Decenas de mujeres se reúnen en Bogotá a favor del aborto

Por: Agencia EFE

Varias decenas de mujeres se reunieron hoy frente al Palacio de Justicia de Bogotá para unir sus voces a favor del aborto y para exigir que el Consejo de Estado restituya el decreto que regula esta práctica en casos de violación, malformación del feto o cuando está en riesgo la vida de la madre.

El Consejo de Estado, tribunal administrativo que tiene la potestad de anular los dictámenes del Gobierno, anunció el pasado 22 de octubre la suspensión provisional del Decreto 444 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, que reglamenta las condiciones excepcionales para la práctica de abortos.

Dicho decreto, emitido tras una sentencia de la Corte Constitucional, reglamenta, además, que las clínicas y hospitales realicen los procedimientos médicos necesarios para interrumpir el embarazo, siempre que se trate de un caso de violación, malformación del feto, o cuando la vida de la madre esté en peligro.

El Consejo de Estado ordenó la suspensión de este decreto al considerar que no es el Gobierno, sino el Congreso, el que debe aclarar conceptos y ordenar cómo deben responder los hospitales y empresas de prestación de salud ante la solicitud de una mujer que quiera interrumpir su embarazo voluntariamente.

"Con decreto o sin decreto yo decido sobre mi cuerpo", corearon mujeres de todas las edades y algunos hombres también en la concentración de hoy en Bogotá.

Los asistentes a la concentración también se manifestaron contra el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, quien solicitó la nulidad de una reciente sentencia de la Corte Constitucional que ordena que se empiece a impartir en los colegios una cátedra de educación sexual y que se promueva una concienciación sobre los derechos de las mujeres.

Ordóñez hizo esa solicitud alegando que tenía dudas jurídicas sobre el contenido y sobre la competencia del Constitucional para emitir ese fallo.

Consignas como "Procurador, la Inquisición ya se acabó" y "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir", también se escucharon entre las peticiones de los manifestantes.

Más de treinta asociaciones entre las que predominaron los grupos feministas y homosexuales, bajo el epígrafe "Personas libres, Estados laicos, ni de la Iglesia, ni del Estado, mi cuerpo es mío y yo decido", firmaron un documento en el que fijan su postura.

El enfrentamiento entre los dos altos tribunales ha originado una aguda polémica en Colombia.

Médicos y mujeres cierran filas contra arremetida conservadora en Perú

Fuente: Prensa Latina

Los médicos y las mujeres cerraron filas en Perú contra la proscripción judicial del anticonceptivo denominado píldora del día siguiente, que divide al gobierno, el cual inició hoy un debate sobre el tema.

El Colegio Médico anunció que evalúa la posibilidad de demandar a los jueces del Tribunal Constitucional que, en un inusitado viraje, la semana pasada prohibieron la distribución gratuita del denominado anticonceptivo oral de emergencia, para lo cual alegaron que no está probado que no sea abortiva.

El decano del Colegio, Julio Castro, coincidió con el ministro de Salud, Oscar Ugarte, en señalar que el mismo tribunal dictaminó lo contrario en 2006, lo que no puede ser modificado ni siquiera por los mismos magistrados.,

El fallo, dictado bajo presión de sectores conservadores del catolicismo, fue considerado discriminatorio por la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, y sus seis antecesoras en el cargo, de diversos gobiernos y posiciones políticas.

La discriminación consiste, según las declarantes, el ministro y las organizaciones de mujeres, en que sólo las mujeres que tengan dinero para cobrar el anticonceptivo podrán acceder a él.

El presidente del tribunal cuestionado, Juan Vergara, dijo que, ante tal contradicción el Ministerio de Salud podría prohibir también la venta de la píldora, lo que secundó con entusiasmo el conservador ministro de Defensa, Rafael Rey.

A contramano de las posiciones de Ugarte y Vílchez, que plantean apelar a instancias internacionales contra el fallo del Tribunal Constitucional, Rey dice que hay que acatar el dictamen sin chistar, alentado por el conservador Cardenal Juan Luis Cipriani.

