Un espacio para las mujeres inmigrantes en California

Eliana Costa

Desinformémonos California, Estados Unidos. María Jiménez, inmigrante mexicana, recuerda que cuando vino a los Estados Unidos no sabía el idioma y no conocía a nadie. Con miedo de andar por la calle, pensaba que cada oficial uniformado era un agente de inmigración. Sabe lo que fue vivir en el miedo constante de ser deportada y por ello se sentía extraña. En 1989, María encontró a otras mujeres inmigrantes de Latinoamérica con experiencias similares. La Universidad de California desarrolló un estudio que alcanzó a cientos de mujeres inmigrantes como María. La última pregunta fue si estaban dispuestas a unirse en un grupo de apoyo. María dijo que sí, y esto cambió el curso de su vida.

María y otras migrantes latinoamericanas formaron el grupo de Mujeres Unidas y Activas (MUA), que proporciona apoyo a inmigrantes de Latinoamérica que viven en Misión de San Francisco. MUA también es un espacio donde las inmigrantes construyen su amor propio.

MUA tuvo su primera reunión en el Edificio de la Mujer de San Francisco (TWB). María recuerda que TWB no sólo les proporcionó el espacio para sus reuniones mensuales, sino también un espacio donde sus niños serían cuidados mientras ellas asistieran a sus reuniones.

La madre de los espacios

En 1971, un grupo de mujeres visionarias fundó el Centro de Mujeres de San Francisco (SFWC), con un área de proyectos que se ocupa de las emergencias de las mujeres. Las primeras oficinas abiertas por el equipo sobre Brady Street enseguida quedaron pequeñas para la cantidad de demanda que recibieron. Publicaron un boletín de noticias, proveyeron de personal una central para la comunidad y organizaron un grupo de activistas. En 1979, SFWC compró el pasillo Dovre, y lo transformó en el primer centro municipal tomado por las mujeres y manejado por ellas, el “Edificio de la Mujer”.

Desde entonces, el Edificio ha patrocinado a más de 170 organizaciones emergentes, como el MUA o la Casa de las Mujeres, el primer edificio-refugio para mujeres golpeadas y fundación para la mujer en California. Se estima que unas 20 mil personas pasan por allí cada año para acudir a sus servicios, incluyendo mujeres inmigrantes que reciben asesoramiento, cursos y ayuda para la integración.

El Centro de Mujeres afirma, desde 1971, que todas las mujeres tienen el mismo derecho a la vida laboral y creativa. El Edificio es en sí un espacio en la comunidad, conducido por mujeres, que aboga por la autodeterminación, la igualdad sexual y la justicia social.

En el Edificio, las mujeres pueden tener cuidados para ellas y sus familias, usando sus servicios sociales. Se apoya el bienestar de mujeres y jóvenes propugnando por justicia social.

Para reflejar lo que significa el espacio, en 1994 un grupo de siete mujeres artistas de diferentes generaciones creó “El Mural”, una obra concebida bajo una idea multicultural. El diseño del mural fue resultado de un año y medio de reflexión y planificación de una amplia gama de organizaciones, comunidades e individuos. Juana Alicia, Miranda Bergman, Edythe Boone, Susan Kelk Cervantes, Meera Desai, Yvonne Littleton e Irene Perez (y muchos ayudantes) cubrieron dos paredes exteriores con imágenes que reflejan las contribuciones valiosas de mujeres en el mundo entero. Algunas de las famosas incluidas son Audre Lorde, Georgia O’Keefe y Rigoberta Menchu. Además, iconos femeninos como Quan Yin, Yemeyah, y Coyolxauqui son parte del motivo espiritual del diseño.

Ayuda a las inmigrantes

Trabajan en varias actividades y publicaciones, y las integrantes de MUA llevan adelante una campaña para abogar por los derechos de las trabajadoras inmigrantes.

Por 20 años, María y Juanita, ahora directoras de MUA, han ayudado a conducir los esfuerzos alrededor de mujeres inmigrantes y los derechos de los trabajadores, ayudado a otras mujeres latinoamericanas a encontrar sus propias voces en la lucha por el fortalecimiento personal, así como por la justicia y la igualdad de derechos para todos los inmigrantes.

