Nuestra lucha contra los feminicidios en Latinoamérica

Ilka Oliva Corado

Crónicas de una inquilina La autora ve necesario que nos informemos y formemos sobre qué es eso del patriarcado y cómo funciona, desde la judicatura hasta toda la sociedad, partiendo del ejemplo de las graves cifras de feminicidios existentes en la latinoamérica actual. Solamente implicándose todos los sectores de la sociedad se podrá acabar con esta lacra que es el patriarcado y sus violencias machistas.

El 8 de abril se cumplió un mes del feminicidio de 41 niñas, a las que el Estado de Guatemala violó y quemó vivas. Y también, el 8 de abril apareció el cuerpo de Micaela García, una niña argentina miembro del Movimiento Evita que hace unos días había desaparecido. Micaela, de 21 años estudiaba la carrera de Educación Física, se desvivía por los parias, los negritos esos a los que el clasismo detesta. La violó y la asesinó un violador serial al que un juez dejó en libertad porque según él lo único que tenía era una “perversidad natural.” En el mismo país, hace solo unos meses, en octubre de 2016, Lucía Pérez, de 16 años fue drogada y asesinada.

Los forenses descubrieron que había sido violada por la vagina y por el ano, no solo con el pene, también le metieron un palo por ambas vías, palo que le atravesó el cuerpo. Murió de tanto dolor. La muerte de Lucía encolerizó al pueblo argentino, que llamó a la marcha de #NiUnaMenos y a la que se unió el continente entero.

En México, en los últimos seis años 900 mujeres y niñas han sido asesinadas en feminicidios. En Chile, 2016, el nombre de Nabila salió a la luz pública cuando fue encontrada en la calle por un adolescente, al ser llevaba al hospital encontraron que le habían sacado los ojos, que tenía fracturado el cráneo y la mandíbula. El relato oficial cuenta que fue a una fiesta con su pareja, padre de dos de sus cuatro hijos, y que se “emborrachó”, y estaba en “descontrol” y que al llegar al taller mecánico donde vivían, la golpeó. Fue acusado de femicidio frustrado y mutilación.

En Colombia 2016, Yuliana, niña indígena de 7 años, fue violada y estrangulada hasta la muerte en Bogotá. El culpable, un hombre de alta clase social que “bajo efectos de las drogas” cometió el delito. El resto ya lo conocemos. En Zacapa, Guatemala Yohana, de 8 años de edad, en el 2016 fue violada por tres hombres y ahorcada. Sus padres habían salido de la aldea, para ir a cobrar dinero de un programa social y dejaron a sus 3 hijos en casa, los hombres entraron aprovechando la ausencia de los padres.

Cito solamente algunos casos, porque son miles. Hace unos días un juez en México dejó en libertad a un violador porque consideró que meter los dedos dentro de la vagina de la víctima no era violación. Algo que respaldó un conocido intelectual mexicano en un programa radial de la UNAM, y aparte dijo que a las mujeres nos gusta que nos violen.

En Latinoamérica el 98% de los casos de feminicidios queda en impunidad. Y los pocos que se logran comprobar y se abren procesos en cortes, tienen un final triste, el culpable es declarado inocente. Por razones patriarcales: la víctima lo provocó por vestirse de tal manera, por salir a altas horas de la noche, por pasar por tal lugar, por no querer acostarse con él. La razón de las violaciones sexuales y los feminicidios es una sola: el género. Jueces, hombres y mujeres con mente patriarcal toman decisiones patriarcales y dejan en libertad a los culpables o toman los casos sin seriedad por tratarse de mujeres vulneradas.

Es necesario que todos, en todos lados, nos informemos sobre el patriarcado, desde el lenguaje patriarcal pasando por los mal llamados piropos, que no son más que acoso, hasta llegar al sistema de justicia, pasando por medios de comunicación y su forma de dar las noticias.

Ninguna mujer es culpable y provoca que la violencia, la golpeen y la asesinen. Ninguna mujer pide ser violada, o que le griten guapa en la calle, que le toquen las nalgas o las tetas en el autobús. Si una mujer dice no es no, así sea su pareja. Las mujeres no somos objeto de nadie y esto lo deben de entender los jueces, el sistema.

Necesitamos un sistema de justicia con perspectiva de género, gente capacitada que tenga el conocimiento sobre el patriarcado, para que lleve los casos y dicte sentencias con todo el peso de la ley. Un ejemplo de la ineptitud de un sistema de justicia, patriarcal es el caso de las 41 niñas asesinadas, que fueron quemadas vivas en Guatemala, a los culpables se les está tratando con privilegios de clase y poder. El presidente debió ser destituido inmediatamente el mismo día que las niñas fueron quemadas, con más razón si ellas ya habían denunciado que ahí las violaba personal del lugar.

Pero cambiar el sistema no es cosa fácil, para eso tenemos que involucrarnos todos, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿cuándo vamos a empezar? La lucha contra la feminicidios, la violencia de género y el patriarcado tiene que ser de todos, ¿quiénes se apuntan?

Los feminicidios, parte de la cuarta guerra mundial

Raúl Zibechi

La Jornada El 14 de agosto la página desinformemonos.org advertía sobre los 31 feminicidios registrados en Querétaro desde enero de 2015, con un breve y estremecedor relato.

“Los juegos, los sueños, la escuela, los amigos, la familia, los cumpleaños, los viajes, la seguridad, la libertad, la dignidad y la vida han dejado de ser derechos para convertirse, vergonzosa, intolerable y lamentablemente en beneficios que se adquieren cuando ‘moderas’ tu manera de hablar, cuando ‘cuidas’ la manera en que vistes, los horarios en que sales, lugares que frecuentas, cuando dejas de confiar en las personas y cuando tu vida deja de ser tu vida.”

El artículo destaca que "los feminicidios son a todas luces violencia de Estado"; denuncia "la impunidad que los arropa y propicia la repetición del daño", y destaca que la mayoría de las víctimas suelen ser mujeres indígenas y pobres.

La información remite directamente al libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria (Traficantes de Sueños, 2010). Un trabajo de duradera influencia, que contribuye a iluminar la realidad permitiendo una mejor comprensión de un conflicto social. Analiza la caza de brujas en la sociedad medieval, y a la vez contribuye a la comprensión de lo que sucede en este periodo de la historia.

Federici sostiene que el feudalismo fue erosionado por el poder y la autonomía conseguidas por las clases populares, y que la respuesta de las clases dominantes fue una violenta ofensiva que sentó las bases del capitalismo. La esclavitud y el colonialismo, el sometimiento de los trabajadores en la producción y el confinamiento de las mujeres en la reproducción, la creación de jerarquías de raza, género y edad, formaron parte de esta nueva dominación.

El capitalismo no sólo llegó "chorreando sangre y lodo desde los pies a la cabeza" (Marx), sino creando "un inmenso campo de concentración", donde la esclavitud en las plantaciones y la mita en las minas impulsaron la acumulación de capital (Federici, p. 91). El poder de las mujeres fue destruido con la caza de brujas, y los varones (y las mujeres, niños y niñas) fueron sometidos mediante la esclavitud asalariada y la esclavitud, para apropiarse de los bienes comunes.

Hoy atravesamos la crisis del capitalismo y la clase dominante vuelve a utilizar la violencia para perpetuarse. En la base de esta crisis está el poder adquirido por los sectores populares organizados en movimientos, en particular desde la década de 1960, cuando obreros fabriles desarticularon el poder patronal al desbordar la disciplina fordista.

La ofensiva en curso del capital busca destruir esa capacidad de organización y de lucha de los de abajo. Pero el mundo popular es hoy bien diferente al de antaño, en particular por la crisis del viejo patriarcado. Cualquiera que conozca los movimientos antisistémicos sabe que las mujeres juegan un papel central, aun cuando no sean tan visibles como los varones. Ellas son la argamasa de la vida colectiva, son las encargadas de la reproducción de la vida y de los movimientos. Además de cocinar, tejer y cuidar los animales en sus hogares, se juntan con otras mujeres para hacer lo mismo, pero en colectivo. Son las guardianas de los bienes comunes, materiales e inmateriales.

Ellas, y sus hijos e hijas, son las sostenedoras del mundo popular, de las familias extensas y de las organizaciones, desde las comunidades urbanas hasta las campesinas e indígenas, desde Chiapas y Cherán hasta Wall Mapu y los Andes. No es casual que estemos ante una nueva caza de brujas, cuando la reproducción ocupa un lugar tan importante en la resistencia y en el poder de las mujeres, con sus comunidades.

Las mujeres, y sus hijas e hijos, han desarticulado la familia nuclear patriarcal, el poder de la Iglesia y del cura, el papel disciplinante de la escuela, el cuartel, el hospital y el taller. Han creado un mundo donde las relaciones colectivas prevalecen sobre las familiares y la cooperación entre ellas hace que "la división sexual del trabajo" sea "una fuente de poder y de protección para las mujeres", como escribe Federici sobre la sociedad medieval (p. 41). Prestar atención a lo que sucede en un tianguis, un comedor o un barrio popular hace innecesarios más comentarios.