El primer ministro, Javier Velasquez, negó que haya desunión en el gabinete ministerial, que hoy sesionó para tratar el tema, y descartó que las discrepancias, normales, deriven en retiros. El presidente Alan García dijo esta semana que el gobierno respeta al Tribunal Constitucional y que cada ministro puede plantear su posición y tomar iniciativas que considere convenientes.

Entretanto, el representante de las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud, junto al Colegio Médico del Perú y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología aclararon que está científicamente comprobado que la píldora no tiene efectos abortivos.

Peña aclaró que la duda invocada por el tribunal fue superado en el año 2000 por estudios científicos de las instituciones más prestigiosas de todo el mundo.

Entretanto, está pendiente otros debate en torno a un proyecto de reforma del Código Penal que legaliza el aborto en casos de violación y de fetos con malformaciones.

Colombia: Altas Cortes chocan sobre despenalización del aborto...

Por: Ángela Castellanos Aranguren / Semlac Noticias

A los obstáculos que enfrentaban las colombianas para acceder al aborto legal, se suma ahora el vacío creado por el Consejo de Estado que suspendió provisionalmente la reglamentación de la interrupción voluntaria del embarazo.

Gran confusión y alarma creó la medida del Consejo de Estado, que se dio a conocer el 22 de octubre, tres días después que la Corte Constitucional difundiera una sentencia que reitera lo que se debe y no se debe hacer para el cumplimiento del aborto legal.

Al mismo tiempo, ordena a los ministerios de Educación y Protección Social para que en el término de tres meses pongan en marcha un plan de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, que incluya información acerca de las causales bajo las cuales está despenalizado el aborto en Colombia.

La Corte también establece que el gobierno determine desde qué grados escolares se brindará la educación sexual sobre el aborto legal y cuáles herramientas pedagógicas usarán para educar sobre el tema.

El Consejo de Estado es el órgano máximo que resuelve, en última instancia, los procesos que involucran al Estado y a los particulares, así como los que involucran a dos entidades estatales; también cumple una función consultiva, al ser el órgano al cual debe recurrir el gobierno antes de tomar ciertas decisiones, no para pedir autorización, sino para saber de su consejo, dictamen u opinión en ciertos asuntos.

Sandra Mazo, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, comentó a SEMlac que "la divulgación del auto del Consejo se produjo en un coyuntura política". Agregó que "a las clínicas que se declaran objetores de conciencia, esta suspensión les sirve para dilatar la práctica y las mujeres tendrán que acudir a la tutela para tener acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, hay otras normas técnicas que siguen vigentes", precisó.

En 2006, la Corte Constitucional de Colombia emitió una sentencia que despenaliza el aborto en los casos de violación o incesto, malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina y cuando existen riesgos para la salud mental o física de la mujer. Además, agrega que las mujeres menores de 14 años no necesitan permiso de sus progenitores para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

La despenalización del aborto fue reglamentada por un decreto expedido por el Ministerio de Protección Social, que es el que suspendió el Consejo de Estado. El decreto es ejemplo en Latinoamérica no sólo porque fue emitido de manera expedita (siete meses después), sino porque cumple con todos los estándares internacionales y de la Organización Mundial de la Salud.

La suspensión se produjo en el marco de una demanda que objeta la competencia del Ejecutivo para reglamentar la despenalización del aborto y considera que el tema es competencia del Congreso.

"Este auto del Consejo de Estado crea mucha confusión, y allí salen perdiendo las mujeres", afirmó a SEMlac la colombiana Mónica Roa, directora de programas de la organización Women´s Link Worldwide, que lideró la despenalización del aborto en los tres casos específicos.

"Estamos buscando argumentos legales para que se sostenga el decreto que es uno de los mejores en la región. También vamos a hacernos escuchar como 'coadyuvantes', ante los magistrados del Consejo que están a cargo", insistió.

Las organizaciones de mujeres que forman parte de la Mesa de la Salud y la Vida de las Mujeres también anunciaron que van a movilizarse para protestar por la suspensión del decreto.

