Las últimas perversiones del feminismo

Lidia Falcón

Este 8 de marzo se cumplen 108 años de la masacre de la fábrica Cotton de Nueva York, en la que murieron asesinadas 200 mujeres que se habían encerrado dentro para reclamar aumentos de salarios y el empresario incendió la nave abrasándolas dentro. Ese día Clara Zetkin propuso que se instituyera el Día Internacional de la Mujer, una mirada a la situación que a parte del Movimiento Feminista nos desconcierta.

Nos estimula repasar los avances que en el mundo occidental ha conseguido MF. No diría que no se puede repetir la atrocidad de 1909, porque hace pocos años el techo de un edificio en Bangladesh se desplomó matando a mil trabajadoras que cosían dentro, en condiciones de esclavitud, para abastecer a las empresas de ropa confeccionada, Zara entre otras, donde las privilegiadas clientes europeas y americanas nos surtimos. Creo que es importante no olvidarlo.

Pero lo que desconcierta y desanima es comprobar cómo en este Primer Mundo, que disfruta de los avances que los movimientos sociales han alcanzado en siglos de cruentas batallas, un sector del MF, más desinteresado hoy de la lucha por la subsistencia, está derivando a defender reclamaciones que contradicen la esencia misma del feminismo.

Cuando reclamábamos el derecho al amor libre, vindicación que ha cumplido más de un siglo, no pudimos ni imaginar, ni nosotras ni nuestras heroicas antepasadas, pioneras de todas las luchas, que tal reclamación se pervirtiera de tal modo que se defendiera la prostitución como un trabajo aceptable, o incluso deseable, ignorando la degradación moral y la explotación económica que supone dicha esclavitud para las mujeres. Querría recordar como las anarquistas que fundaron el grupo Mujeres Libres, y que incluso se unieron a los hombres en la primera línea de fuego durante la Guerra Civil, fueron enormemente críticas contra sus compañeros que frecuentaban los prostíbulos.

Federica Montseny, nuestra primera ministra de Sanidad durante la contienda, creó los liberatorios de prostitución, ofreciéndoles a las mujeres acogida, mantenimiento y formación profesional. Y 80 años más tarde un sector del feminismo ve con complacencia la explotación de las víctimas, haciendo una infame campaña a favor de legalizarla, montando incluso una Escuela de Prostitución en Barcelona, que permiten tanto ese Ayuntamiento del cambio, como la independentista Generalitat ─que no sabemos si la financia─, que sólo se ocupa de separarse del resto de España. Supongo que si consiguen la independencia, el gobierno catalán podrá convertir Cataluña en el prostíbulo de Europa.

Cuando aún no hemos logrado abolir la prostitución y situarnos entre los países avanzados moralmente, nos encontramos con que unos sectores del movimiento LGTB defienden legalizar “los vientres de alquiler” Es decir, la mercantilización más absoluta del cuerpo de la mujer. Y como esa es una demanda del movimiento homosexual, predominantemente masculino, que tiene influencia en muchos de los partidos políticos, y dinero para financiar sus campañas, han logrado que la mayoría de ellos no se defina en contra, a la espera de ver cuántos votos logran.

Pues todavía tenemos que conocer nuevas tendencias que vienen a perturban aún más la ideología feminista.

¿Ustedes saben lo que son las TERF? No se sientan ignorantes, yo tampoco lo sabía hasta hace dos días. TERF, acrónimo de trans exclusionary radical feminist, resulta que somos nosotras. Sí, las feministas de siempre, las que reclamamos desde hace 200 años libertad, igualdad, solidaridad. Ese término se lo han inventado un grupo de transexuales, apoyadas al parecer por otro grupo de LGTB, que siguiendo la teoría queer ─aquella que dice que no nacemos con una pretedeterminación de sexo sino que a lo largo de la vida escogemos variablemente el que queremos─ han decidido que ni el sexo, ni la edad, pueden ser definitorios.

Para resumir lo que está llenado páginas de webs, de Facebook, de WhatsApps, incluso de libros: una puede ser mujer u hombre, según lo decida en el momento en que así lo desee, y una y uno, igualmente. Y si esta transformación ya era conocida, e incluso amparada por las leyes, pero implicaba someterse a los cambios físicos que acompañan a las características de cada sexo, ahora no. Ahora todo el mundo es un transformista y puede serlo por la mañana o por la tarde, este fin de semana o el mes que viene. Y del mismo modo escoge en cada momento la edad que desea. No es preciso tener, o pretender, la apariencia física correlativa al sexo que se desea.

Una foto de un señor con unos bigotazos negros lleva la leyenda: “Soy una niña de cinco años”. Tal es la transformación que ha escogido. Y, en consecuencia, se ha sentido con derecho a acosar sexualmente a un niño de seis. Porque él se siente niña pequeña, y en consecuencia no es un pedófilo ni un pederasta sino un transgender, y por ello tiene derecho a violar niños. Y quienes nos opongamos a semejantes desquiciadas fantasías, somos TERF, homofóbicas, transfóbicas y perseguidoras de la libre elección de sexualidad y de edad.

Lo peor es que algunas conocidas activistas del movimiento LGTB están dando cobertura a tales peligrosos disparates, y cuando se les lleva la contraria difunden toda clase de críticas, trufadas de insultos, contra las TERF, que somos nosotras. Incluso se preguntan si no podrían agruparnos a todas y tirarnos al mar.

Una doctora de EEUU está haciendo campaña a favor de la pederastia, acusando a los TERF de penalizar la sexualidad infantil como antes se penalizó el amor libre y la homosexualidad. Y en estas polémicas, que llegan más allá de las palabras puesto que se ponen en práctica abusando sexualmente de niños y niñas, invierten su tiempo ─alguien también pagará─ las otrora activistas del feminismo.

Y yo pienso, las que a tal campaña se dedican sin duda pocos sufrimientos padecen y menos son capaces de observar y emocionarse por los de las demás mujeres del mundo. Esas feministas no sólo invierten su tiempo y su capacidad mental en discutir qué sexo van a llevar hoy, como si fuera el vestido que se cambian, sino que están siendo el soporte de la campaña que han desencadenado los pederastas para violar impunemente niños y niñas.

Las maleducadas

Lidia Falcón

Público Durante los más de setenta años que duró la lucha sufragista en Estados Unidos y Gran Bretaña –en España comenzó más tarde y se prolongó diez más- los periodistas llamaron “las locas” a Emmelyn y Christabel Pankhurst, Susan B. Anthony, Lydia Becker, Lucrecia Mott, Elisabeth Cady Stanton, Lucy Stone, Harriet Beecher Stowe, que lideraron el Movimiento, y a todas sus seguidoras, que invirtieron su vida y su hacienda en reclamar su derecho a ser consideradas sujetos políticos en su país. Ninguno de los comentaristas de los periódicos de la época las trataron en forma diferente durante el largo periplo que tuvieron que recorrer las anglosajonas hasta conquistar el derecho al voto.

Transcurridos cien años, ante las vehementes protestas de las militantes del Partido Feminista en la asamblea de Izquierda Unida, por el olvido de los planteamientos feministas que mostraban los dirigentes de esa formación, en la valoración de los resultados electorales del 26 de junio, nos llamaron maleducadas. En cien años hemos pasado del manicomio a la escuela. Es un avance sin duda pero de recorrido demasiado lento.

Seguramente el pomposo Adolfo Barrena y el didáctico Alberto Garzón se creen que pueden darnos lecciones de educación cuando nos dirijamos a ellos. Para eso, con la benevolencia que les caracteriza, nos permiten intervenir cuatro minutos cuando pedimos la palabra, y argüirán, convencidos de su equidad, que es el mismo tiempo que se le concede a los demás participantes. Pero los allí presentes, ni dirigentes ni representantes, van a reflexionar, ni reconocer, que de los 60 o 70 intervinientes solamente las mujeres del Área de la Mujer y del Partido Feminista tratamos los temas que afectan al 52% de la población española.

Ninguno de los bien educados y elegantes componentes de la mesa se refiere, ni aun tangencialmente, cuando denuncia los problemas que el gobierno de la derecha ha ocasionado a las clases trabajadoras, las 62 mujeres asesinadas en este medio año, ni aun siquiera las últimas violaciones de San Fermín, que constituían sangre fresca en la información reciente. La infame esclavitud de la prostitución no merece una palabra para esos señores. Para qué hablar de las abismales diferencias salariales, cuyas máximas explotaciones femeninas se han denunciado por las limpiadoras de hoteles. Ni estas ni las más de veinte causas de discriminación machista que padecemos las féminas españolas, son temas que perturben los previstos discursos de los señores dirigentes de Izquierda Unida. En todo caso, como también está previsto, nos permiten recordarlos a las feministas.

Un tema que me tortura desde hace 50 años es cómo se podría convencer a los hombres de izquierda –sea ya lo que sea hoy eso- de que no pueden esquivar ser feministas y comportarse como tales.

A pesar de los años de luchas, que han consumido la vida y la salud de miles de mujeres españolas que, desde los diferentes frentes de esta guerra inacabada, se han mostrado decididas a no permitir que los hombres de sus mismas formaciones políticas siguieran portándose como los de derechas, el comportamiento feminista no ha calado profundamente ni siquiera en los dirigentes de los partidos que se reclaman del cambio. Para demostrar lo cual no es preciso más que observar los planteamientos y disputas políticas que se están desarrollando, interminablemente, con motivo del drama de la investidura de gobierno.

Ninguno de los señores –todos señores- que acaparan las cámaras de televisión, los artículos, editoriales y entrevistas de prensa y los programas de radio, con sus propuestas y programas del futuro gobierno, hace mención alguna a las reformas y cambios que son precisos para proteger a las mujeres de la masacre que se comete sistemáticamente contra ellas, sin escándalo social alguno. Ninguno de los nuevos líderes que han venido a revolucionar el esclerotizado panorama político español nos explica cómo piensa avanzar hacia un sistema más justo de reparto de derechos y deberes entre las mujeres y los hombres.

