Ana de Miguel: "Ningún partido considera la violencia de género un problema de Estado" (España)

Diana Fernández Romero

ctxt.es En España un presidente como Berlusconi resultaría imposible. Para la filósofa Ana de Miguel Álvarez (Santander, 1961), Rajoy “será lo que sea”, pero las feministas han sentado un poso en esta sociedad que no permitirían, en su opinión, “tener un presidente putero y que presuma de ello”. No obstante, a pesar del trabajo que entre “el movimiento feminista, la universidad y la política” se ha hecho en las últimas décadas para incrementar la dignidad y el empoderamiento de las mujeres, su diagnóstico del futuro inmediato del feminismo en España es negativo: “No va a ser ninguna prioridad” en el contexto político actual. Tampoco la violencia de género: “Creo que ningún partido lo va a marcar como un problema de Estado”. “Sí lo fue para el PSOE”, matiza De Miguel, cuando consagró su primera ley a combatir este problema.

El éxito de su último libro, Neoliberalismo sexual (Cátedra, 2015), que ya alcanza la quinta edición, puede ser, para su autora, un síntoma de que ese sedimento feminista “está dando sus frutos en las generaciones ahora más jóvenes, porque los chicos y las chicas están tomando la desigualdad como un tema de conversación e interés”. De ahí, asegura, el éxito del insulto feminazi, que “funciona para tapar todas esas ganas de discutir y de comprender”. No obstante, opina De Miguel, ese remanente no ha calado lo suficiente en los partidos emergentes, que “no tienen una conciencia crítica feminista”. “Tendrán que pasar años hasta que las mujeres feministas de esos partidos se atrevan a enfrentarse a sus compañeros como un poder organizado”.

Por eso cree la filósofa que tanto Podemos como Ciudadanos “están a favor de regular la prostitución y los vientres de alquiler”. “Y sin embargo, IU y el PSOE”, explica sobre su postura abolicionista, “poseen ahí mucha más similitud en sus posiciones porque tienen una tradición feminista que ha estado durante años machacando y aleccionando, enseñando a los compañeros lo que es el feminismo y lo que no lo es”.

Referente del feminismo de la igualdad en España junto a Celia Amorós y Amelia Valcárcel, el dictamen de Ana de Miguel sobre la prostitución femenina es claro y beligerante: la considera como “una forma de explotación y de cosificación de las mujeres, de ponerlas al servicio de los hombres en su conjunto, que tienen abierto el libre acceso al cuerpo de las mujeres”. La conversión del cuerpo femenino en mercancía es, para De Miguel, la máxima expresión del neoliberalismo sexual en el que la venta del cuerpo de las mujeres se entiende como una free choice. No obstante, explica la filósofa, en la prostitución “no hay libre elección ni libre consentimiento. Lo que hay es una estructura de desigualdad que obliga y coacciona”. Desde su perspectiva, la prostitución y la pornografía son modelos a partir de los que “los chicos aprenden lo que es una chica y lo que se puede hacer con ella. Un trozo de carne al que pueden y tienen derecho a acceder para su placer sexual”.

Los adolescentes asumen lo que De Miguel llama la “teoría de la doble verdad”, que una chica es su madre, su hermana, su igual, “y también la que ellos tienen derecho a joder”. Ellos, dice, “aprenden que son sujetos ontológicamente superiores” y a las chicas se las lanza “un mensaje profundamente desempoderador”. Todo ello en una sociedad “formalmente igualitaria” en la que, sin embargo, asegura la autora, una parte de la izquierda progre “que se ha tragado el espíritu del neoliberalismo” identifica libertad y transgresión con enseñar el cuerpo, vender el cuerpo, vivir de tu cuerpo. “Esto lo defiende una neoliberal repugnante como Hakim, que habla a las chicas: ‘vivid de vuestro capital erótico’, ‘dónde está el problema’, ‘estas feministas son unas puritanas’”. De Miguel entiende que bajo la apariencia de que elegir prostituirse es un gesto de libertad, “otras la pierden para no vender su cuerpo en el mercado”. Por eso, argumenta que “la prostitución es una escuela de desigualdad humana”, pues “una vez que decimos que penetren tus agujeros es un trabajo como otro cualquiera, entonces ya el capitalismo se ha hecho con todo, se ha hecho con los cuerpos, hemos quitado los límites, las barreras al poder que pusimos hace muchos años, que este cuerpo no se toca”.

La visión de Ana de Miguel sobre la maternidad subrograda supone también un referente para muchas feministas españolas. Su propuesta es “pensar antes de actuar”, es decir, debatir y argumentar antes de regular los vientres de alquiler, una medida ante la que se muestra en absoluto desacuerdo: “porque cuando abres las puertas a mercantilizar el cuerpo de las personas, abres las puertas a comprar a los que no tienen nada más que sus cuerpos”. Para hacer “más digestivo” este tema, ironiza De Miguel, “en ambientes como Podemos se mantiene que es homofóbico estar en contra, que los gais tienen derecho a formar una familia. Porque lo ponen en progre”.

El feminismo permite, para Ana de Miguel, realizar un análisis crítico de este mundo desigual de rosas y azules “que desgraciadamente machaca a las mujeres y a los hombres, que deforma la conciencia de lo que es un ser humano”. Es una teoría política y filosófica a la que, según De Miguel, se la quiere “vaciar de contenido”. Pues, explica, es un calificativo para el mercado, ya que cualquier decisión que tome una mujer, sea la que sea, puede llegar a considerarse feminista: “Hasta el hecho de ser puta o ponerte un pecho diez tallas mayor”. Se muestra crítica con el feminismo de la diferencia, que en su opinión “se ensimisma con el tema de la identidad” y que no ha cambiado la situación de las mujeres, o con el que, dice, falsamente propugna Beyoncé cuando, como reclamo comercial, coloca un cartel con la palabra feminismo tras su cimbreante cuerpo semidesnudo. En cambio, De Miguel propone un feminismo “capaz de mover la historia”, reivindicativo, traducible en leyes: “Si no hay un cambio en la ley podemos decir que una reivindicación de las mujeres no ha llegado a ningún sitio”.

Las maleducadas

Lidia Falcón

Público Durante los más de setenta años que duró la lucha sufragista en Estados Unidos y Gran Bretaña –en España comenzó más tarde y se prolongó diez más- los periodistas llamaron “las locas” a Emmelyn y Christabel Pankhurst, Susan B. Anthony, Lydia Becker, Lucrecia Mott, Elisabeth Cady Stanton, Lucy Stone, Harriet Beecher Stowe, que lideraron el Movimiento, y a todas sus seguidoras, que invirtieron su vida y su hacienda en reclamar su derecho a ser consideradas sujetos políticos en su país. Ninguno de los comentaristas de los periódicos de la época las trataron en forma diferente durante el largo periplo que tuvieron que recorrer las anglosajonas hasta conquistar el derecho al voto.

Transcurridos cien años, ante las vehementes protestas de las militantes del Partido Feminista en la asamblea de Izquierda Unida, por el olvido de los planteamientos feministas que mostraban los dirigentes de esa formación, en la valoración de los resultados electorales del 26 de junio, nos llamaron maleducadas. En cien años hemos pasado del manicomio a la escuela. Es un avance sin duda pero de recorrido demasiado lento.

Seguramente el pomposo Adolfo Barrena y el didáctico Alberto Garzón se creen que pueden darnos lecciones de educación cuando nos dirijamos a ellos. Para eso, con la benevolencia que les caracteriza, nos permiten intervenir cuatro minutos cuando pedimos la palabra, y argüirán, convencidos de su equidad, que es el mismo tiempo que se le concede a los demás participantes. Pero los allí presentes, ni dirigentes ni representantes, van a reflexionar, ni reconocer, que de los 60 o 70 intervinientes solamente las mujeres del Área de la Mujer y del Partido Feminista tratamos los temas que afectan al 52% de la población española.

Ninguno de los bien educados y elegantes componentes de la mesa se refiere, ni aun tangencialmente, cuando denuncia los problemas que el gobierno de la derecha ha ocasionado a las clases trabajadoras, las 62 mujeres asesinadas en este medio año, ni aun siquiera las últimas violaciones de San Fermín, que constituían sangre fresca en la información reciente. La infame esclavitud de la prostitución no merece una palabra para esos señores. Para qué hablar de las abismales diferencias salariales, cuyas máximas explotaciones femeninas se han denunciado por las limpiadoras de hoteles. Ni estas ni las más de veinte causas de discriminación machista que padecemos las féminas españolas, son temas que perturben los previstos discursos de los señores dirigentes de Izquierda Unida. En todo caso, como también está previsto, nos permiten recordarlos a las feministas.

Un tema que me tortura desde hace 50 años es cómo se podría convencer a los hombres de izquierda –sea ya lo que sea hoy eso- de que no pueden esquivar ser feministas y comportarse como tales.

A pesar de los años de luchas, que han consumido la vida y la salud de miles de mujeres españolas que, desde los diferentes frentes de esta guerra inacabada, se han mostrado decididas a no permitir que los hombres de sus mismas formaciones políticas siguieran portándose como los de derechas, el comportamiento feminista no ha calado profundamente ni siquiera en los dirigentes de los partidos que se reclaman del cambio. Para demostrar lo cual no es preciso más que observar los planteamientos y disputas políticas que se están desarrollando, interminablemente, con motivo del drama de la investidura de gobierno.

Ninguno de los señores –todos señores- que acaparan las cámaras de televisión, los artículos, editoriales y entrevistas de prensa y los programas de radio, con sus propuestas y programas del futuro gobierno, hace mención alguna a las reformas y cambios que son precisos para proteger a las mujeres de la masacre que se comete sistemáticamente contra ellas, sin escándalo social alguno. Ninguno de los nuevos líderes que han venido a revolucionar el esclerotizado panorama político español nos explica cómo piensa avanzar hacia un sistema más justo de reparto de derechos y deberes entre las mujeres y los hombres.

La sociedad española está anestesiada ante la violencia machista, resignada a las múltiples agresiones, represiones y explotaciones que padecen las mujeres, y contenta con mantener el mismo estado de cosas “in eternum”. Y en ella incluyo a los hombres y a las mujeres que dirigen formaciones de izquierda, con las conocidas –por escasas- excepciones.