Varios estudios han evidenciado que las instituciones médicas crean obstáculos para el acceso a la IVE, tales como exigir a las mujeres documentos, pedir a los médicos firmar cláusulas de objeción de conciencia, y solicitar autorizaciones a las menores de edad. Ante estas barreras las mujeres han acudido a tutelas (mecanismo ciudadano para hacer valer los derechos legales) ante los juzgados, donde en ocasiones se encuentran con más limitaciones.

Precisamente, la reciente sentencia de la Corte Constitucional se produjo como consecuencia de la revisión de una tutela interpuesta por una mujer que solicitó a la entidad prestadora de salud la interrupción de su embarazo ya que el feto presentaba graves malformaciones.

Dicha entidad la autorizó, pero le pidió una orden judicial como requisito. Dado que esta condición no es legal, presentó la tutela ante un juez, quien objetó conciencia argumentando creencias personales.

Al revisar el caso, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que también se pronuncia en contra de la objeción de conciencia judicial, aclarando que ningún juez puede escudarse en la objeción de conciencia para negarse a tramitar o a decidir sobre un caso de aborto.

Además, reitera que las entidades prestadoras de servicios de salud no pueden declararse objetores de conciencia, puesto que éste es un derecho individual, y que sólo lo puede hacer el personal que realiza directamente la intervención médica.

Como resultado de la suspensión de la reglamentación del aborto legal, la confusión reina tanto entre las entidades prestadoras de servicios de salud como entre las colombianas.

Para aclarar la desinformación, la Corte Constitucional advirtió: "Todas las sentencias de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento". Es decir, que la despenalización del aborto en los tres casos continúa, así como la orden de incorporar el tema del aborto legal en los programas escolares de educación sexual y todo lo referente a la objeción de conciencia.

La Iglesia Católica y el Procurador General de la Nación (organismo estatal encargado de vigilar a los funcionarios públicos) se opusieron al llamado de incluir el tema en el programa escolar. Los monseñores Juan Vicente Córdoba y Pedro Pubiano, altos prelados la Conferencia Episcopal, dijeron que en los colegios católicos "no van a enseñar eso" y que "no los pueden obligar".

En tanto, Alejando Ordóñez, actual Procurador, afirmó que pedirá la nulidad de la sentencia de la Corte a la Sala Plena del mismo tribunal, pues según él ésta "supera los límites jurisprudenciales de la Corte". También puso en duda que la Corte pueda ordenar limitaciones a las instituciones sanitarias y a los jueces para invocar la objeción de conciencia; e insinuó que esto le compete al Congreso de la República.

La posición de Ordoñez contra la interrupción del embarazo es bien conocida; por ello, Mazo comentó que debería ser declarado impedido para pronunciarse sobre el tema.

En efecto, el pronunciamiento del Procurador es totalmente opuesto a la labor cumplida por la Procuraduría cuando estaba liderada por su antecesor. Este ministerio público realizó hace dos años un seguimiento al cumplimiento del fallo que despenalizó de manera parcial el aborto y rindió un informe que, ahora, sirvió de soporte para que la Corte emitiera la polémica sentencia.

El mencionado reporte aseguraba que las posiciones asumidas por médicos e instituciones de salud por sus creencias o principios religiosos dificultaban la práctica del aborto en los tres casos autorizados.

Por su parte, los jefes de los ministerios de Educación y de la Protección Social (de Salud) expresaron que cumplirían la sentencia de la Corte y que incluirán el tema de la IVE en sus programas de educación sexual de manera responsable.

La abogada Roa comentó que la sentencia de la Corte "recoge todos los lineamientos para el sector de la salud, para los jueces y para el sector educativo, que permiten avanzar en la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Después de este fallo, ya no hay más excusas para acudir a objeciones de conciencia ilegales, o a argumentos de desconocimiento de la norma. Es un gran paso para los derechos de las mujeres".

