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miércoles, febrero 16, 2011

Aborto en Chile: Mujeres tienen prohibido decidir

Por Mijaíla Brkovic L. y Vanessa Vargas R. /El Ciudadano Nº95
Iglesia Católica, conservadurismo político y censura han estancado el debate acerca del desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos en el país, dejándolo como uno de los cinco estados en el mundo que se resiste a legislar respecto del aborto.

“Me introduje dos pastillas vía vaginal con un tampón. Las otras dos, me las tomé vía oral”, -detalla “Agustina”, quien pide no ser identificada-. “Me quedé dormida, pero de inmediato mi estómago o útero, no podría decirlo, comenzó a moverse y sentí algo extraño, que luego se tranquilizó. A las 8:00 a.m. en punto comenzó el sangrado. Procuré esperar hasta que se volviera insoportable y fui al baño, como me habían dicho. Allí comenzó un sangramiento que no duró más de media hora. No tenía mucho dolor, era sólo una regla fuerte. De pronto, sentí caer un coágulo de sangre que luego vi que era del porte de una nuez. Ese era el embrión”, recuerda.

Agustina sugiere usar Misopostrol a mujeres que no tengan más de dos meses de embarazo y estén decididas a practicarse un aborto. “Recomiendo que luego vayan a algún consultorio y digan que tuvieron un aborto natural, para corroborar que todo está bien. Es muy común en jóvenes y no pueden comprobar si te hiciste un aborto con pastillas, así que no tienen para qué decir que pasaron a la ilegalidad. Es terrible tener que mentir y sentirse insegura, pero no queda otra en este país”, enfatiza.



El 15 de diciembre pasado se reabrió un histórico debate en Chile respecto a la despenalización del aborto terapéutico. En un proyecto presentado por Fulvio Rossi (PS) y -sorpresivamente- por Evelyn Matthei, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los partidos más conservadores del país, se apuesta a restablecer la posibilidad que, hasta meses antes de que asumiera la Concertación, fue un derecho de todas las chilenas: La existencia de una cláusula legal que permita la interrupción del embarazo cuando ponga en peligro la vida de la madre.

Señalado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como uno de los cinco países en el mundo que no permite el aborto terapéutico a su población femenina –junto a Ciudad del Vaticano, El Salvador, Malta y Nicaragua-, en diciembre, Chile impactó a la opinión pública mundial con el caso de una mujer de 28 años que acudió a la Justicia para poder interrumpir su embarazo. Claudia Pizarro, que llevaba un feto de 38 semanas que no desarrolló su cráneo ni cerebro, y afectada de una lesión que podía generar un cáncer cérvico uterino, agudizó la discusión política y ciudadana al exigir ante las autoridades la posibilidad de defender su vida.

La polémica tras el caso de Pizarro despertó la furia de los sectores más conservadores. El presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, llegó a amenazar con pasarse a la oposición si el Gobierno apoyaba la iniciativa. Tampoco fue indiferente la Iglesia, que se pronunció desde la Conferencia Episcopal: “Nadie tiene derecho a arrogarse el poder de decidir qué vida merece ver la luz del día y cuál no”. En opinión de los principales representantes de la jerarquía eclesiástica, “las prácticas abortivas son la negación misma de lo que se entiende por un acto médico”.

El testimonio de Claudia Pizarro, quien finalmente fue obligada a parir a su hija que sobrevivió apenas por dos horas, revelaría las bases de una elite política conservadora, que se opone a las diversas alternativas del aborto en pleno siglo XXI, cuando las encuestas reflejan que el 66% de la población apoya la alternativa en casos de salud.

HISTORIA DE PROHIBICIONES

La lucha por la defensa de los derechos reproductivos partió con la legalización de las píldoras anticonceptivas en 1964. Fueron distribuidas por el Ministerio de Salud durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva para “reducir los altos índices de mortalidad causados por el aborto”. La iniciativa despertó la crítica de quienes veían en la anticoncepción una forma de manipulación de la reproducción humana.

La autorización para realizar abortos terapéuticos fue ingresada al Código Sanitario en 1931. Para que una mujer pudiera acudir a este procedimiento, debía recibir la aprobación de dos médicos que confirmaran el riesgo de su salud. Sin embargo, dicha práctica sería abolida en septiembre de 1989, a cinco meses de que Pinochet entregara el poder ejecutivo.

Al respecto, Rosa Yáñez, coordinadora del Foro de Salud y Derechos Sexuales Reproductivos, destaca que “durante toda la dictadura -un gobierno tremendamente violador de los derechos humanos-, ese derecho en particular se mantuvo intacto. Curiosamente esto cambia justo antes de la transición a la democracia”.

La prohibición de la experiencia abortiva en beneficio de la madre fue impulsada por el Cardenal José Medina, quien hace poco detalló al diario La Tercera las razones que lo llevaron a insistir en esa postura: “En calidad de vice gran canciller de la Universidad Católica, consulté con médicos de mucha categoría, quienes me dijeron que no había justificación para que se mantuviera una norma así”. Luego, Medina acudió a la Junta Militar, donde su iniciativa fue acogida con particular interés por el Jefe de la Armada, José Toribio Merino. La ley se aprobó meses después y penalizó cualquier intento abortivo, incluso con fines terapéuticos.

Los artículos 342 a 345 del Código Penal establecen los castigos por el delito de aborto. Las penas varían entre los 3 y los 5 años para las mujeres que se sometan a uno, mientras quienes sean acusados de facilitarlo pueden ser condenados desde 541 días a 3 años de cárcel. En la década de los ‘90, diputados como Hernán Larraín y María Angélica Cristi enviaron proyectos al Congreso para aumentar las penas de 5 a 10 años, pero no prosperaron.

Estas leyes, ante ojos de especialistas médicos, son incongruentes con la realidad. Si bien no hay cifras específicas sobre el aborto en Chile, el informe de la organización internacional The Alan Guttmacher Institute, de 1994, revela que de 451.800 embarazos, un 35% terminó en aborto inducido. Según el mismo documento, las estadísticas indican que nuestro país posee una de las tasas de interrupción de embarazo más altas de América Latina.

“En este país, recién se vislumbra una conversación acerca del aborto terapéutico, asunto ya zanjado en la mayoría de los países del mundo. Y se llega a eso con, por ejemplo, el caso de Claudia Pizarro, un caso extremo en que estamos hablando de vida o muerte”, señala Elena Gallegos, chilena que se realizó un aborto legal, gratuito y por decisión propia, mientras residía en Australia.

Por otro lado, durante la Concertación se presentarían débiles intentos por modificar la situación respecto a los derechos reproductivos en Chile. El más significativo estuvo marcado por la llegada de la Píldora del Día Después, anticonceptivo de emergencia que aún no es distribuido igualitariamente en todo el país.

En opinión de la jefa programática de la Asociación Chilena de la Protección de la Familia (Aprofa), Paula Barriga, este hecho “tiene que ver con cánones morales que se interponen a la salud pública”. Barriga califica la medida como discriminatoria e injusta, pues “las mujeres con recursos pueden acceder fácilmente a esta y otras alternativas”.

ABORTAR A LA MALA

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se producen cerca de 160 mil abortos al año. Los métodos abortivos caseros con base en la infusión de hierbas son de los más utilizados, tales como la borraja o la ruda, que se pueden adquirir en el comercio (ver subtítulo abajo) y su efectividad varía según el organismo de la mujer y el método de preparación. También es conocido el uso de fármacos con alto nivel de eficacia abortiva en los primeros meses del embarazo, como el Misopostrol -también conocido como Misotrol-, que se usa para tratar úlceras gástricas.

Respecto al uso de esta medicina, Verónica Díaz, directora de la organización Católicas por el Derecho a Decidir en Chile -CDD-(ver subtítulo abajo), señala: “Es un buen medicamento que a las mujeres no les hace daño, pero que en el país ya no se vende. Ellas lo compran en el mercado negro y las engañan, en vez de Misotrol les venden aspirina, yeso y otras cosas. Lo único que hacen es perder plata y ganar infecciones”.

El caso de “Agustina” (23) -cuyo testimonio destacamos en los primeros párrafos- fue distinto, todo salió bien. Ella relata que algunas amigas también lo hicieron y fueron quienes la orientaron.

Tal como ella, por generaciones, miles de mujeres han acudido a la clandestinidad para hacer valer su voluntad. Así, si bien hoy la discusión está abierta en el mundo político, la práctica del aborto –al menos el terapéutico- está legalizada en casi la totalidad del globo y esta es apenas una parte de la deuda que el Estado tiene con la salud de las mujeres –que abarca desde el postnatal, el desigual precio entre hombres y mujeres para acceder a planes de salud, la poca educación sexual-, según defienden las organizaciones que están por el derecho a decidir.

LA PLANTA ABORTIVA QUE ROMPE EL CERCO INFORMATIVO EN IQUIQUE

La borraja, hierba que al ser bebida bien caliente y en grandes cantidades tiene la facultad de hacer bajar la menstruación, es uno de los métodos abortivos naturales más antiguos. Por eso, las mujeres de la Asamblea Feminista de Iquique lanzaron una campaña permanente que lleva el nombre de la planta, y que tiene la finalidad de “luchar por el derecho al aborto, que es una línea de acción histórica del feminismo y que tiene una profunda relación con el cuerpo de las mujeres”, según señalaron.

