España: Los ataques a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer: una forma de violencia machista

Iniciativa Comunista Si partimos de la base de que el sistema capitalista se dota del modelo familiar burgués por el cual las mujeres somos una pieza fundamental para la reproducción de mano de obra trabajadora, se entiende que el cuerpo de la mujer cumple un papel esencial para el sistema.

El patriarcado se consolida con la propiedad privada de los medios de producción, en el que la división sexual del trabajo define a los hombres como propietarios de los medios, y la libertad sexual de las mujeres pone en peligro este modo de producción a causa de la herencia.

En la llamada “época de bonanza” se aprovecho nuestra mano de obra barata para deteriorar las condiciones laborales de la clase trabajadora y de esta manera rebajar los salarios hasta equiparar los ingresos familiares para poder sobrevivir. En la actual crisis del capitalismo quieren relegarnos al cuidado del hogar puesto que quieren que seamos nosotras las que soportemos la carga de los recortes sociales. Es por esto que no es mera casualidad que quieran condicionar nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque en definitiva, no quieren que nosotras tomemos las riendas de nuestra vida.

En este sentido, la reforma de la ley del aborto que pretende llevar a cabo Gallardón en connivencia con la iglesia católica, no solamente supone un ataque virulento hacia las mujeres, sino que representa la posición de control que quiere ejercer el sistema contra nosotras.

Si la todavía ley del aborto no deja de ser restrictiva para las mujeres de menores recursos económicos dada la poca facilidad que hay en el sistema público de salud, con el agravante de la retirada de la tarjeta sanitaria a las inmigrantes, la reforma de la ley del aborto va a crear aun más dificultades a las mujeres de la clase obrera.

Esta ley pretende un retroceso que recuerda a la época franquista y que puede tener serias consecuencias con la práctica del aborto clandestino. Los datos son turbadores, según la propia Organización Mundial de la salud, 47000 mujeres mueren cada año por interrumpir su embarazo de forma clandestina y la mayoría de ellas en países con leyes restrictivas. Además, el número de abortos no disminuyen cuando se promueven leyes antidecisión. Ya en el año 1976, en el estado español, según los datos del propio ministerio de justicia, se producían 100.000 abortos clandestinos y morían entre 200 y 400 mujeres al año.

Quienes nos quieren negar el derecho al aborto libre y gratuito, no hacen más que promover su clandestinidad, condenan a muerte a las mujeres más empobrecidas y niegan la condición social a las mujeres, imponiendo la ideología patriarcal en el que las mujeres tenemos que ser sumisas ante el pensamiento dominante.

A esto hay que sumarle la exclusión de lesbianas y mujeres solteras de los tratamientos de inseminación artificial de la sanidad pública, siendo un ataque virulento a la libre decisión de las mujeres a la maternidad y una discriminación al colectivo LGTBI, ya que las obligan de facto a mantener relaciones heterosexuales para conseguir quedarse embarazadas.

No menos importante a pesar de su invisibilidad es la violencia sexual ejercida por el hombre dentro del seno familiar enmarcado en los patrones de dominación patriarcal, resaltando que una de las formas de violencia de género es el control del cuerpo de la mujer. En este sentido no debemos de olvidar que la mayor parte de las violaciones sexuales se producen dentro del seno familiar. En las relaciones de pareja donde existe violencia de género y patrones de dominación es donde la mujer sufre porcentualmente más violaciones.

Se añade la dificultad de la mujer para ser consciente de la violación, ya que al estar dentro de un contexto afectivo, los límites se encuentran más difusos. En este sentido es indispensable la formación de las y los profesionales ante esta situación y que también las organizaciones políticas y sociales sean conscientes de ello.

Las mujeres debemos exigir que se nos reconozca la capacidad para decidir sobre nuestras vidas y la soberanía sobre nuestros cuerpos.

Pero el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos debe también de ir acompañado del libre acceso a métodos anticonceptivos, a una educación sexual de calidad, laica y liberadora de la mujer que la permita controlar su salud sexual.

La lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y en definitiva, por nuestra emancipación como mujeres, debe ser de carácter continuo para no permitir que haya ni una sola concesión a todos aquellos que promueven la ideología patriarcal. Nuestra lucha no es solamente la lucha por nuestros derechos como mujeres, sino la lucha por el fin del capitalismo que nos explota y nos quiere confinar en el hogar sin ningún tipo de derechos.

Mientras que exista el control sobre nuestros cuerpos, existirá la violencia de género porque lo que pretenden es que seamos sumisas y obedientes ante los ataques del estado.

Solo nosotras tenemos la capacidad para enarbolar la lucha por nuestros derechos como mujeres, y eso solamente lo lograremos juntas y dando la batalla cada día con más fuerza, denunciando la alianza entre patriarcado y capital y señalando a quienes la promueven.

El sistema capitalista en defensa de la vida ¿o de la muerte?

Concepción Cruz Rojo

Rebelión ¿Derecho a la vida o a la muerte?

El debate sobre el aborto vuelve a salir a la palestra a raíz del retroceso jurídico, sanitario y social que supone la nueva ley que quiere promulgar el gobierno del PP. Y lo primero que hay que manifestar es que conforme más reaccionario y conservador es un gobierno, que a su vez está relacionado con las crisis periódicas que sufre el capitalismo, y aún más con la actual, más necesidad tiene de negar la vida en su acepción más amplia y completa de la palabra, todo en aras de defender a su sistema en crisis que se resquebraja . ¿Movimiento pro-vida o pro-muerte?

Han sido, y son, muchas las formas con que se materializa esta negación de la vida de las personas, empezando por la aplicación de los recortes económicos para proteger el beneficio monetario de bancos y grandes multinacionales sin importarles el alto precio para la salud del pueblo trabajador. Las consecuencias de la reciente reforma laboral han conducido a un recrudecimiento del paro, que ha llegado a unos niveles nunca vistos, Andalucía alcanza el 34,7% de la población activa, siendo el territorio europeo con las tasas más altas (1), y nadie duda, y los estudios científicos lo confirman continuamente, que el paro mata (2). Los descensos de los salarios y el aumento de la jornada laboral, junto con las presiones económicas para evitar la baja laboral agudizan los problemas de salud de nuestra población. El aumento de la pobreza y la menor calidad de la alimentación (3). En el año 2012, una tercera parte de la población andaluza se encontraba por debajo del nivel de la pobreza y el porcentaje de hogares con todos sus miembros en paro ha sido del 20%, con un 70% de su población trabajadora ganando menos de 1000 euros al mes (4). Andalucía también destaca por presentar las peores cifras de los indicadores de privación de la encuesta de condiciones de vida del INE, una mayor proporción de familias que no puede mantener su vivienda con una temperatura adecuada en los meses de invierno, con problemas de humedades en la vivienda o que llegan a final de mes con mucha dificultad, siendo la infancia y jóvenes los más afectados (5). Relacionado con lo anterior, debemos añadir el imparable aumento de los desahucios y de los suicidios por esa causa (6). Los recortes en sanidad muestran sus consecuencias más dramáticas con las muertes por desatención de la población más vulnerable (7, 8, 9) o la imposibilidad de unos cuidados adecuados y de una muerte digna para nuestros mayores, agravados por los recortes a la ley de dependencia y la congelación de sus pensiones. Y sin extendernos en el gravísimo problema de la violencia de género, cuyo goteo no cesa, 27 mujeres muertas (que sepamos) en lo llevamos de año.

Es sobre esta dramática situación, con estas pésimas condiciones de vida, y de muerte, de los andaluces y andaluzas, que se palpa con solo mirar a nuestro alrededor, con observar nuestras calles y pueblos, donde viene a situarse el debate el recorte y reforma de la ley del aborto, con el hipócrita eslogan de “promover la vida”. Pero antes de seguir con esta reflexión que afecta de lleno a las mujeres y a la opresión histórica que han sufrido, necesitamos detenernos en otro aspecto que tiene que ver, y mucho, con la vida y la supervivencia de una población.

Causas del actual decrecimiento de la población

La lógica capitalista, para seguir asegurandose sus beneficios y la obtención creciente de plusvalía, necesita promover la reproducción y sustitución de la fuerza de trabajo –el trabajo que produce parcial o totalmente para otro, para el empresario-, por otra de vida útil más corta, que produzca más. Tr as la incorporación generalizada de la fuerza de trabajo masculina, al volverse ésta más costosa y sustituible, produjo la incorporación masiva del trabajo femenino, que favorecido por los cambios familiares y demográficos ha conducido a unas tasas de fecundidad tan bajas que no garantiza la capacidad de reemplazo generacional (10). Posteriormente, y paralelamente, se ha complementado la mano de obra más cara de los países enriquecidos por otra más barata de los países empobrecidos y la migración del capital y las empresas a zonas con mayor capacidad de reemplazo. Un ejemplo cruel y de máxima actualidad de esta situación son las condiciones de explotación inhumana de las mujeres y niñas de Bangladesh para las grandes empresas textiles, como las conocidas Zara y C&A, entre otras (11).

A partir de la segunda mitad del siglo XX se produjo una expansión del capitalismo a costa de explotar los recursos y a los trabajadores de los países más pobres y a las trabajadoras y trabajadores de los propios estados, pero permitiendo unas mejores condiciones económicas y sociales de estos últimos a costa del empobrecimiento de los llamados “países del tercer mundo”. Esto dicho muy sintéticamente y siempre considerando la ley del desarrollo desigual y combinado. Por ejemplo, el Estado español tuvo sus diferencias y peculiaridades propias, incluso dentro de sus diferentes territorios. Andalucía, a la que históricamente se le negó un proceso de industrialización (aun cuando las primeras industrias se implantaron en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz), ya que interesaba mantener los latifundios por la riqueza de sus tierras y dejando a gran parte de su territorio en manos de unos pocos y ricos propietarios y sin apenas tierras propias para sus habitantes de las áreas rurales (especialmente en la Andalucía occidental). Eso no impidió que en la época desarrollista franquista se implantaran polos industriales, los más tóxicos y contaminantes, los polos químicos y petroquímicas de la Ría de Huelva y la Bahía de Algeciras, respectivamente. Pese a esos desequilibrios territoriales y al desarrollo desigual consiguiente, sí fue común y compartido el que los cambios demográficos y económicos que provocó un descenso de la mortalidad, a costa fundamentalmente de la bajada de la mortalidad infantil y un intenso descenso de las tasas de natalidad y fecundidad y el envejecimiento consiguiente de la población. En el Estado español ocurre esto con un cierto desfase temporal respecto a otros estados capitalistas más ricos de Europa y Norteamérica, y a ritmos también algo diferentes, pero en la misma dirección dentro de su territorio.

