AmecoPress. Tal día como hoy hace diez años, se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género. Desde que un año antes, en 2003, se empezaran a contar los crímenes machistas han perdido la vida en nuestro país a manos de sus parejas o ex parejas más de 750 mujeres (entre 753 y 756, según fuentes utilizadas). Muchísimas. Es importante recordarlo y advertir que todas las reflexiones e intentos de mejora han de dirigirse a homenajearlas y a poner fin al sufrimiento de tantas mujeres que viven sometidas al maltrato –se calcula que en España superan la cifra de 600.000- y a la escalada de violencia que sigue arrojando muertes. Violencia contra las mujeres por el hecho de serlo.
La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pidió ayer en las Comisiones de Igualdad del Congreso y del Senado “consenso” a los grupos parlamentarios para luchar contra esta lacra. Quiere reformar la Ley que recién cumple una década. Evidentemente, con 41 asesinadas en este año, 14 a lo largo del verano, todo el mundo defiende que “hay que hacer algo”. Pero no está claro que la opción esté en el cambio de la normativa mencionada. Y es que las normas sin recursos suficientes que garanticen su aplicación, pierden parte de su valor. Y eso está sucediendo sin duda.
Los presupuestos dedicados a la lucha contra la violencia, incluyendo la concienciación, el acompañamiento y la protección a las víctimas –y a sus hijos e hijas- y la dotación de profesionales formados en la materia en los distintos ámbitos, nunca han sido suficientes. Pero las políticas que se han desarrollado bajo el amparo de la “crisis” no han hecho sino empeorar la situación. No solo por la reducción de la partida destinada directamente a la lucha contra la violencia de género, sino por otros recortes que han golpeado también con fuerza a las mujeres y en concreto, a las mujeres que sufren maltrato.
Recortes
El Gobierno del PP, según denuncias de organizaciones y grupos parlamentarios como el Psoe, ha recortado un 28 por ciento el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia machista. Y aunque Mato y allegados no se cansan de nombrar la gran Estrategia Nacional para la erradicación de esta lacra, jamás han identificado las partidas presupuestarias correspondientes a esos 1.500 millones con los que cuenta y somos varias periodistas y especialistas las que hemos advertido que se atribuyen “nuevas medidas” que no son sino cosas que ya se están haciendo, o al menos que están previstas sobre papel.
En el jugoso y exhaustivo Informe Sombra –que será presentado el próximo martes- la sociedad civil evalúa la igualdad de género en el Estado español y los resultados son dramáticos. No es que se esté desmantelando a base de recortes la lucha contra la violencia de género y también atacando sus cimientos ideológicos y legales, sino que desde varios ministerios y propuestas se arremete contra la igualdad y la lucha contra el machismo.
Han eliminado Educación para la Ciudadanía –suprimen la igualdad y la prevención de la violencia de género de las aulas-. La reforma local aleja los primeros servicios de atención a las mujeres que sufren violencia, algo especialmente grave en ámbito rural. Los cambios en el Código Penal eliminan el término violencia de género y rebajan la gravedad del delito, recogen multas y mediación, que no deberían tener cabida en estas situaciones de violencia, y se exige denuncia para lesiones de menor entidad, perdiéndose la condición de perseguibilidad del delito.
A esto hay que añadir la pretendida aprobación de leyes como la ley de custodia compartida impuesta –desmigada sabiamente por las organizaciones feministas y mujeres juristas que advierten su trampa-. Y, la estrella, la ley del aborto propuesta por Gallardón, que da valor al feto por encima de las mujeres y que les roba su derecho a decidir.
Denuncias
Uno de los temas recurrentes cuando se habla de violencia machista es la importancia de la denuncia. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, más de 600.000 mujeres cada año en España padecen maltratos, aunque menos de la cuarta parte se decidan a contarlo. A esto hay que añadir que, tal y como viene destacando el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, poco a poco las denuncias van disminuyendo. También la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2013, que analiza los datos estadísticos relativos a violencia sobre la mujer, destaca como "verdaderamente preocupantes" las cifras de mujeres asesinadas por violencia machista que no habían presentado denuncia previa con respecto al año anterior.
Yendo más allá de las cifras, el Ministerio Fiscal precisa que, en un elevado número de asuntos, la víctima ha renunciado a las acciones judiciales, quizás por la grave crisis económica existente.
Especialistas como Consuelo Abril llevan tiempo denunciando lo que llaman “violencia económica” y que se convierte en una verdadera losa para salir de las situaciones de maltrato y sin duda, es una de las causas por las que las mujeres no denuncian. En ese sentido, el Estatuto de la Víctima, que obligará a éstas a abonar los gastos causados a la administración más 50 por ciento en caso sentencia absolutoria o sobreseimiento, supondrá un nuevo freno a las denuncias.
Pero también hay mujeres que denuncian y mueren. Sin duda esto merece una revisión, un análisis valiente, varias propuestas. Si algo no podemos permitir es que una mujer pida ayuda, se enfrente al miedo y denuncie, y muera.
Aquí tenemos que señalar que, según recoge la Memoria de la Fiscalía, fiscales, jueces y juezas de violencia de género solo tienen acceso a un informe médico forense de valoración urgente del riesgo en que se encuentra la víctima en el uno por ciento de los casos en que se les solicita una orden de protección. El informe explica que este bajo porcentaje es fruto de la "escasa implantación" del Protocolo Médico Forense de Valoración Urgente de Riesgo, una herramienta que resulta "de gran utilidad" para evaluar el peligro objetivo que afronta una mujer de cara a acordar medidas de protección para ella. Seguramente no sea el único fallo en el sistema, pero es claro que urge avanzar.
La especialización del ámbito judicial – tocado como tantos otros por el machismo- también es un reclamo conocido de aquellas expertas en la materia. Inmaculada Montalbán, cuando presidía el Observatorio, siempre lo repetía. Las abogadas advierten que las trabas y dificultades que debe enfrentar una mujer que denuncia son vergonzosas.
Aunque, más allá de todo lo señalado, de las medidas parciales y puntuales, necesarias y valiosas, será el rechazo social a la barbarie machista, la no asimilación de que en diez años mueran mas de 700 mujeres por el hecho de serlo en nuestro país, lo que posibilite dar respuestas certeras.