La iniciativa iquiqueña es totalmente inédita en Chile. La organización femenina, en cambio -mediante conversatorios, afiches y mesas informativas itinerantes- ha logrado enterarse de que, por ejemplo, 8 de cada 10 mujeres conocen y/o han usado la borraja para interrumpir embarazos no deseados.

“Es increíble pensar en la cantidad de mujeres que han muerto buscando soluciones concretas a la hora de abortar. Algunos métodos conocidos van desde introducción de palillos y sondas de goma que, como cuentan las abuelas, tenían que llevar por dos días hasta ‘romper la bolsa’ (…) Si bien no tenemos certeza si pueden ser o no asertivos los métodos con hierbas, lo que sí podemos asegurar es que existe un enorme riesgo con los otros métodos”, dicen desde la Asamblea.

De esta manera, el objetivo de la campaña no es incentivar el uso de métodos abortivos caseros, sino de hacer un trabajo directo con hombres y mujeres donde se pueda “compartir experiencias, escuchar testimonios, aportar información y, sobre todo, exigir nuestros derechos”, señalan.

En cuanto a la protección previa al embarazo, Susan Campos, integrante de la Asamblea, afirma que han realizado “un estudio en distintas poblaciones y sectores de la región, donde diferentes mujeres nos contaron que en los consultorios existe un stock restringido de pastillas anticonceptivas y que, además, la decisión de entregarlas depende directamente del criterio de la matrona que asiste a la persona”. De este modo, el aborto es, muchas veces, la única opción para quien que no tiene la posibilidad de comprar pastillas o preservativos en farmacias comerciales.

RELIGIOSAS TAMBIÉN EXIGEN DERECHO A DECIDIR

Si bien es común relacionar el mundo de la religión con corrientes conservadoras y totalmente en contra de cualquier tipo de “atentado a la vida”, lo cierto es que en diversas partes del mundo se escuchan opiniones de creyentes que sí defienden la interrupción del embarazo.

La organización internacional, ‘Católicas por el Derecho a Decidir’ es una de ellas. Compuesta por mujeres con los todos sus sacramentos cumplidos, basan su defensa del aborto (no sólo terapéutico) en los estudios filosóficos de San Agustín y Santo Tomás de Aquino.

El primero, en el Salmo 4°, considera que sólo a partir del día 40 después de la fecundación se puede hablar de persona. Tomás de Aquino, agrega a esa misma idea (Salmo 13) que sólo se debe reconocer al embrión como humano en esa fecha porque es cuando Dios infunda el “alma racional”.

Verónica Díaz, directora en Chile de la agrupación antes mencionada, opina que “el aborto no es un asesinato, sino que es, primero que todo, una decisión que debe ser tomada por la mujer. Lo que se pierde es un feto o un gameto, no una vida humana”.

Para ella, interrumpir un embarazo no corresponde a ningún tipo de contradicción con los dogmas religiosos: “Existen muchas escrituras que mencionan que, en ciertas circunstancias muy diversas, un aborto debe ser realizado”. Además, enfatiza que ellas no quieren “destruir la Iglesia”, y que sólo buscan que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos.

Una religiosa que también ha puesto fuertemente el acento en el derecho a decidir de las mujeres, es la monja catalana sor Teresa Forcades. Con el argumento: “Lo que es bueno es de Dios, por tanto lo que es placentero es de Dios”. Esta mujer, de 45 años, ha aparecido en diversos medios de comunicación españoles apoyando el aborto y la píldora del día después.

Para ella, que se reconoce feminista y seguidora de la Teología de la Liberación, Dios ha puesto en las manos de las madres, la supervivencia del feto por lo que “mientras éste no es viable fuera de ella, la decisión de abortar es indisociable de la autodeterminación de la madre, de su libertad personal”.

Forcades enfatiza en que hay una relación estrecha entre la vida de la madre y el feto, y que esa vinculación es íntima al extremo de que no es posible intervenir para salvar la vida el embrión en contra de la voluntad de la mujer, sin violar su libertad personal.

martes, noviembre 16, 2010

En Venezuela nos movilizamos por el Derecho a un Aborto Libre, Seguro y Gratuito

Araña Feminista
La Araña Feminista y todas y las mujeres y hombres, así como colectivos nos manifiestamos a favor de un nuevo Código Penal que entre otras cosas despenalice el aborto.

Miércoles 17 de noviembre, en la esquina de Pajaritos, Edificio Vargas, desde la Araña Feminista tendremos de nuevo un derecho de palabra, esta vez en la Comisión de política Interior, que es la encargada de llevar adelante el proyecto de Ley.

Vamos a sacar el tema del aborto a la calle para que se discuta abiertamente.
Acudamos masivamente todas y todos para exigir el reconocimiento de nuestros derechos.

Lleva pancartas, volantes y ruido.
TODAS UNIDAS POR NUESTROS DERECHOS!!!

jueves, octubre 28, 2010

Amnistía Internacional se une a la campaña por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe

Tomado de Palabra de Mujer
Se deben derogar todas las normas que sancionan o permiten el encarcelamiento de mujeres y niñas que buscan o tienen un aborto bajo cualquier circunstancia. Es claro que cuando se restringe el acceso de las mujeres a la información y a los servicios de un aborto legal y seguro, sus derechos humanos están en grave peligro.

Es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará, además de tener constituciones que protegen los derechos de las mujeres, haya tres países, Chile, El Salvador y Nicaragua, que penalizan el aborto en cualquier circunstancia, inclusive cuando una mujer o niña ha sido violada o cuando la vida de la mujer o niña embarazada se encuentra en peligro.

La prohibición total afecta gravemente la capacidad del personal médico para responder de forma rápida y decidida a las complicaciones que sufren mujeres y niñas durante el embarazo. La penalización del aborto niega a las mujeres y niñas embarazadas la atención médica que necesitan. Esto muestra una cruel indiferencia hacia su integridad física y psicológica, y la ausencia de dignidad humana a la que la penalización condena a sufrir a mujeres y niñas.


Asimismo, las víctimas de violaciones que quedan embarazadas a consecuencia de este grave delito se ven forzadas a continuar con el embarazo, independientemente del peligro que ello suponga para su vida, su salud, su bienestar o su voluntad personal. La única otra posibilidad es buscar un aborto clandestino e inseguro, lo que pone en peligro su vida y su salud, y por el cual pueden terminar en prisión. Además, si una mujer o niña es violada por un familiar, la penalización significa que el Estado las obliga a dar luz a su propio hermano o primo.

Algunos lugares de América Latina han reconocido las graves violaciones de derechos humanos que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe. En Cuba el aborto está despenalizado desde hace varias décadas y en la capital mexicana desde 2007.

A pesar de estos avances, la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, en la práctica no se cumple. Las guías para el personal médico con frecuencia son inexistentes, son poco claras o no se distribuyen, y por lo tanto se utiliza el sistema judicial innecesariamente dejando a mujeres y niñas embarazadas sin la posibilidad de ejercer sus derechos.

Algunas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, intentan suicidarse. Otras toman medidas desesperadas, e intentan practicarse un aborto a sí mismas. Por lo tanto, cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren día a día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso significan la pérdida de la vida. En la región más desigual del mundo, estas medidas desesperadas claramente se cobran principalmente la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza; ¿es que sus derechos humanos no merecen igual protección ante la ley? Sin recursos, los abortos inseguros a los que pueden acceder mujeres y niñas en estas circunstancias, las llevan a arriesgar su vida y su salud y, si sobreviven, a la posibilidad de ser procesadas y encarceladas.

Miles de activistas de todo el mundo se encuentran el día de hoy expresando su indignación frente a estas injusticias y exigiendo la despenalización del aborto en todo el continente. En Nicaragua, el único país de la región que recientemente retrocedió en proteger los derechos de mujeres y niñas al penalizar el aborto bajo cualquier circunstancia, el Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico, en adición a las 31.000 firmas ya enviadas, está entregando hoy 6.000 firmas más, recogidas por miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo al presidente Daniel Ortega, exigiéndole que derogue inmediatamente las leyes introducidas por su gobierno que penalizan el aborto sin excepción.

Amnistía Internacional se une a este llamado regional.

Las mujeres y niñas tienen derecho a vivir y a vivir con dignidad y a no ser obligadas, bajo la amenaza de ser encarceladas, a seguir con un embarazo producto de violación sexual o que pone en riesgo su vida y salud.

“Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos y dar prioridad a programas de salud sexual y reproductiva, incluyendo planes de educación sexual y acceso a servicios e información de planificación familiar a todos y todas, para que todas las mujeres decidan de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación”, ha dicho Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional

Fuente:

http://www.reddesalud.org/actualidad/act1_int.php?id=165

martes, octubre 19, 2010

El aborto no es sólo un problema de las mujeres, es de toda la sociedad


Fuente: Insurrectasypunto


Alfredo Zurita, médico; Raúl Gleim, pastor; Marcelo Salgado, coordinador ISEPCI y otros/Datachaco


Como varones y ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y trabajando en la promoción del pleno ejercicio de los derechos humanos, nos aproximamos desde esa perspectiva para reflexionar y compartir pensamientos y acciones con todas y todos los ciudadanos de nuestra provincia.