La sociedad española está anestesiada ante la violencia machista, resignada a las múltiples agresiones, represiones y explotaciones que padecen las mujeres, y contenta con mantener el mismo estado de cosas “in eternum”. Y en ella incluyo a los hombres y a las mujeres que dirigen formaciones de izquierda, con las conocidas –por escasas- excepciones.

Y lo que es más triste, tampoco veo a las mujeres que han liderado alguno que otro movimiento feminista, que han sido, o son, responsables de varias áreas de gobierno o administración, y que se pretenden élite de la política, la cultura, las ciencias o las artes, reprocharles a esos señores tan flagrantes olvidos. Seguramente para no ser tachadas de maleducadas por los siempre dignos, bien educados y elegantes rectores de su conciencia política.

Venezuela se respeta

Lidia Falcón

Público Alba, una camarada de Siero, ¡será posible, en la cuenca minera!, me escribe un mensaje: “El viernes 13 el Ayuntamiento de Siero con su alcalde del PSOE a la cabeza invitó con dinero municipal y agasajó a Leopoldo López padre, y que en desacuerdo un nutrido grupo de gente nos concentramos ante el Ayuntamiento, al que no se podía acceder por impedirlo una barrera policial. “El individuo homenajeado, con la sola excepción de IU y Somos, que estaban fuera, salió al balcón a provocar a los manifestantes, y de resultas de ello se fraguó una intensa campaña, que se continúa este jueves, en un pleno donde pretenden: Reprobar al concejal portavoz de SOMOS por manifestarse, cambiar las normas de todos los Consejos para intentar expulsarnos a los colectivos que no aplaudimos el desaguisado o “por portar un megáfono” en la concentración.

Anular un homenaje que ya estaba dos veces aprobado a Berta Cáceres, que resulta así doblemente víctima. “Y … cambiar las bases del premio de DDHH, para que “una persona” en vez de un colectivo, pueda recibirlo…siendo su candidato antes de tiempo, anunciado en los medios… Leopoldo López.” Recuerdo que el año pasado encontré en Caracas al escritor argentino Atilio Borón, reputado comentarista en la prensa latinoamericana, que había escrito que “Venezuela era el Stalingrado de la izquierda, porque allí se está dirimiendo ahora el triunfo o la derrota del socialismo”. Y así es.

El triunfo electoral de Hugo Chávez en 1999 correspondía al hartazgo del pueblo venezolano de haber sido maltratado, esquilmado y engañado durante más de un siglo, y especialmente bajo los mandatos de los partidos del Pacto del Punto Fijo. Chávez y el gobierno que le siguió procedieron a iniciar el cambio del reparto de la riqueza. Las medidas sociales y económicas que se implantaron se han hecho en beneficio de las clases trabajadoras.

Nadie, ni siquiera esa clase media egoísta que únicamente quiere tener divisas para comprar en Estados Unidos, niega que en los diecisiete años de gobierno bolivariano se han construido cientos de miles de viviendas sociales, cientos de miles de escuelas, de hospitales, de ambulatorios, de supermercados de precio controlado. Se ha construido la Universidad Simón Bolívar para dar acceso a las carreras superiores a los trabajadores que nunca ingresaban en ellas. Se consiguió mantener en el país una parte de los ingresos del petróleo, esquilmados hasta aquel momento por las grandes compañías. A la vez, y eso es lo que más emocionaba cuando lo decían, había devuelto la dignidad a su pueblo, con la participación directa en las Comunas y los Consejos Comunales. Es una consigna popular el dicho “Venezuela se respeta”.

Al mismo tiempo, llevó adelante importantísimas iniciativas de unión y cooperación de los países latinoamericanos para liberarse del yugo del imperio estadounidense. Apoyó la cooperación en América del Sur y el Caribe y jugó un papel decisivo en la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Banco del Sur y la red de televisión regional TeleSUR.

Ni el imperio de USA ni la oligarquía venezolana, se lo podían perdonar. A pesar de mantener su dominio económico y mediático, (ver mi artículo del 14 de julio 2014). Así, en los primeros meses de 2014, lanzaron una ofensiva violenta contra el gobierno, liderada por el hoy “mártir” Leopoldo López que llevó a sicarios y mercenarios a incendiar escuelas, guarderías infantiles, hospitales, universidades, incluso instalaban alambres en los árboles para que peatones y motoristas fueran degollados. 47 muertos e innumerables heridos se cuentan en estos meses y 15.000 millones de dólares de pérdidas.

En esas “guarimbas” participaron cientos de personajes violentos, fanáticos o comprados, pagados y liderados por Leopoldo López y otros secuaces, y sin embargo en prisión únicamente hay 70. A partir de ese momento, la campaña desenfrenada que se ha organizado internacionalmente por los esbirros y sicarios del capital internacional, con los medios de comunicación vendidos a él, no tiene medida. En marzo de 2015, el propio Barak Obama hizo público un comunicado en el que afirmaba que Venezuela era un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Felipe González y Alberto Rivera, con otros de su pelaje, están defendiendo a la corrupta y criminal oligarquía venezolana.

Pero, además… ¿Quién es ese hoy gran defensor de derechos humanos, Leopoldo López? Un personaje de la ultraderecha desde la juventud, que incitaba a acciones callejeras contra la presidencia de Chávez. López alcanzó el cénit en su vehemente actividad política cuando se produjo el golpe de Estado que pretendió derrocar al presidente Hugo Chávez en 2002. Leopoldo encabezó la marcha de la oposición hacia el Palacio de Miraflores, residencia oficial del presidente, que terminaría ocasionando la muerte de decenas de personas.

Cuando él y los conspiradores antichavistas creyeron que con el secuestro de Chávez la asonada había triunfado definitivamente, López participó en el intento de linchamiento del entonces ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. La causa judicial que se abrió contra él por su violenta participación en la tentativa de acabar con la vida del ministro sería sobreseída posteriormente, gracias a una amnistía general promulgada en 2007 por el presidente Chávez.

Pero las andanzas de López no se limitaron a las actividades conspirativas o violentas en contra de un gobierno legítimamente constituido por la decisión democrática del pueblo venezolano. En el 2008, Leopoldo López fue inhabilitado por la Contraloría General, por corrupción como asesor de la estatal de “Petróleos de Venezuela”. En 2011, la Contraloría lo inhabilitó nuevamente por tres años, hasta 2014, por el desvío de recursos públicos, siendo alcalde de Chacao (2000-2008).

Leopoldo López, sin embargo, no ha sido juzgado y condenado por crear, financiar y dirigir las guarimbas en general, sino por su instigación pública al asalto e incendio de la sede del Ministerio Público y de quienes allí se encontraban, en el momento que instó a sus correligionarios a su allanamiento y destrucción.

La campaña organizada por el capital internacional ha tenido sobre todo un objetivo: hundir la economía venezolana, como en Chile. En Venezuela, los cinco grandes sectores de la producción, imprescindibles para mantener la sociedad: la alimentación, el vestido y el calzado, material higiénico y cosméticos, productos farmacéuticos y sanitarios, y la transformación y el transporte del petróleo, siguen en manos privadas. Las grandes corporaciones, que tienen el monopolio de la producción, esconden los productos para producir el desabastecimiento de la población de los elementos más necesarios, La operación para bajar los precios del petróleo, que ha llevado a graves problemas financieros a Venezuela y a Rusia, principales enemigos del Departamento de Estado de EEUU, ha ocasionado la situación de emergencia económica que están sufriendo esos países.

Lo que no confiesa ninguno de los políticos españoles que se escandalizan cada día por la “dictadura” bolivariana, y amparan y defienden, incluso con lágrimas como Alberto Rivera, a un criminal como Leopoldo López. Al que ahora el Ayuntamiento de Siero, socialista, va a dar el premio de Derechos Humanos.

Venezuela herida y humillada

Lidia Falcón

Público Entre las desgracias que dejó el imperio español en los países latinoamericanos la peor fue entregarlos a las fauces del estadounidense.

Cuando fui por primera vez a Venezuela en 1977, ese hermoso país era el patio trasero de Estados Unidos. Tenía la fortuna de poseer un tesoro en petróleo, la quinta reserva mundial, y ese es el único objetivo del Departamento de Estado de EEUU.

Venezuela, que disfrutaba de la renta petrolera más alta de Latinoamérica y que aquel año solo tenía 12 millones de habitantes, mantenía al 70% de sus habitantes en la pobreza. Unas escuálida clase media y pequeña burguesía, reaccionarias, ignorantes y bobaliconamente admiradoras del imperio del norte, que se beneficiaban de las migajas que dejaban en el país las grandes petroleras, estaban egoístamente contentas con poder comprarse enormes carros norteamericanos que consumían petróleo como si fuese aire, enormes frigoríficos y enormes chalets en las urbanizaciones que rodeaban Caracas. Enviaban a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, se operaban allí de cualquier enfermedad y se cambiaban la cara periódicamente, deslumbradas por la técnica, el avance y la riqueza de su imperio. Y votaban alternativamente a uno de los dos grandes partidos que se repartían el exiguo poder que les dejaba el Departamento de Estado de EEUU: Copei y Adeco.

Mientras, los trabajadores vivían en la pobreza, en la miseria y en la extrema miseria. Alrededor de Caracas, trepando en los cerros del Monte Ávila, se hacinaban inmundas chabolas que llamaban ranchitos, sin agua ni letrinas, que enchufaban la corriente directamente de los postes de alta tensión de la carretera. En los “ranchitos de cartón” que cantaba Soledad Bravo, con techos de palmas, anidaban insectos que transmitían el mal de Chagas, no tenían más equipamiento que unos chinchorros para dormir y un hornillo de queroseno. Los niños estaban descalzos y desnudos, con los vientres abultados, y tenía uno de los índices más altos de mortalidad infantil de Latinoamérica.

La primera causa de mortalidad femenina era el parto en el campo y el aborto provocado en las ciudades. Enormes extensiones en poblaciones rurales y pequeñas ciudades no tenían médicos ni ambulatorios, la mitad de la población era analfabeta, mientras las antenas de televisión eran un bosque en los tejados de los ranchitos. El alcoholismo y el juego sustituían en los hombres a la escuela, la cultura y el deporte.