Ahora, con la actual crisis económica, social y política de una gravedad y cualidad nueva está provocando una juventud sin perspectivas de futuro (en Andalucía el 62,3% de la población activa joven están registradas en las oficinas del INEM, sabiendo que la población desempleada siempre es mayor) y el descenso de la población inmigrante (que vuelve a sus países de origen), lo que agudiza aún más la bajada de la tasa de natalidad y fecundidad, provocando por primera vez, desde que se tienen registros de empadronamiento, que descienda la población española y andaluza (12). La cada vez menor proporción de la población en edad de trabajar, tras décadas de descenso de las tasas de natalidad que repuntó los últimos años anteriores a la crisis por la mayor natalidad de la población inmigrante, y el aumento del paro, especialmente de los más jóvenes, son los factores más graves que hace inviable una comunidad, que envejezca y no crezca (10). Ante esta dramática situación, que ya moviliza a las clases populares con nuevas formas de vida alternativas, al poder no se lo ocurre otra “solución” mejor que el fomento de la vuelta de las mujeres al trabajo sumiso del hogar, como fuerza reproductiva y de trabajo gratis e invisible. Porque, efectivamente, la capacidad de reemplazo generacional está en números rojos ya que el número medio de hijos por mujer en Andalucía y en el Estado español es solamente de 1,4 (13), y siempre se necesita mano de obra precaria y barata en los mercados, mejor masculina que femenina. Con servicios sanitarios y sociales públicos cada vez más insuficientes, alguien tiene que cuidar de los pequeños y de los mayores o discapacitados, y quien mejor -dicen nuestros gobernantes machistas- que las mujeres de cada casa. En este contexto debemos enmarcar el retroceso que se quiere implantar con la actual ley del aborto (14), ya que el ministro Gallardón lo ha dicho muy claro, con la situación actual de baja natalidad es muy necesaria la reforma de esta ley.

Es habitual que desde los sectores más reaccionarios de una sociedad cada vez más individualista y competitiva, las causas políticas y sociales –y por tanto con responsabilidades políticas y sociales- se pretendan transformar en responsabilidades individuales. Como venimos comentando, durante décadas el estado no ha solucionado el paro estructural y la precariedad laboral de los hombres y, aún menos el de las mujeres de Andalucía, como tampoco ha dado solución a los necesarios cuidados y servicios para las familias jóvenes que no pueden conciliar la vida laboral y familiar. Para que una población tenga un ritmo de reproducción equilibrado y sano necesita que se le asegure un mínimo de calidad de vida para todos los miembros de la familia. Analizar las causas y problemas de nuestra población en su raíz y en sus diferentes niveles nos lleva a buscar soluciones reales y tangibles, no escudarse en el tópico reaccionario de la vida del posible futuro ser y, de paso, intentar la vuelta a la familia tradicional patriarcal con la mujer esclavizada en la casa. Pero esto que decimos requiere un breve análisis del proceso histórico que lo ha generado, al menos en los últimos siglos.


La dominación de la mujer en el sistema patriarcal capitalista.

Muchos han sido los siglos de patriarcado y de opresión sobre la mujer que, poco a poco, y con una continuada lucha personal, social y política tratamos de paliar y erradicar. La vigente ley del aborto (ley 2/2010) es solo un botón de muestra de estas pequeñas pero fundamentales conquistas, ya que está en juego nuestra capacidad de decidir, de controlar nuestras vidas y nuestros cuerpos, para desde lo personal trascender lo social y político, y viceversa. La liberación de la mujer, en este como en otros esenciales aspectos, es parte inseparable de la liberación de los pueblos, porque la opresión de la mujer, y su utilización como fuerza reproductiva y de trabajo se acentuó, y formó parte, del proceso de creación del modo de producción capitalista. De hecho, aunque los orígenes del patriarcado se remonta a épocas muy antiguas (15), la situación de la mujer sufrió un empeoramiento aún mayor durante la formación del capitalismo, que se inició en Gran Bretaña y la Europa continental, tras una aguda y sangrienta lucha de clases, materializada con toda su potente simbología en la “caza de brujas” que ejecutó a cientos de miles de mujeres durante los siglos XVI y XVII, como nos explica Silvia Federici en su espléndido libro “El Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria” (16). “Caza de brujas” que se produce en plena crisis demográfica, con un importante descenso de la población en muchos países europeos por el hambre y las epidemias (especialmente por viruela) y una alta mortalidad infantil junto a una baja natalidad por la renuncia de la población pobre a reproducirse. Esta crisis demográfica coincidió con una crisis económica por la contracción del mercado y el comercio que provocó un aumento del desempleo. Es un periodo de privatización y cercamientos de tierras en América y en Europa, comenzando por Inglaterra. La privatización de la tierra y la comercialización de la agricultura aumentaron la disponibilidad de comida para el mercado y la exportación, lo que para la población fue el inicio de dos siglos de hambre. Esta situación generó preocupación por parte de los nacientes estados en manos de la aristocracia y ricos comerciantes que necesitaban mano de obra, crear fuerza de trab ajo, por lo que se produce un intento de poner el cuerpo de la mujer al servicio de la reproducción y acumulación de dicha fuerza del trabajo. Esto, expuesto tan rápidamente, fue todo un proceso planificado dentro del cual, por ejemplo, las parteras fueron sustituidas por hombres y se promulgaron códigos legales europeos para castigar a las mujeres que cometieran “crímenes” reproductivos. Se fomentó el matrimonio y la familia, y comienzó el registro demográfico y la intervención del Estado en la supervisión de la sexualidad, la procreación y la vida familiar (16).

La autora recalca la importancia de esta división sexual del trabajo dentro de la fuerza de trabajo para la acumulación capitalista. Las mujeres han sido las productoras y reproductoras de la mercancía capitalista más esencial: la fuerza del trabajo. El trabajo no pagado de las mujeres en el hogar fue el pilar sobre el cual se construyó la explotación de los trabajadores asalariados y el secreto de su productividad. A nivel más subjetivo, la diferencia de poder entre mujeres y hombres y el trabajo invisible dentro del hogar bajo la justificación machista de la inferioridad natural, ha permitido al capitalismo no solo ampliar enormemente “la parte no pagada del día de trabajo” sino también desviar el antagonismo de clase hacia un antagonismo de hombres y mujeres (16).

En definitiva, la civilización burguesa eurocéntrica ha ocultado la represión sangrienta contra las mujeres que continuó en los siglos posteriores, más aún contra las más luchadoras y revolucionarias. Las mujeres fueron excluidas de los derechos políticos –como el derecho al voto-- y otros códigos civiles que implantó la Europa burguesa de los últimos siglos que reforzó el patriarcado y el control del hombre sobre la esposa y la descendencia para reforzar la jerarquía dentro de la familia. Será la revolución bolchevique de octubre de 1917 la que por primera vez en la historia realice conquistas radicales contra el sistema patriarco-burgués de la época.

La “solución” a nuestros males: volver al pasado de la ley del aborto. Los movimientos “pro-vida” niegan la vida.

Y en pleno siglo XXI, la historia se repite: las fuerzas eclesiásticas y políticas más reaccionarias de la sociedad española representadas por el Estado, que niega el trabajo y las ayudas a las familias, tratan de decidir por las mujeres y potenciar la familia tradicional. Plantean dos excusas básicas para volver al pasado de la antigua ley, el derecho a lo que ellos llaman “vida”, una célula fecundada que puede dar lugar a un posible ser humano en el futuro y parar la bajada de la natalidad, mientras nos demuestran continuamente su desprecio absoluto a la vida -real y tangible- de la gran mayoría de la clase trabajadora y a la vida de la población en su conjunto que se hace inviable y decreciente. Ahora nuevamente a las mujeres se las intenta responsabilizar de sus decisiones, se las penaliza si no cumplen unos supuestos justificatorios muy específicos, muy restrictivos en la antigua ley del aborto de 1985, pero también en la actual de 2010, donde el aborto continua estando tipificado como delito en el código penal y se mantiene la objeción de conciencia para los facultativos. Y ya sabemos lo que supone dicha objeción de conciencia, pues el personal sanitario prefiere acogerse a ella antes de arriesgarse a practicar un aborto, y conocemos de las presiones e intentos de enjuiciamientos de profesionales que accedieron a su práctica en los hospitales públicos de Andalucía y como, al final, se han tenido que realizar en clínicas concertadas por el Servicio Andaluz de Salud. Este último hecho es, al menos, un mal menor, pues se ha evitado la canalización hacia clínicas privadas con el correspondiente pago de la mujer afectada.

Otro de los aspectos que generan debates y disquisiciones de todo tipo es sobre en qué momento empieza la vida. Dice un buen amigo de una entrañable amiga y compañera de profesión que la vida es un continuum, que comenzó hace miles de millones de años y que a su vez surgió de la materia inorgánica que tiene aún más miles de millones de años. Primero fueron las células, luego organismos vivos cada más complejos hasta los peces, dinosaurios, mamíferos y los seres humanos. El ser humano que no está dotado de nada especialmente trascendente que lo diferencie del resto de los seres vivos, salvo que somos conscientes de sí y de que la vida es finita. Esta toma de conciencia es lo que les llevó a buscar la protección de los dioses, en su insoportable y angustioso desamparo ante las fuerzas de la Naturaleza y aún de sus depredadores más poderosos, así como de la enfermedad y otras penurias.