Que se legalice el aborto, no implica que todas las mujeres vayan a abortar, la legalización permitiría que aquella mujer que necesite interrumpir su embarazo pueda hacerlo en condiciones de salud seguras, esta decisión sería tomada por la mujer en base a sus derechos y sus convicciones religiosas. Así opinan Alfredo Zurita, médico de la UNNE, Raúl Gleim, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, Marcelo Salgado, coordinador ISEPCI, entre otros.

Como varones y ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y trabajando en la promoción del pleno ejercicio de los derechos humanos, nos aproximamos desde esa perspectiva para reflexionar y compartir pensamientos y acciones con todas y todos los ciudadanos de nuestra provincia.

Asumimos que el cuerpo de todas las personas es el primer espacio en el cual esos derechos se ejercen y consideramos a la persona en su dimensión física e intelectual como una unidad indivisible y toda ella, en su diversidad, plena de dignidad y respeto.
En esa perspectiva de derechos humanos y garantías es que reconocemos la diversidad de posiciones existente y la tomamos en serio y por ello queremos dialogar y debatir para construir una sociedad más equitativa.

El tema de la legalización del aborto evoca convicciones fuertes y variadas que comprende el área de la responsabilidad social, la inequidad de género que afecta gravemente a las mujeres, la situación económica, las estadísticas que nos muestran que la prohibición del aborto continua provocando muerte y desolación.

Esta situación nos llama a buscar, construir y proponer nuevos caminos que ponga fin a tal mortalidad relacionada con abortos realizados en la clandestinidad y que coloca a las ciudadanas de nuestra provincia en situación de vulnerabilidad.

Hay un discurso muy fuerte desde distintos sectores, que intentan reducir el debate sobre el aborto a una cuestión religiosa, a un delito o a un capricho del “feminismo”.

Las mujeres, niñas y jóvenes que llegan a optar por interrumpir voluntariamente un embarazo, pueden ser nuestra hija, nuestra hermana, nuestra madre, nuestra novia, nuestra amiga, nuestra compañera de trabajo, de estudio o nuestra vecina.
Entre otros factores, muchas mujeres, llegan a tomar esta decisión porque es un embarazo no deseado, por falta de educación e información, por no acceder a anticonceptivos o porque fueron víctima de algún abuso.

Sea cual fuera, todas ellas tienen que interrumpir su embarazo clandestinamente, las que tienen dinero lo hacen en condiciones sanitarias adecuadas, las que no tienen el dinero, lo hacen expuestas a condiciones que las llevan a engrosar las listas de miles de mujeres hospitalizadas o es una de las 100 mujeres que mueren por año en nuestro país, por un aborto clandestino mal practicado.

Entendemos que el problema no es religioso, la mayoría de las 500.000 mujeres que se practican un aborto, son católicas, evangélicas, judías o profesan algún credo, también lo fueron aquellas que murieron por esta causa.

Que se legalice el aborto, no implica que todas las mujeres vayan a abortar, la legalización permitiría que aquella mujer que necesite interrumpir su embarazo pueda hacerlo en condiciones de salud seguras, esta decisión sería tomada por la mujer en base a sus derechos y sus convicciones religiosas.

La mayoría de las mujeres que tienen que tomar una decisión de este tipo, no lo hace con liviandad o por gusto, es un dilema ético y psíquico y que la marca profundamente; la penalización del aborto solo la empuja hacia más clandestinidad y la expone a realizarlo en condiciones inadecuadas, con riesgos de complicaciones, incluyendo la muerte.
La justicia y la protección de sus derechos no llegan nunca para ellas. La ilegalidad también refuerza la condena social, la culpa y la estigmatización. Son las mujeres más pobres quienes tienen que cargar con todo esto.

Uno de los principales obstáculos en nuestro país para avanzar a la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, es el poder económico de un negocio ilegal organizado que mueve muchos millones de pesos por año en nuestro país.

Como varones reconocemos que la realidad del embarazo y del aborto es un tema eminentemente complejo y que compete a la libertad tanto ciudadana como religiosa y de profundo respeto a la libertad de conciencia como espacio sagrado.

La penalización del aborto, hace que los derechos a la libertad y a la dignidad de las mujeres se encuentren cercenados en nuestro país.

Coincidimos con las recomendaciones de Amnistía Internacional y con la decisión de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba La Plata y Comahue que se manifestaron a favor de la despenalización del aborto.

En función de estas consideraciones como varones planteamos:
Nuestra exigencia para que el Estado garantice y lleve adelante el cumplimiento de la Educación Sexual en las Instituciones Educativas y en aquellas instituciones que lo requieran.

El libre acceso a Anticonceptivos para todas las personas.
Nuestro apoyo a todas las iniciativas que legalicen el aborto.
Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal seguro y gratuito para no morir.

ALFREDO ZURITA, Medico Cirujano, Especialista en Salud Pública, Docente UNNe
RAÚL GLEIM, Pastor Iglesia Evangélica Luterana Unida
MARCELO SALGADO, Coordinador ISEPCI/Chaco.
MARCELO TISSEMBAUM, Periodista
LUIS ARGAÑARAS, Docente, Dramaturgo y Poeta.
JOSÉ LUIS BRES PALACIOS, Docente y Periodista.
BRUNO MARTÍNEZ, Periodista
BRIAN PELLEGRINI, Periodista
GABRIEL GAMARRA, Presidente de Unidos X la Diversidad. .
SEVERO RANNIS, Médico
RENZO OSUNA, Militante DDHH
JUAN PABLO AGUILAR, Estudiante
DARÍO EDGARDO GÓMEZ, Delegado Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.
HUGO WINGEYER, Docente Universitario, UNNe
CRISTIAN GACZYNSKI, Abogado
RICARDO MAIDANA, Ingeniero y militante LGTB
CESAR ABEL GÓMEZ, Sociólogo, Docente Universitario, UNNe

martes, septiembre 07, 2010

Colombia: Se reglamenta la objeción de conciencia contra aborto

AmecoPress/Cimac.- La abogada Mónica Roa, directora de programas de Women’s Link Worldwide, hizo un llamamiento al Congreso de Colombia para que preste atención al debate legislativo sobre la objeción de conciencia contra el aborto, propuesto por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, ya que la activista consideró que cualquier reglamentación debe ajustarse a los lineamientos ya establecidos.

Durante su participación en el VI Encuentro de Diálogos Constitucionales de la Corte Constitucional, el pasado 2 de septiembre, la abogada manifestó que “un adecuado uso de la objeción de conciencia frente al aborto ayudaría a eliminar los obstáculos que durante cuatro años y medio, han encontrado las mujeres que buscan hacer efectivo su derecho a una Interrupción Voluntaria del Embarazo” (IVE) en Colombia.

En agosto pasado, Ordóñez Maldonado anunció que presentará un proyecto de ley para reglamentar la objeción de conciencia contra el aborto, con el objetivo de dotar a la sociedad de instrumentos que protejan el derecho a la objeción de conciencia de las personas que consideran que el aborto es un delito que afecta la vida y agravia la conciencia de los colombianos.

El Procurador argumentó que no se puede obligar a un médico a actuar contra su conciencia, debido a que es un acto totalitario e inadmisible en un Estado de Derecho.

Situación por la cual, la abogada propuso que se garantice la objeción de conciencia aprobada por la Corte el 27 de noviembre de 2009, para utilizarla como “escudo” de protección a las creencias más íntimas de las personas, pero no para permitir que se convierta en una “espada” que haga oposición y deje inoperantes los avances logrados en materia de derechos sexuales y reproductivos.

De acuerdo con la doctora en Filosofía, Paulette Dieterlen Struck, la objeción de conciencia es una contradicción entre las obligaciones establecidas entre el derecho y la moral, y reconoce el derecho individual de no cumplir con una determinada obligación jurídica.

El aborto fue despenalizado en Colombia el 10 de mayo de 2006. A partir de esa fecha, la IVE se puede practicar en tres casos: cuando la vida o la salud física o mental de las mujeres esté en peligro, cuando el embarazo sea producto de violación o incesto, o cuando una malformación fetal haga inviable la vida fuera del útero.

La abogada afirmó que es preferible que un médico haga objeción de conciencia de manera respetuosa con los derechos de las mujeres, y la refiera a otro profesional que la quiera atender, en lugar de usar su posición como médico para hacer juicios de valor sobre la decisión de las mujeres, o brindar información científica inexacta, como advertir los peligros que las mujeres correrían si deciden interrumpir su embarazo.

Reconoció la labor de la Corte Constitucional por su claridad conceptual en el desarrollo de la jurisprudencia en materia de objeción de conciencia y aborto, y el rigor y compromiso con el que busca proteger los dos grupos de derechos en tensión, el derecho al aborto y el derecho a objetar conciencia.

lunes, mayo 10, 2010

El derecho humano de la decisión

Por Mariana Carbajal
Página 12 La eliminación de los embarazos no deseados reduce la pobreza: si se lograran evitar, el impacto sería equivalente a un aumento del ingreso per cápita de entre un 10 y 20 por ciento. El dato surge de un estudio realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) y lo reveló la mexicana Nadine Gasman, directora regional de Unifem para la campaña contra la violencia hacia las mujeres de la ONU, con sede en Panamá. Gasman expuso en la apertura del V Congreso Latinoamericano de Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR), que se desarrolló a lo largo de tres días en esta ciudad, con más de medio millar de participantes de 17 países, y donde se reafirmó que los DSyR son derechos humanos. Quedaron claros algunos acuerdos, que Gasman resumió así: para reducir la mortalidad materna y el embarazo adolescente, y conseguir que la maternidad sea una elección y no una imposición, se deben duplicar las inversiones en salud sexual y reproductiva, garantizar una educación integral en sexualidad en las escuelas, erradicar la violencia contra las mujeres y avanzar con legislaciones que despenalicen el aborto. En ese marco, el gobierno uruguayo anunció que impulsará en la Unasur y el Mercosur la expansión de la consejería pre y post aborto en la región, una estrategia de reducción de daños que viene llevando adelante Uruguay y que apunta a que las mujeres puedan, por su cuenta pero sin riesgos, interrumpir una gestación no deseada con un fármaco (el misoprostol), hasta tanto se logren reformas que legalicen el aborto.

