Tres tribunales de violencia se activan para la defensa de la mujer tachirense

Eggly Cuesta Márquez/DLA Táchira

Estos tribunales, por ser unipersonales, contarán con un juez y un equipo interdisciplinario integrado por trabajadores sociales, abogados, educadores y médicos -la mayoría psiquiatras y psicólogos-, que van a servir de apoyo técnico para las decisiones que los jueces deberán tomar

Tres fueron los tribunales de violencia contra la mujer que en el día de ayer se inauguraron en el estado Táchira. Dos de control, audiencia y medidas; y un tribunal de juicio. Tribunales que se crean no por capricho, sino por datos estadísticos que ponen de manifiesto la necesidad de instancias judiciales para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el estado.

Política que viene aplicando el Tribunal Supremo de Justicia en todo el territorio nacional en base a las cifras de violencia que les han sido suministradas por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). Tribunales que cuentan con un presupuesto previamente elaborado por la Magistratura, lo que garantiza el respaldo y la continuidad de los mismos.

Las cifras aumentan

A pesar de la creación de estas instancias judiciales, las cifras de violencia siguen incrementando, tal como lo señalara la magistrada Yolanda Jaimes, vicepresidente de la Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y coordinadora de la Comisión para la Implantación de los Tribunales de Violencia Contra la Mujer, quien acompañada de la magistrada de la Sala Social, Carmen Elvigia Porras, destacó que este incremento obedece a una razón fundamental, a que ahora la mujer se atreve a denunciar. "Antes la violencia existía pero solapada, ya que la mujer tenía miedo de denunciar porque sabía que perdía su tiempo denunciando, pero hoy, al enterarse que existe una ley específica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ley vigente en el país, y que además existen instancias especializadas para atender esos casos, ellas se atreven a ir a los órganos receptores de denuncia, pues se sienten seguras y respaldadas a la hora de denunciar su caso", explicó.

Informó que la violencia física y sexual son las que mayor incidencia tienen en la sociedad venezolana, sin embargo también existen otros tipos de violencia -psicológica, acoso, amenazas, entre otros- que también son penadas por esta ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Táchira entre los primeros

Tomando en cuenta la incidencia en el Táchira, la Magistrada indicó que ésta ocupa una de las primeras posiciones por ser uno de los estados con mayor número de casos de violencia hacia la mujer, al sumar entre 16 mil casos de denuncias y 1650 causas que están conociendo los tribunales penales ordinarios. Causas que ahora deberán pasar a los tribunales especializados en violencia que se están aperturando en el Táchira para así poder darles la importancia al específico delito de violencia que la mujer tiene, y evitar que se sigan marginando en cuanto al tratamiento de ese tipo de delitos.

Cultura patriarcal

Para la Magistrada, el principal factor de violencia hacia la mujer es la cultura patriarcal que ha existido en los pueblos a través de los siglos, que junto a la pobreza incide en este tipo de violencia. "Los patrones aprendidos que han venido reproduciéndose en el seno de la sociedad, que ha venido viendo la prole y por tanto han venido repitiendo conductas. Por lo que se hace imprescindible la educación de nuestra población, para que sepa y conozca los factores que rodean la vida familiar y que son provocadores de violencia en el ámbito de esa familia, y así buscan formulas para poner freno a esa situación que es dolorosa".

Protegiendo integralmente a la mujer

Ana Casanova Rosales, jueza rectora de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, resaltó que los alarmantes y aberrantes casos que se han presentado en nuestra sociedad de violencia contra la mujer, han dado paso al impulso de legislaciones para combatir la violencia y se han dado pasos muy significativos en esa dirección en numerosos países, tanto en el aspecto preventivo, investigativo y represivo, como en el tratamiento multidisciplinario para las víctimas.

"Con la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se quiere proteger integralmente a la mujer de cualquier tipo de violencia de género, así como erradicar la conducta desviada del maltrato contra la mujer, elevando la conciencia social de la población, promoviendo los valores de la solidaridad, del respeto e igualdad con respecto a la mujer, y lograr una mejor convivencia social en las relaciones de pareja, intrafamiliares y de trabajo que vincula a la mujer.