La violencia para aniquilar a los sectores populares, a través del narco, del feminicidio y de las guerras contra los pueblos, ha sido diseñada por las clases dominantes para destruir nuestros poderes. No sólo los explícitos. Federici nos recuerda que los trabajadores del siglo XV ensayaban múltiples resistencias: dejaban de trabajar cuando tenían lo suficiente, sólo aceptaban tareas por tiempo limitado, se vestían de forma ostentosa, de modo que eran "indistinguibles de los señores" (p. 78).

La nueva caza de brujas, ahora sin juicios ni formalidades, sino a bala limpia, es parte de la cuarta guerra mundial del capital para eliminarnos como pueblos. Para triunfar en la lucha de clases, la burguesía debe arrasar la autonomía de los pueblos, de las comunidades y de las personas; la violencia y las políticas sociales son, en ese sentido, complementarias. El ataque a las mujeres y sus hijos es uno de los nudos de esta guerra.

Como en los albores del sistema, en su decadencia la violencia vuelve a ser el principal agente de la acumulación de capital. Lejos de cualquier ilusión, debemos comprender que la violencia no es ni un error ni una desviación momentánea, sino una característica sistémica del capitalismo en decadencia, en particular en las zonas donde la dignidad de los seres humanos no es reconocida.

Por esa razón, urge dilucidar las estrategias para enfrentar la violencia sistémica y la voluntad de aniquilación de los pueblos. Si el feminicidio y el asesinato indiscriminado de jóvenes y mujeres son sistémicos, ¿qué sentido tiene elegir gobiernos de diferentes colo-res que van a mantener el sistema en pie?

México: La tortura contra las mujeres

Argentina Casanova

Cimacnoticias En México la violencia institucional tiene las características de la tortura y tratos crueles e indignos cometidos por el Estado, al igual que la perpetrada por Estados totalitarios está dirigida a vulnerar la dignidad de las víctimas, especialmente contra las niñas y mujeres de todo el país.

En medio del clima de violencia que se vive en México, el riesgo es la indiferencia frente a lo que parece una política de Estado visible en la negativa a la emisión de la Alerta de Violencia de Género (AVG), a la destitución o sanción de servidores públicos que violentan a las mujeres víctimas de delitos, y en especial contra mujeres periodistas y defensoras de Derechos Humanos (DH).

La violencia contra las mujeres en México encuentra una de sus formas más crudas cuando es infringida por el Estado, no sólo a través de la violencia institucional como ocurre cotidianamente en el territorio nacional con la omisión en la atención, como se ha visto en casos de detenciones arbitrarias; acusaciones en las que se violenta la presunción de la inocencia; el derecho a una defensa justa; a recibir asistencia durante un proceso, que en el caso de las mujeres viene acompañado de tortura física y sicológica con un sesgo sexual que busca denigrar, humillar, trastocar y vulnerar la dignidad de las mujeres.

Los tratos inhumanos, la violencia sexual, la incomunicación, las amenazas de daño a familiares o a hijas e hijos, amenazas de muerte, de ser investigadas, ser sometidas a revisiones físicas innecesarias, toqueteos-manoseos, hasta violaciones, entrevistas que sobrevictimizan, negativas a creer en su palabra, rechazo a abrir denuncias o investigaciones, son parte del día a día de las mujeres o niñas que se atreven a denunciar, incluso como ocurre a las mujeres periodistas y/o defensoras cuando son atacadas públicamente cuestionando o exhibiendo elementos para poner en duda su “honorabilidad”, reputación o respetabilidad laboral.

Las mujeres son en gran medida víctimas escogidas por su sexo, por salirse de un “deber ser” esperado de ellas, y en aquellos casos en los que la tortura se practica con forma de violencia sexual cometida por el Estado, las mujeres son víctimas por el hecho de serlo, por estar en un lugar donde no debían estar y/o por demandar justicia al Estado; ambos elementos permiten un tipo de tortura que no se repite en otros sujetos con tal transversalidad.

Por ello es importante visibilizar estas prácticas y comprender los mecanismos represivos y discursivos que operan, ya que así se deja en claro que la violencia de esta tortura es pensada, planeada y ejecutada con fines y de formas específicas. Esto es una acción contra la mitad de la población a manos de un aparato ideológico que utiliza la tortura para completar su cometido.

El propósito es hacerlas desistir de la búsqueda de justicia, hacer prevalecer, perpetuar y garantizar que continúe normalizada/naturalizada la violencia que ellas mediante sus denuncias pretenden poner fin, que intentan enrarecer, enmarcar como algo extraordinario e injusto.

En respuesta reciben tratos que van dirigidos a vulnerar su dignidad, quebrarles la voluntad. Con los mismos tintes que la tortura, se trata de un aparato ideológico para garantizar su perpetuidad sembrando el terror. Poner el ejemplo de cómo les va a aquéllas que se atreven a denunciar.

Un claro ejemplo se presenta con las indígenas que se atreven a denunciar, o que lo intentan, y sus comunidades, en vez de abrigarlas y protegerlas, las abandonan, expulsan o las obligan a renunciar a su derecho a la justicia, como ha ocurrido y documentan organizaciones que dan acompañamiento a las mujeres en Oaxaca, cuyas comunidades y líderes se amparan en los “usos y costumbres” para ejercer violencia comunitaria contra aquéllas que rompen el silencio.

En México las mujeres están al final, después de lo último y lo saben los servidores públicos, por eso permiten en una cómplice alianza con las estructuras comunitarias ejercer violencia en una perfecta simbiosis sociedad-Estado que se recrudece con las declaraciones de los comisarios, alcaldes, gobernadores y demás líderes, quienes asumen posturas que contribuyen y fortalecen una opinión pública favorable a la misoginia, la discriminación y la permisividad a la violencia, hasta los asesinatos de mujeres, que empiezan justamente con la indiferencia y el trato inhumano.

No se trata sólo de parir en los pasillos, en las aceras públicas o en los jardines; la violencia institucional tiene múltiples rostros y todos ellos natural-normalizados.

*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.

Feminicidios

Pedro Miguel

La Jornada Aunque el fenómeno empezó en el salinato, fue en los primeros años del desgobierno de Zedillo cuando la opinión pública tuvo la primera oportunidad de escandalizarse por la estadística acumulada de feminicidios en Ciudad Juárez. Han transcurrido más de 20 años desde los hallazgos sucesivos de los cuerpos de Alma Chavira Farel, Gladys Janeth Fierro, María Rocío Cordero y otras nunca identificadas: bárbaramente golpeadas, violadas, lesionadas, estranguladas. Una década después las organizaciones de familiares calculaban que los feminicidios en la urbe fronteriza habían sobrepasado los 300. Para el año pasado la cifra se estimaba en más de 700.

Por el palacio de gobierno de Chihuahua han pasado Francisco Barrio Terrazas, Patricio Martínez García, José Reyes Baeza y César Duarte Jáquez. En Los Pinos han calentado el asiento, además de Salinas y Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y decenas de procuradores estatales y federales han tenido en sus escritorios los expedientes de las asesinadas. Además de las policías municipal y estatal han participado en las pesquisas la General de la República y hasta la estadunidense FBI.

Los feminicidios de Ciudad Juárez fueron explicados, en un principio, como obra de un asesino serial. Luego, a punta de torturas, las corporaciones policiales obligaron a unos pobres infelices a declararse culpables de los crímenes, pero éstos siguieron ocurriendo. Se habló de rituales satánicos, de tráfico de órganos, de fiestas de narcos servidas con carne humana desechable, de la supuesta producción de películas snuff, de un machismo inveterado y exacerbado. Desde 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer han emitido varias condenas contra el Estado mexicano por su tolerancia ante los feminicidios, por la indolencia y el desaseo de las investigaciones, por abdicar a su responsabilidad de garantizar la seguridad de las mujeres y por discriminación de género. Sobre los asesinatos se han producido decenas de documentales, se han montado performances y obras de teatro, se han escrito docenas de libros.

Y nada. El fenómeno no sólo no se ha frenado, sino que se ha extendido a otras ciudades y a otros estados. En el tiempo transcurrido han sido asesinadas madres y familiares de las primeras víctimas, así como activistas que denunciaban los feminicidios. Ayer, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer encontró al país sumido en un pantano de impunidad generalizada –del que buena parte corresponde a los feminicidios sin resolver– y en una inseguridad persistente –a pesar de la sordina decretada por el peñato–, en la que las mujeres resultan especialmente vulnerables. La máxima expresión de la violencia contra las mujeres es el asesinato y cada día 6.4 mujeres son víctimas de este delito en el país; más de 30 mil asesinadas desde 1993 (Violencia feminicida en México, 2012), y en no pocas de esas muertes el género de las víctimas desempeñó un papel central.

Pero el machismo y la misoginia son muy anteriores a la actual epidemia de feminicidios y no pueden, en consecuencia, explicarla por sí mismos, como no lo explican, en forma aislada, la "guerra" de Calderón, el auge del narco, el tráfico de órganos, los rituales satánicos o los asesinos seriales más o menos fabricados. La clave está más bien en otra parte: en el dato de que se hizo justicia sólo en 3 por ciento de los casos de mujeres asesinadas.

Formulado de otra manera: ¿por qué hay tantos feminicidios en México? Pues porque, independientemente de la motivación inmediata del verdugo –macho celoso, criminal en busca de entretenimiento perverso, explotador sexual–, es posible cometerlos con 97 por ciento de probabilidades de impunidad. Si dejas de pagarle 100 pesos a un banco seguramente acabarás embargado o en la cárcel. Pero si matas a una mujer lo más probable es que no te pase nada.