En América del Sur, donde la mayoría de los países tienen leyes que penalizan esa práctica, se practican 33 abortos inseguros cada 1000 mujeres de 15 a 44 años, indicó Fática Juárez, profesora del Colegio de México e investigadora del Instituto Guttmacher, de Nueva York. “Esta cifra es mayor que la de todas las demás regiones del mundo en desarrollo, incluida Africa, y catorce veces mayor que la de los países desarrollados”, comparó Gasman.

Conseguir que la maternidad sea libremente elegida y que la vida de las mujeres no corra riesgo como consecuencia de un embarazo fueron dos de las banderas levantadas durante el encuentro.

Según la OMS, la proporción de muertes maternas que resultan de abortos inseguros –realizados con métodos precarios–, en América latina y el Caribe es muy alta y supera la de Asia y Africa, precisó la especialista de Unifem. “Se estima que entre un 10 y un 20 por ciento de todas las mujeres que tienen abortos necesitan, pero no reciben, atención médica para complicaciones graves”, destacó Juárez, al presentar, en una de las conferencias, el estudio “Aborto a nivel mundial: una década de progreso desigual”, realizado por el Instituto Guttmacher.

Gasman, quien hasta 2009 representó a Unfpa en Guatemala, puso énfasis en el impacto que puede tener la inversión en salud sexual y reproductiva. “Cada dólar invertido en planificación familiar tiene beneficios sociales tan altos como si invirtiéramos 31 dólares en servicios de salud, abastecimiento de agua, educación y vivienda”, destacó la médica, especializada en salud pública. Y aportó otro dato estremecedor: “El costo mundial para acabar con la mortalidad materna evitable es de 6000 millones de pesos. Nos puede parecer mucho, pero es equivalente a dos días y medio del gasto militar mundial”. Si bien la mortalidad materna se redujo entre 1994 y 2005 en la región un 26 por ciento, “se observa un virtual estancamiento que es motivo de preocupación y evidencia la necesidad de adoptar medidas adicionales”, expresó. A este ritmo, advirtió, no se llegará a cumplir con el Objetivo del Milenio de reducir en tres cuartas partes la MM en los países de la región.

El V Congreso Latinoamericano y I Centroamericano se llevó adelante entre el miércoles y el Viernes, en esta ciudad rodeada de montañas y de primavera eterna. Asistieron profesionales de la salud, proveedores de servicios, investigadoras e investigadores, activistas y periodistas. En representación del gobierno argentino participó la coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Paula Ferro. Página/12 fue el único medio del país.

“Dignidad, Justicia y Equidad en Salud”, fue el lema convocante. Durante el encuentro se analizó cuál es el contexto actual y los desafíos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en América latina, desde una óptica de derechos humanos, en más de treinta mesas redondas. Las profundas desigualdades en la región y al interior de cada país fue uno de los obstáculos identificados. Pero no el único: la presión de sectores conservadores vinculados con la Iglesia Católica fue eje de fuertes críticas. “Poner una mordaza para evitar que los jóvenes tengan educación sexual es una violación de los derechos humanos”, señaló la diputada guatemalteca Zury Ríos, ferviente defensora de los derechos de las mujeres en este país. Demandas judiciales en la mayoría de los países de la región –incluida Argentina– para prohibir la distribución gratuita de la anticoncepción hormonal de emergencia con el falso argumento de que sería “abortiva” es una de las acciones repetidas de los grupos fundamentalistas. Pero aquí en Guatemala han llegado tan lejos como a censurar un suplemento femenino. En una de las mesas redondas, la periodista Yeny Leiva, editora del suplemento Semanario mujer del diario Prensa Libre, denunció que grupos fundamentalistas consiguieron que la dirección del periódico bloqueara la publicación en el suplemento de artículos que mencionen las palabras “orgasmo”, “deseo”, “aborto” y “sexualidad”. “Nuestra intención era informar sobre la sexualidad a las lectoras. En Guatemala hay muchas mujeres que desconocen lo que es un orgasmo”, contó Leiva. Pero “por presiones de sectores conservadores” el año pasado tuvieron que dejar de publicar sobre la temática. Leiva también reveló que una periodista de Prensa Libre que había escrito un artículo sobre sexo oral fue insultada por gente que la fue a esperar a la salida de la redacción del diario para agredirla. “Yo colecciono el suplemento para mis hijos adolescentes –intervino una mujer del público– y al que más le interesa es a mi esposo, porque mis hijos están más informados que él”, comentó y generó carcajadas en la audiencia.

Guatemala es uno de los países de Latinoamérica con más alto índice de violencia contra las mujeres. Es el segundo, después de El Salvador, con 93 feminicidios perpetrados en el marco de una relación de pareja por cada millón de mujeres mayores de 14 años, de acuerdo con un informe internacional publicado hace dos semanas por el Centro Reina Sofía, de España, especializado en la temática. La mortalidad materna es 158 decesos cada 100 mil nacidos vivos, precisó el médico Edgar Kestler, director ejecutivo del Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala y presidente del comité organizador del V Congreso. Sólo está despenalizado el aborto terapéutico, es decir, para salvar la vida de la mujer. En otros países como Nicaragua y El Salvador el acceso al aborto es aún más restrictivo: el procedimiento está prohibido en cualquier circunstancia, incluida para salvar la vida de la mujer. La abogada estadounidense Nicolle Catrivanos, que está trabajando en El Salvador, contó a Página/12 que las mujeres que recurren a un aborto y requieren asistencia médica en un hospital son denunciadas por el personal médico y terminan esposadas mientras reciben curaciones. “Se las acusa incluso por homicidio agravado por el vínculo y pueden recibir hasta 30 años de prisión. La mayoría, claro, son jóvenes, pobres y de poca educación”, sostuvo Catrivanos.

La abogada colombiana Alejandra Cárdenas, del Centro para los Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York, se explayó sobre cómo se pueden defender los derechos sexuales y reproductivos con el derecho internacional de los derechos humanos, frente al ataque de los grupos ultracatólicos. “Hay que poner las cosas claras para las cortes nacionales: ni el feto ni el cigoto ni el embrión son personas frente al derecho internacional”, enumeró. Y detalló cuál es la posición de los organismos de la ONU al respecto: “El sistema universal de protección de derechos humanos ha rechazado otorgar ‘el derecho a la vida’ desde el momento de la concepción y ha rechazado una protección absoluta de la vida en gestación y en consecuencia ha rechazado una prohibición absoluta del aborto”, explicó y citó los tratados correspondientes y las posiciones sobre el tema de los comités que monitorean su cumplimiento. Para acceder a las ponencias que se presentaron durante el encuentro se puede visitar la página www.congresoderechosysalud.com.

domingo, mayo 09, 2010

Continúa proceso penal en Veracruz contra 3 mujeres por aborto

Anayeli García Martínez
(CIMAC).- El “indulto” otorgado por el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, a 8 mujeres presas en distintos penales del estado por interrumpir un embarazo no deseado, quedó sólo en “promesa” porque cinco de las nueve acusadas ya están libres, obtuvieron su libertad por el “beneficio de la liberación anticipada”.

En entrevista, Araceli González Saavedra, activista e integrante de la organización civil Xochiquetzal, dijo que cinco mujeres están libres luego de que recurrieron a la figura jurídica del “beneficio de la liberación anticipada”, la cual se les concedió debido a que “cumplieron su deuda con la sociedad” y presentaron buena conducta, problemas de salud, o cumplieron la mitad de su condena que pudo ser de tres a 12 años de prisión.

No obstante, en Veracruz aún hay tres mujeres que están enfrentando un proceso penal por interrumpir un embarazo no deseado. Por ello la activista afirmó que si bien es cierto que las mujeres del estado celebran que el Congreso estatal rechazara ayer, en segunda vuelta, la reforma al artículo cuarto de la Constitución local, que buscaba “proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”, aún tienen un largo camino por

TODAVÍA ES UN DELITO

En la discusión de ayer, en el Congreso, no se alcanzó el número de votos suficientes para que fuera aprobada esta reforma -pues se necesitaban 34 votos a favor y sólo se obtuvieron 25- sin embargo, el aborto aún es considerado un delito, señaló González Saavedra.

Además González Saavedra explicó, que de acuerdo con el trabajo de investigación de Xochiquetzal, de las nueve mujeres acusadas por aborto que se tiene registro, tres continúan un proceso legal de desahogo de pruebas, que podría llevar hasta ocho meses para después dictarles una sentencia.

De estas mujeres acusadas de “aborto o de homicidio”, una permanece en la cárcel porque su abogado le recomendó no aceptar la liberación. De acuerdo con Araceli González Saavedra, no se sabe porqué esta mujer decidió eso, y tampoco cuentan con las fechas exactas de la liberación de cada una, pero en próximos días tendrán toda la información recabada.