Las posturas más fundamentalistas religiosas que se autoproclaman “pro-vida” parten de un supuesto principio inmutable de que la vida comienza en el momento de la fecundación del óvulo con el espermatozoide, aunque tampoco se ponen de acuerdo, pues según Tomás de Aquino (padre de la Iglesia), Dios le infundía el alma al embrión macho a los 40 días de gestación y a los 80 días al de la hembra (pensaría que los embriones hembra eran más atrasados que los machos). Pero desde un punto de vista puramente biológico, e l feto humano es dependiente exclusivamente de su madre hasta la 22 semanas de gestación completas y es a partir del parto a término cuando el neonato puede sobrevivir de una manera autónoma, siempre y cuando reciba los cuidados de sus seres queridos. Y r ecalcamos que esto es desde un punto de vista biológico e individual, porque la vida comenzó mucho antes, hace miles de millones de años, porque a nivel social y colectivo, en los últimos siglos, es el modo de producción capitalista el ha contribuido más que nadie a su destrucción. Y los datos son son abrumadores.

Un recién nacido vivo representa la continuación de la vida en un contexto individual, pero si ampliamos el espectro, esa continuación de la vida puede ser interrumpida si no creamos las condiciones necesarias para que los pueblos y las comunidades, de humanos o de otros seres vivos, puedan seguir reproduciéndose. Son muchas las investigaciones que alertan de la crítica situación de la naturaleza, de la extrema gravedad de las contradicciones capitalistas que nos encaminan hacia la sexta extinción (17), del sistema agrario actual intensivo que potencia los monocultivos, la mecanización y el uso de agrotóxicos en grandes extensiones de tierras, lo que constituye un verdadero «suicidio colectivo» (18). Según la Lista Roja de Especies Amenazadas, un 41% de los anfibios, un 33% de los corales, un 25% de los mamíferos y un 13% de las aves están amenazadas por la extinción, proceso que se está acelerando tras la «crisis financiera iniciada en 2008» (19). Y las causas son las mismas cuando analizamos las consecuencias sobre los seres humanos. Cada vez es más evidente que el hambre en el mundo es debido a la especulación financiera para obtener beneficios monetarios con los alimentos, destacando los fondos de pensiones privados como uno de los más importantes fondos de inversión en el mercado de materias primas, ¿será por eso que quieren destruir también las pensiones públicas? (20). Son continuas las denuncias sobre las responsabilidades de las transnacionales agroalimentarias en esta situación de negociar a través de inversiones masivas en el acaparamiento y privatización de la tierra a nivel mundial (21, 22), mientras la FAO recomienda el consumo de insectos y gusanos para paliar el hambre y la desnutrición en el mundo (23). Si nos centramos en la industria de la salud, volvemos a encontrar el desprecio a la vida de la personas y a sus enfermedades. Ha tenido que ser un Premio Nobel de Medicina, Richard J. Roberts, quien lo diga para que lo difundan los grandes medios de comunicación: «El fármaco que cura del todo no es rentable», afirmando haber comprobado que en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que habrían acabado por completo con una enfermedad (24). Lo inhumano de la industria de la salud a la que solo le preocupa el beneficio, y muy poco la vida de las personas, se visualiza con toda su crudeza en el caso de Novartis que intentó –perdiendo en el juicio- impedir que la India produjera un fármaco genérico contra el cáncer a un precio mucho menor, intentando pasar como nuevo un medicamento antiguo con cambios menores y no significativos para su eficacia y así preservar la patente (25).

¿Estamos por la vida o por la muerte? ¿Hablamos en abstracto o en concreto? Mejor hablamos en concreto y por la vida, pero entonces suscribimos la pregunta “¿Capitalismo sin guerras?” que se hace Iñaki Gil de San Vicente en su impresionante texto “Para que sirve el Capital” (26). Donde, además de otras importantes cuestiones, plantea el problema actual del militarismo capitalista que no solo pone a la humanidad y a gran parte de la vida orgánica al borde de la destrucción, sino que además, citando una frase textual de G. Kolko (27), nos alerta de que: «La fuerza invisible que impulsa esta carrera al desastre, de no ser detenida antes, no es otra que la que se esconde en la contundente definición aceptable por cualquier marxista según la cual “para el capitalismo, l a guerra no es más que la continuación del mercado por otros medios”».


Que la religión no decida por nosotras. La ciencia y el derecho de vivir y decidir sobre nuestros cuerpos

Sin embargo, los mismos gobernantes que desprecian el cuidado de la naturaleza, de los seres vivos incluido el de las personas, que no lo consideran como un derecho y una necesidad social, se arrogan la potestad de decidir sobre un derecho elemental de las mujeres, y basada en una justificación no científica, sino puramente religiosa. La teoría de la hominización retardada, la más extendida hoy en día en los ambientes integristas religiosos, como ya hemos apuntado, defiende que la vida comienza en el momento de la fecundación, ya que desde ese instante el huevo recibe animación -alma-, que por más que sea apoyada por algunos profesores de “ciencias morales”, no es más que eso, una tesis religiosas y por tanto un acto de fe. Pero todas y todos deberemos estar de acuerdo en que la fe no es ciencia. Así que para los que no tenemos fe, ni creemos en la existencia de un dios o de dioses, para las ateas y ateos, volvamos a la ciencia. Sin negar la naturaleza biológica humana del huevo y del embrión, ambos representan un proyecto de futura vida humana, pero no son vida humana en sí mismos. En otro orden de cosas, hay otra realidad evidente para quien quiera verla y es que un embrión no tiene más derechos que los que la mujer que lo está gestando quiera darle, presentes y futuros.

Ni que decir tiene que los mismos que dicen abogar por la vida también se muestran en contra de la fecundación artificial, aquella que forzamos en un medio artificial para l uego implantar el huevo fecundado en un útero debidamente acondicionado, crear vida cuando la biología de esa mujer o ese hombre se lo ha negado. Ya es una realidad la posibilidad de “guiar” el nacimiento de un niño sin un defecto hereditario, por manipulación de su cariotipo (“ bebé-medicamento” ). Por primera vez en un hospital público sevillano el nacimiento de ese niño, querido y deseado, ha servido para salvar a su hermano de una grave enfermedad que le hubiese condenado a una muerte precoz, obteniendo células madre del cordón umbilical de su hermano sano (28). Sin embargo, el integrismo religioso también se muestra en contra de la manipulación de los óvulos para crear células madre que podrá salvar vidas humanas (29). Son varias las técnicas que se están desarrollando en este sentido capaces de originar casi cualquier tejido con la misma carga genética del enfermo, líneas de investigación que ofrece increíbles expectativas para la curación de enfermedades (30). ¿Estamos por el conocimiento riguroso o por la fe ciega?

Decíamos que desde un punto de vista puramente biológico, el feto humano pasa por fases desde un periodo exclusivamente dependiente de su madre que se irá haciendo poco a poco -en un proceso continuo- cada vez más “independiente” hasta el momento del parto a término, que es cuando el neonato puede sobrevivir de una manera autónoma, siempre que reciba los cuidados adecuados de sus seres queridos y de la sociedad que debe protegerlo. Porque el recién nacido debe ser cuidado no solo por sus padre, madre o cualquier otro familiar o allegado, sino también debe recibir la garantía de una sociedad que se preocupe y cuide de ellos. Por ello, reclamamos tanto el derecho de la madre a decidir a lo largo de su embarazo como el derecho a la protección social que debemos recibir en cada una de nuestras etapas vitales, desde el periodo neonatal hasta la ancianidad. Es una simplificación, no pocas veces interesada, dividir a la población entre los que están a favor y los que están en contra del aborto. A favor del aborto no hay nadie con un mínimo de sentido común. Somos muchas las que estamos a favor de que se legalice la posibilidad de que una mujer pueda abortar si así lo desea. Una ley del aborto libre y gratuito que aún no hemos conseguido, como un derecho de la mujer que quiera servirse de ella, en pleno uso de su libertad y con todas las garantías legales y sanitarias.


Conclusiones

La lucha por una ley del aborto libre y gratuito va unido inexorablemente a la lucha de la liberación de la mujer en todos los ámbitos, desde el personal y afectivo-sexual hasta el social y político. Es una lucha larga y complicada porque han sido muchos siglos de dominación que forma parte de nuestro imaginario colectivo, de mitos como el del instinto maternal o la pasividad femenina, que es difícil de eliminar en hombres y mujeres. Es una lucha que aunque exclusivamente de mujeres debe hacer frente común con los hombres, porque todos debemos transformar una sociedad que sigue perpetuando el esquema patriarcal, opresor y explotador, ya que forma parte de su esencia. La desigualdad de sexo-género ancla sus raíces en las desigualdades económicas y sociales de su sistema político, los datos del paro o la situación laboral más precaria lo demuestran continuamente. Pese a las conquistas legales obtenidas, persiste la peor salud por la doble jornada laboral y el estrés de los cuidados de los demás miembros de la familia, especialmente en las mujeres de clase social baja o media-baja (31).

La transformación de la sociedad en un sistema más justo y democrático, donde no existan grandes propietarios ni explotadores y se base en la participación de las colectivos de todo tipo para su mejora y control, tiene como uno de sus ejes fundamentales la lucha contra el patriarcado que persistirá de forma más o menos latente durante algún tiempo, pues hay que reconocer que únicamente las medidas sociales y políticas no son suficientes en la lucha contra la opresión de las mujeres porque la estructura psíquica de la personas también deben cambiar y esta transformación es mucho más lenta aunque podamos acelerarla siendo conscientes de ella y educando en la praxis de la igualdad.

Por ello decimos que la lucha continua, que la historia sigue su ritmo, los avances conquistados por las mujeres en nuestra tierra no tienen vuelta atrás, al menos en parte. Seguimos reclamando una ley del aborto libre y gratuito, con nuestro grito feminista de “ Nosotras parimos, nosotras decidimos”, no vamos a consentir dar marcha atrás ni en este ni en otros aspectos esenciales de nuestras vidas. Empezando por ahí y continuando –sin solución de continuidad-- por la lucha aún más larga y amplia de nuestra liberación objetiva y subjetiva de una opresión que ha durado siglos y, querámoslo o no, pesa sobre las cabezas de los hombres y mujeres. El primer paso importante tiene que darse, ser consciente “para si”, consciencia y orgullo de ser mujer que lucha, trabajadora (manual o intelectual) que lucha, andaluza que lucha y así cada uno de nosotras pondremos los necesarios adjetivos que tienen en común padecer la opresión de un tipo u otro. Todo se transforma en una unidad dialéctica que hace que aspectos o características tan diferentes entre nosotras y nosotros tienen en su esencia la consciencia de saber quien es el enemigo principal, fundamental...¿hace falta especificarlo?