Los tribunales que hoy se instalan en el estado representan otro avance en la construcción de un sistema de justicia especializado, modelo en el continente para hacer frente a esta deplorable conducta social e individual, la violencia contra la mujer", dijo.

Propondrán reforma de Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia

ABN.- Representantes del Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género (Minmujer) y el movimiento de mujeres de Venezuela elabora una propuesta de reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, así como la aprobación de nuevos código civil, código penal y código de comercio.

Así lo indicó la viceministra para la Transversalidad Política de Género del Minmujer, Elida Aponte.

Indicó que este organismo y el movimiento de mujeres “avanzamos hacia la fudamentación y concreción de un nuevo ordenamiento jurídico que no discrimine a 51,3% de la población venezolana, que somos las mujeres”.

Asimismo, especificó que en relación con la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia se adelantan observaciones a algunas sanciones contenidas en esta normativa, que son poco relevantes o bajas.

También refirió que se pedirá establecer que el femicidio o feminicidio, como el caso de Jennifer Vieira de Valero, no sea tratado por jueces o juezas con competencia ordinaria, sino por jueces y juezas con competencia en violencia contra las mujeres.

“Vamos a pedir que la competencia en materia de femicidio la tengan los tribunales de violencia contra las mujeres y algunos otros aspectos procesales de esta ley que proyectamos mejorar”, anunció.

De igual forma, dijo que Minmujer y el movimiento de mujeres trabajan en la propuesta de reforma del código penal, que se presentó ante la Asamblea Nacional (AN), para ser tratada por los diputados y diputadas, para avanzar en la creación de un nuevo código penal, “porque las mujeres no queremos reforma de esta normativa, debido a que el código penal vigente no está acorde con la Constitución de 1999”.

“Vamos a eliminar algunas nociones patriarcales como la noción del buen orden de las familias, que es una noción absolutamente romanista, y vamos además a proponer un nuevo código civil y la propuesta de un nuevo código de comercio”, precisó.

¿Será Justicia?

Publicado por Andrea D'Atri en andreadatri.blogspot

“La Justicia necesita pruebas”. Los periodistas no hacían más que felicitar la prudente actitud del padre de Wanda Taddei, la mujer que finalmente falleció después de una larga agonía en el Instituto del Quemado. “Que Eduardo Vázquez haya sido violento, no es prueba de que esa noche haya querido matar a Wanda. Porque en esa ocasión, pudo haber sido un accidente.”, repetían frente a las cámaras los periodistas y seguían insistiendo en la responsable actitud del señor Taddei de esperar que aparecieran pruebas.

Es verdad, no están las pruebas que necesita la Justicia… sólo hay comentarios de vecinos sobre los gritos y las peleas que se escuchaban habitualmente en casa del músico de Callejeros; sólo hay una botella de alcohol; sólo hay menores que dan muestras de haber sido testigos presenciales de muchísimos episodios de violencia; sólo hay una joven de 29 años que muere sin poder contarle a la justicia qué pasó aquella noche, dejando a dos hijos de 5 y 8 años.

Es cierto, la Justicia necesita pruebas. Y como la Justicia es ciega, no ve que la violencia contra las mujeres tiene esa peculiar característica de transcurrir entre las cuatro paredes de las vidas privadas y de hacerse visible sólo cuando ya es demasiado tarde. La Justicia también es lenta, claro está. Por eso cuando llega (si llega), no se sabe para quién hace justicia. Porque la víctima, muchas veces, ya no está viva para aplaudir al tribunal.

La Justicia le niega el derecho a interrumpir el embarazo forzoso a una adolescente de 15 años, que fue abusada por su padrastro. El violador es suboficial mayor de la policía provincial de Chubut. La madre de la adolescente declaró “destruyó a la familia y debería estar detenido, pero como es autoridad de la repartición está libre mientras se investiga el hecho.” A la Justicia de Chubut, se sumó la “justicia divina” en boca del obispo: “Entendemos que está viviendo una situación desesperante (…), pero como Iglesia queremos dar un acompañamiento para dar lugar a esta vida que ya viene.”