EL CÓDIGO PENAL DE VERACRUZ

El 17 de noviembre de 2009, el congreso estatal aprobó reformas a los artículos primero y cuarto de la Constitución local para “proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”, y al artículo 150 del Código Penal veracruzano para establecer una sanción de “atención psicológica” y 9 mil pesos de multa a las mujeres que interrumpieran por primera vez un embarazo.

Tiempo después el gobernador de la entidad, envió al congreso otra propuesta que buscaba dar marcha atrás las sanciones penales y económicas para las mujeres que abortaran, propuesta que fue discutida el 3 de diciembre de 2009 en el congreso.

En esa ocasión las y los legisladores rechazaron la propuesta del gobernador quedando en el sentido de que “se sancionaría a la mujer que aborte o consienta se le provoque el aborto, con atención médica y educativa integral, mientras que a quien la ayude, es decir el médico, enfermera, comadrona o partera, recibiría de seis meses a dos años de cárcel y multa económica”.

De esta forma las veracruzanas que aborten recibirán atención médica, psicológica y educación para impedir que vuelvan a interrumpir un embarazo.

miércoles, febrero 10, 2010

Ciencia y laicidad: Como los cangrejos, México retrocede...

Por: María Esther Espinosa Calderón* / Mujeres.net
Justina tenía siete hijos cuando se dio cuenta que estaba otra vez embarazada; el marido como siempre no quiso hacerse responsable, la culpaba a ella por “ese gran descuido”, no se acordaba que él mismo fue el que no “le permitió” operarse, ni la dejaba tomar anticonceptivos. En su desesperación, una mañana fue a ver a una comadrona quien le colocó una sonda para abortar. Por la tarde, empezó con una hemorragia que no le pudieron controlar, esa misma noche murió. Su hijo más pequeño apenas tenía 2 años. La hija mayor se quedó a cargo de todos sus hermanos. Años después ella también recurriría a un aborto, pero ya en otras condiciones: con un doctor quien en la clandestinidad se lo practicó. Su suerte fue otra, pero en un pueblo pequeño se le estigmatizó.

Ángeles es una mujer que no ha podido superar “el error de su vida”, como ella dice. Siempre deseó ser madre, pero un aborto mal practicado la condenó a la infertilidad. Se embarazó de un hombre casado que no asumió su responsabilidad, “era un asunto de ella”, como si él no hubiera cooperado.

Paloma cuenta que en la época en la que ella abortó, “te iba bien si tenías un conocido médico que pudiera ayudarte; no puedo hablar mal de mi experiencia, sólo que me costó mucho superarlo, aunque no lo logras del todo, porque siempre hay algo que te lo recuerda. Estoy bien, cuando decidí tener a mis hijos los tuve sin ningún problema. Siempre pensé y pienso en las pobres mujeres que no tienen posibilidades, las que con ganchos, con sondas, con pastillas vaginales tratan de abortar. O en aquellas mujeres que lo hacen en lugares insalubres”.

Para Laura fueron días muy tristes y angustiantes, una mujer no aborta porque desee hacerlo, es la última alternativa que tiene, cuando se te cierra el mundo, cuando es producto de una violación; cuando la pareja en la que confiabas te deja sola. Para mí fue muy fuerte, sin dinero, tuve que ver a una dizque doctora que sin anestesia, “me ayudó a abortar”.

Erika en contra de sus principios tuvo que recurrir a interrumpir su embarazo, su hija tenía cáncer; ella tenía que dedicarle el cien por ciento de su tiempo y su energía a su pequeña. No tuvo ningún contratiempo. La salud de su hija poco a poco se va recuperando.

Historias como las anteriores se repiten por todas partes, sin embargo, en México, la mayor parte de los abortos practicados son abortos inseguros que ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Esto se debe a las condiciones de clandestinidad en que tienen lugar como consecuencia de las leyes restrictivas que existen actualmente (GIRE).


Como los cangrejos, México retrocede en materia de aborto e interrupción legal del embarazo. Las legislaciones de diferentes estados de la República vulneran el derecho a decidir de las mujeres a una maternidad libre, voluntaria y elegida.

Al respecto la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), Rosaura Ruiz Gutiérrez, aseguró que resulta inadmisible que en nuestro país no se considere a la ciencia como un factor clave para el desarrollo nacional, y una de las evidencias irrefutables de ello es que en los inicios de la segunda década del siglo XXI se siga legislando con base en argumentos ajenos a la razón, sustentados en creencias religiosas. Con ello, se condena a México a seguir rezagándose con respecto al contexto mundial.

Al participar en la ceremonia de entrega del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2009, que otorga el gobierno del estado de México a investigadores y tecnólogos, se congratuló de que el Congreso mexiquense no haya seguido el ejemplo de los 18 estados de la República que han aprobado legislaciones para penalizar el aborto.

Con este tipo de leyes, se convierte, contra toda lógica, en delincuentes a las mujeres que toman la decisión de interrumpir un embarazo por razones respetables y, en último caso, en uso de su legítimo derecho a decidir sobre cuestiones que atañen a su propio cuerpo y a su dignidad personal.

Indicó que las reformas señaladas, que definen equívocamente el concepto de persona como un conjunto de células, se han realizado de manera concertada y con inspiración expresa de líderes religiosos, con la participación instrumental de varios partidos políticos.

Además de que éstas representan un severo obstáculo para el avance de la investigación científica de vanguardia, en temas vitales como el de las células troncales, apuntó, se vulnera la laicidad consignada en nuestra Constitución desde las Leyes de Reforma como un valor supremo, un componente indisociable de la vida democrática, y una condición irrenunciable para el avance del país.

En este sentido, Rosaura Ruiz resaltó que el Estado laico es el único que garantiza al individuo y a las colectividades el poder de construir y vivir con plenitud su credo o sus propias concepciones del mundo, sin la constricción de leyes provenientes de una fe diversa, respaldadas por la fuerza pública del Estado.

Por ello, reiteró que la Academia Mexicana de Ciencias ha defendido, y seguirá defendiendo, el Estado laico, la primacía de la racionalidad, la democracia, la justicia y el bienestar social en la constante construcción de la normatividad jurídica, la ciencia como elemento indispensable para el bienestar humano y los derechos de las mujeres.

Al dirigirse a los investigadores reconocidos con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2009, la presidenta de la AMC reconoció su invaluable aportación al saber, el cual contribuye a fomentar una cultura del desarrollo científico integral y equilibrado en cada una de sus facetas.

“Con su experiencia y su inteligencia, son ustedes quienes conducen el avance del conocimiento y de la tecnología en beneficio de nuestro país”, finalizó.

Con el Premio Estatal en Ciencia y Tecnología, el estado de México distingue a los investigadores y tecnólogos de instituciones de educación superior o centros de investigación, así como a empresas de esta entidad. El galardón se otorga cada año a través del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT).

Los galardonados son, en la modalidad de ciencia: en el área de Ciencias Agropecuarias y Biotecnología, Leopoldo Fucikovsky Zak, del Colegio de Posgraduados y miembro de la AMC, y Alejandro Espinosa Calderón, investigador de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM.

En el área de Ciencias de la Salud, se premió a Nazario Pescador Salas, director de Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México, mientras que en Ciencias Naturales y Exactas, el premio lo recibió María Teresa Olguín Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Nucleares y también integrante de la AMC.

Esta distinción se otorgó a Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta, del Colegio Mexiquense A. C., en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, y a los investigadores Cheikh Fall, de la UAEM, y Gustavo Alonso Vargas, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y miembro de la AMC, ambos en la categoría de Ingeniería y Tecnología.

En la modalidad Tecnología, se entregó el reconocimiento a la empresa Centros de Investigación en Polímeros, S.A. de C.V., que ha desarrollado productos novedosos, a la vez que mantiene una estrecha colaboración con centros de investigación nacionales y extranjeros.


*Periodista, ha colaborado en diversos medios, entre ellos el Uno más Uno, Mira, El Universal, Etcétera, 'Triple Jornada' del periódico La Jornada, y en la revista Fem.

jueves, enero 07, 2010

México: La penalización del aborto es un retroceso jurídico y científico

Por: Gladis Torres Ruiz /Cimac
Las reformas realizadas a 17 Constituciones políticas locales, para “proteger la vida desde el momento de la concepción”; efectuadas con el apoyo de líderes religiosos y varios partidos políticos, son inaceptables porque “socavan la racionalidad política en el país y amenazan con retroceder a etapas dolorosamente superadas hace siglo y medio”, afirmó la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).

En una declaratoria, difundida a través de su página web, la AMC manifestó su preocupación por dichas reformas ya que el efecto inmediato de dichas legislaciones consiste en penalizar el aborto y convertir, “contra toda lógica”, en delincuentes a las mujeres que toman tal decisión.

Decisión que toman por razones respetables y en último caso, en uso de su legítimo derecho a decidir sobre si ejercen o no su derecho a la maternidad, y a su dignidad personal, indica Rosaura Ruiz Gutiérrez, presidenta de la Academia.

La libertad y el derecho que tiene “toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos”, es un derecho establecido en el artículo 4 de la Constitución Mexicana, ganado desde 1974, puntualizó.


