El año cierra con 400 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez

Carlos Coria / Excelsior

Un promedio de 14 mujeres al día fueron atendidas por violencia de género en esta entidad, reveló el Instituto Chihuahuense de la Mujer.

El informe anual indica que de enero a noviembre de 2010 fueron atendidas en todo el estado cuatro mil 659 mujeres por diversas causas.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres han asegurado que esta violencia que inicia en el hogar, puede derivar posteriormente en los llamados feminicidios.

Sin embargo, sus seguimientos de homicidios de mujeres han detectado que a partir de la guerra que emprendieron los cárteles de la droga, muchas mujeres son obligadas por sus parejas a delinquir y que en la mayoría de las veces las lleva a ser víctimas de una ejecución.

En el estado de Chihuahua son cerca de 500 mujeres que han sido acribilladas a tiros por ajustes de cuentas entre narcotraficantes, 400 casos de los cuales se han dado en Ciudad Juárez.

En atención a la violencia de género y otros servicios dirigidos a la mujer, gobierno del estado y la Secretaría de Fomento Social, a través del Instituto Chihuahuense de la Mujer ha logrado a la fecha un alcance de atención en más de 80 por ciento en el estado, aseguró la dependencia.

Tan sólo del mes de enero a noviembre de 2010 se atendieron cuatro mil 941 personas entre hombres y mujeres. En su mayoría las atenciones se brindan a mujeres con una cifra de cuatro mil 659, en tanto que se logró la atención de 282 hombres.

Durante el mes de noviembre, la cifra de atenciones con lo que se puede ver el impacto que el Ichmujer ha logrado llegar a mujeres y hombres, quienes cada vez conocen más y acuden a los servicios del Instituto.

Sólo en dicho mes se atendieron 886 nuevas personas entre hombres y mujeres y se otorgaron dos mil 395 servicios en el mes entre guarderías, becas, atención sicológica, empleo, despensas y servicio médico.

Es de destacar que de comenzar con sólo una oficina de atención, el Instituto Chihuahuense de la Mujer llega a la fecha a más de 60 localidades del estado, a través de sus cinco módulos fijos ubicados en Chihuahua, Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, Parral y Creel, así como por sus módulos itinerantes, en donde se brindan asesorías legales, sicológicas y de trabajo social de manera totalmente gratuita.

Como un servicio más y llegando a las localidades y colonias más vulnerables, el Instituto Chihuahuense de la Mujer ofrece el servicio de sus Módulos Itinerantes en el Estado atendiendo a alrededor de 75 personas por semana en cada módulo.

A la fecha, el Ichmujer cuenta con seis unidades itinerantes, y cada una de estas unidades se encuentran calendarizadas para además de atender colonias del municipio en donde se ubican, llegar a otras entidades cercanas a su zona.

No garantiza el Estado mexicano justicia para las mujeres: comisionada de la ONU

Emir Olivares y Fabiola Martínez /Periódico La Jornada

La alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, manifestó preocupación por la situación en México de las garantías fundamentales de las mujeres, en especial por los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante una reunión con organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la representante de la ONU también expresó su inquietud por la impunidad en que permanecen los abusos contra el sector en el país, pues el Estado mexicano "no está garantizando la justicia" para ellas, afirmó.

Algunas de las asistentes informaron que en la reunión, más de 30 organizaciones civiles y familiares de víctimas de violencia expusieron ante Kang la “falta de mecanismos reales del Estado mexicano –en sus diversos niveles– para proteger los derechos humanos de las mujeres”.

María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quien asistió a la reunión, sostuvo que se abordaron temas y casos "emblemáticos", como la aprobación de legislaciones antiaborto en 18 estados del país, las cuales criminalizan a las mujeres por decidir sobre su cuerpo, así como el encarcelamiento de varias de éstas, a quines se acusa de "homicidio" por abortar.