Y en los medios, las funcionarias del Consejo Nacional de la Mujer repetían que no es necesario que la Justicia intervenga en estos casos, que para eso está estipulado que existen casos de abortos no punibles, como éste. Pero la Justicia interviene. Y es cierto, la funcionaria acepta que es difícil probar a la Justicia cuándo la prosecución de un embarazo es riesgoso para la salud de la mujer. Y como la Justicia es ciega, que la niña implore porque no soporta la situación, no es prueba de nada. Y como la Justicia es lenta, las apelaciones seguirán su curso y quizás el tribunal se expida cuando sea demasiado tarde.

La Justicia que dejó impunes a los empresarios asesinos de LAPA, la que nunca castigó a los responsables políticos de la muerte de Kosteki y Santillán, la que condenó a Romina Tejerina a catorce años de prisión, la que conserva en sus filas a jueces de la dictadura, la que persigue a los luchadores obreros y populares, la que ordena represiones y desalojos para defender los intereses de las grandes empresas capitalistas, la que mantiene a miles de genocidas impunes… la Justicia de este Estado de una minoría de parásitos que viven a expensas de la explotación y la opresión de millones… ¿será justicia?

Estado Mexicano: FEMINICIDA "Corte Interamericana de Derechos Humanos culpa al gobierno por feminicidios en Juárez"

Por: Lourdes Godìnez (Cimac)/ José Meléndez (El Universal)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) acusó al Estado mexicano de violar el derecho a la vida, a la integridad personal y la libertad personal en perjuicio de tres de las ocho víctimas de feminicidio del campo algodonero y lo responsabilizó de no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, documentadas desde 1993.

La justa sentencia sentará un precedente para el tema de feminicidio en la región de Latinoamérica y Centroamérica al ser la primera que reconoce la violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres.

En la primera condena contra México por asesinatos y desapariciones de mujeres ocurridos desde 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró culpable al Estado mexicano de un triple crimen de mexicanas que se registró en 2001 en esa región del norte del país, y le impuso sanciones legales, morales y económicas, informó ayer el máximo tribunal continental de justicia.

La CIDH determinó que los homicidios en Juárez “son alarmantes” y que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, incumplió su deber de investigar para garantizarlos, y violó la no discriminación, los derechos del niño y la integridad personal de familiares de las víctimas, que fueron acosados por agentes.

Han pasado ocho años de los hechos, dijo la Corte, y la investigación no ha pasado de su fase preliminar.

El Estado debe pagar más de 847 mil dólares por indemnizaciones, lucro cesante, costas, gastos y otras reparaciones a las familias de las víctimas.

El gobierno fue acusado por los homicidios, en septiembre y octubre de 2001, de las niñas Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años; Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17, y de Claudia Ivette González, de 20, víctimas de la cadena de secuestro, violación, tortura y asesinato contra centenares de mexicanas que ha sacudido a Ciudad Juárez.

La sentencia data del 16 de noviembre pasado, pero fue difundida ayer.

Las cifras negras

La Corte, ente de la Organización de Estados Americanos con sede en Costa Rica, reconoció que México “realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional”, pero no demostró haber adoptado “las medidas razonables, conforme a las circunstancias que rodeaban a los casos, para encontraria las víctimas con vida”.

No existen datos claros sobre la cifra exacta de homicidios de mujeres en Juárez desde 1993, aunque las cifras oscilan entre 260 y 442 casos.

La sentencia recordó que representantes de las tres víctimas dijeron que el tema de género es común denominador de la violencia en Juárez, y que “niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres”.

México atribuyó los homicidios a causas y patrones criminales diversos, pero “influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer”.