Y lo que es más triste, tampoco veo a las mujeres que han liderado alguno que otro movimiento feminista, que han sido, o son, responsables de varias áreas de gobierno o administración, y que se pretenden élite de la política, la cultura, las ciencias o las artes, reprocharles a esos señores tan flagrantes olvidos. Seguramente para no ser tachadas de maleducadas por los siempre dignos, bien educados y elegantes rectores de su conciencia política.

España: Programa electoral feminista

Lidia Falcón

Público.es El próximo 24 de mayo de 2015, se elegirán más de 64.000 cargos de 8.111 ayuntamientos, 7 cabildos, 3 consejos insulares y 3 diputaciones forales. A la vez se votarán a 866 diputadas y diputados de 13 comunidades autónomas. Estas elecciones pueden ser clave para que la ciudadanía escoja un modelo de gobernación, municipal y autonómica, que defienda el derecho de las personas a la sanidad, la educación, los servicios sociales, y las ayudas económicas a los más desfavorecidos desde la atención pública, derrotando el modelo de privatizaciones y apoyo a las clases más adineradas en perjuicio de las clases trabajadoras, que se ha implantado en nuestro país en los últimos años.

En la actualidad, en España contamos con 5,7 millones de personas desempleadas, el 48% mujeres, se han eliminado escuelas infantiles, ambulatorios, plazas en los hospitales, con el despido o la no contratación de miles de profesionales, han aumentado los desahucios de viviendas y la violencia contra las mujeres. Estas condiciones sociales que estamos padeciendo, por todas y todos conocidas, pueden ser modificadas sustancialmente a favor de las mujeres y de los trabajadores con nuestro voto. Las Comunidades Autónomas gestionan el 36% del gasto público en España, en particular la sanidad, la educación y los servicios. Los Ayuntamientos gestionaban hasta ahora el 13% del gasto público, y tienen el 95% de los cargos de elección directa, lo que significa que vienen a suplir las carencias en estos servicios que padecen las Comunidades.

En el año 2013, el Partido Popular, por la Ley de 27 de diciembre, llamada de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que sustituye a la de 1985 de Régimen Local, aprobó quitarle la competencia a los Ayuntamientos en servicios sociales, educación infantil de 0 a 3 años, atención a mayores y a víctimas de violencia machista y promoción de la igualdad. Esta medida es semejante a otras muchas que el gobierno del PP ha impuesto con la política de recortes económicos que ha hundido en la pobreza a la tercera parte de la población española. Pero en este caso este ahorro es realmente miserable porque las llamadas políticas de igualdad entre hombres y mujeres representan el 0,005% del Presupuesto del Estado central, el 0,09 de los autonómicos y el 0,24 de los de los ayuntamientos. Y sin embargo se proponen hacer desaparecer las ayudas y atenciones que los municipios prestaban a las mujeres, niños y niñas y personas mayores.

En vísperas de que comiencen a celebrarse la serie de elecciones que jalonan el calendario de este año las 38 organizaciones feministas que hemos suscrito el PACTO FEMINISTA POR LAS MUJERES, hemos elaborado un programa donde se recogen las imprescindibles reformas y servicios que los partidos que se presentan deben incluir en sus programas electorales.

Las medidas que proponemos son imprescindibles para garantizar la participación social de las mujeres en condiciones semejantes a las de los hombres, en cumplimiento de la Ley de Igualdad y de los Planes de Igualdad aprobados por el Parlamento. Ningún país puede considerarse avanzado y democrático si no tiene en cuenta las necesidades de la mitad de su población que cumple la tarea más importante: reproducir a todos los seres humanos.

CORPORACIONES LOCALES

Los Ayuntamientos tienen que incorporar políticas de formación y de fomento de la contratación y la iniciativa económica de las mujeres, servicios de educación infantil de 0 a 3 años; comedores escolares y compatibilidad de horarios y calendario escolar con el laboral de las madres y padres, también accesibles para las madres que se dedican al trabajo doméstico. Atención a la Dependencia: servicios profesionales de ayuda a domicilio, centros de día y residencias asistidas. Reconversión profesional de cuidadoras familiares y empleadas de hogar a empleadas con derechos laborales plenos.

Seleccionar a candidatas y candidatos por capacidad y mérito en igualdad de condiciones, sin estereotipos de sexo como la eterna juventud y la belleza de las mujeres y la experiencia e inteligencia de los hombres.

Establecer el equilibrio de mujeres y hombres en las candidaturas, incluyendo las de municipios con menos de 3.000 habitantes, con listas cremallera, encabezadas al 50% por mujeres. Implantar un Consejo de participación de las Mujeres representativo, plural, autónomo y reivindicativo.

Aprobar unos presupuestos participativos con perspectiva de género. Y constituir la Concejalía de Igualdad de la Mujer, los Agentes de Igualdad y un Plan Local de Igualdad aprobado por Pleno, previa consulta ciudadana y a las ONGs de mujeres, con calendario y recursos políticos, humanos y materiales apropiados, con difusión y evaluación regular y pública de su aplicación.

Promocionar a las mujeres en su política de urbanismo, vivienda, educación, servicios sociales, seguridad, transportes públicos, empleo, sanidad y cultura sin estereotipos sexuales y fomentar el deporte no competitivo y la actividad física en chicas, adultas y mujeres mayores.

Es imprescindible también que los Ayuntamientos tomen medidas para prevenir y paliar la Violencia Machista, con suficiencia, continuidad y transparencia en el reparto autonómico y local de la financiación estatal para la atención jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda a las víctimas en todo el territorio.

Y que se realicen campañas denunciando la extrema violencia que sufren las prostitutas por parte de proxenetas, chulos y clientes, para abogar por la abolición de la prostitución.

Urbanismo, vivienda, gestión de lo público y de los recursos naturales

Como dice la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, las administraciones públicas han contribuido a la burbuja inmobiliaria promoviendo la vivienda en propiedad y marginando la vivienda en alquiler. La desgravación fiscal de la compra, la Ley de Arrendamientos Urbanos, las hipotecas a 50 años, la inexistencia de un parque público de alquiler y la falta de control y restricción del crédito, han empujado a millares de familias a endeudarse por encima de sus posibilidades para acceder a una vivienda. Aunque el Poder Judicial no desglosa por sexos la cifra de cerca de 235.000 desahuciados de 2011 a 2014, la percepción es que las mujeres mayores y las nacionales o inmigrantes solas con hijos llevan la peor parte. Por ello es imprescindible convertir el parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social y fomentar una oferta plural de vivienda, con modelos variados que se adecuen a necesidades diferentes y cambiantes, con atención especial a las familias monoparentales y a la emancipación de los jóvenes.

Hora es de ordenar la ciudad para los peatones, en su mayoría mujeres; mezclar los usos urbanos, apoyando la diversificación de actividad en todo el territorio y evitando áreas segregadas por sexos, edades y clases; fomentar los espacios públicos como foro de relación, que refuercen el sentimiento de vecindad y pertenencia y revitalicen la interacción social; mejorar el sentimiento de seguridad manteniendo espacios públicos transitados y cuidados, accesibles, iluminados y abiertos.

Y si realmente se pretende la conciliación de la vida laboral y privada de las mujeres es imprescindible crear servicios de proximidad y centros polivalentes. Entre los que se encuentran la creación y mantenimiento de jardines de infancia públicos para niños y niñas de 0 a 3 años a los que puedan servirse tanto las madres que trabajen fuera de su casa como las que se dediquen al trabajo doméstico. Así como residencias de personas mayores, geriátricos y centros de día

EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Los gobiernos de las Comunidades han recortado notablemente los presupuestos destinados a cubrir las necesidades de las mujeres, que son las más desatendidas. Por ello es imprescindible establecer el siguiente programa:

- Salud

· Evaluar, con participación de las asociaciones de mujeres, el impacto en la sociedad de tener un gasto sanitario público inferior a la media europea (5,8% del PIB frente al 7,2%), y en consecuencia aumentar el presupuesto destinado a ello.

· Programas de atención al impacto en la salud física y psíquica de las mujeres de la asignación del cuidado de dependientes y personas enfermas, la contaminación ambiental, la violencia machista, la especial vulnerabilidad de discapacitadas, inmigrantes, rurales y ancianas, incluidas las institucionalizadas, (el incremento injustificado de la cirugía estética y la tiranía de la moda y la belleza).

· Detección precoz del cáncer de mama y ginecológico con cobertura universal (100%) por la sanidad pública.

· Acceso de todas las mujeres, incluidas las jóvenes e inmigrantes, a todos los métodos anticonceptivos: preservativos, diafragma, DIUS y anticonceptivos de última generación. Píldora de emergencia en todos los centros de atención primaria y urgencias.

· Atención al embarazo, parto y puerperio conforme a los principios de la OMS 2001 y los derechos de la embarazada y el bebé de la Conferencia de Fortaleza (Brasil) 1985. Garantizar el acceso igualitario de mujeres lesbianas y solas a los tratamientos de fertilidad e inseminación artificial en la sanidad pública. Reducir las cesáreas y los partos inducidos. Adecuar la preparación al parto a los horarios de las trabajadoras. Detectar, atender y denunciar la violencia contra la mujer durante el embarazo y el puerperio. Universalizar el permiso pagado por maternidad de 16 semanas (Convenio 183 OIT).

· Garantizar la cobertura por la sanidad pública –hospitales, centros de especialidades, dispositivos de cirugía menor ambulatoria y aborto farmacológico- de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Evaluar la atención, pública o privada, a la menopausia, la terapia hormonal sustitutoria y los nuevos fármacos anti-osteoporosis con criterios de la Agencia Nacional del Medicamento.

· Moratoria de la vacuna del Papiloma Virus Humano.

· Atender, desde las necesidades de la mujer, el aumento del hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, trastornos musculoesqueléticos, fatiga crónica, fibromialgia, anemias y violencia sexual.

· Prevención de la discapacidad asociada al envejecimiento: centros de día, centros deportivos y piscinas accesibles a la población con menores recursos económicos.