Una izquierda esforzada y valiente, sistemáticamente perseguida por los gobiernos de turno que detenía a sus militantes, los torturaba, los encarcelaba en infames prisiones y los hacía desaparecer cuando convenía, denunciaba continuamente este horrible reparto de la riqueza e intentaba revertirlo con programas de mínima justicia social. Una parte de ella, el Partido Comunista entre otros, mantenía una actividad legal y se presentaba a elecciones que era imposible que ganara según la ley electoral y los recursos de que disponía. Otro sector, desesperado e impotente ante aquella situación, decidió embarcarse en la guerrilla. Durante veinte años penó en las peores condiciones, sin gente, sin recursos, sin armas, en la selva, intentando enrolar en la revolución a campesinos que no sabían más que sobrevivir.

Cuando yo llegué, Venezuela sufría uno de los peores gobiernos que ha padecido, el de Carlos Andrés Pérez. Ministro del Interior con el dictador Pérez Jiménez, había perseguido a los guerrilleros como a alimañas, los había hecho detener, torturar y desaparecer, sistemáticamente. Concluida la dictadura se había adscrito a los adecos, que fingían ser socialdemócratas, y habían firmado el Pacto de Punto fijo con los de Copei, democristianos, para evitar que en ningún caso el Partido Comunista llegase al poder, y así se distribuían los gobiernos, alternativamente. Carlos Andrés Pérez persiguió a comunistas y guerrilleros con ferocidad. Se les asesinó en las calles y en las comisarías, y nunca se encontraron los cadáveres ni se celebraron juicios contra los responsables. En miles se calculan las víctimas, más que bajo la dictadura de Pérez Jiménez.

Eran los tiempos en que los presidentes de Estados Unidos, y los de España, estaban tan contentos con los mandatarios venezolanos. Las relaciones políticas y económicas no podían ser mejores. Las visitas de unos y otros se menudeaban para felicitarse mutuamente. Felipe González tenía como mentor a Carlos Andrés Pérez, de quien aprendió a organizar los GAL. Y Nixon consideraba su amigo al presidente venezolano.

No era para menos. Las grandes compañías petroleras estadounidenses disponían del oro negro venezolano a su antojo. La ficción de que se nacionalizó –se hizo cuando yo estaba allí-, de la que tanto presumía Pérez, no significó beneficio alguno para la población trabajadora. El petróleo bajo la tierra no tiene utilidad alguna, como lo demuestran los millones de años que tardamos en saber cómo utilizarlo. El petróleo ha de extraerse, refinarse y transportarse, y todos esos procesos de producción los llevaban a cabo Caribbean Petroleum, British Controlled Oilfields, Colon Development Co., Venezuelan Oil Concesions, Standard Oil (Creole) y Gulf Oil Comporation (Mene Grande) Era cuando el bolívar se cambiaba a 6 dólares por unidad.

Mientras tanto, los trabajadores que entregaban su plus valía a los consorcios internacionales, vivían y morían en los ranchitos. Las mujeres también, presas de una política natalicia prehistórica, con diez y quince y veinte, y hasta treinta hijos por mujer adulta.

El pueblo estaba hambriento y desorientado, pero no muerto. Se producían huelgas y rebeliones periódicas, que eran reprimidas salvajemente por las fuerzas del orden, pero que seguían incubando la rabia y el deseo de justicia.

Carlos Andrés Pérez, que en 1988 había ganado las elecciones por el 52’9 % de los votos, prometiendo justicia social y reparto de la riqueza, se entregó sin condiciones a los propósitos del Fondo Monetario Internacional, al que se le llamó “Paquete Económico”, concebido para mantener la economía del país dentro del modelo neoliberal. La liberación de precios y la eliminación del control de cambio generó inmediatamente más hambre y desempleo.

Entre otras medidas liberales, el gobierno decretó la liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica. Incrementó las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico y de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina y las tarifas del transporte público en un 30%.

Y el pueblo salió a la calle a protestar. El Caracazo o Sacudón comenzó el 27 de febrero y terminó el 8 de marzo de 1989 en la ciudad de Caracas. La masacre ocurrió el día 28 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportan 276 muertos y numerosos heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de más de 300 personas fallecidas y 2.000 desaparecidas. Otros informadores me han dicho que serían más de 2.000 los muertos e incontables los desaparecidos.

Entre el 27 de febrero y el 6 de marzo de 1989, el ejecutivo envió 4.000 tanquetas para acabar con la rebelión. El Ejército y la policía usaron unos 4 millones de balas para reprimir al pueblo. En el Cementerio General del Sur, al oeste de Caracas, hay un sector conocido como “La Peste”, porque durante “El Caracazo” allí eran llevados y amontonados por días los cuerpos de los civiles asesinados en los barrios. Luego eran enterrados en fosas comunes. En “La Peste” recientemente las autoridades encontraron una fosa común con 70 cuerpos no identificados. No estaban incluidos en la lista oficial del Gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Mientras tanto, los dirigentes políticos, Pérez, Herrera Campins, Caldera, Lusinchi, estaba inmersos en la más descarada corrupción. Los capitales salían del país sin control alguno, ninguna obra se realizaba sin pagar la coima correspondiente a los gobiernos, a las alcaldías, a los diputados, a los senadores. Tal era la evidencia de comisiones y prevaricaciones que al final Carlos Andrés Pérez fue procesado y encarcelado.

Mientras tanto, al contrario que en otros países latinoamericanos, el ejército venezolano al que se utilizaba por el poder civil para reprimir al pueblo, no era elitista. Estaba compuesto mayoritariamente por clases trabajadoras y se sentía cada vez más incómodo por su papel genocida. De ahí surge el comandante Hugo Chávez Frías y sus camaradas de promoción, que provenían de clases trabajadoras pobres. Y por ello su intento de golpe de Estado en 1992.

Nada de todo esto se lo cuentan a los lectores los caritativos defensores de derechos humanos, Felipe González, Alberto Rivera, y sus medios de comunicación, que trabajan para que el régimen político y económico de Pérez y sus secuaces se implante otra vez en Venezuela.

En un mínimo resumen, de estos acontecimientos arranca el gobierno bolivariano Pero esa es otra historia que merece otro artículo.

Poco feminismo en Izquierda Unida

Lidia Falcón Público El domingo se cerró la Asamblea constitutiva de Izquierda Unida Madrid. El nuevo partido tiene la ingente tarea de reconstruir la verdadera izquierda en la Comunidad de Madrid.

Ingente porque en el último cuarto de siglo el capitalismo se ha encargado de hundir el mundo socialista y de desprestigiarlo con su potente campaña de intoxicación. Y al rescoldo de la época en que ciertas ventajas económicas anestesiaron la conciencia de lucha de las clases trabajadoras, han surgido organizaciones políticas que pretenden convencerlas de que la izquierda ya no existe y que la felicidad consiste en votarles a ellas.

Pero la izquierda sigue teniendo que defender unos objetivos diáfanos para lograr la transformación de una sociedad capitalista en una socialista que ha de ser obligatoriamente feminista. Y las reivindicaciones fundamentales siguen siendo las mismas que hace cuarenta años, aunque ahora se quieran reducir a modestísimas ayudas a los más pobres.

Pero defender la proclamación de la III República, la anulación de los tratados con el Vaticano, salir de la OTAN, nacionalizar la banca, renegociar con la Unión Europea la deuda pública y oponerse a los tratados con EEUU, son las líneas maestras de un programa de izquierdas.

Pero además, y no menos importante, es unir el feminismo a todas las reivindicaciones económicas, porque de otro modo, según tenemos ya experiencia, ese socialismo que se pretende construir no incluirá a las mujeres. La democracia para la mujer es la democracia feminista, que supone el acceso al poder de las mujeres en la proporción que estas representan, tanto en la población de nuestro país, como en el trabajo y en la producción de riqueza .

Nosotras no somos un género, somos una clase. Y en todo caso, debemos ser visibilizadas como mujeres no como género, y nuestras opresiones y explotaciones son sexistas no “genéricas”.

Las reclamaciones feministas, que se prolongan ya a través de más dos siglos, son fundamentales para incluir a la mitad de la población en el proyecto de Izquierda Unida. Y de eso hubo poco en la Asamblea del 2 y 3 de abril.

Resulta decepcionante que el Área de la Mujer tuviera que presentar una enmienda a la ponencia marco para que en seis líneas se hablara, muy por encima, de las necesidades y reivindicaciones feministas. Y excepto las intervenciones de la representante de esa Área y la mía, ninguno de los oradores ni oradoras incluyó estos temas en sus discursos.

No es aceptable que Cayo Lara mencionara todos los conflictos y movilizaciones que se organizado en el último año y olvidara la Marcha contra todas las violencias contra la Mujer del 7 de noviembre que más asistencia ha tenido. Menos aceptable es que cuando yo le explicara a Lara que solamente el año pasado 40 niños han quedado huérfanos porque el padre ha matado a la madre, varios de los asistentes a la asamblea se rieran.

Me sorprendió, me desconcertó y me decepcionó el entusiasmo que mostraron los asistentes, unánimemente, al hecho de que Carlos Sánchez, concejal del Ayuntamiento de Madrid, que presidía la asamblea, tuviese que ausentarse para celebrar un matrimonio. Entusiasmo que estuvo corroborado por Cayo Lara, que nos explicó cómo él había tenido el placer de casar a mucha gente cuando era el alcalde de su pueblo.

Ciertamente solo cabe desanimarse cuando en los siniestros años en que reclamábamos el divorcio, recuerdo que fui procesada en el año 1973, y la revista secuestrada y multada, cuando publiqué en Triunfo un artículo a favor del divorcio, en el que concluía diciendo: “Ahora estamos luchando por alcanzar el divorcio, después tendremos que hacerlo por acabar con el matrimonio”.

