México: Balance negativo en la implementación de la Alerta de Género

Gabriela Ramírez

(SEMlac).- A un año de la implementación de la Alerta de Género en el Estado de México, el balance no es positivo para algunas organizaciones de la sociedad civil, que reclaman falta de datos, transparencia y seguimiento, aunque las autoridades mexiquenses, aún sin datos, están contentas de "celebrar" este primer aniversario.

Una mesa de análisis sobre la implementación de mecanismo se realizó en este municipio el pasado día 29 de julio, durante la cual Dilcya Samantha Espinoza, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la entidad, dijo sentirse "muy contenta de celebrar" el primer año de la implementación de esta bondadosa figura única en el mundo.

Sin datos certeros sobre las acciones, la Subprocuradora habló escuetamente sobre la implementación en este año de un acompañamiento en los 11 municipios donde opera dicha alerta, la creación de una policía de género, y de células de reacción inmediata que, dijo, "atienden asuntos de carácter emergente o ayudan a aflojar alguna situación que se atore con las autoridades".

Sin la información básica que amerita un análisis como el propuesto por las organizaciones, Espinoza indicó que también se ha creado una célula para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas que solo funciona en cuatro de los 11 municipios y señaló: "encontramos a una niña de 12 años en 14 horas".

Explicó también que han revisado carpetas de averiguaciones previas que se encuentran en los archivos desde 2005. Se analiza, añadió, la razón por las que han sido archivadas y se hacen recomendaciones a los ministerios públicos para que puedan resolver dichos casos.

La funcionaria fue cuestionada severamente por diversas organizaciones ante la falta de datos, de información, de resultados y muchas de ellas explicaron el problema que han representado los Ministerios Públicos, que obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres.

La funcionaria de la Procuraduría estatal refirió, por último, que de 2011 a la fecha, hay 180 carpetas judicializadas de casos de feminicidio y de esas hay 70 sentencias. Sin embargo no dio datos de lo que ocurre en este sentido a partir de la declaratoria de la alerta en julio de 2015.

Al ser cuestionada expresamente sobre el número de víctimas de feminicidios y el total de desaparecidas en las 11 entidades desde la puesta en marcha de este mecanismo, la funcionaria no recordó la cifra.

En la ceremonia de inauguración también se encontraba David Ricardo Uribe, director general adjunto de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), quien tampoco pudo hablar con certeza de las acciones ni del presupuesto ni de los resultados de la alerta.

Por su parte, las organizaciones civiles reforzaron su compromiso de seguir dando seguimiento a las acciones gubernamentales y de hacer llegar las conclusiones de esta mesa a diversas instancias para generar un trabajo colaborativo en favor de las mujeres.

La Alerta de Violencia de Género en esta entidad fue declarada luego de una investigación que dio a conocer que de 2005 a 2014 se cometieron 933 feminicidios, se registraron 4.281 reportes de desaparición de mujeres y se presentaron 26.079 denuncias por violación en territorio mexiquense.

Los municipios donde opera la alerta son: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlanepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

Capacitan en Cuba a mujeres sobrevivientes de violencia

SEMlac Incluir la violencia de género en el trabajo comunitario en Cuba implica una alta dosis de voluntad, en opinión de actores y grupos comunitarios que, en esta capital cubana, comparten desvelos y dificultades diarias.

Escasos recursos disponibles para promover acciones y actividades, no poder gestionar medios de comunicación propios ni apoyar el emprendimiento económico de mujeres sobrevivientes y víctimas de violencia se incluyen entre las dificultades identificadas por líderes comunitarios.

A las barreras económicas les siguen el mal trabajo de las autoridades policiales en el tratamiento de la violencia de género; dificultades en la comunicación con los gobiernos locales, y el desinterés y desconocimiento en algunas comunidades sobre esta problemática.

Los estereotipos y la poca información que aún existe sobre la violencia machista median en estos procesos, por lo cual activistas realizan talleres sobre autoestima, liderazgo, emprendimiento, género y violencia, entre otros temas.

La capacitación es un paso fundamental en el empoderamiento femenino, dice Leticia Santa Cruz Pérez, coordinadora del proyecto “No a la violencia de género: una respuesta efectiva al VIH/Sida”.

Vinculado al Centro Nacional de Prevención de ITS/Sida (CNPsida), ese programa se inserta en una comunidad de tránsito, un albergue donde viven familias que han perdido su vivienda en el municipio de Cerro, al noreste de la capital.

“En su gran mayoría, las mujeres del grupo eran amas de casa, aunque también ejercían otros trabajos en la calle, incluso la prostitución. Estas mujeres ya trabajan y las inducimos a llevar adelante un proyecto de vida, haciendo hincapié en su autoestima, capacidades y superación”, comenta Cruz Pérez a SEMlac.

Pero una vez logrados los objetivos de la capacitación, el acceso a los recursos resulta vital para el ejercicio real de la autonomía. “Entonces comienza otro problema, cuando esa mujer empoderada necesita de recursos para emprender”, reflexiona.

Para la dirigente, las nuevas posibilidades de trabajo por cuenta propia, y organizarse en cooperativas de producción y servicios pueden ser soluciones posibles en estos casos.

Según experiencias locales, los proyectos autogestionados que brindan a las mujeres una posibilidad de independencia económica suelen ser un paso importante para superar la violencia.

EXPERIENCIAS

Sandra América Hidalgo, del Taller de Transformación Integral del Barrio (TTIB) Zamora Coco Solo, en el municipio Marianao, al suroeste de La Habana, da fe de los resultados del proyecto “Fundar una esperanza en emprendimiento femenino”, que integran un grupo de mujeres, entre ellas sobrevivientes y víctimas de violencia de género dedicadas a la artesanía.

Creados en 1988, los TTIB se subordinan a los gobiernos municipales en la capital y promueven el desarrollo local mediante la participación ciudadana.

Hidalgo ha visto los cambios que puede hacer en una mujer “ganarse sus kilitos vendiendo lo que puede hacer con sus manos”. Pero no en todas las comunidades estos sueños pueden ser realidad. Algunas entrevistadas afirman que no siempre las autoridades se interesan y apoyan el trabajo comunitario.

La verticalidad en la dirección y distribución de los recursos también afecta los proyectos sociales, incluso dado el caso de que exista buena comunicación con el gobierno municipal.

El deficiente trabajo del cuerpo policial es otro problema común para las organizaciones, activistas e instituciones que se enfrentan a la violencia de género. “Una y otra vez les hacen preguntas a las mujeres cuando van a la delegación a poner la denuncia por agresión”, explica Leticia Santa Cruz.

Sin embargo, la mayoría de las entrevistadas por SEMlac reconocen como sus aliados a los oficiales del orden asignados a cada barrio, conocidos como jefes de sector.

En opinión de Caridad Tocaben Martínez, del TTIB de Pilar de Atarés, en el municipio de Cerro, el jefe de sector ha sido un colaborador en todo momento. “Participa en los talleres e incluso ha mediado en casos de violencia cuando las mujeres acuden a la unidad de policía correspondiente y no encuentran allí la atención necesaria”, apunta.

La ausencia de un protocolo de atención a las víctimas de violencia, que guíe la respuesta de la policía, del personal de salud e incluso de actores comunitarios, limita los esfuerzos de quienes hoy suplen las carencias desde acciones aisladas de sensibilización y capacitación.

“Nosotros podemos llegar hasta un punto”, comenta Cruz Pérez, quien aspira a reunir en talleres sobre violencia de género a personal policial e integrantes de su comunidad, pero los excesivos trámites para lograrlo se lo han impedido hasta ahora.

Además de las mujeres, la presencia de los hombres resulta fundamental para la mayoría de las entrevistadas, en algunos casos porque ellos facilitan, e incluso permiten, el trabajo con las mujeres de la comunidad.

En el municipio de Marianao, la especialista en trabajo social Sandra América Hidalgo ha probado todo tipo de estrategias para llegar a los hombres de su comunidad, como solicitar su colaboración para cualquier arreglo en la sede del TTIB o “mudar” las sesiones de trabajo a las casas.

“Si alguna compañera tenía que regresar temprano a su casa para preparar el almuerzo de su esposo, nos íbamos para el portal de esa compañera a hacer el taller de autoestima”, relata a SEMlac.

SUEÑOS

Un fuerte compromiso social une a quienes, en sus comunidades, trabajan por contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en los barrios, muchos de ellos con altos niveles de pobreza, viviendas precarias, desempleo y violencia.

Es muy difícil que Rayza Rojas Terán no consiga lo que se proponga. Ella es secretaria Ideológica en Marianao de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), única organización de su tipo en la isla que reúne a más de cuatro millones de cubanas.

Rojas Terán lleva 10 años como funcionaria y cree con vehemencia en el trabajo social. “Llegué a mi trabajo como si hubiera logrado algo muy grande”, cuenta a SEMlac en alusión al día en que ayudó a encontrar empleo a una joven que fue prostituida y, por esa razón, no había sido aceptada en varios centros laborales.

Esta discriminación institucional constituye un tipo de violencia de género poco visible en Cuba, donde las manifestaciones más reconocidas son las agresiones físicas y el maltrato psicológico.

La historia de Rojas Terán resume el entusiasmo y la pasión de una labor social que no carece de riesgos y sobrecarga psicológica.

