Informe sobre proyecto de reforma de código penal se discutirá la próxima semana

Unión Radio.- El diputado Tulio Jiménez, presidente de la comisión de política interior de la Asamblea Nacional, aclaró que será la semana próxima cuando la comisión técnica que “estaba trabajando en el proyecto código, rinda un informe a la comisión, porque lo que hay es un papel de trabajo con algunas ideas”, entre los que se encuentran planteamientos como la despenalización del aborto.

Aclaró que hasta los momentos se trata de un proyecto “que está en elaboración y aspirábamos que tuviera, por lo menos una primera discusión antes que finalizara esta gestión parlamentaria, cosa que no va a ser fácil por el tipo de planteamiento que se hace de un nuevo código que tiene un tema muy polémico como es el del aborto y seguramente va a llevar a que la discusión deba hacer se en la próxima gestión de la asamblea”.

“Vamos a dejar avanzando un proyecto que se viene trabajando desde hace más de diez años con la esperanza de que la nueva asamblea asuma la discusión”, manifestó Jiménez.

http://www.unionradio.net/actualidadur/nota/visornota.aspx?id=56105&tpCont=1&idSec=3

Proyecto de Código Penal legaliza parcialmente el aborto

(7medios).- El proyecto de Código Orgánico Penal (COP) que hoy tiene previsto discutir la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional legaliza parcialmente la práctica del aborto.

El artículo 186 del borrador señala textualmente: “La mujer que interrumpa el embarazo o permitiere que otro se lo cause, transcurridas más de doce semanas contadas a partir de la concepción, será castigada con prisión de uno a tres años”, muestra el diario El Universal

En el texto remarcan que “no será punible la interrupción del embarazo (…) cuando la gestante diere su consentimiento informado y no han transcurrido más de doce semanas desde la concepción”.

Además, incluyen otros dos eximentes: para salvar la vida de la mujer o “cuando se trate de serias malformaciones que comprometan la salud física o mental del feto”; y en caso de que el embarazo sea producto de una violación o incesto, “siempre que se practique antes de las doce semanas de gestación”, apuntan.

A diferencia de esta propuesta, que aún debe ser analizada por los diputados, el artículo 430 del Código Penal vigente establece: “La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años”.

En 2004, un proyecto elaborado en el Tribunal Supremo de Justicia también abría las puertas a la legalización del aborto.

Protección total

El papel de trabajo de la AN tiene 924 artículos, dos disposiciones transitorias y una derogatoria. El título primero de su segundo libro está referido a los “Delitos contra la humanidad y contra los derechos humanos”. Allí, cumpliendo un mandato constitucional, incorporan la tortura, que sería castigada con entre 12 y 15 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público.

A contracorriente de la tendencia mundial, la mayoría oficialista mantiene las llamadas “leyes de desacato” y hasta incrementan sus penas. Es decir, ofrece una protección especial a los altos funcionarios frente a los agravios o insultos.

Incluso, el artículo 440 del borrador extiende este privilegio a cualquier “jefe de Gobierno extranjero”, equiparándolo con el presidente de la República. Quien lance una ofensa grave contra estas autoridades podría recibir una sanción de tres a seis años de cárcel.

El artículo 147 de la norma vigente solo menciona al presidente de la República y limita el escarmiento a entre seis y 30 meses tras las rejas.

En cuanto a los “Delitos contra la integridad moral”, disminuyen las penas de cárcel pero aumentan las multas. De seis meses a dos años de prisión para la difamación, con una multa que oscila entre mil 150 y 2 mil 500 unidades tributarias (UT), y de seis a 18 meses de cárcel para la injuria, con multas que van desde mil 25 hasta 2 mil UT. En la actualidad las multas por difamación pueden llegar a mil UT, mientras que por injuria no superan las 100.

El artículo 869, que impone sanciones a quienes ejecuten o generen “devastación o saqueo” en el país, indica que la condena “se aumentará de una tercera parte a la mitad, si el agente es comunicador social”. Aquí la punición para el ciudadano común está entre dos y cinco años de cárcel.

Asimismo, queda plasmado en el proyecto lo siguiente: “Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan la obligación de suministrar los datos o informaciones a que se refiere la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y se negaren a ello (…) serán penados con prisión de dos a cuatro años y multa de 200 a 400 unidades tributarias en el caso de los particulares”.

Derechos de las mujeres y nueva legislación penal...

Por : Jesús Manuel Silva Rivas

Con la visión estratégica del nuevo Estado Socialista, Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, urge impulsar un nuevo Código Orgánico Penal con perspectiva de género, que se convierta en uno de los instrumentos principales del pueblo venezolano y los movimientos sociales para la instauración de la igualdad material de derechos entre la mujer y el hombre. Este instrumento orgánico contra los delitos, deberá ser estructurado en correspondencia con las disposiciones de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia y demás leyes conexas creadas a partir de 1999.

