareja, y de estas el 9 % son separadas, el 3 % divorciadas, el 8 % viudas y el 9 % solteras.

En esa línea, destacó Villacís, el 3,4 %, es decir, 122.301 mujeres, son madres adolescentes y tienen sus hijos entre los 12 y los 19 años, de las cuales el 5,2 % son afrodescendientes, el 4,3 % indígenas, el 4,1 % montubias (campesinas de la costa), el 3,1 % mestizas y el 2,85 % blancas.

Sin embargo, Villacís enfatizó que si se compara el censo de 2001 con el del 2010 las mujeres retrasan la edad en la que tienen sus hijos.

Así pues, en el 2010 la franja de edad en la que las mujeres tuvieron más hijos fue de los 30 a los 39, con un 24 %, frente a las que contaban con entre 20 y 29, que fueron un 21 %. A su vez, cerca del 20 % fueron madres entre los 40 y los 49 años, mientras que alrededor del 14 % los tuvieron entre los 50 a los 59 años.

Asimismo, dijo, deciden tener menos bebés, por lo que el 44,5 % dan a luz entre uno y dos hijos, el 31 % tiene entre tres y cuatro, el 12 % entre cinco y seis, mientras que las que deciden tener más de siete bordean un 10 %.

Las provincias donde las madres tienen mayor números de hijos son las amazónicas, más de cuatro, seguida de Esmeraldas, mientras que el resto de provincias se mueve entre los tres y dos hijos, y el sitio donde las mujeres tienen menos descendientes son las Islas Galápagos, con 2,8.

Por otro lado, destacó el funcionario, el analfabetismo en Ecuador es del 6,8 %, pero en las mujeres se eleva hasta el 7,7 %, entre las madres sube hasta el 9,2 % y en las madres solteras hasta el 12,1 %.

Otro dato relevante, según Villacís, es que el 57,1 % de las madres vive en situación de pobreza, es decir, que no cubren sus necesidades básicas, frente al 53,8 % de las mujeres que no son madres.

Muchas de las madres, el 45,3 %, se dedica a los quehaceres domésticos, el 42,9 % trabaja, el 2,4 % tiene alguna discapacidad, el 2,2 % estudia y el resto se dedica a otras actividades.

De las madres que trabajan, la mayoría, el 22,9 %, se dedica al comercio, seguido de otras actividades como la agricultura y ganadería, labores del hogar, manufactura y enseñanza.

"La mujer está cambiando para participar menos en el hogar, estudiar más, trabajar más, retrasar el matrimonio y tener menos hijos y eso reconfigura el mercado laboral, porque tenemos más personas en edad, condiciones y necesidades de trabajar", sentenció Villacís.

Denuncian ante Cidh atentados contra los derechos de las mujeres en Colombia

EFE.- La Red Nacional de Mujeres de Colombia denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) el incremento de los casos de violencia contra la mujer y la falta de efectividad de las políticas del Gobierno para erradicar la vulneración de sus derechos.

"En Colombia aun persiste una alta cantidad de casos de violencia contra las mujeres, y pese a que existen normas para la protección, no se están implementando", expuso Linda Cabrera, abogada de Sisma Mujeres.

Según afirmó la peticionaria, el aumento de las amenazas contra las mujeres y contra las defensoras de derechos humanos se pone en evidencia con la experiencia de su propia organización, que desde su fundación en 1998 no había sufrido ninguna amenaza hasta 2010, momento de "presunta desmovilización paramilitar" en el país.

Entre el 70 y el 80 por ciento de las mujeres colombianas que sufre alguna agresión en el ámbito doméstico no denuncia su situación, y según la contabilidad de la Red Nacional de Mujeres, se dan 191 casos al día en todo el país, 8 a la hora.

En cuanto a los datos ofrecidos por las peticionarias en el 144º periodo de sesiones del organismo, añadieron que según sus reportes 47 mujeres sufren al día episodios de abuso sexual, mientras que se dan unos 8 casos al mes de abusos en el marco del conflicto armado.

"La respuesta del Estado es bastante deficiente, no existen políticas efectivas ni aplicación de la reglamentación de no violencia contra la mujer.

En algunos casos existen profusas medidas pero un incumplimiento sistemático de las mismas", añadió Cabrera. Además expusieron las violaciones contra el derecho a la salud reproductiva de la mujer en Colombia, y aseguraron que el 99 por ciento de los abortos que allí se practican son ilegales, lo que implica un alto riesgo para su salud.

Las peticionarias solicitaron a la Comisión que "continúe con el seguimiento a la situación de las mujeres en Colombia, que exprese su preocupación por la violación del derecho al aborto por funcionarios públicos y que lleve a cabo una visita para el seguimiento de la situación.

La asesora de la Alta Consejería colombiana para la Igualdad de la Mujer, Ana María Ferguson, representante del Estado, explicó que el Gobierno colombiano ya está llevando a cabo medidas enfocadas a poner fin a un problema "reconocido" en el país.

Ferguson explicó que la Adminitración del presidente Juan Manuel Santos ha triplicado el presupuesto para la Consejería para la Igualdad y ha elaborado diversas políticas encaminadas a una tolerancia de cero en cuanto a la violación de los derechos de las mujeres.

El representante de la Fiscalía General de Colombia, Néstor Armando Nova, afirmó que su organismo "está haciendo un estudio muy puntual sobre los atentados sexuales dentro del conflicto interno".

Además, el Estado anunció la entrada en vigor el próximo junio de nuevas políticas para trabajar sobre los casos de desigualdad y violencia contra la mujer.

República Dominicana: Violencia machista alcanza dimensiones de horror

Mirta Rodríguez Calderón
(SEMlac).- Sucesos de la última semana en Dominicana entristecieron a la gente y empiezan a provocar reacciones estatales y sociales.

Uno de los hechos fue el de un hombre que ahorcó a sus dos hijos menores para "castigar" a la madre de estos, mientras otro, en Hato Mayor pateó a su mujer al extremo de asesinarle en el vientre a la criatura que gestaba, su propia hija ya próxima a nacer.

Algunos editoriales de diarios impresos y digitales se hacen eco de la alarma. El matutino El Caribe tituló el viernes "Violencia pone al gobierno contra la pared", al tiempo que anunciaba un "encuentro cívico" en Santiago de los Caballeros, que encabezaría el presidente de la República. Santiago es la segunda capital del país, a unas dos horas de Santo Domingo.

Aunque hay alusiones y caricaturas sobre la violencia de género, el fenómeno se ha globalizado de tal forma que pandilleros, sicarios, asaltantes y hasta la propia policía ejercen como asesinos. La uniformada ha puesto de moda el matar en supuestos "intercambios de disparos".

El crimen a la bebita gestante y a su madre lo divulgó el blog Atacando, que dio la noticia y publicó fotos. Otro hecho espeluznante fue el de una mujer ultimada con un tiro en la vagina. Al parecer, las dimensiones de este horror suscitarán movilización y protesta crecientes. En el movimiento de mujeres se han cruzado numerosos mensajes de alarma.