· Personal de enfermería y medicina en Atención primaria con 1.200-1.500 personas por profesional y al menos 10 minutos por usuaria/o.

· Estructura de distrito para coordinar el apoyo sanitario y social a víctimas de violencia machista. Reforzamiento de los servicios de salud mental a las mujeres.

- Educación

· Plan de formación permanente del profesorado para la coeducación y la educación feminista, (como Asturias y Cataluña), que garantice la universalidad y obligatoriedad de dicha formación. Atención especial a las especificidades sobre formación en Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de los Servicios de Inspección Educativa, Equipos Directivos y Profesorado Tutor.

· Revisión del currículum de todas las etapas en clave coeducativa. Impulso transversal a la Educación en Valores, en especial la Educación Feminista.

· Plan obligatorio sobre la igualdad entre hombres y mujeres contra la violencia machista en cada Centro Escolar, con persona responsable formada y con disponibilidad de tiempo y recursos educativos.

· Cobertura de la demanda y accesibilidad económica de la educación infantil pública, especialmente de 0 a 3 años, que actualmente sólo cubre al 44%.

- Ley de Dependencia

El número de personas atendidas por la Ley 39/2006 de atención a la dependencia ha menguado un 3,25% en los primeros 11 meses de 2014. Son 729.313 personas, 24.529 menos que en 2013 y 9.274 menos que en 2011. Las personas con dependencia moderada, que debían ser atendidas desde 2012, han sido excluidas hasta el 1 de julio de 2015.

· Tramitar en 3 meses las prestaciones. Actualmente ¼ tiene esperas de más de 1 año.

· Que la paguita a la cuidadora familiar sea excepcional, según el art.18, no la prestación mayoritaria actual (41,5%), porque perpetúa el cuidado por las hijas y mujeres de la familia, ha perdido la seguridad social y se aplica en detrimento de los servicios públicos y profesionales de ayuda a domicilio, asistente personal, centro de día o residencia.

· Eficacia del derecho subjetivo universal, que se está sustituyendo por un sistema marginal.

· Combatir activamente la discriminación de las personas por lugar de residencia, que hace que la cobertura oscile de más del 2% de la población en Castilla y León y Cantabria a menos del 1% en Canarias (0,6%), y C. Valenciana (0,8%).

· Reconversión profesional de cuidadoras familiares y empleadas de hogar a empleadas con derechos laborales plenos.

· Participación de las asociaciones de mujeres en su seguimiento.

- Políticas activas de reparto igualitario del empleo

· En su propia política de personal, con plan de igualdad, y en sus concursos y contratos administrativos.

· Políticas igualitarias entre hombres y mujeres de formación, fomento de la contratación y la iniciativa económica y en la protección por desempleo.

· Lucha contra la pobreza y la exclusión social.

- Democracia paritaria y participativa. Transversalidad

· Equilibrio de mujeres y hombres en las candidaturas con listas cremallera, encabezadas al 50% por mujeres. Paridad en los órganos de gobierno y de alta administración.

· Fortalecimiento del organismo autonómico de la Mujer (al menos Instituto o Dirección General)

· Planes de Igualdad entre hombres y mujeres continuados, con objetivos concretos y evaluación transparente y participativa.

· Participación de los Consejos de Mujeres (estatal, autonómicos y locales) en el seguimiento de estas políticas. Creación de Consejos autonómicos en las CCAA que no los tienen.

- Violencia machista

· Suficiencia, continuidad y transparencia en el reparto autonómico y local de la financiación estatal para la atención jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda a las víctimas en todo el territorio.

· Un mínimo de tres campañas anuales de prevención y sensibilización, informando de los derechos de las mujeres en sus relaciones sentimentales, laborales y de ciudadanía con los hombres, y en la separación o divorcio.

· Extender a todo el profesorado de preescolar, colegios e institutos la formación obligatoria feminista.

· Formación especializada feminista a profesionales de los medios de comunicación, y seguimiento para evitar la utilización de los testimonios de las víctimas con fines sensacionalistas. Que los medios de comunicación públicos difundan periódicamente datos estadísticos de las sentencias condenatorias y de agresores en prisión, para que se conozca la verdadera realidad de los procesos de violencia, y para combatir la sensación de impunidad que sienten las víctimas.

· Proceder a la formación feminista del personal judicial, dada la tendencia constatada a la minimización de la entidad de las agresiones y de la valoración del riesgo, e igualmente para exigir el máximo rigor en la investigación de las causas y en la suspensión de las condenas, que no debe ser de aplicación automática como para el resto de delitos y debe ir en su caso acompañada de una valoración previa del riesgo.

· Programas específicos de prevención de la violencia machista desde la infancia y en todos los grados educativos, dentro del horario lectivo.

· Exigir especialización en materia de violencia machista y estabilidad en el empleo a las/os profesionales de los equipos multidisciplinares de valoración. Mejora en la formación del personal de atención psicológica y equipos psicosociales de los Juzgados en especial para impedir el uso del pretendido Síndrome de Alineación Parental.

· Reversión de los cierres de Puntos de Encuentro Familiar, ante la escandalosa espera para hacer efectivos los regímenes de visitas y el correcto desarrollo de los encuentros paternofiliales de menores.

· Dotación de suficientes dispositivos de seguridad de teleasistencia, con pulseras para todas mujeres con riesgo medio – alto (no exclusivamente extremo) de sufrir nuevas agresiones y siempre para las afectadas por incumplimientos de la Orden de Protección dictada por el Juzgado.

· Elaboración de informes periódicos de control de la efectividad y cumplimiento de las medidas de seguridad por los servicios existentes o por nuevas unidades específicas para el seguimiento de los servicios de teleasistencia y pulseras GPS, a fin de verificar su funcionamiento y su impacto positivo en la prevención y detección de los quebrantamientos.

· Cambiar la legislación foral sobre derecho civil, aquellas Comunidades que sean competentes para establecer que la custodia compartida únicamente se podrá establecer cuando los progenitores del menor estén de acuerdo en ella y no exista ningún proceso abierto de violencia machista contra el padre.

· Negar los permisos municipales para abrir locales, sea cuales sea, donde se ejerza la prostitución.

. Realizar campañas denunciando la extrema violencia que sufren las prostitutas por parte de proxenetas, chulos y clientes y abogar por la abolición de la prostitución.

Fuente: http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2015/03/04/programa-electoral-feminista/

España a la cola en la contratación de mujeres en puestos directivos

AmecoPress.- Un estudio realizado por International Business Report (IBR) con más de 12.500 entrevistas anuales a la alta dirección refleja que la mujer sigue estando menospreciada en nuestro país a la hora de acceder a puestos directivos, a pesar de demostrar tanta o más efectividad en los mismos que el hombre.

Mientras en el resto del mundo hay una clara tendencia a aumentar la presencia de las mujeres en puestos decisivos, a todos los niveles, España ha sufrido un retroceso en este sentido. Según el último estudio de IBR, mundialmente las mujeres ocupan un 24% de los cargos directivos, un aumento de 3 puntos frente al año pasado, si bien en España estamos en un 21%, tres puntos menos que el año pasado. Esto nos sitúa por debajo de la media tanto europea como mundial.

Durante este mes de marzo se celebra el mes de la mujer. La directora Unicentro Centro de Negocios, Leonor Gálvez-Cañero, señala que “esta situación de discriminación de la mujer a la hora de ocupar puestos directivos demuestra que la sociedad española evoluciona mucho más lentamente que el resto de la sociedad occidental. Es por ello que queremos aportar nuestro granito de arena para dar a conocer la situación y buscar soluciones”.

Todo ello para dejar patente que un 37% de las empresas de más de 100 empleados no cuenta con ninguna mujer en su cúpula directiva. El 63 % se opone a las cuotas femeninas y solo el 5% tiene planes de aumentar el porcentaje de las mismas en su directiva.

“Sin embargo las mujeres son la base de la economía como empleadoras, empleadas y consumidoras”, señala Leonor Gálvez-Cañero. Según un estudio de Mackenzie, si realmente Europa utilizase la fuerza laboral femenina aumentaría el producto nacional bruto un 9.5%.

España: La ley del aborto ignora los avances científicos y nos devuelve a los años 60

Montserrat Ponsà

Rebelión A finales de los años 60 las mujeres con aspiraciones profesionales tenían un dilema en relación a la maternidad. Las necesidades de formación y de entrenamiento y los requerimientos para hacerse con un espacio profesional, alargaban, igual que ocurre en la actualidad, la decisión de ser madres. Era la primera generación que sabía que con la edad materna incrementaba el riesgo de anomalías genéticas en la descendencia y se planteaba bien renunciar a ser madres (acababa de comercializarse la píldora anticonceptiva) bien arriesgarse a un embarazo con posibles anomalías. Las que tenían recursos y contactos profesionales se podían plantear pruebas prenatales en centros hospitalarios de otros países. Si el resultado del estudio indicaba una anomalía era necesario, si así lo decidía la interesada, volver a viajar e interrumpir el embarazo en Londres o Paris. También se podía correr el riesgo y asumir la desgracia si el hijo deseado nacía con malformaciones. Otra opción era intentar abortar en España clandestinamente. Es decir las opciones en nuestro país eran según la moral católica dominante y las leyes franquistas: el castigo eterno por hacer el amor sin intención de procrear, traer al mundo a una persona sin capacidad de autonomía cuyo sufrimiento y dependencia condicionaría su calidad de vida y la de sus familiares hermanos incluidos, o correr un grave riesgo para la salud y adicionalmente el riesgo de cárcel.

De todo esto, por fortuna hoy nadie se acuerda, no solo porque han cambiado las leyes y la sociedad española se ha modernizado y actualizado, sino también porque existen métodos seguros y fiables de diagnóstico en estadios muy iniciales del embarazo a los que las embarazadas se someten con naturalidad, sin riesgo para el embarazo ni para su salud, y que están en el protocolo de la Seguridad Social. La mayoría de las mujeres no son conscientes de que nos quieren privar de esta normalidad. ¿Qué sentido tiene hacerse esas pruebas, ecografías incluidas, que no sea la interrupción del embarazo en las primeras semanas y con el mínimo riesgo? ¿Cuál será, si se aprueba esta ley, el sufrimiento de las embarazadas de más de 30 años, hoy mayoría? La ciencia permite que una mujer sea madre pasada la trentena con garantías de no tener un hijo malformado. La ley que prepara el Gobierno nos devuelve a los años 60 con el agravante que han pasado casi 50 años y la ciencia ha dado unos pasos que no se pueden ignorar.