En la mayoría de los casos, quienes asumen ese encargo social interactúan con mujeres víctimas de violencia, pero también atienden problemáticas de la niñez, de personas adultas mayores, mujeres y hombres sin empleo o que estuvieron presos.

Ante las dificultades, la formación personal es la herramienta de quienes en el espacio comunitario apuestan por una vida en armonía e igualdad.

Talleres sobre educación y comunicación popular, género, igualdad y desigualdad, diagnóstico participativo, violencia, trabajo con mujeres víctimas, cooperativismo, perspectiva de Derechos Humanos, trabajo grupal y liderazgo han sido algunos de los temas de especialización.

España: Jóvenes pero sobradamente machistas

Andaluces Diario Un 24 por ciento de los jóvenes andaluces piensa que el lugar de una mujer está en casa con su familia y el 10 por ciento considera que el hombre debe tomar las decisiones importantes en la pareja, según el Informe Andalucía Detecta, del IAM, y el Informe social de la Juventud en Andalucía del Instituto Andaluz de la Juventud, el Centro de Estudios Andaluces y la Consejería de Educación.

El estudio concluye que los jóvenes andaluces ven la realidad a través de unas “lentes sexistas y relacionan su vida en pareja con los mitos del amor romántico”.

Del mismo modo, “más del 20% de los jóvenes creen que la mujer es más débil que los hombres, y 82,9% de los chicos y el 68,5% de las chicas no creen que tengan riesgo de sufrir violencia de género en sus futuras relaciones de pareja”. Además, “el 25% de los jóvenes andaluces creen que las causas de la violencia de género son el alcohol y las drogas y el 50% de los jóvenes cree que las mujer aguanta la violencia”.

Estos serán algunos de los datos que se analizarán en el V Congreso anual para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres. El encuentro esta organizado por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y persigue analizar el incremento de los índices de violencia de género en la adolescencia, según ha anunciado este lunes el consejero, Emilio de Llera, en la presentación de este encuentro que se celebrará los días 10 y 11 de noviembre en Sevilla con la asistencia de más de un millar de personas.

El Congreso contará con ponentes como la Fiscal Delegada Autonómica de Andalucía de Violencia a la Mujer, Flor de Torres; la abogada y miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pilar Sepúlveda; Francisco Bellido, del Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil; o Enrique Echeburua, catedrático de Psicología Clínica en la Universidad del País Vasco.

Además, De Llera ha anunciado que la lectura del manifiesto correrá a cargo de la directora deportiva de la Real Federación Española de Tenis, Gala León, al tiempo que ha subrayado que “una parte fundamental” de la organización del congreso es su Comité Científico. “Será el encargado de valorar los trabajos científicos presentados y otorgar los premios a las tres mejores investigaciones presentadas y a la mejor infografía”, ha explicado.

Por su parte, la directora general de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Junta, Encarnación Aguilar ha apuntado que el congreso en su conjunto responde a la detección de necesidades formativas”. En este sentido, ha recordado que hay encuestas del Ministerio que “hablan de que el 92 por ciento de los jóvenes reconoce la violencia de género cuando es violencia sexual o cuando son agresioines físicas”, pero “son incapaces cuando la violencia son ataques a travás del whatsapp, vejaciones, insultos o control”.

Venezuela: Más de 300 mujeres del estado Bolívar se juramentan como defensoras comunales

MinMujer Al coro de ¡Palabra de Mujer, la Patria de Hugo Chávez la veremos florecer! más de trescientas mujeres fueron juramentadas como defensoras comunales este viernes desde el Teatro Angostura del estado Bolívar por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer).

Estas nuevas defensoras recibieron formación en materia de prevención de violencia hacia la mujer así como diversos temas concernientes al área de la igualdad y equidad de género durante una semana a cargo la Defensora Nacional de los Derechos de la Mujer, María Hernández Royett.

"Esta juramentación que realizamos en compañía de la primera combatiente, Danipsa Villasmil de Rangel y el gobernador feminista, Francisco Rangel, tiene como objetivo generar e incentivar capacidades en las mujeres que permitan sumar manos a la lucha de los derechos humanos y contra la violencia en sus comunidades, de tal manera que estamos abonando un amino para que las 19 formas de violencia puedan ser combativas”, manifestó Hernández.

Por su parte el gobernador de la entidad expresó "en nombre de los hombres del estado Bolívar, el apoyo a esta campaña de lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer. Hoy asumimos como gobierno regional ese compromiso para seguir avanzando por la seguridad y derecho de las féminas".

Francia Mendoza, habitante del municipio Heres reflexionó que "ese aprendizaje no se queda aquí, sino que ahora nosotras como defensoras seremos multiplicadoras de esos derechos que algunas mujeres todavía no conocen y además transmitiremos el mensaje de que contamos con un Gobierno bolivariano que vela por la seguridad y el bienestar de la mujer".

Cabe destacar que la pareja gubernamental de la entidad, se juramentaron como los padrinos de estas defensoras.

México: Políticas de seguridad con visión de género, piden académicas

Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias La seguridad es un concepto que debe ser analizado y estudiado a la luz de nuevas definiciones que incluyan una visión de género y Derechos Humanos (DH), pues generalmente se diseñan e implementan políticas públicas en la materia lejos de la ciudadanía, especialmente de las mujeres.

A fin de discutir sobre los conceptos, teorías y proponer políticas públicas entorno a la seguridad, se lleva a cabo del 18 al 20 de agosto en la Torre de Humanidades de Ciudad Universitaria el seminario “Seguridad, Género y Derechos Humanos”.

Al inaugurar el evento, la doctora en Sociología Oliva Tena Guerrero explicó que la seguridad es un derecho y al mismo tiempo una condición ineludible para la libertad y autonomía de las mujeres: “Las mujeres no somos libres de caminar libremente sin el temor de ser agredidas en cualquier momento”.

Abundó que generalmente se tiende a pensar la seguridad en dos grandes ámbitos: pública y doméstica, y se plantean medidas para prevenir agresiones o violencia de manera separada en los espacios, pero es en medio de estos dos lugares donde las mujeres están más vulnerables.

Para Tena Guerrero es primordial que encuentros como el seminario –en el que participan estudiantes de diversos ámbitos académicos, especialistas en seguridad ciudadana y grupos civiles– continúen celebrándose, pues México pasa por un momento en el cual se piensa que la seguridad es sólo responsabilidad del Estado y se excluye a la ciudadanía.

A lo que se suma que no se está incorporando la mirada de la academia para formular estrategias de seguridad, como es el caso de la nueva gendarmería próxima a entrar en operaciones.

La también catedrática del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ceiich) de la UNAM resaltó que hay tres tipos de seguridad: ciudadana, humana y democrática.

La seguridad democrática busca preservar el Estado de Derecho y fortalecer las instituciones, mientras que la seguridad ciudadana pone énfasis en la ciudadanía y sus necesidades, y finalmente la seguridad humana amplía ese Estado de Derecho a gozar no sólo de integridad física, sino de una vigencia completa de derechos que garantice a las personas todas las condiciones para su completo desarrollo.

Andrea Daverio, catedrática de la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina (UNLA), sostuvo que es urgente que dentro del planteamiento y ejecución de políticas públicas de seguridad se piense a las mujeres como sujetas de derechos y no como agentes que hay que proteger, además de que se consideren aspectos como la etnia o la forma en la que viven la sexualidad las mujeres y que impacta en la seguridad humana.

Un diagnóstico de la violencia hacia las mujeres en América Latina

Mariana Fernández Camacho

COMUNICAR IGUALDAD- Pasaron diecinueve años desde la firma de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (más conocida como Convención de Belém do Pará) y trece desde que las personas que dirigen el mundo se comprometieron a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. Sin embargo, al momento sólo un tercio de 32 países de América latina y el Caribe cuenta con un plan nacional específico para abordar la violencia contra las mujeres y se percibe un aumento en la magnitud, gravedad y ensañamiento de las expresiones violentas. Así lo confirmó el informe El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, que a fines de noviembre del 2013 publicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en colaboración con ONU Mujeres.

Se trata del mapeo, sistematización y análisis de la respuesta institucional en la región a un problema social que traspasa fronteras, culturas y estratos sociales y económicos y que las mujeres vivimos diariamente en las calles, en las escuelas, en nuestros trabajos y, cada vez más, en nuestros propios hogares.

“Creemos que los avances en los últimos años han sido relevantes pero insuficientes. La mayoría de los países (78%) tienen un plan o política que aborda esta violencia, aunque solamente en un tercio de ellos se trata de planes específicos. La consecuencia es que se difumina el problema y la respuesta del Estado. Queda como un eje más, a veces marginal de la acción pública. Por eso consideramos que la magnitud del tema requiere de los Estados un mejor abordaje institucional, más holístico e integral”, explica Neus Bernabeu, especialista del Área Práctica de Género en el PNUD.

A paso firme

El informe hace hincapié en la institucionalización de nuevas y mejores prácticas, más inclusivas y participativas, que impactan en el diseño y desarrollo de las políticas y/o planes nacionales de igualdad de género y luchan contra la violencia hacia las mujeres. Varios datos confirman estos logros. Por ejemplo: el 87% de las leyes nacionales analizadas tipifican la trata, el tráfico de personas y la prostitución forzada; el 97% de los países aprobaron leyes contra la violencia doméstica; los 32 países (es decir, el 100% de la muestra) implementaron campañas de prevención, sensibilización, promoción, divulgación y/o fomento de actitudes, valores y prácticas de respeto a los derechos humanos y a una vida libre de violencia contra las mujeres; en todos se penaliza la violencia sexual y física, y se crearon espacios de atención médica, psicológica, emocional y económica a mujeres víctimas.