En México, desde octubre de 2008, la alianza de los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), apoyados por legisladoras y legisladores del partido Verde Ecologista de México, y en algunos casos por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), han logrado reformas constitucionales contrarias en 17 de los 31 estados del país.

Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán, mientras que en Chihuahua fue aprobada en 1997 con lo que suman 17 los estados con reformas en el mismo sentido proteger la vida desde el momento de la concepción.

La AMC, señala que la discusión sobre el tema de la vida desde el momento de la concepción, es una “incompatibilidad flagrante entre el concepto moderno, multifacético y complejo, de lo que es un ser humano y la simplista, arbitraria y poco informada definición de la vida en que se basan las reformas indicadas”.

Agregó que la penalización del aborto significa un retroceso jurídico, científico y práctico. Porque es una violación de los principios del Estado laico y una amenaza contra la racionalidad del sistema jurídico nacional.

Además de que resulta una maniobra “insidiosa para penalizar de modo tajante y cerrado a las mujeres de México, así como a las y los médicos involucrados, con el profundo propósito de establecer un método de legislar que no considere los avances de la ciencia”.

Los profesionales de la ciencia que suscriben la declaración lanzaron un llamado a los institutos políticos y jurídicos competentes, así como a la ciudadanía en general a reflexionar sobre las consecuencias de las reformas mencionadas y detener a tiempo estos procesos, antes de que lleven al país a etapas de confrontación que dañarían a todas y todos.

En la Cámara de Senadores se encuentra pendiente la iniciativa de la presidenta de la Comisión de Equidad y Género la senadora Blanca Judith Díaz Delgado del PAN, para crear la “Ley General de Protección a la Maternidad y Paternidad” que entre sus objetivos establece que “el Gobierno debe garantizar la protección a toda persona, desde el momento de la concepción”.

Mientras que en la Cámara de Diputados se encuentra la enviada por el Gobernador de Veracruz el priísta Fidel Herrera, para modificar la Carta Magna en sus artículos primero y cuarto para proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural.

La AMC, que este año celebra 50 años de su fundación, afirmó que su declaratoria surge ya que tanto esta institución como la comunidad científica nacional, se encuentran comprometidos en alertar y señalar las cusas que provocan que el país siga rezagándose respecto al resto del mundo.

Firman la declaratoria los ex presidentes de la ACM; Francisco Bolívar Zapata, José Antonio de la Peña, René Drucker Colín, Jorge Flores Valdés, Mauricio Fortes Besprosvani, Carlos Gual Castro, Ismael Herrera Revilla, Juan Pedro Laclette San Román, Adolfo Martínez Palomo, Raúl Ondarza Vidaurreta, Octavio Paredes López, Antonio Peña Díaz, Daniel Reséndiz Núñez, Pablo Rudomín Zevnovaty, José Sarukhán Kermez y Guillermo Soberón Acevedo.

sábado, septiembre 19, 2009

Ley de Aborto en Venezuela ¿por qué no?

Por:Guani Rodríguez /Insurrectasypunto De acuerdo a estadísticas publicadas por la Universidad Central de Venezuela el 16% de las muertes maternas son por abortos clandestinos. El tema ha decidido dejarse en un tabú de años que tanto la iglesia como sectores favorecidos de la sociedad siguen obviando la realidad actual del país.

El aborto no se trata únicamente de un problema de la clase media y populares en el país, simplemente son ellas las que al verse sin todos los recursos deben acceder a cualquier vía que pone en peligro su vida. Las mujeres de clase alta tienen medios para trasladarse hasta otros países donde puedan hacerlo libremente o pagarle cantidades exorbitantes a los médicos de clínicas privadas para su aborto asistido.

El tema del aborto no se trata de un asunto de recursos disponibles, se trata del derecho de toda mujer a decidir sobre su vida de acuerdo no sólo a las condiciones socio económicas.

La asamblea Nacional ha dicho que la ley de igualdad de género no consideraba la aplicación y evaluación de la despenalización del aborto, y cuándo lo comenzará a considerar. Movimientos sociales y revolucionarios así como otros partidos políticos que han llegado al poder, como Cuba y países de la comunidad europea, han brindado la posibilidad en primera instancia a la mujer de ejercer su derecho al aborto, ciertas premisas y ciertas condiciones para su aplicación (que luego se podrían cuestionar) pero el derecho estaba planteado.

La iglesia siempre ha querido retrasar e inmiscuirse en un asuntos que compete exclusivamente a la sociedad civil decidir alegando el derecho a la vida, pero y qué ocurre con el derecho a la calidad de vida de la mujer que tiene que parir?, ¿qué ocurre con el derecho a la elección que tiene una mujer cuyas condiciones no permiten soportar otra vida?, ¿qué tipo de vida le espera a una criatura que no tiene buenas condiciones de vida?. Parece absurdo las razones que en el siglo XXI la iglesia católica brinda para opinar en materia de Estado y para negar un derecho de elección a parte de la sociedad. Ciertamente es aceptable para la ideología de la iglesia que ha relegado a la mujer al papel de mantenedora de vida y sumisión ante las condiciones dadas por la naturaleza, relegándola únicamente a especie humana.

La iglesia muestra siempre cifras de abortos en países donde está legalmente permitido el aborto inducido. Esas cifras serían imposible de determinar sino fuera por su legalidad, en su lugar tendríamos quizás el número de mujeres muertas que tratan de escapar a un aborto no deseado, sea cual fuere su causa. Hay que recordar a la iglesia y a grupos anti-aborto que en esta sociedad existen mujeres en matrimonios disfuncionales donde la muestra de legitimación es un hijo. Mujeres que en el matrimonio no tienen poder de decisión sobre el control natal, oprimidas por maridos que no permiten el libre desarrollo de su condición de mujer sino únicamente encasillada en el estereotipo de madre.

Una vez más el aborto en Venezuela es un hecho clandestino desde hace años, en lugar de satanizarlo deberían preocuparse porque la legislación se haga de manera que permita a la mujer realizarlo en las mejores condiciones sanitarias posibles sin que su vida corra el riesgo de infecciones, infertilidad (esterilidad), entre otras complicaciones o muerte.

El carácter ético de la legislación menciona la responsabilidad que se tiene de inclusión de los distintos sectores y opiniones en la realización de una ley. Son respetables las razones religiosas que posea cada individuo para distanciarse o no en esta toma de decisión pero no compete al Estado laico tomar medidas con justificaciones religiosas.

El aborto es un asunto que atiende a carácter social, la estructura social en un país en un proceso revolucionario cada vez mas debería abrir puertas a la mujer en materia de igualdad de género, brindar derechos y potenciar su situación. El estado debe ser capaz de poder brindar asistencia a una mujer en las mejores condiciones sin importar el status socioeconómico. Actualmente no tenemos cifras ciertas de la cantidad de mujeres que abortan en Venezuela, con una legalización del derecho de aborto a la mujer se abriría la posibilidad no sólo de poder registrarlo sino también de poder brindar distintas políticas que permitan la prevención de embarazos principalmente en adolescentes.

No se puede mezclar las ideas. El aborto no es un método anticonceptivo es simplemente una interrupción de un embarazo por ende conlleva una decisión al que se prepara la mujer, que acarrea un conjunto de complejidades también psicológicas. No puede pensarse en 'la ligereza del aborto' como algunos anti-abortistas han difundido. Sencillamente se trata de educar sexualmente a una población que está llena de tabúes, con una juventud globalizada en explosión. ¿Por qué las altas clases sociales reniegan de una ley de aborto en Venezuela pero vanaglorían las posibilidades que dan los países desarrollados o llamados del 'primer mundo'?. Se ha logrado con una construcción colectiva no por iluminación selectiva.

Las reformas estatales no pueden ser únicamente propuestas por los legisladores, porque no se trata de una democracia representativa sino de un proceso revolucionario hacia la democracia participativa, en la que el poder del pueblo y de los distintos poderes populares tiene que manifestarse y en la que se busca alcanzar objetivos para los distintos grupos de la sociedad.

Las mujeres necesitamos ejercer la libre asociación y manifestación para luchar por el derecho de ejercer sobre nuestro propio destino, sobre nuestro cuerpo. Distintas organizaciones se han encargado de comenzar a movilizar a las mujeres en la búsqueda de espacios sociales. Es necesario que nos organicemos en bloque para pedir los cambios que como mujeres de esta sociedad necesitamos y que nuestra vida o la vida de nuestras hijas, hermanas, sobrinas y amigas no corra peligro. Y lo más importante que podamos elegir con las oportunidades que debemos tener legalmente. Es una realidad simplemente tenemos que legalizarla para que se le de el respeto a la vida y las buenas condiciones que nos merecemos las mujeres cuando nuestra decisión es el aborto.

lunes, agosto 24, 2009

El aborto inseguro le cobra la vida a una venezolana cada semana

Por: Vanessa Davies
Tenía 25 años cuando quedé embarazada y aborté. Recién estaba perdiendo la virginidad. Yo era muy inexperta. Mi pareja y yo siempre nos cuidábamos con preservativo, pero esa vez no lo usamos. Creo que quedé embarazada por descuido de los dos. Después de tener relaciones sexuales, tomé la pastilla del día siguiente, como ocho horas después, pero no me funcionó.

Mucho de venezolana posee Fernanda Domínguez: Como ella, miles de mujeres del país no utilizan métodos anticonceptivos. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, sólo 16 de cada 100 mujeres se cuidan de un embarazo no deseado.

