Sin respuesta, medidas de protección para defensorasEl intento de homicidio contra la fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, se suma a los cinco casos de amenazas y cinco asesinatos de defensoras de Derechos Humanos (DH) que han denunciado la impunidad del feminicidio y la trata de mujeres en Ciudad Juárez.
Cerca de las dos de la tarde del pasado viernes, Norma Andrade, una de las pioneras en documentar y acompañar los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en Juárez, recibió cinco impactos de bala cuando pretendía abordar su camioneta para ir a trabajar. Ahora permanece hospitalizada.
Andrade es madre de Lilia Alejandra García, una joven de 17 años que desapareció el 14 de febrero de 2001 y fue encontrada asesinada el 21 de febrero del mismo año en un predio de localidad fronteriza.
Desde entonces Norma, junto con su hija María Luisa García Andrade –conocida como Malú– y la maestra Marisela Ortiz fundaron Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
LOS HECHOS
Norma, quien también es profesora, se encontraba afuera de su casa y en compañía de sus dos nietos, hijos de Lilia Alejandra, cuando fue atacada por un sujeto que disparó un arma de fuego provocándole heridas en torso, hombro derecho y la mano derecha.
De acuerdo con la vocera de la organización, Adazahira Chávez, la activista fue operada ayer para reconstruirle la mano y ponerle un clavo en el hombro derecho.
Al respecto, Malú señaló que la operación fue exitosa, pero debido a que Norma padece diabetes, ha resultado difícil controlarle la alta presión y el azúcar. “Está mejorando, pero aún está delicada”, reportó.
La vocera dijo a Cimacnoticias que según datos proporcionados por compañeros de trabajo de la escuela primaria donde Norma daba clases, a las 8 de la mañana de ese viernes sujetos desconocidos hablaron por teléfono al plantel preguntando “si había llegado a trabajar y a qué hora se presentaría”. Este hecho debe ser investigado, advirtió Chávez.
Malú, quien permanecía refugiada al interior de la República, regresó el pasado sábado a Juárez para apoyar a su madre, cuidar a sus sobrinos y exigir que se investigue el atentado. Ayer María Luisa y el fiscal de la Zona Norte, Jorge González Nicolás, se reunieron en privado para ver cómo van las investigaciones.
En este encuentro, la también luchadora social le pidió al fiscal que declarara públicamente que el atentado fue un intento de homicidio y no un robo como se ha manejado, a lo cual accedió; sin embargo, hasta el momento no hay una declaración pública y por el contrario, la protección policiaca que había en el hospital esta mañana fue retirada.
María Luisa refirió que ella y su madre eran custodiadas por agentes de la Fiscalía de la Zona Norte, pero sin mayor explicación hoy fueron retirados del lugar, dejándolas en la total indefensión, acusó.
OTROS CASOS
El atentado contra Norma se suma a las amenazas que recibieron María Luisa García, Marisela Ortiz, Cipriana Jurado, Sara Salazar y Emilia González; y se agrega a los asesinatos de las activistas Marisela Escobedo, Susana Chávez, Josefina Reyes, Luisa Ornelas y Malena Reyes. Todas ellas defensoras de DH en Ciudad Juárez.
Aunque desde 2008 María Luisa García y Marisela Ortiz cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y pese a que a finales de septiembre pasado María Luisa pidió a las autoridades federales y estatales que las medidas de protección se ampliaran a favor de su madre, ellas han sido blanco de hostigamiento y amenazas.
La madrugada del pasado 10 de marzo apareció una manta con frases intimidatorias en la escuela secundaria donde Marisela Ortiz daba clases en Juárez. Tras los hechos se vio obligada a abandonar el país y a refugiarse en Estados Unidos.
María Luisa García también tuvo que salir de Juárez y dejar a su madre, luego de que la madrugada del pasado 17 de febrero unos desconocidos quemaron el techo de su casa mientras ella estaba en un plantón en apoyo a la familia Reyes Salazar, una familia que también ha sufrido amenazas y asesinatos.
Cabe recordar que el 16 de diciembre de 2010 fue asesinada la activista Marisela Escobedo, quien buscaba justicia para su hija, Rubí Marisol, asesinada en 2008. A ella un hombre le disparó en la cabeza a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde instaló un plantón de protesta.
Organizaciones civiles han exhortado a las autoridades a adoptar un mecanismo nacional de protección eficaz que garantice la seguridad de todas las personas que se dedican a la promoción y defensa de los DH. El pasado 7 de julio, el gobierno federal publico un acuerdo para crear ese mecanismo, pero a la fecha está pendiente.
POSIBLE REPRESALIA
La abogada de la familia, Karla Michel Salas, quien se encuentra en Juárez para participar en un foro sobre feminicidio, explicó que ya se integró una carpeta de investigación (averiguación previa) que incluye testimonios de vecinos y de los trabajadores de la escuela que recibieron las llamadas intimidatorias.
Salas afirmó que hay elementos suficientes para acreditar que no se trató de un robo sino de un atentado planeado por un grupo de sujetos que tenían el claro objetivo de asesinar a la activista, por lo que confió en que las investigaciones prosperen.
La coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Luz Estela Castro, dijo que aunque la primera reacción de la Fiscalía fue asegurar que el ataque se debió a un robo, el respaldo de 75 organizaciones civiles del país y la exigencia de la familia de la activista llevaron a las autoridades a abrir la investigación por intento de homicidio.
Castro dejó entrever que el atentado contra la activista podría estar ligado a las denuncias que ha hecho por la desaparición y asesinato de mujeres, entre ellas Adriana Sarmiento Enríquez, joven de 15 años que desapareció el 18 de enero del 2008 cuando se dirigía de la preparatoria a su casa.
La joven fue localizada asesinada el 5 de noviembre de 2008, y después de tres años, el 29 de noviembre de 2011, se notificó su identidad a pesar de que fue identificada desde julio de 2011. Cabe mencionar que el mismo día del atentado contra Norma, grupos civiles asistieron al entierro de Adriana Sarmiento.
MADRES EXIGEN INVESTIGACIÓN
Norma, quien perdió a su hija asesinada, también exigió justicia para Adriana, al igual que el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, que en reiteradas ocasiones han exigido el cotejo de ADN entre los cuerpos de mujeres sin identificar con los de las desaparecidas.
El pasado viernes, estas agrupaciones pidieron la implementación de procedimientos expeditos y confiables en la identificación de las mujeres, e información precisa en tiempo y forma a las madres y familiares sobre los resultados de las investigaciones.
Tan sólo en 2011 el Comité de Madres y la Red han documentado la identificación de cuatro mujeres localizadas asesinadas en Chihuahua: Hilda Gabriela Rivas Campos, el 13 de abril; Janeth Rivera Chávez, el 20 de septiembre, y Mónica Liliana Delgado Castillo, el 27 de septiembre. Todas desaparecidas en años anteriores.
Las activistas denunciaron que el gobierno estatal y local son negligentes al no realizar una investigación científica y oportuna en los casos de jóvenes y niñas desaparecidas, y mencionaron que el caso de Adriana Sarmiento es un ejemplo de la ineficacia de las autoridades, las que no generaran líneas de investigación serias.
“No toleramos que se siga reproduciendo lo vivido desde 1993 y que sigamos denunciando lo plenamente señalado en la sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, que continúen las prácticas negligentes, deficientes e ineficaces de las autoridades competentes”, indicaron en un comunicado el Comité de Madres y la Red.
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