Suenan esperanzadoras también las responsabilidades y funciones compartidas entre el Estado y la sociedad civil que comienzan a notarse, al igual que las estrategias de articulación interjurisdiccional. Para Bernabeu, la tendencia es positiva: “En la mayoría de los países observamos diferentes grados de descentralización/desconcentración que traen ventajas para la implementación de los planes contra la violencia. Se puede mencionar que abren oportunidades de participación con actores sociales e instituciones del territorio, generan sistemas de réplicas y se fortalece la institucionalidad local”.

El único país que parece no hacerse eco de los nuevos aires es San Vicente y las Granadinas, y en Barbados y en Surinam la violencia figura dentro de otra política general. Ivonne Urriola, del equipo regional de género del PNUD, da cuenta de esta particularidad caribeña: “Erradicar la violencia contra las mujeres es un tema que va ganando relevancia en toda la región, pero este análisis nos muestra que algunos de los problemas reincidentes son más profundos en los países del Caribe anglófono. Un ejemplo es la debilidad de los sistemas de información: hay menos datos disponibles y de peor calidad, y eso dificulta los análisis sobre el tema y el poder orientar adecuadamente la respuesta del Estado para eliminarlo”.

De cal y de arena

Según el informe, en el contexto regional actual la mayoría de los países están realizando importantes esfuerzos para la elaboración de nuevas políticas que aborden la violencia contra las mujeres. Incluso, en algunos estados de la región, estos avances permitieron procesos más amplios de reforma y modernización del Estado, plantearon redefiniciones en la relación con la sociedad civil, y abrieron nuevos debates, demandas y agendas. Sin embargo, todavía persisten nudos críticos que afectan la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y planes contra las violencias.

Entre otros, se enumera la escasa voluntad y de apoyos políticos de las instituciones gubernamentales rectoras de las políticas públicas; una insuficiente asignación de recursos financieros; cambios frecuentes en las gestiones y altas tasas de rotación de los equipos encargados de las políticas; y sistemas débiles de información: solo el 62,5% de los países estudiados avanzaron en la creación de mecanismos confiables para medir la violencia contra las mujeres.

A esta altura del campeonato, para Urriola resulta inconcebible andar a tientas: “Este es un tema gravísimo en la región, pues sin buena información es difícil poder hacer buenos análisis y llevar adelante políticas que atajen este problema. Seguimos usando datos generales o antiguos, proyecciones que nos plantean panoramas preocupantes, porque no contamos con buenos datos en la mayoría de los países, continuos, comparables, que aborden las diferentes aristas del problema. Es inaudito que, después de tantos años y con tantas capacidades generadas en otros ámbitos estadísticos e institucionales, sigamos en muchos países en el tema de la violencia contra las mujeres en el mismo punto: sin saber, sin analizar, sin comprender, y por lo tanto, haciendo sin tener un diagnóstico real del problema”.

Resalta también el aumento en la gravedad y el ensañamiento de la violencia contra las mujeres, pese a que el compromiso incansable de diversas organizaciones logró que el tema saliera de los márgenes para entrar en la agenda pública de varios países de la región. Es que la magnitud del problema se va complejizando y se entrecruza con nuevas expresiones de violencia de género, tales como el crimen organizado, el narcotráfico, el acecho por internet y los fenómenos migratorios entre otros nuevos blancos de ataque. Para colmo, el análisis regional confirma que sólo 11 países incluyen al ámbito público dentro de la protección de sus Estados, mientras en la mayoría persisten legislaciones ocupadas únicamente del ámbito familiar, intrafamiliar o doméstico.

ALG4Otra de las deudas de las políticas y planes nacionales analizados tiene que ver con que todas formulan objetivos y estrategias para abordar los ejes de prevención y atención, pero los porcentajes de acción bajan notoriamente cuando se trata de sancionar (58%) y de reparar (40%) la violencia. Queda en evidencia que todavía faltan medidas encaminadas al empoderamiento económico, la reintegración social, el acceso a una vivienda y a un empleo estables, y el fortalecimiento de las capacidades y de la fuerza emocional de aquellas que padecen violencia para tomar decisiones autónomas.

¿Si se estimula la denuncia pero luego no existen los instrumentos para proteger y reparar los derechos vulnerados y los daños morales se cae en una revictimización de las mujeres? Así responde Bernabeu: “Es cierto que la respuesta estatal se concentra sobre todo en los primeros ejes del abordaje (prevención y atención) y más recientemente en sanción y reparación. Por eso uno de los tres pilares de la Campaña del secretario general es precisamente decir ALTO A LA IMPUNIDAD, y eso pasa porque las mujeres que sufren violencia puedan acceder a la justicia, por sancionar a los victimarios y por establecer programas de reparación. Solo de esa manera podremos decir que una sociedad tiene tolerancia cero a la violencia contra las mujeres”.

Ambientes favorables

Para desatar los nudos encontrados, PNUD y ONU Mujeres finalizan la publicación con una descripción de las condiciones institucionales que permitirían crear ambientes favorables para la implementación de planes o políticas que hagan frente a la violencia contra las mujeres. Una suerte de recomendaciones para la acción.

Identificar las oportunidades para incluir esta lucha en las agendas políticas aparece como clave, sobre todo durante la gestión de gobiernos progresistas o mientras se dan procesos de reforma o modernización de los Estados. En ese marco, un punto de partida posible es crear un mapa de actores con quienes abrir canales de diálogo y crear redes y alianzas que posibiliten el trabajo colaborativo. Sin embargo, se hace referencia también a la importancia de que los planes nacionales no queden a merced de vaivenes políticos.

La falta de partidas presupuestarias suficientes debe, necesariamente, constituir otra de las preocupaciones para las autoridades nacionales de los países de la región; y los ejercicios de costeo de la violencia es una de las herramientas de incidencia conveniente para tener mayor claridad de los recursos a utilizar. Asimismo, se menciona fortalecer enfoques integrales en los planes y políticas, y robustecer a las instituciones gubernamentales rectoras. Tampoco queda afuera el foco sobre las capacidades de los cuadros políticos y operadores técnicos de la administración pública en pos de una implementación más eficaz y eficiente de los planes nacionales integrales.

Las políticas públicas surgen para dar respuestas a problemas o a situaciones que demandan atención, y sus contenidos orientan y fijan el rumbo de la acción pública para lograr las respuestas y soluciones satisfactorias para la sociedad. En 2012, dos de cada tres mujeres fueron asesinadas en Centroamérica por el hecho de ser mujeres, y entre el 17% y el 53% de las concubinas o casadas de doce países latinoamericanos denunciaron haber sido violentadas sexual o físicamente por su compañero. Los números no aflojan. Sigamos gritando basta. De nuestro ruido depende.

España: Los jueces niegan el 67% de las órdenes de protección reclamadas por las mujeres

Maria Pereira

AmecoPress.- La orden de protección es uno de los mecanismos actuales con los que cuentan los juzgados para luchar contra la lacra de la violencia de género. Sin embargo, para poder adoptarla es necesario cumplir una serie de requisitos, al llevan aparejadas una limitación de la libertad para la persona a la que se le impone.

Una muestra es que en el primer trimestre de 2012 los juzgados de Violencia sobre la Mujer denegaron casi el 67% de las órdenes reclamadas. De las 373 que se solicitaron, todas ellas a instancia de las víctimas, se aprobaron 124 casos. El 53% de los hombres que fueron enjuiciados por un Juzgado de lo Penal por malos tratos fue condenado.

Según los datos del Observatorio de la Violencia sobre la Mujer del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los jueces recibieron 373 solicitudes entre enero y marzo de este año. Todas ellas fueron planteadas a instancia de la denunciante y, en su mayoría, por mujeres españolas, ya que sólo 58 extranjeras que denunciaron a sus parejas reclamaron este tipo de medida. Igualmente, la gran mayoría de las peticiones, 328, se dirigieron contra hombres españoles.

De todas las reclamadas, los magistrados sólo aprobaron 124, lo que supone que sólo se aceptó el 33,35% y que se denegó el 66,75%, al considerarse que, por los hechos que se denunciaban, no era necesaria la imposición de esta medida. Otro dato llamativo es que de todas las órdenes ingresadas en los juzgados, cuatro de ellas fueron planteadas por mujeres víctimas de malos tratos menores de edad. Todas estas chicas eran españolas.

Pero, además de la orden de protección, los jueces especializados en Violencia sobre la Mujer pueden adoptar otra serie de medidas contra el supuesto agresor que puede ir o no aparejada a la orden de protección. Por ejemplo, la atribución de la vivienda o la permuta de su uso. Pero las más significativas son aquellas en las que también se aparta al presunto maltratador de sus hijos. En estos tres primeros meses del año, en cinco ocasiones se acordó como medida suspender el régimen de visitas, dotando además a la supuesta víctima de una orden de protección. En un solo caso se optó por suspender la patria potestad del denunciado.

Uno de los mayores problemas con los que se encuentran los juzgados de Violencia sobre la Mujer es el elevado porcentaje que aún se produce de renuncias una vez presentadas. Tras ellas, incluso hay casos en los que se ha llegado a otorgar la orden de alejamiento que, una vez concedida, la mujer vuelve con el supuesto agresor. De esta forma, en el primer trimestre, de las 1.476 denuncias que se registraron, acabaron renunciado el 21,27%, es decir, 314 casos.