La Corte sentenció que el Estado deberá remover los obstáculos que impidan indagar los tres casos, y le ordenó levantar —en un plazo de un año— un monumento en memoria de las víctimas de homicidio y crear una página web que “deberá actualizarse permanentemente y contendrá información personal de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993”.

SOBRE LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS

La Corte determinó que si se permite que personas responsables “de estas graves irregularidades” continúen en sus cargos, o peor aún, ocupen posiciones de autoridad, se puede generar impunidad y crear las condiciones para que los factores que inciden en el contexto de violencia persistan o se agraven.

Condenó que el hecho de que no se haya investigado a ninguno de los funcionarios supuestamente responsables por las negligencias ocurridas, pone de manifiesto la situación de indefensión de las víctimas, contribuye a la impunidad y propicia la “repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos de que se trata”.

La Corte determinó que las irregularidades en el manejo de evidencias, la fabricación de culpables como el caso de “El cerillo y la Foca”, confesos bajo tortura de ser los asesinos seriales, el retraso de las investigaciones, la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, vulneran el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.

El Estado, apuntó, no garantizó a través de una investigación seria y adecuada, los derechos mencionados con anterioridad de las tres víctimas.

“Todo ello permite concluir que en el presente caso existe impunidad”.

La ineficacia judicial en casos individuales de violencia contra las mujeres, sostuvo la Corte, propicia un ambiente de impunidad “que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir”.

En el caso del campo algodonero, dice la Corte en su sentencia de 167 páginas, el Estado mexicano tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas y debió haber asegurado que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su desaparición.

Máxime, reitera, cuando tenía conocimiento de la existencia del contexto en la entidad, donde a diario desaparecían mujeres o niñas.

El Estado fue acusado por la Corte por una deficiente actuación de sus autoridades para buscar a las víctimas, por la mala diligencia en la determinación de la identidad de los restos, de las circunstancias y causas de las muertes, el retraso en la entrega de los cadáveres, la ausencia de información sobre el desarrollo de las investigaciones y el trato dado a los familiares durante todo el proceso de búsqueda de verdad.


REPARACIONES

La Corte le ordenó al Estado mexicano que dentro de un plazo razonable, investigue, a través de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplique las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes resultaran responsables.

Asimismo, establece que “como medida de satisfacción”, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de amplia circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el estado de Chihuahua, por una sola vez, los párrafos 113 a 136, 146 a 168, 171 a 181, 185 a 195, 198 a 209 y 212 a 221 de la Sentencia.

La sentencia, dijo la CoIDH, también deberá publicarse íntegramente en una página electrónica oficial del Estado, tanto federal como del estado de Chihuahua dentro de un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la misma.

Otro ordenamiento de la sentencia es que en el plazo de un año a partir de la notificación de la sentencia, el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos del campo algodonero, en honor a la memoria de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, donde deberá mencionar las violaciones a los derechos humanos en que incurrió y que se declararon en la sentencia.

El acto, dice la Corte, deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública con funcionarios de alto rango y ser transmitido a través de radio y televisión, tanto local como federal. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de las tres víctimas y de sus representantes legales.

En este caso, sentenció la CoIDH, “es pertinente que el Estado levante un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, entre ellas las víctimas de este caso, como forma de dignificarlas y como recuerdo del contexto de violencia que padecieron y que el Estado se compromete a evitar en el futuro”

Este monumento deberá construirse en el campo algodonero donde el 6 y 7 de noviembre de 2001, fueron encontradas las 8 mujeres asesinadas.

Entre otras medidas, la Corte, determinó la creación de una página electrónica de mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993 a la fecha, misma que deberá actualizarse constantemente.

Asimismo, le ordenó la creación de una base de datos que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, otra que contenga información genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que consientan –o que así lo ordene un juez- para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida.

También propone la creación de una base de datos con la información genética y muestras celulares proveniente de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que haya sido asesinada en Chihuahua.

Esta información, señala la Corte, deberá ser protegida por el Estado mexicano.