Fuente: http://desinformemonos.org/2013/12/un-espacio-para-las-mujeres-inmigrantes-en-california/

La deportación de una adolescente estadounidense a Colombia constituye el último fracaso del sistema inmigratorio

Juan González y Amy Goodman

Democracy Now! La familia de la adolescente Jakadrien Turner de Dallas está exigiendo respuestas, después de que la joven fuera deportada a Colombia, a pesar de que es ciudadana estadounidense y no habla español. Turner, afroestadounidense de 15 años de edad que había huido de su hogar, estaba viviendo en Houston cuando fue arrestada por hurto de mercadería en comercios y le dio a la policía un nombre falso. Dicho nombre pertenecía a una inmigrante colombiana indocumentada de 22 años de edad sobre quien pesaba una orden de arresto. Según se informa, a pesar de que la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ( ICE ) confirmó que las huellas dactilares de Turner no coincidían con las de la ciudadana colombiana, Turner fue deporatda. "La gente no tiene idea de que en este país tenemos una policía deshonesta.

Esa policía deshonesta se llama ICE ", sostiene Ralph Isenberg, empresario de Dallas que se ha convertido en defensor de los inmigrantes. "Espero que la comunidad afrodescendiente de EE.UU. que sabe lo que significa la destrucción de las familias por el efecto de la esclavitud en nuestras familias, en algún punto se dé cuenta y entienda que el problema de los inmigrantes es algo que no podemos ignorar", añade el reverendo Peter Johnson de Dallas, antiguo defensor de los derechos civiles que ha estado colaborando con la familia Turner. También hablamos con Jacqueline Stevens, profesora de ciencias políticas de Northwestern University, que acaba de publicar un informe exhaustivo sobre los ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos y deportados.

Más información en inglés: http://www.democracynow.org/2012/1/6/deportation_of_us_teen_to_colombia

Latinoamérica: Corrientes migratorias en ascenso femenino

Sara Lovera
(SEMlac).- La migración en América Latina tiene hoy un rostro femenino: en los últimos años al menos dos millones de mujeres de esta región salieron de sus países de origen, las tres cuartas partes a Estados Unidos, cerca de 400.000 hacia otras naciones del área.

Sólo desde México, entre 2006 y 2011, cerca de 150.000 mujeres marcharon cada año a los Estados Unidos. El cuidado de la infancia, de personas mayores y discapacitadas está en manos de peruanas, colombianas, bolivianas y ecuatorianas tanto en España como en Chile o Venezuela, también países receptores.

Hoy se presume que al menos cinco millones de mexicanas se han asentado en Estados Unidos, y ahí —si no se quedan— dejan a sus hijos.

La inmensa mayoría de las migrantes busca progreso, sobrevivencia y, por lo general, se emplea en condiciones precarias, en trabajos de cuidado de la vida y doméstico, labores de poca paga en hoteles, restaurantes, hospitales y empresas maquiladoras.

Además, las mujeres que se movilizan encuentran un muro y un entramado legislativo que les impide el libre tránsito y, en el trayecto, sus derechos humanos son violados sistemáticamente, principalmente el que debía garantizarles la integridad sexual. Miles de ellas dejan de comunicarse con sus familias y están técnicamente desaparecidas.

Este panorama es el que un grupo de académicas y activistas analizaron en ponencias, testimonios y estudios durante el Seminario Internacional: Mujeres, Migración y Seguridad Ciudadana, realizado en la ciudad de México los días 26 y 27 de agosto, organizado por la Red Género y Economía (REDG), la agrupación Enlace: Comunicación y capacitación, la Vicepresidencia de Equidad y Género de la Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores (UNT) y la Confederación Sindical Internacional (CSI).

El contexto es lastimero, dijo durante la presentación de los trabajos Martha Heredia, vicepresidenta de la UNT, porque es claro que el deterioro económico hace que se profundice la vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras en general y las migrantes en particular, que viven violencia, maltrato y, lo más grave, trata y feminicidio.

Leonor Aída Concha, de la REDG, se pronunció porque los grupos de mujeres y de la sociedad civil, en colaboración con los refugios de mujeres en Canadá y Estados Unidos, logren plantear estrategias de salida, apoyo y reconocimiento a las que, al salir de sus fronteras, contribuyen a la economía de sus familiares y arriesgan su vida.

Pero, advirtió, también ellas forman parte hoy día de la conciencia libertaria de las mujeres de todo el continente.

