Femicidio... Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Por: Jesús Silva R.

Con profunda convicción ideológica sobre el Estado garante de los derechos humanos que contempla la Constitución Bolivariana y como actores de la democracia participativa y protagónica, elevamos una propuesta a nivel institucional sobre la incorporación de un artículo en un nuevo Código Penal a fin de tutelar la igualdad de género. Para erradicar el régimen social (patriarcado) que ancestralmente ha promovido que el hombre degrade a la mujer en las relaciones afectivas, que tolera la violencia del macho proveedor económico en la pareja, que da al varón el privilegio de una participación protagónica y preferencial en la vida pública, que promueve la idea de superioridad biológica masculina, contra la marginación social y la cosificación sexual que sufre la mujer, y ante los alarmantes datos que emanan de estadísticas recientes sobre casos de violencia; planteamos un tipo penal autónomo, del acto que en infrahumano escenario, elimina la vida.

Enmarcados en el estudio exhaustivo del Derecho Penal y la Teoría de Genero, tipificamos por primera vez el Femicidio: “El cónyuge, ex cónyuge, concubino, ex concubino o persona con quien la víctima mantuvo vida marital, unión estable de hecho o relación de afectividad con o sin convivencia; amistad, compañerismo, relación laboral, o aquel que pretendiendo infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima; o como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de ella, o toda persona que por misoginia o con el propósito de establecer vínculo de poder, dominación o control sobre una mujer, le diere muerte por su condición de mujer; será castigado con pena de veintiocho a treinta años de prisión”.

Derechos de las mujeres y nueva legislación penal...

Por : Jesús Manuel Silva Rivas

Con la visión estratégica del nuevo Estado Socialista, Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, urge impulsar un nuevo Código Orgánico Penal con perspectiva de género, que se convierta en uno de los instrumentos principales del pueblo venezolano y los movimientos sociales para la instauración de la igualdad material de derechos entre la mujer y el hombre. Este instrumento orgánico contra los delitos, deberá ser estructurado en correspondencia con las disposiciones de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia y demás leyes conexas creadas a partir de 1999.

Dicho texto brindará protección preponderante a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, mediante la despenalización del aborto terapéutico (aquel donde hay malformación del embrión científicamente comprobada o peligra la vida de la madre) así como el aborto por razones al embarazo no consentido (violación sexual). Esta norma sustantiva penal incluirá la rigurosa tipificación, con sus respectivas circunstancias calificantes y agravantes, de los delitos de Feminicidio, la Trata de personas, Esclavitud, el Tráfico de personas y la Prostitución por cuenta ajena (proxenetismo). Asimismo abolirá los dispositivos que castigan discriminatoriamente (mayor severidad) a la mujer en los supuestos de bigamia y adulterio.

El nuevo Código Orgánico Penal Venezolano con sensibilidad en temática de género, será una iniciativa legislativa y popular, cónsona con los mandatos de la Constitución vigente, así como las directrices del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW), la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, la Convención de Belém do Pará, y la Conferencia del Cairo de 2007; cuyos fundamentos exhortan a la transversalización de los principios de igualdad de género y visibilización de la mujer como sujeta de pleno derecho en la totalidad del ordenamiento jurídico de todas las naciones firmantes de estos instrumentos plurinacionales.

(*) Abogado Constitucionalista y Penalista. Profesor Universitario.

http://jesusmanuelsilva.blogspot.com

Propondrán reforma de Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia

ABN.- Representantes del Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género (Minmujer) y el movimiento de mujeres de Venezuela elabora una propuesta de reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, así como la aprobación de nuevos código civil, código penal y código de comercio.

Así lo indicó la viceministra para la Transversalidad Política de Género del Minmujer, Elida Aponte.

Indicó que este organismo y el movimiento de mujeres “avanzamos hacia la fudamentación y concreción de un nuevo ordenamiento jurídico que no discrimine a 51,3% de la población venezolana, que somos las mujeres”.

Asimismo, especificó que en relación con la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia se adelantan observaciones a algunas sanciones contenidas en esta normativa, que son poco relevantes o bajas.