Montserrat Pons. Catedrática emérita de Biología Celular. Universidad Autónoma de Barcelona.

El aborto en España no se prohíbe sino se privatiza

Aníbal Garzón

Rebelión Es de ignorancia, o de demagogia, no querer afirmar u ocultar que el aborto es igual de antiguo que la misma supervivencia de la humanidad.

Repasemos. Usando registros de épocas de antaño, según la tesis del Doctor Ginecólogo dominicano José Garrido Calderón [1] afirma que sobre el aborto existen textos chinos de 3000 años antes de Cristo donde aparecen recetas de un aborto oral. Registros que recogen también la defensa de Aristóteles en la Antigua Grecia sobre el derecho a abortar las familias numerosas y de bajos recursos, o las fórmulas abortivas que expuso el padre de la medicina occidental Hipócrates, o añadiendo, en el mundo indígena americano los aztecas también usaban hierbas abortivas. Además, huelga decir que en una estructura trascendental en el ámbito jurídico occidental como el Derecho Romano no se hacía prohibición del aborto. Por lo tanto, y en crítica a visiones históricas lineales como las sociedades cristianas, tanto por origen como por imposición, dieron un paso atrás con la época teológica cristina donde el aborto inicia su prohibición moral y legal en 1588 por el Papa Sixto V siendo el aborto y el anticonceptivo un pecado mortal.

Este fenómeno de la involución del derecho o legitimidad social del aborto reproduce su representación en España, pero no con miles de años de margen temporal como sucedió en la cultura occidental sino solamente con 28 periodos anuales, de1985 a 2013.

El pasado viernes 20 de diciembre aprobó el Consejo de Ministros del gobierno español conservador del Partido Popular la "Ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la embarazada" o lo que se conoce como la reforma de la ley del aborto. Históricamente en España hasta 1985 cualquier interrupción voluntaria del embarazo fue delito, aunque existió un intervalo excepcional durante la II República Española (1936-1939). El fascismo clerical español de Francisco Franco (1939-1975) con su golpe de estado contra la República Democrática paralizó ese avance en derechos sociales, sexuales y reproductivos. Desde el modelo posfranquista (1975 - actualidad) de la monarquía constitucional española, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al ganar las elecciones en 1982 aprobó la Ley orgánica 9/1985 reformando el artículo 417 bis del Código Penal legalizando el aborto parcial en tres situaciones; graves deficiencias físicas o psíquicos del feto dentro de las 22 semanas, y en caso de violación o peligro de vida para la embarazada en 22 semanas. Este aborto parcial fue ampliado a un aborto libre en 2010 con la Ley orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria en las primeras 14 semanas. Finalmente la reciente Ley aprobada se transforma en una situación legal más restringida que la de 1985 siendo posible solamente el aborto en dos casos; violación antes de las 12 semanas y riesgo para la salud de la mujer antes de 22 semanas, careciendo de legalidad deficiencias del feto.

En estas dos visiones, la legalidad española y la historia moral teológica sobre el aborto, existe una coherencia entre la derecha conservadora y el clero tradicionalista, dar pasos atrás en el desarrollo de la humanidad. Siendo en España, reiterando, la ley de 1985 más avanzada que la actual de 2013 o los valores grecos romanos menos represores que los cristianos del feudalismo como interpretó Sigmund Freud en el “Malestar de la Cultura”.

Aún así, más allá de referencias históricas caemos en la pregunta inicial sobre si la nueva ley conseguirá reducir el número de abortos. Posiblemente si, pero por una conocida categoría, la clase social. Una unidad de análisis económica, y a la vez cultural, que han ocultado los posmodernistas antimarxistas.

Un derecho clasista, violación de Derechos Humanos

Si una chica española de 19 años de clase alta se queda embarazada seguramente tenga recursos económicos familiares, aunque pueda ser contradictorio con los falsos valores cristianos que tenga su grupo familiar, para viajar a otro país europeo, como por ejemplo Holanda, para abortar y no limitar así su futuro juvenil, académico y laboral. Por no hablar de la posibilidad de abortar ilegalmente en clínicas privadas españolas. Mientras que una chica con la misma edad pero de clase baja, si se queda embarazada al ser miembro de una familia donde posiblemente tanto el padre como la madre estén desempleados no podrá decidir sobre su proyecto de futuro por no disponer de recursos económicos para realizar el aborto legal en el extranjero. Y si esa chica lo decide hacer de manera ilegal en territorio español, con sus pocos recursos económicos probablemente tenga un servicio de economía informal deficiente que afecte su riesgo de salud.

Uruguay ha sido el primer país de América Latina, después del caso excepcional de Cuba con su Revolución Socialista de 1959, en legalizar el aborto total en diciembre de 2012. Según un informe del Ministerio de Salud Pública en 2013 se han realizado 2550 abortos, 426 por mes [2], en una suma de 3,29 millones de habitantes, y al ser legal no se ha registrado en todo un año ninguna muerte a causa del aborto. Supuestamente al existir un servicio gratuito y de calidad para todas las mujeres uruguayas automáticamente se elimina cualquier economía informal y con ello cualquier desigualdad entre clases sociales en este servicio médico. Además, el disponer de aborto legal no quiere decir que aumenten los abortos cuantitativamente ya que siempre existe su riesgo y para ninguna mujer es un placer realizar tal intervención médica[3]. Según el mismo Ministerio se estima que Uruguay es uno de los países con tasa de aborto más baja. ¿Acaso en Uruguay ha crecido en 2013 el número de abortos respecto a años anteriores por estar legalizado? Sin existir registros empíricos, el Ministerio afirma que entre 2005 y 2012 se prevé que en Uruguay pudo haber 40.000 abortos, o sea 5000 por año. La causa para evitar el aborto es hacer legítimo y legal su acceso acompañado de una buena educación sexual y de política familiar planificada.

En consideración, la legalidad no quiere decir que el aborto aumente sino que se solidifique y se democratice un servicio para todas las clases en defensa de la salud de la mujer. Según un Informe Anual del Ministerio de Sanidad de España en 2011 se produjeron 118.359 abortos en una población de 47,27 millones. Posiblemente la nueva ley reduzca los abortos un 5% o 10% o 15%, pero hay que tener en cuenta que no será porque eran abortos voluntarios que ahora son ilegales sino por ser una parte de la población de clase baja española que no puede aspirar a un servicio público. En lugar de considerarse un derecho democrático acaba siendo incompatible con los mismos Derechos Humanos al violarse el Artículo 7, “Todos son iguales ante la Ley”, porque unas podrán violar la ley por tener recursos y otras la tendrán que cumplir por obligación al escasear de capital.

En un país como España la Supuesta Democracia seguirá siendo simplemente Supuesta con la privatización de decisiones, abortando solamente las que puedan, cuando los avances se dan en socializar y colectivizar los servicios para abortar las que quieran. Antes abortaban las hijas de la nobleza hoy abortan la de los burgueses. La historia se repite, pero como dijo Marx en su obra de El 18 de Brumario, una vez como tragedia, la represión del clero, y otra como farsa, la demagogia del Partido Popular.

Notas:

[1] http://www.bvs.org.do/revistas/amd/1995/17/01/amd-1995-17-01-030-033.pdf

[2] http://otramerica.com/radar/uruguay-ley-aborto-disminuye-cero-la-mortalidad-femenina-asociada-la-practica/3001

[3] http://www.youtube.com/watch?v=uZEEsDMd3GU

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

España: Ni locas, ni víctimas: mujeres con derechos

Elena Lakabe, Oihana López y Begoña Zabala

Rebelión Efectivamente, las mujeres que abortan ejercitando el derecho universal de controlar su maternidad y su reproducción, no son ni víctimas, ni están locas. Simplemente, son personas que ejercitan un derecho reconocido por las instituciones internacionales, entre otras, por Naciones Unidas. No necesitan de ninguna protección ni amparo de los aparatos de este Estado reaccionario, regido por una derecha ultra-conservadora. Exigen y ejercitan el derecho a disponer de su cuerpo. Y las Administraciones Públicas deben facilitar el ejercicio de este derecho, mediante las prestaciones pertinentes en los centros públicos, de forma gratuita y universal. Y sobre todo de forma segura, desde el ámbito sanitario y jurídico.

Las 108.000 mujeres que en el año 2011, en el Estado Español, se han sometido a una IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), frente a un embarazo no deseado, antes de la decimocuarta semana, simplemente han ejercitado un derecho reconocido por la vigente Ley Orgánica de la salud sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, del año 2010.

Estos dos son los primeros comentarios que se nos ocurren frente al texto que ha presentado el Gobierno del PP, como anteproyecto de ley que denomina “de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada”. Sintetizan, de forma esquemática, los efectos que va a tenar la propuesta del ministro Ruiz Gallardón. Es decir, y como principal criminalización, pasa a ser constitutivo de delito la realización de una IVE a petición de la mujer, en cualquier plazo. Lo que quiere decir, que el 95% de los abortos, aproximadamente, realizados de forma legal en Euskal Herria, desde que entró en vigor la ley, pasan a ser delitos. La soberana y libre voluntad de la mujer, ya no dirime este asunto. Pasa a ser tutelada por especialistas de diversos campos técnicos, científicos, jurídicos, morales, políticos…. Se pasa así al aborto por causas tasadas, analizadas y juzgadas por terceras personas.

A la hora de hablar de los supuestos que van a ser legales, únicamente recoge dos el presente proyecto: el embarazo fruto de violación –hasta 12 semanas- y el grave peligro para la salud, física y síquica, de la mujer gestante –hasta 22 semanas-. En éste último está subsumido el supuesto de malformación del feto, que también deberá afectar gravemente a la salud de la mujer para ser legal. Con esto se convierte en un supuesto de doble condicionamiento y de doble prueba. Con esta modificación la penalización del aborto es más grave que en los supuestos de la ley de 1985. Hemos retrocedido a tiempos del franquismo.