Las ONG sostuvieron que aun con las recomendaciones internacionales y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por casos de feminicidio en Ciudad Juárez, este delito va en aumento.

“Hablamos del incremento de asesinatos de mujeres en esa urbe, que ahora, por el problema del narcotráfico en la región, se invisibilizan porque sólo se aborda la situación y las ejecuciones del crimen organizado, no la vulnerabilidad del sector femenino en Chihuahua.”

Kang también escuchó sobre algunos casos de trata de personas, violencia sexual, la situación de "vulnerabilidad y riesgo" en que están algunos refugios para mujeres en los estados. Se habló además de la problemática que enfrentan las reclusas y las indígenas, en particular el caso de San Juan Copala, Oaxaca, donde son víctimas de un cerco paramilitar que impide incluso llevarles ayuda humanitaria.

La violencia sexual de que fueron víctimas más de 20 detenidas durante los operativos policiacos en San Salvador Atenco –en mayo de 2006– y las indígenas que han sido violadas por elementos del Ejército, fueron otros de los temas relevantes durante la charla.

La alta comisionada adjunta aprovechó su visita al país para participar en el 30 Congreso de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, para además reunirse con ONG y representantes gubernamentales.

"Se trató de un encuentro previo a la visita oficial que en noviembre de 2010 realizará al país Navi Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Kang llevará a Pillay toda la información que recabe en estos días".

En la reunión con la representante de la ONU, efectuada ayer en la mañana, participaron madres de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, el Consorcio para el Diálogo, la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, el Grupo de Información y Reproducción Elegida y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras organizaciones.

Posteriormente, Kang se reunió con representantes de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de la Comisión del Feminicidio de la Cámara de Diputados y de otras instancias gubernamentales.

La Secretaría de Gobernación informó que la representante de la ONU fue recibida en la dependencia por el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Felipe Zamora. Durante en encuentro los funcionarios de gobierno reiteraron que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública está apegada a derecho y refrendaron el "absoluto compromiso" del gobierno federal con el respeto a los derechos humanos, en el contexto de la lucha contra el crimen organizado.

También se habló de los desafíos existentes en torno a la coordinación entre la Federación y las entidades para la aplicación de políticas públicas integrales de protección y promoción de los derechos humanos.

Próximo jueves 29 de abril a las 11 am: Movilización de mujeres frente al Tribunal Supremo de Justicia

Por: Aporrea.org/ Diversas organizaciones sociales

En una concurrida reunión en el Centro de Estudios de la Mujer, convocada por la Araña Feminista, a la cual asistieron feministas de distintas generaciones y tendencias. De los puntos que se tenían para la agenda, hubo uno que, en particular, revestía de importancia y urgencia: el caso del femicidio de Jennifer Carolina Viera, la esposa del Inca Valero, quien fuera asesinada por este luego de un espiral de violencia que ya tenía su historia.

De la discusión se tomó la decisión de realizar una movilización para el jueves 29 de este mes a las 11 am frente al Tribunal Supremo de Justicia, con el propósito de hacer entrega de un pronunciamiento público y otros documentos de orden jurídico para exigir, en primer lugar, la investigación de todas y todos los funcionarios que estuvieron involucrados durante el proceso de denuncia a Valero luego de la hospitalización de Jennifer Carolina el pasado mes de marzo; la suspensión del fiscal encargado del caso Valero hasta tanto no se hayan determinado responsabilidades respectivas; la evaluación de la aplicación de la Ley para una Vida Libre de Violencia, entre otros.

Porque el machismo también mata!!!!!
No más Jennifer!!!!!
Jennifer se nos murió; otras mujeres pueden salvarse!!!!!!!

Hagamos acto de presencia frente al Tribunal Supremo de Justicia el próximo jueves 29 de abril a las 11 am.