Hace más de dos décadas el fenómeno se disparó en la inminencia de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y en el escenario preciso de los explotaderos fronterizos de la maquila, un entorno social caracterizado por la extrema indefensión de las mujeres: muchas de ellas, migrantes internas, madres solteras, trabajadoras sin sindicato. Fue la primera consecuencia del proceso de devaluación de la población que implicaba la inserción neoliberal de México en la economía globalizada: había que abaratar a la gente porque era, junto con el petróleo y las drogas, la principal mercancía de exportación; había que ser competitivos en los mercados internacionales. Y en términos de salario, de derechos, de relevancia social, las mujeres eran el sector más barato de la población y uno de los más devaluados en razón de una cultura ancestralmente misógina. En realidad, los feminicidios de Ciudad Juárez prefiguraron y anunciaron lo que vendría después: la pérdida generalizada de valor de la vida humana.

Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/2013/11/26/opinion/024a1mun

Feminicidio: La impunidad lleva intrínseco un mensaje de permisividad

Norma Loto

(Especial de SEMlac).- En América Latina algunos países poseen legislaciones que condenan las muertes violentas de mujeres por razones de género (feminicidio/femicidio); sin embargo, aún parece quedar un vacío en el plano investigativo y pericial.

A veces quienes administran justicia no hacen un análisis integral de los casos, lo que conlleva la impunidad basada en prejuicios arraigados en el plano jurídico-penal.

Aunque se emplea indistintamente un término u otro y falta consenso la respecto, suele utilizarse femicidio para aludir a los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, sea por desprecio, odio, placer o sentido de propiedad sobre ellas. Feminicidio señala al acto de asesinar a una mujer por el solo hecho de serlo, con el matiz político añadido de denunciar la inactividad de los Estados en el incumplimiento de las convenciones internacionales.

De acuerdo con un informe de 2012 realizado por la organización Small Arms Survey, más de la mitad de los 25 países con mayor incidencia de casos de femicidio/feminicidio están en la región de América Latina y el Caribe.

En tanto, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, señaló que en 2011 la tasa de impunidad para esos crímenes era cercana a 77 por ciento en El Salvador y Honduras.

Ante esta realidad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU Mujeres, junto a personas expertas de Iberoamérica, redactaron el Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.

"El Protocolo es una herramienta de suma importancia y se apeló a un grupo multidisciplinario para su diseño. Brinda diversos abordajes, no solo desde la abogacía, pues incluye la mirada de personas que han dedicado gran parte de su vida a investigar el tema", manifestó a SEMlac la abogada Ana Lorena Delgadillo, integrante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

Delgadillo dirigió el área de Verdad y Justicia en la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, en México, y participó como testigo en el caso González y otras (Campo Algodonero) contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El conocido como Caso Algodonero se instaló en el plano internacional, tras las haberse conocido las irregularidades de la investigación de los feminicidios de Esmeralda Herrera Monreal (15 años), Laura Berenice Ramos Monarrez (17) y Claudia Ivette Gonzáles (20), ocurridos en la en la zona de Campo Algodonero, en Ciudad de Juárez.

Tras varias instancias judiciales en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó el patrón de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y emitió sentencia contra el Estado mexicano por incumplir con su deber de investigar, y con ello garantizar, los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, en perjuicio de las víctimas.

Al hacer una lectura integral de la situación en América Latina, la experta considera que el protocolo no será la solución, pero sí una guía de "parámetros para que los Estados comiencen a tomarse en serio el tema".

En su opinión, si no se investiga adecuadamente y se implementan ciertas reglas, no se podrá demostrar qué hay detrás de estos delitos en los que prevalece el factor de odio contra las mujeres. "De hacer lo contrario, se está enviando un mensaje de impunidad, lo que lleva intrínsico un mensaje de permisividad, para que esta violencia se siga cometiendo".

Destacó además que el protocolo crea estrategia para el sistema de justicia, pero también para las víctimas. "Una vez que se tiene el Protocolo, las personas afectadas sabrán qué deben exigir a las autoridades y cuál es el estándar o nivel de diligencia para estas investigaciones", precisó a SEMlac.

Los hechos indican hasta hoy que las formas de investigar por parte de la maquinaria jurídico- penal no son integrales, no miran todo el contexto ni la historia de la víctimas. De ahí, quizás, los errores que terminan en impunidad, como sucede con los casos de mujeres incineradas.

Delgadillo observa que a veces hay datos que no son evaluados, por tratarse de la información de contexto. "No es vano recordar que el femicidio/feminicidio es una acto de culminación de violencia y ese acto es producto de otros actos que afectaron a la víctima, a su familia. Esa información de contexto debe tenerse en cuenta, será la que también nos irá diciendo qué es lo que pasó"

En conversación con SEMlac, la experta expresó que hay medidas estructurales que deben llevar a cabo los Estados y que nada tienen que ver con el penalismo sino con la prevención.

"Es la única forma de ir bajando paulatinamente la violencia contra las mujeres. La prevención se tendría que dar en un nivel primario y elemental, de la mano de la educación, el trabajo, las oportunidades, entre otros factores, pues el derecho penal no va a resolver problemas tan arraigados en la sociedad", dijo.

Respecto a la adopción de medidas contra el femicidio/feminicidio, Delgadillo observa que hubo más avances en países donde se registraron casos de mayor gravedad, como el del Campo Algodonero en México. También en El Salvador, que tiene un protocolo muy avanzado para el femicidio/feminicidio".

Según cifras de instituciones internacionales, El Salvador es el país donde se registra la tasa más alta de feminicidio/femicidio del mundo y actualmente posee una legislación que lo posiciona entre las naciones más avanzadas para enfrentar este tipo de violencia en Centroamérica.

De enero a abril de 2013, ocurrieron allí 64 femicidios/feminicidios, lo que reflejó una caída de 65,6 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2012, de acuerdo a registros policiales.

La implementación del protocolo será parte de un proceso que, sin dudas, pondrá en jaque algunas barreras simbólicas, según Delgadillo, quien invita a comparar la futura implementación del protocolo con el proceso del Protocolo de Estambul, una herramienta de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes (creado en 2000).

"Fue muy difícil de aceptar (el Protocolo de Estambul) en países donde no había una cultura democrática suficientemente fuerte. Quizás con el protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género encuentre barreras en países más desiguales y con mayor discriminación", sostuvo.

Impulsan protocolo contra feminicidio en Amárica Latina

Norma Loto

SEMlac Poner fin a la impunidad es el objetivo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (feminicidio/femicidio), documento redactado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y ONU-Mujeres, junto a personas expertas de América Latina (AL).

Si bien hay avances en relación con la tipificación de esos hechos en distintos países de AL, las iniciativas a veces sólo parecen quedar en intentos, letra muerta y la escasa acción del sistema jurídico-penal, que sigue arraigado a columnas patriarcales que impiden una correcta actuación.

En medio de este panorama, representantes de 15 países de Iberoamérica se reunieron en Panamá del 9 al 13 de septiembre con el fin revisar y validar el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.

A la reunión de Panamá asistieron magistrados, jueces, policías, forenses, abogadas, abogados y especialistas de la academia de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

El objetivo fue recoger experiencias y recomendaciones a fin de garantizar la aplicación del Protocolo Latinoamericano.

En la actualidad se apela al término femicidio para referirse a los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, motivados por desprecio, odio, placer o sentido de propiedad sobre ellas.

En cambio, feminicidio es un término con impronta política, acuñado por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde y que alude al acto de asesinar a una mujer por el sólo hecho de ser mujer, pero con el matiz político añadido de denunciar la inactividad de los Estados en el incumplimiento de las convenciones internacionales.

“Se trata de una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. Por ello afirmo que el feminicidio es un crimen de Estado”, refiere Lagarde.

Poner énfasis en estos crímenes sirve para fortalecer la concientización sobre la más grave de las violencias contra las mujeres.

Según el informe 2012 del Observatorio de Igualdad y Género de América Latina y el Caribe de la Cepal, en 2011 se registraron mil 139 homicidios de mujeres por el hecho de serlo en ocho países de la región.

La representante regional de ACNUDH, Carmen Rosa Villa, afirmó en un comunicado que la muerte violenta de mujeres por razones de género pone a millones “de todas las edades en una situación de desasosiego permanente”, y agregó que “los Estados, las sociedades y el sistema de las Naciones Unidas tienen que trabajar de la mano para luchar contra ese fenómeno y contra la impunidad que los rodea”.

Esa iniciativa responde a diversos llamados de atención provenientes de instituciones internacionales de Derechos Humanos sobre deficiencias y dificultades que persisten en las investigaciones del feminicidio/femicidio.

Entre otras, las instituciones dieron cuenta de algunos vicios instaurados en el sistema judicial, como los prejuicios y estereotipos en las personas que integran el aparato judicial, demoras en el inicio de las investigaciones, estancamiento de expedientes, y negligencias e irregularidades en la obtención de pruebas.

Moni Pizani, directora de ONU-Mujeres para las Américas y el Caribe, señaló que el diseño de Protocolo “es un instrumento técnico y práctico destinado a ofrecer a los funcionarios judiciales, fiscales y policía, directrices para la investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados”.

