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miércoles, diciembre 15, 2010

Despenalizar el aborto es descolonizar nuestros cuerpos

Por Maria Galindo
Mujeres Creando Nunca nos sorprendió la doble moral de la derecha de penalizar el aborto y de haber usado esa causa fundamental para las mujeres de la sociedad boliviana como una simple cortina de humo sobre sus políticas. En aquella ocasión grafiteamos: 'si goni tuviera útero, el aborto sería capitalizado y privatizado'. Han pasado más de 15 años de aquel tiempo llamado 'neoliberal', vivimos un supuesto proceso de cambio impulsado por el gobierno de Evo Morales, pero estas cuestiones relacionadas con la condición de las mujeres como sujetos parecen a históricas.

Parecen ser parte de un círculo vicioso absurdo donde los argumentos solo se repiten. La Asamblea Plurinacional ni siquiera ha agendado el tema, las declaraciones de varios asambleístas del movimiento al socialismo son las mismas que las emitidas por los hombres de la derecha y la iglesia y nos vemos obligadas a grafitear como si el tiempo no hubiera transcurrido: 'si evo se embarazara, el aborto seria nacionalizado y constitucionalizado'.

La penalización del aborto de ninguna manera frena el aborto, sino que únicamente facilita un doble discurso hipócrita respecto del aborto por parte del estado, la iglesia y la sociedad en su conjunto. Las mujeres bolivianas abortamos con o sin penalización. La diferencia es que en condiciones de penalización las mujeres que cuentan con 400 dólares pueden gozar de un aborto seguro que no atenta contra la seguridad de sus vidas y que no será en condiciones de intimidación. Penalizar el aborto es condenar a las mujeres más jóvenes, a las mujeres más pobres y especialmente a las mujeres indígenas a buscar desesperadas un aborto que no es seguro. Un aborto expuesto a infecciones, hemorragias y en muchas casos inclusive violaciones por parte del abortero que se permite hacer firmar documentos donde deslinda toda responsabilidad. Aborteros de la Buenos Aires o el Cementerio que se permiten cínicamente emitir un discurso culpabilizador de la mujer que quiere abortar justamente para que ella suba a la camilla en condiciones de stress y autoculpabilizacion. Penalizar el aborto es manifestar el desprecio por la vida de esas mujeres jóvenes, pobres e indígenas.

Yo aborté para Evo: firma cocalera de Chapare

Es inaceptable que organizaciones de mujeres como la Federación de Mujeres Cocaleras o la Federación de Mujeres campesinas Bartolina Sisa no defiendan el derecho al aborto. Ellas ven y han visto abortar a sus propias compañeras inducidas por dirigentes que acosan sexualmente a las mujeres jóvenes que se incorporan a las organizaciones sociales. Por eso hemos grafietado: 'yo aborte para Evo, firma: Cocalera del Chapare' en las paredes del Museo Nacional de Arte en plena Plaza Murillo. Ese graffiti no va dirigido al presidente, sino a la actitud de socapamiento del machismo en la que han caído los movimientos sociales de mujeres que acompañan este proceso gubernamental.

No se puede descolonizar sin despatriarcalizar

Además de los contundentes argumentos sobre el valor de la vida de las mujeres, están también los argumentos directamente políticos que tienen que ver con el supuesto tiempo de descolonización que vivimos. La penalización del aborto es una forma de colonización del cuerpo de las mujeres por parte del estado patriarcal. La maternidad como imposición y como mandato cultural tiránico de reproducción es una forma de sometimiento inaceptable venga del capitalismo, del socialismo o venga de la comunidad indígena.

Es doblemente grave y contradictorio que un gobierno cuya bandera fundamental es la descolonización pretenda entender este concepto político dentro los límites de los intereses masculinos de ejercicio de poder patriarcal.

