México: Despenalizar el aborto en todo el país, exigen feministas a Secretario de Salud

Por: Gladis Torres Ruiz / Cimac

El Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, exigió al Secretario de Salud (Ss), José Ángel Córdova Villalobos despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, en todo el país, y respetar las causales vigentes en la legislación mexicana.

En una manifestación frente a la Secretaría de Salud federal (Ss) para conmemorar el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en voz de Martha Juárez, integrante de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, las activistas exigieron que se despenalice el aborto hasta las 12 semanas de gestación en todo el país, ya que hasta el momento solamente en el Distrito Federal se ha despenalizado.

Mientras, recordaron, 17 entidades federativas reformaron sus constituciones locales para proteger la vida “desde el momento de la concepción” criminalizando a las mujeres por el simple hecho de decidir sobre su cuerpo.

Demandaron una política pública de salud, congruente con los derechos sexuales y reproductivos, respeto al derecho a decidir sobre la maternidad y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad.

Respecto a las causales por las que el aborto se permite en la legislación mexicana, las activistas recordaron que en las 32 entidades se permite por violación, por peligro de muerte en 29; por aborto imprudencial y culposo en 30; por malformaciones genéticas o congénitas en 14; y cuando está en riesgo la salud de la mujer, en 11.

Las activistas dijeron durante su discurso: “Señor Córdoba Villalobos y secretarios de salud de los estados: venimos a recordarles que ustedes son los responsables de que las políticas públicas y la legalidad se respete en las instancias de salud, son responsables por cada mujer que muere en la inseguridad de un aborto mal practicado y por cada mujer que termina presa cuando busca atención medica”.

Agregaron que la Ss debe cumplir con el compromiso de garantizar a las mexicanas el derecho a la salud, en un marco de respeto, sensibilidad y con calidad; sin embargo advirtieron, nada de esto se logrará mientras no se cumpla con los programas, normas y las políticas que hasta hoy sólo existen en el papel.

Las manifestantes que realizaron un performance, reiteraron su exigencia, afirmando: “las mexicanas merecemos que el personal médico que nos atiende además de estar capacitado éste sensibilizado desde un enfoque de género en derechos reproductivos y atención contra la violencia”.

En este sentido también exigieron el cumplimiento cabal en toda la República mexicana de la Norma Oficial Mexicana de Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres (NOM-046); para que todas las mujeres víctimas de violación que resulten embrazadas, puedan acceder, si a sí lo desean, a la interrupción legal del embarazo.

Afirmaron que tanto la Ss federal como las estatales tienen muchas deudas con las mujeres sobre todo con las más pobres y las que enfrentan condiciones de marginalidad como las indígenas y las jóvenes.

Las activistas integraron un Comité para entrar y dejar un documento con sus peticiones al Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, sin embargo no fueron recibidas.

Anunciaron que publicarán sus demandas en los medios nacionales para que el Secretario se dé por enterado, toda vez que ningún funcionario de la institución que preside quiso recibirlas.

El 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres fue adoptado en la reunión de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos realizada al terminar el V Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer, en Costa Rica en mayo de 1987.

El propósito: reafirmar el derecho a la salud integral como un derecho humano de las mujeres, al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo a través de todo su ciclo de vida.

El Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, está integrado por cerca de 170 mujeres de la política, la academia y feministas, junto con 35 organizaciones de 19 estados del país y 55 organizaciones del Distrito Federal.

Sus demandas son libertad inmediata a las mujeres que se encuentran presas en diferentes estados de la república por abortar; despenalizar el aborto en todo el país y garantizar su acceso a todas las mujeres. Garantizar el derecho de las mujeres a ejercer una maternidad libre y voluntaria y el respeto al Estado laico.


http://www.cimacnoticias.com/site/11052703-despenalizar-el-abo.47141.0.html

Dos años de Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México

Por Alejandra González Méndez

El 24 de abril del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó en la Ciudad de México una reforma a la Ley de Salud que despenalizó la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.