Tres años después de acudir a un consultorio médico para abortar, Fernanda todavía traga grueso si le toca hablar del tema.

Cuando me entregaron los resultados de la prueba de laboratorio no podía creerlo. Claro, yo sospechaba que algo no estaba bien porque soy un reloj con las menstruaciones. Por si acaso, me repetí la prueba varias veces, en laboratorios distintos. En todos, el mismo resultado: positivo. Yo no estaba decidida a abortar, pero tampoco quería tener un hijo por accidente. Mi pareja tampoco quería que lo tuviera, y actuó de manera muy agresiva. Mi mamá me apoyó. Sin ella, no hubiera salido adelante. El aborto en Venezuela sigue siendo ilegal. "La única forma de interrumpir el embarazo es si la vida de la madre se encuentra en peligro", acota Rogelio Pérez, integrante de la junta directiva de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Para la Organización Mundial de la Salud, el aborto es inseguro cuando lo efectúa personal no entrenado y en condiciones no adecuadas.

Me he dado cuenta de que a muchas amigas mías también les pasó lo mismo. Muchas lo viven sin apoyo de nadie, indefensas. Las que no tienen recursos para ir a un consultorio, optan por una pastilla (misoprostol) o se meten en cualquier hueco y arriesgan su vida.


Tal como lo registra el Ministerio de Salud, una mujer fallece semanalmente en Venezuela por abortar en condiciones inseguras. En el año 2006 murieron 55 venezolanas por esta causa; más de la mitad (33) debido a infecciones y hemorragias.

"Las mujeres que tienen los medios, pagan y se hacen la interrupción con seguridad", enfatiza Rogelio Pérez. Las otras, las que no poseen dinero para costear una consulta, "siguen pasando por muchas dificultades".

Ganchos de ropa, sondas, ramas de perejil introducidas en el útero, lavados con jabón azul. Recursos desesperados que provocan, sí, la pérdida del feto, pero también infecciones generalizadas o ruptura de la matriz. Si la paciente se salva, puede sufrir obstrucción de las trompas de Falopio y esterilidad. La experiencia de la Maternidad Concepción Palacios indica que esto cada vez ocurre menos, porque las mujeres saben que pueden usar algunos productos farmacológicos para provocarse el aborto.

Estos son, afirma la OMS, algunos ejemplos de aborto inseguro: beber trementina, blanqueadores o té elaborado con estiércol de ganado; inserción en la vagina de preparados con hierbas; colocación de cuerpos extraños (como palos, ganchos de ropa o huesos de pollo) dentro del útero; saltar desde lo alto de una escalera o de un tejado.

Como ya había cometido un error al quedar embarazada, traté de que la interrupción fuese algo responsable. Amigas y conocidos me dijeron que había pastillas, misoprostol. Pero todo me daba miedo porque era muy inseguro. Por eso opté por un especialista, un médico ginecólogo y obstetra. Llegué a él gracias a una amiga a quien le había ocurrido lo mismo. El médico me inspiró confianza, me explicó todo con ayuda de libros. Me hicieron la interrupción por aspiración. No fue doloroso ni traumático. ¡Ni siquiera sangré! Me fui a mi casa inmediatamente, y trabajé al día siguiente. Tenía 3 semanas de embarazo.

Cuando me hicieron la interrupción sentí alivio, pero días después tuve una crisis depresiva. Leía cosas que me hacían sentir culpable. Sentía que le fallé a mi familia, que me fallé a mí misma. Sentí que maté a un ser humano inocente, me estuve torturando con eso. Tuve que ir a un psiquiatra y tomar antidepresivos. Las restricciones legales al aborto no reducen su incidencia, concluye la Organización Mundial de la Salud. Un documento advierte: "Donde el aborto es legal y permitido, es generalmente seguro, y donde es ilegal en muchas circunstancias, es usualmente inseguro".

Cada año se realizan 4.000 curetajes en la Maternidad Concepción Palacios (datos oficiales del año 2003). En el trabajo Diagnóstico Situacional del Aborto en Venezuela, el ginecólogo y obstetra Manuel Arias alerta que la mayor parte de estas mujeres egresa del centro asistencial sin un método anticonceptivo y sin información al respecto, por lo que posiblemente volverán a practicarse un aborto.

A título personal, y con base en su experiencia como ginecólogo, Rogelio Pérez plantea modificar el Código Penal. "No hablamos de legalizar, pero sí, de flexibilizar el aborto. Es darle la opción a la mujer en casos de violación y malformaciones fetales incompatibles con la vida". En opinión del médico, esto debe ser abordado como un problema de salud pública y no religioso: "No pretendemos meternos en las consideraciones religiosas de cada quien".

Una propuesta similar quedó engavetada en la última revisión del Código Penal.

Han pasado tres años, y puedo decir que lo he superado poco a poco. Es lo mejor que he hecho en mi vida, aunque siempre es como una cicatriz. Yo no estaba preparada para tener un hijo así, sola, sin padre. La decisión de abortar fue muy difícil, pero defiendo el derecho a tomarla. Defiendo que se despenalice el aborto en ciertas condiciones; por ejemplo, en los primeros tres meses. La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Esto debe ser una política de salud pública, y no un asunto religioso.

http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?items=929817

jueves, mayo 07, 2009

Miles marcharon contra prohibición de Interrupción Legal del Embarazo en Santo Domingo

Fuente: CIMAC
Más de dos mil personas, entre ellas juristas, artistas, lideresas y líderes políticos, feministas y de diversas organizaciones de la sociedad civil, se concentraron ayer frente al Congreso Nacional, en Santo Domingo, República Dominicana, para protestar contra la modificación del Artículo 30 constitucional, aprobada el pasado 21 de abril por la Asamblea Revisora, pues vulnera los derechos de las mujeres y condena al país al atraso constitucional.

El mencionado artículo pretende proteger la vida del óvulo fecundado y darle la misma categoría que a una persona ya nacida. Con esta medida, cualquier interrupción del embarazo –así sea por razones de peligro de muerte de la mujer o por violación-- sería considerado un delito. También sería delincuente la mujer que usara dispositivo intrauterino (DIU) o que recurriera a los tratamientos de fertilización asistida.


Las manifestantes, después de exponer sus demandas frente al Congreso, fueron recibidas por una comisión de legisladores, quienes se comprometieron a entregar el documento que contiene sus demandas al presidente de la Asamblea Revisora, señala un comunicado de la Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso Constitucional, donde se integran decenas de organizaciones.

El grupo de manifestantes, que partió de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y culminó frente al Congreso Nacional, advirtió a los asambleístas que la concentración representa el repudio de la mayoría de la población dominicana al Artículo 30, porque vulnera los derechos de las mujeres y condena al país al atraso constitucional.

Sergia Galván, vocera de la convocante Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso Constitucional, destacó que el Artículo viola los convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado dominicano, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Belem Do Pará) y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

También criticó de manera enfática las posturas de las bancadas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por ceder a la campaña de miedo y manipulación del fundamentalismo religioso y la derecha recalcitrante, ambas contrarias a los principios partidistas.

Resaltó, asimismo, los altos índices de mortalidad materna en el país (se mueren 159 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos), que sitúan a Dominicana en los primeros lugares en América Latina y el Caribe. Esta situación también fue advertida por la Academia de Ciencias del país y por la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia e ignorada por las bancadas de ambos partidos al votar por dicho artículo.

Galván resaltó que existe un consenso entre las organizaciones en torno a 6 puntos que deben ser incorporados en el Proyecto de Reforma Constitucional, como son: El carácter universal de los Derechos Civiles y Políticos, Sociales, Económicos y Culturales, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y que el Estado reconozca los derechos sexuales y reproductivos.

Asimismo, propone: el reconocimiento de la laicidad del Estado Dominicano, el de los Derechos Políticos más allá del sufragio; la integración de la revocatoria del mandato por corrupción; la garantía del fortalecimiento de los mecanismos de frenos y contrapesos entre los poderes; y la descentralización del Estado.

Informó además, que diversas organizaciones de mujeres, feministas y personas identificadas con la causa, depositarían cartas en las embajadas dominicanas en diferentes países de Latinoamérica y del Caribe, solicitando que el Artículo 30 sea vetado. Las cartas estarán dirigidas al presidente de la República, al Senado y a la Cámara Diputados.

La Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso Constitucional está integrada, entre otras organizaciones, por el Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional, Foro Ciudadano, Participación Ciudadana, Coalición ONG SIDA, Federación de Caficultores de la Región Sur, Confederación Nacional de Mujeres del Campo, Coalición de ONG por un Código Penal Moderno y Consensuado, Confederación Nacional de Unidad Sindical, Colectivo de Salud Popular, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, Centro de Género de la UASD, Centro de Estudios Constitucionales de la UASD, Centro de Estudios de Género de INTEC y La Multitud.

También por Núcleo de Apoyo a la Mujer, Coordinadora de Mujeres del CIBAO, PROFAMILIA, Asociación TÚ, MUJER, Mujeres en Desarrollo Dominicana, Colectiva Mujer y Salud, Intermon Oxfam, Fundación Pro-Madre, Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, Centro de Investigación para la Acción Femenina, Coordinadora de Animación Sociocultural, REDSAN, PROGENERAS, Movimiento Patria para Todos, Instituto de Derechos Humanos de Santo Domingo, Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer, Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, Centro de Servicios Legales para la Mujer y Centro de Planificación y Acción Ecuménica.