También refirió que se pedirá establecer que el femicidio o feminicidio, como el caso de Jennifer Vieira de Valero, no sea tratado por jueces o juezas con competencia ordinaria, sino por jueces y juezas con competencia en violencia contra las mujeres.

“Vamos a pedir que la competencia en materia de femicidio la tengan los tribunales de violencia contra las mujeres y algunos otros aspectos procesales de esta ley que proyectamos mejorar”, anunció.

De igual forma, dijo que Minmujer y el movimiento de mujeres trabajan en la propuesta de reforma del código penal, que se presentó ante la Asamblea Nacional (AN), para ser tratada por los diputados y diputadas, para avanzar en la creación de un nuevo código penal, “porque las mujeres no queremos reforma de esta normativa, debido a que el código penal vigente no está acorde con la Constitución de 1999”.

“Vamos a eliminar algunas nociones patriarcales como la noción del buen orden de las familias, que es una noción absolutamente romanista, y vamos además a proponer un nuevo código civil y la propuesta de un nuevo código de comercio”, precisó.

Ni un feminicidio más. Requiém para Jennifer Carolina

Por: Luisana Gómez Rosado / Alba Carosio - Aporrea

A estas horas ya han proliferado los artículos informativos y de opinión sobre el caso del feminicidio de Jennifer Carolina Vieira y el posterior suicidio del pugilista apodado el “Inca” Valero, todo con la propaganda sensacionalista que ha acompañado este caso debido al carácter público de los protagonistas, y a las prácticas estrábicas por ginopia habituales en la gran mayoría de los medios venezolanos.

Queremos así pronunciarnos en torno a algunos elementos que se destacan en este caso y que merecen aclaratorias pertinentes. En primer lugar, es obligante llamar la atención sobre el tratamiento noticioso de este caso, De nuevo con esta explosión informativa y de opinión, estamos observando con preocupación las consabidas estrategias discursivas legitimadoras que confunden y extravían las explicaciones sociales en la opinión pública. Esto es la tendencia perversa destacar los aspectos amarillistas, cruentos y dolorosos, así como lo novelescos –evocadores del mito del crimen por amor- de este trágico evento. Se construyen justificaciones y se incurre en omisiones que ocultan las raíces de esta problemática: la ideología patriarcal, androcéntrica y misógina que sustenta y naturaliza la violencia contra las mujeres. Así también en este afán por producir noticias, entrevistas y opiniones, se re-victimiza a la víctima, - que aún occisa merece ser tratada con respeto y dignidad a su memoria-, sensibilidad con las y los dolientes del caso: su familia amistades y allegados que a esta hora están pasando su duelo; y así también al agresor. Quién habiendo solicitado ayuda, en la víspera de su desesperación suicida es entrevistado pero no atendido psicológicamente. ”Me siento solo. Necesito hablar con alguien”, declaró en una entrevista póstuma1. Se evidencia la ausencia de mínimos éticos en la práctica periodística. La formación de las y los comunicadores sociales responsables de la elaboración de estos textos, asi como los consejos de redacción necesitan capacitarse para asumir la responsabilidad que le es encomendada, para no reproducir estas formas secundarias de violencia mediática y cumplir con la función educativa, que es parte de la funciones de los Medios de Difusión.

“Asumir esta experiencia de producir un texto escrito, vinculado con la violencia hacia la mujer: presentar una noticia, narrar, escribir un relato, hacer un reportaje, nos involucra con una responsabilidad que nos compromete y nos invita en nuestro quehacer cotidiano, no sólo a valorar las dimensiones de esta problemática, a través de una reflexión respetuosa; también nos obliga a investigar, a formarnos, a buscar alternativas de abordaje que nos permitan enriquecer nuestra misión como comunicadores y comunicadoras, promoviendo el respeto por los derechos humanos de la mujer. Esta experiencia nos invita a considerar un discurso libre de estereotipos, con un lenguaje no sexista, inmerso en ese accionar humano, donde es necesario revisar continuamente nuestra acción como relatores y relatoras; donde es necesario, tomar en cuenta y muy seriamente las necesidades de nuestra audiencia, así como nuestros compromisos como ciudadanos y ciudadanas del mundo”(Zerpa. I 2009)2