Entre otras medidas de reparación, la CoIDH establece tratamientos psicológicos, médicos integrales para los familiares de las víctimas, así como el pago por concepto de gastos de búsqueda de 150 dólares a la señora Monreal, 600 dólares a la señora González; y mil cincuenta dólares a la señora Monárrez.

También ordenó al Estado indemnizar a las jóvenes asesinadas por la falta de garantía de sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal.

De acuerdo a este ordenamiento, el Estado mexicano deberá pagar treinta y ocho mil dólares a favor de Claudia Ivette González y cuarenta mil dólares para cada una de las niñas Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.

Otros cuarenta y cinco mil dólares deberán pagarse a las madres de las jóvenes Herrera, Ramos y González quienes entregarán, en su caso, la cantidad que estimen adecuada a sus representantes, por concepto de costos y gastos.

Los montos asignados en la sentencia, deberán ser entregados en el plazo de un año a partir de la notificación de la misma.

México: Alcanza la justicia a militar feminicida en Chiapas

Por: Carlos Fazio / Prensa Latina

Por primera vez, un juez penal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, condenó a un militar por el feminicidio de su pareja.

El homicida deberá pasar 32 años en prisión, además de tener que pagar 36 mil pesos por el resarcimiento del daño moral a los familiares de la víctima y tres mil pesos por los gastos funerarios.

Los hechos ocurrieron el 2 de abril de 2008, cuando el uniformado Moisés Alfaro Morales apuñaló y degolló a su pareja, la indígena Sabina Patricia, de 24 años, una activista comunitaria que estaba próxima a concluir la carrera de Economía en la Universidad Autónoma de Chiapas.

El juez penal José Luis Jiménez, de San Cristóbal de las Casas, condenó a Alfaro por el delito de homicidio de relación, aplicado cuando hay un nexo de pareja y existe violencia doméstica, cuya pena alcanza, en el estado, entre 20 y 50 años de cárcel.

La pareja, la cual había procreado un hijo que tiene cinco años en la actualidad, se hallaba separada. El 2 de abril del año pasado, Alfaro le pidió a Sabina Patricia que regresara con él y ante su negativa la asesinó.

Luego de ultimar a su compañera, el homicida movió el cadáver y manipuló pruebas. Incluso escribió una "carta suicida" de Sabina Patricia.

Por tratarse de un militar, el Grupo Mujeres de San Cristóbal de las Casas (Colem), el cual dio seguimiento al caso, tuvo que bregar mucho para que el juez lo aceptara.

El tribunal quiso trasladar el caso a la justicia militar, a lo que el Colem respondió que el crimen fue cometido por Alfaro en "hora franca", fuera de servicio y vestido de civil. El fallo tuvo lugar el pasado 26 de agosto.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el de Sabina Patricia es uno de los mil 456 asesinatos contra mujeres que se han cometido en Chiapas, de los cuales sólo cuatro de cada 10 llegaron a juicio, con sentencia favorable para el asesor. El 86 por ciento quedó impune.

Estadísticas oficiales indican que 67 por ciento de mujeres sufren algún tipo de violencia en México.

De acuerdo con un manifiesto del grupo Las Mujeres de Negro, del estado de Chihuahua, el lugar más peligroso para las féminas sigue siendo su casa. Ante la falta de acceso a garantías y protecciones judiciales, por lo general la violencia doméstica termina en feminicidio.

En el México actual, la situación de la mujer se ha agravado en muchos estados que han sido militarizados. En ellos es posible constatar un aumento de las denuncias de casos de abusos sexuales por militares.

A ello se suma que la imposición del modelo económico neoliberal pisotea los derechos humanos de las mujeres, lo que ha llevado a un incremento de la feminización de la pobreza. En el país, mayoritariamente, la pobreza tiene rostro y cuerpo de mujer.

Al respecto, en los últimos 13 meses, 15 estados de la República han modificado sus constituciones para eliminar excepciones y encarcelar de manera indiscriminada a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, aún cuando éste haya sido producto de una violación.