Todos los procedimientos para llegar a la práctica efectiva de la intervención aparecen adornados de un protocolo complicado, lento, burocrático, con tiempos de espera y reflexión muy amplios, y mediatizados por voluntades e informes ajenos y externos a la mujer, tanto de técnicos como de personas que tutelan a la mujer. Todos ellos con una finalidad clarísima, e ideológicamente del acervo argumental de la derecha integrista: convencer a la mujer embarazada, que ya ha decidido abortar, que lo mejor, en todo caso, es seguir con el embarazo y terminar pariendo una criatura. Aunque después la tenga que dar en adopción o simplemente se la quiten, para su mayor felicidad, la de la criatura, y la de ella, por supuesto. Así las mujeres deberán abortar, alegando, en un porcentaje muy alto de casos que la continuidad del embarazo es perjudicial para su salud síquica. O sea, problemas de salud mental, para pasar a engrosar las filas de las mujeres que enloquecen y entonces son incapaces para gobernar su vida.

Toda esta política restrictiva y negadora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en concreto del derecho al aborto, viene acompañada de una píldora penal-criminológica de corte de la derechona reaccionaria que solo tiene perversidad y mal hacer jurídico. Para no penalizar a las mujeres que se ven obligadas a interrumpir un embarazo no deseado fuera de los estrechos supuestos legales, que sabe el PP que se contarán por miles, decide hacer a la mujer no imputable. Evidentemente es mala imagen para la marca “España”, en el escaparate europeo, que se procese y condene y encarcele a mujeres por ejercitar un derecho mayoritariamente reconocido y garantizado por los Estados democráticos. Y para ello, para librar a la mujer de la criminalización y no imputarla, ya que es una acción que realiza voluntariamente, decide “elevarla” a la categoría de víctima.

Así, mediante este truqillo de trilero, de dudosa validez constitucional, resulta que la presunción de inocencia, pasa a ser presunción de “incapaz”. Las mujeres son consideradas incapaces e in-imputables, porque son víctimas, aunque no se sabe muy bien víctimas de qué o de quién, salvo que lo sean del Ministro de Justicia y de toda su corte celestial. Tiene un agravante muy serio: aunque no imputen a la mujer, ésta no tiene ninguna garantía sanitaria de que se lo puedan realizar, pues quien lo practica si será condenado y encarcelado.

Pues no señores del gobierno del PP y asesores celestiales. Las mujeres no estamos locas cuando recurrimos a interrumpir un embarazo no deseado porque ha fallado la prevención y el asesoramiento necesario para evitarlo, fruto de su mala gestión y atención educativa sanitaria. No estamos locas cuando, conscientes del sufrimiento que va a tener una criatura con discapacidad funcional grave y del propio nuestro, sin medios suficientes para llevar una digna porque vds. la niegan, recurrimos a un aborto. No somos víctimas cuando ejercemos un derecho conscientes de nuestra legitimidad y dueñas de nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Y para demostrarlo, desobedeceremos vuestras imposiciones.

Elena Lakabe, Oihana López y Begoña Zabala, de la Comisión por el derecho al aborto de Navarra

España: Los ataques a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer: una forma de violencia machista

Iniciativa Comunista Si partimos de la base de que el sistema capitalista se dota del modelo familiar burgués por el cual las mujeres somos una pieza fundamental para la reproducción de mano de obra trabajadora, se entiende que el cuerpo de la mujer cumple un papel esencial para el sistema.

El patriarcado se consolida con la propiedad privada de los medios de producción, en el que la división sexual del trabajo define a los hombres como propietarios de los medios, y la libertad sexual de las mujeres pone en peligro este modo de producción a causa de la herencia.

En la llamada “época de bonanza” se aprovecho nuestra mano de obra barata para deteriorar las condiciones laborales de la clase trabajadora y de esta manera rebajar los salarios hasta equiparar los ingresos familiares para poder sobrevivir. En la actual crisis del capitalismo quieren relegarnos al cuidado del hogar puesto que quieren que seamos nosotras las que soportemos la carga de los recortes sociales. Es por esto que no es mera casualidad que quieran condicionar nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque en definitiva, no quieren que nosotras tomemos las riendas de nuestra vida.

En este sentido, la reforma de la ley del aborto que pretende llevar a cabo Gallardón en connivencia con la iglesia católica, no solamente supone un ataque virulento hacia las mujeres, sino que representa la posición de control que quiere ejercer el sistema contra nosotras.

Si la todavía ley del aborto no deja de ser restrictiva para las mujeres de menores recursos económicos dada la poca facilidad que hay en el sistema público de salud, con el agravante de la retirada de la tarjeta sanitaria a las inmigrantes, la reforma de la ley del aborto va a crear aun más dificultades a las mujeres de la clase obrera.

Esta ley pretende un retroceso que recuerda a la época franquista y que puede tener serias consecuencias con la práctica del aborto clandestino. Los datos son turbadores, según la propia Organización Mundial de la salud, 47000 mujeres mueren cada año por interrumpir su embarazo de forma clandestina y la mayoría de ellas en países con leyes restrictivas. Además, el número de abortos no disminuyen cuando se promueven leyes antidecisión. Ya en el año 1976, en el estado español, según los datos del propio ministerio de justicia, se producían 100.000 abortos clandestinos y morían entre 200 y 400 mujeres al año.

Quienes nos quieren negar el derecho al aborto libre y gratuito, no hacen más que promover su clandestinidad, condenan a muerte a las mujeres más empobrecidas y niegan la condición social a las mujeres, imponiendo la ideología patriarcal en el que las mujeres tenemos que ser sumisas ante el pensamiento dominante.

A esto hay que sumarle la exclusión de lesbianas y mujeres solteras de los tratamientos de inseminación artificial de la sanidad pública, siendo un ataque virulento a la libre decisión de las mujeres a la maternidad y una discriminación al colectivo LGTBI, ya que las obligan de facto a mantener relaciones heterosexuales para conseguir quedarse embarazadas.

No menos importante a pesar de su invisibilidad es la violencia sexual ejercida por el hombre dentro del seno familiar enmarcado en los patrones de dominación patriarcal, resaltando que una de las formas de violencia de género es el control del cuerpo de la mujer. En este sentido no debemos de olvidar que la mayor parte de las violaciones sexuales se producen dentro del seno familiar. En las relaciones de pareja donde existe violencia de género y patrones de dominación es donde la mujer sufre porcentualmente más violaciones.

Se añade la dificultad de la mujer para ser consciente de la violación, ya que al estar dentro de un contexto afectivo, los límites se encuentran más difusos. En este sentido es indispensable la formación de las y los profesionales ante esta situación y que también las organizaciones políticas y sociales sean conscientes de ello.

Las mujeres debemos exigir que se nos reconozca la capacidad para decidir sobre nuestras vidas y la soberanía sobre nuestros cuerpos.

Pero el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos debe también de ir acompañado del libre acceso a métodos anticonceptivos, a una educación sexual de calidad, laica y liberadora de la mujer que la permita controlar su salud sexual.

La lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y en definitiva, por nuestra emancipación como mujeres, debe ser de carácter continuo para no permitir que haya ni una sola concesión a todos aquellos que promueven la ideología patriarcal. Nuestra lucha no es solamente la lucha por nuestros derechos como mujeres, sino la lucha por el fin del capitalismo que nos explota y nos quiere confinar en el hogar sin ningún tipo de derechos.

Mientras que exista el control sobre nuestros cuerpos, existirá la violencia de género porque lo que pretenden es que seamos sumisas y obedientes ante los ataques del estado.

Solo nosotras tenemos la capacidad para enarbolar la lucha por nuestros derechos como mujeres, y eso solamente lo lograremos juntas y dando la batalla cada día con más fuerza, denunciando la alianza entre patriarcado y capital y señalando a quienes la promueven.

España: Entrevista al colectivo “Madres contra la represión”

Enric Llopis

Rebelión “No hemos parido y criado a nuestros hijos, con todo el amor de que somos capaces, para que los persigan y apaleen impunemente”. Esta podría ser la divisa de “Madres contra la represión”, una asociación formada por mujeres de clase obrera y con conciencia social, presentada públicamente el pasado 21 de abril en el colegio Trabenco (distrito madrileño de Vallecas). El asesinato de Carlos Palomino a manos de un neonazi en 2007 o la detención de Alfon durante la última huelga general, junto a la creciente represión en las barriadas obreras madrileñas, marcan los antecedentes de este colectivo. Consideran que la represión física produce un miedo paralizante. Pero hay otra represión “demoledora”, subrayan, de la que se habla menos y que aumenta con la crisis económica: las multas por salir a protestar en la calle; perder el empleo con una familia a la que alimentar o ingresar en prisión sin haber cometido ningún delito. Se vuelcan con la gente joven y luchadora: “Cuando tocan a uno, reaccionamos todas”, afirman.

-Vuestra iniciativa surge en el barrio madrileño de Vallecas. ¿Cómo nace “Madres contra la Represión?

En 2007, un activista neonazi asesina a sangre fría a Carlos Palomino en el metro de Madrid. Fue la primera vez que pasó por nuestras cabezas la idea hacer algo en defensa de nuestros hijos. Después vino la detención de Alfon en la huelga general del 14 de noviembre pasado, cuando dos policías de paisano le detuvieron junto a su novia y el juez le envío a prisión preventiva sin fianza. Por cierto, con acusaciones infundadas. Además, el criterio en que se basaba la decisión del juez ya no existe en el Código Penal (alarma social), pero igualmente se aplicó. En resumen, ante la constante persecución que sufren nuestros jóvenes, se hizo realidad la idea de organizar “Madres contra la represión”. El colectivo se presentó el pasado 21 de abril.

-Vallecas, Lavapies… ¿Cómo ha influido en el nacimiento de vuestra organización la represión en las barriadas obreras madrileñas?

