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sábado, octubre 15, 2016

México: campos de exterminio

Lydia Cacho

Cimacnoticias Entrevisté a un ex agente de la CIA en México, ya jubilado. Trabajó algunos años como asesor en seguridad privada para grandes corporaciones internacionales; montó oficinas de inteligencia para blindarles de la delincuencia organizada. Me hizo varias confesiones que publicaré en un libro, pero una de ellas viene al caso para este fin de semana.

El experto aseguró que el gran éxito del gobierno mexicano para mantener a la sociedad sometida a las violencias cruzadas (delincuencia común y organizada, violencia de Estado y policiaca, impunidad e ineficacia penal), radica en el fervor guadalupano de la mayoría. Lo que me pareció una broma terminó convirtiéndose en una explicación razonable sobre los hábitos de la sociedad mexicana para enfrentar la narcoguerra.

Esa tediosa e interminable culpa cristiana, el miedo a la autoridad patriarcal, el pavor a enfrentar las crisis y los conflictos de formas no violentas y efectivas, son los ingredientes que unificados permiten que la frase “tenemos el gobierno que merecemos” permanezca y se reproduzca en las nuevas generaciones.

Es sencillo rebatir esa filosofía derrotista de la absurda y equivocada visión mexicana de los problemas que abaten a nuestra sociedad, tales como la violencia mortal, el crecimiento de los grupos de delincuencia organizada, las desapariciones forzadas, los altísimos niveles de impunidad y la persistente corrupción de las agencias del Estado (todo ello en un solo enjambre que avala el fortalecimiento y la justificación del estado policiaco punitivo de la sociedad crítica, que se resiste a la prevención, al diálogo, a la persecución de los delitos más notables en sus líderes políticos).

Esta semana, en el estado de Coahuila, un grupo encabezado por la valiente ciudadana Silvia Ortiz, encontró lo que se ha denominado un campo de extermino con fosas clandestinas en las que, hasta el momento, se han encontrado 600 restos humanos. Los datos oficiales reportan que en el estado han desaparecido 2 mil personas, los extraoficiales dicen que 3 mil. A partir de esta noticia las autoridades locales se vieron forzadas a reconocer públicamente que desde abril de este año, ya la policía había encontrado más de 3 mil 500 restos humanos de niñas, niños y adultos.

Paralelamente en Veracruz, la fiscalía encontró los cuerpos inertes de tres jóvenes estudiantes recientemente reportados como desaparecidos, una mujer y dos hombres. Cuando las madres y padres fueron llamados a servicios periciales, las autoridades cometieron un acto de crueldad insólito: abrieron las puertas de las cámaras frías, allí sobre las mesas metálicas estaban a la vista los jóvenes cuerpos, casi aniñados, sangre escurriendo de las planchas y las ropas de las víctimas tiradas como despojos. En un arranque de desesperación, madres y padres corrieron hacia sus hijos, el olor fétido de ácido sulfúrico, formol y descomposición resultaba insoportable, pero nada les detendría de intentar mirar y resguardar los cuerpos de sus hijos e hija que habían desaparecido luego de ir a un centro comercial.

Estas historias se repiten a diario en México, lo que sigue sorprendiendo es que, al tocar estos dos temas en redes sociales, una gran parte de usuarios sigue culpando a las víctimas, a sus padres, a la sociedad. “Tenemos este gobierno impune porque la gente votó por ellos”, insisten los comentaristas. Yo digo que no, que tenemos este gobierno porque hay una política de Estado que permite la guerra entre cárteles por el poder político, porque los partidos han logrado incluir en sus huestes a lo peor de México, que han sido infiltrados por las mafias, la delincuencia organizada; que una sociedad que vive en democracia paga impuestos para que profesionales y expertos lleven las riendas del país, que son ellos, gobernadores, procuradores, jefes policiacos, jueces, alcaldes y congresistas los verdaderos responsables de que haya campos de exterminio en México.

No debemos seguir insistiendo en que es culpa de la sociedad, a la que no le corresponde la investigación y persecución de crímenes de lesa humanidad o de delitos comunes, ya suficiente hacemos en materia de prevención y educación. Culparnos es desviar la atención de los verdaderos responsables de esta crisis. Hay que sumarse a los colectivos que tienen evidencia de los responsables y multiplicar el poder ciudadano hasta lograr su arresto, su renuncia, su sentencia nacional e internacional.

jueves, diciembre 08, 2011

México: La activista Norma Andrade es dada de alta tras presentar una evolución favorable

Agencias
La activista mexicana Norma Andrade, una de las dirigentes del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que denuncia la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, ha sido dada de alta por el Centro Médico de Especialidades tras presentar una evolución favorable de las heridas de arma de fuego que sufrió el 2 de diciembre tras ser tiroteada cuando salía del trabajo. Andrade fue ingresada en estado grave y tuvo que ser atendida e intervenida quirúrgicamente para conseguir salvar su vida. Tanto la herida como sus familiares han sido trasladados a una vivienda con seguridad de la Fiscalía del Estado, según ha informado el diario mexicano 'El Universal'. Por otra parte, la Fiscalía ha informado sobre la existencia de un retrato del presunto agresor así como del vehículo que utilizó.