“No es un instrumento obligatorio; lo que estamos buscando es que sea reconocido y utilizado. Es una herramienta que les ofrece a los operadores de justicia directrices para la implementación penal y, en ese sentido, ayudará a desterrar algunos vicios”.

“El Protocolo ofrece un estándar de las diligencias que redundará en la reducción de la impunidad”, aseguró Pizani en diálogo con SEMlac. Detalló que el protocolo proporcionará directrices generales y criterios dirigidos a mejorar las prácticas de los operadores de justicia.

La idea es terminar con un conjunto de arbitrariedades y brindar “una perspectiva de género en la actuación de las instituciones a cargo de la investigación, sanción y reparación”, afirmó a SEMlac.

A la par, esta herramienta práctica busca garantizar los derechos de las víctimas, sobrevivientes y familiares en el ámbito de la justicia, además de que garantiza su participación en las etapas de investigación y juicio de los feminicidas/femicidas, detalló.

Entre otros puntos, el Protocolo refiere la importancia de las pruebas de contexto, es decir, todos los hechos que antecedieron al femicidio, como las denuncias realizadas en la policía, el testimonio de familiares, entre otros. Son factores a los que a veces la justicia no les brinda el valor suficiente a la hora de emitir un juicio, ya que se remiten a la información contundente.

Toda la información de contexto son evidencias. “Por eso debe haber una trabajo de capacitación a funcionarios y operadores de justicia, para que analicen de una forma distinta”, refirió Pizani.

PROCESO EN CONSTRUCCIÓN

Interrogada por SEMlac acerca de las regiones más resistentes a aceptar el protocolo, Pizani prefirió una mirada en positivo del proceso, que data de hace pocos años, y abogó por elogiar a los países que ya tienen tipificado el feminicidio/femicidio.

“Es como una ola que despierta la atención en otros países y, seguramente, genera acciones que se multiplicarán”, comentó.

Desde 2007, varias naciones de AL han desarrollado un proceso de tipificación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, bajo la denominación de femicidios o feminicidios, según los países.

El Salvador, Guatemala, Colombia, Nicaragua y Bolivia han creado leyes especiales de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, en tanto que Costa Rica, Chile, Perú, Argentina, Honduras y México han reformado las normas penales nacionales existentes.

El Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género es parte de las acciones de la campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”, del secretario general de las Naciones Unidas, ACNUDH y ONU-Mujeres, que en junio de 2012 organizaron la primera reunión de expertas y expertos para iniciar el trabajo de redacción.

Poner fin a la impunidad por la violencia contra las mujeres es una de las metas que se propone Naciones Unidas. El estudio del secretario general de la ONU “'Poner fin a la violencia contra la mujer”', de 2006, se refirió así al efecto que tiene la impunidad sobre la vida de las mujeres: “La impunidad por la violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha violencia como mecanismo de control de los hombres sobre las mujeres”.

El estudio también hace referencia al papel del Estado cuando no responsabiliza a los autores de actos de violencia y sostiene que “la impunidad no sólo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia masculina contra la mujer es aceptable o normal”.

Ante el femicidio de Yulis Belinda Suárez: Belinda no está sola

Los movimientos de Mujeres Feministas y Socialistas, agrupados en la Red Araña Feminista, en el marco del II Encuentro de feministas y Organizaciones de Mujeres, reunidas desde el 8 de agosto en el Centro de Regional de Apoyo al Maestro (CRAM) ubicado en Clarines, estado Anzoátegui, fuimos informadas del femicidio de la compañera Yulis Belinda Suárez, vecina de la comunidad del Paraiso, Clarines, ocurrido el día 10 de agosto del presente año, hecho que lamentamos y repudiamos profundamente, expresando nuestra solidaridad a sus familiares, lo que nos obliga a manifestar públicamente:

CONSIDERANDO que el femicidio y la violencia de género es una práctica de violación de los derechos humanos recurrente en nuestro país además, en un problema de salud pública, y la expresión más perversa de la sociedad patriarcal y capitalista,

CONSIDERANDO que la muerte violenta de una mujer es la mayor violación de derechos humanos.

CONSIDERANDO que la muerte de cada mujer es una pérdida irreparable para su familia, la comunidad, el país y sobre todo hoy para los 4 hijos de Yulis Belinda.

ACORDAMOS

EXIGIR la investigación exhaustiva de los hechos para determinar los delitos y la responsabilidad de quien o quienes dieron muerte a Yulis Belinda Suárez

EXIGIR que se realice una nueva experticia forense para determinar las verdaderas circunstancias que rodearon la muerte violenta de Yulis Belinda

EXIGIR a las autoridades competentes que se haga justicia a través de la aplicación de las sanciones contempladas en la Ley Orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

LO ANTERIORMENTE EXPUESTO NO ES SOLO UNA MUESTRA DE NUESTRA SOLIDARIDAD, PESAR ANTE LA VIOLENCIA QUE HOY ENLUTA A LA FAMILIA SUAREZ Y A LA PATRIA SINO ES UN COMPROMISO DE TODAS NOSOTRAS COMO MUJERES FEMINISTAS Y REVOLUCIONARIAS DE DAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A TODO EL PROCESO NECEARIO HASTA QUE LA VERDAD Y LA JUSTICIA PREVALESCAN EN TORNO A ESTE LAMENTABLE FEMINICIDIO.

DEMANDAMOS de los órganos competentes: Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Publico, Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas y medicatura forense cumplan con sus competencias y obligaciones como lo establece la ley y así evitar que la impunidad pueda ocultar una vez más la tortura y la violiación sexual que suelen ser practicadas antes de dar muerte a una mujer.

Dado y firmado, en Clarines, estado Anzoátegui a los diez días del mes de agosto de dos mil trece.

La Araña feminista y Colectivos e Individualidades Aliadas

reunidas en el II Encuentro de Feministas y Org. De Mujeres.

Feminicidio: negativa a los derechos conquistados por la lucha feminista

Juliana G. Quintanilla, Paloma Estrada Muñoz, José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

Rebelión La vida y la libertad de las mujeres están en el centro de la violencia feminicida. Las mujeres mueren violentamente a manos de quienes ejercen un poder de manera impune. En las relaciones sentimentales se impone la lógica del control, del sometimiento, de la imposición de roles y papeles establecidos, donde el hombre mantiene toda clase de privilegios y pretende que las mujeres sean relegadas a la subordinación y a la dependencia, y si alguien se atreve a desafiar este orden social establecido por el sistema, entonces paga las consecuencias con su propia vida. En el capitalismo se establecen relaciones cosificadas, donde el poder del dinero, de la clase, del género, termina subordinando los más tiernos sentimientos humanos a la lógica enajenante de las relaciones mercantilizadas y cosificadas, en la pura lógica material del poseer y someter a quien no se le reconocen derechos ni capacidad de decidir. Los derechos se conquistan mediante la lucha. Es lo que han hecho las mujeres a través del feminismo. El feminicidio pretende hacer retroceder las ruedas de la historia para seguir manteniendo a las mujeres relegadas a un segundo plano de la vida y de su papel dentro de la sociedad. Es una estrategia del terror que pretende paralizar la voluntad y capacidad de decidir de las mujeres para que no defiendan sus derechos elementales a la vida y la libertad. Feminicidio es el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer. Y pudo haber sido precedido por ciertas características, como por ejemplo: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; cuando exista o haya existido una relación de pareja o de carácter conyugal entre la víctima y el agresor; cuando se haya realizado por violencia familiar o cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, como una incapacidad física, psicológica o emocional para repeler el hecho. Muchos, sino es que todos los crímenes que se cometen de forma cotidiana contra las mujeres, cumplen con los requisitos anteriores para configurarlos como feminicidios, sin embargo, la mayoría de los casos no son considerados así. Sobran los pretextos, pero la realidad es una, las autoridades se niegan a cumplir la ley y tipificar esos delitos como feminicidios. Las razones son múltiples: no hay homologación en las leyes federales y estatales, falta de reglamentos, corrupción, impunidad, incoherencia, pues aunque en teoría todoas y todos somos "iguales" ante la ley, en la práctica no es así, ya que el machismo prevalece dentro del sistema de justicia, aunado a la ineptitud de algunos servidores públicos, a la falta de interés, indolencia y mil cosas más. La impunidad es el principal motor que promueve estos asesinatos, pues en la mayoría de los casos no se lleva a los culpables ante la justicia, pues así lo han reconocido las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y el propio Estado mexicano.