Durante la prisión de Alfon, otros barrios de Madrid –además de Vallecas- emprendieron iniciativas de apoyo, actos y concentraciones. Las muestras de solidaridad y respaldo fueron enormes, de manera que la idea de impulsar la asociación se fortaleció. Hoy en día, además, hay muchas personas de otros barrios que asisten a nuestras asambleas y están, en la medida que pueden, ofreciendo su colaboración.

-Hay precedentes de colectivos similares al vuestro: “Madres contra la droga” de Vallecas o las madres argentinas de la Plaza de Mayo para la denuncia de las desapariciones durante la dictadura militar. ¿Cuáles son vuestros objetivos?

Sentimos un gran respeto por la lucha, la valentía y la fuerza con la que trabajan estas organizaciones. Aprendimos de ellas que nuestros hijos dejan de ser de una u otra compañera y pasan a ser de todas nosotras. Cuando tocan a uno, reaccionamos todas. Resumiría nuestro objetivo en una frase que usamos con frecuencia: “No hemos parido y criado a nuestros hijos, con todo el amor de que somos capaces, para que los persigan y apaleen impunemente”.

-Os centráis en el apoyo a los jóvenes…

Sí, nuestra lucha se centra en ellos. La juventud, como “dueña del futuro”, ha sido siempre objetivo de la represión. Su potencia es imparable y, en consecuencia, preocupa mucho al poder autoritario que ejerce este gobierno, a golpe de fuerza y no de razón. Los jóvenes deberían elegir el rumbo de sus vidas; también recibir una formación adecuada para su futuro profesional; poder defender sus ideales y sentirse orgullosos por todo ello; sin embargo, cuando enseñas a tu hijo a pensar por sí mismo y hacer una crítica constructiva del entorno en el que vive, lo cierto es que se le criminaliza, margina e impiden su formación (nos referimos a los abusivos precios de las matrículas universitarias o al cierre de institutos). ¿Qué menos que apoyarles en su lucha? Al fin y al cabo somos madres que estamos muy orgullosas de ellos.

Del colectivo forman parte Mavi Muñoz (madre de Carlos Palomino, asesinado en 2007 por un grupo Neonazi) y la madre de Alfon (joven de 21 años detenido y encarcelado tras la huelga general del 14-N). ¿Qué apoyos ha recibido la asociación?

Si, Mavi y Elena forman parte fundamental de la asociación. Su entereza y su actitud ante las mayores dificultades suponen un motor para el resto. Además, la asociación cuenta con numerosos apoyos de solidaridad de otras organizaciones. Estamos integradas en la Red Solidaria Antirrepresiva Estatal y en la Plataforma Solidaria Antirrepresiva de Madrid, que nos echan una mano imprescindible para hacer nuestro trabajo. Los compañeros psicólogos aportan su tiempo y trabajo de manera desinteresada. El abogado siempre se muestra disponible para cualquier consulta o actuación que necesitemos. El apoyo económico es, por ahora, nuestro eslabón más débil, pues únicamente disponemos de nuestras propias fuerzas, de la venta de camisetas, mecheros y demás; y alguna pequeña aportación particular.

-¿Qué actividades desarrolla “Madres contra la Represión?

Cuando tenemos conocimiento de alguna detención, nos desplazamos a la Comisaría y nos ponemos en contacto con el abogado para que se interese por la situación. Cuando pasa el detenido a disposición judicial, nos vamos a los juzgados y permanecemos a la espera de la decisión del juez. En este tiempo contactamos con las familias, que llegan siempre nerviosas y sin creer que su hijo/a se encuentre en el calabozo. Esta actividad es muy importante, pues los familiares suelen pensar que sus hijos han hecho algo mal y a menudo no son muy comprensivos.

¿Qué hacéis entonces?

Nos centramos en que traten de entender a sus hijos y el motivo de la detención; y, si ellos quieren, les acompañamos en todo momento. Cuando es necesario, prestamos atención psicológica y legal. También acompañamiento en el juicio y, en caso de que haya penas de prisión, nos encargamos de facilitar a los familiares las visitas. Nos hemos volcado, por ejemplo, con los familiares de los 5 anarquistas detenidos en Barcelona. Por otra parte, demos charlas siempre que nos las piden y participamos en encuentros. Estamos preparando un taller antirrepresivo para enseñar a los jóvenes a actuar frente a las detenciones.

-Os habéis implicado, de manera muy activa, en las iniciativas de solidaridad con los cinco anarquistas catalanes detenidos en mayo de este año. ¿En qué otras campañas habéis participado?

Apoyamos la manifestación con motivo de la huelga de enseñanza del pasado 9 de mayo. También respaldamos a diario el encierro de estudiantes de la Universidad Complutense. Y colaboramos con las campañas de recogida de alimentos que organizan los jóvenes de Vallecas, la acampada de parados, el encierro en el Centro de Salud Federica Montseny y cualquier otra movilización que se realice en el barrio, o de la que tengamos noticia.

-¿Cómo se define ideológicamente vuestra organización?

No tenemos una ideología política concreta: cada una tiene la suya. El respeto por el pensamiento de cada una es fundamental. Trabajamos, en síntesis, en la defensa de nuestros derechos y en apoyo a la sociedad marginada y represaliada. Podríamos decir que somos una asociación de personas de clase obrera y con conciencia social.

-¿Consideráis que existe una relación entre la actual crisis (por ejemplo, en relación con los recortes) y la represión?

Existe una relación directa: ante una crisis hay más denuncia social y por lo tanto más represión para acallarla. Cuando ves a los ancianos rebuscar en los cubos de basura para comer, no puedes callar. Tampoco cuando ves que familias enteras se apoyan en el colegio para que sus hijos tengan una comida completa al día, y cierran el comedor. Ni cuando ves que un estudiante brillante no puede acabar sus estudios, porque han puesto unos precios impagables. Y así podríamos hacer un listado enorme. No te puedes callar si tienes un mínimo de conciencia. Ahora bien, consideramos que el principal problema es el paro que nos ha traído esta crisis o estafa. Porque supone una estafa que paguemos los trabajadores las consecuencias una deuda corrupta que han generado unos pocos. Nosotras no vamos a callarnos.

-Por último, ¿Qué función pensáis que desarrolla el miedo a la represión a la hora de instar a la gente a que se movilice?

La represión tiene muchas caras. El miedo a la represión física, que es de la que solemos hablar, produce un efecto paralizante en la mayoría de las personas, pero quizás no sea determinante. Hay otras formas de represión que son demoledoras. Por ejemplo, arruinarte a base de multas, quedarte sin trabajo si no aceptas las condiciones que te ofrecen, más aún, si tienes hijos que alimentar; o entrar en prisión sabiendo que no hace falta cometer un delito, porque el sistema judicial no es objetivo y actualmente no existe la presunción de inocencia. El miedo se combate estando unidos y organizando un frente común contra las agresiones. No debemos sentir miedo sino orgullo. ¿Cuando nos daremos cuenta que juntos somos fuertes?

España: Una vez más: aborto libre y gratuito ya

Helena Renuncio

Periódico En lucha Tener que volver a hablar del derecho a la libre interrupción del embarazo a estas alturas, parece absurdo y fuera de lugar. Sin embargo, una vez más, los embates de la iglesia católica, a través de sus férreos seguidores instalados en el gobierno, nos obligan a ello.

Así pues, aunque sea agotador, volveremos a plantear la defensa cerrada y absoluta de un derecho conquistado con muchas luchas y que ni siquiera ha sido plenamente conseguido.

En el año 1985 se aprobó una ley del aborto (sólo antes la II República en el año 36 se había atrevido a promulgar una ley del aborto, que fue derogada casi inmediatamente por el fascismo), que costó 25 años ampliar y mejorar.

Es precisamente esta última ley la que el ministro (miembro numerario de los legionarios de Cristo) quiere derogar y modificar. La derecha siempre sueña con que las mujeres volvamos a ser sometidas y aleccionadas para cumplir un modelo como madres y mujeres perfectas en las que se reproduzcan los ridículos valores del patriarcado, para poder así ofrecer amplios servicios dentro de las familias y la comunidad de forma gratuita e invisibilizada.

Esta pretensión entronca además con la crisis económica de forma perfecta, pues si consiguieran enviarnos otra vez al ámbito privado de las casas, la poca oferta de trabajo sería cubierta por los hombres y las cifras de paro descenderían considerablemente.

Es por ello que nosotras, en el amplio espectro del feminismo y de la izquierda, estamos llamadas a hacer un frente común compacto que impida que estos ministros y obispos decidan sobre nuestros úteros y pretendan gestionar nuestra maternidad.

Sobre si, como estrategia, sería más conveniente defender la actual ley o exigir de una vez el aborto libre y gratuito, estoy convencida que tenemos que conseguir lo que entendemos como absolutamente lógico, y es que nosotras, y sólo nosotras, tenemos el derecho a elegir cuándo queremos ser madres y debemos por ello exigir que la ley respalde este concepto fundamental, garantizando de forma contundente todos los casos y el acceso libre y gratuito a toda mujer que tome la decisión de interrumpir su embarazo. Además, esto entronca con la práctica actual de los países de nuestro entorno, y llevar la norma, como el Gobierno pretende, a una involución, nos haría más vulnerables y estaríamos en una situación de retraso comparativo.

Las mujeres no somos sujetos de intercambio y negociación, no debemos aceptar las propuestas de la iglesia ni del Gobierno de hacer aún más restrictiva una ley que consideramos de mínimos. Si la derecha casposa y cavernaria no duda en mostrar sus decimonónicos argumentos, no entiendo por qué nosotras tendríamos que sostener nuestras demandas a la baja, sino, muy al contrario, defiendo un posicionamiento rotundo y claro que muestre sin reservas lo que desde el feminismo llevamos defendiendo hace tantas décadas, y es que las mujeres debemos decidir cómo y cuándo ser madres, estando la sociedad al servicio de esa decisión y garantizando en todos los términos el beneficio de las mujeres que, en última instancia, es el de la sociedad en su conjunto. Por tanto y definitivamente: aborto libre y gratuito ya.

Helena Renuncio es activista feminista y del Foro de Memoria Histórica.

