AmecoPressLa nueva Ley de Extranjería fue aprobada el pasado 26 de noviembre con el respaldo de PSOE, CIU y Coalición Canaria y la oposición de las más de 500 organizaciones sociales que han mantenido el pulso con el Gobierno desde que comenzó el trámite de la reforma, la cuarta de los últimos 9 años y que han denunciado el retroceso en materia de derechos humanos que implica esta reforma.
Después de haber pasado el filtro del Senado por un solo voto más a favor, el Congreso de los Diputados dio el espaldarazo definitivo al texto. Las organizaciones se manifestaron en la calle y presentaron sus enmiendas, algunas de ellas incorporadas a la ley, pero no han conseguido que se modifiquen los puntos que han generado un mayor rechazo como la ampliación hasta 60 días de los periodos de detención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) donde las personas inmigrantes permanecen los días previos a su deportación, y cuyas condiciones han quedado en entredicho en un informe publicado recientemente.
Víctimas de violencia de género
Tampoco ha habido cambios en las limitaciones en la reagrupación familiar, en la apertura de un expediente de expulsión a las víctimas de la violencia de género sin papeles que decidan denuncian a su agresor o en el incremento de las sanciones por estancia irregular. Según Amnistía Internacional, continúa la desigual protección a los derechos humanos de las inmigrantes víctimas de violencia de género, especialmente en el caso de las mujeres reagrupadas en España por su agresor y las que se encuentran en situación irregular.
Tener que acreditar la condición de víctima de violencia de género únicamente a través de la denuncia o de la orden de protección concedida como requisito para acceder a centros de acogida o servicios de tratamiento psicológico prolongado, es un obstáculo para aquellas mujeres que por miedo u otras circunstancias no interponen la denuncia.
La consecuencia es que las mujeres con más necesidad de un apoyo especializado son derivadas a recursos que no les sirven. Hay importantes barreras para que las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género accedan a una autonomía económica que les facilite salir del ciclo de violencia.
“Ni las autorizaciones de residencia independientes para mujeres reagrupadas por su agresor ni las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales para víctimas de violencia de género en situación irregular llevan aparejada una autorización de trabajo, por lo que en la práctica son de escasa utilidad”, señala Itziar Ruiz-Giménez, especialista en inmigración y refugio de Amnistía Internacional.
En ese sentido, según las organizaciones CEAR, Cáritas y Red Acoge, la nueva Ley de Extranjería “mantiene los recortes en el derecho a la reagrupación y somete a una situación de desamparo a las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de género, así como el incremento de las sanciones contra la población extranjera de forma desproporcionada, que pueden llevar a su detención, internamiento o expulsión y la ampliación del plazo de internamiento hasta 60 días”.
Sara Tajuelo, portavoz de Convergencia entre Culturas, denuncia que en la nueva Ley de Extranjería “no se establecen verdaderas garantías para las mujeres indocumentadas víctimas de violencia de género, ya que se obliga a la iniciación de un expediente sancionador a aquellas mujeres en situación irregular que denuncien estos hechos ante la policía, desincentivando estas mismas denuncias. Así mismo, se supedita la autorización de residencia y trabajo a que los procedimientos penales resulten favorables, dejándolas en situación de desamparo cuando el procedimiento penal se archive por sobreseimiento provisional”.
La feminización de los procesos de migración
El rol que juegan las mujeres en los procesos de migración ha cambiado en todo el mundo, ahora son ellas quienes inician las cadenas migratorias y las que realizan importantes transformaciones en la vida de la población inmigrante y los países receptores. Anteriormente ellas migraban reagrupadas por otro familiar, ahora ellas inician las cadenas migratorias. En la actualidad el 58 por ciento de las personas migrantes del mundo son mujeres.
El 21 por ciento del total de las mujeres que han migrado a España se concentran en Madrid, de igual forma son las mujeres quienes representan más del 50 por ciento de la población que ha migrado al país. La población más numerosa son las mujeres provenientes de América Latina, quienes emplean su fuerza laboral principalmente en servicios domésticos y trabajos no cualificados.
El 70 por ciento de mujeres migrantes trabajan en el servicio doméstico o como cuidadoras. Ucrania, Marruecos, Bolivia y Polonia ocupan las principales nacionalidades de las mujeres que desempeñan su trabajo dentro de este sector. La ley vigente española que protege los derechos de las mujeres migrantes no se respeta, y mucho menos en el caso de las mujeres que son internas, pues según el decreto de1985, el cual regula esta actividad, una familia puede restarle hasta 45% de su salario a una mujer por vivir con los patrones.
Numerosas organizaciones afirman que en la mayoría de las ocasiones, las mujeres inmigrantes se enfrentan a una doble discriminación: por ser mujeres y por ser inmigrantes.
“Las leyes de extranjería establecidas actualmente afectan significativamente la vida de las mujeres extranjeras pues retrasa y obstaculiza los procesos de reagrupación familiar”, afirma Sara Tajuelo. “Se trata de un nuevo ejemplo que muestra la cara macabra de una ley cuya dirección está encaminada a una cruenta extorsión de los derechos humanos”
Nuevo modelo de sociedad
Las organizaciones que se han manifestado en contra de la Ley de Extranjería insisten en la necesidad de luchar porque las personas inmigrantes sean reconocidas como ciudadanas en una apuesta decidida por la integración social y la aplicación universal de los derechos humanos. No se trata tan sólo de una reforma jurídica, se trata de la expresión de un nuevo modelo de sociedad distinta, que apueste decididamente “por la dignidad del ser humano y sus derechos fundamentales, y por una visión integradora de la migración”, manifiesta Cear.
La portavoz de Convergencia entre Culturas destaca que la recientemente aprobada Ley de Extranjería “está articulada por puntos que amputan la solidaridad pretendiendo multar a todas aquellas personas que alquilen una vivienda a “ilegales” y que acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros”.
“Del mismo modo”, continúa Sara Tajuelo, “estamos preocupados profundamente porque en toda Europa se está empezando a responsabilizar de la crisis económica actual a la inmigración, olvidándonos de los verdaderos responsables: las grandes compañías, los bancos, los mismos que siguen ganando miles de millones de euros…todo este paisaje muestra un tipo de terrorismo y atropello de seres humanos que, en muchos casos, arriesgaron sus vidas presos del hambre y de la amputación de sus derechos en los países de origen”.
Desde Convergencia “proponemos la creación de ámbitos de intercambio para fomentar el diálogo hacia la convergencia entre culturas, poniendo la mirada en los aspectos positivos de cada una y en lo que tenemos en común. Proponemos la acción conjunta hacia la construcción de un futuro donde el ser humano prime por encima de los intereses particulares de cualquier tipo”.
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