Dos años de Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México

Por Alejandra González Méndez

El 24 de abril del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó en la Ciudad de México una reforma a la Ley de Salud que despenalizó la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.

Los fundamentos para realizar un cambio de esta naturaleza a la ley son varios. En primer lugar, el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de toda persona a la protección de la salud y a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijas e hijos.

Además, que el aborto en México ha sido un problema de salud pública, pues se estima que en el país se embarazan al rededor de 3 millones de mujeres al año, y se realizan alrededor de 600 mil abortos al año, de los cuales 100 mil ocurren en condiciones precarias e insalubres, aumentando así la tasa de muerte materna. Muchas mujeres sufren infecciones, hemorragias o daños permanentes en su aparato reproductor a causa de la práctica de abortos clandestinos.

Asimismo, con la intención de proteger las garantías individuales establecidas en la Constitución, y de proteger la salud de miles de mujeres, principalmente de las de menores recursos económicos.

Los lineamientos para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Distrito Federal establecen que el embarazo deberá ser de hasta 12 semanas, lo cual será determinado por un médico de la institución de salud. La mujer deberá presentar una solicitud por escrito y consentimiento informado también por escrito, y deberá recibir consejería por parte del personal médico, con información veraz, neutral y objetiva, sin que tenga la intención de retrasar o inducir la decisión de la mujer.

Además se estableció que el servicio debía ser prestado a más tardar 48 horas después de haber sido solicitado, y que se daría preferencia a las mujeres de acuerdo con número de semanas de gestación.

La aprobación de esta reforma de ley inició un fuerte debate entre diversos grupos civiles y religiosos que ha continuado hasta la actualidad.

Después de su aprobación, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentaron una acción de inconstitucionalidad para anular estas modificaciones. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decretó, luego de la realización de foros públicos donde se expresaron las diversas posiciones al respecto, que la modificación a la Ley de Salud no violaba ninguno de los artículos constitucionales y que la ALDF tenía capacidad para hacer modificaciones a la Ley de Salud del DF.

El Distrito Federal está desde entonces calificada, no sólo en el ámbito nacional, sino también en el mundo, como una entidad pionera y progresista respecto al respeto de los derechos de la población femenina, y la ILE fue percibida como el inicio de un cambio a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexicanas.

Sin embargo este avance contrasta con lo que ocurre en varias entidades del país, en donde como respuesta a la ILE en la Ciudad de México, grupos conservadores, en contubernio con el partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la jerarquía de la Iglesia católica, entre otros, han impulsado y aprobado modificaciones a las constituciones locales para criminalizar la ILE. A la fecha, ocho estados de la República Mexicana han aprobado cambios en este sentido, bajo el argumento de “proteger la vida desde la concepción o la fecundación”.

Estas modificaciones vulneran el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, es decir, violentan el derecho a la privacidad. Además, el derecho a la autonomía, que significa tener la posibilidad de decidir su propio plan de vida y realizarlo. También ponen en riesgo el derecho a la preservación de la salud y la integridad física y mental, bajo el riesgo incluso de perder la vida.

De acuerdo con datos proporcionados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de abril del 2007 a abril del 2009, se han realizado en la Ciudad de México más de 23 mil interrupciones del embarazo, de las cuales un 78 por ciento fueron a residentes de la entidad, 19 por ciento del Estado de México, y 3 por ciento de otras partes de la República.

Además, el 52 por ciento de las mujeres que utilizaron el servicio de la ILE en el Distrito, son solteras, y el otro 48 por ciento son casadas, en unión libre o divorciadas. La mayoría de estas mujeres son amas de casa, con un 38 por ciento, seguidas por estudiantes con un 26 por ciento, y empleadas con un 20 por ciento.

Se estima que la reincidencia en la ILE es de un caso en mil, o sea alrededor de solo 23 casos a partir de abril del 2007, pues según los protocolos deben recibir consejería y la mayoría egresa con un método anticonceptivo, La mayoría de las mujeres, además, solicitan este servicio antes de la novena semana de gestación.