Destacamos que se trata, pues de un feminicidio, es el asesinato de una mujer por ser mujer, víctima de una violencia prendada de la condición subordinada asignada a las mujeres y lo femenino en la sociedad patriarcal. En esta dimensión es también llamado femicidio. Son muchas las que no han muerto aun, que están hoy en riesgo de vida y que siguen atrapadas en el ciclo de la violencia. Requiere ser identificado como un casi de violencia contra las mujeres. En España periodísticamente suelen llamarla violencia machista Identificarlo como un feminicidio contribuye a conceptualizar las características particulares de este caso típico de violencia sexista. El feminicidio por su extensión puede verse en una dimensión genocida.

Las autoras de la Teoría del Feminicidio claramente han destacado:

” …el feminicidio se conforma en una violencia social contra las mujeres; en la sociedad se acepta que haya violencia contra las mujeres, la sociedad ignora, silencia, invisibiliza, desvaloriza, le quita importancia a la violencia contra las mujeres y a veces las comunidades (familia, barrios, cualquier forma de organización social) minimizan la violencia y tienen mecanismos violentos de relación y trato con las mujeres. La sociedad está organizada de tal manera que la violencia forma parte de las relaciones de parentesco, de las relaciones laborales, de las relaciones educativas, de las relaciones en general de la sociedad. La cultura refuerza de una y mil maneras esta violencia como algo natural, hay un refuerzo permanente de imágenes, enfoques, explicaciones que legitiman la violencia, estamos ante una violencia ilegal pero legítima, esta es una de las claves del feminicidio” (Lagarde,M. 2006)

Con esta proliferación de información, también la retroalimentación de nociones equivocas, creencias patriarcales y malas interpretaciones de la Ley Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV, 2007). De la que hay que reafirmar, que a pesar de que no logró salvar las vidas de los protagonistas de este caso, sigue constituyendo un instrumento jurídico, modelo en el mundo de una ley con enfoque de género. Que no se equivoque nadie en esto. Aclaremos.

Pudimos leer argumentaciones que atribuían este fatal desenlace a la absurda e irresponsable justificación amparada en que:” la víctima retiró la denuncia”. La reticencia a denunciar y/o el retiro de la denuncia es habitual cuando el agresor es una persona de su entorno social, mas cuando está vinculado a la victima por una relación significativa, todavía más cuando es su pareja o expareja, u otro familiar cercano. A pesar del significativo aumento de las denuncias a mayoría de las mueres no se atreve a denunciar por miedo a las reacciones, por miedo a no encontrar respuesta, porque están amenazadas, por proteger a sus hijos, hermanos y familiares que puedan ser agredidos por retaliación del agresor, porque al intentar buscar ayuda han sido re-victimizadas, descalificadas, o se ha puesto en duda su testimonio, porque no creen que su problema pueda tener solución judicializando un conflicto que muchas todavía consideran privado, porque la impunidad deslegitima el acceso a la justicia, porque en la corta vida de esta innovadora ley se ha fallado mucho… Otras, son sobrevivientes, pero que tienen que convivir con lesiones físicas, psicológicas, morales, económicas., sociales derivadas de la violencia y violación sistemática de sus derechos humanos básicos.

En todas las circunstancias de este caso, se destacó la necesidad de imposición de medidas a cautelares (Art. 92), las cuales se aplicaron, pero fallaron en su efectividad para prevenir nuevas acciones. La aplicación implacable y estudiada de las medidas de protección y seguridad (Art. 87) pueden evitar nuevos hechos. Debió estudiarse el arresto o aprehensión por flagrancia. La ley contempla el art. 93 el cual establece la flagrancia como elemento que facilita la intervención en estos graves casos: “… toda autoridad deberá, y cualquier particular podrá aprehender al agresor. Cuando la aprehensión la realizare un particular, deberá entregarlo inmediatamente a la autoridad más cercana, quien en todo caso lo pondrá a disposición del Ministerio Público, dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión…” Este fue uno de los graves errores cometidos en este caso. Otro curioso “error” de proceder, fue el régimen de presentación cada 90 días que se le estableció al “Inca”; a todas luces este largo lapso resulta totalmente inefectivo en un caso como éste, más bien pareciera especialmente pensado para permitir el máximo de libertad de movimientos al agresor.