Lo anterior vino a anular derechos adquiridos por las mujeres a partir del código penal de justicia de 1871, que preveía excepciones y atenuantes para la interrupción del embarazo.

En ese contexto, las Mujeres de Negro de Chihuahua, el estado que desde hace 10 años cobró visibilidad mundial por el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, han venido pidiendo la desmilitarización del país y el otorgamiento de mayores garantías en la procuración de justicia para las víctimas en el fuero civil por los delitos perpetrados por militares.

*Reconocido articulista de la prensa mexicana. Colaborador de Prensa Latina.

Mexico, en el banquillo de la Corte Interamericana por crímenes de Feminicidio en Ciudad Juarez

Por: Enrique Gutiérrez

México comenzó a ser enjuiciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su presunta responsabilidad en la muerte de tres mujeres en Ciudad Juárez, en hechos ocurridos a finales de 2001, donde se acusa al Estado de falta de medidas de protección y prevención del crimen.

Esta es la primera denuncia que atiende un tribunal internacional sobre algunas de las cerca de 500 mujeres asesinadas en los últimos años en esa ciudad fronteriza, con motivaciones de índole sexual y encarnizamiento, en casos que en su mayoría no han sido esclarecidos judicialmente. Incluso se menciona que habría 600 mujeres desparecidas.

Por ello, Organizaciones civiles nacionales e internacionales exhortaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), a través de un manifiesto público, para que se pronuncie de forma contundente sobre las graves y continuadas violaciones a derechos humanos de las mujeres en las que ha incurrido el Estado mexicano.

Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez aparecieron sin vida arrojadas junto a cinco cuerpos de mujeres, en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Dos de ellas eran adolescentes.

A ocho años, estos crímenes han permanecido en la impunidad, señalan las organizaciones, durante los cuales las madres de Irma, Josefina y Claudia, así como sus defensoras, han sido objeto de hostigamiento, amenazas y descalificaciones por parte de agentes del Estado mexicano.

Finalmente, durante la audiencia pública, las madres de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette y Laura Berenice serán escuchadas por un tribunal imparcial, hoy y mañana, en la capital chilena.

La Corte Interamericana, señala el pronunciamiento de las organizaciones, afronta el reto de escuchar este caso, que representa una grave y continuada violación a los derechos de las mujeres por parte del Estado mexicano.

“La Corte podrá sentar las bases de la responsabilidad estatal sobre la violencia contra las mujeres, la cual está sustentada en históricas relaciones de desigualdad entre las mujeres y los hombres, y afecta siempre a un conjunto amplio de mujeres y a todas en tanto género”, dice el comunicado.

DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LOS DH

Las organizaciones civiles de la fronteriza Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, han registrado y denunciado, desde 1993, desapariciones y homicidios de mujeres ante los cuales las autoridades locales, estatales y federales han actuado de manera discriminatoria, omisa y negligente. Y la demanda de justicia se ha extendido más allá de las fronteras de Ciudad Juárez.

Es requisito indispensable para la reconstrucción social en Ciudad Juárez acceder a la verdad y a la justicia en estos casos, puntualizan las organizaciones. “Mientras ser mujer represente un peligro de muerte, ninguna podrá ejercer cabalmente nuestras libertades y nuestros derechos”.

“Manifestamos nuestra preocupación por la integridad de las defensoras de derechos humanos que han visto amenazada su integridad y la de sus familias, y que temen que se incremente el riesgo en tanto el caso avanza, como consecuencias de sus denuncias ante medios de comunicación, la presentación y defensa de los casos ante instancias de justicia y derechos humanos nacionales, regionales e internacionales, su exigencia de acciones estatales y políticas públicas reales, contundentes y efectivas para detener la violencia en Ciudad Juárez”.

Firman el comunicado, entre otras organizaciones: Asociación Sinaloense de Universitarias, AC; Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe; Católicas por el Derecho a Decidir–Chile; Consejo Consultivo de Organizaciones de la Sociedad Civil; Centro de Derechos de Mujeres; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) AC; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y decenas más.