Las sentencias de la Corte en relación con el aborto son respaldadas por la mayoría de la población colombiana. Una encuesta realizada el 23 de octubre por el Centro Nacional de Consultoría reveló que el 89 por ciento de los encuestados está de acuerdo con que el tema de la IVE sea tratado en las escuelas y colegios y un 68 por ciento apoya la despenalización parcial del aborto.

La demanda contra la reglamentación del aborto legal se produce en momentos en que en varios países de la región se están imponiendo trabas legales a eventuales iniciativas a favor de la despenalización parcial de esta práctica y la distribución de la píldora del día después.

En efecto, en países como Nicaragua y República Dominicana, así como en varios estados de México, se han aprobado reformas constitucionales que establecen que la protección de la vida es un derecho desde el momento de la concepción. Mientras, el gobierno de Chile lleva dos años intentando que escuchen los argumentos de la Organización Mundial de la Salud que aseguran que la píldora de emergencia no es abortiva.

Pero, a diferencia a la campaña que se está produciendo en otros países latinoamericanos, en Colombia se enmarca en una ya muy tensa relación entre la Corte Constitucional y el gobierno, y en el debate nacional sobre la separación de los poderes.

El argumento de la demanda que originó la suspensión de la reglamentación de la despenalización del aborto, así como el del Procurador para pedir la revisión de la reciente sentencia de la Corte, coinciden en que el tema es competencia del Congreso, donde el gobierno tiene actualmente las mayorías.

Tal parece que Colombia no escapa a la cruzada ordenada por el Vaticano y declarada por el presidente del pontificio Consejo para la Familia, el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, en mensaje difundido el 24 enero de 2008 por la agencia de noticias AP.

"López Trujillo fue designado por el papa Benedicto XVI para llevar a cabo esta campaña internacional, en que pedirá a los jefes de Estado y a los líderes políticos la moratoria del aborto. Señaló que iniciará esta campaña en Sudamérica, que proseguirá en Centro y Norteamérica, Canadá, África, Medio Oriente y Europa", señaló la agencia de prensa.

España: Las feministas ven retrocesos en la Ley del Aborto

Por: Teresa García Espejo / Rebelión.org

La Plataforma Mujeres ante el Congreso considera que la ley no cubre a todas las mujeres que abortan y presentará enmiendas para la despenalización total del aborto y su normalización en la salud pública.

Preocupación es el sentimiento común que late en las organizaciones feministas de todo el Estado ante las posibilidades de que el texto definitivo de la nueva Ley del aborto no recoja sus reivindicaciones.

Hacía mucho tiempo que el movimiento feminista no se unía bajo una consigna común. A través de la Plataforma Mujeres ante el Congreso, más de 60 asociaciones reclaman al Gobierno la despenalización total del aborto y la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red sanitaria pública.

De forma paralela, las asociaciones afines al PSOE defienden la actual propuesta del Gobierno. El último paso hacia la nueva norma ha sido la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva. Mujeres ante el Congreso va a elaborar un documento de enmiendas que hará llegar a los diputados del Congreso y a la ministra de Igualdad con sus preocupaciones y propuestas. El anteproyecto establece 14 semanas de libre elección y un periodo de tres días de reflexión desde que la mujer solicite la intervención. Maika Cuadrado, integrante de esta Plataforma por la Federación de Mujeres Jóvenes, considera que este plazo convertirá a la Ley en una de las más atrasadas entre los 15 países europeos más desarrollados. “Apostamos por eliminar los plazos porque significan dudar de la capacidad de tomar decisiones de la mujer.

