La Haine Algunas críticas apuntan a que la ex secretaria de Estado Helia Molina no tiene pruebas para decir que en exclusivos recintos de salud se realizan interrupciones del embarazo. Sin embargo, hay quienes aseguran que esa es una realidad que ha existido en el país desde hace años. Aquí hablan una matrona, una mujer que abortó en una clínica y una especialista que ha atendido a chilenas de más recursos cuando viajan a Argentina para terminar con embarazos no deseados.
La periodista Yasna Lewin tenía 26 años, otro hijo y una complicada situación laboral cuando quedó embarazada, hace 20 años: “Aborté en una clínica cuica. Con un médico que atendía en su consulta de Providencia y que conocí gracias al boca a boca, por una amiga. Yo estaba en un momento complicado de mi vida, profesionalmente, y el aborto fue en el marco de mi matrimonio, pero tengo una profunda convicción sobre el derecho de la mujer de poner término a un embarazo cuando lo desee, porque en la medida que todavía no se trata de una vida humana, tenemos derecho a decidir. De acuerdo a la ciencia, la vida no es humana mientras no se produce el tejido neurológico”.
Cuando Yasna escuchó las críticas que llovieron sobre la renunciada ministra de Salud, Helia Molina, que dijo que “en todas las clínicas cuicas [esnob], muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas”, sintió ganas de contar parte de su historia porque cree que su caso es la “encarnación de la injusticia y contarlo es una forma de reivindicar un derecho”.
Después de esa consulta en Providencia y previo pago de 700 mil pesos, Yasna fue derivada a la clínica y así, sin mayores complicaciones, puso término a un embarazo de casi tres meses. Su esposo siempre la apoyó en todo, porque –según explica– él entendía que la decisión final quedaba en sus manos. “Tuve todas las posibilidades de hacerlo porque tenía los recursos y la formación. Yo tuve que pagar antes y en efectivo; no todos tienen esa facilidad. Para mí es inevitable pensar en aquellas mujeres que no pueden acceder o esas niñas de 11 o 12 años violadas o que tienen hijos a esa edad y se arruinan la vida, porque tener un hijo a esa edad es muy difícil”.
LA POSIBILIDAD DE VIAJAR
A pesar de que las palabras de la ministra Molina levantaron una polvareda, la sentencia es apoyada por varios especialistas que estudian el aborto en Chile: las diferencias de acceso a la interrupción del embarazo –práctica que está penada en cualquier caso– está marcada por la condición social de las mujeres.
Lidia Casas, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, señala que hay una variedad de experiencias: mujeres más jóvenes que usan el misoprostol –prostaglandina sintética que fue diseñada originalmente para combatir las úlceras, pero que antes de los dos meses imita a un aborto espontáneo–, aunque sin la información necesaria, exponiéndose a mayores riesgos; otras que van a auxiliares de enfermería o a médicos que usan todavía métodos rudimentarios, como sondas, que siempre tienen mayor probabilidad de infección; y luego está todo el espectro de clases sociales en que las clases medias y medias altas pueden ir a mejores servicios: “Consultas de ginecobstetras, o en consultas informales, en centros clínicos más formales, o a otro país: comprar el ticket de avión no solo para ellas sino para un acompañante, estadía en hotel y luego el procedimiento. Algunas de las mujeres, pacientes de uno de los médicos entrevistados para nuestro informe, salieron de Chile porque gestaban fetos con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina y que, por el período de gestación, ya no era posible el uso seguro de misoprostol y requerían una supervisión clínica más cercana”, comenta Casas.
Lidia cuenta, asimismo, que para el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, de la UDP, levantaron información a través de un estudio cualitativo. Hicieron entrevistas a mujeres, a profesionales de la salud y a acompañantes: parejas, amigas, familiares, en el proceso de un aborto.
“Lo que aparece en nuestras entrevistas es que, cuando las mujeres tienen más recursos, van a distintos lugares: a consultas privadas, a clínicas (aunque no dieron nunca sus nombres), a centros médicos, y otras a países con distintos grados de legalidad: Brasil, Argentina, Colombia y Cuba”, relata Lidia.
La doctora María U. pertenece a una ONG que ayuda a interrumpir embarazos en Argentina, pero no sólo a mujeres de ese país. También llegan chilenas. “Atendemos entre 4 a 8 mujeres chilenas por mes. Esas llegan a Buenos Aires y el doble llega a Mendoza. Son las más pudientes y suelen requerir más servicio que las argentinas promedio, ya que por ser de clase social alta suelen tener información y más preguntas”, dice la especialista.
Las mujeres se conectan mediante una página de Internet. También por medio de recomendaciones: los centros no son físicos porque el aborto en Argentina es ilegal, salvo en casos de violación o si hay peligro para la madre. La ONG sí tiene áreas fijas, como Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. “Les aseguramos que aquí atiende un médico matriculado, con todos los controles de higiene necesarios. Las que vienen se van agradecidas y muy contentas porque, a pesar de la desconfianza que traen, se van con la solución que en Chile no encuentran”, cuenta María desde Buenos Aires.