Notas

1. «Andalucía se pone a la cabeza del ranking europeo del desempleo». Granadahoy, 23 de mayo de 2013.

2. Los efectos del desempleo sobre la salud. Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. 15 de marzo de 2012. http://www.fadsp.org

3. «Las familias españolas reducen la compra de comida por falta de dinero». El País , 13 de enero de 2013.

4. M. Delgado. «La economía andaluza durante las tres últimas décadas. 1981-2011». En: Andalucía. Identidades culturales y dinámicas sociales. Celeste Jiménez de Madariaga, José Hurtado Sánchez (coords), Sevilla, Aconcagua Libros, 2012.

5. E Esteve Pérez, J Pérez Mayo, E Lluch Frechina. Pobreza y privación en Andalucía y España: el impacto de la gran recesión. Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana. Valencia, 13 de marzo de 2012.

http://www.caritas.es/andalucia/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=5591

6. «Listas de suicidios relacionados con la crisis 2012-2013». Insurgente , 6 de enero de 2013.

7. «Destituido el director del hospital balear por la muerte de un senegalés sin papeles». El País, 22 de mayo de 2013.

8. «Dos nuevas denuncias vinculan muertes con recortes en Barcelona. Un hombre fallece de hemorragia cerebral tras esperar seis días una resonancia - "el quirófano se quedó sin luz y perdimos el bebé”, lamenta otro afectado». El País, 1 de diciembre de 2011.

9. «Viveremos con la duda de si podría haberse salvado. Un vecino de un pueblo que se quedó sin urgencias muere durante el traslado a Trujillo». El País , 17 de enero de 2013.

10. Win Dierkxsens. «Población, fuerza de trabajo y rebelión en el siglo XXI. ¿De las revueltas populares de 1848 en Europa a la rebelión mundial actual?» . En: El colapso de la civilización. La humanidad frente a la gran transición. Andrés Piqueras y Win Dierkxsens (EDS). El Viejo Topo, 2011.

11. «Bangladesh: Búsqueda de cadáveres llega a su fase decisiva. (Ya se han encontrado 1118 trabajadoras y trabajadores muertos, y 2438 heridos)» . Cubadebate, 12 de mayo de 2013.

12. INE. «Padrón. El éxodo de extranjeros baja la población española por primera vez en 17 años» . El Mundo , 22 de abril de 2013.

13. INE (Instituto Nacional de Estadística). Notas de prensa. Movimiento Natural de la Población e Indicadores Demográficos Básicos. Datos definitivos de 2011 y avance del primer semestre de 2012. www.ine.es/prensa/np759.pdf

14. Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

15. Gerda Lerner. La creación del patriarcado, Editorial Crítica, 1990 .

16. Silvia Fedicine. El Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Traficantes de Sueños, 2010.

17. Camino de la sexta extinción, septiembre de 2012 www.ecointeligencia.com

18. Mª. J. Esteso Poves: El actual modelo agrario es un suicidio colectivo, 16 de marzo de 2012 www.diagonalperiodico.net

19. «Cada vez menos especies en el planeta». El País, 19 de junio de 2012.

20. J. Basterra: Los fondos de pensiones acaparan la compra de la tierra agrícola para especular, 1 de noviembre de 2011 www.gara.net

21. África vende sus tierras a transnacionales y fondos de inversión. 12 de octubre de 2011 http://www.librered.net

22. Acaparamiento de tierras ¡En América Latina si hay acaparamiento de tierras! 26 de abril de 2012 http://www.grain.org

23. «La FAO recomienda explorar el uso de los insectos como fuente de alimentación para paliar el hambre en el mundo». ABC, 14 de mayo de 2013

24. Nobel de medicina: «Curar enfermedades no es rentable para las farmacéuticas». 5 de mayo de 2013 http://actualidad.rt.com

25. India salvaguarda su condición de farmacia de los pobres. El País, 1 de abril de 2013.

26. I. Gil de San Vicente. «¿Para qué sirve el Capital?» 18 de mayo de 2013 www.matxingunea.org

27. G. Kolko: El siglo de las guerras. Política, conflicto y sociedad desde 1914, Paidós. 2005, p. 343.

28. «Un trasplante pionero libra a un niños de padecer una enfermedad congénita» . 14 de marzo de 2009 www.diariodesevilla.es

29. «Obtenidas mediante clonación células madre embrionarias de personas». El País, 15 de mayo de 2013 .

30. Masahito Tachibana, Paula Amato, Michelle Sparman, Nuria Marti Gutierrez, Rebecca Tippner-Hedges, Hong Ma, et al. «Human Embryonic Stem Cells Derived by Somatic Cell Nuclear Transfer». Cell 153, 1–11, June 6, 2013.

31. C. Tupac. «Terrorismo patriarco-burgués». En: Terrorismo y civilización. Boltxe Liburuak, 2012.

México: Las acciones desligadas impiden prevenir los embarazos tempranos

Guadalupe Cruz Jaimes

Cimac.- Los programas federales para atender la salud sexual y reproductiva de la población adolescente están “desarticulados”, por lo que se “complica” la prevención de los embarazos no planeados en ese grupo de edad, advirtió la directora de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), Patricia Uribe.

La ex directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) indicó que la fragmentación de los programas para adolescentes en instancias de la Secretaría de Salud (Ss) como el CNEGSR, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), representa un obstáculo para reducir la fecundidad entre las adolescentes.

La ex funcionaria federal participó el panel “Promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes de Latinoamérica”, como parte de la Quinta Conferencia Latinoamericana y la Cuarta Conferencia Interamericana de Promoción de la Salud y Educación para la Salud, que concluyeron hoy.

Uribe criticó que los programas federales en salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes no contemplan las causas sociales de los embarazos tempranos, como la falta de acceso a la educación.

“No conozco un ejemplo de un programa basado en determinantes sociales que realmente esté operando”, subrayó la directora de Funsalud.

Por ello insistió en que debe haber coordinación al interior de la Ss, pero también con otras dependencias como la Secretaría de Educación Pública (SEP), a fin de mejorar en la creación y aplicación de políticas públicas para adolescentes.

“Hay que visibilizar los esfuerzos realizados y establecer coordinación interna, definiendo competencias, pues si seguimos trabajando de manera desarticulada va a ser complicado (prevenir los embarazos en adolescentes)”, recalcó Patricia Uribe.

Problemática que no cede

Según cálculos del CNEGSR, de los dos millones de nacimientos que ocurren en México cada año, 480 mil corresponden a mujeres entre 14 y 19 años de edad. Se estima que el 60 por ciento de los embarazos en adolescentes no fueron planeados.

Igualmente, la fecundidad en las adolescentes impacta en su salud, ya que la mortalidad por causas maternas es mayor en “edades extremas” (las más jóvenes y las más longevas).

De acuerdo con Patricia Uribe, la fecundidad adolescente genera la pérdida de más de 300 por ciento del Producto Interno Bruto per cápita por cada embarazo temprano en América Latina, toda vez que las jóvenes al abandonar sus estudios tienen menos posibilidades de acceder a empleos remunerados y con prestaciones, lo que a su vez impacta en la productividad económica de los países.

En entrevista posterior a su intervención en el panel, Uribe señaló que se debe vigilar el cumplimiento de México respecto a la Declaración Ministerial Prevenir con Educación, que firmó durante la Conferencia Internacional de Sida realizada en nuestro país en 2008, ya que la educación sexual y la educación en general posibilitan a las adolescentes la creación de un proyecto de vida para elegir cuándo ser madres.

La especialista mencionó que sigue pendiente la propuesta del CNEGSR presentada a la Ss, para que los métodos anticonceptivos se adquieran de forma concentrada desde la Federación, y así evitar que el abasto en los estados dependa de la voluntad de las secretarías de Salud locales.

“Decidir cuántos hijos y en qué momento tenerlos es un derecho constitucional, que para su cumplimiento debe garantizarse la disponibilidad de métodos anticonceptivos desde la adolescencia hasta la última etapa de la edad reproductiva”, enfatizó.

Al participar en el panel, la directora de Ipas México, Raffaela Schiavon, indicó que el 13 por ciento de las muertes maternas que ocurrieron en 2009 fueron de adolescentes.

La también presidenta del Comité por una Maternidad sin Riesgos añadió que los padecimientos maternos se ubican como la cuarta causa de muerte entre las menores de edad, sólo después de las causas violentas como accidentes y suicidios, y antes que cualquier enfermedad.

Schiavon alertó que una de cada tres adolescentes que es hospitalizada ingresa por causas maternas.

América Latina: Barreras en información sobre salud sexual y reproductiva: CIDH

(CIMAC).- Las mujeres pobres, indígenas y/o afrodescendientes, rurales y migrantes, enfrentan mayores obstáculos para acceder a información sobre salud sexual y reproductiva, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este día la CIDH presentó el informe Acceso a la Información en Materia Reproductiva desde una Perspectiva de Derechos Humanos, que analiza e identifica los estándares regionales e internacionales de derechos humanos con relación al acceso a la información en materia reproductiva.

De acuerdo con el documento, las mujeres que habitan en la región americana (países de América Latina) enfrentan diversas barreras para lograr el acceso a información sobre salud y planificación familiar, lo que en muchos casos llega a constituir violaciones a sus derechos fundamentales.

El derecho al acceso a la información se encuentra ampliamente relacionado con el derecho a tomar decisiones de manera informada y sin que exista algún tipo de coerción. El que no exista la posibilidad de acceder a información, señala la CIDH, representa una barrera para poder decidir libremente sobre temas relacionados a la salud.