El gravísimo problema gana importancia en el imaginario colectivo. La reiteración de sucesos de feminicidios y ataques a las mujeres tiene en vilo a la opinión pública.

Hasta la semana pasada habían ocurrido no menos de 140 asesinatos de mujeres, la inmensa mayoría realizados por sus parejas o ex parejas sentimentales, mientras que los homicidios en general llegaron a 1.216. Pero en el lapso de 40 días, a partir del primero de septiembre, los y las muertas sumaron 90 casos, según datos compilados por El Caribe y por SEMlac.

La cifra podría ser aún mayor en los casos de feminicidios, porque las formas en que se registran estos hechos en los centros policiales y hospitalarios parece ser insuficientemente confiable. Tan es así, que la representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, Sonia Vázquez, acaba de tener un encuentro con altos oficiales de la Policía en el cual se habría acordado ofrecerle al cuerpo armado asistencia técnica para estos fines.

En esa reunión, según informó Vázquez al Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional el jueves 8, "el Jefe de la Policía me dio la cifra de 140 muertas hace más de 15 días y el Subjefe habló hoy de 160".

Los sucesos más perversos

"Hombre le mata criatura en la barriga a mujer al caerle a patadas y trompadas en Hato Mayor". Así tituló los hechos el colega Manuel Antonio de la Vega, corresponsal y bloguero en esa provincia, a unos 100 kilómetros de la capital dominicana.

Acompañó su nota de una foto del feto y de la madre, Carolin del Carmen Rosario, una joven mujer del sector Punta de Garza, en el sur de Hato Mayor, en el hospital donde la intervinieron quirúrgicamente.

Para ella iba a ser su primer parto y tenía ilusión. Los médicos habían determinado hacerle cesárea y ella fue a pedirle apoyo económico al hombre. "Carolin del Carmen dijo a los investigadores que Jorge Luis Medina (EL Doble) constantemente vivía maltratándola y que en una ocasión le propinó una puñalada en el costado, que la llevó al médico".

El reporte de De la Vega dice también que "El Doble, como se conoce al agresor, tenía días de haber recobrado su libertad, tras cumplir varios años de prisión por venta de drogas. Fue apresado cuando se presentó al hospital a tratar de convencer a la mujer para que no lo delatara ante las autoridades por el crimen cometido".

Cuando una información de esta naturaleza transita por el talento y la sensibilidad de algún profesional de la comunicación, no hay objetividad que valga. La sensación de rabia y de impotencia sólo incita a reclamar de las autoridades una acción inmediata, la declaración de una normativa de emergencia, un minuto de silencio en el Congreso de la República seguido de un decreto mayor; un castigo -el más severo- para abusadores de esta calaña, sostienen periodistas.

Dos pequeños ahorcados por el engendrante

La otra noticia la divulgó el periódico El Sol de Santiago, de Santiago de los Caballeros, y tuvo lugar en Moca, provincia Espaillat, a unos 200 kilómetros hacia el norte.

El corresponsal Rafael Martínez anticipó el comentario de que -según sus fuentes- "el hombre estaba celoso y bajo los efectos de las drogas". Un individuo ahorcó en la madrugada de este domingo (día 4) a sus hijos menores, colgándolos del techo de su vivienda en el residencial Calac II de este municipio.

"Junior Rafael Hernández Trinidad, de 32 años de edad, usó una soga para colgar a Andy Rafael y Yoandy Rafael Hernández Núñez, de seis y cuatro años, respectivamente.

Los cuerpos de los dos menores fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, de Santiago, informó el fiscal adjunto Saturnino de Jesús Muñoz .Se indicó que el asesino tenía problemas sentimentales con su exmujer, con quien había procreado a los niños.

Reacciones y debates

Aunque todavía sin mayor repercusión en términos prácticos y visibles, los hechos descritos han extremado los sentimientos de angustia, de un lado, y de indignación de otro.

La gente más consciente, entre los cuales está la joven activista social Roslyn Cruz, considera que se debe convocar a todos los movimientos de mujeres y a la ciudadanía. "Hay que hacer algo y hay que hacerlo ya, con los sindicatos, las iglesias, monasterios y santuarios...con todas y todos...", dijo Cruz a SEMlac. Una parte de la curia dominicana también ha expresado alarma.

"Ojalá empecemos a marchar en todos partes del país por todas las muertes de cientos de mujeres víctimas de la violencia basada en género, por las fallas del sistema dominicano de justicia; por la inclusión del feminicidio como crimen en el Código Penal Dominicano; por el despertar de las propias mujeres ante lo que está ocurriendo en los hogares", afirmó la activista.

"El hogar sigue siendo lugar donde más se cometen los asesinatos de las mujeres a manos de sus parejas, por el solo hecho de ser mujer o por querer reclamar derechos", expresó Cruz.

Una intelectual y feminista conocida, Fátima Lorenzo, fue convocante en su declaración: "Creo que hay que tirarse a la calle: no hay explicación ante tanta brutalidad, es el día a día que nos deja sin aliento ante nuevos casos, cada vez más sanguinarios e irracionales".

En tonos más reflexivos se expresaron otras mujeres organizadas, aunque sus mensajes no trascendieron las redes sociales e institucionales. En la zona fronteriza con Haití de Dajabón, una marcha contra la violencia de género encendió ánimos y se dejó sentir.

La convocaron las organizaciones Solidaridad Fronteriza y el Instituto Católico de Relaciones Internacionales, en protesta por el aumento de los feminicidios.

La población dajabonera reclamó la unidad de todos los sectores para enfrentar el flagelo. En la caminata participaron monitoras de la Red Fronteriza Jano Siksè, de la Coalición Dajabonera de los Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil, según reportó el colega Miguel Tapia.

Hastiada la población del incremento incesante de muertes que no reciben el castigo urgente y ejemplarizante, muchas dominicanas y dominicanos lo expresan así: "Esto no puede seguir, no quiero escuchar más números, quiero que esto se detenga, que los y las responsables se pongan a la cabeza de la solución, no más salvajismo. Tenemos que estar alerta, estamos fallando como sociedad, comunidad, familia y como personas", dijo a SEMlac una joven que no se identificó.

Aunque algunas acciones se intentan, como la Campaña promovida por la Procuraduría de la Mujer, bajo el lema "Pégale a la pared", ellas siguen siendo golpeadas y asesinadas; violadas e irrespetadas en todas las formas imaginadas.

Violencia machista en Libia

Koldo Campos Sagaseta

Rebelión Días atrás, en Trípoli, una mujer irrumpía en medio de una rueda de prensa a la que asistían numerosos corresponsales extranjeros y denunciaba haber sido violada por una docena de soldados libios. Minutos más tarde la noticia, imágenes incluidas, estaba en todos los canales de televisión y primeras páginas del mundo como palpable demostración de la infamia del régimen libio.

