María Suárez Toro
(SEMlac).- Ante la gravedad de la situación de violencia en Puerto Rico, más de 25 organizaciones de mujeres y de derechos humanos declararon estado de emergencia el pasado 13 de julio, en la sede el Colegio de Abogados, en El Condado, cerca de San Juan, la capital.
En su comunicado denuncian que ya suman 21 las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en 2011. “Hoy, en Puerto Rico, el asunto es tan grave que no bastan los mensajes con lamentos, no basta con denunciar o repudiar la violencia”, declaró Vilma González, coordinadora general de la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM).
“Hay que articular un plan: necesitamos todo el cuerpo policiaco adiestrado, jueces y juezas verdaderamente informados y sensibilizados; profesionales de la salud capacitados; escuelas, universidades y lugares de trabajo con la infraestructura necesaria para atender las víctimas y protocolos vigentes. Las organizaciones que trabajamos diariamente con las víctimas y sobrevivientes presentamos hoy nuestra denuncia y nuestras propuestas,” agregó González.
La declaratoria del estado de emergencia fue organizada por la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM), Coalición Puertorriqueña en contra de la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual, junto a otras organizaciones sin fines de lucro.
La psicóloga social puertorriqueña Tere Ríos aclaró, en una entrevista aparte con SEMlac, que uno de los casos que actualmente se ventilan en la corte es contra Hilton Cordero, Comisionado de la Policía Municipal de San Juan, relacionado con pornografía infantil mediante el uso de imágenes en Internet de una vecina y amiguita de su hija.
El 5 de febrero, Cordero fue acusado formalmente en las cortes de la isla por alegados actos lascivos y es defendido por un abogado que le consiguió el Frente Unido de Policías Organizados (FUPO). La denuncia contra Cordero fue puesta por una trabajadora de la escuela donde estudia la niña e investigada por la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales.
Durante la conferencia, Vilmarie Rivera, directora de la Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico, llamó a reflexionar sobre la falta de servicios y recursos para apoyar a las víctimas secundarias de la violencia doméstica, como familiares, hijos e hijas involucrados.
“Exhortamos a que, si algún familiar sospecha o tiene conocimiento de que existe una víctima de violencia doméstica, se eduque sobre las manifestaciones y el ciclo de la violencia doméstica, de manera que pueda servir como un recurso que ayude a la víctima/sobreviviente a tomar decisiones asertivas para enfrentar su problemática”, recomendó Rivera, quien es Directora del Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced.
La licenciada Amárilis Pagán Jiménez, portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) y directora ejecutiva de Proyecto Matria, recomendó al gobierno actuar con firmeza.
“No hay espacio para improvisar con la vida de las mujeres. Necesitamos estrategias a corto, mediano y largo plazo. Por eso, entendemos que un primer paso es revisar los estudios y planes estratégicos que ya existen en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y actualizarlos a la luz de este nuevo panorama”, señaló Pagán.
(SEMlac).- Ante la gravedad de la situación de violencia en Puerto Rico, más de 25 organizaciones de mujeres y de derechos humanos declararon estado de emergencia el pasado 13 de julio, en la sede el Colegio de Abogados, en El Condado, cerca de San Juan, la capital.
En su comunicado denuncian que ya suman 21 las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en 2011. “Hoy, en Puerto Rico, el asunto es tan grave que no bastan los mensajes con lamentos, no basta con denunciar o repudiar la violencia”, declaró Vilma González, coordinadora general de la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM).
“Hay que articular un plan: necesitamos todo el cuerpo policiaco adiestrado, jueces y juezas verdaderamente informados y sensibilizados; profesionales de la salud capacitados; escuelas, universidades y lugares de trabajo con la infraestructura necesaria para atender las víctimas y protocolos vigentes. Las organizaciones que trabajamos diariamente con las víctimas y sobrevivientes presentamos hoy nuestra denuncia y nuestras propuestas,” agregó González.
La declaratoria del estado de emergencia fue organizada por la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM), Coalición Puertorriqueña en contra de la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual, junto a otras organizaciones sin fines de lucro.
La psicóloga social puertorriqueña Tere Ríos aclaró, en una entrevista aparte con SEMlac, que uno de los casos que actualmente se ventilan en la corte es contra Hilton Cordero, Comisionado de la Policía Municipal de San Juan, relacionado con pornografía infantil mediante el uso de imágenes en Internet de una vecina y amiguita de su hija.
El 5 de febrero, Cordero fue acusado formalmente en las cortes de la isla por alegados actos lascivos y es defendido por un abogado que le consiguió el Frente Unido de Policías Organizados (FUPO). La denuncia contra Cordero fue puesta por una trabajadora de la escuela donde estudia la niña e investigada por la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales.
Durante la conferencia, Vilmarie Rivera, directora de la Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico, llamó a reflexionar sobre la falta de servicios y recursos para apoyar a las víctimas secundarias de la violencia doméstica, como familiares, hijos e hijas involucrados.
“Exhortamos a que, si algún familiar sospecha o tiene conocimiento de que existe una víctima de violencia doméstica, se eduque sobre las manifestaciones y el ciclo de la violencia doméstica, de manera que pueda servir como un recurso que ayude a la víctima/sobreviviente a tomar decisiones asertivas para enfrentar su problemática”, recomendó Rivera, quien es Directora del Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced.
La licenciada Amárilis Pagán Jiménez, portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) y directora ejecutiva de Proyecto Matria, recomendó al gobierno actuar con firmeza.
“No hay espacio para improvisar con la vida de las mujeres. Necesitamos estrategias a corto, mediano y largo plazo. Por eso, entendemos que un primer paso es revisar los estudios y planes estratégicos que ya existen en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y actualizarlos a la luz de este nuevo panorama”, señaló Pagán.
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