Las que abortan en un periodo avanzado de gestación siempre son casos clínicos, que, de no haberse producido, la mujer hubiera preferido seguir adelante”, señala. Por su parte, Isabel Soriano, también miembro de Mujeres ante el Congreso, sostiene que 14 semanas son suficientes para decidir pero coincide con Cuadrado en que es absurdo fijar tres días de reflexión cuando una mujer ha manifestado su deseo de abortar. El anteproyecto contempla interrumpir el embarazo hasta la semana 22, cuando dos expertos hayan dictaminado que existe grave riesgo para la salud de la madre o graves anomalías en el feto. A partir de las 22, sólo se podrá abortar si dos médicos, distintos de los que realicen la intervención, o un comité clínico, dictaminen una enfermedad grave o incurable para el feto, pero no se menciona a la embarazada en este supuesto. Soriano critica que no se concrete “cómo va a ser ese comité técnico” y, sobre todo, que las mujeres que necesiten abortar a partir de este plazo “estarán desprotegidas” y podrán ser perseguidas por la justicia. La asociación catalana Ca La Dona recibe “bastantes de estos casos”, según señala una de sus integrantes, Belén Cañizar. Por eso temen que si se aprueba este punto, muchas mujeres en esta situación tendrán que viajar a otros países para interrumpir su embarazo. Las feministas coinciden en que se trata de un paso atrás, pues uno de los supuestos de la ley actual permite abortar, sin límite de tiempo, en caso de grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre.

Debate hipócrita

El Gobierno responde a la reivindicación feminista de modificar el Código Penal, en el que se penalizaba el aborto, pero que sigue contemplando supuestos en los que se considera que abortar es delito para las mujeres, aunque se suavizan las penas para ellas y se endurecen los castigos a los profesionales médicos.

Otro de los aspectos polémicos es la obligatoriedad de comunicarlo a los padres para las menores de 16 años, un debate “hipócrita”, según Belén Cañizar, pues “se obliga a pedir permiso para interrumpir el embarazo a los 16, y sin embargo, se asume que a esa edad puedas ser madre”, explica la representante de Ca La Dona. Sobre este asunto, la Federación de Mujeres Jóvenes opina igual: “¿Podemos tener hijas e hijos pero no interrumpir una gestación?”, se pregunta Mayka Cuadrado. Asi- mismo, recuerdan que la edad media de inicio de las relaciones sexuales es de 16 años, según datos del Ministerio de Sanidad de 2008, y casi un 20% de los abortos tras las 14 semanas lo realizan menores de 20 años, si bien el colectivo que más aborta tiene entre 20 y 25 años.

Por su parte, la clínica ginecológica Dator hizo un estudio con 321 chicas menores de 21 años. De las jóvenes mayores de edad que abortaban, un 59% no informaba a sus progenitores y sólo un 12% venía acompañado de sus padres. Es decir, ya sea “por desconocimiento o por miedo”, las adolescentes alargan más la decisión de abortar y podrían quedarse fuera del plazo legal de las 14 semanas. Maika Cuadrado recuerda que en 2008 se denunció al Instituto madrileño del Menor y la Familia por impedir que menores bajo su tutela, que deseaban abortar, pudieran hacerlo. Confirma que la Comunidad de Madrid está subvencionando asociaciones antielección y lamenta la situación de indefensión de hijas que han sido víctimas de incesto o cuyos padres son maltratadores. “Detrás del argumento moralista sobre las menores de edad hay un deseo de tutorizar la voluntad de la mujer”, agrega. Por otro lado, las feministas demandan que se regule la objeción de conciencia dentro de la red sanitaria pública para evitar que ningún médico se niegue a efectuar abortos acogiéndose a este derecho.
Acoso a las mujeres y a las clínicas

La Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo (ACAI) considera el plazo de 14 semanas un “límite conservador” que distancia la ley de las más progresistas, como la holandesa, que lo fija en torno a las 24 semanas, señala la vicepresidenta, Francisca García. Tampoco están de acuerdo con establecer un periodo de reflexión y recomiendan abordar la objeción de conciencia para asegurar “el acceso real” a la prestación. Asimismo, aceptan reforzar las medidas de protección de la confidencialidad de los datos de las pacientes, pero piensan que con la nueva normativa las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “podrían volver a pedir las historias clínicas”, como advierte su vicepresidenta. Respecto al acoso de los grupos antielección, ACAI no cree que esté vinculado a la actual reforma de la ley, aunque “en épocas de crisis se encuentran con fuerza para luchar”. A su juicio, la presión que sufren los profesionales y las mujeres que acuden a los centros “tiene que ver con la gente que quiere resolver los conflictos por la fuerza y no por la vía democrática”.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Las-feministas-ven-retrocesos-en.html

Dos años de Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México

Por Alejandra González Méndez

El 24 de abril del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó en la Ciudad de México una reforma a la Ley de Salud que despenalizó la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.