En lo que se refiere a los feminicidios, la violencia institucional y la impunidad también están presentes, muchas veces desde antes de que las mujeres sean asesinadas y aún después de perpetrado el homicidio, dejando a cientos o miles de familias en el abandono y en la desesperanza. Casi nunca encuentran la justicia que merecen. Según el informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009″, en esos 24 años fueron asesinadas 34,176 mujeres. Entre el 2010 y el 2011 desaparecieron 3,000 mujeres. Se han cometido 529 homicidios de enero de 2011 a junio del 2012. Y de acuerdo a las cifras dadas a conocer por Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en México seis mujeres mueren al día por crímenes de violencia extrema. En los últimos seis años han muerto en el país más de mil 500 mujeres, 60% de ellas fueron encontradas en vía pública y 40% murieron en sus hogares a manos de sus parejas, esposos o concubinos. Vemos pues, como en el país crece esta violencia. Son historias de mujeres que mueren violentamente por el hecho de ser mujeres. Sobrevivir a un ataque de esta naturaleza es poco probable. Mientras que las autoridades no aplican la ley ni los procedimientos para proteger la vida y la libertad de las mujeres. Pues la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México establece que las autoridades deben otorgar protección a las mujeres inmediatamente después de que conozcan de hechos o delitos de violencia contra ellas. Sin embargo, Gobernadores de todos los Partidos, las directoras de los Institutos de las Mujeres y Congresistas se niegan a avalar la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, que es un mecanismo jurídico que solicita acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad y tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. La Alerta implica realizar las ‘‘acciones inmediatas’’ que se soliciten –entre ellas la investigación, revisión de expedientes, incremento de vigilancia policiaca y mejoría en las diligencias ministeriales. Está descrita, mandatada y legislada desde 2007. La sistemática negativa de emitir dicha alerta, representa violencia institucional al infringir lo estipulado en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Convirtiéndose así, en un crimen de Estado. El año pasado, el comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió una recomendación al país en la que advierte que existen ‘‘obstrucciones’’ para aplicar el mecanismo de Alerta de Violencia de Género, pues a la fecha se han rechazado las Alertas en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo y Estado de México.

En Morelos, más de 2 mil firmas avalan la petición y se han emitido dos puntos de acuerdo, el primero en el Congreso de la Unión y el segundo por el Congreso del Estado. Sin embargo y contrariamente, para aplicar la Alerta de Violencia de Género se exige que las organizaciones que la hemos solicitado, nos apeguemos estrictamente a los procedimientos burocráticos que señala la ley, en un contenido excesivo de reglamentación. Mientras se demuestra todo lo ahí solicitado, siguen desapareciendo y asesinando a las mujeres. Ejerciendo con esa medida Violencia Institucional. Esto fue lo que analizamos ampliamente con Diputadas Federales de la Comisión sobre Feminicidio, del Congreso de la Unión, donde se está revisando el procedimiento legal para la emisión de esta Alerta.

Así vemos como ningún nivel de gobierno trabaja de forma comprometida por la seguridad de las mujeres, ni tampoco toma acciones para prevenir y garantizar la integridad de las mexicanas. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto Federal como de cada Estado, obliga a las autoridades a presentar un programa de prevención y atención para la erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo que las autoridades deberían estar trabajando para llevar a cabo acciones emergentes, porque los derechos de las mujeres están siendo violentados de forma grave e insostenible y eso no debe permitirse.

Es innegable la existencia de una violencia extrema, estructural y sistemática contras las mujeres, sus cuerpos y su dignidad, enmarcada en una cultura machista y misógina. Ante este panorama no vamos a abandonar la exigencia de que en Morelos y en otras partes del país se emita esta Alerta de Violencia de Género, se trata de la vida y la libertad de las mujeres.

(*) Integrantes de la @cidhmorelos

México; Se va Calderón: el presidente del feminicidio

Gladis Torres Ruiz

Cimacnoticias Para el panista, la población femenina fue “víctima colateral” de sus acciones anticrimen; el legado: 7 mil homicidios por razón de género.

En cuatro días concluye la administración de Felipe Calderón: la más sangrienta para las mujeres, toda vez que tan sólo en la mitad del sexenio (entre diciembre de 2006 a 2009) se registraron 7 mil casos de feminicidio en todo el país, de acuerdo con un análisis de la Cámara de Diputados.

A la par de esa violencia de género que se recrudeció con la política de seguridad del Ejecutivo federal –aseguran defensoras de los derechos femeninos–, también se agravaron la impunidad y la corrupción en las instancias federales, estatales y municipales de justicia.

Mientras que la mayoría de los asesinatos de mujeres están sin esclarecerse, pese a que 19 entidades federativas han tipificado en sus códigos penales el delito de feminicidio, el desinterés gubernamental por el tema se refleja en el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, donde fueron encontrados los cuerpos de ocho mujeres en 2001.

Y es que la violencia de género y la falta de justicia ante este flagelo fue el signo de la gestión que concluye este 30 de noviembre, advierten organizaciones civiles.

INVISIBILIZADAS

Para María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio (OCNF), durante el sexenio se “invisibilizó” al feminicidio mientras se enarbolaba la consigna de abatir al crimen organizado.

La activista agrega que la estrategia de seguridad de Calderón careció de perspectiva de género y de una visión de respeto a los Derechos Humanos (DH). Fueron “los peores años para los DH de las mujeres, la situación de vulnerabilidad contra las mexicanas es evidente”, critica Estrada.

El feminicidio aumentó 68 por ciento en todo el país entre 2007 y 2009, según el OCNF a partir de información de procuradurías estatales.

Mientras que de diciembre de 2006 a junio de 2012 se registraron 4 mil 112 asesinatos dolosos de mujeres tan sólo en 13 estados, aunque la cifra podría elevarse debido al subregistro, aclara la abogada.

Otro dato: en cuatro años, en Ciudad Juárez, los asesinatos de mujeres se dispararon en más de mil por ciento al pasar de 53 en 2007 a 584 en 2010, de acuerdo con registros de las organizaciones chihuahuenses Justicia para Nuestras Hijas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y Mukira.

Luz Estrada advierte también que la estrategia contra los cárteles de la droga dio carta blanca a la operación de las organizaciones de trata de mujeres. “Yo te mato, te violo, te secuestro, al fin que ahorita lo más importante es investigar sobre la delincuencia organizada”, explica.

A lo anterior se añade que durante el sexenio la violencia contra las niñas y las mujeres “se planteó como un daño colateral” relacionado con las víctimas del crimen organizado, argumenta Karla Micheel Salas, abogada de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Abunda que la impunidad en torno a estos crímenes se recrudece en un sistema judicial dominado por “prejuicios machistas” que culpabilizan a las mujeres de la violencia que padecen.

LETRA MUERTA

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, define a la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus DH, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y pueden culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres”.

El pasado 14 de junio se reformó el Código Penal Federal para tipificar el feminicidio y castigarlo con penas de hasta 70 años de prisión. No obstante toda esa legislación, aún no se garantiza que las víctimas accedan a la justicia.

A esa situación se suma que las políticas nacional y estatales contra la violencia de género están “totalmente desarticuladas”, lo que deriva en su falta de operatividad, acusa Magaly Reyes Chávez, coordinadora de Mujeres por un Milenio Feminista.

Ejemplo de ello –indica– es que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres negó durante esta administración que se declarara la Alerta de Violencia de Género en los estados de Guanajuato, México, Nuevo León y Veracruz, donde grupos civiles documentaron y denunciaron altas tasas de feminicidio.
Mayela García, presidenta del Colectivo de Mujeres, en Veracruz, denuncia que aunque en la entidad el delito ya está tipificado las autoridades indagan los casos como homicidios dolosos, para evitar la imagen de que en la sociedad prevalece la “misoginia”.

Mujeres asesinadas en Dominicana superan las reportadas

Prensa Latina

Informaciones policiales dan cuenta hoy que en lo que va de año 55 dominicanas murieron a manos de sus parejas o excompañeros, pero la cifra exacta de mujeres asesinadas supera los registros oficiales.

De estas estadísticas son excluidas, sin embargo, las mujeres de nacionalidad haitiana porque se registran en el renglón de riñas entre haitianos, además de otros casos de homicidios que se incluyen en otras "categorías".

Tampoco aparecen las féminas que mueren uno o varios días después de ser agredidas por sus parejas, debido a que las autoridades solo reportan las muertes en el mismo día.

Las 55 mujeres asesinadas en 2012 han dejado 169 hijos huérfanos, la mayoría menores de 18 años, situación que refleja otra vertiente de víctimas que siguen vivas.



En este año también 13 hombres que asesinaron a sus parejas se quitaron la vida o fueron hallados muertos luego de cometer los feminicidios.

La mayoría de estos homicidios de mujeres presentaron más de una herida, fuera de bala o arma blanca, según reportes policiales.

En una alta cifra de casos, las mujeres habían denunciado a las parejas ante las autoridades por violencia doméstica.

Igualmente en muchos de los casos, las mujeres asesinadas habían sido alertadas por vecinos, amigos y familiares sobre los peligros de convivir con sus propios agresores.

México: Tamaulipas, cuarto estado en tipificar feminicidio

Rosa María Rodríguez Quintanilla
(CIMAC/Red Tamaulipas).- El Congreso del estado tipificó el feminicidio como delito grave y estableció una pena de 30 a 50 años de cárcel y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo al hombre que dolosamente y con uso extremo de violencia prive de la vida a una mujer por razones de género.

Con esta acción legislativa, Tamaulipas es el cuarto estado de la República en tipificar el delito de feminicidio en su Código Penal. Los primeros fueron Guerrero, el Estado de México y Guanajuato, mientras que en Veracruz ya se presentó una propuesta de tipificación al Congreso local.

Durante su última sesión ordinaria, la LXI Legislatura local aprobó por unanimidad el decreto mediante el cual se adiciona el artículo 337 bis al Código Penal del estado y reforma el párrafo cuarto del artículo 109 del Código de Procedimientos Penales de Tamaulipas.

De acuerdo con el artículo 337 bis del Código Penal, comete delito de feminicidio el hombre que dolosamente, y con uso extremo de violencia, prive de la vida a una mujer por razones de género y será sancionado con prisión de 30 a 50 años y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo.