Las barreras se amplían particularmente en los casos de mujeres que habitan en zonas rurales o marginales, pues, el poder acceder a información adecuada sobre como cuidar su salud sexual o la manera de planificar su familia resulta casi imposible.

La CIDH señaló, a través del informe, que resulta un deber del Estado suministrar información pública adecuada para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, por lo que exhortó a los gobiernos a garantizar a la población femenina el acceso a la información de salud sexual y reproductiva.

El análisis surgió con base en las denuncias presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por mujeres a las cuales se les había practicado una esterilización sin su consentimiento, o bien, se les proporcionó información tergiversada por parte de los funcionarios públicos.

La Comisión tomó como referencia para la elaboración del informe las disposiciones contenidas en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), en donde se establece la obligación de los Estados de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres.

Dentro del informe, financiado por los gobiernos de España y Finlandia, se presentaron catorce recomendaciones encaminadas a apoyar a los Estados pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA) a garantizar y proteger efectivamente el derecho a la información sin discriminación.

Dentro de las recomendaciones se pide a los Estados garantizar la confidencialidad de las mujeres en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como asegurar que la información que sea proporcionada sea completa y adecuada al público que la requiera.

Derechos sexuales y reproductivos: UNA POLÉMICA ACTUAL (I)

Por Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña *

Desde hace ya varios años he insistido en que, si bien no se cuenta con una definición puntual sobre los conceptos «derechos sexuales» y «derechos reproductivos», estos existen como parte del catálogo de los derechos humanos, pues, «leyendo entre líneas» y apoyando esa lectura con «la expresión de nuestros valores y aspiraciones»1, queda claro que, a partir del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del derecho a formar una familia, del derecho al desarrollo, entre otros, se puede construir el andamiaje jurídico de los derechos sexuales y reproductivos, y darles contenido.

Sin embargo, cinco años de trabajar en Ginebra como delegada gubernamental me han mostrado que no basta saber leer entre líneas, no basta ser creativa e interpretar las normas existentes; siempre habrá quien afirme que entre líneas no hay nada, solo renglones vacíos, y que las obligaciones del Estado son solo aquellas a las que expresamente se comprometió con la firma de un tratado o convenio determinado, y con las acotaciones hechas en las declaraciones y reservas expresadas al momento de la ratificación. Nada más que eso.

Estas obligaciones —me han dicho centenares de veces— no se pueden exigir por analogía o por mayoría de razón, tienen que ser expresas. Así, por ejemplo, lo que algunas personas llamamos derecho a la alimentación, derecho a la vivienda adecuada, según algunos delegados gubernamentales en el ámbito multilateral, no son derechos, son meros componentes, no exigibles, del derecho a un nivel de vida adecuado, en los términos del artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; para estos mismos delegados, el derecho a la salud tampoco es tal, pues la construcción del artículo 12 de ese mismo pacto no habla de un derecho a la salud, sino de un derecho «a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental», es decir, una quimera difícilmente exigible; incluso, dicen que los derechos de la niñez tampoco existen, simplemente, porque la convención que los consigna no ha sido ratificada por el ciento por ciento de los Estados, aunque no aclaren que solo faltan las ratificaciones de Estados Unidos de América y Somalia.

A partir de los últimos dos años del siglo XX se ha gestado y consolidado una corriente de interpretación de las normas internacionales de corte positivista. Esta corriente afirma que las obligaciones de los Estados se encuentran solo en los tratados que han suscrito y en cuya interpretación literal no caben analogías ni otros métodos de interpretación. Las obligaciones estatales, según esta corriente, no están en las recomendaciones o comentarios de los órganos de vigilancia ni en los programas y planes de acción de las conferencias internacionales, ni en las resoluciones de las comisiones orgánicas. La aplicación de esta forma de pensar y ver al derecho internacional tiende a disminuir la eficacia de las normas relacionadas con derechos humanos en general, pero es especialmente dramática tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, pues se les niega el carácter de derechos por su «falta de justiciabilidad». Más preocupante aún, al tratarse de derechos que afectan de manera especial a mujeres, niños y niñas.

He sido testigo de regresiones en la concepción de la naturaleza de la obligación estatal frente a los derechos humanos, porque, si bien ya se había dado un gran paso al reconocer que esta obligación es algo más que un simple no hacer, y que los Estados deben garantizar la plena vigencia y el pleno goce de todos y cada uno de los derechos humanos que han reconocido, he podido constatar, con cierta preocupación, que representaciones gubernamentales como las de Estados Unidos de América, Austria y Suecia, por ejemplo, han negado esta evolución y regresado a la antigua concepción en los dos primeros períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos del siglo XXI.

Estos años me han obligado a abandonar un poco el camino de la creatividad en el derecho y transformarme en una fanática de la norma claramente consignada, del positivismo, por lo menos en el ámbito internacional; me han obligado a guardar mis ímpetus interpretativos para más tarde, cuando el ideal de la aceptación, exigibilidad y vigencia universales de todos los derechos humanos se haya alcanzado; mientras tanto, se quedan en el cajón de los archivos por revisar.

Sin embargo, me pregunto: ¿cómo puedo contribuir a que el debate sobre estos derechos avance? ¿Cómo puedo capitalizar la experiencia de estos cinco años en pro de la aceptación universal de los derechos sexuales y reproductivos? Derechos que, dicho sea de paso, son de los más volátiles, pues aparecen y desaparecen en los acuerdos internacionales sobre el tema y, por tanto, de las políticas públicas regionales, nacionales y locales.

Inicio mis reflexiones reconociendo que la sexualidad forma parte del conjunto de atributos y facultades de la persona humana, que es inherente a su naturaleza, que posee un carácter universal, y que la reproducción debe ser, en el ser humano, una expresión de libertad, voluntad y responsabilidad.

Parto de la convicción de que varones y mujeres son los sujetos centrales, los beneficiarios directos de todo programa y política pública, tanto en el ámbito internacional como en el regional, nacional o local que se relacione con el derecho a la vida, la libertad, la salud, la maternidad, a la paternidad, al desarrollo...

También, de que la perspectiva de género es un auxiliar fundamental e indispensable para la correcta comprensión de los fenómenos de la naturaleza humana, como lo son la sexualidad y la reproducción y, por tanto, para el diseño de políticas y programas que respeten en toda su amplitud los derechos inherentes a estos fenómenos naturales y humanos.

La perspectiva de género, confusiones y razones
Precisamente por estas convicciones, tengo que aclarar el significado que doy al concepto género, el cual, me parece, hemos desvirtuado. Creo que hoy día se ha perdido totalmente la brújula con este concepto. Cuando surgió, allá en los años setenta, como una propuesta del feminismo, se pretendía separar los aspectos biológicos que caracterizan a las personas —varones y mujeres— de la socialización, que nos impone determinados estereotipos y roles. Las feministas anglosajonas —autoras de esta propuesta— consideraron que era la mejor forma de enfrentar los efectos de un determinismo biológico y ampliar la plataforma teórica que sustenta la igualdad y equidad entre varones y mujeres.2

A partir de entonces, la utilización de este concepto ha sido un excelente auxiliar de trabajo. Ha permitido reconocer y criticar formas de interpretación, simbolización y organización social de las diferencias biológicas y culturales entre varones y mujeres; ha permitido avanzar en la comprensión de aquellos factores socio-económicos, históricos y culturales que definen el ser mujer y el ser varón como categorías de lo humano, pretendidas como inamovibles a pesar de su variabilidad inherente, en tanto componentes del devenir histórico.

Sin embargo, el uso del concepto género ha creado confusiones. Originalmente, por efectos de su aplicación a otros idiomas, doy fe de la dificultad que se tiene para explicarlo en español y en francés; no quiero imaginarme lo que sucede con el chino, el árabe y el ruso, por solo mencionar los idiomas oficiales de Naciones Unidas. ¿Cuántas veces no escuché a representantes gubernamentales o funcionarios de organismos internacionales explicar que basta con la desagregación por sexo en las estadísticas, para cumplir con la incorporación de la perspectiva de género en los análisis económicos y sociales, y que con elevar el número de mujeres contratadas en una institución o empresa se está atendiendo el mainstreaming gender?

A estas alturas, en muchos foros internacionales, género se utiliza como sinónimo de sexo, y perspectiva de género como «cosa de mujeres», porque pareciera que la variable determinante en el análisis de los fenómenos sociales desde la perspectiva de género no son los factores culturales, de poder político, de acceso a recursos que marcan la diferencia entre varón y mujer, y las relaciones entre ambos sexos, sino, simplemente, el hecho de haber nacido mujer. De ahí que ahora, en las reuniones intergubernamentales, casi siempre que se utiliza la voz género se piensa en mujer o, en el peor de los casos, en sexo.

En la lectura que propongo de las definiciones sobre derechos sexuales y reproductivos, y los compromisos alcanzados en el ámbito internacional, retomo la propuesta que hicieran originalmente las feministas anglosajonas, es decir, al hablar de la perspectiva de género estoy haciendo referencia a una metodología que se estructura a partir de las relaciones entre varones y mujeres, de su socialización conjunta, de los problemas que trae a unos y a otras la concepción dicotómica de la sociedad. Utilizo la metodología para hacer referencia a las relaciones de poder, equilibrio y desequilibrio entre varones y mujeres. Me refiero a la perspectiva de género como auxiliar para poner en evidencia la simbolización cultural, tanto de las diferencias entre varones y mujeres, como de sus relaciones con respecto a la
sexualidad y a la reproducción, así como los códigos de conducta que surgen de esa simbolización que ha permeado y ha sido introducida en el inconsciente colectivo como una verdad absoluta.3

Al hablar de perspectiva de género, por tanto, no me refiero exclusivamente a la mujer ni a sus diferencias biológicas con el varón. Tampoco señalo la condición de la mujer como una entidad separada o separable —ella y sus experiencias— de la sociedad y de los varones.