Pero no es que yo fuera tan original. Mi abuela, Regina de Lamo, anarquista, nacida en 1877, estaba haciendo campaña por el amor libre a principios del siglo XX. Mi tía, Carlota O’Neill, tuvo dos hijas en los años 1927 y 1928 sin casarse. Y solo la presión de la familia del marido, el capitán de aviación Virgilio Leret, fusilado el 18 de julio de 1936 en Melilla, la obligó a contraer ese tan necesario matrimonio.

Pero es que en 1905 Alejandra Kollöntai ya se expresaba en tal sentido cuando escribía sobre el amor. ¿Qué ha pasado en más de cien años para que a la izquierda ya en 2016, le entusiasme el matrimonio? Y no me digan que es porque ha cambiado tan sustancialmente que ahora es una institución que solo proporciona felicidad, porque la mayoría de los feminicidios se realizan por los maridos, y el 50% de todos los casamientos concluyen en divorcio.

No se habló en la Asamblea de que el primer propósito de la formación política ha de ser modificar la legislación y dotar de recursos a la justicia para erradicar la violencia contra la mujer. Es preciso penalizar toda clase de violencia contra la mujer no solo física y psíquica, también sexual, laboral, económica, social, cultural, obstétrica. De que es imprescindible lograr la igualdad de salario entre mujeres y hombres, y de que no puede esperar más la abolición de la prostitución, sin más dilaciones ni excusas que solo benefician a los proxenetas y a las mafias del crimen organizado. Y es necesario pronunciarse inmediatamente porque la campaña organizada por la mafia de la prostitución está alcanzando a amplios sectores sociales y varios partidos se están pronunciando a favor de su legalización. Los medios económicos de que disponen los hacen enormemente agresivos y eficaces para lograr que se legalice.

Poco feminismo en la Asamblea de Izquierda Unida.

Feminismo y política

LIDIA FALCÓN / FUENTE: PÚBLICO.ES

Desde 1789 el Movimiento Feminista se constituye como tal en las luchas y reivindicaciones de las mujeres francesas que se suman a la Revolución con sus propias reivindicaciones. Desde entonces, con sus periodos de desánimo, las mujeres del mundo occidental han estado en las calles de todos los países reclamando sus derechos, su existencia, su visibilidad. Otras batallas han dado, y ganado y perdido, las mujeres del mundo entero, aunque nuestra ignorancia haya invisibilizado a las de otros continentes.

En la última época en España, la que se sigue a partir de 1975, el MF se ha batido bravamente por lograr salir de las catacumbas en que lo enterró la dictadura, por aprobar la no discriminación en la Constitución de 1978, por implantar las leyes de igualdad y de avance social. Y ha cosechado grandes triunfos.

Con motivo del II Congreso del Partido Feminista de España, hemos aprobado el programa electoral que ha asumido Izquierda Unida y que se ha implantado en Unidad Popular. Al redactarlo, comparándolo con el que aprobamos en el I Congreso de 1983, la sorpresa y hasta el asombro nos invadió, porque habíamos olvidado las reivindicaciones que llevábamos en él. Porque excepto la abolición de la prostitución, esta línea roja que es más una sima que separa el verdadero avance de las mujeres prostituidas de quienes quieren que permanezcan en la ignominia, todas las reivindicaciones que expusimos en aquel año las hemos alcanzado. Y supongo que esta afirmación sorprenderá a su vez a las mujeres que están sufriendo hoy tantas discriminaciones, pero no hay más que comprobar en el papel lo que digo.

Resulta emocionante leer que el primer artículo del programa de  aquel año, tan cercano, exigía que no hubiese discriminación a las mujeres por su opción sexual y estar  viviendo la legalización del matrimonio homosexual. Como es igualmente conmovedor comprobar que en 1983 todavía solicitábamos la coeducación. En la mayoría de apartados de nuestra vida y de nuestra lucha tenemos que celebrar victorias: la ley de aborto, la ley de violencia, la creación de juzgados especiales para encausar la violencia machista, gabinetes psicosociales para los casos de divorcio, la reforma de la ley de divorcio, los estudios feministas, la ley de igualdad, la ley de paridad. Todas estas reformas han sido aprobadas en estas tres décadas que nos separan de aquel exitoso I Congreso del Partido Feminista.

¿Qué pasa entonces, me preguntarán mis lectoras sorprendidas ante esta declaración, para que los crímenes machistas se produzcan cotidianamente, para que los denostados gabinetes psicosociales estén decidiendo la separación de los hijos a las madres, para que los salarios sigan siendo un 30% menores que los de los hombres, y tantas otras discriminaciones e injusticias que siguen padeciendo las mujeres?.

Es preciso no olvidar que el enemigo nunca descansa. La ofensiva machista de los últimos años ha pervertido los avances alcanzados. O ni siquiera eran tan avances sino más bien maquillajes legales. Así la Ley de Violencia de Género contiene en su redactado, que refleja el espíritu patriarcal con que se aprobó, la ausencia de verdadera protección de la víctima; los juzgados especialistas no son tan especialistas y no disponen de medios, los gabinetes psicosociales están formados por quienes no son ni profesionales ni feministas, la ley de igualdad no es coercitiva por lo que resulta totalmente inoperante, la ley de paridad puede no cumplirse en la práctica. Y seguimos con las diferencias salariales que desde 1789 están denunciando las mujeres.

Las luchas del MF han sido continuadas, valientes y exigentes, y han alcanzado los éxitos señalados y otros más, pero ya vemos que muchos de ellos han sido desvirtuados o nos los han falsificado. Al final quienes legislan y deciden se sientan en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Es preciso que se comprenda en el seno de MF que hemos llegado al final de una era. Ya no es rentable seguir reclamando nuestras vindicaciones en la misma forma que lo hemos hecho durante cuatro décadas porque nuestras acciones se repiten y se repiten y la gente se acostumbra a ellas, con el efecto de que se esclerotizan, porque el poder puede perfectamente asumir y digerir una gran marcha que dura cuatro horas, y las manifestaciones, asambleas, encuentros, debates y charlas que organizamos diariamente sin descanso. Hoy ya no erosionamos ni el poder capitalista ni el patriarcal con esas estrategias de lucha.

Por eso ha llegado el momento de que las organizaciones feministas se propongan alcanzar las cotas de poder político que las representen. Porque las leyes y el gobierno no se deciden únicamente en la calle. Nuestro sistema político está basado en los partidos, ellos dirigen la vida de las mujeres y de los hombres. Es imprescindible disponer de esa clase de organización para participar de las decisiones fundamentales que nos atañen a nosotras y al futuro del país.

La opción del Partido Feminista no es un capricho ni una curiosidad ni una experimentación. Nuestro programa es el más avanzado de los que se presentan, porque además de las cuestiones de Estado incluimos todas aquellas que pertenecen a nuestra situación específica. Si las mujeres y los hombres feministas no comprenden que únicamente batiéndonos en la arena electoral llegaremos a situarnos en las instituciones que deciden sobre nuestra vida, seguiremos medio siglo más manifestándonos en la calle por los mismos temas que lo hicimos en el XX y en el XVIII.

Es imprescindible entender que el feminismo es política, que esa artificial división entre feminismo y política únicamente beneficia a los que dirigen los partidos tradicionales, cuyas cúpulas masculinas –con la complicidad tantas veces de mujeres- deciden las que llaman “agendas” en las que los temas de la explotación de la mujer no tienen apenas cabida. Y a la vez hemos de comprender que el feminismo ha de decidir también sobre los grandes temas de toda la sociedad: la República, la defensa, la Iglesia, los tratados internacionales, porque a ninguno de ellos somos ajenas las mujeres.

Si, como recordamos continuamente, constituimos la mitad más dos de la población del mundo y somos las madres de todos,  no hay asunto en el que no estemos implicadas. Si limitamos el feminismo a la lucha por los específicos problemas que nos afectan pero nos inhibimos de la política, la economía, la cultura, hemos limitado nuestra lucha. Esta visión segregadora y reduccionista del feminismo nos hace más débiles, más ignorantes, más marginadas de la gobernación del país.

El Partido Feminista se propone llevar su proyecto político, su programa electoral, a las más amplias capas de nuestra población; organizar cursos de formación feminista y política, difundir los principios de igualdad y fraternidad, tan queridos por los pueblos desde hace doscientos años, para que la mayoría de las mujeres y los hombres de España comprendan que el feminismo es el movimiento social más avanzado, más comprometido con la libertad y por acabar con la explotación  de todos los seres humanos.

Para ello, ya hemos organizado varios cursos en distintas ciudades de España. Después de Sevilla, donde comenzamos la semana pasada, en Madrid, en el Club de Amigos de la Unesco, en la calle Atocha 20, nos reuniremos el jueves 18 de febrero en la primera sesión del curso, para recordar, aprender y homenajear a nuestras antepasadas y pioneras en esta larga lucha. Después seguirán el 22, 25 y 29 de febrero, con el estudio del feminismo, del marxismo y de la lucha política en que estamos inmersas. Os espero a todas y a todos.

España: Programa electoral feminista

Lidia Falcón

Público.es El próximo 24 de mayo de 2015, se elegirán más de 64.000 cargos de 8.111 ayuntamientos, 7 cabildos, 3 consejos insulares y 3 diputaciones forales. A la vez se votarán a 866 diputadas y diputados de 13 comunidades autónomas. Estas elecciones pueden ser clave para que la ciudadanía escoja un modelo de gobernación, municipal y autonómica, que defienda el derecho de las personas a la sanidad, la educación, los servicios sociales, y las ayudas económicas a los más desfavorecidos desde la atención pública, derrotando el modelo de privatizaciones y apoyo a las clases más adineradas en perjuicio de las clases trabajadoras, que se ha implantado en nuestro país en los últimos años.