Las especialistas hicieron notar que, en cifras, todo es una proyección. Lo que es posible constatar, incluso en estudios del Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos, es que el desempleo, el miedo ante la criminalidad y la falta de oportunidades en sus países de origen han provocado en las últimas décadas que las mujeres salgan, busquen una nueva vida, se desarraiguen y se arriesguen a atravesar ríos, canales, fronteras inseguras y situaciones peligrosas.

Los testimonios hablan de abusos de autoridades migratorias mexicanas para el caso de las mujeres que se mueven de Centroamérica a Estados Unidos y se observa un flujo de bolivianas, ecuatorianas, peruanas y colombianas hacia Chile, Argentina y Venezuela, creando una cadena del cuidado que los Estados no son capaces de enfrentar.

Son ellas, dijo la uruguaya Natalia Paola Rossi, quienes ya inauguraron lo que se llama familias trasnacionales, y con su trabajo están reproduciendo las economías globales.

Rossi señaló que se ha formado una cadena vulnerable y precaria de mujeres que han creado una diáspora de cuidado y transferencia del cuidado de los países económicamente más fuertes a los brazos de las pobres.

El 40 por ciento de las migrantes latinoamericanas, afirmó, dejan a sus hijos en el país de origen y existe una refuncionalización del trabajo de cuidado de las abuelas, lo que no es transparente a la hora que en México, Perú o Bolivia se hacen cuentas nacionales de productividad, pues no las reconocen.

Mirna Lucrecia López, de Guatemala, explicó que en Centroamérica y Dominicana ni siquiera son visibles las migrantes, que aportan millones a la economía; sólo se sabe de ellas por las deportaciones, cada vez más crecientes.

De todas las migrantes guatemaltecas, según apuntó, 57 por ciento pertenecen a áreas rurales y los testimonios hablan de xenofobia y discriminación, incluso de las que van a trabajar a Costa Rica, país receptor de salvadoreñas y nicaragüenses. Existe un sentimiento de rechazo, aun en la pequeña región centroamericana, contra las pobres que buscan sobrevivir.

Los costos

En el seminario se analizó el problema de los costos emocionales de las migrantes, así como el de la pérdida de la integridad por el negocio de la trata y la multitud de enganchadores.

De la trata habló Teresa Ulloa, una abogada que ha logrado rescatar a cientos de niñas y mujeres que son llevadas con engaños —dijo— al negocio de la prostitución, el espectáculo, y los clubes de los ricos y de los hombres de poder.

Pero existen otros costos económicos. Las mujeres tienen que reunir entre 300 y 8.000 dólares, que pagan a los "polleros" y "enganchadores" para llegar a Estados Unidos y evadir el maltrato en su tránsito por México. Y con frecuencia son abusadas por ellos mismos.

Las nicaragüenses tienen que pagar entre 5.000 y 7.000 dólares; las salvadoreñas y hondureñas 3.000 dólares, las guatemaltecas hasta 8.500 dólares, con tal de salir al norte y muchas veces las deportan. Ya hoy muchas no pagan, han aprendido a ir solas, ya conocen el camino, pero en ese trayecto son vejadas, perseguidas y muchas desaparecen.

Gretehen Kuhner creó el Instituto de Mujeres en Migración (IMUMI), desde donde trabajan en dar herramientas a las migrantes acerca del cuidado y los peligros de la migración, al tiempo que las capacitan sobre sus derechos. Kuhner sostuvo ante el auditorio del Seminario que le preocupa la desaparición no explicada de casas de Migrantes en México, en general creadas por la ciudadanía o la iglesia católica.

Explicó que hasta hace muy poco no eran reconocidas las mujeres que participan en los flujos migratorios y que un paso para enfrentar el problema es el conocimiento que se tiene de ellas. Hizo notar que se las puede ayudar si se analizan las leyes y la geografía, tanto de los países de origen —las cuales han crecido y se ha diversificado—, como de las naciones de destino.

Además de las cifras y las características de empleo de las mujeres que se movilizan en busca de la sobrevivencia, en el Seminario se analizó el perfil de las migrantes desde una visión feminista.

Ellas, además de todo el esfuerzo material, económico y de vida por salir adelante, pese a los peligros y riesgos, viven la culpa como mujeres por dejar a sus familias y a sus hijos. Se sienten vulnerables cuando rompen con una familia y crean otra; cuando no envían todos sus recursos a sus familiares, cuando sienten que pueden ser libres o útiles. La culpa la viven, incluso, cuando se prostituyen para sobrevivir o son atrapadas en labores ilegales.