No ha habido invasión imperialista en la que, a modo de cobertura moral, no se esgrima algún caso de violencia machista por parte del país intervenido que justifique la guerra. Siempre los medios de comunicación encuentran a mano un dramático caso que demuestre la discriminación que padece la mujer en el país invadido y a partir del cual deba colegirse que no hay mejor manera de evitarla que apelar a las bombas como argumento y a la guerra como razón.

Iraq tuvo su caso como Mayada tuvo su libro cuando la estadounidense Jean Sasson, en solidaridad con la prisión y los vejámenes que sufriera la iraquí, publicó el best-seller “Mayada, hija de Iraq”. En los días previos a la guerra, una joven o niña iraquí, creo recordar, llegó a declarar en el propio hemiciclo de Naciones Unidas las atrocidades de que había sido objeto por el régimen de Sadam.

También tuvo su caso Afganistán. La brutal agresión sufrida por la joven afgana Aisha, a la que su marido cortó la nariz y las orejas por huir de casa sirvió, por ejemplo, para que le restituyera recientemente el rostro la generosidad del gobierno estadounidense, país en el que reside desde que fuera rescatada por sus soldados; para que la sudafricana Jodi Bieber ganara el premio de fotografía World Press Photo el pasado año; y además, para que la revista “Time”, en su portada, junto a la desfigurada imagen de la joven afgana, argumentara en titulares: “Lo que pasa si nos retiramos de Afganistán”.

El mismo caso se ha dado en Irán… a la espera de ser ocupada. Sakineh Ashtiani, acusada de dar muerte a su marido con la complicidad de su amante y, según los medios, condenada a ser lapidada, salvó la vida gracias a la presión internacional que puso de manifiesto la barbarie del régimen iraní.

En Irán, a diferencia de otras irreprochables democracias árabes, la pena de muerte por lapidación, vigente en tiempos del inolvidable Sha de Persia, fue derogada, precisamente, por los ayatolas, pero este sólo es un apunte más de la grosera manipulación de los medios.

Libia no podía ser menos. El mismo día, curiosamente, en que un sicario asesinaba en Colombia a la jueza Gloria Constanza Gaona, que había denunciado presiones en el juicio que seguía a los tenientes coroneles del ejército colombiano James E.Pineda y Germán Belarcázar, así como a otros siete oficiales, por la violación y asesinato de tres niños de 6, 9 y 14 años, sin que los grandes medios de comunicación se enterasen del hecho, daba la vuelta al mundo la violación de una mujer libia.

La puesta en escena de este caso, así como su casual “oportunidad”, me invita a la legítima sospecha. Tampoco sería la primera vez que el fehaciente testimonio de hoy, pasado un prudencial tiempo, descubre la falsedad de su enunciado. Hace poco más de un mes reconocía el ingeniero iraquí Rafid Ahmed Alwan al Janabi, cuyas confesiones sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Iraq sirvieron de coartada para la guerra, que todo lo que había declarado era mentira.

Aclaro a los malpensados que, al margen de las dudas que me crea la veracidad del testimonio de la mujer libia, en absoluto estoy negando la discriminación y la violencia que padece la mujer en todo el mundo y, especialmente, en muchos países árabes. Para no salir del mundo árabe, otra irreprochable democracia como Arabia Saudita, apenas ayer, decidía seguir negando el derecho al voto a las mujeres so pretexto de que “no están preparadas”. En esa inmensa balsa de petróleo que algunos tienen por país y que, no por casualidad, es el principal aliado y socio de Occidente, tampoco votar es lo único para lo que las mujeres no están preparadas. Igualmente, las mujeres saudíes no tienen derecho a estudiar, a conducir automóviles o a salir solas a la calle, sin la compañía de un varón delante, entre otras carencias.

Lo que sí pretendo es que no se tome en vano el nombre de la mujer, que no se pretenda instrumentalizar su discriminación para fines igualmente repugnantes, que no se permita la burda manipulación que se hace de la violencia machista desde los medios de comunicación y al dictado de las necesidades que la guerra demande, para justificar ante la opinión pública, no sólo el genocidio sino la misma proliferación de esa violencia que, supuestamente, exigía la intervención. Hasta Naciones Unidas ha reconocido que, al igual que el cultivo del opio aumentó en Afganistán desde que el país fuera invadido, también la violencia machista ha crecido en los países ocupados.

De hecho, si algunas soldadescas ostentan el deleznable liderato de violaciones, en general impunes, éstas son las que comandan las propias Naciones Unidas y Estados Unidos en sus misiones de paz y humanitarias guerras, a pesar de la dura competencia que les hacen otros aliados o la innombrable Colombia.

Estados Unidos y Europa, que invadieron Afganistán o Iraq y hoy bombardean Libia antes de terminar por ocuparla, buscan hacerse con sus bienes, garantizarse espacios de influencia, alimentar la codicia de sus empresas, permitir el trasiego de sus recursos, instalar sus bases… A eso fue que llegaron y por eso es que están allí. A ello es que se debe la guerra. Y para hacerlo posible no han tenido empacho en aniquilar cientos de miles de vidas humanas de la manera más artera y cruel. Sus soldados, así representen a sus estados o a las Naciones Unidas, además de sembrar la destrucción, también se han destacado en el ejercicio de las más asquerosas lacras humanas que pueda imaginarse. Entre ellas, violaciones y torturas de mujeres, de niñas, en cualquiera de los países que con distintos pretextos ocupan.

La ginecóloga suiza Mónica Hauser dedicada a prestar asistencia a mujeres que han sufrido la violencia de la guerra, la violencia de ver destruidos sus hogares, la violencia de ver asesinados sus hijos, la violencia de la miseria, de ser ultrajadas, declaraba en referencia a la República Democrática del Congo, que los cascos azules de la ONU y el personal masculino humanitario no sólo no contribuían a la paz y el orden sino que eran parte del problema, y que las familias ya no mandaban a sus hijas a la escuela sino a la puerta de los cuarteles. Son incontables los casos de violaciones, de asesinatos, que han tenido como protagonistas, además de las niñas y las mujeres que la padecen, a tropas de paz en Haití, a soldados de la OTAN en los Balcanes, a los cascos azules en Africa y a soldados europeos y estadounidenses donde quiera que llegan.