“Se hace paralelo al sistema de salud porque aquí es ilegal. Se siguen los protocolos que una interrupción requiere, aunque no se incluye internación, de esta manera es ambulatorio”, cuenta María. Los lugares solo son conocidos por las mujeres que necesitan el procedimiento. María también dice que es más barato. “Aquí, a una mujer con 7 semanas, solo se cobra 510 dólares”, detalla María. El procedimiento incluye médico, auxiliar, ecógrafos, camillas, estufas de esterilización e instrumental. También medicamentos como anestesia y anticonceptivos.
Sin embargo, incluso los viajes apuntan a distintas mujeres según su acceso. Mientras un aborto en Buenos Aires puede alcanzar el millón de pesos, más los pasajes, en Perú la oferta es distinta.
El año 2012, Y. B. (31), chilena, fue condenada a pena remitida y a pagar $100 mil de multa, por un aborto que se realizó en el mismo hostal en que se hospedaba en Tacna. Pagó solo 30 soles por la interrupción de su embarazo de mes y medio; es decir, cerca de 6 mil pesos chilenos. Los diarios de ese país contaron que la obstetra que acudió a la habitación del hostal donde se hospedaba, le puso una inyección, le recetó tres pastillas para evitar el dolor y se fue. Y. B. quedó grave, internada en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna.
LA DESIGUALDAD
Paula es matrona de una de las clínicas más exclusivas de Santiago. Tiene más de tres décadas de experiencia y puede describir cómo la posibilidad de abortar de forma segura siempre ha estado a la mano de quienes tienen mayores recursos:
–Hace algunos años era más fácil que ahora abortar en clínicas. Generalmente se entregaban algunos diagnósticos para que las mujeres pudieran entrar a pabellón, como sinequia uterina (las paredes del útero están pegadas) o metrorragias disfuncionales. Había que hacer una muestra y un raspado biópsico y el doctor mandaba una orden de hospitalización. Ahora en muchas clínicas se pide ecografía tomada en la misma clínica y por un médico que no sea el tratante. Sin embargo, lo que ahora se ve con mayor frecuencia son los raspajes post uso del misotrol. Se está usando mucho misotrol que se vende en el mercado negro y puede costar hasta $80 mil. Ya eso queda a criterio del médico, a pesar de que con una muestra se puede saber si se usó o no ese remedio cuando una mujer llega con síntomas de aborto.
Paula agrega que, en zonas rurales o en casos de mujeres con menos educación, aún se utilizan técnicas mortales, como las sondas o el tallo de perejil, que se introducen en el cuello uterino.
Según un estudio de la Defensoría Penal Pública –contenido en el informe de la UDP–, la condición socioeconómica de las imputadas por aborto entre 2001 y 2009 es de estratos medios y bajos. Casi un 32% son estudiantes –20% son secundarias–, una cuarta parte con trabajo estable y cerca de un 15% estaba cesante y el resto –24%– declaraba ser dueña de casa. El informe de la UDP señala que una profundización en estas cifras, conocida gracias a otro informe, da cuenta de más detalles: “Respecto al nivel educacional de las imputadas, casi el 36% no completaba la educación media, el 22% la había completado, un 20% tenía estudios incompletos de educación técnica o universitaria y el 4% alcanza estudios universitarios completos”.
En Chile, las cifras de abortos provocados son inciertas. El fundador del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA), Ramiro Molina, con un equipo de la Universidad de Chile, concluyó que alcanzaban a los 100 mil al año. Olav Meirik, un epidemiólogo del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva y consultor de la Organización Mundial de la Salud, los sitúa entre los 60 a 90 mil al año.
Uruguay es uno de los países que logró la despenalización del aborto recién el año 2012 y los resultados en términos epidemiólogicos tienen satisfechos al gobierno. En conversación con 'El Mostrador', el ministro interino de Salud de ese país, Dr. Leonel Briozzo, comenta que existe “mortalidad materna cero” por abortos mal hechos, después de la ley. “Los servicios funcionan y un dato que nos llamó la atención es que, en los países que despenalizan el aborto, estos disminuyen, porque las mujeres no toman el aborto como método anticonceptivo, sino como última opción”.
La realidad no se aleja mucho a la de Chile. Briozzo asegura que la desigualdad en estos casos es una verdad que muchos no quieren ver: “El aborto inseguro es, si se quiere, uno de los elementos de mayor hipocresía en nuestras sociedades. Es absolutamente real y comprobado científica y socialmente que aquellas mujeres que tienen recursos y capital social tienen abortos seguros, y aquellas que no, arriesgan su vida y su salud. En todas las clases sociales se ven enfrentadas a embarazos no deseados. Las mujeres pobres son las que arriesgan su vida y su salud en abortos clandestinos”.
El Mostrador