Cuando ya se ha incurrido en comportamientos excesivamente violentos, -como los observados y registrados públicamente- debieron evaluarse otras acciones. No se trata sólo de dictar las medidas, de aplicar una acción judicial, sino de garantizar la protección y seguridad. No sólo en amparo de la víctima, sino también para asegurar la integridad del agresor de su propia violencia, o de acciones desencadenadas a partir de ésta; así como contra otros allegados/as, parientes y personal de custodia quienes en vista de la peligrosidad del caso, estaban en alto riesgo. Al parecer tampoco se evaluó objetivamente el riesgo para instruir a la víctima en los mecanismos para transitar esta situación, establecer un plan de seguridad, y asi también advertir al agresor.

Son varias las opiniones que pretendieron explicar, justificando el violento comportamiento del admirado pugilista atribuyendo el problema de adicción al alcohol y a drogas ilícitas –según el mismo confesó- . ¿Podría alguien justificar un asalto a un establecimiento, o una acción vandálica o cualquier otro delito con el argumento de estar bajo influencia alcohólica? ¿Esta circunstancia modifica los hechos o las consecuencias de los mismos? ¿Quién es el principal responsable de su ingesta alcohólica? La relación de la adicción al alcohol y las drogas con la violencia es conocida en la espiral de violencia. Son sustancias que intervienen como desencadenantes de acciones violentas. La conducta violenta es previa, está presente estando sobrio, y cuando la persona violenta entra en contacto con el alcohol y la droga, esta se amplifica. No puede justificarse la violencia por acción del alcohol, ni buscarse atenuantes para la aplicación inmediata de las medidas judiciales y sanciones correspondientes basados en este erróneo argumento. Este argumento no anula la responsabilidad del agresor, ni de los organismos competentes en este caso, así como tampoco la falta de atención psicológica efectiva sobre este aspecto de este caso, tanto para la víctima, como para el agresor. La adicción al alcohol y a las drogas en todo caso, no solamente no anula responsabilidades sino que aumenta las probabilidades de desenlaces fatales como efectivamente ocurrió en este caso, y como cotidianamente también ocurre en numerosos hogares. En algunos países, y en el nuestro contemplado en el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal, la presencia de alcohol o drogas en los casos de violencia de género se considera un agravante. En su dimensión psicológica, estaba frente a una emergencia que requería posiblemente una intervención inmediata y tratamiento intensivo, de forma terapéutica y preventiva con atención especializada, no sólo en fármaco-dependencia sino en violencia de género.

La acción timorata de los órganos operadores de justicia es corresponsable de este desenlace fatal que cobró dos muertes anunciadas. Pues se aplicó la ley, si, pero irresponsablemente se dejó en libertad a la pareja, cosa que también sucede con pasmosa frecuencia. Debió proporcionársele la asesoría psicológica y las medidas correspondientes a la evaluación de un caso a todas luces, luego de las lesiones ocasionadas, era de alto riesgo.

En el feminicidio hay una complicidad social colectiva, en una sociedad androcéntrica y patriarcal, en la cual, a pesar las transformaciones sociales todavía las garantías establecidas fallan para proteger la vida de las mujeres.

“Los feminicidios son crímenes de odio contra las mujeres, crímenes misóginos acunados en una enorme tolerancia social y estatal ante la violencia genérica. Esa perversidad está alentada por la impunidad, alimentada por pésimas investigaciones, averiguaciones mal integradas, encargados de la persecución del crimen que son dolosos o misóginos y que desatienden las denuncias de las víctimas, jueces misóginos para quienes la vida de las mujeres es secundaria o que muestran un claro sesgo descalificador y culpabilizador de las mujeres. Al feminicidio contribuyen de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar esos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no les crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa y en los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento. Suceden los feminicidios cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones para prevenirlos, evitarlos y sancionarlos. El ambiente ideológico y social del machismo y la misoginia alientan estos crímenes”. (Lagarde,M. 2006)