Despenalizar el aborto es descolonizar nuestros cuerpos y restituir para las mujeres el derecho de decidir. Despenalizar el aborto es convertir la maternidad en una elección libre y soberana y no en un mandato cultural de reproducción. Es abrir la posibilidad para que las mujeres podamos poner condiciones para vivir una maternidad que garantice para los niños y las niñas que el Estado y el padre asuman la responsabilidad que les corresponde. Si no hay espacio ni para discutir, ni para revisar estas cuestiones básicas, entonces ¿de qué proceso de descolonización nos están hablando?

miércoles, marzo 31, 2010

Proponen en Nicaragua despenalizar el aborto terapéutico

(CIMAC).- Diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua propusieron el pasado 16 de marzo ante el Pleno de aquél país, una iniciativa de ley para despenalizar el aborto terapéutico, con el fin de reducir la mortalidad materna asociada al desarrollo de embarazos de alto riesgo.

Dicha propuesta plantea que el aborto no se constituya como delito si se practica para salvar la vida de la madre, “siempre y cuando no se considere factible médicamente llevar el embarazo a término y preservar la vida de la mujer”, dijo el diputado José Pallais, miembro del Partido Liberal Constitucionalista al diario local “La Prensa”.

De acuerdo con un informe gubernamental, 28 mujeres fallecieron en 2008 por complicaciones obstétricas indirectas, es decir, enfermedades existentes antes del embarazo y por complicaciones derivadas de tales padecimientos durante la evolución del mismo.

“13 de las 28 muertes pudieron haberse evitado en caso de haberse realizado una interrupción terapéutica del embarazo”, precisa el documento y añade que el 54 por ciento de las mujeres que presentaron alguna patología agravada con el embarazo, eran menores de 24 años.


Los legisladores exhortaron desde el pasado 26 de febrero al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a salvaguardar la vida de “Amalia” una joven embarazada de 27 años, a quién se le negó el tratamiento de quimioterapia y radioterapia para combatir el cáncer metastático que padece.

Pidieron por medio de un comunicado al ejecutivo nicaragüense, la disolución inmediata de la Ley 603 y el artículo143 del Código Penal vigentes desde el 26 de octubre de 2006, que estipulan respectivamente, la penalización de 1 a 3 años de prisión para las mujeres que consientan esta práctica, y de 2 a 5 años de inhabilitación médica al médico que lo practique.

En caso de que se descubra que el aborto terapéutico no era necesario y que los médicos falsificaron sus dictámenes, la sentencia va de 4 a 13 años de prisión, detalló el diputado Pallais.

Mientras tanto, el Vicario de la Catedral Metropolitana de Managua, Bismack Conde, argumentó que la propuesta de ley busca la legalización del aborto inducido. El presbiteriano calificó la iniciativa presentada ante la Asamblea Nacional como “una banderita de lucha” en contra de la ‘vida’ humana.

El religioso sostuvo su opinión pese a las cifras crecientes de abuso sexual en contra de niñas y adolescentes en el país centroamericano.

Información de Amnistía Internacional, revela que entre 2005 y 2007, mil 247 niñas fueron violadas y 198 de ellas resultaron embarazadas. De esa suma, 172 tenían entre 10 y 14 años de edad.

Quienes también se manifestaron en contra de la iniciativa, fueron los representantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El diputado José Figueroa, declaró a una televisora que esa reforma pretende restituir la figura del aborto terapéutico que había sido penalizada en el Código Penal.

“El Frente Sandinista viene impulsando un proyecto de vida, un proyecto en donde hemos asumido el compromiso tanto de defender a la madre como a su hijo”, recalcó el diputado.

miércoles, mayo 20, 2009

Reformas contra Interrupción Legal del Embarazo: inconstitucionales, absurdas y electoreras

Por: Gladis Torres Ruiz / CIMAC
Inconstitucionales, absurdas y con fines electorales son las reformas realizadas por el Partido Acción Nacional (PAN) y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a las constituciones de doce entidades de la República, aprobadas “al vapor” y sin discusión previa, con el argumento de “proteger la vida desde la concepción”.