Esto provoca que los jueces se vean obligados a tener que archivar muchas de estas denuncias, de ahí el alto número de denuncias tramitadas en estos tres meses (791) que acaban en sobreseimiento y que sólo el 5,9% de los casos acabe con el supuesto maltratador en un banquillo, y sólo el 2% de los casos acabe con una sentencia condenatoria.

Sin embargo, el porcentaje de condenas se eleva si nos fijamos sólo en los asuntos que llegan a un Juzgado de lo Penal para juicio. En el primer trimestre fueron enjuiciados 153 hombres, de los que el 34% fue condenado, mientras el 66% fue absuelto. Es decir, 46 acusados fueron considerados culpables y 89 inocentes. La explicación de los especialistas en esta materia es, por un lado, la dificultad de probar unos hechos que se producen en la intimidad y, por otro, la negativa de muchas mujeres a declarar.

Cuba: Academia y comunidad, alianza contra la violencia de género

(Especial de SEMlac)- "Cuando él me maltrataba, yo gritaba y las personas pensaban que era yo la del problema. Ahora él forma los escándalos y todos saben de dónde parte la violencia", comenta Noemí a sus amigas del barrio de Pogolotti, en La Habana.

Este cambio de conducta ha sido posible por el trabajo de sensibilización respecto a la violencia contra la mujer que desarrolla el Taller de Transformación Integral del Barrio (TTIB), acompañado por el no gubernamental Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero (OAR).

Este protagonismo de los TTIB es una de las principales conclusiones del estudio "El papel de la comunidad y de sus actores sociales en la atención a la violencia de género. La experiencia de los Talleres de Transformación Integral del Barrio en Cuba", de la doctora Clotilde Proveyer, del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana.

Para su investigación Proveyer escogió seis talleres entre una veintena en funciones: Alamar Playa, Alamar Este, Pogolotti, El Canal, Los Ángeles y Zamora- Coco Solo. Tuvo en cuenta su ubicación, características y, sobre todo, las iniciativas desarrolladas en la atención a la violencia contra la mujer.

Cada grupo definió los mayores riesgos y desarrolló acciones dirigidas a la sensibilización, capacitación entre actores sociales y trabajo directo con víctimas, en escuelas y espacios intergeneracionales, indicó a SEMlac Zulema Hidalgo, coordinadora del Programa de Género y Violencia de OAR.

Los TTIB se han convertido en las instituciones pioneras en el trabajo de atención y prevención a la problemática de la violencia de género a nivel local, con iniciativas de acción que han marcado pautas y confirman la importancia del papel de sus actores sociales, señala el estudio.

En declaraciones a SEMlac, Proveyer insistió en que pese a carencias en la planeación estratégica, falta de sistematicidad y de articulación entre las diferentes organizaciones, "el trabajo de los talleres es paradigmático, pues funcionan como modelo de lo que se puede hacer y puede perfeccionarse".

A su juicio, la existencia en el país de otras estructuras a nivel barrial, algunas prácticamente sin funcionamiento, facilitaría la atención a un asunto que, sin llegar a niveles extremos, atañe a la sociedad cubana como problema social.

Entre los saldos del trabajo de los TTIB se incluye el papel de los actores sociales y la concientización que se ha ganado en la comunidad.

"De manera inconexa, dispersa, con mil dificultades, los actores sociales y la comunidad identifican la violencia como un problema social, saben que es su responsabilidad, que no se puede dejar a que la solución caiga del cielo y reconocen que son parte de la solución del problema", dijo.

El estudio constató que, pese al incremento de personas en las comunidades que se acercan a solicitar ayuda, es recomendable invertir la lógica de atención e incidir directamente sobre las víctimas, destacó Proveyer al devolver a los talleres los resultados de esta indagación.

Revelaciones

La investigación, premiada en 2010 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en categoría senior, reveló algunas características de las víctimas de violencia de género.

Las 26 mujeres entrevistadas reconocieron ser o haber sido víctimas de violencia en sus relaciones de pareja, aunque no lograron identificar todas sus formas. La gama de la violencia que han sufrido es bastante amplia, desde las más sutiles a las más severas; en algunas se inició desde la infancia.

El diálogo arrojó que la naturalización de las formas más sutiles o simbólicas de violencia impide a las mujeres identificar tempranamente al maltratador y, en otros casos, obstaculiza la concientización de su condición.

El análisis de los resultados puso en evidencia que la violencia del hombre contra la mujer, en una relación de pareja, lejos de ser un problema privado, involucra un conjunto complejo de relaciones con el entorno social.

Hay algunas características aparecidas en la encuesta, que son consideradas por Proveyer como peculiares, y que se distancian del tradicional "síndrome de la indefensión aprendida", definido por la estudiosa estadounidense Leonore Walker y que conlleva a que la víctima desarrolle sentimientos de inseguridad.

"Estas mujeres no se sienten víctimas irremisibles ni condenadas a la victimización, no se sientan a resignarse a su destino de ser una mujer maltratada, como encuentras en otras realidades", dijo.

"Aunque algunas salidas resultan inefectivas y refuerzan el sometimiento, casi todas han elaborado estrategias y muchas han salido de la situación, aun cuando después entren en otra pareja violenta, porque el tema está relacionado con la cultura patriarcal", explicó Proveyer a SEMlac.

"Un elemento significativo en la actitud de las mujeres maltratadas incluidas en el estudio radica en su convicción de no responsabilidad frente al maltrato que padecen o han padecido, lo cual contribuye de manera efectiva a la ruptura del círculo de la violencia", destacó.

La estudiosa, quien por más de dos décadas ha investigado la violencia contra la mujer, opina que esta singularidad es resultado "de la protección legal de las mujeres en un proyecto social que las incluye".

A su vez el estudio reconoce que contra la atención atentan "las insuficiencias que aún persisten por parte de los actores sociales encargados de brindarles apoyo".

De ahí que uno de los mayores reclamos sea "apoyo para lidiar y tratar de poner freno a la violencia que padecen, pero enfatizan sobre todo su necesidad de apoyo emocional e informacional", pues "sabiéndose acompañadas y dotadas de confianza en sí mismas pueden trascender su situación de victimización".

Proveyer insistió en la necesidad de fomentar y fortalecer las redes sociales, vistas por las mujeres como un apoyo para enfrentar y buscar soluciones a las situaciones que viven.

"Los resultados son muy optimistas porque hablan de las potencialidades que tenemos como país para poder enfrentar el dilema social de la violencia", señaló.

Abrir caminos

La existencia del Grupo Nacional para la atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar, coordinado por la Federación de Mujeres Cubanas, facilitó la atención institucional de la violencia en el país y es parte de la voluntad política del Estado cubano en el logro de la equidad de género, indica el estudio.

Pese a que sus propuestas no son de obligatorio cumplimiento por las organizaciones del Estado, Proveyer sostiene que el grupo ha contribuido a dinamizar el tema en la sociedad cubana, lo ha puesto en la agenda pública y ha coadyuvado a que las instituciones sientan la violencia de género como de su incumbencia.

"Hasta la creación del grupo nacional no podías convocar a ninguna institución para nada relacionado con el problema de la violencia porque, ante todo, no lo reconocía como problema social", destaca.

A su juicio, ha sido trascendental el papel del Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero, que desde 2007 inició un proceso de sensibilización y capacitación en los talleres, involucrando a organizaciones y la academia e impulsando el activismo para identificar y desnaturalizar la violencia.

Revertir los entuertos

El estudio incluye una propuesta de Programa de Acompañamiento a actores locales para la atención a la violencia de género, que constituye una estrategia integral de intervención social, mediante acciones de prevención, capacitación, sensibilización y orientación a ejecutar por los actores sociales.

Entre las sugerencias se encuentra la formación de capacitadores en entidades locales para la detección sistemática de violencia familiar y de género, la elaboración de un diagnóstico participativo con enfoque de género para conocer las peculiaridades del fenómeno y de una estrategia de atención que tenga en cuenta las necesidades de las víctimas.

El programa recomienda coordinar servicios de atención a las víctimas por parte de instituciones y especialistas del territorio, trabajar directamente con las mujeres, activar las redes de apoyo y brindar orientación sobre sus derechos y asesoramiento en áreas como la social, la psicológica, la jurídica y la sanitaria.

Para Mercedes Abreu, del TTIB de Pogolotti, la propuesta sirve para trazar una estrategia de trabajo, "muy necesaria porque hasta ahora hemos trabajado por fechas y celebraciones", apunta.

Sandra América Mesa, especialista principal del Zamora-Coco Solo, ve en este estudio y la propuesta de programa "una herramienta que puede ajustarse a cada localidad desde principio a fin para trabajar con las víctimas de violencia".

Según Mercedes Galán Tamayo, investigadora del taller de Alamar Este, "la academia ha visto dónde están nuestras dificultades y oportunidades. Tener un programa nos va a permitir acomodarnos en él para lograr un objetivo deseado".

Chile: Más denuncias y menos presupuesto en violencia de género

Tamara Vidaurrázaga Aránguiz

SEMlac- Un aumento de 11 por ciento de las denuncias por violencia intrafamiliar con respecto al año pasado, y una disminución del presupuesto para estos fines, denunció el estudio "Radiografía del Femicidio en Chile, Desafíos y Brechas", realizado por la ONG Activa.