Todo reformismo se caracteriza por el utopismo de su estrategia y el oportunismo de su táctica (Mayo Francés, Sorbonne, 1968).
Aliviar la miseria no significa destruirla; suavizar el mal no es extirparlo (Flora Tristán, Unión Obrera).

Propondrán reforma de Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia

ABN.- Representantes del Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género (Minmujer) y el movimiento de mujeres de Venezuela elabora una propuesta de reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, así como la aprobación de nuevos código civil, código penal y código de comercio.

Así lo indicó la viceministra para la Transversalidad Política de Género del Minmujer, Elida Aponte.

Indicó que este organismo y el movimiento de mujeres “avanzamos hacia la fudamentación y concreción de un nuevo ordenamiento jurídico que no discrimine a 51,3% de la población venezolana, que somos las mujeres”.

Asimismo, especificó que en relación con la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia se adelantan observaciones a algunas sanciones contenidas en esta normativa, que son poco relevantes o bajas.

También refirió que se pedirá establecer que el femicidio o feminicidio, como el caso de Jennifer Vieira de Valero, no sea tratado por jueces o juezas con competencia ordinaria, sino por jueces y juezas con competencia en violencia contra las mujeres.

“Vamos a pedir que la competencia en materia de femicidio la tengan los tribunales de violencia contra las mujeres y algunos otros aspectos procesales de esta ley que proyectamos mejorar”, anunció.

De igual forma, dijo que Minmujer y el movimiento de mujeres trabajan en la propuesta de reforma del código penal, que se presentó ante la Asamblea Nacional (AN), para ser tratada por los diputados y diputadas, para avanzar en la creación de un nuevo código penal, “porque las mujeres no queremos reforma de esta normativa, debido a que el código penal vigente no está acorde con la Constitución de 1999”.

“Vamos a eliminar algunas nociones patriarcales como la noción del buen orden de las familias, que es una noción absolutamente romanista, y vamos además a proponer un nuevo código civil y la propuesta de un nuevo código de comercio”, precisó.

Mairim Delgado perdió al bebé debido a las torturas...

Últimas Noticias / Tomado de: ANMCLA

Mairim Delgado, tras obtener su libertad por orden judicial, ratificó su denuncia sobre torturas recibidas en la sede de la Disip luego de su detención el 24 de septiembre pasado y añadió que por los golpes recibidos, perdió a un bebé de seis semanas de gestación.

Mairim Delgado visitó la redacción de Últimas Noticias junto a su novio Octavio José Toledo, así como con la madre y la hermana de José Rafael Escalona y Jorge Troncozo, estos dos últimos detenidos en el mismo operativo y quienes todavía permanecen presos en el retén de La Planta.

"Quiero ratificar todas y cada una de las denuncias que mis familiares formularon sobre la tortura que recibí en la sede de la Disip por parte de algunos funcionarios, lo mismo que a mis otros compañeros. Además, denuncio que a raíz de los malos tratos perdí a mi bebé de seis semanas, puesto que cuando me detuvieron y tras practicarme el examen médico, me enteré que estaba embarazada", denunció Mairim.

La estudiante excarcelada fue enfática al reclamar que sean investigados por la fiscalía los funcionarios que intervinieron durante su detención, porque les dispararon sin darles la voz de alto. También exigen que les permitan identificar por fotos o por reconocimiento directo a los funcionarios que los torturaron.

Asimismo, exigieron que la funcionaria Laura González explique a la fiscalía el motivo que tuvo para "mentir sobre la hora del asalto", puesto que, según se pudo conocer, la Fiscal del caso tiene ya en su poder la información del banco donde se señala que el asalto a la funcionaria del organismo policial fue perpetrado exactamente a la 1:18 pm del 24 de septiembre y no a las 3:30 pm, como ella sostuvo.

Por su parte Clarita Vera Olguín, hermana de Jorge Troncozo, quien es maestro de construcción y buhonero en sus ratos libres, y Lilian Aguilar, madre de José Escalona, mototaxista; exigieron la inmediata libertad de ambos, porque aseguran que son totalmente inocentes.