Y por Centro de Apoyo Aquelarre, Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer, Justicia Global, INDAJOVEN, TRNSA, ASA, REVASA, Promoción de la Mujer del Sur, Equipo de Mujeres Raíces, Colectivo Tres Gatas, Red Jacque Viau, Germinado Ideas, Red Nacional de Jóvenes, Movimiento de Mujeres Unidas, Centro de Solidaridad Humana, Centro de Orientación e Investigación Integral y el Grupo Clara, Centro de Educación para el Desarrollo Comunitario, Centro de Investigación y Apoyo Cultural Inc. y el Foro Social Alternativo.

domingo, abril 19, 2009

¡Basta de muertes por abortos clandestinos!

Por: Agrupaión Pan y Rosas / Kaos en la Red
América Latina tiene los índices más altos de abortos realizados en condiciones de riesgo: casi 4 millones por año. Es evidente que la política de penalización del aborto, que prevalece en la región, no sirve para evitar que los abortos se sigan practicando de manera autoinducida o en circuitos clandestinos donde las condiciones ponen en riesgo la vida de millones de mujeres, la mayoría jóvenes, adolescentes, trabajadoras, pobres.

Durante las décadas pasadas, el fundamentalismo religioso hizo pie en nuestra región: las iglesias y los gobiernos neoliberales, además de los políticos opositores que representan los intereses patronales, oligárquicos y pro-imperialistas, impusieron una política derechista contra los derechos democráticos más elementales de las mujeres.

Las mujeres latinoamericanas tenemos una larga historia de lucha por el derecho al aborto, enfrentando a la Iglesia oscurantista y a los gobiernos y políticos derechistas, clericales y reaccionarios; pero la asunción de gobiernos “post-neoliberales” en toda la región despertó expectativas en vastos sectores del movimiento de mujeres que chocaron contra la dura realidad: estos gobiernos que se autodenominan “progresistas” no sólo no han hecho nada para detener el brutal “femicidio” que causa el aborto clandestino en nuestro continente, sino que, peor aun, se hacen eco de las barbaridades que enarbolan la Iglesia y los sectores reaccionarios, como puede verse en sus declaraciones, sus respetuosas aclaraciones contra el derecho al aborto cuando la derecha los presiona y, sobre todo, como puede constatarse en el ineludible hecho de que el aborto sigue penalizado.

El resultado es que los gobiernos de América Latina que se autodenominaron “progresistas” siguen prohibiendo el derecho democrático elemental de decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestra propia vida, lo que no es más que permitir y legitimar la muerte de 5 mil mujeres latinoamericanas, en una sangría desgarradora, que encuentra sus víctimas fatales entre nuestras hermanas más pobres del continente. Una situación que empeorará, ante la crisis económica internacional, en la que millones de mujeres trabajadoras y pobres verán recrudecer estos padecimientos.

En Argentina, no se respeta siquiera la legislación que contempla que el aborto no es punible cuando, con el embarazo, peligra la vida de la mujer. La justicia, la ministra de Salud y la presidenta Cristina Fernández se han pronunciado en diversas ocasiones contra tal elemental derecho. Bajo la presión de la Iglesia y otros sectores reaccionarios, impidieron incluso que se practicaran abortos terapéuticos a niñas abusadas, mujeres violadas, y son los principales responsables de que actualmente sean más de 400 las mujeres que mueren, en este país, por las consecuencias de los abortos clandestinos.

En Chile, no se permite el aborto en ningún caso, desde el año ‘89 con la dictadura de Pinochet, siendo uno de los países más restrictivos en esta materia. La derecha y la Iglesia mantienen mucho poder en las decisiones políticas: en el 2008 impidieron que la “píldora del día después” siguiera siendo entregada en los consultorios públicos de salud. El gobierno de la Concertación avaló esto y ahora, en plena campaña electoral, dicen estar dispuestos a discutir sobre aborto terapéutico, mientras mantuvieron intacta la legislación sobre este tema desde la dictadura que llevó a la muerte a centenares de mujeres por las consecuencias de los abortos clandestinos. La presidenta Bachelet que desde un principio se mostró contraria a la despenalización del aborto, presentaba la píldora de anticoncepción de emergencia como la solución al embarazo adolescente; pero hoy, calla ante el fallo que ganaron la derecha y la Iglesia contra este elemental derecho de las mujeres trabajadoras, pobres y jóvenes, quitando la “píldora” y avalando la miseria que vivimos.

En Brasil, la Iglesia de Pernambuco, con el apoyo del Vaticano, dice que el aborto es peor que la violación, y excomulgó a los médicos y a la madre responsables del aborto realizado a una niña de 9 años embarazada de gemelos, después de haber sido abusada por su padrastro. En tanto, el presidente Lula, por un lado dice que el aborto es una cuestión de salud pública, pero por otro lado le da una mano a la Iglesia, tranquilizándolos al decir que no ve la necesidad de que el Congreso apruebe la ley que despenaliza el aborto, pues la que ya existe incluye dos casos excepcionales (violación y riesgo de muerte). Además, la persecución a 10 mil mujeres, en Mato Grosso do Sul, por haber hecho abortos clandestinos, la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Aborto en la Cámara de Diputados y la campaña en defensa del nacimiento de fetos sin cerebro dan al Brasil el título de “modelo de lucha contra el derecho al aborto” para ser sede, en 2010, del Encuentro Mundial en Defensa de la Vida.

En Uruguay, en noviembre del 2008, el actual presidente Tabaré Vázquez, tal como lo había advertido anteriormente, vetó la legislación –que había sido aprobada por ambas cámaras del poder legislativo– con la que se proponía la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de embarazo. A pesar de las movilizaciones y las voces que se alzaron contra el veto presidencial, éste no fue revertido. ¡Quizás haya sido el único punto de su campaña electoral que el presidente cumplió a rajatabla!

En el Ecuador de Rafael Correa, el aborto se considera un delito. Durante la inauguración de la Asamblea Nacional Constituyente, en el 2007, el presidente ecuatoriano se pronunció en contra de la despenalización del aborto y, al año siguiente, para responder a las acusaciones de la Iglesia y no dejar lugar a dudas sobre su posición, el gobierno subrayó el no reconocimiento al aborto legal de la nueva constitución.. “Jamás he entendido propuestas como ‘mi cuerpo, mi elección’, cuando es claro que el embrión, feto o bebé que una madre porta ya no es parte de su cuerpo” declaró Correa, agregando que votaría en contra “en caso de que la nueva Constitución apruebe la eutanasia prenatal.”

En Bolivia, el aborto es penalizado con tres años de prisión a la mujer que lo consintiere. En la asamblea constituyente que promovía la refundación del país, retórica usada por el partido gobernante, hubo una propuesta de derechos sexuales y reproductivos elaborada por agrupacionesde mujeres, o­ng’s, mujeres indígenas, colectivos feministas e independientes, donde se planteaba específicamente la despenalización del aborto, derecho a la privacidad y la intimidad personal, derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a la maternidad elegida, libre y voluntaria, al placer y al erotismo. Ante esto, Evo Morales fue acusado por la Iglesia y los sectores ultraderechistas de querer aprobar la despenalización del aborto en la nueva constitución. Rápidamente, el presidente salió a desmentir estas “calumnias”, negando rotundamente que tal cosa estuviera en sus planes y agregando que su gobierno defendía “la cultura de la vida”.

En Nicaragua el aborto está penalizado bajo cualquier supuesto desde octubre de 2006, aun cuando se trate de una menor que ha sido violada. Daniel Ortega, el actual presidente nicaragüense, dio marcha atrás en la historia, derogando la legislación existente desde 1893, en un funesto acuerdo realizado con lo más reaccionario de la Iglesia nicaragüense para que ésta apoyara su candidatura en las últimas elecciones. Además de haber cargado sobre sus espaldas una acusación de abuso sexual por parte de su hijastra, Daniel Ortega promueve la persecución de sectores del movimiento feminista que luchan por la legalización del aborto en ese país.

En Venezuela, el “socialismo del siglo XXI” parece no incluir los derechos de las mujeres: su presidente, Hugo Chávez, se ha expresado públicamente en contra del aborto y ha impedido, junto con algunas parlamentarias del chavismo que también se han manifestado en contra de este derecho fundamental, que avance la legislación en favor de la despenalización del aborto bajo el argumento –al interior de su propio partido-, de que una medida de ese tipo podría afectar fuertemente su base electoral y perder el apoyo que hasta ahora ha tenido por parte de la iglesia evangélica.

En El Salvador, donde recientemente ganara las elecciones el FMLN, Mauricio Funes, su actual presidente, se comprometió ante representantes de distintas iglesias a erradicar los altos índices de abortos que existen en el país, aclarando: “No voy a promover ninguna iniciativa orientada a despenalizar el aborto… ya dije que no, más claro que eso no puedo ser.” Clarísimo.

Por eso exigimos

¡Ni una muerta más por aborto clandestino!

Educación sexual en todos los niveles de la enseñanza pública

Anticonceptivos gratuitos para no abortar

Aborto legal, seguro y gratuito, realizado en los hospitales públicos para no morir

Por la separación de la Iglesia del Estado

Firman

Pan y Rosas (Argentina)
Pan y Rosas – Teresa Flores (Chile)
Pão e Rosas (Brasil)