Nelson Rodríguez(CIMAC).- Tras 10 años de una ola imparable de violencia de género que dejó 800 mujeres asesinadas, el Parlamento Nacional de Nicaragua se dignó a aprobar una cuestionada Ley Integral de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, que tipifica el delito de feminicidio y otros crímenes contra las nicaragüenses.
Sandra Ramos, del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra –una de las organizaciones impulsoras de la ley–, lamentó que esta normatividad se apruebe después de una década del incremento de asesinatos de mujeres en el país centroamericano, aunque destacó que es un avance positivo para las mujeres.
Para María Teresa Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua, si bien la ley es un logro de las agrupaciones civiles en su lucha histórica contra la violencia intrafamiliar, institucional y el patriarcado, aún quedan “debilidades, vacíos y retos por delante”, advirtió.
Detalló que uno de los principales retos es el cumplimiento de la nueva legislación, la cual entrará en vigor hasta dentro de cuatro meses.
La dirigente feminista criticó que para el Estado “las mujeres no son prioridad”, toda vez que el Parlamento no aprobó la creación del Consejo Nacional de Lucha Contra la Violencia, incluido en la propuesta de ley presentada por la Red de Mujeres Contra la Violencia.
Sandra Ramos, del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra –una de las organizaciones impulsoras de la ley–, lamentó que esta normatividad se apruebe después de una década del incremento de asesinatos de mujeres en el país centroamericano, aunque destacó que es un avance positivo para las mujeres.
Para María Teresa Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua, si bien la ley es un logro de las agrupaciones civiles en su lucha histórica contra la violencia intrafamiliar, institucional y el patriarcado, aún quedan “debilidades, vacíos y retos por delante”, advirtió.
Detalló que uno de los principales retos es el cumplimiento de la nueva legislación, la cual entrará en vigor hasta dentro de cuatro meses.
La dirigente feminista criticó que para el Estado “las mujeres no son prioridad”, toda vez que el Parlamento no aprobó la creación del Consejo Nacional de Lucha Contra la Violencia, incluido en la propuesta de ley presentada por la Red de Mujeres Contra la Violencia.
INCONSISTENCIAS
Blandón explicó que la nueva ley sólo habla de que las instituciones del Estado, como el Poder Judicial, el Ministerio de la Familia, la Fiscalía y la Policía Nacional, atenderán los casos de violencia, pero sin tomar en cuenta a las organizaciones de mujeres, que son las que han llevado la lucha contra la violencia de género en el país, lamentó.
La ley aprobada establece que las Comisarías de la Mujer y Niñez de la Policía Nacional recibirán las denuncias y llevarán todo el proceso hasta lograr la cárcel para los agresores.
María Teresa Blandón aclaró que la aprobación de la legislación no garantiza que el Poder Judicial cumpla con la sanción y el castigo a los agresores, ya que –precisó– se requiere de un poder independiente y “lamentablemente no lo es, actúa de acuerdo a las élites partidarias”.
Recordó que el Poder Judicial no ha resuelto ni un sólo recurso de los que introdujeron las organizaciones de mujeres contra la penalización del aborto terapéutico.
OTROS CELEBRAN
Para el diputado oficialista, Calos Emilio López, ex procurador de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua, la aprobación de esta norma va a permitir que el acceso a la justicia para las mujeres sea “más rápido, expedito y transparente”.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, calificó como “histórica” la aprobación de esta ley y un paso trascendental, aunque no el único, para las mujeres.
La máxima autoridad del Poder Judicial informó que ya se están gestionando recursos a nivel internacional con las agencias de la ONU, para equipar los juzgados especializados que la ley manda a crear.
La titular judicial dijo que se están haciendo posgrados con los jueces para prepararlos mejor en su desempeño, y luego seleccionar a los más idóneos para los juzgados especiales que atenderán la violencia contra las mujeres.
La Ley Integral de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer contiene 65 artículos relacionados a la protección de las mujeres y la sanción a los agresores, y establece también la violencia psicológica, patrimonial e institucional, una de las demandas de las organizaciones feministas.
La norma compromete a las instituciones del Estado, como la Policía Nacional, a atender las denuncias y brindar protección a las mujeres para evitar hechos lamentables. También obliga al Estado a sancionar la violencia institucional, otra de las demandas de las agrupaciones civiles.
El acceso a la justicia para las mujeres ha sido una exigencia histórica en Nicaragua a la que se han sumado organizaciones globales como Amnistía Internacional, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante audiencias en años recientes entre el Estado y organizaciones de mujeres.
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