Dicho texto brindará protección preponderante a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, mediante la despenalización del aborto terapéutico (aquel donde hay malformación del embrión científicamente comprobada o peligra la vida de la madre) así como el aborto por razones al embarazo no consentido (violación sexual). Esta norma sustantiva penal incluirá la rigurosa tipificación, con sus respectivas circunstancias calificantes y agravantes, de los delitos de Feminicidio, la Trata de personas, Esclavitud, el Tráfico de personas y la Prostitución por cuenta ajena (proxenetismo). Asimismo abolirá los dispositivos que castigan discriminatoriamente (mayor severidad) a la mujer en los supuestos de bigamia y adulterio.

El nuevo Código Orgánico Penal Venezolano con sensibilidad en temática de género, será una iniciativa legislativa y popular, cónsona con los mandatos de la Constitución vigente, así como las directrices del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW), la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, la Convención de Belém do Pará, y la Conferencia del Cairo de 2007; cuyos fundamentos exhortan a la transversalización de los principios de igualdad de género y visibilización de la mujer como sujeta de pleno derecho en la totalidad del ordenamiento jurídico de todas las naciones firmantes de estos instrumentos plurinacionales.

(*) Abogado Constitucionalista y Penalista. Profesor Universitario.

http://jesusmanuelsilva.blogspot.com

Nora Castañeda: Código penal venezolano coloca a la mujer en situación de discriminación...

ABN.- El Código penal venezolano coloca a la mujer en una situación de opresión, explotación y discriminación, es por ello que consideramos que este instrumento jurídico debe ser revisado, para avanzar en la construcción de una sociedad más justa, aseveró la presidenta del Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer), Nora Castañeda.

Durante el conversatorio que se llevó a cabo este viernes en la sede de la Galería de Arte Nacional (GAN), para analizar las luchas y retos de las mujeres, la presidenta del Banmujer especificó que el código penal venezolano “contiene cosas terribles, debido a que considera adultera a la mujer sin la presentación de pruebas, y en cambio el adulterio del hombre debe demostrarse para ser aceptado, y esto tiene consecuencias de todo tipo como jurídicas, sociales, económicas y políticas”.

Asimismo, indicó que el código penal venezolano penaliza la interrupción del embarazo, “y nosotras consideramos que esa penalización es totalmente incorrecta, porque no reconoce el derecho que tenemos sobre nuestro cuerpo, sino que se remite a decisiones de un médico, un cura o el marido”.

Dijo que en caso de que una mujer resulte embarazada en una situación de violación, “basta que el hombre reconozca la situación y se case con ella, para que no sea acusado, absolutamente de nada”.

“Nosotras consideramos que el código penal debe ser revisado, y sabemos que la piedra de tranca en ese sentido es el aborto, que para nosotros significa la interrupción del embarazo, es decir que si la vida de la mujer está en peligro, no se toma en consideración, es por ello que consideramos que deben revisarlo con el cuidado que el caso amerita”, enfatizó.

Por otra parte, Nora Castañeda señaló que la mujer venezolana debe continuar su lucha por alcanzar la igualdad, equidad y paridad en ámbitos como en la postulación para cargos de dirección y de elección popular

“La igualdad, acompañada de la paridad y la alternabilidad, es un derecho político que nosotras debemos seguir trabajando, pero entendemos que existe una cultura patriarcal en ese sentido, que aún es dominante”, agregó.

Ministra León instó a luchar por derogatoria del Código Penal...

Fuente: ABN

Los artículos que penalizan el aborto en el Código Penal carecen de valor legal porque fueron derogados luego de aprobarse la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, advirtió este jueves ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, María León.

'No es el aborto el que está penalizado sino el Código Penal porque entra en contradicción con la Carta Magna', dijo en el programa La Voz de la Defensoría que se transmite por Radio Nacional de Venezuela (RNV).

Manifestó que lo ideal es luchar por la derogatoria de ese instrumento legal y no por la despenalización del aborto.

'Esta es una pelea que ganamos en 1999; sin embargo, las mujeres siguen levantando esta consigna. Tenemos que hacer que se cumpla', aseveró.

Recordó que durante la gestión del ex ministro de Salud Roger Capella fue aprobada una norma sobre salud sexual y reproductiva que contempla la atención desde la infancia hasta la madurez, la cual además está relacionada con el aborto y las consecuencias que puede causar la interrupción del embarazo.

Por lo tanto, instó a las mujeres a apropiarse del referido instrumento.

Igualmente, propuso un nuevo Código Penal y aplicar la norma de salud sexual y reproductiva “para que se acabe este problema tan serio con el aborto” .