Los miles de soldados imperiales desplegados en Iraq, Afganistán o Libia no han llegado a proteger a las mujeres de esos países de la violencia de una cultura machista que tampoco es desgracia exclusiva de esas naciones y culturas. Tampoco fueron a impartir talleres educativos en relación a la violencia machista o a implementar sistemas de formación escolar que hagan posible superar esas violentas conductas. Si así fuera no tendrían que haber ido tan lejos. Si lo que pretendían era prevenir o castigar la violencia machista podrían haber invadido sus propios países, haber intervenido, por ejemplo, el Estado español o cualquiera de las democracias europeas o los Estados Unidos, donde los crímenes machistas siguen estando a la hora del día. Si enfrentar la violencia machista fuera realmente una válida razón para no salir de Iraq, de Afganistán o Libia y, en consecuencia, la razón de haber llegado, no eran soldados los más indicados para tal cometido.
Debieran haber enviado contingentes de educadores, de asistentes sociales, de maestras y pensadores, de psicólogos, de personas cualificadas y capaces de ayudar a esas sociedades a reconducir la visión y el papel de la mujer por espacios de justicia, equidad y respeto.

Si enfrentar la violencia machista fuera, en verdad, la razón que justifica invadir y ocupar, ahora Libia, antes Iraq y Afganistán, no eran bombas, ni tanques, ni armas, los instrumentos capaces de contribuir con esa cultura a superar esa sexista violencia, sino libros, material didáctico, recursos económicos y, sobre todo, ejemplo.

La única manera en que podremos influir para que vayan superándose cualquiera de las tradiciones o costumbres en otras culturas que, a nuestros ojos, resultan repugnantes, es el ejemplo que les brindemos desde modelos de convivencia más abiertos y tolerantes, desde sociedades más participativas y justas, desde intercambios más igualitarios y respetuosos.

Y de más está decir lo lejos que estamos de servir de ejemplo. No sólo no hemos sido capaces de ofrecer conductas alternativas que les sirvan de modelo, sino que nos hemos convertido en paradigma de todas las vilezas que, supuestamente, rechazamos; en verdaderos maestros de todos los horrores que aseguramos aborrecer y en los principales sostenedores de su miseria.

España: LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ES UNA PANDEMIA

Tatiana Martínez Hernández

Mujeres Unos segundos antes de descolgar el teléfono, el pasado viernes, salta el teletipo con la noticia que nunca se quiere leer: una nueva mujer acaba de ser asesinada por su pareja. Esta vez, en Tenerife. A pesar de la terrible escalada de violencia de género en España, Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación Internacional y luchadora por la igualdad desde hace más de dos décadas, no da la batalla por perdida: “Queda mucho camino, pero se han producido mejoras muy importantes en un corto espacio de tiempo. El cambio hay que medirlo en la actitud social, en que realmente la sociedad comienza a rechazar y a aislar al maltratador”, dice convencida.

Cada vez más recursos, más campañas, pero cada vez también más casos de maltrato. ¿Qué falla?

-Creo que las personas que hemos estado trabajando contra la violencia de género desde hace años y que tenemos cierta perspectiva de tiempo éramos absolutamente conscientes de que la lucha contra la violencia machista era un camino muy largo y costoso. Los esfuerzos, por lo tanto, de tantos siglos de discriminación, silencio, violencia, no se pueden medir a corto de plazo, de año en año. Sinceramente, creo que estamos haciendo lo que debemos, que es sacar a la luz y denunciar los casos que existen, arrinconar a los maltratadores, señalarles con el dedo. Sí que es verdad que se puede tener la sensación de que algo falla, pero estoy convencida de que vamos por el camino adecuado.

Hace poco declaró que “ha empezado la cuenta atrás para acabar” con el maltrato. ¿Se trata más de un deseo o hay algún dato que sustente esta afirmación?

-Nunca se puede caer en una sensación de triunfalismo hablando de estos temas mientras haya una mujer que muera asesinada a manos de su compañero. Pero en un periodo muy breve de la historia española se han producido avances importantes.

Hace 25 años en este país las asociaciones de mujeres trabajábamos por abrir casas de acogida para maltratadas. Intentábamos también que la sociedad entendiera que quien tenía que huir era el maltratador y no la maltratada; trabajábamos pidiendo medidas de protección, para que se recibieran las denuncias en las comisarías.

Yo he acompañado a muchas mujeres a declarar a juicios e iban solas, mientras veías al maltratador que se pavoneaba por el juzgado acompañado de su círculo familiar.

Eso ha cambiado radicalmente. El maltratador comienza a agachar la cabeza y las víctimas están arropadas. El cambio fundamental hay que medirlo en la actitud social, en que realmente la sociedad comience a rechazar, a aislar la violencia machista. Hemos nacido y vivido en una sociedad en la que las mujeres morían asesinadas en casa por sus maridos, pero no formaban parte de una noticia ni de una estadística.

Todo ese camino recorrido aquí parece un imposible en los países en vías de desarrollo ¿Qué trabajo hace Cooperación en este área?

-En los países en los que trabajamos las mujeres sufren una doble discriminación: el de ser ciudadanas de países pobres y el de ser mujeres. Trabajamos apoyando a organismos multilaterales de desarrollo. España ha sido el primer donante de la recién creada ONU-Mujeres. En Camboya, otro ejemplo, el primer sector en el que trabajamos es el de género, directamente con el gobierno para poner en marcha casas de acogida para maltratadas, para que en las comisarías se reciban las denuncias y se trate adecuadamente a la mujer. Tenemos programas muy completos, pero la política de género es transversal. Yo suelo decir que todo tiene género. Nuestra política de agua en desarrollo tiene género: cuando no hay agua potable en un municipio las que dejan de ir al colegio son las niñas porque son las que acarrean el agua.

Las cifras son escalofriantes.

-Por eso decimos que la violencia de género es una pandemia. Luchamos contra el sida, la malaria, el cáncer... Pero hay una pandemia mayor que mata mucho más a las mujeres que cualquiera de las nombradas. Lo dice la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La primera causa de muerte en mujeres de 15 a 44 años es la violencia que sufren por ser mujeres.

Hay otras víctimas más olvidadas, que son los hijos.

-En el caso de la violencia a la mujer no hay una sola víctima, hay tantas como hijos tenga la pareja. Les marca de forma absolutamente profunda. Hay personas que no logran encontrar una mínima estabilidad en su vida por la situación de violencia que han padecido durante su infancia en casa.

Fuente: diario vasco.com

Estrategia para erradicar la violencia contra las mujeres en Colombia

Fabiola Calvo Ocampo

SEMlac.- Con el propósito esencial de ayudar a erradicar todo tipo de maltrato hacia las mujeres, fue presentada La Estrategia de comunicaciones del Estado colombiano para prevenir la Violencia contra la Mujer.

Este plan tiene como objetivos dar a conocer las disposiciones contenidas en la Ley 1257 de 2008 por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y el Auto 092 de 2008 que protege a las mujeres en situación de desplazamiento, según resumen ejecutivo suministrado por los organizadores del evento.

Esa normativa, presentada y defendida en el parlamento por la bancada de mujeres, y el mencionado Auto -que protege los derechos fundamentales de las afectadas por el desplazamiento forzado a causa del conflicto armado- son logros jurídicos que esperan aplicación real del Estado y compromiso de la sociedad.