En la actualidad, en España contamos con 5,7 millones de personas desempleadas, el 48% mujeres, se han eliminado escuelas infantiles, ambulatorios, plazas en los hospitales, con el despido o la no contratación de miles de profesionales, han aumentado los desahucios de viviendas y la violencia contra las mujeres. Estas condiciones sociales que estamos padeciendo, por todas y todos conocidas, pueden ser modificadas sustancialmente a favor de las mujeres y de los trabajadores con nuestro voto. Las Comunidades Autónomas gestionan el 36% del gasto público en España, en particular la sanidad, la educación y los servicios. Los Ayuntamientos gestionaban hasta ahora el 13% del gasto público, y tienen el 95% de los cargos de elección directa, lo que significa que vienen a suplir las carencias en estos servicios que padecen las Comunidades.

En el año 2013, el Partido Popular, por la Ley de 27 de diciembre, llamada de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que sustituye a la de 1985 de Régimen Local, aprobó quitarle la competencia a los Ayuntamientos en servicios sociales, educación infantil de 0 a 3 años, atención a mayores y a víctimas de violencia machista y promoción de la igualdad. Esta medida es semejante a otras muchas que el gobierno del PP ha impuesto con la política de recortes económicos que ha hundido en la pobreza a la tercera parte de la población española. Pero en este caso este ahorro es realmente miserable porque las llamadas políticas de igualdad entre hombres y mujeres representan el 0,005% del Presupuesto del Estado central, el 0,09 de los autonómicos y el 0,24 de los de los ayuntamientos. Y sin embargo se proponen hacer desaparecer las ayudas y atenciones que los municipios prestaban a las mujeres, niños y niñas y personas mayores.

En vísperas de que comiencen a celebrarse la serie de elecciones que jalonan el calendario de este año las 38 organizaciones feministas que hemos suscrito el PACTO FEMINISTA POR LAS MUJERES, hemos elaborado un programa donde se recogen las imprescindibles reformas y servicios que los partidos que se presentan deben incluir en sus programas electorales.

Las medidas que proponemos son imprescindibles para garantizar la participación social de las mujeres en condiciones semejantes a las de los hombres, en cumplimiento de la Ley de Igualdad y de los Planes de Igualdad aprobados por el Parlamento. Ningún país puede considerarse avanzado y democrático si no tiene en cuenta las necesidades de la mitad de su población que cumple la tarea más importante: reproducir a todos los seres humanos.

CORPORACIONES LOCALES

Los Ayuntamientos tienen que incorporar políticas de formación y de fomento de la contratación y la iniciativa económica de las mujeres, servicios de educación infantil de 0 a 3 años; comedores escolares y compatibilidad de horarios y calendario escolar con el laboral de las madres y padres, también accesibles para las madres que se dedican al trabajo doméstico. Atención a la Dependencia: servicios profesionales de ayuda a domicilio, centros de día y residencias asistidas. Reconversión profesional de cuidadoras familiares y empleadas de hogar a empleadas con derechos laborales plenos.

Seleccionar a candidatas y candidatos por capacidad y mérito en igualdad de condiciones, sin estereotipos de sexo como la eterna juventud y la belleza de las mujeres y la experiencia e inteligencia de los hombres.

Establecer el equilibrio de mujeres y hombres en las candidaturas, incluyendo las de municipios con menos de 3.000 habitantes, con listas cremallera, encabezadas al 50% por mujeres. Implantar un Consejo de participación de las Mujeres representativo, plural, autónomo y reivindicativo.

Aprobar unos presupuestos participativos con perspectiva de género. Y constituir la Concejalía de Igualdad de la Mujer, los Agentes de Igualdad y un Plan Local de Igualdad aprobado por Pleno, previa consulta ciudadana y a las ONGs de mujeres, con calendario y recursos políticos, humanos y materiales apropiados, con difusión y evaluación regular y pública de su aplicación.

Promocionar a las mujeres en su política de urbanismo, vivienda, educación, servicios sociales, seguridad, transportes públicos, empleo, sanidad y cultura sin estereotipos sexuales y fomentar el deporte no competitivo y la actividad física en chicas, adultas y mujeres mayores.

Es imprescindible también que los Ayuntamientos tomen medidas para prevenir y paliar la Violencia Machista, con suficiencia, continuidad y transparencia en el reparto autonómico y local de la financiación estatal para la atención jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda a las víctimas en todo el territorio.

Y que se realicen campañas denunciando la extrema violencia que sufren las prostitutas por parte de proxenetas, chulos y clientes, para abogar por la abolición de la prostitución.

Urbanismo, vivienda, gestión de lo público y de los recursos naturales

Como dice la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, las administraciones públicas han contribuido a la burbuja inmobiliaria promoviendo la vivienda en propiedad y marginando la vivienda en alquiler. La desgravación fiscal de la compra, la Ley de Arrendamientos Urbanos, las hipotecas a 50 años, la inexistencia de un parque público de alquiler y la falta de control y restricción del crédito, han empujado a millares de familias a endeudarse por encima de sus posibilidades para acceder a una vivienda. Aunque el Poder Judicial no desglosa por sexos la cifra de cerca de 235.000 desahuciados de 2011 a 2014, la percepción es que las mujeres mayores y las nacionales o inmigrantes solas con hijos llevan la peor parte. Por ello es imprescindible convertir el parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social y fomentar una oferta plural de vivienda, con modelos variados que se adecuen a necesidades diferentes y cambiantes, con atención especial a las familias monoparentales y a la emancipación de los jóvenes.

Hora es de ordenar la ciudad para los peatones, en su mayoría mujeres; mezclar los usos urbanos, apoyando la diversificación de actividad en todo el territorio y evitando áreas segregadas por sexos, edades y clases; fomentar los espacios públicos como foro de relación, que refuercen el sentimiento de vecindad y pertenencia y revitalicen la interacción social; mejorar el sentimiento de seguridad manteniendo espacios públicos transitados y cuidados, accesibles, iluminados y abiertos.

Y si realmente se pretende la conciliación de la vida laboral y privada de las mujeres es imprescindible crear servicios de proximidad y centros polivalentes. Entre los que se encuentran la creación y mantenimiento de jardines de infancia públicos para niños y niñas de 0 a 3 años a los que puedan servirse tanto las madres que trabajen fuera de su casa como las que se dediquen al trabajo doméstico. Así como residencias de personas mayores, geriátricos y centros de día

EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Los gobiernos de las Comunidades han recortado notablemente los presupuestos destinados a cubrir las necesidades de las mujeres, que son las más desatendidas. Por ello es imprescindible establecer el siguiente programa:

- Salud

· Evaluar, con participación de las asociaciones de mujeres, el impacto en la sociedad de tener un gasto sanitario público inferior a la media europea (5,8% del PIB frente al 7,2%), y en consecuencia aumentar el presupuesto destinado a ello.

· Programas de atención al impacto en la salud física y psíquica de las mujeres de la asignación del cuidado de dependientes y personas enfermas, la contaminación ambiental, la violencia machista, la especial vulnerabilidad de discapacitadas, inmigrantes, rurales y ancianas, incluidas las institucionalizadas, (el incremento injustificado de la cirugía estética y la tiranía de la moda y la belleza).

· Detección precoz del cáncer de mama y ginecológico con cobertura universal (100%) por la sanidad pública.

· Acceso de todas las mujeres, incluidas las jóvenes e inmigrantes, a todos los métodos anticonceptivos: preservativos, diafragma, DIUS y anticonceptivos de última generación. Píldora de emergencia en todos los centros de atención primaria y urgencias.

· Atención al embarazo, parto y puerperio conforme a los principios de la OMS 2001 y los derechos de la embarazada y el bebé de la Conferencia de Fortaleza (Brasil) 1985. Garantizar el acceso igualitario de mujeres lesbianas y solas a los tratamientos de fertilidad e inseminación artificial en la sanidad pública. Reducir las cesáreas y los partos inducidos. Adecuar la preparación al parto a los horarios de las trabajadoras. Detectar, atender y denunciar la violencia contra la mujer durante el embarazo y el puerperio. Universalizar el permiso pagado por maternidad de 16 semanas (Convenio 183 OIT).

· Garantizar la cobertura por la sanidad pública –hospitales, centros de especialidades, dispositivos de cirugía menor ambulatoria y aborto farmacológico- de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Evaluar la atención, pública o privada, a la menopausia, la terapia hormonal sustitutoria y los nuevos fármacos anti-osteoporosis con criterios de la Agencia Nacional del Medicamento.

· Moratoria de la vacuna del Papiloma Virus Humano.

· Atender, desde las necesidades de la mujer, el aumento del hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, trastornos musculoesqueléticos, fatiga crónica, fibromialgia, anemias y violencia sexual.

· Prevención de la discapacidad asociada al envejecimiento: centros de día, centros deportivos y piscinas accesibles a la población con menores recursos económicos.

· Personal de enfermería y medicina en Atención primaria con 1.200-1.500 personas por profesional y al menos 10 minutos por usuaria/o.

· Estructura de distrito para coordinar el apoyo sanitario y social a víctimas de violencia machista. Reforzamiento de los servicios de salud mental a las mujeres.

- Educación

· Plan de formación permanente del profesorado para la coeducación y la educación feminista, (como Asturias y Cataluña), que garantice la universalidad y obligatoriedad de dicha formación. Atención especial a las especificidades sobre formación en Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de los Servicios de Inspección Educativa, Equipos Directivos y Profesorado Tutor.

· Revisión del currículum de todas las etapas en clave coeducativa. Impulso transversal a la Educación en Valores, en especial la Educación Feminista.

· Plan obligatorio sobre la igualdad entre hombres y mujeres contra la violencia machista en cada Centro Escolar, con persona responsable formada y con disponibilidad de tiempo y recursos educativos.

· Cobertura de la demanda y accesibilidad económica de la educación infantil pública, especialmente de 0 a 3 años, que actualmente sólo cubre al 44%.

- Ley de Dependencia

El número de personas atendidas por la Ley 39/2006 de atención a la dependencia ha menguado un 3,25% en los primeros 11 meses de 2014. Son 729.313 personas, 24.529 menos que en 2013 y 9.274 menos que en 2011. Las personas con dependencia moderada, que debían ser atendidas desde 2012, han sido excluidas hasta el 1 de julio de 2015.