Finalmente queremos llamar la atención a profundizar la investigación sobre las circunstancias que derivaron en la muerte de Jennifer Carolina y el Inca Valero. A profundizar y ampliar el desarrollo de programas formativos y de prevención. Otro tanto es la necesidad de desarrollar programas de capacitación del personal de salud mental encargado de la atención psicológica y psicoterapéutica de estos casos, lo cual exige una formación especializada. Nada es suficiente en materia de formación y prevención, todas y todos, comunidades e instituciones, pero especialmente los colectivos de mujeres y las instituciones académicas tenemos un enorme trabajo que hacer, y una responsabilidad importante en este sentido.

Es indispensable, producir la sensibilización y comprensión de la patología social que produce el patriarcado al generar estereotipos que marcan la violencia como rasgo determinante de la masculinidad y la norma sexual que obliga al predominio de varones sobre mujeres. Al mismo tiempo, fomentar la reflexión sobre los dos pilares en los que se asienta la violencia de género: culpar a la víctima, con mitos tales como: “ella se lo buscó”, “ella lo permite””¿Qué habrá hecho ella para él reaccionara así”, etc); y justificar al agresor: “fue un niño maltratado”,” el agresor tiene un problema”,” la culpa es del alcohol”, “borracho no se vale”, “ las mujeres también maltratan y agreden” etc..

Ninguna ley por sí misma produce justicia, las leyes llegan a las personas que acuden a ellas a través de las mujeres y hombres que las administran. Y estas mujeres y hombres son hijas e hijos de sus prejuicios y sus intereses. Y por eso, en la mayoría de los casos las y los policías, fiscales y jueces están más interesados en proteger los derechos de los hombres violentos que los derechos de sus víctimas. Y siempre seguramente más dedicados a cuidar el bien procedimental, que en hacer justicia o en garantizar el derecho humano a la vida y la salud de las mujeres que sufren violencia.

Hace falta que las y los encargados de administrar justicia entiendan que la violencia de género se produce porque hay un desequilibrio de poder, que hay abuso, y que es deber insoslayable proteger a la parte que está en desventaja, las mujeres, por eso, no pueden, y no deben esconder sus prejuicios detrás de la neutralidad, o la verdad procesal. Luigi Ferrajoli, en su magnífico ensayo Igualdad y Diferencia, ha explicado claramente la necesidad tener en cuenta la realidad de las desigualdades entre los sexos para lograr la igualdad en la titularidad de derechos, es decir, la igualdad como principio y deber ser. Reconoce que las mujeres son las principales víctimas en el ámbito de la sexualidad por lo que finalmente se necesita derechos sexuados. La ley y la administración de justicia deben proporcionar garantías efectivas para los derechos humanos de las mujeres.

La discriminación, subordinación y subalternidad de las mujeres las hace víctimas entonces, no solamente de su agresor (pareja o no) sino también discriminadas y víctimas del aparato institucional que debería protegerlas. Las instituciones de justicia y quienes la ejercen se han mostrado poco sensibles y comprenden muy poco la subordinación sistémica de las mujeres en nuestras sociedades.

La violencia contra las mujeres, y sobre todo cuando los casos incluyen hombres y mujeres públicas concitan la atención, y también un cierto grado de morbosidad en su tratamiento mediático e instrumentalizado. Sin embargo, pueden ser ocasión y motivo para producir, -y ésta es también la tarea mujeres organizadas-, una reflexión social honesta y educativa, que no solamente impulse una necesaria investigación y evaluación de responsabilidades, sino que también estimule y aporte líneas para el progreso y perfeccionamiento de los mecanismos de aplicación de la Ley Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV) así como para el tratamiento y prevención de todo tipo de violencia de género.

Luisana Gómez Rosado

CEM-UCV

Fundación Juan Vives Suriá de la DdP

Alba Carosio

CEM-UCV

”…Pero las que vemos son las que fueron asesinadas,

observamos la punta del iceberg cuando vemos a las asesinadas,

lo que está abajo es lo que sostiene la violencia contra las mujeres”.