La Estrategia también pretende motivar a funcionarios/as para que cumplan con las obligaciones a su cargo establecidas en la Ley y el Auto, a fin de contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres; informarlas sobre el derecho a vivir una vida libre de violencias, para que lo hagan exigible frente a las autoridades y la sociedad en general, y motivar a la ciudadanía para que se ayude a erradicar actos de esta naturaleza.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo durante el acto que entre los más de tres millones de personas desplazadas, 49 por ciento son mujeres, y llamó a que se apoye el proyecto de Ley de Victimas y tierras que el gobierno presentó el pasado septiembre al parlamento, puesto que, a su juicio, las mujeres serán las más beneficiadas.

El gobierno orientó que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras les dé prelación a las mujeres cabeza de familia que perdieron sus tierras como consecuencia de hechos violentos.

La Estrategia de comunicación tuvo serias críticas de diferentes organizaciones de comunicación popular y de mujeres, debido a la presencia de conceptos como el de maltrato en lugar de violencia, por referirse a "nuestras mujeres", "mi mujer".

El documento, presentado en el mes de la Lucha por la No Violencia contra las mujeres, abre caminos, pero sigue "cojeando" por el presupuesto, de acuerdo con una fuente que pidió el anonimato, según la cual la asignación es de 1.000 millones de pesos, "cifra que puede asfixiar la buenas intenciones". (Un dólar equivale a 1.800 pesos).

Colombia es un país donde se manifiestan cifras que denotan un alto grado de violencia contra las mujeres, en un contexto de largo conflicto armado.

El Instituto Nacional de Medicina Legal recibe diariamente 120 denuncias de mujeres maltratadas por su pareja, cifra que no representa la realidad porque la mayoría no formula denuncia por vergüenza, miedo o por desconocimiento de sus derechos y de las instituciones que las pueden atender.

La misma fuente reporta que, cada dos horas, se registran tres casos de violencia sexual contra las mujeres, de las cuales 60 por ciento son niñas entre cinco y 14 años.

Según el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Policía Nacional y los organismos internacionales, entre el 90 y 98 por ciento de las víctimas de trata de personas son mujeres. El DAS estima que entre 45.000 y 55.000 colombianas víctimas de la trata están en el exterior.

Y Acción Social asegura que el 70,2 por ciento de la población en situación de desplazamiento en Colombia son mujeres, niñas y niños menores de 18 años.

El Informe Defensorial de 2008 sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en situación de desplazamiento, publicado por UNIFEM, señala que 31,7 por ciento de las mujeres encuestadas manifestó que la causa del desplazamiento fue la violencia sexual contra ella o algún miembro de su familia.

La Estrategia fue presentada por el Comité Interinstitucional de Comunicaciones del Estado Colombiano en materia de Violencia contra la Mujer, liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Programa Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional; adicionalmente, cuenta con el apoyo del Programa Integral contra Violencias de Género.

El Comité está conformado, además, por los ministerios de la Protección Social, del Interior y de Justicia (Dirección de Acceso a la Justicia, Asuntos Indígenas y Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palanqueras y raizales), Cultura, Educación Nacional, Defensa y Comercio.

Lo integran, también, Industria y Turismo, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Nacional de Aprendizaje y la Policía Nacional.

El cuerpo de las Mujeres: otro territorio de los represores

Mónica Molina
AmecoPress.- “Me levantaron el pantalón y después de ser abusada me dejaron sola en la camioneta”, son algunas frases que, con mucho dolor han expresado las mujeres víctimas de los torturadores pampeanos: Roberto Esteban Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Athos Reta, Oscar Yorio, Néstor Bonifacio Cenizo, Carlos Reinhart, Hugo Marenchino.

“Me encapucharon y golpearon”, “perdí quince embarazos”, “guerrillera peligrosa”, “esta es tortillera, y pararon el manoseo”, “cuando me llevaron a la oficina no podía reconocer mi cuerpo...”, “me levantaron el pantalón y después de ser abusada me dejaron sola en la camioneta”, son algunas frases que, con mucho dolor han expresado las mujeres víctimas de los torturadores pampeanos: Roberto Esteban Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Athos Reta, Oscar Yorio, Néstor Bonifacio Cenizo, Carlos Reinhart, Hugo Marenchino, en el juicio que comenzó en La Pampa.

Agosto arrancó con viento sur, más frío que otros inviernos y, con un hecho histórico para La Pampa: el juicio por violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1976 y 1983. Muy temprano, en la mañana del 2 de agosto, los y las que siempre estuvimos y, afortunadamente muchos más marchamos hacia la sede del Colegio de Abogados donde se está realizando desde hace dos semanas el juicio a los represores pampeanos.

Pasaron 34 años, para que las víctimas pudieran encontrar un espacio de justicia a los vejámenes cometidos contra su persona. El juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal, fue quien instruyó las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar.

Los hechos que se investigan comprenden al personal o “grupos de tareas” que se desempeñó bajo el control del Primer Cuerpo del Ejército o sometido a él, ocurridos en el ámbito de la Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires y en el territorio pampeano.

La causa por la que se juzgan a los acusados reúne veintiocho casos. Los testimonios son duros, como duras fueron las situaciones que padecieron las víctimas, entre ellas, las mujeres. Todas ellas sufrieron, al igual que otras en el resto del país, el secuestro, la tortura, las humillaciones y las atrocidades más denigrantes que puedan perpetrarse contra la dignidad humana. Una dimensión que cobra relieve es el ensañamiento que tenían los torturadores con el cuerpo de las víctimas mujeres. Muchas estas mujeres, guardaran para sí el horror vivido, porque las marcas son imborrables.


Las pérdidas, las marcas en el cuerpo

Ana María Martínez Roca, relató por primera vez frente al tribunal Federal lo que vivió durante su detención en el 75. Fue golpeada y encapuchada durante su detención ocurrida en Buenos Aires, junto a quien era en ese momento su compañero de vida, el historiador Hugo Chumbita. Ana María, era arquitecta y había llegado a La Pampa buscando trabajo en el Instituto Autárquico de la Vivienda, pero la dictadura pretendió para ella otro desenlace.

Tras su detención la trasladaron a Santa Rosa, recordó al cura Espinal y a Luís Baraldini, éste último se desempeñaba como mayor y era el entonces jefe de la policía pampeana a cargo de la parte operativa del grupo de tareas en la llamada “lucha contra la subversión”, actualmente está prófugo de la justicia. A Ana María, las torturas, le hicieron perder el embarazo, pero también contó, que perdió a lo largo de su vida quince embarazos como consecuencia de los tormentos.

En declaraciones a Radio Noticias, Miguel Palazzani, abogado querellante en la causa sostuvo que: “Los vejámenes a las mujeres son una forma de tortura. Deben investigarse como delitos de lesa humanidad. Es una tortura y debe investigarse como una tortura", en alusión a la denuncia sobre abuso sexual que hizo Stella Maris Barrios en su testimonio.