La investigación indica que por cada víctima que denuncia hay dos que no lo hacen, y las edades de la mayoría de las afectadas fluctúan entre los 30 y los 39 años.

La directora de la ONG Activa, Gloria Requena, aseguró que las campañas para evitar los feminicidios no deben enfocarse en atacar al agresor, sino en entregar recomendaciones a las potenciales víctimas de este tipo de crímenes, aludiendo a la polémica por la campaña del Servicio Nacional de la Mujer, que señala "Maricón es el que le pega a una mujer". Al no estar destinada a las mujeres, además, esta campaña ha sido calificada de homofóbica.

La investigación, realizada con estadísticas de 2009, 2010 y 2011, develó que en la mayoría de los casos el agresor es conviviente o esposo de la víctima y la agresión se produce en el espacio íntimo: 47 por ciento de los casos al interior de la vivienda.

En el 58 por ciento de los feminicidios los victimarios aluden a los "celos" como fundamento para cometer el crimen, seguido de la "venganza", con un 22 por ciento, todo lo cual habla del sentido de propiedad del agresor frente a la víctima.

De acuerdo con el análisis, las medidas cautelares decretadas por la Justicia son insuficientes para contener los efectos de la violencia extrema y requieren ser perfeccionadas a nivel legislativo.

El estudio también reveló un aumento en el nivel de agresividad de los victimarios, puesto que antes se concretaban en su mayoría en golpes y hoy las armas de fuego y blancas concentran el 63 por ciento de los feminicidios.

El informe recomendó incorporar la figura de novios dentro de la ley de feminicidio, ya que hoy no se reconoce este tipo de relaciones y los casos se procesan como homicidios; así como revisar la figura del desistimiento de la víctima cuando ésta efectúa una denuncia, teniendo en consideración que, con posterioridad, en múltiples casos se generan situaciones de violencia aún más graves.

Guatemala: La Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) trabaja por una vida libre de violencia para las mujeres

José Fredy López

Cerigua.- Las acciones implementadas por la Oficina Regional de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), tienen como finalidad promover una vida libre de violencia para las mujeres indígenas del nororiente de Guatemala, informó Delsy Fuentes, delegada de la entidad, con sede en Puerto Barrios, Izabal.

Fuentes dijo que entre la problemática que afecta al sector femenino, además de la violencia intrafamiliar, física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, existen una serie de situaciones relacionadas con su identidad cultural y ciudadana, pues aún existe una cantidad significativa de mujeres que carecen de sus documentos de identidad, debido entre otros factores, a la pobreza y la falta de información.

Hemos desarrollado procesos de gestión, acompañamiento y asesoría legal ante el Registro Nacional de las Personas (RENAP), para que las mujeres puedan obtener sus documentos y con ello ejercer y gozar de sus garantías y derechos, principalmente en el área Chortí, del departamento de Chiquimula, donde existe una prevalencia de esta problemática, aseveró la delegada regional de la DEMI.

La entrevistada subrayó que además de las actividades de asesoría legal y acompañamiento también trabajan en el tema de capacitación y fortalecimiento de las capacidades femeninas para la incidencia social y política, para lo cual ejecutan una agenda compartida con organizaciones e instituciones afines, como la Secretaría Presidencial de la Mujer y las Oficinas Municipales de la Mujer.

La información de la delegada regional indica que la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones, tiene una alta incidencia contra ese sector social, que históricamente ha sido marginado y excluido, sin embargo, la sociedad debe tomar conciencia que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia, por lo que toda acción que atente contra la dignidad femenina debe ser censurada y condenada.

Finalmente, la profesional del derecho hizo referencia a las limitaciones que enfrenta la Defensoría de la Mujer Indígena en la región nororiente, principalmente la falta de personal y recursos para atender las necesidades del sector femenino, situación que incide negativamente en la poca cobertura y demás atribuciones.

Puerto Rico: Emergencia nacional por las mujeres

María Suárez Toro
(SEMlac).- Ante la gravedad de la situación de violencia en Puerto Rico, más de 25 organizaciones de mujeres y de derechos humanos declararon estado de emergencia el pasado 13 de julio, en la sede el Colegio de Abogados, en El Condado, cerca de San Juan, la capital.

En su comunicado denuncian que ya suman 21 las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en 2011. “Hoy, en Puerto Rico, el asunto es tan grave que no bastan los mensajes con lamentos, no basta con denunciar o repudiar la violencia”, declaró Vilma González, coordinadora general de la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM).

“Hay que articular un plan: necesitamos todo el cuerpo policiaco adiestrado, jueces y juezas verdaderamente informados y sensibilizados; profesionales de la salud capacitados; escuelas, universidades y lugares de trabajo con la infraestructura necesaria para atender las víctimas y protocolos vigentes. Las organizaciones que trabajamos diariamente con las víctimas y sobrevivientes presentamos hoy nuestra denuncia y nuestras propuestas,” agregó González.

La declaratoria del estado de emergencia fue organizada por la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM), Coalición Puertorriqueña en contra de la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual, junto a otras organizaciones sin fines de lucro.

La psicóloga social puertorriqueña Tere Ríos aclaró, en una entrevista aparte con SEMlac, que uno de los casos que actualmente se ventilan en la corte es contra Hilton Cordero, Comisionado de la Policía Municipal de San Juan, relacionado con pornografía infantil mediante el uso de imágenes en Internet de una vecina y amiguita de su hija.

El 5 de febrero, Cordero fue acusado formalmente en las cortes de la isla por alegados actos lascivos y es defendido por un abogado que le consiguió el Frente Unido de Policías Organizados (FUPO). La denuncia contra Cordero fue puesta por una trabajadora de la escuela donde estudia la niña e investigada por la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales.

Durante la conferencia, Vilmarie Rivera, directora de la Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico, llamó a reflexionar sobre la falta de servicios y recursos para apoyar a las víctimas secundarias de la violencia doméstica, como familiares, hijos e hijas involucrados.

“Exhortamos a que, si algún familiar sospecha o tiene conocimiento de que existe una víctima de violencia doméstica, se eduque sobre las manifestaciones y el ciclo de la violencia doméstica, de manera que pueda servir como un recurso que ayude a la víctima/sobreviviente a tomar decisiones asertivas para enfrentar su problemática”, recomendó Rivera, quien es Directora del Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced.

La licenciada Amárilis Pagán Jiménez, portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) y directora ejecutiva de Proyecto Matria, recomendó al gobierno actuar con firmeza.

“No hay espacio para improvisar con la vida de las mujeres. Necesitamos estrategias a corto, mediano y largo plazo. Por eso, entendemos que un primer paso es revisar los estudios y planes estratégicos que ya existen en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y actualizarlos a la luz de este nuevo panorama”, señaló Pagán.

Argentina: Las adolescentes alertas ante la violencia de género

Marcela Valente
IPS.- "Si lo hubiera sabido cuando era joven (…)" o "si me lo hubieran dicho". Esas son algunas de las reflexiones de muchas mujeres adultas que llegan al servicio especializado de atención a víctimas de la violencia de género instalado por un municipio cercano a la capital.

La confesión, repetida, derivó en la creación del Programa de Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia en el distrito de Tigre, en la oriental provincia de Buenos Aires, para que las jóvenes estén alertas frente a la violencia: "El objetivo es sensibilizar a los adolescentes, tanto varones como mujeres, en las representaciones de género y promover relaciones afectivas saludables entre ellos", declaró la coordinadora técnica del programa, Laura Ferreira.

Tigre está ubicado 35 kilómetros al norte de la capital argentina y tiene una población cercana a los 340.000 habitantes. En 1996, el asesinato de una joven de 17 años a manos de su novio que le propinó 113 puñaladas conmocionó al distrito.

Como consecuencia de esa tragedia, se desarrolló una política centrada en los temas de violencia de género y se crearon instituciones públicas para atender el problema. Ahora el blanco de esa política son los y las adolescentes.

Los especialistas hicieron una encuesta en todas las escuelas secundarias del municipio e impartieron talleres para reflexionar sobre las representaciones de género y para revisar la construcción estereotipada de roles entre los sexos.

Los resultados fueron publicados en un informe que lleva el título del programa y que pone en contexto el fenómeno de la violencia de género en la primera juventud.

El estudio recuerda que, en Argentina, una de cada cuatro mujeres es víctima de alguna forma de violencia y que durante 2010 se registraron al menos 260 feminicidios (asesinatos que se encuadran en la violencia de género), en la gran mayoría de los casos perpetrados por sus parejas o ex parejas.

"La edad de las víctimas oscila entre 19 y 50 años, lo que nos permite suponer que la violencia en el marco de las relaciones afectivas se inicia tempranamente y que sus consecuencias pueden ser fatales", advierte la investigación.

Menciona también la labor de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en enero de este año recibió 657 denuncias de violencia, 78 por ciento de las cuales tienen como víctimas a mujeres.

"En la provincia de Buenos Aires, una mujer es asesinada cada dos días"

También remarca que es más probable que una mujer muera en el distrito asesinada por su pareja o ex pareja que por un accidente de tránsito o un intento de robo.

Las situaciones de violencia crónica con episodios de maltrato comienzan en el noviazgo, por eso "la prevención de la violencia debe realizarse no solo con mujeres adultas sino en todas las franjas de edad e incluyendo ambos sexos", reza el informe.