Rita Acosta, de Canadá, hizo una descripción de los problemas de la migración en ese país, donde la violencia sexual pone a las mujeres en un callejón sin salida —porque un grave problema allí es la xenofobia y la discriminación— y las coloca en otro plano: la lucha por la resistencia, de la cual ningún gobierno toma nota y sólo aplaude el crecimiento de las remesas que, en el caso de México, son el tercer recurso de la economía nacional.

Colombianas en España: prefieren trabajar más y ganar más

Ángela Castellanos Aranguren

SEMlac.- La mitad de las personas de Colombia que emigran a España son mujeres, lo hacen por motivos económicos y 38 por ciento tiene estudios superiores.

Así lo reveló el reciente Informe Global Mujeres Migrantes Andinas 2010, que forma parte de los estudios realizados en cuatro países en el marco del proyecto "Mejoramiento del manejo del flujo migratorio de trabajadoras domésticas desde Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a la Unión Europea, especialmente a España", y que en Colombia fue adelantado por la Corporación Humanas y la Fundación Esperanza en las ciudades de Cali, Bogotá y Pereira.

"Lo que vimos es que, en los cuatro países andinos, las personas que emigran lo hacen por motivos económicos y, aunque en Europa tienen que trabajar más, también piensan que tienen mayores oportunidades de ganar más", explicó Cecilia Barraza, directora de la Corporación Humanas-Colombia. "De manera que la violencia del conflicto armado no es la principal motivación para dejar Colombia", insistió.

Durante la última década se ha producido una gran ola migratoria, que a 2005 alcanzaba 3,3 millones de colombianos viviendo fuera del país. Uno de los principales destinos es España, donde la cantidad de residentes procedentes de este país pasó en 1992 de 5.664 personas a 289.925 en 2010.

"Yo salí en 1994 buscando explorar otros ámbitos artísticos, con la idea de estar un año. Logré insertarme en un centro cultural de la Universidad de Granada, luego hice pareja y tuve un hijo. Me separé y viví ocho años en Barcelona", narró a SEMlac, de nuevo en Granada, Lia Guerrero, titulada en Comunicación Social.

Ella ha tenido oportunidades laborales en el campo artístico y cultural, aunque alguna vez tuvo que trabajar cuidando un niño. De hecho el trabajo doméstico, según la investigación, es la principal ocupación de las mujeres que emigran a España, entendida esa labor en su sentido amplio, es decir, cuidado de adultos mayores, menores de edad, aseo en lugares públicos y en residencias privadas.

No obstante, Guerrero afirma que su trabajo no le ha dejado dinero para enviar remesas, al tiempo que asegura que los españoles subestiman la formación académica e intelectual, debido al origen de la persona; "te creo menos porque vienes de un país del tercer mundo", dice y aclara: "la institución puede ser muy transparente, pero las personas que allí trabajan piensan así".

Esto es algo con lo que las personas emigrantes no cuentan. El estudio concluyó que "la mayoría de las mujeres migraron con una alta desinformación de todo el proceso de migración; la confianza reposa en las redes familiares y personales, más no en la institucionalidad migratoria".

Cuando se trata de inmigrantes ilegales, no sólo se van sin conocimiento sobre el proceso migratorio, sino que además piensan que no tienen derechos por estar en situación ilegal.

"Por ejemplo, las mujeres no acuden a servicios de apoyo en casos de violencia doméstica por temor a ser deportadas. Por ello, este proyecto insiste en el enfoque de Derechos Humanos, derechos que tienen todos los inmigrantes aunque sean irregulares", puntualizó Barraza.

"Para acceder a la seguridad social, inicialmente, conté con el apoyo del padre de mi hijo. Esto tiene mucho que ver con la información que se tenga y con la educación de las personas que te rodean", comentó Guerrero.

Actualmente hay algunas asociaciones de mujeres inmigrantes en España que brindan asesoría legal y espacios de intercambio afectivo. "Hacia comienzos de 2009, el colectivo de trabajadoras andinas en España estaba compuesto por 209.101 colombianas, gran parte de las cuales se concentraba en las comunidades españolas de Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante".