En el contexto del tema de este artículo, analizar la sexualidad y la reproducción en tanto fenómenos sociales y en tanto derechos humanos, desde la perspectiva de género, implica tener en mente dos ideas centrales: primero, el género es un elemento presente en todas aquellas relaciones sociales en las que la diferencia sexual es significativa; segundo, el género representa relaciones primarias de poder.

Estas ideas contienen varios elementos que deben tomarse en consideración, en especial, los símbolos y mitos creados culturalmente, que identifican y describen lo que es masculino y lo que es femenino; las normas, tanto jurídicas como religiosas, que «congelan» las categorías varón y mujer en la sociedad; las instituciones y organizaciones sociales que perpetúan esas categorías y favorecen un tipo determinado de relaciones entre varones y mujeres,4 entre otros.

En el marco sugerido por estas ideas y elementos, la sexualidad y la reproducción son visualizadas como el eje sobre el cual giran los símbolos y representaciones de lo femenino y lo masculino, del «quehacer» de la mujer y de las «responsabilidades» del varón; de los roles que les son asignados a cada uno en la sociedad y su repetición a través de las generaciones. La perspectiva de género permite poner en evidencia la lógica de poder que subyace tras los datos «objetivos» que emanan de esos símbolos y representaciones; lógica sobre la cual la ley o los sistemas normativos han construido y definido «lo natural» a partir de paradigmas: esto es, el hombre como representación de lo humano; la heterosexualidad, como la única forma —o por lo menos, la única normal— de expresión de la sexualidad; la familia nuclear como la célula social universal o, desde el paradigma feminista, la maternidad libremente asumida.5

Desde mi punto de vista, y sin desconocer los avances alcanzados, la lógica de poder y los paradigmas a que hago referencia prevalecen en el debate internacional y nacional sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre la salud sexual y reproductiva, sobre los derechos humanos de las mujeres, dejando en el olvido factores de poder que inciden, también, en las relaciones entre varones y mujeres como la edad, la condición social y económica, la educación, la ideología, la pertenencia a un grupo étnico determinado, entre otros. Por ello entiendo que encontremos dificultades para hablar de manera clara sobre temas como la educación sexual, la sexualidad de adolescentes, el aborto y la opción sexual. Entiendo, también, por qué se favorece la perpetuación de la confusión entre género, sexo y mujer.

El surgimiento de los conceptos: derechos sexuales y derechos reproductivos
Cabe recordar que el concepto de derechos reproductivos surge, inicialmente, como una elaboración teórica para fundamentar y tratar de construir nuevas estructuras sociales que favorecieran la maternidad libre y la paternidad responsable; estructuras en las que se reconociera la función que ambas relaciones tienen en la construcción de la personalidad, tanto de los varones como de las mujeres. Y que el concepto de derechos sexuales tiene un origen incierto, vinculado tanto a la salud sexual como a las reivindicaciones de algunos grupos sociales sobre el derecho a ser diferente y a la no discriminación, incluso por la opción sexual.

Tiempo después se pudo afirmar que la comunidad internacional había reconocido la existencia de derechos vinculados con el ejercicio de la sexualidad y la reproducción de los seres humanos. Esto es cierto, pero también es cierto que este reconocimiento sigue siendo muy precario, que no en todas las reuniones en las que se hace referencia al tema de la salud sexual y reproductiva se mencionan los derechos correspondientes, y también es cierto que no podemos afirmar que exista un consenso sobre los límites y contenidos de estos derechos, porque cada vez que se ha llegado a un acuerdo, las reservas sobre ese acuerdo son más largas que el contenido de lo acordado.

Algunos grupos consideran que, en el ámbito internacional, estos conceptos surgen en la Conferencia de Teherán de 1968, cuando, por primera vez, se estableció que los progenitores tienen un derecho intrínseco a determinar libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos y a obtener la información necesaria para ello.6 Este mismo acercamiento se repite en los documentos finales de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer7 y después en los correspondientes a las conferencias intergubernamentales sobre población de Bucarest y México.8

Se dice, también, que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer proporciona la base legal internacional más acabada para los derechos reproductivos, precisamente por ser el único instrumento internacional que habla, de manera específica, de la planificación familiar. Efectivamente, en el artículo 12 de esta convención se establece, entre otras cosas, que los Estados parte deben garantizar, en igualdad de circunstancias, el acceso de las mujeres a los servicios de atención médica, en los que se comprenden los relacionados con la planificación de la familia, y en el artículo 16 se establece que, en la familia, la mujer debe tener los mismos derechos que el varón, entre otras cosas, para decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de los hijos.

Acercamientos que se retoman en los años noventa, durante las conferencias sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y sobre Derechos Humanos.9

Todo lo anterior es cierto, sin embargo, no es sino hasta 1994 cuando surgieron claramente especificados los conceptos de salud sexual y reproductiva, así como los derechos correspondientes.

Notas:
1. Expresiones utilizadas por Cecilia Medina, miembro del Comité de Derechos Humanos en la Reunión sobre la aplicación de los derechos humanos a la reproducción y a la salud sexual, organizada por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Fondo de Naciones Unidas para la Población, celebrada en Ginebra, del 25 al 27 de junio de 2001.

2. Al respecto, véase Marta Lamas: Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género, La ventana. Estudios de género, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, núm. 1, junio de 1997. Disponible en Internet:
http://www.udg.mx/laventana/libr1/lamas.html, p. 1.

3. En este contexto, Marta Lamas, siguiendo a Jean W. Scott, afirma que existe una ventaja de usar género para designar las relaciones sociales entre los sexos: mostrar que no hay un mundo de las mujeres aparte del mundo de los hombres, que la información sobre las mujeres es necesariamente información sobre los hombres. Usar esta concepción de género lleva a rechazar la idea de las esferas separadas. Scott señala que los «estudios de la mujer» perpetúan la ficción de que la experiencia de un sexo tiene poco o nada que ver con la experiencia del otro sexo. Aunque existe ese riesgo, creo que es menor, ya que muchos trabajos ubicados en los «estudios de la mujer» integran la perspectiva de relaciones sociales entre los sexos. En todo caso, el uso de la categoría género implica otra índole de problemas: dependiendo de la disciplina de que se trate es que se formulará la interrogante sobre ciertos aspectos de las relaciones entre los sexos o de la simbolización cultural de la diferencia sexual. Ibidem, p. 3.

4. Es el caso del matrimonio, de las relaciones de parentesco, de trabajo, de familia; la concepción del patrimonio y la herencia, etcétera.

5. Sobre el particular, véase Judith Butler: El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, trad. de Mónica Mansour y Laura Manríquez, México, PUEG-UNAM-Paidós, 2001.

6. Acta Final de la Conferencia de Derechos Humanos celebrada en mayo de 1968, en Teherán, Irán. Documento de Naciones Unidas A/CONF.32/41 (1968).

7. Celebrada en México en 1975.

8. Respectivamente, Conferencia Mundial de Población (1974) y Conferencia Internacional sobre Población (1984).
9. Celebradas, respectivamente, en Río de Janeiro, Brasil, en 1992, y Viena, Austria, en 1993.

* Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, autora de este trabajo es una reconocida jurista mexicana, Doctora en Derecho y especialista en Derecho de Familia.

Protección constitucional de los derechos sexuales y reproductivos...

Tomado de: La Ciudad de las Diosas

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han desarrollado acciones conjuntas desde el año 2002, en el marco de una fructífera alianza estratégica basada en la plena coincidencia de que el goce y ejercicio de los derechos humanos, constituyen la piedra angular de la democracia y del desarrollo.

En el trabajo de promoción y educación en derechos humanos de las mujeres que ambas entidades realizan, han identificado temas de especial preocupación en la región en la esfera de los derechos reproductivos. Es por ello que han propiciado procesos de investigación académica, que dan continuidad al estudio realizado y publicado hace algunos años “Promoción y defensa de los derechos reproductivos: nuevo reto para las instituciones nacionales de derechos humanos”

(IIDH, UNFPA: 2003).

Mediante la presente publicación, se pone a disposición un compendio de cuatro investigaciones, con el fin de propiciar conocimientos que faciliten el debate, la argumentación y la toma de decisiones:

Tomo 1: Los derechos reproductivos son derechos humanos.
Tomo 2: Protección constitucional de los derechos sexuales y reproductivos.
Tomo 3: La anticoncepción oral de emergencia. El debate legal en América Latina.
Tomo 4: Reproducción asistida, género y derechos humanos en América Latina.



El primer texto aborda a los derechos reproductivos desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Analiza la evolución, alcance y contenido de los derechos reproductivos como parte de los derechos humanos universales y por ende, de las obligaciones de los Estados en esa materia.

El segundo presenta, desde una perspectiva jurídica, cómo la justicia constitucional ha resuelto en América Latina los casos en los que se han discutido demandas argumentadas como derechos sexuales y reproductivos.

El tercer texto sistematiza quince procesos judiciales constitucionales sobre la anticoncepción oral de emergencia, el cual constituye el método anticonceptivo que más controversias judiciales ha originado en América Latina, planteadas en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México y Perú.

El cuarto y último analiza la reproducción asistida desde una perspectiva de género y derechos humanos en el contexto latinoamericano.

El IIDH y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), esperan continuar contribuyendo a ampliar los conocimientos en dichas temáticas y sobre todo, que la apropiación de los mismos se convierta en una herramienta de trabajo por parte de las instituciones de Estado y de las organizaciones de la sociedad civil en pro de los derechos
humanos.

Presentación Roberto Cuéllar M.
Director Ejecutivo

*
Para descargar PDF Libro 2. Proteccion constitucional DR.pdf

Fuente: Colección Derechos Humanos, Población y Desarrollo

Declaración de la Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos

Fuente: Cladem

La triada de los derechos humanos: nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros territorios……

La cooperación entre nuestros pueblos solo será plena ese día en que logremos el respeto por todos los territorios, por todas las vidas, por todos los cuerpos; solo reconociendo las diversidades que nos caracterizan lograremos alcanzar esas sociedades signadas por la paz que son nuestro principal anhelo.