En esta perspectiva, los adolescentes son considerados "particularmente vulnerables por la fragilidad propia de la edad y porque es el momento en que se inician las relaciones de pareja". En ese marco, el gobierno de Tigre avanzó en un plan de contención y asistencia a mujeres víctimas de violencia, creó una comisaría policial de la mujer y una fiscalía que recibe denuncias e investiga casos de violencia de género.

La comisaría recibió en octubre último unas 700 denuncias por violencia de género y un centenar que refieren a maltrato y abuso contra niños y niñas.

Luego se trabajó en el nivel preescolar y en las escuelas primarias con los maestros y maestras, para reflexionar sobre los roles estereotipados de varones y mujeres en los libros de texto, en los rincones de juego y en el uso de los espacios escolares.

Finalmente la tarea se centró en los adolescentes. El programa no sólo se limita al diagnóstico y reflexión. "Comenzamos a trabajar en la sensibilización y capacitación de los docentes para que esto tenga continuidad", dijo Ferreira.

El trabajo con los adolescentes reveló que cuando una mujer es criada para ser "débil" y el varón para ser "macho y fuerte" se sienta las bases de relaciones de poder asimétricas que posibilitan, en ocasiones, el ejercicio de la violencia.

También se vio que los varones encuestados duplican a las mujeres en el ejercicio de la violencia hacia sus parejas, porque "están socializados para responder a un modelo masculino hegemónico que resalta la potencia sexual y la fuerza física, el rol de proveedor, la represión de los sentimientos y emociones, y la exposición al riesgo".

La investigación advirtió, además, acerca de la alta correspondencia que aparece entre violencia familiar en la infancia y ejercicio o padecimiento de esta práctica en las relaciones afectivas que se establecen en la adolescencia.

Con este mismo objetivo de apuntar a la adolescencia como una etapa clave para la prevención, la organización no gubernamental, Mujeres en Igualdad, lanzó un programa titulado "La generación digital contra la violencia de género".

La idea es hacer prevención valiéndose de las herramientas que ofrece Internet, explicó la directora de la entidad, Monique Altschul. La propuesta incluye la creación de un blog y la campaña informativa mediante redes sociales.

Pero también prevé la participación de los jóvenes mediante el llamado a concurso para estudiantes secundarios de jingles, carteles, adhesivos, videos y películas de cortometraje que apunten a denunciar o al menos rechazar los noviazgos violentos.

México: Mujeres Choles denuncian irregularidades de programa Oportunidades

Comité DDHH de Base Digna Ochoa
Kaos en la Red Mujeres y pobladores en Tila se inconforman por irregularidades en unidad rural del IMSS y por condicionamiento del programa gubernamental Oportunidades,

-Se firma minuta de acuerdos con autoridades gubernamentales.

El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa hace del conocimiento público que mujeres y pobladores del ejido Nueva Esperanza, municipio de Tila presentaron el 5 de abril un documento de queja en la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social sito en la ciudad de Tapachula, Chiapas.

En dicha queja manifestaron su inconformidad y denunciaron las irregularidades que se presenta en la unidad médica rural-UMR- del IMSS ubicada en Nueva Esperanza. Señalando que por parte del personal que ahí laboran han recibido tratos ofensivos y discriminatorios, que las mujeres son obligadas a recibir preservativo y que son amenazadas de perder el apoyo del programa Oportunidades, cobros injustificados por la atención en partos.


Las mujeres y ejidatarios de Nueva Esperanza han señalado directamente como responsables de estas irregularidades a la Dra. Ana Elizabeth Mirafuentes Ramírez, médica encargada de la UMR; Técnico Cornelio López Pérez, auxiliar de la UMR y Elsa Concepción Jiménez Pérez, promotora de Oportunidades. Las mujeres y ejidatarios exigen que se proceda a su inmediata destitución.

Asimismo con apoyo de este Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa se presentó una queja formal ante la CNDH de San Cristóbal de Las Casas el día 12 de Abril. Hasta el momento de emitir este boletín no hay ninguna respuesta por parte de la CNDH.

Como respuesta a las inconformidades los citados empleados de la UMR citaron el día 13 de abril a todas las mujeres beneficiadas del programa Oportunidades para obligarlas a firmar una carta en su apoyo, y que no de no hacerlo se les retiraría inmediatamente como beneficiarios de este programa.

Las mujeres de Nueva Esperanza se molestaron ante estos condicionamientos y como respuesta decidieron tomar las instalaciones de la UMR durante cerca de 3 horas y pedir el apoyo de las autoridades ejidales y ejidatarios de Nueva Esperanza.

Como resultado de esta acción, la Sub-Secretaría de Gobierno ubicada en Yajalón se comprometió a sostener una mesa de diálogo con las mujeres y ejidatarios de Nueva Esperanza el día 27 de Abril. En la que estarían presentes representantes de la Secretaría de Gobierno, del IMSS y del programa Oportunidades.

Esta mesa de diálogo se efectuó en el salón de usos múltiples del ejido Nueva Esperanza contando con la presencia del Delegado de Gobierno Maximiliano Narváez Franco, El Responsable de atención del programa Oportunidades Lic. Jesús Cigarrón Cigarrón, El representante de la Delegación del IMSS, C.P. Martín Zenteno Hernández; así como los empleados de la UMR del IMSS, siendo pública y estando presentes todos los pobladores y pobladoras choles de Nueva Esperanza.

Dentro de los acuerdos que se asentaron en la minuta que se firmó se establece que el C.P. Martín Zenteno Hernández como representante del IMSS manifiesta que a partir del 1 de mayo del año en curso deja de proporcionar sus servicios el señor Cornelio López Pérez, ello luego de escuchar las diversas quejas e irregularidades presentadas por mujeres y hombres de la comunidad.

Asimismo el representante del programa Oportunidades dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social manifestó que dentro de las reglas de operación del programa no existe la figura de Coordinación General del Programa Oportunidades-la cual habían usado los empleados de la UMR del IMSS para presionar a las mujeres-, asentando su sorpresa que en esta comunidad supuestamente exista esta figura.

Este Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa expresa su preocupación por estos hechos ocurridos en la comunidad Nueva Esperanza, los cuales son sólo un ejemplo de cómo desde el gobierno federal y estatal del estado se violenta su derecho a recibir salud con calidad y con un trato respetuoso y digno, así como el programa Oportunidades es utilizado para presionar y engañar a las mujeres indígenas para obligarlas a usar métodos anticonceptivos.

¡POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE NUESTRO PUEBLO!

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE BASE DE CHIAPAS DIGNA OCHOA

España: La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres exige que "se extremen las medidas contra los agresores"

Gloria López

AmecoPress. Ya son cinco las muertes ocurridas por violencia machista desde que comenzó el año y aún no hemos acabado ni el primer mes. Este dato alerta especialmente a las organizaciones de mujeres dedicadas a la lucha contra la violencia de género. Así, la Comisión para la Investigación de malos Tratos a Mujeres ha emitido una comunicado en el que manifiesta la necesidad de exigir al Gobierno, a las Instituciones Públicas y al Poder Judicial, que “se extremen las medidas contra los agresores”.

Según la organización, "la mayoría de las condenas existentes en procesos incoados por violencia de género, son constitutivas de delitos calificados como violencia ocasional o mal trato y no como verdadera violencia habitual, minimizándose de esta forma la entidad de las agresiones y de la situación objetiva de riesgo que sufren las mujeres".

Asimismo, señala que "la aplicación de la Ley Integral tiene que resultar efectiva, y para ello hay que asumir, que todavía la Violencia de Género sigue siendo uno de los problemas más graves con los que se enfrenta nuestra sociedad".

La Comisión asegura que "muchas de las mujeres víctimas de estos crímenes, ni tan siquiera habían presentado denuncia previa". En este sentido hacen un llamamiento expreso a las víctimas y a su entorno. “No podemos permitir la continuidad de estas conductas, en una sociedad que pretende ser democrática e igualitaria”, advierten.

“No hay que admitir ningún tipo de manifestación, por mínima que pueda parecer, que implique un abuso de autoridad o violencia- física, verbal, económica…- contra la mujer, por parte de sus parejas, pues cualquiera de estas conductas puede ser el inicio o la constatación de la violencia soterrada que ha llevado a algunas mujeres a sufrir hechos como los de ayer”, enfatizan desde la Comisión, refiriéndose al último asesinato de una mujer por violencia machista.

¿Quién teme a los procesos colectivos? Apuntes críticos sobre la gestión de la violencia de género

La Haine/Tijeras para Todas El discurso contra la violencia hacia las mujeres forma parte implícita y también explícitamente del discurso político general. La violencia machista es rechazada por el conjunto de la sociedad y todo el mundo parece reconocer que es un problema político de primer orden. Por supuesto, también los movimientos sociales recogen estos planteamientos y muestran abiertamente su propio discurso antisexista. Hasta aquí perfecto.