Nicaragua: Magistrados favorecen restitución del aborto terapéutico

Por: Sylvia R Torres

Mientras circula por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas una "carta sombra" con la petición de 23 organizaciones sociales nicaragüenses —la mayoría de filiación feminista—, arrecian en la prensa local los rumores de que la Corte Suprema de Justica (CSJ) se pronunciaría a favor de la restitución del aborto terapéutico, penalizado el 26 de octubre del 2006 con la promulgación del Nuevo Código Penal.El nuevo código fue aprobado por diputados del Frente Sandinista, el Partido Liberal Constitucionalista y la Alianza Liberal.

A finales de marzo de este año, el vicepresidente de la CSJ y magistrado por el FSLN, Rafael Solís, admitió la existencia de un borrador de sentencia, admitiendo como "inconstitucional" la penalización del aborto terapéutico.

Solís dijo que "tanto la vida de la mujer como la del niño están protegidas por la Constitución", pero agregó que habría que examinar si, "en casos de enfermedad de la mujer, se le da prioridad para que salve su vida, que es lo que dijo la semana pasada, en África, el Papa (Benedicto XVI)".

Solís se refería a las declaraciones emitidas el 21 de marzo por Rino Fisichella, presidente de la Academia Pontificia pro Vida del Vaticano, quien criticó la excomunión del personal médico y la madre, que facilitaron la interrupción del embarazo gemelar en una niña de nueve años. En la prensa local se interpretó como la posición del Vaticano.

Mayte Ochoa, del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto y de Católicas por el Derecho a Decidir de Nicaragua, declaró que han recibido indicios de que la CSJ pronto dictará sentencia: "recibimos dos comunicaciones posteriores a la introducción de varios Amicus Curie, uno el día 6 de marzo del corriente y otro el día 11 del mismo mes. La primera, notificándonos el cierre del periodo de debate y la segunda informando que entraba nuestro Recurso de Inconstitucionalidad a proyecto de sentencia.

"Esperamos que finalmente se resuelva el recurso dentro del plazo establecido por la ley (60 días) y confiamos en que todas las acciones desarrolladas por el Grupo Estratégico, y otros actores de la sociedad civil, resulten en una declaración de inconstitucionalidad que restituya el derecho a la vida y la salud de las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país", añadió.

Por su parte, representantes de la jerarquía católica, entre ellos el obispo Abelardo Mata, denunciaron que ya existía un acuerdo político para la despenalización, por lo que arreciarían sus presiones al presidente de la república, Daniel Ortega, y a los y las representantes en la Asamblea Nacional. En la última semana de marzo, la jerarquía realizó marchas en tres departamentos.

Martha María Blandón, del Movimiento Feminista, declaró que han proporcionado al Estado nicaragüense información sobre casos en los que médicos de las instituciones públicas presionaron a mujeres para que llevaran a fin embarazos anancefálicos, en los que el producto no tiene cerebro y, por tanto, no es viable fuera del útero de la mujer. Estas acciones han ocasionado la disolución de parejas y severos daños sicológicos a la mujer, sin que nadie preste ningún tipo de ayuda.

Otras fuentes más escépticas —y que no aceptaron ser citadas— aseguraron que los rumores sobre la despenalización de aborto terapéutico constituyen "una cortina de humo del gobierno". "Lo que persiguen es callar los reclamos de la iglesia con relación al fraude electoral", agregó la fuente.

A pesar de las declaraciones favorables a la despenalización, aún continúa en el Ministerio Público una acusación en contra de nueve líderes feministas acusadas, entre otros cargos, de promover el aborto.

Prohibición del At, "discriminación y trato cruel"

En su "carta sombra", elevada al Comité de Naciones Unidas, las organizaciones nicaragüenses solicitan se complemente el 42 informe periódico de Nicaragua, haciéndole responder por violaciones a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (CAT). En lo que respecta al aborto terapéutico el Estado nicaragüense estaría fallando al "privar de servicios médicos" a las mujeres que demandan la interrupción de embarazos.

Según la denuncia: "La negación de este servicio médico no considera de manera especial a las mujeres con embarazos de alto riesgo obstétrico, los cuales son causas directas de morbimortalidad materna".

La misiva señala que también se incumplen las obligaciones de la Convención ejerciendo discriminación contra las mujeres, ya que "la negación de los servicios de aborto terapéutico constituye discriminación por sexo".

"Los hombres no sufren impedimentos legales para recibir determinados servicios médicos, ni castigo penal por recurrir a ellos, mientras que a las mujeres se les está negando la opción de recurrir a una interrupción del embarazo para preservar su salud y su vida, imponiéndoles sanciones si acuden a ellos de forma ilegal", se denuncia.

La violación de derechos también abarca a las personas del cuerpo médico nacional, atrapado entres sus obligaciones éticas por preservar la vida y salud física y o mental de las mujeres, y la prohibición total de practicar interrupciones de embarazos.

El Estado nicaragüense podría salir mal librado de esta comparecencia, puesto que, en 2004, esa Comisión manifestó su preocupación por el comportamiento del Estado chileno en una situación parecida.