Otro hallazgo común de las encuestas es que, antes de viajar, las personas declaran que desean regresar. Esto es más evidente cuando las mujeres viajan solas y dejan sus hijos en Colombia. "Dicha revelación demuestra que ha aumentado la conciencia de que las remesas no siempre se destinan a la educación de los hijos o la compra de la casa; además de la preocupación que sienten de que los hijos se ’desvíen’", agrega Barraza.

No obstante, el retorno es poco y la cantidad de candidatos a emigrar no parece disminuir. Si bien los colombianos ocuparon el segundo lugar en la lista de inmigrantes que se había acogido hasta julio de 2009 al Plan Retorno del Estado Español, el número de personas inscritas era apenas de unas 800.

"Regresé por motivos de salud, en realidad fue casi una decisión de mi familia, no mía", confiesa Luz Eugenia Sierra, una colombiana que retornó hace un par de años, tras vivir casi una década en España. Ella tenía seguridad social, pero todos sus parientes estaban en Colombia. "No me acogí al Plan del gobierno español porque pone la condición de no volver a España en algo como cinco años, y yo quería retomar un curso que tuve que suspender por motivos de salud. De hecho, volví meses después para terminar el curso y ya me gradué en Cooperación y Gestión Cultural Internacional", declaró Sierra.

"A pesar de que Europa limite el ingreso de personas de fuera de la zona europea, éstas siguen buscando oportunidades en otros países, por ejemplo en Panamá", aseguró Barraza. "Estamos al aproximarnos a un contexto donde las personas no son de un país, sino del mundo".

Estados Unidos: Práctica sistemática, de violación y abusos sexuales en centros de detención de emigrantes

Guadalupe Cruz Jaimes

Cimac.- Ante los múltiples casos de violación y abuso sexual de mujeres y niños migrantes en centros de detención de Estados Unidos, Human Rights Watch (HRW) dirigió 14 recomendaciones al gobierno de ese país, para garantizar que estos hechos no se repitan.

Entre las recomendaciones, que HRW señala en su informe “Detenidas y en riesgo: Abuso sexual y acoso en los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos”, destaca que las autoridades de esa nación deben aprobar normas de detención que sean obligatorias y se apliquen en todos los centros de detención de personas migrantes.

Esta organización internacional afirma que las violaciones y abusos sexuales no son casos aislados, sino prácticas sistematizadas en los centros de detención de migrantes, aún en los que son considerados familiares, donde se tiene registro de estos delitos cometidos por los guardias o por otros migrantes, en contra de mujeres y menores de edad.

El registro de las agresiones sexuales va de 2005 a 2010 en Texas, Florida, Washington, Arizona, Nueva York, Nueva Jersey, Wisconsin y California. Las y los migrantes agredidos en dichos estados, provenían de América Latina y países asiáticos y la mayoría fueron detenidos por su situación migratoria irregular.

En 2007, cinco mujeres fueron detenidas en Puerto Isabel, Servicio del Centro de Procesamiento en Texas, donde el custodio Robert Luis Loya entró a sus habitaciones en el área de enfermería del Centro, ordenó a las migrantes que se desnudaran y tocó sus genitales.

Tres años después, varias mujeres detenidas en la Residencial T. Don Hutto Center, un centro de detención de inmigración también en Texas, acusaron de abuso sexual a un trabajador de Inmigración y Aduanas (ICE), según sus testimonios, éste las “manoseó” mientras las transportaban a un aeropuerto y una estación de autobuses, donde las y los migrantes estaban siendo liberados.

En Florida, una migrante jamaiquina detenida fue transportada a otro centro de detención, cuando un agente de ICE la llevó a su casa y la violó sexualmente.

“Tenía miedo por mi vida, él tenía un arma. Yo esperaba que me protegiera, no que se aprovechara de mí”, señaló la mujer, quien en 2007 llevaba 12 años viviendo en Estados Unidos, con sus dos hijos.

A la violencia en contra de las migrantes, se suma la que el personal de ICE ha cometido en contra de menores de edad, uno de estos casos ocurrió en Texas, donde nueve niños de Centroamérica denunciaron abuso sexual y físico.

De acuerdo con HRW, debido a la falta de información disponible no se puede dimensionar con precisión la problemática, sin embargo, los incidentes que han sido denunciados “son demasiado graves y demasiado numerosos como para ignorarlos”.