Os preguntaréis por qué estamos escribiendo este texto… Nosotras nos preguntamos por qué hay tantas agresiones dentro de los movimientos sociales y por qué tanta incapacidad para gestionarlas colectivamente. Nos preocupa el nivel de tolerancia que hay en los espacios políticos ante las agresiones y la naturalización/normalización de ciertas formas de violencia. Nos inquieta la incongruencia entre discurso y práctica y la falta absoluta de sensibilidad al respecto; lo que demuestra que es un tema de cuarta, si es que llega a considerarse como tema. Nos enfurece que dentro de los movimientos sociales actuemos como si nos hubiésemos creído lo de que las cuestiones que plantea el feminismo ya fueron asumidas por tod*s y por tanto, ya están superadas y son repetitivas e innecesarias. Y ello a pesar de que reivindicaciones básicas de hace más de un cuarto de siglo siguen aún en el tintero, y cuando las mujeres de todo el mundo sufrimos distintos tipos de discriminación que coartan la libertad de expresión, de pensamiento, la libertad sexual y de movimiento. No solo eso, hay un retroceso en las prácticas colectivas y en el discurso respecto a un pasado no tan lejano en Barcelona, hecho sintomático de que apenas quedan grupos feministas, lo que demuestra que, una vez más, eran solo las mujeres las que se ocupaban de la violencia. Este retroceso en las prácticas colectiva no es un problema de los 4 babosos de turno, hablamos de un problema estructural y de una cuestión de responsabilidad colectiva.

Sin embargo, existe una gran dificultad para identificar las múltiples caras de la violencia contra las mujeres, así como para detectar los casos que pueden ser incluidos bajo ese nombre; este es un magnífico mecanismo para nadar y guardar la ropa, del tipo “la violencia está muy mal, pero esto justamente no es violencia”. La violencia estructural contra las mujeres no es un concepto abstracto propio de los libros, ni una cosa de la vida de los otros, ajeno a nuestro micromundo en los movimientos sociales. La violencia estructural no son los cuatro abusos concretos en boca de todo el mundo, ni la suma infinita de agresiones que cada una puede constatar haber sufrido. Tampoco son aquellas acciones perpetradas por monstruos que vejan y apuñalan. El iceberg no sólo es punta.

Estamos hablando de pautas generalizadas de dominación que atraviesan la experiencia de ser mujer y todas las esferas de la cotidianidad: las relaciones personales, la percepción y el uso del espacio público, el trabajo, la autoridad reconocida, la percepción de los propios derechos o la ausencia de ellos, la relación con el propio cuerpo y la sexualidad, y así un largo etcétera. La violencia estructural es un mecanismo de control sobre las mujeres, pero no solo como forma extrema, amenaza de castigo omnipresente que necesita ser provocada o desencadenada, sino que es una forma de relación normalizada y naturalizada y que por lo tanto puede ser ejercida sin necesidad de justificación.

Pero no estamos haciendo una disertación teórica, hablemos de casos concretos. En el último año han habido numerosas agresiones físicas y sexuales hacia mujeres dentro de los movimientos sociales, y una reciente la ha sufrido una mujer de nuestro colectivo: una violación en su propia casa dentro del contexto político de Barcelona, por un habitante de la misma, que es uno entre tantos. Dicho sujeto se pasea tranquilo durante semanas, ajeno a cualquier movimiento que se pudiera estar cociendo por parte de ella, pues –angelito- ni siquiera era consciente de haber hecho nada malo… Pero se equivocaba. Ella quiso hacerlo público y plantearlo en un gran colectivo, con él presente, proponiendo su marcha inmediata. No solo porque lo ocurrido es una agresión hacia ella, sino porque es una cuestión política y colectiva de primer orden. Y este colectivo toma la decisión de que dicho sujeto ha de irse de la casa por una cuestión colectiva y política. Nosotras valoramos positivamente una cosa, y es que hace mucho, mucho tiempo que no veíamos reaccionar así a una mujer, ni a un colectivo, teniendo en cuenta las dificultades que encontramos para gestionar grupalmente estas situaciones. En un inicio, nos sentimos muy satisfechas de que esta agresión no hubiera sido silenciada como tantas otras y obtuviera una respuesta. En este sentido, este caso es una excepción. Sin embargo, a partir de aquí sucedieron muchas cosas, cambios de discurso, de posiciones y decisiones. Con el paso del tiempo, lo que en un inicio fue considerado político terminó relegado al terreno de los conflictos personales. Siete meses después, se tomó la decisión de que el sujeto regresara a los espacios públicos de la casa. Más allá de esta cuestionable decisión, lo que nos parece grave es el proceso por el cual se llega a este resultado, en definitiva semejante a tantos otros.

Que los grupos (aunque una minoría) traten de buscar una respuesta ante los casos de violencia que se producen en su seno supone un paso hacia delante en la reflexión, la gestión colectiva y la erradicación de la violencia. Pero notamos que en líneas generales, y a causa de la falta de profundidad y sensibilidad a la que nos referíamos, las respuestas que suelen darse desde colectivos mixtos a nuestro entender son de mínimos, y a menudos sufren de algunos problemas de base que desvirtúan el proceso. Hablaremos aquí de tres de ellos que nos parecen particularmente graves:

· El primero, más recurrente y más influenciado por el trato mainstream de la materia, es el darle a los casos de violencia contra las mujeres un trato de problema privado y personal, a ser resuelto entre dos. Cuando lo que es denunciado como agresión se afronta como una cuestión personal donde intervienen emociones, o se lee como un asunto turbio donde no hay una verdad, sino dos experiencias muy distintas de una misma situación confusa, etc., entonces, perdemos la posibilidad de hacer política, que es al fin de lo que se trata cuando hablamos de violencia machista.

Hay incluso formas de trasladar el asunto a un plano personal dentro de una gestión colectiva. Por ejemplo, cuando se plantea cualquier trabajo del colectivo como hecho por y para la “víctima”, en vez de una tarea que el colectivo necesita para sí; cuando la intervención del grupo se plantea como una forma de mediación entre las “partes afectadas”; o cuando se define el problema como un asunto particular del colectivo a ser resuelto de puertas adentro, o lo que es lo mismo, la versión numerosa de los trapos sucios se lavan en casa. Es decir, colectivizar no es condición suficiente para hacer política.

Cuando tomamos decisiones o posicionamientos políticos, siempre está la posibilidad de recibir críticas y entrar en discusiones. De hecho son muchos los debates que siguen abiertos dentro de los movimientos sociales en Barcelona. Pero resulta que ante las situaciones de gestión colectiva de violencia contra mujeres, se levantan murallas contra las opiniones, críticas y planteamientos externos; se intenta mantener a toda costa fuera del debate colectivo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tanto miedo al debate? ¿No será fobia enfermiza a las feministas? ¿O es que ni siquiera le estamos dando la categoría de asunto político?

· El segundo problema de la gestión de los colectivos no feministas de casos de violencia contra las mujeres consiste en trabajar a partir del engañoso esquema víctima-agresor, propio de la crónica de sucesos. De acuerdo con éste, hay un agresor, que es el hombre malo, el monstruo, la excepción; y una víctima, la que necesita auxilio. Cuando el que tiene que ocupar el primer papel es un colega o compañero, tenemos muchos problemas para “colgarle la etiqueta”, y miedo a “demonizarlo”, porque además este esquema se plantea como un juicio integral sobre la persona. Pero, llamemos a las cosas por su nombre: agresión es lo que describe el hecho, agresor es el que la comete. Hacer esto no debería ser un obstáculo insalvable ni tampoco una opción reduccionista que niegue otras facetas que pueda tener una persona. Por eso, es mucho peor andarnos con eufemismos y relativismos.

Por el miedo a llamar a las cosas por su nombre pretendemos encontrar “otras explicaciones” o incluso justificaciones, del tipo “estaba borracho/drogado”, “ella se estaba insinuando, o se lo estaba buscando”, y también a cuestionar el grado de responsabilidad del agresor sobre sus actos, y así un largo etcétera. Como consecuencia de la inoperancia del esquema, solemos perdernos en juicios pormenorizados de los sucesos, como si ahí residiera la solución. Se traslada la discusión a factores externos o a detalles morbosos de los hechos en vez de abordarlo desde la comprensión de lo estructural de la violencia contra las mujeres y la necesidad de conservar una tensión y atención constantes para no reproducirla. Si no, ¿por qué cuando el caso concreto nos toca de cerca, los principios que en otras circunstancias serían incuestionables se desvanecen?

El segundo papel dentro de este esquema se le atribuye a la mujer agredida, con lo que se la sitúa en una posición de incapacidad: todo lo que diga o haga la “víctima” será leído en clave de reacción emocional, nerviosismo, impulsividad e indefensión. Las actitudes paternalistas y proteccionistas hacia la que ocupa el rol de víctima obstaculizan su participación en plano de igualdad en el proceso colectivo.

Entonces, reconocer la estructuralidad de la violencia machista es crear las condiciones necesarias para evitarla, y en último lugar responsabilizarnos cuando sucede en nuestro entorno. Pero a menudo esto no se da porque asumir esa responsabilidad es abrirle la puerta a la posibilidad de reconocernos en los zapatos del agresor, lo que da pie a lamentables estrategias de corporativismo masculino, en el que los compañeros guardan silencio por miedo a que sus cabezas rueden junto a la del que está siendo señalado abiertamente en ese momento.

· Por último, en la práctica de la gestión colectiva de agresiones contra mujeres encontramos una jerarquización de intereses tácita, y en consecuencia una subordinación de todo lo referente a nosotras. Cuando lo que se prioriza por encima de todo es el consenso, en un grupo donde más de la mitad no tienen siquiera una reflexión propia previa y cuyo discurso pasa por simplificaciones precocinadas propias de cualquier telediario, y además estas opiniones se ponen a la misma altura que discursos fundamentados y sensibilidades desarrolladas a partir de un trabajo previo, entonces, nos dejamos arrastrar por la tiranía de lo mediocre, que conseguirá desvirtuar los argumentos y rebajar el discurso a un nivel de mínimos. Encadenar palabras grandilocuentes no significa articular un pensamiento elaborado.