Fuente: http://www.enlucha.org/site/?q=node/18774

España: El Colectivo Feminista Trece Rosas muestra su absoluto rechazo a la nueva barbaridad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Rebelión

El gobierno está proponiendo diversas reformas relacionadas con la maternidad que parecen perseguir una política pro-natalista paternalista y anti-democrática. La reforma de la ley del aborto y la propuesta de impedir restringir el acceso a la reproducción asistida a las mujeres solas y a las parejas de lesbianas hace pensar que se quiere favorecer la maternidad involuntaria, dependiente y en una familia tradicional frente a la maternidad y paternidad elegida, voluntaria y en condiciones de independencia económica

La exclusión del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública para las parejas formadas por dos mujeres y las mujeres solas, demuestra la falta de conocimiento de la realidad actual por parte del Gobierno.

Con esta propuesta Ana Mato sólo garantiza la paternidad cuando hay un hombre, ya que si él no está presente las mujeres no tienen derecho a la reproducción asistida. Estos criterios políticos del Partido Popular, lo único que provocan es desigualdad y diferencia en el trato, manteniendo el modelo familiar heteropatriarcal como el único. Discriminando con ello a muchas personas al establecer un criterio machista el cual limita a las mujeres un derecho reconocido en la cartera básica del sistema nacional de Salud. De este modo, se establece que la mujer no es acreedora de un derecho, sino que solo lo es su pareja masculina.

El Colectivo Trece Rosas opinamos que lo importante para garantizar el bienestar de las niñas y niños es que nazcan porque la maternidad/paternidad sea deseada, y porque la mujer o el hombre que decida tener descendencia puedan hacerlo cuando hayan alcanzado independencia económica y hayan accedido a una vivienda digna.

Estas políticas de carácter reaccionario, restrictivo y opresor lo único que demuestran es la falta de interés del Gobierno por la igualdad de trato y oportunidades. Este tipo de planteamientos lo único que consiguen es favorecer los intereses de las clínicas privadas de técnicas de reproducción asistida, puesto que la decisión de tener un hijo o hija es un derecho personal, libre y necesario el cual, con estas medidas antidemocráticas solo podrán permitírselo unas pocas.

Colectivo Feminista Trece Rosas

España: Nos quieren pobres, calladas y heterosexuales

Esther Vivas

Público.es La cruzada del Partido Popular (PP) no sólo arremete contra derechos fundamentales como sanidad, educación, vivienda, trabajo, sino, también, contra libertades sexuales y reproductivas. El PP busca imponer un determinado modelo de sociedad al servicio del capital a la vez que machista y homófobo. Nos quieren pobres, calladas y heterosexuales.

La semana pasada el Gobierno proponía a las comunidades autónomas vetar, en la sanidad pública, los tratamientos de reproducción asistida (inseminación artificial y fecundación in vitro) a lesbianas y mujeres solas. Una medida que atenta contra la igualdad de acceso a los servicios públicos y discrimina a quienes se salen de la estricta “norma” heteropatriarcal. Si eres mujer, pobre, lesbiana o no tienes pareja, prohibido quedarte embarazada. Para el PP, sin hombres no hay hijos. Y la derecha impone, así, su arquetipo de familia: una, hetero y unida.

Nos encontramos frente a un Gobierno que se escandaliza porque dos mujeres puedan ser madres, dos hombres padres, de que una mujer sola pueda tener hijas e hijos, pero que no siente la más mínima vergüenza en aplicar unas políticas generadoras de hambre, paro y desahucios. La doble moral de quienes no tiene principios. Obedientes sólo a la doctrina del capitalismo y el patriarcado.

Ayer en el escrache feminista frente al Ministerio de Sanidad en Madrid, para, justamente, condenar esta medida, la represión fue la respuesta. Un Gobierno que persigue y criminaliza aquellos que no callan. La “política de la porra” es la otra cara de la “política de las tijeras”.

Otro ejemplo. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad planea ahora dejar fuera de las estadísticas de malos tratos a las mujeres que, pese a ser agredidas, no pasen por el hospital o estén en él menos de 24 horas. Lo que significa invisibilizar la mayoría de los casos. No sea que las cifras se disparen, digo yo. Según, el Observatorio para la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre del 2013, unas mil cien mujeres por mes presentaron parte de lesiones al denunciar ataques machistas. Aunque éstas son sólo una minoría. En 2012, por ejemplo, únicamente el 11% de las 128.000 denuncias aportaron dicho parte. Para algunos, parece, es mejor esconder, o maquillar, la realidad en vez de combatirla.

Y a todo esto hay que sumar la ofensiva del ministro Alberto Ruiz-Gallardón para reformar la, ya limitada, Ley del aborto y devolvernos a la época de “las cavernas”. Una modificación que, en palabras del ministro, tendrá lugar en los próximos tres meses. La futura Ley, todo parece apuntar, será más restrictiva que la de 1985 y sólo se permitirá interrumpir el embarazo en ciertos supuestos muy limitados. Entre los supuestos que se está discutiendo eliminar, se encuentra el de malformación del feto. Según Gallardón, la reforma tiene como objetivo “aumentar la protección del derecho por excelencia de la mujer: el de la maternidad”. Y me pregunto: ¿La maternidad en manos de quién? ¿De la mujer o del Estado? En definitiva, un intento más por parte del PP de decidir y legislar sobre nuestro cuerpo.

Estas medidas, en definitiva, se suman a unas políticas de salida a la crisis que devuelven la mujer al hogar. Cuando se recortan servicios públicos como sanidad, prestaciones sociales diversas, la Ley de dependencia…, hay todo un trabajo de cuidados, invisible, infravalorado, pero imprescindible, que acaba siendo asumido, una vez más, por las mujeres. En nuestras espaldas recaen, mayoritariamente, los recortes al Estado del bienestar.

Nos enfrentamos a un Gobierno de derechas, machista y homófobo. Y la respuesta sólo puede ser de izquierdas (y no de boquilla sino de acción en la calle), feminista y a favor de las libertades sexuales.

* Artículo en Público, 23/07/2013.

+info: http://esthervivas.com/

España: Mujeres sin paraíso

Román Alimena

DateCuenta La mayoría de las mujeres que emigran a España lo hacen pensando que se dirigen hacia el paraíso. Hacia un lugar donde todo les será mucho más fácil que en sus países de origen. Donde la gente les abrirá las puertas de su casa y de sus corazones. Pero se equivocan. Kadilla, Tolulope y Gloria lo saben bien. “Aquí la vida es muy complicada. Estoy sola con Dios y con buena gente que me acompaña”, dice Kadilla, de 38 años, que vive en Barcelona desde fines del 2006. “Nosotras vinimos a España porque pensábamos que aquí se vivía mejor, pero nos equivocamos. Cuando pueda ahorrar algo de dinero regresaré a Nigeria”, afirma su compatriota Tolulope resignada por la situación que atraviesa en este momento. “La gente si puede abusar, abusa”, confiesa Gloria, boliviana de 59 años, que trabajó en un sitio donde no le respetaban ni el horario de descanso.

Esos angustiosos viajes hasta llegar a España no son más que un eslabón en la cadena de sufrimiento que les avecina. Muchas de las trabajadoras del hogar y cuidado de personas se sienten desamparadas y desprotegidas tanto por la sociedad como por el gobierno. En octubre de 2011, organizaciones de inmigrantes y empleadas del hogar se reunieron explicando que el mayor problema de las trabajadoras domésticas era la precariedad e invisibilidad de su trabajo y, a raíz de los rumores de que la Ley respecto a los/las trabajadores/as del hogar iba a cambiar su normativa dentro del régimen general de la Seguridad Social en enero de 2012, decidieron formar un sindicato que defendiera sus derechos en tod os los ámbitos, que sirviera para asesorar a todas las compañeras sobre la nueva normativa y los cambios que el Gobierno español está realizando en la misma y que ayudara a conseguir los mismos derechos que tienen los demás trabajadores. Así nació el “Sindihogar“ (Sindicato de trabajadores/as del hogar y cuidado de personas) que está integrado por personas pertenecientes a diversos países de todos los continentes. A través de él pueden reivindicar sus derechos, reclamar mejoras sociales y económicas pero, ante todo, pueden exigir que se las considere con respeto y dignidad.

“Siempre hubo discriminación en España”

“Yo mi trabajo lo hago feliz, pero la mayoría de la gente nos pone mala cara, no nos respeta”, relata Tolulope, “Siempre hubo discriminación en España.” Tolulope estudió administración de empresas en Nigeria y trabajó en un buffet de abogados, pero en España no le convalidaron el título. Trabajó en una guardería unos años: “Me pagaban muy poco y en negro, luego me despidieron sin más y me dejaron a deber dinero que nunca cobré.” También en la limpieza de un restaurante y en casas de familias, a pesar de haber aprendido el español y haber hecho cursos de informática y cocina. Actualmente cobra una prestación del gobierno de 426 euros, pero sabe que no le alcanza para nada. Es madre soltera y tiene dos hijos más en Nigeria: Osas, de 15 años, y Remmy, de 23, a quien ayuda mes a mes enviando algo de dinero para sus estudios universitarios.

El trabajo de las empleadas del hogar no siempre es reconocido y muchas veces la dignidad de las mujeres es pisoteada: sufren acoso laboral y psicológico. Muchas de ellas trabajan más horas de lo que dicen sus contratos, otras ni siquiera tienen permisos de residencia. Los empleadores se aprovechan de su necesidad de trabajo. “Llevo 3 meses cuidando a los dos hijos pequeños de una chica catalana mientras ella trabaja, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde”, pero a cambio de su trabajo, Tolulope no obtiene salario, tan sólo una habitación, “Es buena chica mi jefa, pero pienso que es injusto lo que hace conmigo.” Tolulope es cristiana y cada domingo desde hace 10 años acude a un recinto de Montigalà (Badalona), donde se reúne con sus pares para compartir rezos, música y plegarias. “Para mí la religión es estar cerca de Dios y lejos del pecado”, explica, “Aquí he aprendido a saber en quién debo confiar y en quién no.” Tolulope es risueña y juvenil, pero ahora dice que no se siente contenta: “El gobierno de España es muy malo con los inmigrantes. La Ley abusa de nosotros.”