En el mismo artículo se establece que existen razones de género de parte del sujeto activo, si la víctima presenta indicios de violencia física reiterada y cuando existan antecedentes de violencia moral o acoso del sujeto activo en contra de la mujer.

Se considera que existe el uso extremo de violencia cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; o se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida.

El pleno legislativo aprobó reformas al artículo 109 del Código de Procedimientos Penales e incorporó el feminicidio al catálogo de delitos graves.

La iniciativa presentada el pasado 4 de mayo por la legisladora Beatriz Collado Lara, con el apoyo de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), fue analizada por las Comisiones Unidas de Justicia y Equidad y Género, las que dictaminaron favorablemente con una serie de adecuaciones en la redacción del texto.

El anuario estadístico del INEGI 2010 señala que en el 2009 casi dos mil mujeres fueron asesinadas en nuestro país.

“Lamentablemente Tamaulipas no es la excepción en la violencia generada hacia las mujeres que termina privando de la vida a muchas de ellas por el simple hecho de su condición de mujer”, destacaron las promotoras de la iniciativa.

En el 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece que cada una de las entidades deberá expedir leyes y adoptar medidas para dar cumplimiento a este ordenamiento.

En el 2008, el Congreso de Tamaulipas expidió la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas ha negado información desagregada por género en cuanto al número de asesinatos registrados en la entidad.

Un estudio del Centro de Estudios Fronterizos y Promotor de los Derechos Humanos (Cefprodhac), con sede en Reynosa, precisa que en el 2009 fueron asesinadas 46 mujeres en Tamaulipas, principalmente mujeres casadas y amas de casa.

“Más de la mitad de las víctimas, el 58 por ciento, se encontraba en edad productiva entre los 21 y 40 años de edad y el 39.13 por ciento eran casadas y amas de casa”, destaca el Cefprodhac.

De acuerdo con esta investigación, en el 52.17 por ciento de los crímenes de género existía un conocimiento previo entre la víctima y el victimario. En el 13.04 por ciento no había ningún tipo de relación y en el 28.26 por ciento no fue posible establecer el vínculo entre víctimas y victimarios por falta de datos.

El estudio refleja la desvalorización y el alto grado de violencia hacia las mujeres por parte de los agresores, luego de que, en un 52.17 por ciento de los casos, los cuerpos de las víctimas fueron abandonados en lugares como basureros, terrenos baldíos, en brechas y lugares despoblados.

Un 23.91 por ciento de los crímenes ocurrió en el domicilio y un 15.12 por ciento fueron localizadas en la vía pública.

En algunos casos los cuerpos se encuentran atados, con bolsas de plástico en la cabeza y exhiben una gran diversidad de lesiones como traumatismos, quemaduras e incluso algunos presentan mutilaciones.

En el 28.26 por ciento de las mujeres se produjo la muerte por golpes, un 23.91 por ciento con armas de fuego y un 21.74 por ciento con armas blancas. En más de 23 por ciento de los casos, el móvil aparente que desencadenó el asesinato fueron los celos y el deseo de control sobre la vida y cuerpo de la mujer por parte de los agresores.

El mayor número de asesinatos de mujeres en Tamaulipas en el 2009 se registró en los municipios de Reynosa (39.13 por ciento), Matamoros (17.39 por ciento) y Nuevo Laredo y Río Bravo (6.52 por ciento cada uno).

Aunque la mayoría de las víctimas tenían baja escolaridad, también había mujeres con preparación académica (doctoras, ingenieras, maestras, enfermeras, etcétera). El 32.6 por ciento corresponde a amas de casa, el 10.86 por ciento eran obreras de maquiladoras y un 8.69 por ciento, mujeres en condición de explotación sexual.

Mujeres en Guatemala: el feminicidio impune

masvoces.org.- Sólo en el 2010, un total de 685 mujeres fueron asesinadas en Guatemala. Un feminicidio, ignorado e impune.

Rosa Franco, madre de María Isabel Franco, una joven de 15 años quien fuera brutalmente asesinada en el 2001, sigue buscando justicia. El cuerpo de la menor fue encontrado dos días después del crimen en un descampado y a Rosa le costó mucho reconocerlo como consecuencia de los golpes que debió recibir su hija, antes de morir. Hasta el día de hoy, la familia de María Isabel sigue esperando que las autoridades cumplan con su deber y hagan una investigación seria para encontrar y llevar ante la justicia a los asesinos de María Isabel.

El feminicidio en Guatemala afecta a toda la sociedad en su conjunto. Las diferentes organizaciones han tenido muchísima dificultad para elaborar un perfil de las víctimas. Primero, por lo generalizado del fenómeno, y, segundo, por la escasa o nula información que sistematiza el Estado. En consecuencia, se ha creado una situación propicia para los crímenes contra las mujeres y para la impunidad, que deja a más del 96 por ciento de los asesinatos sin una sentencia condenatoria.

Y es que en Guatemala ocurre lo mismo que en la mexicana Ciudad Juárez. Muchas de las autoridades asocian y, de alguna manera, justifican los asesinatos, diciendo que las víctimas pertenecían a las maras u otras bandas juveniles y, en algunos casos, recurriendo al “algo habrán hecho”.

Movilización internacional contra femicidios en México

Alejandra Waigandt

Artemisa Noticias Habrá movilizaciones el lunes en diferentes países hacia las representaciones diplomáticas de México para repudiar los femicidios de las activistas por los derechos humanos Susana Chávez y Marisela Escobedo, cruelmente asesinadas entre diciembre y enero de este año. Los casi 1000 femicidios registrados desde 2005 muestran la grave situación a la que están expuesta las mexicanas.

Este lunes las embajadas y consulados de México del mundo serán el marco institucional elegido por la sociedad civil para repudiar los espantosos crímenes de Susana Chávez el 6 de enero, y Marisela Escobedo el 16 de diciembre pasado, en las localidades mexicanas Ciudad Juárez y Chihuahua, y la escalofriante cifra de 922 femicidios ocurridos en esa región entre 2005 y 2010.

Chávez y Escobedo estaban profundamente comprometidas con la lucha por los derechos de las mujeres y encontraron la muerte de la peor manera, a manos de femicidas. Chávez fue torturada y asfixiada por tres jóvenes de una pandilla. Escobedo fue baleada cuando reclamaba el esclarecimiento del homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo.

La movilización a embajadas y consulados mexicanos ha sido convocada desde el movimiento internacional de mujeres, y busca visibilizar la tragedia de los femicidio en Ciudad Juárez, localidad fronteriza con Estados Unidos (306 mujeres fueron asesinadas durante 2010 ) y otras regiones de México, la impunidad con que se manejan los asesinos (en el caso Escobedo no hay detenidos y se enjuiciará a los magistrados que exoneraron al femicida de su hija), y la falta de políticas para frenar esta escalada de violencia que pone en riesgo permanente a la población femenina de ese país lationamericano.

Cabe recordar que una semana después del homicidio de Susana Chávez, las autoridades mexicanas rechazaron la solicitud del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) para investigar la ola de asesinatos dolosos de mujeres en ese país. Esta organización había reclamado la posibilidad de declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG), en el marco de la ley de requisitos del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Los femicidios de Chávez y Marisela Escobedo no son casos asiladas, suman 922 en el estado de México; asimismo se registran 4. 773 denuncias por violaciones sexuales, incluso 30 mujeres no han podido ser identificadas, según informó Rocío García Gaytán, directora del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres).

Incluso en un informe entregado a diputadas de la comisión especial que da seguimiento a los asesinatos de mujeres, la Procuraduría General de Justicia del Edomex culpó a las mujeres por sus femicidios. Afirmó que los 922 casos tienen causas multifactoriales, pero resaltan las relaciones conflictivas. 'Riesgos en los que se colocan algunas mujeres: Consumen drogas, alcohol o usan inhalantes; trabajan en bares en los que alternan con los clientes; salen solas a altas horas de la noche', se lee en el texto. 'Se involucran sentimentalmente con parejas a las que conocen poco; se involucran con varias parejas a la vez; forman parte de bandas de jóvenes; forman parte de grupos delictivos o sostienen relaciones con miembros de los mismos'.

Frente a esto, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) salió a aclarar que lamenta que el gobierno del Estado de México atribuya la incidencia de feminicidios en esa entidad al riesgo que se exponen las mujeres en su vida laboral o en sus relaciones sentimentales. 'Es preocupante que se utilice la condición de sexo de las personas para que se les coarten sus derechos y se utilicen como argumentos para justificar la violencia en su contra', expresó.

Por su parte, el Inmujeres del Distrito Federal divulgó un pronunciamiento sobre el femicidio de Susana Chávez, destacando que este tipo de violencia que azota a México 'es un grave problema social y cultural, que debe ser atendido de manera urgente', y ubica la causa en la pobreza, es decir 'la marginación de parte de la población de cualquier oportunidad de desarrollo económico, social y cultural'.
En el documento, Inmujeres DF exige que 'en la investigación del asesinato de la activista Susana Chávez las autoridades no relativicen los hechos, no los descontextualicen, no pretendan trivializar el tema de la violencia y no responsabilicen a las víctimas de la violencia en su contra. Es preciso la realización de una cuidadosa investigación profesional, que aporte elementos para el esclarecimiento del delito y la sanción a los responsables'.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó a través de un comunicado que Chávez fue golpeada y asfixiada. Los presuntos asesinos Sergio Rubén Cárdenas De la O, Aarón Roberto Acevedo Martínez y Carlos Gibrán Ramírez Muñoz se encuentran detenidos y recluidos en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores de México porque todos tienen 17 años.