· Tramitar en 3 meses las prestaciones. Actualmente ¼ tiene esperas de más de 1 año.

· Que la paguita a la cuidadora familiar sea excepcional, según el art.18, no la prestación mayoritaria actual (41,5%), porque perpetúa el cuidado por las hijas y mujeres de la familia, ha perdido la seguridad social y se aplica en detrimento de los servicios públicos y profesionales de ayuda a domicilio, asistente personal, centro de día o residencia.

· Eficacia del derecho subjetivo universal, que se está sustituyendo por un sistema marginal.

· Combatir activamente la discriminación de las personas por lugar de residencia, que hace que la cobertura oscile de más del 2% de la población en Castilla y León y Cantabria a menos del 1% en Canarias (0,6%), y C. Valenciana (0,8%).

· Reconversión profesional de cuidadoras familiares y empleadas de hogar a empleadas con derechos laborales plenos.

· Participación de las asociaciones de mujeres en su seguimiento.

- Políticas activas de reparto igualitario del empleo

· En su propia política de personal, con plan de igualdad, y en sus concursos y contratos administrativos.

· Políticas igualitarias entre hombres y mujeres de formación, fomento de la contratación y la iniciativa económica y en la protección por desempleo.

· Lucha contra la pobreza y la exclusión social.

- Democracia paritaria y participativa. Transversalidad

· Equilibrio de mujeres y hombres en las candidaturas con listas cremallera, encabezadas al 50% por mujeres. Paridad en los órganos de gobierno y de alta administración.

· Fortalecimiento del organismo autonómico de la Mujer (al menos Instituto o Dirección General)

· Planes de Igualdad entre hombres y mujeres continuados, con objetivos concretos y evaluación transparente y participativa.

· Participación de los Consejos de Mujeres (estatal, autonómicos y locales) en el seguimiento de estas políticas. Creación de Consejos autonómicos en las CCAA que no los tienen.

- Violencia machista

· Suficiencia, continuidad y transparencia en el reparto autonómico y local de la financiación estatal para la atención jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda a las víctimas en todo el territorio.

· Un mínimo de tres campañas anuales de prevención y sensibilización, informando de los derechos de las mujeres en sus relaciones sentimentales, laborales y de ciudadanía con los hombres, y en la separación o divorcio.

· Extender a todo el profesorado de preescolar, colegios e institutos la formación obligatoria feminista.

· Formación especializada feminista a profesionales de los medios de comunicación, y seguimiento para evitar la utilización de los testimonios de las víctimas con fines sensacionalistas. Que los medios de comunicación públicos difundan periódicamente datos estadísticos de las sentencias condenatorias y de agresores en prisión, para que se conozca la verdadera realidad de los procesos de violencia, y para combatir la sensación de impunidad que sienten las víctimas.

· Proceder a la formación feminista del personal judicial, dada la tendencia constatada a la minimización de la entidad de las agresiones y de la valoración del riesgo, e igualmente para exigir el máximo rigor en la investigación de las causas y en la suspensión de las condenas, que no debe ser de aplicación automática como para el resto de delitos y debe ir en su caso acompañada de una valoración previa del riesgo.

· Programas específicos de prevención de la violencia machista desde la infancia y en todos los grados educativos, dentro del horario lectivo.

· Exigir especialización en materia de violencia machista y estabilidad en el empleo a las/os profesionales de los equipos multidisciplinares de valoración. Mejora en la formación del personal de atención psicológica y equipos psicosociales de los Juzgados en especial para impedir el uso del pretendido Síndrome de Alineación Parental.

· Reversión de los cierres de Puntos de Encuentro Familiar, ante la escandalosa espera para hacer efectivos los regímenes de visitas y el correcto desarrollo de los encuentros paternofiliales de menores.

· Dotación de suficientes dispositivos de seguridad de teleasistencia, con pulseras para todas mujeres con riesgo medio – alto (no exclusivamente extremo) de sufrir nuevas agresiones y siempre para las afectadas por incumplimientos de la Orden de Protección dictada por el Juzgado.

· Elaboración de informes periódicos de control de la efectividad y cumplimiento de las medidas de seguridad por los servicios existentes o por nuevas unidades específicas para el seguimiento de los servicios de teleasistencia y pulseras GPS, a fin de verificar su funcionamiento y su impacto positivo en la prevención y detección de los quebrantamientos.

· Cambiar la legislación foral sobre derecho civil, aquellas Comunidades que sean competentes para establecer que la custodia compartida únicamente se podrá establecer cuando los progenitores del menor estén de acuerdo en ella y no exista ningún proceso abierto de violencia machista contra el padre.

· Negar los permisos municipales para abrir locales, sea cuales sea, donde se ejerza la prostitución.

. Realizar campañas denunciando la extrema violencia que sufren las prostitutas por parte de proxenetas, chulos y clientes y abogar por la abolición de la prostitución.

Fuente: http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2015/03/04/programa-electoral-feminista/

Pacto feminista para las mujeres y para los hombres

Lidia Falcón

Público Cuando en España se plantean enardecidos debates y discusiones sobre los graves problemas que nos aquejan, que se convierten en portadas de prensa y en programas de televisión, en el amplio listado de derechos y avances económicos y sociales que la ciudadanía está reivindicando aquellos que afectan especialmente a las mujeres tienen mucha menos difusión y publicidad.

Pero a la vez que las mujeres son víctimas de la situación económica general, padecen una violencia específica machista: son asesinadas en un número cada vez mayor de feminicidios, sufren el acoso sexual en el trabajo y en la calle; son traficadas y explotadas en la prostitución; están siendo arbitrariamente privadas de la custodia de sus hijas e hijos menores; no perciben ayudas por maternidad; el cuidado de los mayores recae fundamentalmente sobre ellas; las diferencias salariales entre mujeres y hombres se perpetúan y agrandan; el trabajo a tiempo parcial, los contratos eventuales, en precario y de economía sumergida son mayoritariamente femeninos. Y sin embargo no se le otorgan a estas situaciones dramáticas el protagonismo que se merecen.

Por ello, el 13 de diciembre pasado se reunió en Madrid la Asamblea del Pacto Feminista por las Mujeres. Durante un año 39 organizaciones de mujeres y feministas, de toda España, hemos redactado y suscrito un manifiesto donde se exponen las cuestiones fundamentales que todavía debemos seguir reivindicando. Nos hemos reunido periódicamente para decidir las acciones que debemos acometer a fin de exigir a nuestros legisladores las modificaciones legales imprescindibles con el fin de proteger a las mujeres de la violencia machista; y a nuestros gobiernos los cambios fundamentales en su actuación para evitar la pobreza, la discriminación y las diferencias salariales. Y nos hemos pronunciado por la República y argumentado que el feminismo es la opción de un futuro que sea posible.

Por ello, como culminación de este año que fenece, en la Asamblea que nos reunía para hacer balance de nuestro trabajo y establecer la agenda del que viene, hemos planteado los problemas más acuciantes con los que nos encontramos como mujeres, como ciudadanas y como feministas.

Al establecer el orden del día nos propusimos organizar las acciones que sean precisas para frenar los feminicidos que masacran a nuestras mujeres. Ningún problema es más acuciante, más tenebroso ni contemplado con más indiferencia. En las encuestas que se realizan para conocer las preocupaciones de los españoles y de las españolas la violencia machista no ocupa ningún lugar entre los primeros 20. Solamente el 4% de la población menciona este tema. Mientras, ni la legislación, que se defiende tercamente, ni las instituciones del Estado brindan protección a las víctimas.

Es preciso, por tanto, que se organicen actos y encuentros para sensibilizar a esta sociedad machista y anestesiada que considera aceptable que se golpee y asesine a las mujeres por el hecho de serlo. Y decidimos exigir al gobierno y a los partidos políticos que se otorgue la consideración de terrorismo machista a la violencia contra las mujeres. Es imprescindible que tanto las penas a que se condene a los asesinos, como la protección y las ayudas económicas que se concedan a las mujeres maltratadas y a sus familias, se equiparen a las de las víctimas de terrorismo.

Abordado este trágico tema y decididas las acciones que hemos de iniciar se planteó que nuestro Pacto Feminista tenga también como objetivo obtener un espacio político, en lo que se ha dado por entender política para diferenciarlo del feminismo. Como si el feminismo consistiera en reivindicar únicamente los temas que atañen directamente a la vida de las mujeres, mayoritariamente derivados de su tarea reproductora, cuando el feminismo es una ideología liberadora llegada a la escena de los movimientos sociales, como el anarquismo y el socialismo, cuando estos últimos no tuvieron en cuenta las demandas y reivindicaciones de la mitad de la población. El feminismo tiene por objetivo acabar con todas las opresiones, y por tanto es vanguardia de lucha contra el machismo y el racismo, y contra la explotación capitalista por la igualdad y el socialismo.

Así, constatamos que en el trabajo que varias asociaciones habían realizado anteriormente sobre los presupuestos del Estado solo se habían estudiado los epígrafes que se referían a las partidas destinadas a las ayudas económicas de las mujeres, y decidimos que este trabajo debería hacerse, en el futuro, desde todos los puntos de vista que conciernen a todas las personas. Porque denunciar que este año el Presupuesto de Defensa aumenta un 30% mientras el de Sanidad únicamente un 1,5%, es fundamental para comprender la política de nuestro gobierno, para el cual la compra de armamento es más importante que dotar de medios a los ambulatorios y hospitales.

Del mismo modo aprobamos por unanimidad solicitar que se nos informe sobre el montante del gasto que le supone a España pertenecer a la OTAN. No lo conocemos y, que sepamos, ni siquiera la izquierda exige al gobierno los datos del mismo. Sospechamos que precisamente por el enorme monto que supone lo ocultan convenientemente a la opinión pública, porque quizá nuestro pueblo se indignaría al saber que se destinan ingentes cantidades de dinero para atacar y bombardear Siria, Libia, Irak y Afganistán.