Antes de la entrada de la nueva Ley, el pasado 30 de junio, las empleadas del hogar que trabajaban por horas cotizaban como autónomas. Después de la entrada en vigor de la Ley, las personas que no obtienen un contrato de trabajo quedan fuera del sistema de la Seguridad Social. Por tanto, no pueden renovar permisos de trabajo ni tienen cobertura sanitaria. La crisis ha hecho que muchas mujeres pierdan sus trabajos, pero la nueva normativa ha sido peor que la crisis, ya que gran parte de ellas ha perdido empleos a causa de esta Ley y otras siguen trabajando en la economía sumergida en acuerdo con el empleador. Se calcula que en España hay alrededor de 700.000 personas que trabajan en el hogar. De ellas, 300.000 cotizan a la Seguridad Social y, de éstas, sólo 90.634 se han acogido a la nueva Ley. Es decir, más de la mitad cobra en negro.

El Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, admite que la nueva ley no consigue hacer aflorar el trabajo sumergido. Verónica Orellana, la presidenta del Sindihogar, sostiene: “Va a resultar muy difícil combatir la economía sumergida teniendo en cuenta que existe otro gran problema: las extranjeras sin papeles.” Unas 28.000 trabajadoras domésticas perdieron su afiliación a la Seguridad Social el 1 de julio de 2012, al no conseguir que sus jefes les dieran de alta en el régimen general. “Se trata de las empleadas discontinuas que acudían menos de 20 horas a la semana a diferentes domicilios, que antes podían cotizar por su cuenta y ahora ya no pueden hacerlo”, denuncia Verónica. “El Ministerio de Empleo no tiene previsto un mecanismo especial para solucionar el problema de estas personas”, concluye, recordando que los empleados del hogar no tienen los mismos derechos que otros trabajadores, como el del paro.

“Me vine sola, sin abrigo ni cepillo de dientes”

Gloria está convencida de que todo trabajo es digno y recuerda que se puso contenta el uniforme de empleada del hogar la primera vez que le tocó utilizarlo, pero cuenta que cuando llegó a Valencia le pagaban muy poco porque no tenía papeles. No cobraba horas ni pagas extras, tampoco le respetaban el horario de descanso. Al quedarse sin trabajo, vino a Barcelona, “sola, sin abrigo ni cepillo de dientes”, remarca. Porque Gloria detesta la soledad. Lleva 3 años en pareja y tiene 3 hijos que viven en Bolivia. Viajó a España con el objetivo de juntar dinero para pagar una hipoteca que tenía pendiente. “Antes cuidaba a un señor de 92 años y vivía en su casa.” Por ello cobraba 800 euros. “Tenía suerte de cobrar eso porque hay muchas compañeras que no ganan ni la mitad, pero igual sé que este trabajo estaba muy mal pagado por la cantidad de horas que trabajaba”. Lleva casi 3 años con el permiso de residencia y piensa que si se queda sin trabajo le costaría conseguir otro, pues el panorama en España está complicado. “Me gustaría quedarme en España si tuviera mi trabajo. Soy empleada doméstica pero tengo un status que he ganado y en mi país no puedo tener.”

Las trabajadoras domésticas limpian los hogares de muchísimas personas; es muy común ver cómo se involucran y forman parte de las familias, cuidan de las personas mayores, pero su actividad sigue siendo invisibilizada. Con frecuencia aparecen casos donde la violación de los derechos humanos es moneda corriente. La mayoría de ellas no se siente respetada ni valorada en los aspectos social o económico. “Es algo cultural, donde se nos cataloga como la “criada” o la “chacha”, mal llamado por algunas personas”, sostiene Orellana, “Espero que este aspecto cultural un día cambie.” Da la sensación de que este trabajo siempre estuvo bajo las sombras de las puertas de las casas de los empleadores y todo lo que allí pasaba, quedaba en privacidad.

“Camino mucho y estoy muy cansada”

Kadilla vive con su hija Fátima, de 10 años, en un piso muy pequeño. “Rezo 5 veces al día”, afirma esta devota de su religión musulmana, “Cuando tú tienes confianza, Dios te acompaña, sólo hay que tener fe”. Se considera muy buena trabajadora y le apasiona la cocina pero se gana la vida como empleada del hogar. Trabaja de forma discontinua en dos hogares para una misma familia, pero sólo durante 28 horas al mes. Por ello cobra 300 euros, de los cuales 250 están destinados para pagar el alquiler. “Estoy muy agradecida con esta familia para la cual trabajo porque ellos me hicieron los papeles, pero hace tiempo que me redujeron las horas de trabajo porque la crisis también les afectó.” También se lo agradece a Dios: “La vida es una lucha constante, pero la gente me respeta gracias al alma de Él”. A pesar de su agradecimiento, no puede ocultar el desánimo por su situación económica. Kadilla pasa buena parte de su tiempo buscando trabajo más trabajo: “Camino mucho y estoy muy cansada.”

A pesar de todo, Kadilla se siente más tranquila viviendo en España porque Nigeria, dice, “es un país muy duro para vivir, con un gobierno muy corrupto.” Lleva más de 6 años viviendo en Barcelona y todavía no pudo volver a su país. “Cuando Dios disponga, iré”. Allí le gustaría tener su propio restaurante y cocinar para mucha gente. “Echo mucho de menos a mis hermanos y a mi madre, que falleció hace 6 años.” Hace más de 2 de la última vez que Gloria vio a su familia. “En un futuro me encantaría viajar y poder montarme mi propia empresa en mi país y no sufrir por el dinero.” Tolulope no ha vuelto a su país desde que llegó a Barcelona, hace 7 años. Cada día habla por teléfono con los suyos, uno o dos minutos, para sentirse cerca. “Mis hijos han crecido y yo no lo he podido ver. El más pequeño pregunta por mí todo el día.”

“Yo tengo fe en que el ‘Sindihogar’ nos ayude”, desea Kadilla, “Es importante que estemos unidos en la lucha” Tolulope comparte su opinión sobre el sindicato: “Está muy bien tener una asociación que defienda nuestros derechos”, afirma, “Somos mucha gente con poco dinero, pero unida por una misma lucha. Aquí he encontrado gente en quien confiar.” Gloria sabe que “el trabajo del ‘Sindihogar’ tardará tiempo en dar resultados”, pero confía que su trabajo servirá y llegará hasta las nuevas generaciones. “A mi alrededor veo que, como mujeres, notamos que no hicimos nada por nosotras”, concluye, “En el paso del tiempo se quedaron congelados nuestros sueños, nuestros anhelos”.

‘Mujeres sin paraíso’ fue el proyecto final de Román Alimena, alumno del curso ‘Fotoperiodismo libre 2012/2013’. Aquí puedes ver todos los trabajos que el alumnado presentó.

Fuente: http://www.datecuenta.org/mujeres-sin-paraiso-2

Nosotras parimos, ¿nosotras decidimos?

España: Denuncian el ataque del PP a la igualdad con el retroceso en derechos y el recorte presupuestario

AmecoPress.- La Secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, denunció hoy “el ataque del PP a la igualdad” con sus políticas de “retroceso en derechos” y “recorte presupuestario” en las partidas que afectan especialmente al colectivo de mujeres.

En el marco de un encuentro con una treintena de asociaciones de mujeres celebrado el pasado martes, la Secretaria de Igualdad se hizo eco de la máxima preocupación compartida por los colectivos de mujeres ante los recortes en derechos y en recursos dirigidos a la igualdad entre hombres y mujeres.

La responsable socialista de Igualdad afirmó que “si la reforma laboral expulsa a las mujeres del mercado laboral, los presupuestos están diseñados contra las mujeres”. “La tendencia del Gobierno a recortar derechos a las mujeres, derechos laborales y derechos de corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y profesional reflejada en la reforma laboral impuesta por el Gobierno, se ha visto reforzada en los presupuestos con la drástica reducción en los programas de empleo para las mujeres, puesto que no sólo se reduce la partida para programas de fomento de empleo en más de un 21%, sino que los específicos de promoción del empleo femenino se ven reducidos en casi un 60%”, cuantificó Causapié.

La prevención contra la violencia de género no es propaganda

“Además de romper el consenso parlamentario en materia de violencia de género”, lamentó, “el PP materializa sus ataques a la igualdad en los recortes en actuaciones para la prevención integral contra la violencia de género, añadió la Secretaria de Igualdad, que condenó enérgicamente todas las muertes por violencia de género al referirse a que los últimos tres casos lamentablemente confirman la necesidad “de no mirar para otro lado y seguir trabajando para implicar a toda la sociedad”.

“Para el PP la prevención es propaganda”, dijo Causapié, al hacerse eco de las justificaciones que dan los populares cuando dicen que las reducciones son a costa de la propaganda. “Está demostrado que las campañas de prevención, sensibilización e información dirigidas a toda la sociedad son un elemento imprescindible y eficaz para que las mujeres afectadas salgan de su terrible situación”, afirmó la dirigente socialista, “pero el PP parece no querer enterarse”.

“Hay que sumar a este ataque a la igualdad el desmantelamiento del sistema de dependencia”, añadió la dirigente socialista. “Sin duda, estos recortes en derechos para las mujeres y su igualdad, se amplían con las actuaciones dirigidas a recortar el Estado del Bienestar y los derechos sociales, puesto que las mujeres son quienes se ocupan del cuidado de menores y personas en situación de dependencia casi en exclusividad”, recordó. “La enorme reducción de la aplicación de la Ley de Dependencia y la eliminación del plan de educación infantil hasta los 3 años”, citó a modo de ejemplo, “harán que muchas mujeres abandonen un empleo al que accedieron porque alguien se ocupaba de las personas a su cargo, además de eliminar un número importante de empleo femenino que se había creado en los últimos años en el sector de la atención social”.

Así, la Secretaria de Igualdad invitó al PP “una vez más”, a incorporarse “a la senda del diálogo con los colectivos de mujeres” y “a realmente trabajar por la igualdad, no a atacarla”.