Chávez popularizó en México la frase ‘ni una muerte más’. Comenzó a trabajar contra la violencia machista en 1993, y fue una activista incansable en la lucha contra los femicidios, una manifestación de violencia extrema hacia la mujer. Para la escritora Arminia Arjona 'es una ironía que ella (Susana) haya muerto de una forma violenta', según el testimonio que brindó a la prensa.

Inmujeres DF declaró además que 'externamos nuestra preocupación por esta escalada de violencia en contra de las mujeres y exigimos garantías de seguridad para quienes alzan su voz exigiendo justicia para sus hijas, hermanas, amigas y compañeras; porque las mujeres tenemos derechos a tener derechos, a salir a la calle sin temor, a divertirnos sin reproche, a ser lo que decidamos ser, a trabajar con confianza, a vivir una vida libre de violencias'.

El asesinato de la poetisa Chávez ocurrió a menos de un mes de que fuera asesinada Marisela Escobedo, quien exigía la captura del homicida de su hija, Sergio Barraza Bocanegra, exonerado por la justicia mexicana. Escobedo fue muerta a balazos frente a la sede del Palacio de Gobierno de Chihuahua en medio de una protesta y no hay detenidos. Radio Internacional Feminista FIRE realizará una cobertura de la protesta internacional contra este femicidio frente a las embajadas de México en los distintos países a las 10. Desde este medio se invitó a las redes de comunicación, medios y comunicadoras a sumarse a la cadena internacional de protesta.

Por su parte, las organizaciones de Chihuahua proponen una serie de elementos simbólicos para replicar en las manifestaciones. A partir del asesinato de Escobedo, las activistas mexicanas llevan la cabeza cubierta con un paño blanco y sólo los ojos dejan libres, para simbolizar el riesgo que corren las mujeres que exigen justicia. También portan cruces rosas, simbolizando los asesinatos de mujeres por razones de género. Sobre mantas despliegan las fotos y nombres de las mujeres desaparecidas, de manera de mostrar a quienes se sigue buscando. Por último se suman flores naturales o de papel.

México: Levantará CNDH informe de feminicidio en el país

Guadalupe Cruz Jaimes

(CIMAC).- Ante la falta de información de la violencia feminicida en México, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se comprometió a realizar un informe minucioso del feminicidio en los 32 estados de la República.

En reunión con integrantes de la Misión Internacional: “Por el Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana” de vista en México desde ayer, el ombudsman reconoció que las procuradurías carecen de información acerca del número de asesinatos de mujeres y las circunstancias en las que ocurren.

“No ha alcanzado la labor de la autoridad para identificar a las víctimas y menos para dar con los responsables”, mencionó.

El informe nacional que realizará la primera visitaduría de la CNDH debe ser un análisis cualitativo y cuantitativo, semejante al que realizó este organismo en 2009, acerca del feminicidio en Ciudad Juárez, para ello la CNDH deberá enviar una “plantilla” a las procuradurías estatales para que den la información necesaria, a fin de visibilizar la problemática en el país.

Durante el encuentro con Plascencia Villanueva, Julia Monárrez, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte e integrante de la Misión Internacional, solicitó al funcionario que además del informe detallado del feminicidio en los estados de la república, realice una recomendación a las procuradurías para que brinden información.

La especialista en el tema de feminicidio exigió también que la CNDH regrese a Ciudad Juárez y dé prioridad y seguimiento a los casos de feminicidio en esa localidad, ya que en los últimos años aumentaron los asesinatos de mujeres y disminuyó la presencia de las autoridades para atender la problemática.

Monárrez señaló que de 1993 a 2007 se registraron alrededor de 500 asesinatos en Ciudad Juárez, cifra similar a la registrada en los últimos dos años, ya que de 2008 a 2010 hubo 567 homicidios dolosos de mujeres con lo que suman mil 67.

Al respecto, Plascencia Villanueva reconoció que el gobierno federal, estatal y municipal, le han restado importancia al feminicidio frente a la “violencia generalizada” que se registra en Ciudad Juárez.

El ombudsman añadió que las autoridades descuidaron este tema, “ya no es prioridad”.

En este sentido, Victoria De Pablo del Consejo General de Abogacía de España y representante de la Misión Internacional, concluyó que la ausencia de respuesta al feminicidio por parte de las autoridades constituye un crimen de Estado, ya que el tema no está en la agenda política del Gobierno Federal.

Después de la reunión con Plascencia Villanueva, las expertas en violencia feminicida, tenían confirmada una cita con Juan Manuel Alcántara Soria, Titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), sin embargo el funcionario no las recibió porque fue “convocado a una reunión ordenada por Felipe Calderón”.

En su lugar, las integrantes de la Misión Internacional fueron atendidas por Elsa Jiménez, directora adjunta de Prevención del Delito y por Amaya Bernadez, directora general adjunta de Participación Ciudadana de la SNSP, quienes señalaron que están trabajando en la elaboración de bases de datos con perspectiva de género, pero aún no las tienen.

Victoria De Pablo cuestionó a ambas funcionarias que cómo era posible que ya tuvieran listos protocolos y bases de datos para hacer frente al narcotráfico, y no tuvieran aún las metodologías para combatir el feminicidio que cada año cobra la vida de miles de mujeres en el país.

México: Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, pedirán OSC

Gladis Torres Ruiz
(CIMAC).- Por ser el Estado de México (Edomex), la entidad que más asesinatos contra mujeres registra en el país, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), solicitarán en breve una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), con el objetivo de proteger a las mexiquenses y erradicar la violencia feminicida.

En entrevista telefónica Ana Yeli Pérez Garrido, abogada de la OSC Comisión Nacional de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CNDPDH), refirió que preparan dicha solicitud junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y se basarán en cifras oficiales para argumentar el estado de emergencia que priva en la entidad.

El feminicidio en la entidad se documentará con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, obtenida vía acceso a la información, y con los datos que el procurador estatal, Alfredo Castillo Cervantes, entregó a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, el pasado 8 de septiembre.

“La alerta esta fundamentada en las cifras oficiales, que son muy altas, y ubican al Estado de México como la entidad con mayor numero de casos de feminicidio”, dijo la activista.

Pérez Garrido, refirió que si bien la información no es nueva, es muy alarmante, y más grave aún que las autoridades estatales desdibujen el problema o lo quieran ocultar, tal como sucedió en la comparecencia del 8 de septiembre, donde se reflejó la incongruencia entre el discurso oficial y las cifras.

Por citar un ejemplo, agregó la abogada, el procurador Castillo Cervantes, expuso que el 33 por ciento de los feminicidios era cometido por algún familiar o conocido y que en 56 por ciento no tenía identificado al agresor; es decir no existe coincidencia en la información, lo que deja claro el desconocimiento de las autoridades en la materia.

También “hay un evidente desconocimiento y discriminación,” cuando la procuraduría difunde que la principal causa del feminicidio es la violencia familiar causada por adicciones, poca comunicación con los hijos e inestabilidad emocional, los cuales son estereotipos”, afirmó Pérez Garrido.

Las cifras mostradas por el Procurador no corresponden y son incongruentes, afirmó que en el 56 por ciento de los (597) asesinatos dolosos de mujeres, de los últimos cinco años en la entidad, se desconocía al responsable, y luego remata al señalar que el feminicidio se debe a la violencia familiar.

“Si va a reducir el feminicidio al ámbito privado o familiar debería de sustentarlo, sin embargo sus propias cifras demuestran que sus argumentos no son congruentes con sus propias cifras, con su misma información “, enfatizó.

La abogada de la CNDPDH, afirmó las OSC desde hace años han venido denunciando el feminicidio en el Edomex, sin embargo las autoridades han hecho caso omiso. Ahora tenemos el mecanismo para hacer la denuncia formalmente y ver su efectividad y mecanismo de respuesta.

Detalló que presentarán la solicitud a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en su calidad de presidenta y secretaria, respectivamente del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (Sistema).

El Inmujeres tendrá que revisarla y decidir la aceptación, de ser así convocará al Sistema a sesión extraordinaria, para que decida si procede la investigación para posteriormente con base en los resultados, determinar si se emite o no la Alerta.

La abogada, informó que la solicitud de AVG, se deriva de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General)

Cabe destacar que la CMDPDH, junto con Justicia para Nuestras Hijas; y el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL); denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las irregularidades en la investigación del feminicidio de Paloma Angélica Escobar Ledesma.

Estudiante de computación y trabajadora de una maquiladora de Ciudad Juárez que desapareció el 2 de marzo de 2002, cuando tenía 16 años de edad. Fue hallada muerta el 29 de marzo del mismo año en la zona conocida como “El Campo Algodonero”.

El OCNF, es una alianza constituida por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres en 17 estados y el Distrito Federal, cuyo objetivo central es monitorear y exigir rendición de cuentas a las instituciones encargadas de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y el feminicidio.

Ciudad Juárez, el laboratorio de mujeres de México...