El fiscal Jorge Bonvehí, argumentó que detenerse en la denuncia del abuso sexual, era “dispersar esfuerzos” y que, era conveniente hacerlo después de que concluyan las audiencias, no obstante, la fiscal Federal, Marta Fernández de Odasso, abrió una causa de oficio. El caso de Barrios, es la primera causa que se deriva fuera de los 28 casos que dan origen a esta causa penal.

Barrios, fue detenida en General Pico en abril de 1976, a pesar del miedo y la vergüenza, pudo contar que fue víctima de abuso sexual, identificando a los represores Roberto Fiorucci y Carlos Reinhart, dejó de lado los detalles para relatar que, luego de ser esposada y vendada, la llevaron a dar vueltas en auto o camioneta y, cuando pidió de ir al baño, fueron sus represores quienes le bajaron los pantalones hasta que orinara.

Sobre aquél momento, Stella Maris, testimonió que: “me quedé esperando que me subieran el pantalón, pero empezaron a pegarme en la cara, como si estuviera provocando, cuando como estaba esposada por la espalda, no podía levantarme el pantalón. Hubo manoseos, relató la mujer, “aprovechemos” decían ellos. Prefierió no ahondar en detalles, pero quedó claro en su narración que fué víctima de abuso sexual por parte de los represores.

Las vejaciones a las mujeres, no han sido analizadas desde la condición de género

Las más atroces vejaciones a las mujeres, no han sido analizadas desde el punto de vista de la condición de género en los juicios, arista relevante a la hora de condenar a los torturadores. Estos aspectos fueron abordados en una nota realizada por Susy Carranza de FM Sur, publicada en El diario de Córdoba. En el artículo “Género y derechos Humanos: las mujeres en los campos”, el Dr. Fresneda, entrevistado sostuvo que en los alegatos se tendría en cuenta la cuestión de género. “Esto surge de los testimonios de las testigos”, recalcando que “además de ser torturadas física y psíquicamente son convertidas en objetos sexuales.”

En la misma nota periodística, Carranza entrevistó a Soledad García, ex presa política detenida en Devoto, quien sostuvo que: “las asimetrías, la desigualdad, la discriminación a las mujeres se vió de manera brutal en las detenciones y el trato a las secuestradas: tortura de niños frente a sus madres, violaciones sistemáticas, denigraciones mediante el lenguaje tratándolas de "locas, putas, conquistables".

También, Graciela Daleo, ex detenida y presa política, entrevistada hace unos años para el programa Género, emitido por Canal 3 de La Pampa, afirmaba como los represores tenían mayor ensañamiento con las mujeres y, las humillaban ante las instancias más íntimas como el hecho de pedir una toallita higiénica, propia por la condición de mujer.

Sobre el ensañamiento, no hacen faltan detalles, pero los testimonios algunos con más detalles, otros con sin poder poner palabra a tanto dolor, corroboran las violaciones cometidas. Zelmira “Miyi” Regazzoli, era la hija del gobernador, estuvo en la seccional primera y también en Devoto, si bien negó haber sido torturada, uno de los testigos ratificó que todas las personas habían sido torturadas, en cambio “Miyi” vió como torturaban a otras presas políticas, entre ellas a Raquel Barabaschi.

Zulema Arizó, fue detenida en mayo de 1978, era docente de la escuela rural de Arbol Solo, estaba embarazada de tres meses, llegó al juicio acompañada de su hijo, que ahora tiene 31 años. “Me pedían que hablara para deleitarse haciéndome sufrir”, relató frente al Tribunal, mencionando a los represores Reinhart y Fiorucci, éste último hermano de la directora de la escuela donde ella daba clase. Contó que la tuvieron encerrada un mes en un sótano y que “me pegaban patadas, me amenazaban de muerte”.

Como a tantos a Zulema, le arrebataron el sueño de ejercer la docencia en una escuela rural, paradójicamente la secuestran el 23 de mayo, día del Trabajador/a de la Educación. “No sé por qué ni para qué me secuestraron y me hicieron todo eso. Ellos entraron a la habitación en medio de la noche, con unos faroles grandes y me encandilaron, me pidieron que me vista y me vendaron los ojos. Si la directora que era hermana de Fiorucci, quien comandaba el grupo de tareas, tenía algún grado de complicidad con ellos, no lo sé”, expresó ante la prensa en oportunidad de ser homenajeada por la Cámara de Diputados de La Pampa.

Raquel Barabaschi, es un caso emblemático por la lucha que llevó adelante impulsando el juicio de la Subzona 14 en esta provincia. Al momento de su detención, en diciembre del ´75 y, la posterior en marzo del ´76, era estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional, con sede en General Pico, fue secuestrada junto a otras/os de la universidad. “Estuve en una celda con Rosa Audisio y Mireya Regazzoli, ahí un solo día hasta que me llevaron a un lugar que era una oficina que no tenía ventanas. No tenía colchón y tenía que dormir sentada”, dijo en su testimonio.

“Recuerdo que tenía panatalón de jean y una camisa blanca. Me desprendieron los botones y el corpiño y comenzaron a manosear. Me tomaron el cierre del pantalón y empecé a temblar, en ese momento escucho: esta es tortillera. Y pararon el manoseo, yo tenía 20 años y no sabía el significado de esa palabra. Esta gente es homófica y tal vez, por eso no me violaron”, narró Raquel frente a los jueces.

Agua que no has de beber. Pedía a gritos, pero no podían las celadoras darle agua porque había sido picaneada poco antes y debían pasar 48 horas para beber. “Las dos celadoras Storck y Toldo, me traían pañuelos mojados y me recostaban en sus brazos, ahí me confirmaron que los que torturaban eran Fiorucci, Cenizo, Reinhart, Constantino, tres militares de los que solo conocía a Baraldini”, en abril del 76 fue liberada, pero con libertad vigilada, tenía que volver a Winifreda, “solo quería bañarme, sacarme de encima el horror, el manoseo, la tortura”, dijo.

Las violaciones a los derechos humanos cometidos sobre las mujeres, aún no tienen una mirada desde la perspectiva de género a la hora de juzgar los delitos de lesa humanidad, muchas situaciones vividas por presas políticas han sido la expresión más extrema del patriarcado, usando la violencia sexual, entre otras como un arma política, como expresa en su libro”Masculino-Femenino”, la antropóloga francesa, Francoise Héritier.

A partir del 23 de agosto se reanudaron, en el recinto del Colegio de abogados de la provincia de La Pampa. Más testimonios para desnudar la hipocresía de quienes sin más anduvieron por la calle, en parte, amparados por la desidia de gran parte de la sociedad pampeana.

Defensora del Pueblo insta a mujeres víctimas de violencia a denunciar maltrato...

ABN.- La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, hizo un llamado a todas las mujeres que son víctimas de la violencia de género a denunciarlo ante las autoridades, puesto que la legislación venezolana protege los derechos de las mujeres.

