Isabel Serrano
AmecoPress.- Una vez más, malos tiempos para las mujeres y para la libertad. No somos libres si no podemos decidir sobre nuestra intimidad, nuestros cuerpos y nuestras vidas. El debate actual sobre el aborto resurge, y resurgirá, mientras los fundamentalismos religiosos, no mayoritarios pero sí muy poderosos, impongan su interpretación moral, autoritaria y anacrónica, del hecho de dar vida. Si la vida la da y la quita Dios, que el embarazo se desarrolle en el cuerpo de la mujer puede resultar un estorbo. ¿Y quién representa en la tierra a ese su Dios, único y verdadero? Pues ellos mismos; la poderosa jerarquía eclesiástica, en este caso católica, que como siempre quiere imponer su verdad no sólo a los católicos sino a la sociedad en general. Verdad que olvidando sus principios de actuación en conciencia, caridad, humildad y respeto a los demás, convierten su discurso sobre el aborto en universal, para todos y para siempre.
Las mujeres, esos seres que algunos consideran despreciables, que hacen todo lo posible para quedarse embarazadas para luego deshacerse del hijo que llevan dentro, no son maduras ni responsables para decidir. Así que son ellos, o sus acólitos, quiénes decidirán por ellas. Curioso es que sea siempre la jerarquía eclesiástica, conformada por hombres, la que más presión ejerce. Ellos, que se niegan a sí mismos algo tan bello como ser padres y la emoción de la sexualidad que busca dar vida a un nuevo ser deseado, no son los más indicados para hablar de maternidad ni paternidad, para negar la capacidad de elegir de los demás ni para temer algo tan absurdo como que el mundo se puede acabar con tantos abortos y tanta homosexualidad.
Bien está que la Iglesia se pronuncie, pero lo que no debemos permitir en una sociedad democrática y en un Estado aconfesional es que esas verdades inmutables, de las que por cierto muchos católicos y católicas de base disienten, marquen la agenda política de nuestros gobernantes. Tampoco deberíamos permitir que nos mientan y nos manipulen. Esa iglesia recalcitrante, los grupos mal llamados pro-vida y los sectores más ultraconservadora del partido en el Gobierno lo que buscan es negar el aborto o limitarlo tanto que las mujeres aún tengan que sufrir más.
La evidencia bien contrastada de que leyes más restrictivas no disminuyen el número de abortos sino que los hacen más inseguros, con consecuencias muy graves para la vida y la salud de las mujeres, no hacen mella en ellos. No se discute, como sucede en la inmensa mayoría de los países civilizados sobre las medidas que habría que poner en marcha para prevenir los embarazos no deseados que conducen a los abortos, ni cómo favorecer el proceso para que se lleven a cabo en condiciones sanitarias seguras y en los estadios más tempranos de la gestación, ni si debe permitirse hasta tal o cual semana, ni cómo prestar un apoyo especial a quienes más sufren, como las que deciden abortar por graves anomalías fetales, ni cómo garantizar que todas las mujeres sean bien atendidas, independientemente del lugar donde vivan o de si son ricas o pobres.
Desde un pensamiento democrático y ético y de acuerdo con las leyes internacionales, la Constitución española vigente y las dos leyes -de 1985 y de 2010- relacionadas con el aborto habidas en nuestro país, hay un hecho incuestionable: en el conflicto de intereses existentes entre la mujer gestante y el embrión, los derechos ciudadanos que se reconocen a las mujeres son fundamentales -a la integridad física, a la privacidad, a la intimidad- y no se pueden poner al mismo nivel que los del ser por nacer, por muy importantes que sean. Y esos derechos fundamentales de las mujeres lo son independientemente de estar o no embarazadas.
Otra cosa es que las sociedades democráticas puedan y deban ajustar las leyes que reconocen y protegen esos derechos a las diferentes realidades o momentos. El problema es que el gobierno no está diciendo por qué quiere cambiar una ley que está funcionando sin problemas, no está explicando qué mejoras se producirían con el cambio, ni siquiera concreta sus propuestas más de un año después de amenazar con ellas. Tampoco quiere consensuarlas ni discutirlas con las restantes fuerzas políticas ni con las organizaciones de mujeres, sanitarias o sociales que no les son afines.
Dos son los argumentos especialmente esgrimidos por el Gobierno para cambiar la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo actualmente en vigor. Uno: para cumplir su compromiso electoral. Entre las tenues modificaciones que planteaban, centradas en la atención a las jóvenes de 16 y 17 años, y las retrógradas medidas que ahora defienden hay un gran trecho. Eso sin contar que de las pocas cosas prometidas que cumplen, una tenga que ser ésta, que va tan en contra de las mujeres y de la igualdad. Dos: sus dudas sobre la constitucionalidad de la vigente ley por cuanto respeta la decisión de la mujer mientras el embarazo no sobrepase las 14 semanas.
En términos de democracia real, suena raro que el partido gobernante recurra al Tribunal Constitucional cuando está en contra de la ley aprobada por amplia mayoría parlamentaria y que no quiera esperarse a la respuesta del Tribunal al que apeló cuando la mayoría está en sus manos.
Si a lo anterior añadimos el gran coste económico y organizativo que conlleva cambiar una ley, máxime en la situación social y económica que vivimos, la conexión con las presiones anteriormente citadas resultan bastante obvias. Todo parece indicar que el ministro de Justicia y el Gobierno eligen ponerse del lado de la caverna antes de reconocer que ninguna persona, sea cura, juez o médico, tiene más conocimiento, responsabilidad, madurez, sensibilidad o criterio para decidir sobre algo que atañe fundamentalmente a las mujeres.