Decidimos que es imprescindible declararse en contra del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU y Europa, que con sigilo y alevosía están pactando los gobiernos de ambos países. Y a pesar de que en España se ha recogido un millón de firmas contra ese tratado, ni su contenido ni sus efectos han sido publicitados entre nuestra ciudadanía. Es preciso dar a conocer los términos de un pacto que llevará a los países europeos a abandonar la poca política que todavía subsiste de protección social y laboral, en lo que las mujeres serán las principales perdedoras, a ver inundados nuestros mercados con mercancías norteamericanas e instaladas las maquilas que, como en México, explotan fundamentalmente a mujeres. La ignorancia que padece nuestro pueblo sobre este próximo ataque del capital contra los trabajadores y las trabajadoras, lo hace más vulnerable e indefenso. Así, no se convocan asambleas ni manifestaciones contra ese Tratado, ni aún lideradas por los nuevos dirigentes de izquierda.
Como era obligado nos pronunciamos contra la violencia extrema que está sufriendo el pueblo mexicano a manos de los sicarios de los que el gobierno es cómplice.

Y denunciamos la situación de grave opresión que padecen las mujeres en Chile, en Haití, en Honduras, en Nicaragua, en República Dominicana, en Surinam y en el Salvador, donde se halla prohibido todo supuesto de aborto, y en consecuencia muchas de ellas están muriendo porque los médicos se niegan a practicarlo, incluso aun cuando el embarazo ponga en peligro la vida de la madre o esta haya sido violada.

Tantos son los problemas y desafíos que se plantean en este fin de año, que el Pacto Feminista concierne a todas las mujeres y a todos los hombres.

Los presupuestos del machismo

Lidia Falcón

Público Es un axioma que los presupuestos de un Estado son la radiografía de las relaciones de clase en el país y de la ideología que detenta el partido gobernante. De la ideología del partido gobernante en España no habría mucho que comentar, dado que sus actuaciones bien la definen. Pero respecto a las relaciones económicas de clase, y como voy a explicar también de sexo, el mejor tratado económico son los presupuestos del Estado.

El que corresponde al Estado español para 2015 ha sido analizado por varias organizaciones feministas: Fórum de Política Feminista, Comisión de Malos Tratos, PIINA, Coordinadora COMPI, y ha sido aprobado y ratificado por 120 asociaciones de mujeres y feministas de toda España. Durante varias semanas las compañeras se han dedicado a un trabajo solitario, penoso y anónimo para analizar la cuantía y distribución del gasto público y de los ingresos que lo alimentan, y la repercusión que esos presupuestos van a tener en el reparto de la riqueza entre hombres y mujeres y en el papel que se les atribuye a ambos sexos en la sociedad española.

Las grandes cifras del Presupuesto 2015 están condicionadas por el lastre de la deuda pública y maquilladas por artificios como la elevación del PIB por incluir los ingresos derivados del consumo de prostitución y de drogas y la presunción de que habrá un aumento del empleo y del consumo general, que a su vez producirán un aumento de los ingresos públicos.

La prostitución y el tráfico de drogas ‘elevan’ un 0,85% el Producto Interior Bruto de España, más de 9.000 millones de euros, y sumadas a otras “mejoras estadísticas” aumentan artificiosamente el 3,3% el PIB de la zona euro y de España, maquillando su estancamiento. Pero a la vez que nuestro gobierno se vanagloria de la elevación del PIB por la comisión de actividades delictivas e indignas de ser consideradas trabajo productivo, sigue estando ausentes de la contabilidad institucional los bienes y servicios de cuidados a la familia, la infancia y las personas dependientes, que son necesarios y producidos mayoritariamente por mujeres mediante trabajo doméstico no pagado, en incumplimiento de la exigencia estipulada en la medida 206 de la Plataforma de Acción de Beijing 1995.

La reforma tributaria que debate ahora el Senado no aborda el fraude fiscal, mantiene en el IRPF la tributación conjunta de cónyuges que desincentiva el empleo de las mujeres, establece deducciones y desgravaciones de casi el 20%, que distorsionan que cada persona contribuya según su capacidad y que sean las políticas de gasto social las que ayuden a cada persona según sus necesidades, y reduce la progresividad, al integrar los cinco tramos de ingresos superiores a 35.000 €/año -con gravamen gradual del 40% para los de más de 33.000, al 52% para los de más de 300.000- en dos tramos, gravando con el 39% los ingresos superiores a 35.200 y el 47% los superiores a 60.000. En el 2º gran impuesto, el IVA, se mantienen los tipos (general del 21% y reducido del 10%), y el presupuesto incluye una previsión de aumento de la recaudación del 9,9% ‘por aumento del consumo’. En el tercer gran impuesto, sociedades, que grava los beneficios empresariales, el gravamen baja del 30% al 28%. En conjunto, baja la progresividad y por tanto la distribución de la riqueza hacia los colectivos más desfavorecidos, la mayoría femeninos. Será imposible que tales rebajas permitan financiar el gasto social.

El empleo femenino seguirá siendo eventual, a tiempo parcial y sin poder acceder a jubilación ni subsidio de desempleo. La Encuesta de Población Activa (EPA) registra que 172.800 mujeres han abandonado la búsqueda de empleo desde 2013, quebrando la resistencia anterior al desánimo, pese a tener una tasa de paro superior a la masculina. En el aumento del paro femenino influyen las políticas que se han implantado en el sector público, que, lejos de dinamizar el empleo, emplea a 17.700 personas menos en el último año. De los 273.900 empleos recuperados en el último año, sólo 1 de cada 5 han sido para mujeres, discriminación que se acentúa en el III trimestre de 2104, en que se han generado 164.900 empleos de hombres y destruido 13.900 empleos de mujeres. A ese ritmo, la recuperación del volumen de empleo de 2008 exigiría 10,9 años para los hombres y 13,4 años para las mujeres:

Además, el empleo de las mujeres es más precario: somos el 72,9% de las 2.624.400 personas empleadas a tiempo parcial, cuyo salario por hora es un 33% inferior al de tiempo completo, contribuyendo a que la remuneración media anual sea de 25.682 € para los hombres y 19.537 euros para las mujeres. Esto, unido a que regímenes muy feminizados como el de empleo de hogar excluyen este derecho, hace que las prestaciones por desempleo cubran sólo al 42,4% de los 2,6 millones de paradas y al 45,8% de los 2,8 millones de parados, y que la prestación contributiva media sea de 871 €/mes para los hombres y 706 € para las mujeres. Mientras, los Presupuestos 2015 recortan un 14,9% las prestaciones por desempleo, (de 29.727 a 25.300 millones) pese a que la recuperación del empleo ha sido sólo del 8,8%, lo que puede empujar a la pobreza y la exclusión social a 350.000 paradas y parados. Y a pesar de que se afirma que el Fomento de la inserción laboral crecerá un 17%, es sorprendente que siendo más de 124.893 las mujeres que cada año denuncian violencia de género, sólo 674, es decir el 0,5%, hayan tenido un contrato bonificado.

A pesar de la generosidad con que parece dotarse el Programa de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, con más de veinte millones de euros, un análisis detallado nos sume en el desánimo. Esa cifra significa únicamente el 55% del presupuesto del año 2009 pese a recibir un 20% de su financiación de la Unión Europea y 15% de los Fondos Noruegos. Con ellos el Instituto de la Mujer gestionará el 1,98% de los 3.127 millones de euros que se destinarán al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y el 0,005% del Presupuesto del Estado. El Instituto de la Mujer divide su presupuesto a tercios entre gastos de personal, contratación de bienes y servicios y subvenciones. Estas cuentan con 6,3 millones, de los que destina dos terceras partes al empresariado, en gran medida a través de las Cámaras de Comercio y la CEOE, una guinda a lo que reciben vía Ministerio de Empleo; 6,3% a convenios con Cruz Roja, Secretariado Gitano, CEPAIM y FEUP; 24% a asociaciones de mujeres y todo lo demás. Destaca la ínfima cooperación con las Comunidades Autónomas, dotada solo con 75.000 euros. Y choca el 3,2%, 200 millones financiados por Noruega, destinados a actuaciones municipales de igualdad de género, contradiciendo la eliminación de la promoción de la igualdad de las mujeres, en las políticas de los Ayuntamientos.

En una situación de mayor paro, pobreza en aumento, desempleo, desahucios de familias, la mayoría dirigidas por una mujer, el presupuesto del Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos sufre un nuevo recorte y se dota con 27,4 millones de euros (27,6% de su dotación en 2009). Y aunque la Secretaria de Estado de Igualdad y Servicios Sociales anunció en el Congreso que transferirán 32 millones de euros más a los ayuntamientos para un nuevo programa de apoyo a las familias y la infancia, esa cantidad que quizá a algún ingenuo le parezca fabulosa supondrán 7 euros/año por persona atendida. Así se sustituye el modelo social llamado del bienestar por el de beneficencia. La caridad que siempre es tan grata a las clases dirigentes.

Y siguen aumentando las solicitudes de rentas mínimas de inserción para personas sin recursos (el 61% de los beneficiarios de estas rentas en 2012 eran mujeres), a pesar de que su cuantía media, que varía según la regulación de cada comunidad, no alcanza para vivir.

En un país donde el reparto de la riqueza es del 82% para los hombres y el 18% para las mujeres, no pueden sorprender estas cifras, aunque es evidente que las actuaciones del gobierno popular han hundido aún más a las mujeres en la pobreza, la marginación y la invisibilidad. Y en la victimización.