Marcela Lagarde, 2006

albacarosio@gmail.com

El femicidio es una forma de disciplinamiento de las mujeres...

Por Susana Mariel Cisneros / Página 12

Las muertes violentas de mujeres son producto de la violencia de género que padecen miles de mujeres. El femicidio hace referencia a un tipo de violencia de la cual son víctimas las mujeres y que se sostiene sobre una construcción cultural que se ha denominado género que define lo masculino y lo femenino a partir de estereotipos.

La direccionalidad e intencionalidad en los asesinatos constituyen dos de sus características fundamentales, dado que se ejerce sobre las mujeres para mantener o incrementar su subordinación al género masculino. En cuanto a sus formas, la violencia está presente tanto en los espacios públicos como privados: discriminación, acoso sexual, violación, tráfico y trata, maltrato físico, psicológico, social y sexual, entre otros. Pero el más grave y fatal es la muerte, como último peldaño de la agresión.

El femicidio es el asesinato de mujeres por razones asociadas a su género, y el hecho de ser mujer se convierte en un riesgo. El femicidio debe ser comprendido, entonces, en el concepto más amplio de las relaciones de dominio y control de hombres. Cuando entre un hombre y una mujer se ha instalado la dinámica violenta, las diversas maneras que puede tomar la agresión no hace más que acentuar el desprecio, el odio, el placer o el sentido de propiedad que poseen los hombres sobre ellas y el recurso de la violencia se convierte en instrumental, y su ejercicio no constituye una pérdida de control, sino más bien una toma de control sobre el objeto de posesión: “su mujer”.

Por su parte, esta toma de control del hombre es favorecida por el imaginario social, que no dimensiona el verdadero alcance de estas muertes violentas, que las silencia y permite su impunidad, que no comprende que el femicidio es una forma de dominación, de disciplinamiento de las mujeres. Por eso es necesario crear una conciencia crítica sobre los femicidios y abandonar su descripción fragmentada para indagar en la profundidad de sus causas, dimensionar su gravedad y contribuir a su erradicación. Ya que al apelar a frases hechas, desconocer las causas y evitar un tratamiento en profundidad se simplifica la violencia. Y esta modalidad alcanza su punto más notable cuando denominan a los femicidios como “crímenes pasionales”.

La autora es abogada, docente y coautora de la publicación Femicidios e impunidad.

Exigen incluir figura de feminicidio en Código Penal Argentino

Por: Paulina Rivas Ayala /CN

La asociación Casa del encuentro exigió la incorporación de la figura del feminicidio en el Código Penal de Argentina debido a la grave situación de violencia contra las mujeres, que dejó como saldo en 2009 un total de 231 asesinatos de mujeres y niñas, es decir un aumento del 11 por ciento respecto a 2008.

Una investigación realizada por esa asociación sobre el feminicidio en Argentina del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, arrojó que de los 231 casos de asesinatos, 163 fueron por parte de parejas, ex parejas, hijos, hermanos y familiares de la víctima y en 19 más por vecinos y conocidos.

Los datos que se difundieron en un informe y se obtuvieron a partir de agencias informativas y diarios de distribución nacional y regional, así como seguimientos de los casos en los medios de comunicación, demuestra la necesidad de que haya cifras oficiales sobre la violencia contra las mujeres.

Según cifras de Casa del Encuentro, 65 de las mujeres fueron asesinadas por sus parejas, 68 por sus ex parejas, cinco por sus hermanos o hermanastros, nueve por familiares, 15 por hijos, uno por conocidos y 19 sin vínculo aparente y en 49 de los casos aún no hay detenidos.

La asociación denuncia que las mujeres perdieron la vida en “total impunidad” pues en 24 de los casos había denuncias previas por violencia, 13 de las mujeres que fueron asesinadas eran trabajadoras sexuales.

Ante los anteriores datos, Casa del Encuentro explicó en su informe que la violencia hacia las mujeres debe entenderse como “una cuestión política, social y cultural” para así poder ver esta “grave situación” como una realidad colectiva por la que se debe actuar de forma inmediata y no como un “hecho aislado”.