Así lo considera el doctor Juan Antonio Cruz Parcero, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, (IIF) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien participó en el foro:”Los mismos derechos para todas y todos: Género y Derechos Reproductivos en el Debate Constitucional en México”, que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, desde el día de ayer.


Esto queda claro, señala el investigador, ya que en ninguno de los estados se dio un debate serio sobre el tema, lo que también nos deja ver que estas reformas tienen fines electorales, buscando quedar bien con un electorado conservador. En esta materia, se esta “legislando al vapor”, lo que esta dando como resultado normas absurdas, los textos aprobados por las y los legisladores rayan en lo absurdo.

Además de inconstitucionales, detalló Cruz Parcero, son un “berrinche legislativo de las y los diputados de derecha” que aprobaron reformas en los congresos de Morelos, Sonora, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Campeche y Guanajuato.

Consideró también el académico que dichas reformas, iniciadas por el PAN y por PRI, con apoyo de otros partidos, como el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, son una reacción para contrarrestar las reformas hechas en el Distrito Federal donde se permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) antes de las 12 semanas de gestación.

Un aspecto muy importante señalado por el académico es que algunas de las reformas dejan fuera varios temas: como la investigación con embriones y la fecundación in vitro, así como el Dispositivo Intrauterino (DIU), que desde el punto de vista de las reformas es un abortivo y, por tanto, tendría que prohibirse, con lo cual las mujeres que lo utilicen serán delincuentes.

ALCANCES NO PREVISTOS

En su afán de darle una “protección al embrión”, detalló Cruz Parcero, las y los legisladores no se pusieron a pensar en los alcances que tendrían dichas reformas, las cuales van más allá de los alcances del aborto como tal, lo que obliga a hacerlas inconstitucionales, subrayó.

En ello coincidió Luis Miguel Cano, del Centro de Análisis (Fundar), quien afirmó que estas reformas violentan los acuerdos internacionales que México ha signado en esta materia, donde el Estado está obligado a proteger los derechos sexuales y reproductivos. Las reformas, dijo, parten del desconocimiento de estos tratados y lo que buscan es privar el derecho de las mujeres a decidir, “no se trata de delincuencia, se trata de un derecho que tienen las mujeres”.

ENTIDADES NO SON “FEUDOS”

Ahora los legisladores están usando de pretexto ampliar derechos para restringir otros derechos, detalló, ahora resulta que las constituciones estatales puede hacer esto como si fueran “feudos”, contraviniendo a la Constitución y a los tratados internacionales.

Las mujeres tienen derechos reproductivos y están en los tratados internacionales y las constituciones locales no pueden de ninguna manera restringirlos, sentenció.

Ignoran los compromisos internacionales signados por el Gobierno, los cuales reconocen los derechos humanos de las mujeres, como: la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; las observaciones finales a México, extendidas el 25 de agosto de 2006 por el Comité CEDAW; la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena (1993); la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo (1994), en el Capítulo VII Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva Planificación de la familia; la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing (1995).

Por su parte Fernanda Díaz de León, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), afirmó que la reformas realizadas a las constituciones restringen y menoscaban los derechos otorgados por la Constitución, exacerbando la discriminación en contra de ellas, ya que en este materia la constitución tienen su normatividad.

Las mujeres que viven en los estados donde se han aprobado reformas de este tipo, explicó, son discriminadas con respecto de los estados en los que no se ha legislado de la misma forma, ya que las primeras restringen el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, porque una reforma que restringe derechos discrimina.

No estamos de acuerdo en que en el país, “existan mexicanas de primera y de segunda”. “El Estado ha firmado todos los tratados existentes en materia de derechos sexuales y reproductivos y fue llamado a armonizar las leyes de los estados en materia de aborto”.