Indicó que el silencio de una víctima no la beneficia ni a ella ni a su familia, y recordó que ahora la denuncia puede hacerla cualquier familiar e incluso su médico tratante.

Con respecto al caso de la joven Jennifer Viera, quien fue asesinada por su esposo, el boxeador Edwin Valero, señaló: “No sólo se debe ver como el caso de la esposa del Inca Valero, sino el caso de Jennifer Viera, una mujer que fue víctima de violencia por parte de su pareja”.

“El hecho de que la ley no baste es precisamente porque en la construcción social se legitima ese discurso agresor y reproductor de la violencia, cuando hablamos de 'la esposa de' legitimamos la concepción del agresor de que esa mujer era 'suya'. No podemos seguir replicando ese tipo de discurso”, dijo Ramírez.

La defensora expresó que Venezuela “es vanguardia en la defensa de los derechos de las mujeres. La cobertura de este evento tan triste y la vida tan breve de esta mujer, esta joven madre, puede servirnos para decirles a las demás mujeres, a las familias, que es importante denunciar y apoyar a los órganos de administración de justicia para que se salve no sólo la vida de la mujer, sino también a los niños, para que no queden solos”.

La defensora del pueblo participó este miércoles en el Primer Seminario Internacional, Sexualidades, Diversidad y Derechos Humanos, donde delegaciones de Cuba, España, Nicaragua, México y Uruguay analizarán durante tres días los alcances en la lucha por la inclusión de estas personas, así como la evolución de sus legislaciones para hacer posibles estos derechos.

Defensora del Pueblo de Mérida: Muerte de esposa de Edwin Valero debe llamar a la reflexión

ABN.-
La Defensora del Pueblo del estado Mérida, Alide Peña, manifestó que la muerte de la esposa de Edwin Valero debe llamar a la reflexión por lo que lamentó este nuevo hecho de violencia de género.

Durante un contacto telefónico realizado este domingo con Venezolana de televisión (VTV), señaló que “este es un caso que debe llamar a la reflexión, sobre todo a los órganos competentes en la materia, para que en el momento de toma de decisiones, las mismas sean las más adecuadas. Siempre debe prevalecer la integridad física de este sector protegido por el Estado, sea quien sea el agresor se debe aplicar las medidas correspondientes”.

En ese sentido, Peña indicó que en este caso, al 'Inca' Valero se le debe realizar exámenes psicológicos y psiquiátricos para corroborar la condición en que se encuentra el ciudadano y, si requiere de un tratamiento especial en materia de violencia de géneros o familiares.

Refirió que “en ningún momento han tenido contacto con los familiares de la cónyuge, Jennifer Carolina Viera de Valero'. No se sabe si a partir de esta semana los familiares van a acudir a la defensoría, por lo que agregó que estarán a disposición, dentro de las competencias, para ayudar a resolver cualquier situación.


Peña destacó que entre las acciones a corto plazo que realizará la Defensoría del estado Mérida está hacer un llamado a la Fiscalía de la República o al organismo competente, que investigó el caso, a fin de conocer cuáles fueron las medidas cautelares que dictaron en su momento.

Este domingo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) confirmó la detención del boxeador Edwin “Inca” Valero por estar presuntamente involucrado en la muerte de su esposa, Jennifer Carolina Viera, hecho ocurrido en Valencia, estado Carabobo.

En ese sentido, el director del CICPC, Wilmer Flores Trosel, relató que la pareja se encontraba en el Hotel Intercontinental Tacarigua, en Valencia, y el boxeador salió de su habitación a las 5:30 de la mañana para informar en la recepción sobre el hecho que había cometido, inmediatamente después el personal de seguridad del recinto corroboró el asesinato.

El púgil, nativo del estado Mérida, se encontraba bajo régimen de presentación y se encontraba en tratamiento para la adicción. Hace un aproximado de dos meses fue detenido por maltrato a su esposa y puesto en libertad por un tribunal.

Ministerio Público imputará a representante del Circo Tihany por violencia a la mujer

Correo del Orinoco

El Ministerio Público imputará al representante del Circo Tihany, Ricardo Massone, por estar presuntamente incurso en delitos de violencia contra la mujer.

La información fue divulgada por la Fiscalia General de la República, donde se explica que la Fiscal 128° del Área Metropolitana de Caracas, Mariela Cabeza, convocó al ciudadano para el próximo viernes 23 de abril, a las 9 am ante el Ministerio Público, donde se le imputará los delitos tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Dicho proceso legal se inició cuando la ciudadana rusa, Shamssheeva Svetlana, denunció al representante del circo, por presuntamente ser víctima de violencia psicológica, acoso y hostigamiento, por parte de Massone, cuando fungía como domadora de animales domésticos en el circo.

En tal sentido, el Ministerio Público acordó medidas de protección y seguridad a favor de la denunciante, conforme con lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En dichas medidas se le prohíbe a Massone realizar actos capaces de afectar la estabilidad emocional y laboral de la dama, además de quedar protegida contra amenazas escritas o verbales por él o terceras personas.

El representante del circo Tihany, adquirirá todos los derechos consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo establecido en los artículos 124, 125, 130 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal, (COPP) que le permiten solicitar y evacuar pruebas y diligencias a su favor.

F/MP
T/Ángela Riera

Las inmigrantes, más desprotegidas con la nueva Ley de Extranjería

AmecoPress

La nueva Ley de Extranjería fue aprobada el pasado 26 de noviembre con el respaldo de PSOE, CIU y Coalición Canaria y la oposición de las más de 500 organizaciones sociales que han mantenido el pulso con el Gobierno desde que comenzó el trámite de la reforma, la cuarta de los últimos 9 años y que han denunciado el retroceso en materia de derechos humanos que implica esta reforma.

Después de haber pasado el filtro del Senado por un solo voto más a favor, el Congreso de los Diputados dio el espaldarazo definitivo al texto. Las organizaciones se manifestaron en la calle y presentaron sus enmiendas, algunas de ellas incorporadas a la ley, pero no han conseguido que se modifiquen los puntos que han generado un mayor rechazo como la ampliación hasta 60 días de los periodos de detención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) donde las personas inmigrantes permanecen los días previos a su deportación, y cuyas condiciones han quedado en entredicho en un informe publicado recientemente.

Víctimas de violencia de género

Tampoco ha habido cambios en las limitaciones en la reagrupación familiar, en la apertura de un expediente de expulsión a las víctimas de la violencia de género sin papeles que decidan denuncian a su agresor o en el incremento de las sanciones por estancia irregular. Según Amnistía Internacional, continúa la desigual protección a los derechos humanos de las inmigrantes víctimas de violencia de género, especialmente en el caso de las mujeres reagrupadas en España por su agresor y las que se encuentran en situación irregular.