La situación “apunta a la necesidad de investigación y de acción rápida para corregir las deficiencias evidentes en la política de detención, la práctica y la supervisión”, de los procedimientos a los que son sometidas las y los migrantes en Estados Unidos.

Según el documento elaborado por HRW, en 2009 fueron detenidas más de 383 mil personas, lo cual representó un incremento de 64 por ciento respecto a 2005. El sistema de detención tiene una población promedio diario de 31 mil, de los cuales, las mujeres constituyen el 9 por ciento.

En respuesta a las agresiones físicas y sexuales contra migrantes, el ICE ha dado “pasos importantes hacia una reforma”, pero aún son necesarias otras medidas para garantizar la seguridad y el trato justo de los inmigrantes detenidos, menciona el informe.

Algunas de estas acciones que debe realizar el gobierno estadounidense son informar acerca de las agresiones sexuales denunciadas, asegurar que sean investigadas y mejorar la supervisión del cumplimiento de las normas de detención en los centros de detención.

También debe acelerar la implementación de la normatividad de prevención y respuesta a las agresiones sexuales y abusos en todas las instalaciones que alberguen a detenidos del ICE. Además deben garantizar que se informe a los detenidos de cuáles son sus derechos en relación a agresiones sexuales.

HRW exigió al Congreso de Estados Unidos, la publicación de los archivos del ICE relacionados con casos de agresión sexual, abusos y acosos en los centros de detención y aprobar una legislación que fije estándares para las condiciones en los centros de detención.

Las inmigrantes, más desprotegidas con la nueva Ley de Extranjería

AmecoPress

La nueva Ley de Extranjería fue aprobada el pasado 26 de noviembre con el respaldo de PSOE, CIU y Coalición Canaria y la oposición de las más de 500 organizaciones sociales que han mantenido el pulso con el Gobierno desde que comenzó el trámite de la reforma, la cuarta de los últimos 9 años y que han denunciado el retroceso en materia de derechos humanos que implica esta reforma.

Después de haber pasado el filtro del Senado por un solo voto más a favor, el Congreso de los Diputados dio el espaldarazo definitivo al texto. Las organizaciones se manifestaron en la calle y presentaron sus enmiendas, algunas de ellas incorporadas a la ley, pero no han conseguido que se modifiquen los puntos que han generado un mayor rechazo como la ampliación hasta 60 días de los periodos de detención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) donde las personas inmigrantes permanecen los días previos a su deportación, y cuyas condiciones han quedado en entredicho en un informe publicado recientemente.

Víctimas de violencia de género

Tampoco ha habido cambios en las limitaciones en la reagrupación familiar, en la apertura de un expediente de expulsión a las víctimas de la violencia de género sin papeles que decidan denuncian a su agresor o en el incremento de las sanciones por estancia irregular. Según Amnistía Internacional, continúa la desigual protección a los derechos humanos de las inmigrantes víctimas de violencia de género, especialmente en el caso de las mujeres reagrupadas en España por su agresor y las que se encuentran en situación irregular.

Tener que acreditar la condición de víctima de violencia de género únicamente a través de la denuncia o de la orden de protección concedida como requisito para acceder a centros de acogida o servicios de tratamiento psicológico prolongado, es un obstáculo para aquellas mujeres que por miedo u otras circunstancias no interponen la denuncia.

La consecuencia es que las mujeres con más necesidad de un apoyo especializado son derivadas a recursos que no les sirven. Hay importantes barreras para que las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género accedan a una autonomía económica que les facilite salir del ciclo de violencia.

“Ni las autorizaciones de residencia independientes para mujeres reagrupadas por su agresor ni las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales para víctimas de violencia de género en situación irregular llevan aparejada una autorización de trabajo, por lo que en la práctica son de escasa utilidad”, señala Itziar Ruiz-Giménez, especialista en inmigración y refugio de Amnistía Internacional.

En ese sentido, según las organizaciones CEAR, Cáritas y Red Acoge, la nueva Ley de Extranjería “mantiene los recortes en el derecho a la reagrupación y somete a una situación de desamparo a las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de género, así como el incremento de las sanciones contra la población extranjera de forma desproporcionada, que pueden llevar a su detención, internamiento o expulsión y la ampliación del plazo de internamiento hasta 60 días”.

Sara Tajuelo, portavoz de Convergencia entre Culturas, denuncia que en la nueva Ley de Extranjería “no se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive por sobreseimiento provisional”.

