Por: Carlos Fazio / Prensa LatinaPor primera vez, un juez penal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, condenó a un militar por el feminicidio de su pareja.
El homicida deberá pasar 32 años en prisión, además de tener que pagar 36 mil pesos por el resarcimiento del daño moral a los familiares de la víctima y tres mil pesos por los gastos funerarios.
Los hechos ocurrieron el 2 de abril de 2008, cuando el uniformado Moisés Alfaro Morales apuñaló y degolló a su pareja, la indígena Sabina Patricia, de 24 años, una activista comunitaria que estaba próxima a concluir la carrera de Economía en la Universidad Autónoma de Chiapas.
El juez penal José Luis Jiménez, de San Cristóbal de las Casas, condenó a Alfaro por el delito de homicidio de relación, aplicado cuando hay un nexo de pareja y existe violencia doméstica, cuya pena alcanza, en el estado, entre 20 y 50 años de cárcel.
La pareja, la cual había procreado un hijo que tiene cinco años en la actualidad, se hallaba separada. El 2 de abril del año pasado, Alfaro le pidió a Sabina Patricia que regresara con él y ante su negativa la asesinó.
Luego de ultimar a su compañera, el homicida movió el cadáver y manipuló pruebas. Incluso escribió una "carta suicida" de Sabina Patricia.
Por tratarse de un militar, el Grupo Mujeres de San Cristóbal de las Casas (Colem), el cual dio seguimiento al caso, tuvo que bregar mucho para que el juez lo aceptara.
El tribunal quiso trasladar el caso a la justicia militar, a lo que el Colem respondió que el crimen fue cometido por Alfaro en "hora franca", fuera de servicio y vestido de civil. El fallo tuvo lugar el pasado 26 de agosto.
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el de Sabina Patricia es uno de los mil 456 asesinatos contra mujeres que se han cometido en Chiapas, de los cuales sólo cuatro de cada 10 llegaron a juicio, con sentencia favorable para el asesor. El 86 por ciento quedó impune.
Estadísticas oficiales indican que 67 por ciento de mujeres sufren algún tipo de violencia en México.
De acuerdo con un manifiesto del grupo Las Mujeres de Negro, del estado de Chihuahua, el lugar más peligroso para las féminas sigue siendo su casa. Ante la falta de acceso a garantías y protecciones judiciales, por lo general la violencia doméstica termina en feminicidio.
En el México actual, la situación de la mujer se ha agravado en muchos estados que han sido militarizados. En ellos es posible constatar un aumento de las denuncias de casos de abusos sexuales por militares.
A ello se suma que la imposición del modelo económico neoliberal pisotea los derechos humanos de las mujeres, lo que ha llevado a un incremento de la feminización de la pobreza. En el país, mayoritariamente, la pobreza tiene rostro y cuerpo de mujer.
Al respecto, en los últimos 13 meses, 15 estados de la República han modificado sus constituciones para eliminar excepciones y encarcelar de manera indiscriminada a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, aún cuando éste haya sido producto de una violación.
Lo anterior vino a anular derechos adquiridos por las mujeres a partir del código penal de justicia de 1871, que preveía excepciones y atenuantes para la interrupción del embarazo.
En ese contexto, las Mujeres de Negro de Chihuahua, el estado que desde hace 10 años cobró visibilidad mundial por el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, han venido pidiendo la desmilitarización del país y el otorgamiento de mayores garantías en la procuración de justicia para las víctimas en el fuero civil por los delitos perpetrados por militares.
*Reconocido articulista de la prensa mexicana. Colaborador de Prensa Latina.
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