Los fundamentos para realizar un cambio de esta naturaleza a la ley son varios. En primer lugar, el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de toda persona a la protección de la salud y a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijas e hijos.

Además, que el aborto en México ha sido un problema de salud pública, pues se estima que en el país se embarazan al rededor de 3 millones de mujeres al año, y se realizan alrededor de 600 mil abortos al año, de los cuales 100 mil ocurren en condiciones precarias e insalubres, aumentando así la tasa de muerte materna. Muchas mujeres sufren infecciones, hemorragias o daños permanentes en su aparato reproductor a causa de la práctica de abortos clandestinos.

Asimismo, con la intención de proteger las garantías individuales establecidas en la Constitución, y de proteger la salud de miles de mujeres, principalmente de las de menores recursos económicos.

Los lineamientos para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Distrito Federal establecen que el embarazo deberá ser de hasta 12 semanas, lo cual será determinado por un médico de la institución de salud. La mujer deberá presentar una solicitud por escrito y consentimiento informado también por escrito, y deberá recibir consejería por parte del personal médico, con información veraz, neutral y objetiva, sin que tenga la intención de retrasar o inducir la decisión de la mujer.

Además se estableció que el servicio debía ser prestado a más tardar 48 horas después de haber sido solicitado, y que se daría preferencia a las mujeres de acuerdo con número de semanas de gestación.

La aprobación de esta reforma de ley inició un fuerte debate entre diversos grupos civiles y religiosos que ha continuado hasta la actualidad.

Después de su aprobación, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentaron una acción de inconstitucionalidad para anular estas modificaciones. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decretó, luego de la realización de foros públicos donde se expresaron las diversas posiciones al respecto, que la modificación a la Ley de Salud no violaba ninguno de los artículos constitucionales y que la ALDF tenía capacidad para hacer modificaciones a la Ley de Salud del DF.

El Distrito Federal está desde entonces calificada, no sólo en el ámbito nacional, sino también en el mundo, como una entidad pionera y progresista respecto al respeto de los derechos de la población femenina, y la ILE fue percibida como el inicio de un cambio a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexicanas.

Sin embargo este avance contrasta con lo que ocurre en varias entidades del país, en donde como respuesta a la ILE en la Ciudad de México, grupos conservadores, en contubernio con el partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la jerarquía de la Iglesia católica, entre otros, han impulsado y aprobado modificaciones a las constituciones locales para criminalizar la ILE. A la fecha, ocho estados de la República Mexicana han aprobado cambios en este sentido, bajo el argumento de “proteger la vida desde la concepción o la fecundación”.

Estas modificaciones vulneran el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, es decir, violentan el derecho a la privacidad. Además, el derecho a la autonomía, que significa tener la posibilidad de decidir su propio plan de vida y realizarlo. También ponen en riesgo el derecho a la preservación de la salud y la integridad física y mental, bajo el riesgo incluso de perder la vida.

De acuerdo con datos proporcionados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de abril del 2007 a abril del 2009, se han realizado en la Ciudad de México más de 23 mil interrupciones del embarazo, de las cuales un 78 por ciento fueron a residentes de la entidad, 19 por ciento del Estado de México, y 3 por ciento de otras partes de la República.

Además, el 52 por ciento de las mujeres que utilizaron el servicio de la ILE en el Distrito, son solteras, y el otro 48 por ciento son casadas, en unión libre o divorciadas. La mayoría de estas mujeres son amas de casa, con un 38 por ciento, seguidas por estudiantes con un 26 por ciento, y empleadas con un 20 por ciento.

Se estima que la reincidencia en la ILE es de un caso en mil, o sea alrededor de solo 23 casos a partir de abril del 2007, pues según los protocolos deben recibir consejería y la mayoría egresa con un método anticonceptivo, La mayoría de las mujeres, además, solicitan este servicio antes de la novena semana de gestación.