Ministerio para la Mujer trabajará con tribunal especial en Anzoátegui sobre casos de maltrato

Fuente: ABN

El Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género inició la coordinación de mesas de trabajo con los representantes del tribunal especial que atiende los casos de violencia contra las féminas, en el estado Anzoátegui.

Así lo dio a conocer la directora del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género en la entidad, Clara Villarroel, quien indicó que la intención es brindarles mayor protección a las mujeres víctimas de abuso.

Comentó que en las mesas de trabajo se discutirá la capacitación en igualdad de géneros, para los funcionarios de los tribunales de violencia contra la mujer y el Ministerio Público.

Apuntó que otro tópico será la celeridad en la respuesta a las causas, para evitar la frustración de la víctima y la impunidad del agresor, garantizando la seguridad de aquellas mujeres que deciden denunciar los maltratos.

Villarroel destacó que cada vez son más las mujeres que denuncian a sus agresores, y agregó que sólo en el momento de apertura de los tribunales especiales en Anzoátegui, hace unos 3 meses, se recibieron mil 200 causas.

“El Ministerio (del Poder Popular para la Mujer) tiene la potestad de exigir celeridad en estas causas y darles seguimiento, sino la garantizamos y nos cargamos de denuncias, sin llevarlas a un feliz termino, sólo contribuimos a frustrar a las afectadas”, apuntó.

Al fin el Estado Mexicano será juzgado ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por FEMINICIDIO

El Estado mexicano será juzgado entre el 27 y 30 de abril próximos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) debido a importantes irregularidades en la investigación y negativas para dar información a los representantes de las mujeres asesinadas y halladas en el predio denominado Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Esta será la primera vez que México será sometido a juicio ante una corte internacional por algunos de los múltiples crímenes (más de 400) perpetrados contra mujeres en Ciudad Juárez desde 1993, gracias a que han luchado por dicho objetivo los representantes del caso: la Asociación Nacional de Abogados Democráticos AC (ANAD), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer AC (CEDIMAC).

La historia se remonta al año 2001, en concreto a los días seis de noviembre, cuando se encontraron tres cadáveres, y siete de noviembre, fecha en que fueron descubiertos cinco cuerpos femeninos más en dicho predio, los cuales presentaban señales claras de tortura.

En la resolución de la CoIDH, con fecha de 19 de enero de 2009, se indica que, de acuerdo con el escrito de demanda que hizo ante la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano es internacionalmente responsable por la desaparición y la ulterior muerte de diversas mujeres jóvenes.

Dichos homicidios fueron objeto de una misma investigación ante la Procuraduría General de la República (PGR) entre los años 2003 y 2005. Pero después de presentarse diversas fallas en la investigación por parte de las autoridades municipales y federales, se separaron cada uno de los casos para continuar su investigación individualmente.

La consecuencia principal de la separación de los casos es que la CoIDH no pudo considerar a ocho presuntas víctimas, sólo a tres para llevar a cabo el proceso legal contra el Estado mexicano. Sus nombres: Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monarrez.

INTERNACIONALMENTE RESPONSABLE

En la resolución de la CoIDH, con fecha de 19 de enero de 2009, se indica que, de acuerdo con el escrito de demanda que hizo ante la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano es internacionalmente responsable por la desaparición y la ulterior muerte de las jóvenes arriba mencionadas.

Esto, porque el Estado no proporcionó protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad, así como tampoco incurrió en la prevención de los crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género en la región, el cual ha dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas.

Además, se acota la inexistente respuesta de las autoridades locales frente a la desaparición de las víctimas.

Todo ello, dice la resolución, constituye violaciones a los derechos protegidos por los artículos 4 (derechos a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 8 (derecho a las garantías judiciales), 19 (derechos del niño) y 25 (derecho a la protección judicial de la Convención Americana.