Rodrigo Hernández / EcoDiario

La pesadilla que se vive en Ciudad Juarez desde hace años parece no tener fin. La evolución de los acontecimientos hacen pasar a las barbaridades cometidas hace apenas unos años como meras anécdotas en comparación con lo que se ve en sus calles hoy en día. Un buen ejemplo de ello es el caso de Cipriana Jurado.

Activista de derechos humanos, Cipriana fue una de las caras más reconocidas en la lucha contra los feminicidios ocurridos en esta fronteriza ciudad mexicana. Cientos de mujeres aparecieron asesinadas, muchas de ellas con signos de violencia extrema, sin que las autoridades hicieran nada por cambiar la situación.

Narcotráfico, violencia de género, tráfico de órganos y de blancas e incluso fiestas privadas con grabaciones de películas snaff, fueron las posibles motivaciones documentadas por distintas organizaciones. Mientras más 90% de los asesinatos resultó impune, el presidente Felipe Calderón decidió nombrar Procurador de Justica del país a Arturo Chaves Chaves, hombre que se encargaba de la seguridad del Estado de Chihuaha (al que partecece Ciudad Juárez) durante gran parte de los homicidios.

Ahora la guerra que sacude al norte de México provoca tantas muertes y desapariciones diarias entre la población civil que muchos mexicanos han olvidado ya lo sucedido años antes. Pero para Cipriana, que hoy trabaja en el Centro de Investigación y Solidaridad Obrera en Juárez, esto no es más que un resultado de aquellos muertos del pasado.

¿En que punto están los casos de feminicidio denunciados desde hace años?

Es un caso muy emblemático porque logramos denunciarlo a la Comisión y a la Corte Interamericana donde hay ya un dictamen que insta al Gobierno Mexicano de que se haga una verdadera investigación de estos casos, puesto que en la que se realizó ni siquiera los cuerpos identificados fueron los manejados por el Gobierno del Estado. Además se deberá indemnizar a las familias y realizar un protocolo de protección hacia las mujeres que supuestamente evitará tanta violencia y desapariciones.

Más del 90% de los feminicidios no se ha resuelto y por desgracia hay muchos casos que nunca se van a resolver porque nunca se van a investigar. Si el actual procurador de Justicia del país hubiera tenido la conciencia de investigar los primeros homicidios nos hubiéramos ahorrado cientos de asesinatos

¿Cuántos casos han documentado sobre feminicidios?

Fueron más de 400 casos en el pasado, más los que se están acumulando estos años. No solo fueron las atrocidades del narco y demás, sino que la impunidad provocó que cualquier tipo que tuviera un problema con una mujer la matase y la tirase sin ningún inconveniente, ni siquiera esos feminicidios se resolvieron. Con el asesinato de tantas personas durante los últimos años, los centros encargados de estas muertes se han visto colapsados y ya no hay casi oficinas que traten específicamente el caso.

¿Cómo ha sido la reacción del Gobierno mexicano?

Ha sido una incapacidad absoluta, una falta de sensibilidad total. Es como si los jóvenes fueran desechables, ante las oportunidades de trabajo decían "ya vendrán más". Probablemente porque hasta hace poco no habían asesinado a ningún hijo de empresario o de político o ningún estadounidense que tuviera peso. Estamos perdiendo a toda una generación de jóvenes. Si no son los que caen debido a las balas de los sicarios, son por los asesinatos de los militares o si no los que están en la cárcel con todo tipo de acusaciones. Además hay cerca de 20 mil niños huérfanos.

Pero desde hace unas semanas Felipe Calderón visita Juárez de manera repetida?

Nosotros le pedimos a Calderón regresar al Estado de Derecho. Ahora documentamos la desaparición de cientos de personas, muchos de ellos arrestados por la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delinciencia Organizada) y días después aparecen asesinados, a veces a palos. Ese tipo de violencia es el que se está viviendo, por desgracia también es generado por parte de las instituciones del Estado, las que deberían estar protegiéndote.

Calderón se defiende afirmando que la estrategia ha cambiado

Han cambiado de nombres pero la estrategia sigue siendo la misma. Son los mismos mandos, con el ejército llevando el control. Además es complicadísimo hablar con los mandos militares, lo primero que hicieron fue declarar que las organizaciones por los derechos humanos estaban siendo financiadas por el narcotráfico, precisamente por las denuncias que estábamos haciendo contra ellos. La ciudadanía ha dejado de tenerles confianza.

Nosotros insistimos, Ciudad Juarez ha sido un laboratorio. Han ocurrido cosas muy graves que por impunidad no se investigan y ahora empiezan a suceder por todo el país. Todavía no se ha hecho nada. Desgraciadamente este año ya hay 26 casos de mujeres desaparecidas, la última de ellas la semana pasada.

Sin voluntad para cumplir sentencia sobre campo algodonero- Ante el silencio, la sociedad civil será vigilante: Marcela Lagarde

Por Gladis Torres Ruiz/ Cimac (Mujeres por la Democracia)

La sentencia que el Estado mexicano recibió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso “Campo Algodonero”, es muy importante porque condena por primera vez a un Estado por asesinatos por motivos de género (feminicidio), y se convierte en un recurso para exigir los derechos humanos de las mexicanas.

En entrevista con Cimacnoticias, la especialista en violencia de género, Marcela Lagarde y de los Ríos, sostuvo que el silencio que el Estado ha guardado hasta el momento sobre sus responsabilidades, da cuenta de que “no hay voluntad para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte”

A pesar de la exacerbada violencia contra las mujeres en México, no hay nada concreto, por lo que desde la sociedad civil se dará seguimiento puntual a la sentencia, para exigir su cumplimiento añadió la ex diputada federal y presidenta de la Comisión Especial para Conocer y Dar seguimiento a los Feminicidios en la República Mexicana durante la LIX legislatura.

Cabe recordar que en la sentencia de la CoIDH, se acusa al Estado mexicano de violar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal en perjuicio de tres de las ocho víctimas de feminicidio del “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, y lo responsabiliza por no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en la entidad, documentadas desde 1993.

Si bien en su sentencia, la Corte no reconoce el término feminicidio, si reconoce que en México existen los asesinatos por motivos de género, es decir se asesina a las mujeres por el sólo hecho de serlo, Marcela Lagarde sostiene que el feminicidio es un crimen de odio contra las mujeres.

La también presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, dio a conocer que prepara un libro con uno de los peritajes elaborado por ella misma y que fue presentado durante el proceso de las audiencias del caso del “Campo Algodonero”.

Precisó que dicho peritaje está basado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará), instrumento latinoamericano que busca erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres suscrito por el Estado mexicano y usado por ello como una prueba para acusar al gobierno mexicano de omisión.

“Ya lo había suscrito, y a pesar de ello no implementó las políticas de prevención que pudieron salvarle la vida a las mujeres asesinadas en el Campo Algodonero, y a cientos de mujeres más en México”, denunció.

En nuestro país, son asesinadas mil 400 mujeres al año y en 10 años han sido asesinadas 14 mil mujeres y niñas, “es como si nos encontráramos en guerra” y eso es sólo la punta del iceberg de violaciones contra los derechos de las mujeres.

Las mexicanas padecen violaciones por incesto, acoso laboral, explotación y trata, delitos que están en torno a esos homicidios que no necesariamente se encuentran ligados directamente, sin embargo, son un acto de violencia que las mujeres de éste país vivimos.

“Cualquier mujer que le preguntes en la calle o en la escuela si se siente segura, te dirá que no. No se siente segura ni en su casa, ni en la calle. En suma México es un país peligroso para las mujeres y esto lo indica la lista de Naciones Unidas sobre seguridad humana”, enfatizó la doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

DESDIBUJAR EL FEMINICIDIO

Para Marcela Lagarde, el señalar que las mujeres asesinadas forman parte del crimen organizado es una forma más de desdibujar los asesinatos de las mujeres. El decir nuevamente “ellas se lo buscaron por involucrase” y no es de ésta forma, eso lo demostramos desde la Comisión Especial para Conocer y Dar seguimiento a los Feminicidios en la República Mexicana.

Marcela Lagarde sostiene que el feminicidio es un crimen de odio contra las mujeres, acunados en la tolerancia social y estatal alentada por la impunidad.

La impunidad es alimentada por las pésimas investigaciones, averiguaciones mal integradas, y por encargados de la persecución del crimen que desatienden las denuncias de las víctimas, así como jueces para quienes la vida de las mujeres es secundaria, o que muestran un claro sesgo descalificador y culpabilizador de las mujeres.

“La mayor parte de las mujeres son asesinadas por gente conocida, que no pertenecían a la violencia del crimen organizado, correspondía a la violencia de género. Violencia por parte de conocidos, algunos delincuentes del crimen organizado unos delincuentes eventuales, pero todas corresponden a violencia de género y de eso, es de lo que tenemos que darnos cuenta”.

Para la antropóloga, la situación se ha agravado con la salida del ejército a las calles; hay una violación constante y reiterada de los derechos humanos de las personas. La acción gubernamental “unilateral” llamada “combate a la delincuencia organizada”, ha conculcado en realidad los derechos de toda la ciudadanía.

“Sacar el ejército a las calles ha eliminado el Estado democrático de derecho, y las mujeres estamos en peores condiciones que en un Estado, que por lo menos garantizaba la civilidad, lo que genera una situación muy preocupante y lamentable”, enfatizó.