Según los datos, el mayor porcentaje de femicidios se registraron entre los 13 años y 65 años. Entre los 31 y 50 años se registraron 82 casos, 62 os entre19 y 30 años, 29 entre 13 y 18, 28 muertes entre 51 y 65 años, 15 de 2 a 12 años, 10 de 66 a 90, cuatro sin edad registrada y un caso de 0 a un año.

La investigación destaca el alto nivel de ensañamiento y violencia en los asesinatos pues 79 mujeres murieron apuñaladas, 64 baleadas, 38 golpeadas, 18 estranguladas, 11 degolladas, 6 asfixiadas, 6 incineradas, 4 ahogadas y 5 por causas desconocidas.

Ante tal violencia, el informe sostiene que los feminicidas actúan feroz y alevosamente pues consideran a las mujeres de su propiedad y por tal motivo piensan que “pueden hacer con ellas lo que deseen, hasta asesinarlas”.


FEMINICIDIO VINCULADO

Además de las 213 muertes de mujeres, la asociación Casa del Encuentro registró 16 de hombres y niños a los que denominó “feminicidios vinculados” término que desarrollaron a partir del análisis de las acciones del asesino para consumar su fin: asesinar, castigar, o destruir psicológicamente a la mujer sobre la cual ejerce su dominación.

En la definición de feminicidio vinculado existen dos categorías: personas que fueron asesinadas por el feminicida, al intentar impedir el asesinato o quedaron atrapadas “en la línea de fuego” y las personas con un vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron ultimadas con el objetivo de castigar o violentar psicológicamente a la mujer a quien el asesino considera de su propiedad.

Argentinas buscan tipificar en el Código Penal el feminicidio

Fuente: Cimac Noticias

Para avanzar en la modificación del Código Penal que tipifique el delito de feminicidio y establecer una condena de prisión perpetua, las activistas de la Casa del Encuentro se reunieron con Marcela Rodríguez, Fernanda Gil Lozano, Virginia Linares y Margarita Stolbizer, legisladoras de la Coalición Cívica, y con la presidenta del bloque del Partido Socialista, Silvia Augsburger. También gestionan reuniones con diputadas del Frente para la Victoria sensibles al tema.

La diputada Rodríguez dijo que apoyaría una iniciativa en ese sentido, pero aclaró que sería muy difícil sancionarla. Explicó entonces su propuesta de modificar la normativa vigente para ampliar las categorías de vínculos que establecen agravantes en casos de homicidio. Actualmente, en la legislación argentina la prisión perpetua es para la persona que acaba con la vida de “su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son”.

Con la propuesta de Rodríguez, se sumarían otras categorías como las previstas en la Ley integral contra la violencia de género, es decir, además del cónyuge quedarían contempladas la pareja, ex pareja u otra persona allegada.

Rodríguez aseguró que su propuesta se vincula con las estadísticas de femicidios que posee La Casa del Encuentro, donde el 70 por ciento de los crímenes registrados fueron cometidos por allegados a las víctimas. La diputada de la oposición cree que es posible avanzar en una iniciativa de estas características, aunque explicó que “hay que abordar el problema a través de la Ley de violencia de género y la Ley antidiscriminatoria, de manera que se castiguen aquellos homicidios realizados tanto por discriminación de género como por otro tipo de discriminaciones”.

Agregó que “hay cuestiones que revisar y discutir” y aclaró una vez más que “apoyará cualquier iniciativa orientada a proteger los derechos de las mujeres”.

La diputada Cecilia Marchan, de Libres del Sur, también se comprometió a respaldar iniciativas para combatir el femicidio. “En seguridad se discuten continuamente las medidas que debemos tomar, por ejemplo, con menores de edad y nunca se tiene en cuenta la cantidad de mujeres muertas a manos de sus parejas. Hay que invertir la forma de discutir en el Congreso y en la sociedad”, afirmó.

“Estoy de acuerdo en que es necesario combatir el feminicidio, me inclino siempre a que las sentencias no sean gigantes, pero en este tema efectivamente deben ser enormes. Igualmente, creo que el debate debe darse desde distintos puntos de vista y no sólo desde el enfoque penal”, concluyó Marchan.