El consenso aquí expuesto cumple dos funciones: mantener cierta cohesión en el grupo y dar una ilusión de legitimidad a las decisiones. Ante el riesgo de conflicto se agudizan los roles de género preestablecidos, que para las mujeres significa cumplir el papel de mediar, pacificar, comprender.

Paradójicamente nos encontramos con que otras mujeres actúan priorizando la unidad del colectivo y el consenso mediocre, como si la agresión a una de nosotras no fuera en realidad problema de todas. Esto es a su vez pone de manifiesto lo arraigadas que están las formas heteronormativas en nuestro hacer: la definición de lo que es público y político se hace de acuerdo con los cánones del universal masculino, y así las mujeres asumimos discursos construidos en esa clave y puestos en el centro bajo esa lógica y dejamos de politizar cuestiones que nos afectan por no aburrir o dar la nota, perpetuando la necesidad de aprobación de la mirada masculina y las formas de relación entre sexos. Otra vez nos vendieron la moto y nos dedicamos a cooperar para que nada cambie.

Como vienen diciendo las feministas desde hace décadas, es necesario hacer políticas las cuestiones que nos afectan a las mujeres, y no solo de palabra ni como coletilla. Si apostamos por los colectivos mixtos, coloquemos dichas cuestiones en el centro dándoles la importancia que tienen.

Siguiendo con lo anterior, los colectivos que asumen gestionar una situación de violencia de género han de hacer público su posicionamiento y permitir el debate para que sirva de precedente y que así se produzca una acumulación de experiencias (no partir siempre de cero). De lo contrario, estamos privatizando, restando trascendencia y practicando seudo política de auto consumo.

En definitiva, ¿qué vamos a hacer al respecto de todo lo expuesto? Lo peor del sexismo se reproduce en los movimientos sociales, pero no estamos asumiendo las responsabilidades colectivas para hacer una gestión adecuada de la violencia de género. Es evidente, pues, la necesidad de colectivos feministas así como de recoger el trabajo y las aportaciones que estos grupos vienen haciendo.

Mirar y actuar: por una Europa sin violencia contra las mujeres

AmecoPress. Activistas de Amnistía Internacional (AI) Madrid salieron a la calle el pasado sábado a demandar una Europa sin violencia contra mujeres y niñas, y sensibilizar a la ciudadanía sobre los graves vacíos que existen en la UE para afrontar todas las formas de violencia de género.

Con una ruleta gigante se ha representado la distinta suerte que pueden correr mujeres y niñas víctimas de violencia de género según el país de la Unión Europea en el que vivan, y la necesidad de mirar y observar lo que se esconde detrás de cada país.

“En nuestra avanzada Europa decenas de miles de mujeres y niñas sufren violencia a manos de sus parejas y ex parejas, son explotadas y tratadas como mercancía, son blanco de atroces actos de violencia sexual, sometidas a mutilación genital o a matrimonios forzosos, entre otras formas de violencia”, afirma la organización en un comunicado.

Violaciones de Derechos Humanos

Por ejemplo, en Suecia, sólo el 12% de las violaciones denunciadas a la policía desemboca en juicio. En Dinamarca, el sexo sin consentimiento en el matrimonio no está penado. En Francia, una mujer muere cada tres días a manos de su pareja. En Alemania, una de cada cinco sufre violencia física o sexual. Y, en España, las víctimas de violencia de género en situación irregular, se arriesgan a ser expulsadas del país si se deciden a denunciar.

Pero realmente se desconoce la magnitud del problema, ya que la violencia de género en los países de la UE sigue estando oculta. Países como Eslovenia, Finlandia, Grecia, Holanda, Hungría, Lituania, Polonia y Rumania no registran información sobre violencia de género ni en las comisarías, ni en los juzgados, y otros como Austria, Bulgaria, Estonia, Italia o Malta ni siquiera tienen legislación o planes de acción para abordar la violencia.

Además de una respuesta desigual en los distintos Estados miembros, tampoco existen políticas comunes para combatir la violencia de género en el ámbito europeo. En el acto del sábado centenares de personas firmaron postales y lupas dirigidas a la Ministra de Igualdad solicitando que el Observatorio Europeo contra la violencia de género que impulsa la Presidencia española no se limite únicamente a los casos de violencia a manos de la pareja o expareja y aborde todas las formas de violencia que sufren las mujeres y niñas.

Estas reivindicaciones en favor de los Derechos Humanos han contado con un extraordinario acompañamiento musical en directo a cargo del coro “Voces Creativas”. Además, otras 40 ciudades españolas se han sumado a esta iniciativa de Amnistía Internacional durante estos días.

Peticiones a la Presidencia española de la UE

En el marco del Consejo de Empleo, Política Social y Sanidad (EPSCO, por sus siglas en inglés) que se celebra en Bruselas el próximo 8 de marzo y de la reunión informal de Ministros y Ministras de Igualdad que se celebra en Valencia el próximo 26 de marzo, Amnistía Internacional pide a España y al resto de los Estados miembros que adopten un compromiso formal para impulsar iniciativas de lucha contra la violencia de género en todo el territorio de la UE.

“El Observatorio es un primer paso positivo, pero de nada servirá si no existe entre los 27 una firme voluntad política y un compromiso expreso de darle continuidad para su adecuada puesta en marcha. Deben establecerse estándares mínimos comunes, como existen en materias como transportes, comercio, seguridad o inmigración y asilo, que obliguen a los Estados miembros a garantizar la prevención de la violencia de género, la protección de las víctimas, la sanción del delito y la reparación”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Para ello, Amnistía Internacional ha pedido a la Presidencia española, que el Observatorio Europeo de Violencia de Género sea un órgano independiente, aborde todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, recoja datos para dar visibilidad al problema, trabaje la prevención, el procesamiento de los autores, así como la protección y la reparación de las víctimas.

También, la organización reclama que se establezcan los procedimientos adecuados para identificar, proteger y ofrecer indemnización a las personas objeto de trata, en cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

Así mismo solicita que se haga una referencia expresa en el Plan de Acción del Programa de Estocolmo a la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, a la mutilación genital femenina, y al principio de diligencia debida en cuestiones penales, acceso a la justicia, cooperación policial y procedimientos de asilo individuales. El Parlamento Europeo estimaba en 2008 que alrededor de 500.000 mujeres y niñas han sido sometidas a mutilación genital femenina en Europa y otras 180.000 corren riesgo de ser mutiladas cada año.

En definitiva, AI impulsa esta campaña con el objetivo de exigir que se adquiera un compromiso con los derechos de las mujeres y las niñas, también fuera de las fronteras de la UE. Para ello, la organización afirma que nuestro Gobierno, aprovechando la Presidencia de la UE “debería impulsar mejoras en el caso de 9 defensoras de los derechos de las mujeres nicaragüenses, que se enfrentan a varios cargos por haber ayudado a una niña de 9 años, violada en 2003, a abortar legalmente”. Éste es uno de los 10 casos de personas en riesgo que Amnistía Internacional ha presentado a la Presidencia española.

Las jóvenes rechazan la violencia sexista

Juan C. Berdonces
El Correo Digital

«Vamos ganando terreno a la violencia». La afirmación de la responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en La Rioja, Ana Santos, se concreta en datos. Durante el pasado año se presentaron en la comunidad 506 denuncias por violencia de género, un 17,6 por ciento más que en 2008. Un avance.

Pero hay más. De esa cifra total de denuncias, 220 fueron tramitadas por jóvenes menores de 30 años, lo que supone un 43,5%. «La violencia entre la juventud se hace visible», añadió Santos. No es que aumenten los casos, pero sí la conciencia femenina.

La prevención y la educación desde edades tempranas forman la «única hoja de ruta» para acabar con la violencia de género. De hecho, 42 de esas 220 denuncias de jóvenes correspondieron a chicas de menos de 20 años.

También es importante que el incremento de denuncias se haga más patente en el medio rural, dado que las variables contextuales y las condiciones de vida de las mujeres que viven en localidades más pequeñas contribuyen a que ellas sean más vulnerables a los malos tratos y tengas más dificultades para salir del ciclo de la violencia. Así, el aumento de denuncias fue de un 12,5% en Logroño y de un 30% en el conjunto de La Rioja.

Durante el último medio año, de julio a diciembre, el tres por ciento de las denuncias se interpusieron a instancias de vecinos, amigos o familiares de las víctimas, decisiones que denotan mayor implicación del entorno cercano de las mujeres agredidas.
Asimismo, en el 17,50% de los casos las Fuerzas de Seguridad actuaron de oficio, por intervenciones directas o porque existe un control riguroso de las medidas de alejamiento. «En este momento, el nivel de coordinación policial permite una efectividad superior a la hora de controlar esas medidas y hacer el seguimiento continuado a las víctimas», dijo Santos.

Otros datos relevantes del balance son que 231 denuncias las presentaron españolas, por 275 las extranjeras; que siete de cada diez llegaron de mujeres que conviven en pareja con sus agresores; que el 70% de las denuncias fueron por maltrato físico y de ese porcentaje la mitad fueron lesiones leves pero sí hubo tres casos graves.