LEGISLACIÓN “ENGAÑOSA”

En este sentido el doctor en Derecho Alejandro Madrazo Lajous, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), subrayó que se está legislando de forma “engañosa”, se usan los términos de “proteger la vida”, pero ¿por qué no se habla claro y se dice lo que se busca amedrentar a las mujeres contraviniendo la Constitución de diferentes maneras, en materia de discriminación, ya que existe un artículo que la prohíbe, y el Artículo Cuarto constitucional que señala que “cada mujer puede elegir el número de hijos, y espaciamiento de los mismos”?

La y los especialistas afirmaron que estas nuevas reformas violentan a las mujeres, por lo cual también van en contra de lo estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Reglamento de la misma, en virtud de que existe una restricción, en comparación con el DF para el tratamiento del aborto.

martes, abril 07, 2009

Discurso sobre el aborto, pone en riesgo vida de las mujeres

Fuente: CIMAC Noticias
El discurso social sobre el aborto y el papel de la mujer en la reproducción no sólo condiciona la interrupción del embarazo, sino también pone en riesgo su salud y su vida por el retraso en la atención, lo cual es influenciado por las presiones morales que, a su vez, limitan la movilización y recepción de apoyo por parte de redes de ayuda.

Así lo afirmó Joaquina Erviti Erice, integrante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al hablar de los resultados de su investigación “Significados de la reproducción y el aborto en hombres”.

“Las expectativas sociales en torno a las circunstancias en las que debe ocurrir la maternidad responsabilizan a las mujeres de los cuidados y del resultado del embarazo, y si ocurre un aborto, puede ser sospechosa de no haber tenido cuidados adecuados”, precisó la investigadora.


En este estudio, se encontró que las evaluaciones y juicios morales que hacen los profesionales de las mujeres que acuden a atenderse un aborto en los servicios de salud, establecen diferencias --por edad, estatus social, género y etnia-- e influyen en el tratamiento y la disposición para atender el caso, refirió la socióloga.

Entonces, apuntó, podría decirse que la reproducción humana es un área clave donde se manifiestan las relaciones desiguales entre géneros y donde se expresan, con nitidez, determinadas formas de dominación, recalcó.

Los discursos médicos, sociales y políticos dejan en manos de ellas la carga de los embarazos no deseados o no planeados, y de tener hijas e hijos aún cuando sus condiciones económicas, sociales, familiares y personales no lo permiten. Las madres pobres con mucha descendencia son calificadas de irresponsables, citó.

La autora del artículo “Aborto y apoyo social en México. Un estudio con mujeres atendidas en hospitales públicos y privados de Morelos”, indicó que el papel de los varones en la fecundación y en un proceso de aborto está fijado por elementos como la identidad genérica y la pertenencia a un grupo social y cultural.

Esos contenidos dan sentido a sus acciones, moldean su construcción como sujetos sociales y sexuales y tienen consecuencias para su salud y su vida, así como también para sus vínculos interpersonales y sus experiencias reproductivas.

Si bien es cierto que existe cierta responsabilidad de los hombres en las relaciones sexuales, esta situación se presenta en forma desigual, según la pertenencia a grupos sociales y culturales.

Basada en su investigación, la académica universitaria detalló que los varones situados en posiciones clave en instituciones de control social, juegan un papel central en la reproducción de nociones específicas acerca de la sexualidad, la paternidad y la maternidad, que luego son proyectadas como universalmente válidas hacia otros grupos.

Esto facilita el ocultamiento de los desequilibrios y estructuras de poder al interior de la pareja, la familia, la clase social y las instituciones, entre otras, puntualizó.

Entonces, es necesario cuestionar las responsabilidades, las elecciones y las decisiones reproductivas, y reconocer las implicaciones políticas y prácticas de ellas. Asimismo, resaltar que la división social y genérica de las obligaciones masculinas y femeninas, particularmente las referidas a la prevención de embarazos no deseados, reflejan las dinámicas de género que prevalecen, concluyó.