Fuente: CIMACMás de dos mil personas, entre ellas juristas, artistas, lideresas y líderes políticos, feministas y de diversas organizaciones de la sociedad civil, se concentraron ayer frente al Congreso Nacional, en Santo Domingo, República Dominicana, para protestar contra la modificación del Artículo 30 constitucional, aprobada el pasado 21 de abril por la Asamblea Revisora, pues vulnera los derechos de las mujeres y condena al país al atraso constitucional.
El mencionado artículo pretende proteger la vida del óvulo fecundado y darle la misma categoría que a una persona ya nacida. Con esta medida, cualquier interrupción del embarazo –así sea por razones de peligro de muerte de la mujer o por violación-- sería considerado un delito. También sería delincuente la mujer que usara dispositivo intrauterino (DIU) o que recurriera a los tratamientos de fertilización asistida.
El mencionado artículo pretende proteger la vida del óvulo fecundado y darle la misma categoría que a una persona ya nacida. Con esta medida, cualquier interrupción del embarazo –así sea por razones de peligro de muerte de la mujer o por violación-- sería considerado un delito. También sería delincuente la mujer que usara dispositivo intrauterino (DIU) o que recurriera a los tratamientos de fertilización asistida.
Las manifestantes, después de exponer sus demandas frente al Congreso, fueron recibidas por una comisión de legisladores, quienes se comprometieron a entregar el documento que contiene sus demandas al presidente de la Asamblea Revisora, señala un comunicado de la Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso Constitucional, donde se integran decenas de organizaciones.
El grupo de manifestantes, que partió de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y culminó frente al Congreso Nacional, advirtió a los asambleístas que la concentración representa el repudio de la mayoría de la población dominicana al Artículo 30, porque vulnera los derechos de las mujeres y condena al país al atraso constitucional.
Sergia Galván, vocera de la convocante Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso Constitucional, destacó que el Artículo viola los convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado dominicano, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Belem Do Pará) y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
También criticó de manera enfática las posturas de las bancadas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD), por ceder a la campaña de miedo y manipulación del fundamentalismo religioso y la derecha recalcitrante, ambas contrarias a los principios partidistas.
Resaltó, asimismo, los altos índices de mortalidad materna en el país (se mueren 159 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos), que sitúan a Dominicana en los primeros lugares en América Latina y el Caribe. Esta situación también fue advertida por la Academia de Ciencias del país y por la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia e ignorada por las bancadas de ambos partidos al votar por dicho artículo.
Galván resaltó que existe un consenso entre las organizaciones en torno a 6 puntos que deben ser incorporados en el Proyecto de Reforma Constitucional, como son: El carácter universal de los Derechos Civiles y Políticos, Sociales, Económicos y Culturales, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y que el Estado reconozca los derechos sexuales y reproductivos.
Asimismo, propone: el reconocimiento de la laicidad del Estado Dominicano, el de los Derechos Políticos más allá del sufragio; la integración de la revocatoria del mandato por corrupción; la garantía del fortalecimiento de los mecanismos de frenos y contrapesos entre los poderes; y la descentralización del Estado.
Informó además, que diversas organizaciones de mujeres, feministas y personas identificadas con la causa, depositarían cartas en las embajadas dominicanas en diferentes países de Latinoamérica y del Caribe, solicitando que el Artículo 30 sea vetado. Las cartas estarán dirigidas al presidente de la República, al Senado y a la Cámara Diputados.
La Coordinadora Nacional de Resistencia al Retroceso Constitucional está integrada, entre otras organizaciones, por el Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional, Foro Ciudadano, Participación Ciudadana, Coalición ONG SIDA, Federación de Caficultores de la Región Sur, Confederación Nacional de Mujeres del Campo, Coalición de ONG por un Código Penal Moderno y Consensuado, Confederación Nacional de Unidad Sindical, Colectivo de Salud Popular, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, Centro de Género de la UASD, Centro de Estudios Constitucionales de la UASD, Centro de Estudios de Género de INTEC y La Multitud.
También por Núcleo de Apoyo a la Mujer, Coordinadora de Mujeres del CIBAO, PROFAMILIA, Asociación TÚ, MUJER, Mujeres en Desarrollo Dominicana, Colectiva Mujer y Salud, Intermon Oxfam, Fundación Pro-Madre, Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, Centro de Investigación para la Acción Femenina, Coordinadora de Animación Sociocultural, REDSAN, PROGENERAS, Movimiento Patria para Todos, Instituto de Derechos Humanos de Santo Domingo, Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer, Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, Centro de Servicios Legales para la Mujer y Centro de Planificación y Acción Ecuménica.
Y por Centro de Apoyo Aquelarre, Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer, Justicia Global, INDAJOVEN, TRNSA, ASA, REVASA, Promoción de la Mujer del Sur, Equipo de Mujeres Raíces, Colectivo Tres Gatas, Red Jacque Viau, Germinado Ideas, Red Nacional de Jóvenes, Movimiento de Mujeres Unidas, Centro de Solidaridad Humana, Centro de Orientación e Investigación Integral y el Grupo Clara, Centro de Educación para el Desarrollo Comunitario, Centro de Investigación y Apoyo Cultural Inc. y el Foro Social Alternativo.
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