Así el programa para la prevención integral de la violencia de género se dota con 23,7 millones de euros (otro 0,005% del Presupuesto). Sube un 8,6% respecto a 2014, pero sólo alcanza el 77% de lo que tenía en 2009. Lo gestiona la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que gasta un 13% en personal y gasto corriente, 37,5% en inversión (8,9 millones) y 49% en subvenciones (11,7 millones). De ellos, 7,6 millones contribuyen minoritariamente a sostener los puntos de prevención y atención jurídica, social y psicológica a las víctimas establecidos por el artículo 19 de la Ley integral contra la violencia de 2004, teleasistencia y servicio de Atención y Protección, mediante convenios con Comunidades Autónomas y ayuntamientos. Convenios que no se firmarán según la nueva política impuesta por el gobierno de eliminar la colaboración con esas instituciones en materia de asistencia social. No hay previsiones para la aplicación del Convenio de Estambul vigente desde agosto 2014, que trata de imponer medidas protectoras a las víctimas de violencia machista. Y la implantación del 2º Plan contra el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual solo cuenta con 2 millones de €. En esta propina que se otorga a la persecución de las mafias de la prostitución queda resumida la política y la ideología de un gobierno que considera la prostitución una fuente de ingresos.

Ni una mención a las políticas necesarias para alcanzar la igualdad de salarios entre hombres y mujeres –querida reivindicación feminista que tiene más de doscientos años-, ni a la inserción de mujeres en los puestos de decisión en la economía, la política, la cultura. Nadie ha pensado aún en aplicar una política estatal para erradicar el machismo en la escuela, en los institutos, en la Universidad, en la televisión, en los medios de comunicación. Ni se mencionan las partidas que deberían destinarse a la formación en feminismo de maestros y maestras, profesoras y profesores, jueces y juezas, fiscales y fiscalas, policías, forenses, trabajadoras sociales. Ninguno de estos objetivos merece una partida presupuestaria.

Por ello, de cuando en cuando, con escándalo y sorpresa, se publican estudios y encuestas que señalan el aumento del machismo en la sociedad española y especialmente entre las generaciones más jóvenes. Y los que lo denuncian dicen que no saben por qué se produce.

La socialización de la reproducción

Lidia Falcón 

Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, en su intervención ante la XXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) celebrada en Madrid, afirmó que prefiere contratar a mujeres que no puedan quedarse embarazadas. Y lo dice una mujer que es madre de ni más ni menos que de seis hijos. Oriol aseguró que “si una mujer se queda embarazada y no se la puede echar durante los once años siguientes a tener a su hijo, ¿a quién contratará el empresario? Prefiero a una mujer después de los 45 años o antes de los 25, porque por el medio, ¿qué hacemos con el problema?”. Y continuando con su exposición ofreció un curioso consejo a las mujeres que pretenden alcanzar puestos directivos en las empresas: “El sacrificio para llegar a un puesto directivo tiene un precio y es: o te casas con un funcionario o tienes un marido al que le encantan los niños”.

Independientemente de la desvergüenza que significa que una señora que ha tenido seis hijos exprese sin rubor su negativa a emplear a mujeres en edad fértil y de la anécdota en sí de que sea una mujer dirigente empresarial la que exprese sinceramente el criterio que tienen la mayoría —sino la totalidad— de los empresarios, el tema de qué hacen con los hijos las mujeres que pretenden insertarse en el mundo laboral asalariado es uno de los más importantes que debería debatirse —y resolverse— a la mayor brevedad posible.

La maternidad no es un asunto de menor importancia, cosa de mujeres que solo afecta a ese “colectivo especial” femenino que, a pesar de su poca importancia detenta en exclusiva la reproducción de todos los seres humanos. Hasta hace pocos años, en muchos países todavía hoy, la repoblación del país, la fabricación de fuerza de trabajo, de campesinos y obreros, de soldados, de ejecutivos y de nuevas madres, se realizaba mediante la coacción. Se casaba a las mujeres, de grado o por fuerza, y se las embarazaba sucesiva y sistemáticamente hasta que su matriz y sus fuerzas no aguantaban más. A principios del siglo XX la expectativa de vida de las mujeres no alcanzaba los 40 años y la mayoría no veía a todos sus hijos adultos. Como decía Stuart Mill, “diríase que el matrimonio y la maternidad son asuntos que repugnan especialmente a las mujeres y en consecuencia es preciso obligarlas”.

Esta afirmación no es sólo una ironía del filósofo que no andaba descaminado, puesto que en cuanto las luchas feministas lograron el derecho a controlar la natalidad y se aprobaron los métodos anticonceptivos y el aborto, la natalidad en España descendió bruscamente. En 1975 las españolas tenían la tasa de fertilidad de las venezolanas, con 5 hijos por mujer adulta. En 2014 estamos en 1,4, gracias a las emigrantes que aportan esas 3 décimas desde el 1,1 en que la han situado las españolas, con lo que no se consigue el reemplazo de la generación anterior, para el que hace falta una tasa de 2,2.

Y ello es así porque las mujeres hace mucho tiempo que decidieron que servían para más tareas que exclusivamente las de parir y criar a la prole y cuidar de la familia. La inserción de la mujer en el mercado de trabajo industrial y de servicios se logra masivamente al comenzar la Guerra del 14, porque en la agricultura y en la artesanía ha trabajado desde el Neolítico. En los países cuyo desarrollo industrial comienza un siglo antes como Inglaterra y Cataluña, mediante el impulso de la industria textil, las mujeres son la fuerza de trabajo fundamental en esa rama de la producción. Pero eso se hace a costa de la masacre de las mujeres y de los niños –que también son incorporados a la producción industrial, como lo estaban en la agricultura. Las madres trabajan hasta el último minuto antes de dar a luz, lo que muchas veces sucede en la propia fábrica, a los bebés se les lacta a ratos entre los telares o se les confía a alguna vieja que los alimenta con biberones de leche de cabra, y la mortalidad materna e infantil son espeluznantes.

Las luchas obreras y feministas arrancan a la patronal y a los gobiernos que administran el Estado las ventajas ya conocidas: seguridad social, descanso por maternidad, permiso de lactancia, horario reducido, jornada a tiempo parcial, etc. Pero siempre pariendo, claro. Porque todavía no se ha inventado el útero artificial.

Pero es que en nuestro país ni siquiera se ha desarrollado la red de escuelas infantiles desde los 0 años para que las madres que trabajan fuera del hogar puedan disponer de tiempo para hacerlo. Ni las escuelas infantiles, ni los campamentos de verano ni las actividades extraescolares para cubrir los escasos horarios escolares ni las subvenciones económicas para la familia. En consecuencia, las mujeres no disponen de medios para combinar el trabajo asalariado y el trabajo doméstico –del que nadie las ha liberado y así se agotan en extenuantes dobles jornadas-, y al mismo tiempo al capital ya no le sale a cuenta contratar mujeres. Porque a pesar de la escasez de medios con que se las premia, miserias en comparación con el sistema social sueco, por ejemplo, en España a la burguesía todo le parece demasiado. Mientras las trabajadoras constituían un ejército de reserva, convirtiéndose en esquiroles del trabajo masculino, con salarios de miseria, apañándose con las abuelas y amigas para cuidar a los niños, daban rendimiento al patrón. Hoy, entre permisos, bajas laborales, ayudas económicas y escuelas y médicos etc. salen demasiado caras. Mejor que se queden en casa a cuidar a la familia, porque lo hacen gratis y no tienen seguridad social ni vacaciones ni pensión de jubilación.

En definitiva, la señora Oriol no hizo más que resumir este plan de la patronal. Porque ningún empresario es tan ingenuo que crea que después del permiso maternal la mujer ya no tendrá ninguna obligación con el cachorro recién traído al mundo.

Como, naturalmente, los gobiernos conservadores y liberales que hemos tenido –que no presuma tanto el PSOE de socialista- apenas han ampliado la cobertura social de la maternidad, y en la etapa actual mucho menos, cuando la horrible tasa de paro que padecemos lo que exige es que las mujeres regresen al hogar y dejen el puesto de trabajo a los hombres, que siguen siendo los cabezas de familia, la máxima que ha de implantarse es la que difunde la señora Oriol: que no se contraten mujeres en edad fértil porque el empresario estará fastidiado todos los días en que la madre deba llevar al niño al dentista, a la excursión, a la revisión médica o tenga que quedarse en casa a cuidarlo cuando esté enfermo.

A la indignación –más bien superficial- que han provocado las declaraciones de la señora Oriol en los sectores feministas le han seguido muchos aspavientos y algunos gritos, pero pocas propuestas serias y radicales. Porque el feminismo no puede abandonar sus más caras reivindicaciones y ese calificativo tiene dos significados, el de queridas y el de caras económicamente hablando, puesto que las inversiones que debería hacer un Estado para proporcionar a las familias los jardines de infancia, los geriátricos, las escuelas, las lavanderías y sastrerías, los comedores populares, los transportes adecuados y cubrir todas las necesidades de los seres humanos son tan inmensas que ningún gobierno se lo ha planteado nunca. Ese mismo deseo y objetivo es el que movía a Clara Zetkin y a Alejandra Kollöntai, como a Regina de Lamo y a muchas otras feministas, hace más de un siglo, a reclamar la socialización de las tareas de reproducción y cuidado.

Hoy, por el contrario, las reivindicaciones de las asociaciones de mujeres pasan por pedir la corresponsabilidad de los padres en el cuidado de los hijos mediante la concesión de permisos laborales, como si en unos meses se pudiera criar a un niño, y como si las empresas estuviesen por la labor de prescindir de los trabajadores para que realicen una tarea que les corresponde, por naturaleza, a las mujeres.

Mientras no se implante la socialización de la reproducción y del trabajo doméstico, mediante las inversiones estatales imprescindibles para atender el cuidado y la socialización de los hijos e hijas, la situación será la que con todo cinismo describe la señora Oriol: los empresarios no querrán contratar mujeres en edad fértil, el trabajo femenino se degradará y no alcanzará los salarios masculinos ni tendrá incidencia en los puestos de decisión, el paro femenino aumentará, las que luchen por un puesto de trabajo se negarán a tener hijos “dada la natural repugnancia que sienten por tal tarea”, y la población seguirá descendiendo, con las consecuencias de su envejecimiento y la imposibilidad de cubrir las prestaciones por enfermedad y jubilación, ante la escasa cantidad de trabajadores jóvenes.

Toda esta catástrofe nacional se contenía en las frases de Mónica Oriol, pero nadie las analizó detalladamente y mucho menos ningún gobierno piensa en ponerle remedio.