Esta aspiración se aleja de millones de personas que cada día sufren porque su derecho a elegir y decidir libremente es violentado: no pueden ser soberanas de sus propios cuerpos, son perseguidas por amar a alguien de su mismo sexo, son obligadas a embarazos forzados, empujadas a abortos clandestinos que causan enfermedad, muerte, con acceso restringido o prohibido, a la diversidad de métodos anticonceptivos y de emergencia. Con políticas públicas de escaso presupuesto y que no respetan los saberes ancestrales de los pueblos.

¿Cómo pensar vivir en sociedades con paz en medio del sometimiento a las diferentes manifestaciones de las violencias de género, con las crudas muestras de violencia sexual y de la trata de personas, en sistemas que no solo naturalizan estas discriminaciones, sino que las promueven y exaltan?

Para la mayor parte de la población de nuestro planeta, y sobre todo de nuestros países, la inseguridad, el riesgo de violencia y muerte, no se encuentran solo en las calles sino dentro de nuestras casas, nos persiguen en la escuela y en el trabajo, y son fruto de la cultura machista.

Peor aún será si somos afro descendientes, indígenas, pobres, mujeres, jóvenes, si no somos heterosexuales, si presentamos algún tipo de capacidad diferente, si tenemos otra identidad de género.

El derecho a los saberes de nuestros pueblos, a una organización que busca alcanzar el buen vivir, la felicidad, debería constituir un derecho humano inalienable. Es por eso que nuevamente exigimos recuperar el goce del derecho a nuestro propio cuerpo; a disfrutarlo, a compartirlo, a dar frutos con alegría.

La paz no se construye con la opresión de nuestros cuerpos, ni de nuestros pueblos. Tampoco con discriminación étnico racial, sexual, de género, ni de tipo alguno. Porque nuestra historia reciente nos deja como enseñanza que ni las botas militares ni los garrotes civiles, ni un sistema económico que mercantiliza las relaciones humanas, conducen a la seguridad ni a la paz.

Por todos estos motivos, y lamentablemente por muchísimos más, el lema de esta Asamblea, ”Paz, seguridad y cooperación en las Américas”, solo cobraría sentido si nuestros Estados se comprometieran a adoptar una Convención Interamericana, que garantice el efectivo cumplimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las personas de nuestra América.

Basta de muertes, es hora de derechos….

Lima, junio de 2010.Campaña 28 de Septiembre Día por la despenalización del Aborto en América latina y el Caribe

Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”CIDEM CLADEM - Cotidiano Mujer - IGLHRC - Red de Salud de las Mujeres Latinoamericana y del Caribe RSMLCRed Latinoamericana de Católicas por el derecho a decidir - Rede Feminista de Saúde REPEM - DAWN

Alianzas nacionalesARGENTINA - BOLIVIA - BRASIL - COLOMBIA - EL SALVADOR - PANAMÁ - PARAGUAY - PERÚ - URUGUAY

Campaña 28 de Mayo. Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Derechos de Ciudadanía. ¡Exígelos, Defiéndelos, Ejércelos!

RedSalud

Los derechos del cuerpo, de la sexualidad y la reproducción son derechos humanos universales. Este concepto, que en una primera lectura puede parecer demasiado abstracto, en realidad tiene una directa relación con la vida cotidiana de las mujeres, con el goce de una sexualidad libre y sin riesgos, con su posibilidad de elegir ser madres o no, con el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva con calidad de la atención, con la garantía de vivir libres de toda forma de violencia y coerción, con el respeto y cuidado de sus cuerpos.

Por otra parte, aunque los contenidos de varios tratados y convenciones de derechos humanos de una u otra forma aluden a los derechos de las personas en el ámbito de su sexualidad y reproducción, todavía existe el desafío de contar con un tratado con “nombre propio”, es decir, específico sobre estos derechos, ya que permitiría avanzar hacia su exigibilidad. En este punto es necesario destacar el impulso articulado de numerosas redes y organizaciones sociales en torno a la Campaña por una Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, de la cual nos hacemos parte como Red.

Sin embargo, quizás el reto mayor es lograr que la vida de las mujeres, a lo largo de todo su ciclo vital, exprese efectivamente el pleno ejercicio de estos derechos como parte de su ciudadanía social. Porque si no es así, esto demostraría en forma irrefutable que el avance de las mujeres hacia una ciudadanía plena aún no llega a la meta en este tercer milenio, y que las democracias actuales incumplen su deber de representar las demandas de todos los colectivos sociales.

Es por ello que la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, una vez más, quiere hacer del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, una jornada regional de exigencias para que los derechos de las mujeres en el ámbito de la sexualidad y la reproducción sean plenamente respetados y cautelados. Y para que las mismas mujeres se apropien de ellos en todo su potencial.

Por lo tanto, el llamado a la acción Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos son Derechos de Ciudadanía, ¡Exígelos, defiéndelos, ejércelos! se propone el siguiente objetivo:

Promover en la sociedad en general, y en los tomadores de decisión en particular, el respeto de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres como derechos humanos y derechos de ciudadanía, expresados en:

• Salud sexual y reproductiva plena, durante todo el ciclo vital.
• Maternidad voluntaria, gozosa y protegida, y respeto a quienes expresen la decisión de no ser madres.
• Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, con buena calidad de la atención, oportuna y asequible, y sin discriminación de ningún tipo.
• Acceso garantizado a todos los métodos anticonceptivos modernos, incluyendo la anticoncepción de emergencia y los condones masculinos y femeninos.
• Derecho al aborto libre, seguro y legal, y fin de las persecuciones contra las mujeres que abortan.
• Respeto a la libre decisión de las mujeres sobre su sexualidad, bajo la opción que ellas decidan.
• Rechazo a toda expresión de violencia y coerción en estos ámbitos, sea que provenga de su círculo íntimo, de extraños o de instituciones.
• Fomento a las responsabilidades compartidas entre mujeres y hombres en salud sexual y reproductiva, en especial, en la regulación de la fecundidad, prevención de infecciones de transmisión sexual (incluyendo el VIH/SIDA), crianza de hijas e hijos, y cuidado de salud familiar.

Los derechos del cuerpo, sexualidad y reproducción

Diferentes tratados internacionales han sentado las bases para el reconocimiento y protección de los derechos del cuerpo en la sexualidad y la reproducción, ya que aluden a la protección de derechos fundamentales en estos ámbitos, tales como: el derecho a la vida, a la salud, a la igualdad y no discriminación, a la integridad personal, a la intimidad y a estar libres de violencia.

Considerando, además, que la salud es un complejo fenómeno biopsicosocial, también el derecho a la educación, al trabajo y la vivienda son indispensables para que los derechos del cuerpo tomen forma concreta, puesto que si una mujer está agobiada por la pobreza, por la falta de habitación o carece de educación suficiente, esto la coloca en condiciones de mayor vulnerabilidad y desprotección en todos los ámbitos de su vida, incluyendo la salud.

Algunos de los instrumentos internacionales para la protección de estos derechos son:
• Declaración Universal de Derechos Humanos,
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
• Convención sobre los Derechos del Niño/a,
• Convención Americana de Derechos Humanos.
• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem do Pará.

Considerando que la protección de la salud sexual y reproductiva es un paso indispensable para el goce de los derechos sexuales y derechos reproductivos, es indispensable que los Estados la garanticen, promuevan y protejan. Por lo tanto, deben tomar en cuenta las necesidades particulares de salud de las mujeres (y de los hombres), a partir de su diversidad y sus condiciones de vida. Y deben eliminar todas las barreras legales, económicas, religiosas y culturales para la atención a la salud sexual y reproductiva.

Efectivamente, hay barreras que obstaculizan la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres:

Leyes que penalizan o restringen el aborto; dificultades para obtener anticonceptivos, en especial anticoncepción de emergencia y condones; negativa para esterilización quirúrgica voluntaria incluso si es legal; discriminación para atención de adolescentes, mujeres lesbianas y bisexuales, mujeres viviendo con el VIH/SIDA, mujeres rurales y afrodescendientes; presiones de iglesias y grupos aliados que buscan impedir la autonomía sexual y reproductiva de mujeres y jóvenes, etc.

Además, la calidad, cobertura y acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva no siempre están garantizados pues dependen de los medios económicos de las mujeres, del lugar geográfico donde viven, de su raza/etnia, etc. De hecho, la pobreza es una barrera concreta y tangible que enfrentan las mujeres para garantizar la atención de salud.

El derecho a la autodeterminación es, asimismo, clave para garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y se expresa, principalmente, en el derecho a decidir cuántos hijos tener y su espaciamiento, o no tenerlos, y contar con los medios e información para concretar esta decisión. También se refleja en el modelo de sexualidad que deseamos vivir. Las opciones libres, sin embargo, solo son posibles cuando se eliminan todas las presiones, violencias y controles sobre el cuerpo de las mujeres. Lamentablemente, en las sociedades actuales aún son frecuentes fenómenos tales como:

La violencia sexual, el matrimonio forzado y temprano, el mandato cultural sobre la maternidad, el embarazo forzado, la penalización del aborto, la discriminación y violencias contra las expresiones de la diversidad sexual, la estigmatización de la sexualidad adolescente, el uso y abuso del cuerpo de las mujeres en los medios de comunicación y publicidad, etc.

Por lo tanto, es necesario reafirmar un concepto de gran importancia política: el derecho a la integridad física o corporal, que sostiene que las mujeres deben estar protegidas de la invasión o intrusión no deseada en sus cuerpos. Este principio tiene sus raíces en el respeto a la dignidad humana, los derechos de libertad y seguridad de la persona, y el derecho a la intimidad y privacidad. Así entendido, el derecho a la integridad física protege de las restricciones no consensuales respecto de su autonomía física.

Además de los tratados internacionales ya mencionados, los derechos humanos de la mujer han sido parte de los programas de las conferencias mundiales convocadas por las Naciones Unidas, en especial desde la década de los 90 del siglo pasado. Aunque estos programas no crean obligaciones legales a los gobiernos de los países signatarios ya que no son vinculantes, deben considerarse compromisos morales que dichos países asumen frente a la comunidad internacional. Y además se transforman en instrumentos de acción política con los cuales la sociedad civil puede presionar para el logro de mayores avances.