Tener que acreditar la condición de víctima de violencia de género únicamente a través de la denuncia o de la orden de protección concedida como requisito para acceder a centros de acogida o servicios de tratamiento psicológico prolongado, es un obstáculo para aquellas mujeres que por miedo u otras circunstancias no interponen la denuncia.

La consecuencia es que las mujeres con más necesidad de un apoyo especializado son derivadas a recursos que no les sirven. Hay importantes barreras para que las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género accedan a una autonomía económica que les facilite salir del ciclo de violencia.

“Ni las autorizaciones de residencia independientes para mujeres reagrupadas por su agresor ni las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales para víctimas de violencia de género en situación irregular llevan aparejada una autorización de trabajo, por lo que en la práctica son de escasa utilidad”, señala Itziar Ruiz-Giménez, especialista en inmigración y refugio de Amnistía Internacional.

En ese sentido, según las organizaciones CEAR, Cáritas y Red Acoge, la nueva Ley de Extranjería “mantiene los recortes en el derecho a la reagrupación y somete a una situación de desamparo a las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de género, así como el incremento de las sanciones contra la población extranjera de forma desproporcionada, que pueden llevar a su detención, internamiento o expulsión y la ampliación del plazo de internamiento hasta 60 días”.

Sara Tajuelo, portavoz de Convergencia entre Culturas, denuncia que en la nueva Ley de Extranjería “no se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive por sobreseimiento provisional”.

La feminización de los procesos de migración

El rol que juegan las mujeres en los procesos de migración ha cambiado en todo el mundo, ahora son ellas quienes inician las cadenas migratorias y las que realizan importantes transformaciones en la vida de la población inmigrante y los países receptores. Anteriormente ellas migraban reagrupadas por otro familiar, ahora ellas inician las cadenas migratorias. En la actualidad el 58 por ciento de las personas migrantes del mundo son mujeres.

El 21 por ciento del total de las mujeres que han migrado a España se concentran en Madrid, de igual forma son las mujeres quienes representan más del 50 por ciento de la población que ha migrado al país. La población más numerosa son las mujeres provenientes de América Latina, quienes emplean su fuerza laboral principalmente en servicios domésticos y trabajos no cualificados.

El 70 por ciento de mujeres migrantes trabajan en el servicio doméstico o como cuidadoras. Ucrania, Marruecos, Bolivia y Polonia ocupan las principales nacionalidades de las mujeres que desempeñan su trabajo dentro de este sector. La ley vigente española que protege los derechos de las mujeres migrantes no se respeta, y mucho menos en el caso de las mujeres que son internas, pues según el decreto de1985, el cual regula esta actividad, una familia puede restarle hasta 45% de su salario a una mujer por vivir con los patrones.

Numerosas organizaciones afirman que en la mayoría de las ocasiones, las mujeres inmigrantes se enfrentan a una doble discriminación: por ser mujeres y por ser inmigrantes.

“Las leyes de extranjería establecidas actualmente afectan significativamente la vida de las mujeres extranjeras pues retrasa y obstaculiza los procesos de reagrupación familiar”, afirma Sara Tajuelo. “Se trata de un nuevo ejemplo que muestra la cara macabra de una ley cuya dirección está encaminada a una cruenta extorsión de los derechos humanos”

Nuevo modelo de sociedad

Las organizaciones que se han manifestado en contra de la Ley de Extranjería insisten en la necesidad de luchar porque las personas inmigrantes sean reconocidas como ciudadanas en una apuesta decidida por la integración social y la aplicación universal de los derechos humanos. No se trata tan sólo de una reforma jurídica, se trata de la expresión de un nuevo modelo de sociedad distinta, que apueste decididamente “por la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales, y por una visión integradora de la migración”, manifiesta Cear.

La portavoz de Convergencia entre Culturas destaca que la recientemente aprobada Ley de Extranjería “está articulada por puntos que amputan la solidaridad pretendiendo multar a todas aquellas personas que alquilen una vivienda a “ilegales” y que acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros”.

“Del mismo modo”, continúa Sara Tajuelo, “estamos preocupados profundamente porque en toda Europa se está empezando a responsabilizar de la crisis económica actual a la inmigración, olvidándonos de los verdaderos responsables: las grandes compañías, los bancos, los mismos que siguen ganando miles de millones de euros…todo este paisaje muestra un tipo de terrorismo y atropello de seres humanos que, en muchos casos, arriesgaron sus vidas presos del hambre y de la amputación de sus derechos en los países de origen”.

Desde Convergencia “proponemos la creación de ámbitos de intercambio para fomentar el diálogo hacia la convergencia entre culturas, poniendo la mirada en los aspectos positivos de cada una y en lo que tenemos en común. Proponemos la acción conjunta hacia la construcción de un futuro donde el ser humano prime por encima de los intereses particulares de cualquier tipo”.

Una de cada tres Mujeres sufre Violencia

Fuente: ANSA

Una de cada tres mujeres en el mundo sufre de algún tipo de violencia basada en género, afirmó la jefa para América Latina y El Caribe del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Gladys Acosta, en una conferencia en Caracas.
"En el mundo hay mucha más violencia de la que sale a la luz, una de cada tres mujeres sufre de violencia", señaló Acosta al intervenir en la Conferencia Global del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) sobre Violencia de Género, que reúne a más de 60 expertos de todos los continentes.
El evento, analizó las políticas, acciones y estrategias a seguir para lograr cambio de actitudes y conductas que permitan reducir el fenómeno.
Entre otros puntos, se abordó el tema de la elaboración de estadísticas, sus dificultades y los métodos a seguir para recopilar y sistematizar los datos de manera uniforme en todos los países, así como su seguimiento.
Acosta comentó que "en Venezuela los índices (de violencia) son altísimos", pero confió en que se reduzcan por la atención que se le está prestando al problema, ya que el país "tiene una infraestructura jurídica para lograrlo".

Al respecto, la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, María León, resaltó que la Constitución de 1999 estableció que el trabajo del hogar debe ser remunerado y luego en 2006 se aprobó una Ley Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
León informó que su despacho realiza esfuerzos para "cambiar la imagen de debilidad" que tienen las mujeres con tareas educativas y de activismo en contra de la violencia a la mujer en 25.000 puntos del territorio.
Según indicó, las denuncias de violencia de género crecieron de 15 a 45 diarias luego de que el despacho abrió una línea telefónica para ello. En el último año los tribunales venezolanos registraron 101.000 denuncias de violencia contra la mujer, según datos de la Fiscalía.
Por su parte, Winnie Byanyima, directora del Grupo de Género de la Oficina de Políticas para el Desarrollo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pidió subsanar la poca capacidad de medición que existe para tener indicadores que permitan "reportar el impacto positivo de las políticas aplicadas a favor de la mujer".
Byanyima también elogió los pasos que vienen dando las autoridades locales. "Venezuela ha tomado las riendas de los mecanismos institucionales para hacer progresar a la mujeres", dijo