Los fundamentos para realizar un cambio de esta naturaleza a la ley son varios. En primer lugar, el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de toda persona a la protección de la salud y a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijas e hijos.

Además, que el aborto en México ha sido un problema de salud pública, pues se estima que en el país se embarazan al rededor de 3 millones de mujeres al año, y se realizan alrededor de 600 mil abortos al año, de los cuales 100 mil ocurren en condiciones precarias e insalubres, aumentando así la tasa de muerte materna. Muchas mujeres sufren infecciones, hemorragias o daños permanentes en su aparato reproductor a causa de la práctica de abortos clandestinos.

Asimismo, con la intención de proteger las garantías individuales establecidas en la Constitución, y de proteger la salud de miles de mujeres, principalmente de las de menores recursos económicos.

Los lineamientos para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Distrito Federal establecen que el embarazo deberá ser de hasta 12 semanas, lo cual será determinado por un médico de la institución de salud. La mujer deberá presentar una solicitud por escrito y consentimiento informado también por escrito, y deberá recibir consejería por parte del personal médico, con información veraz, neutral y objetiva, sin que tenga la intención de retrasar o inducir la decisión de la mujer.

Además se estableció que el servicio debía ser prestado a más tardar 48 horas después de haber sido solicitado, y que se daría preferencia a las mujeres de acuerdo con número de semanas de gestación.

La aprobación de esta reforma de ley inició un fuerte debate entre diversos grupos civiles y religiosos que ha continuado hasta la actualidad.

Después de su aprobación, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentaron una acción de inconstitucionalidad para anular estas modificaciones. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decretó, luego de la realización de foros públicos donde se expresaron las diversas posiciones al respecto, que la modificación a la Ley de Salud no violaba ninguno de los artículos constitucionales y que la ALDF tenía capacidad para hacer modificaciones a la Ley de Salud del DF.

El Distrito Federal está desde entonces calificada, no sólo en el ámbito nacional, sino también en el mundo, como una entidad pionera y progresista respecto al respeto de los derechos de la población femenina, y la ILE fue percibida como el inicio de un cambio a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexicanas.

Sin embargo este avance contrasta con lo que ocurre en varias entidades del país, en donde como respuesta a la ILE en la Ciudad de México, grupos conservadores, en contubernio con el partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la jerarquía de la Iglesia católica, entre otros, han impulsado y aprobado modificaciones a las constituciones locales para criminalizar la ILE. A la fecha, ocho estados de la República Mexicana han aprobado cambios en este sentido, bajo el argumento de “proteger la vida desde la concepción o la fecundación”.

Estas modificaciones vulneran el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, es decir, violentan el derecho a la privacidad. Además, el derecho a la autonomía, que significa tener la posibilidad de decidir su propio plan de vida y realizarlo. También ponen en riesgo el derecho a la preservación de la salud y la integridad física y mental, bajo el riesgo incluso de perder la vida.

De acuerdo con datos proporcionados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de abril del 2007 a abril del 2009, se han realizado en la Ciudad de México más de 23 mil interrupciones del embarazo, de las cuales un 78 por ciento fueron a residentes de la entidad, 19 por ciento del Estado de México, y 3 por ciento de otras partes de la República.

Además, el 52 por ciento de las mujeres que utilizaron el servicio de la ILE en el Distrito, son solteras, y el otro 48 por ciento son casadas, en unión libre o divorciadas. La mayoría de estas mujeres son amas de casa, con un 38 por ciento, seguidas por estudiantes con un 26 por ciento, y empleadas con un 20 por ciento.

Se estima que la reincidencia en la ILE es de un caso en mil, o sea alrededor de solo 23 casos a partir de abril del 2007, pues según los protocolos deben recibir consejería y la mayoría egresa con un método anticonceptivo, La mayoría de las mujeres, además, solicitan este servicio antes de la novena semana de gestación.