En este punto, cabe recordar el compromiso que ha desplegado el movimiento de mujeres en torno al seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo de El Cairo y la Conferencia Mundial de la Mujer de Bejing, que en el año 2009 y 2010 cumplieron 15 años, respectivamente, desde su realización. Ambas lograron incorporar en sus programas de acción una serie de recomendaciones que aluden directamente a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y a los derechos correlativos, para avanzar a respuestas concretas frente a las brechas, desigualdades y vacíos que persisten en estos ámbitos. Más aun, este año 2010 se cumplen los 10 años desde la aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que sí constituyen un compromiso vinculante para los gobiernos, lo que plantea nuevos desafíos en términos de monitoreo y presión ciudadana.

Cabe hacer notar que recientemente, en agosto del año 2009, durante el Encuentro de Mujeres de Redes Regionales de América Latina y el Caribe en el Proceso de Cairo + 15, se firmó la Declaración de Panamá que puede considerarse una guía de ruta para trabajar en torno a los acuerdos de la Conferencia de El Cairo, con especial énfasis en la protección y promoción de la salud y derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.

Por lo tanto, entendiendo la calidad de ciudadanía como el derecho a tener derechos, y además ejercerlos, la RSMLAC quiere hacer de este Llamado a la Acción un proceso que permita a nuestras organizaciones afiliadas identificar algunos de los principales obstáculos para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, denunciar sus efectos y exigir que sean corregidos.

Este 28 de Mayo, por lo tanto, denunciaremos algunas situaciones que tienen consecuencias nocivas para los derechos de las mujeres, en especial para sus derechos sexuales y reproductivos:

• La histórica oposición de la jerarquía de la Iglesia Católica contra los derechos sexuales y reproductivos, que se expresa en un discurso fundamentalista, autoritario y castigador, y en su intromisión indebida en las políticas de los Estados. Lo que contrasta con los vergonzosos delitos de pedofilia y abusos que continúan siendo denunciados.
• El impacto desproporcionado de la pobreza en las mujeres, y los efectos de este fenómeno en sus derechos humanos sexuales y reproductivos.
• Los graves efectos de la violencia contra las mujeres en su salud integral, fomentada a partir de la naturalización social de este fenómeno.

A partir de estos tres enfoques, que serán apoyados con Hojas Temáticas para la Acción que se difundirán ampliamente durante abril y mayo, la RSMLAC quiere contribuir para el empoderamiento de las mujeres a partir del reconocimiento de sus derechos sobre su cuerpo, sexualidad y reproducción, como derechos humanos.

A continuación puede bajar el texto completo del llamado, el formulario de propuestas y la Hoja de Acción 1.

Realizan en capital mexicana seminario sobre derechos reproductivos

Prensa Latina

Especialistas de América Latina iniciarán hoy un intercambio sobre los derechos reproductivos de las mujeres, en el contexto del tercer aniversario de la aprobación del aborto en el Distrito Federal (DF).

Convocado por el Instituto de las Mujeres en la capital (Inmujeres-DF), el encuentro reunirá durante dos días científicos de toda la región, con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y diversas agrupaciones de la sociedad civil, anunciaron los organizadores.

El evento, con sede en la UNAM, pretende fortalecer la reflexión sobre la necesidad de despenalizar la interrupción del embarazo en México y en otras naciones de Latinoamérica, a partir del examen de políticas integrales de salud, que respeten los derechos humanos de las mujeres, subrayó Inmujeres-DF.

En abril de 2007 fue legalizado en esta capital el aborto antes de las 12 semanas de gestación, pero en otros territorios del país las féminas están privadas de esa posibilidad e incluso pueden ser sometidas a sanciones penales.

Los debates del seminario versarán sobre los aspectos legales de la despenalización del aborto en América Latina y los aportes que la investigación científica puede proporcionar a legislaciones en esa materia.

También serán examinados distintos modelos para prestar los servicios de interrupción legal del embarazo y las posibles gestiones de la sociedad civil en aras de que sea reconocido el derecho de las féminas a decidir sobre su salud reproductiva.

Entre los ponentes estarán la responsable legal del área de América Latina y el Caribe del Centro para los Derechos Reproductivos, Alejandra Cárdenas, y la abogada de la Mesa por la Vida de las Mujeres en Colombia, Paola Salgado.

Intervendrán además otras reconocidas investigadoras como Fátima Juárez, del Colegio de México, la experta regional de Population Council para América Latina y El Caribe, Claudia Díaz Olavarrieta, y la catedrática del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Alicia Elena Pérez Duarte, confirmaron los promotores de la cita.

Chile: Promulgada ley de distribución gratuita de píldora del día después

Tamara Vidaurrázaga A

Santiago de Chile (SEMlac).- Justo al día siguiente del triunfo de la derecha en las elecciones presidenciales y a dos meses de dejar el gobierno, la presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto que promulga la distribución gratuita de la píldora del día después en el sistema público de salud.

Bachelet significó que la primera actividad pública, tras las elecciones, fuera "justamente aquello por lo cual hemos luchado tanto tiempo: promulgar esta iniciativa", dijo.

La ley fue tramitada tras una fuerte polémica, luego de ser revisada previamente por el Tribunal Constitucional, y recibió dos indicaciones de la senadora Soledad Alvear, tras ser rechazada por la Comisión de salud del Parlamento.

Una de las indicaciones señala que las menores de 14 recibirán la píldora, pero no de manera anónima, debiendo darse aviso al padre o la madre. La segunda precisa que "no se considerarán anticonceptivos, ni serán parte de la política pública en materia de regulación de la fertilidad, aquellos métodos cuyo objetivo o efecto directo sea provocar un aborto".

Aunque la Senadora, perteneciente a la misma coalición que la Presidenta, aseguró que sus observaciones no tienen por objetivo impedir la distribución de la píldora del día después, sino facilitar su entrega, las organizaciones de mujeres y feministas impulsoras de la ley sienten que esta fue desvirtuada con las indicaciones que se le hicieron.

Adriana Gómez, de la Red de Salud de Mujeres de América Latina y el Caribe, señaló a SEMlac que "la indicación deja abierta, una vez más, la posibilidad de que los sectores que antes se opusieron a la PAE y recurrieron al Tribunal Constitucional para que las normas fueran vetadas, lo hagan nuevamente con este texto legal. Más ahora, cuando la derecha será gobierno y sus representantes fortalecerán el discurso autoritario y fuertemente natalista".

Gómez añadió: "Creo que las indicaciones de la senadora Alvear desvirtúan el espíritu del proyecto tal como fue originalmente redactado. Éste apuntaba, justamente, a superar todas las discriminaciones e inequidades en el acceso a la información y atención de salud sexual y reproductiva que durante largos años han caracterizado a este país, y que han afectado especialmente a las mujeres de menores recursos y a la población adolescente.

"A estos sectores no se les ha reconocido su derecho humano a acceder, por ejemplo, a la anticoncepción de emergencia, pues carecen del dinero suficiente para pagar una consulta médica y comprar una receta, ya que los grupos más fundamentalistas del país se han encargado de obstruir, por todos los medios posibles, su entrega gratuita por parte del Estado", precisó.

Sobre la indicación respecto de las menores de 14 años, Gómez indicó que con ello se transgrede la confidencialidad en la atención de salud, un principio ético que debe respetarse.

"Y más aún cuando, frecuentemente, en el ámbito familiar es donde ocurren muchos casos de abuso y violencia sexual contra las niñas y jóvenes, a menudo son los propios padres u otros familiares directos los agresores... ¿Y serán ellos los que recibirán esta información tan delicada y privada? Parece un contrasentido", puntualizó.

La diputada María Antonieta Saa, de su misma coalición pero diferente partido, criticó duramente la arremetida de Alvear, al afirmar que la medida tiene como propósito facilitar la vulneración de la ley por parte de los tribunales, si éstos la consideran abortiva en alguna eventualidad.

Las indicaciones tuvieron el rechazo de otros parlamentarios de la misma Concertación; sin embargo, fueron aceptadas en el texto finalmente promulgado.

Uruguay: Mujeres marcharon por derechos sexuales "Desnudas y pintadas"

Fuente: EFE

Este jueves una veintena de mujeres marcharon con sus torsos desnudos y pintados, desde el Palacio Legislativo a la Plaza Libertad, para reivindicar el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Uno de los principales reclamos fue la despenalización del aborto.

Enmarcada en la campaña "Tus derechos sexuales y reproductivos valen", de la organización Mujer y Salud en Uruguay, la iniciativa atrajo la atención de numerosas personas, que se detuvieron para contemplar el desfile y, en muchos casos, tomar fotografías.

Con el rostro maquillado de blanco y la imagen de la campaña, una flor rodeada de colores, pintada en el torso, el colectivo trató de "instar a la reflexión sobre la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, que afectan a la calidad de vida de mujeres y hombres", dijo su organizadora, Daniela Tellechea.

La activista indicó que otro de los objetivos de esta intervención urbana pasa por "demandar al sistema político que haga propuestas" concretas e incluya temas como el aborto o la homofobia en la campaña electoral en curso para las elecciones del 25 de octubre.

"El sistema político tiene que contar cómo va a solucionar problemas como el crecimiento del VIH entre las mujeres o el aborto ilegal y clandestino", señaló Tellechea, quien animó a "todos los uruguayos" a sumarse a esta iniciativa.

El presidente Tabaré Vázquez, vetó el año pasado un proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos aprobado por el Parlamento que despenalizaba el aborto en las 12 primeras semanas del embarazo.

En la marcha de este jueves, que inició su recorrido en el Palacio Legislativo, se podían leer frases como "¿Qué propone tu candidato?" o "Cada 20 minutos, un aborto clandestino en Uruguay".

La movilización se detuvo en la Plaza de la Independencia, frente al Edificio Libertad donde se encuentra la nueva sede de Presidencia, y por último, se detuvieron en la Plaza Libertad, "un lugar muy emblemático" y escenario de muchas otras "demandas de este tipo, en defensa de los derechos humanos", indicó Tellechea.