La feminización de los procesos de migración

El rol que juegan las mujeres en los procesos de migración ha cambiado en todo el mundo, ahora son ellas quienes inician las cadenas migratorias y las que realizan importantes transformaciones en la vida de la población inmigrante y los países receptores. Anteriormente ellas migraban reagrupadas por otro familiar, ahora ellas inician las cadenas migratorias. En la actualidad el 58 por ciento de las personas migrantes del mundo son mujeres.

El 21 por ciento del total de las mujeres que han migrado a España se concentran en Madrid, de igual forma son las mujeres quienes representan más del 50 por ciento de la población que ha migrado al país. La población más numerosa son las mujeres provenientes de América Latina, quienes emplean su fuerza laboral principalmente en servicios domésticos y trabajos no cualificados.

El 70 por ciento de mujeres migrantes trabajan en el servicio doméstico o como cuidadoras. Ucrania, Marruecos, Bolivia y Polonia ocupan las principales nacionalidades de las mujeres que desempeñan su trabajo dentro de este sector. La ley vigente española que protege los derechos de las mujeres migrantes no se respeta, y mucho menos en el caso de las mujeres que son internas, pues según el decreto de1985, el cual regula esta actividad, una familia puede restarle hasta 45% de su salario a una mujer por vivir con los patrones.

Numerosas organizaciones afirman que en la mayoría de las ocasiones, las mujeres inmigrantes se enfrentan a una doble discriminación: por ser mujeres y por ser inmigrantes.

“Las leyes de extranjería establecidas actualmente afectan significativamente la vida de las mujeres extranjeras pues retrasa y obstaculiza los procesos de reagrupación familiar”, afirma Sara Tajuelo. “Se trata de un nuevo ejemplo que muestra la cara macabra de una ley cuya dirección está encaminada a una cruenta extorsión de los derechos humanos”

Nuevo modelo de sociedad

Las organizaciones que se han manifestado en contra de la Ley de Extranjería insisten en la necesidad de luchar porque las personas inmigrantes sean reconocidas como ciudadanas en una apuesta decidida por la integración social y la aplicación universal de los derechos humanos. No se trata tan sólo de una reforma jurídica, se trata de la expresión de un nuevo modelo de sociedad distinta, que apueste decididamente “por la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales, y por una visión integradora de la migración”, manifiesta Cear.

La portavoz de Convergencia entre Culturas destaca que la recientemente aprobada Ley de Extranjería “está articulada por puntos que amputan la solidaridad pretendiendo multar a todas aquellas personas que alquilen una vivienda a “ilegales” y que acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros”.

“Del mismo modo”, continúa Sara Tajuelo, “estamos preocupados profundamente porque en toda Europa se está empezando a responsabilizar de la crisis económica actual a la inmigración, olvidándonos de los verdaderos responsables: las grandes compañías, los bancos, los mismos que siguen ganando miles de millones de euros…todo este paisaje muestra un tipo de terrorismo y atropello de seres humanos que, en muchos casos, arriesgaron sus vidas presos del hambre y de la amputación de sus derechos en los países de origen”.

Desde Convergencia “proponemos la creación de ámbitos de intercambio para fomentar el diálogo hacia la convergencia entre culturas, poniendo la mirada en los aspectos positivos de cada una y en lo que tenemos en común. Proponemos la acción conjunta hacia la construcción de un futuro donde el ser humano prime por encima de los intereses particulares de cualquier tipo”.

Mujeres inmigrantes: Colonizando sus cuerpos mediante fronteras procreativas, étnico-culturales, sexuales y reproductivas

Por: Carmen Gregorio Gil / AntiCapitalistas.org

Con el propósito de situar al lector(a) en lo que considero acuciante necesidad de pensar la cultura en sus vínculos con la inmigración y la ciudadanía desde perspectivas críticas –feministas y deconstructivistas– comenzaré con un breve recorrido histórico sobre mi relación teórico-política con el objeto de estudio. Comencé a trabajar a principios de los 90 en diferentes proyectos de investigación, relacionados con ese fenómeno que se perfilaba como nuevo en el Estado español a comienzos de la década, en ese momento cercana a la intervención social /1.