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE VÍCTIMAS

Los representantes de las víctimas del caso Campo Algodonero solicitaron a la CoIDH una ampliación de víctimas a ocho, utilizando como argumento principal la decisión que había tomado el Estado inicialmente de englobar los ocho casos de feminicidio en uno solo. Posteriormente, a causa de la errónea identificación de los cadáveres, los representantes concluyeron que el número real de víctimas era once.

De esta forma, a Esmeralda, Claudia y Laura se sumarían María de los Ángeles Acosta Ramírez, Guadalupe Luna de la Rosa, Mayra Juliana Reyes Solís, Verónica Martínez Hernández, Bárbara Aracely Martínez Ramos, María Rocina Galicia Meraz, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz y otra mujer cuyo nombre se desconoce y permanece como femenina no identificada 195/01.

A finales de 2005 y durante 2006 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) emitió dictámenes para la correcta identificación de los cuerpos de Campo Algodonero. Éstos pertenecían a Esmeralda Herrera Monreal, María de los Ángeles Acosta Ramírez y Mayra Juliana Reyes Solís.

Respecto de los cuerpos que habían sido inicialmente identificados como Guadalupe Luna de la Rosa, Verónica Martínez Hernández y Bárbara Aracely Martínez Ramos, se determinó que dicha identificación era equivocada y que los cuerpos en realidad pertenecían a María Rocina Galicia Meraz, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz y a un femenino que el EAAF tampoco logró identificar.

Se estableció después que un cuerpo hallado en otro predio de Ciudad Juárez correspondía a Verónica Martínez Hernández.

El EAAF coincidió con los representantes de las víctimas en que todas las mujeres cuyos cadáveres fueron hallados en Campo Algodonero, así como los tres de las que fueron erróneamente vinculadas a dicho caso hasta el año 2006, guardan relación con los hechos de la demanda, pues, reitera, en las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades locales y federales, siempre se consideró a las ocho víctimas como un mismo caso.

Los representantes acentúan además la situación de Guadalupe Luna de la Rosa y Bárbara Aracely Martínez Ramos, quienes, al ser excluidas de las nuevas identidades de las mujeres de Campo Algodonero, se mantienen hasta hoy como desparecidas.

A raíz de estas fallas, en el mismo año 2006, de manera irregular y en contra de toda lógica y técnica de investigación criminal, califica el EAAF, la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua dividió en ocho legajos la misma averiguación previa.

Hecho controversial, señala, porque el Estado conocía de los errores en la identificación de los cuerpos y cuando la CIDH notificó la acumulación de tres casos más, éste no se opuso a dicha acción.

Estas observaciones del EAAF sobre las irregularidades, señalan los representantes de las víctimas, fueron transmitidas en su totalidad al Estado mexicano, pero16 meses después, cuando respondió a dicho escrito, no se pronunció sobre dichas irregularidades.

La errada identificación de los cuerpos, indudablemente contribuyó a la decisión final de la CoIDH de juzgar al Estado únicamente por tres mujeres asesinadas, apunta el EAAF, porque el primer momento que tuvieron los representantes de las víctimas para hacer solicitudes concretas con referencia a las demás víctimas fue hasta después de admitidos los tres primeros casos.

A esto se suma que en el año 2002, las familias del resto de las víctimas no quisieron presentar las peticiones ante la Comisión porque no estaban seguras de que los cuerpos que las autoridades mexicanas les entregaban eran en realidad los de sus hijas, dice la EAAF.

Particularmente, resalta el EAAF, fue imposible que familiares de Merlín Elizabeth Martínez Sáenz o María Rosina Galicia Meraz accedieran al sistema interamericano cuando los cuerpos fueron identificados con posterioridad al año 2006.

Por otra parte, las peticionarias del caso "Esmeralda Herrera" solicitaron en reiteradas ocasiones que la CIDH se pronunciara sobre las otras víctimas, pero ésta nunca lo hizo y, por tanto, en un sistema de protección de los derechos humanos, no puede ser imputable a las propias víctimas la omisión tanto del Estado como de la Comisión de pronunciarse al respecto, concluye.

PROCESO A PRESUNTOS ASESINOS

Se pidió también ampliar el número de víctimas ante la Corte debido a las irregularidades en el proceso iniciado en contra de los supuestos responsables de los feminicidios de Campo Algodonero: Víctor Javier García Uribe, Gustavo González Meza y Édgar Álvarez Cruz.

Los representantes señalan que Víctor García Uribe y Gustavo González Meza fueron detenidos por los delitos de homicidio y violación de las ocho mujeres halladas en Campo Algodonero, con base en declaraciones autoinculpatorias y las de una supuesta testigo, quien no fue corroborada.

Agregan que Gustavo González Meza murió en prisión después de una operación en condiciones aún no aclaradas y su abogado había sido asesinado anteriormente por agentes de la policía.

Asimismo, expresan, el abogado defensor de Víctor García Uribe también fue asesinado sin que se haya establecido la causa del homicidio.

García Uribe fue condenado por los ocho homicidios en 2004, pero dicha decisión fue revocada en 2005.

En 2006 fue detenido Álvarez Cruz, quien fue implicado por declaraciones de José Francisco Granados de la Paz y vinculado a uno de los homicidios de Campo Algodonero.

En cuanto al proceso seguido en contra de éste, los representantes aseguran que se ha denunciado tortura psicológica contra él, así como hostigamiento y tratos inhumanos contra sus familiares, además de diversas arbitrariedades en la recolección de prueba.

Sostienen también que en junio 2007 el Estado habría obtenido de la CIDH una prórroga, argumentando avances en las investigaciones del caso Campo Algodonero, pese a que los procesos de Álvarez Cruz y Granados de la Paz estaban relacionados únicamente con el asesinato de Mayra Juliana Reyes Solís, ya que, entre otros hechos, no se demostró que Álvarez Cruz estuviera en el país al momento de la desaparición de las otras siete mujeres.

Asimismo, el Estado presentó dichos procesos como un “éxito en sus nuevas investigaciones y reiteró que ambos sujetos eran responsables de los homicidios de todas las jóvenes”.

A pesar de estas declaraciones, sostienen los representantes, el Estado asevera en torno a la solicitud de ampliación de víctimas, que los procesos seguidos en contra de Edgar Álvarez Cruz no guardan relación con el caso. Es decir, se contradice.

Entonces, el Estado mexicano se benefició de una prórroga de cuatro meses por hechos que, ahora manifiesta, no guardan relación con el caso. Esto se traduce en un manejo solamente parcial de la información, lo que no beneficia en ningún sentido la resolución de los crímenes, finalizan los representantes de las víctimas.

NEGACIÓN DE INFORMACIÓN

La CoIDH consideró también como agraviante la negativa del Estado mexicano a remitir cierta prueba solicitada por los representantes, la cual además fue requerida por la Corte a través de un listado de 21 documentos en febrero y agosto del año pasado.

Entre la información no remitida se encuentra la totalidad de la causa penal instaurada contra Víctor García Uribe y Gustavo González Meza; la documentación relativa a la investigación que se realiza en el fuero interno por la supuesta tortura cometida contra los mismos, además de Mario Escobedo y Sergio Dante Almaraz.

También, la legislación interna que regula la donación de cuerpos no identificados y el listado de expedientes que se hayan iniciado por las supuestas irregularidades cometidas por los servidores públicos de Ciudad Juárez relacionados con los homicidios de mujeres y niñas de 1993 a la fecha.

Dicha acción fue y continúa siendo parte de la serie de irregularidades en las cuales el Estado ha incurrido durante más de diez años en torno a los casos de feminicidio cometidos en Ciudad Juárez y Chihuahua.