La ciencia antropológica, en esos años replegada en las aulas universitarias y con un escaso desarrollo aplicado comenzaba a ser reclamada y presentada como la ciencia conocedora de las otras culturas y consecuentemente de aquellos, los y las inmigrantes, que comenzaban a ser visibilizados como los “otros”, los “de otras culturas”. Ante la demanda institucional de profesionales para abordar lo que se iba configurando como un nuevo problema: “la integración social de la población inmigrante” y el valor otorgado a la “diferencia cultural” como eje central de su abordaje, la antropología social fue haciéndose hueco en lo que se vino configurando como una demanda social y al mismo tiempo ámbito en el mercado del conocimiento. Voces críticas desde la antropología social trataban de hacerse escuchar, sin demasiadas resonancias, entre los intersticios de un discurso hegemónico que permeaba en círculos académicos y en la sociedad, tratando de llamar la atención sobre los riesgos de esencializar la cultura /2 y del peligro de adoptar un discurso explicativo de la exclusión que haga recaer en la diferencia cultural el supuesto problema de integración de la población inmigrante.

La observación en las aulas, donde llevo a cabo actualmente mi actividad docente y en diferentes espacios donde se desenvuelve mi vida cotidiana, de retóricas acerca de los y las inmigrantes que hacen recaer en sus “culturas de origen” –en la imposibilidad para despojarse de sus “rasgos culturales”, en sus “pautas culturales ancestrales”, en su procedencia de culturas no democráticas, etc.– los problemas de la integración en “nuestra” sociedad, me interpela a seguir poniendo mi atención en las implicaciones de comprender la cultura del “otro” como conjunto de normas, costumbres y creencias supuestamente compartidas por todos aquellos que provienen de un mismo país, área geográfica, cultural o religiosa. Es en el contexto desigualitario en el que se viene construyendo la “Fortaleza Europa” en relación con la inmigración procedente de los países no comunitarios y la nueva “retórica de exclusión” /3 desde el que me sitúo a la hora de problematizar la diferencia cultural en su imbricación con las diferencias de género. Como he planteado en otro lugar “la tendencia a sustancializar la diferencia cultural reclama, desde un enfoque crítico, un análisis más profundo que se nutra de datos contextuales e históricos y observe la cultura como entramado de prácticas sociales, atravesadas por el poder, dentro de las cuales las mujeres no sean representadas como colectivo mudo unitario y homogéneo, sino como actoras sociales que ‘asumen, negocian redefinen, cuestionan y seleccionan los rasgos de diferenciación frente a otros grupos” (Maquieira, 1998:183)” (Gregorio 2004:13).


Y es, desde este enfoque desde el que me propongo contribuir al debate acerca de la noción de ciudadanía mediante al análisis crítico de las representaciones que sostienen la categoría “mujeres inmigrantes” en tanto naturalizan su existencia, desposeyéndolas de voz propia como sujetas históricas y particulares. Lo haré incitando a la interrogación constante en aquellas situaciones en las que la cultura deviene en discurso legitimador de la diferencia: “¿Quién crea cultura, qué cultura y para qué fines?” cómo nos plantea Maquieira (1998:200).

Notas

1/ Había constituido junto con otros colegas una empresa-cooperativa para dedicarnos profesionalmente a la intervención social (Capacitación para el trabajo en equipo y la participación, Catep)

2/ Véase el trabajo de Gregorio y Franzé (1999) “La intervención social con población inmigrante: Esos ‘otros’ culturales”, nacido de la reflexión sobre la práctica profesional de dos antropólogas que desde su experiencia en la gestión de proyectos de intervención social tratan de llamar la atención sobre la necesaria vigilancia epistemológica ante el uso de la noción de cultura, acerca de lo que las autoras denominarán el ‘discurso culturalista’.

3/ Stolcke (1995).

La Mercantilización y Mundialización del Trabajo Reproductivo - Caso Español

Por: Laia Castelló Santamaría/ Fuente: Rebelión

Resumen:

El siguiente artículo estudia cómo la contratación de mujeres inmigrantes en el sector doméstico y del cuidado, por parte de las mujeres empleadoras españolas, y la consecuente globalización/mundialización del cuidado, permite reproducir en los Países Mediterráneos un modelo de gestión del trabajo doméstico y del cuidado basado en prácticas (neo)servilistas. Asimismo, pese al traslado del trabajo reproductivo a la esfera del mercado, éste sigue arrastrando un imaginario servil que traba sus posibilidades de profesionalización.

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