Durante la investigación se ha entrevistado a más de 25 personas que, de un modo u otro, tuvieron conocimiento de los hechos. En este sentido, la Fiscalía ha dicho que los entrevistados "han aportado información valiosa a la investigación". Además, a partir del fragmento de ojiva que se localizó y según los laboratorios de servicios periciales, se ha determinado que el arma utilizada fue un revólver de calibre 38 especial. Andrade es la madre de Lilia Alejandra García Andrade, que fue asesinada en febrero de 2001, y de la directora de la Red, Malú García, quien se encuentra exiliada por amenazas de grupos de narcotraficantes. En los últimos dos años, un total de cinco activistas han sido asesinados por el crimen organizado y otros doce han tenido que abandonar el país a causa de las amenazas, según ha informado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua.

martes, noviembre 08, 2011

MÉXICO "Al Estado no le importan las mujeres"

Por Anayeli García Martínez * IPS/ Cimac
La situación de asesinatos de mujeres en la mexicana Ciudad Juárez no ha cambiado y el problema persiste, desde que en 2003 la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió diversas recomendaciones para investigar estos feminicidios, advierte el fiscal español Carlos Castresana.

En una entrevista durante una visita a México, el abogado penalista con destacada actuación en América Latina sostiene que la tipificación del feminicidio y la creación de fiscalías especiales son insuficientes para abatir el flagelo.

"Los resultados no terminan de llegar o no llegan con la celeridad y con la contundencia que se necesita. Algo está faltando", afirma.

Castresana lamenta que la impunidad prevalezca en México, después que en 2003 formó parte de la comisión nombrada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para diagnosticar por qué las investigaciones sobre feminicidio en Juárez no tenían resultados.

El especialista, quien vino al país para participar en un seminario sobre justicia y género, asegura que en el combate al feminicidio faltan herramientas legales y operativas en el ámbito transnacional.

Entre 2007 y 2010, Castresana dirigió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, bajo mandato de la ONU.

Hace ocho años el gobierno mexicano solicitó a la ONUDD que enviara un equipo de expertos para diagnosticar por qué fracasaban las indagaciones sobre los asesinatos de mujeres.



Entonces, Edgardo Buscaglia, Stanley Pimentel y Carlos Castresana entrevistaron a policías, fiscales, jueces y secretarios de Estado. Analizaron averiguaciones previas, sentencias y juicios sobre casos de crímenes por razones de género.

Tras la investigación los expertos realizaron un informe que –según el especialista en derechos humanos- reveló que los funcionarios no estaban investigando, no sabían cómo hacerlo o solapaban los crímenes. "Reflejaba que lo estaban haciendo muy mal", critica.

Estos hallazgos no sorprendieron porque era algo que ellos ya sabían antes de llegar a México, porque "si no hay condenas a las personas responsables y no se consigue reducir el fenómeno de la violencia quiere decir que algo se está haciendo mal", apunta Castresana.

Luego de comprobar la falta de especialización, los expertos de la ONU hicieron recomendaciones en las áreas de investigación policial, técnica forense, y procuración y administración de justicia.

Como resultado, en julio de 2003 se puso en marcha el Operativo Alba en el norteño y fronterizo estado de Chihuahua, donde se asienta Ciudad Juárez, con el objetivo de vigilar minuciosamente las zonas clasificadas como "de alto riesgo" para mujeres, y aquellos lugares donde se encontraron víctimas de homicidio.

En mayo de 2005, se creó el Protocolo Alba, una serie de procedimientos para la reacción y coordinación entre autoridades federales, estadales y municipales en caso de desaparición de mujeres y niñas en el municipio de Ciudad Juárez.

Tan solo en 2010 se registraron 110 casos de mujeres desaparecidas en el estado, según el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, pero el Protocolo Alba se activó únicamente en 31 ocasiones entre 2005 y ese año, cinco veces por año.

Más tarde, en 2009, Castresana participó como perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) para analizar el feminicidio de Laura Berenice, Claudia Ivette y Esmeralda, tres jóvenes asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

El fiscal recuerda: "En 2003 la primera mirada fue más amplia porque vi todos los casos; en 2009 solo vi el Campo Algodonero y, desgraciadamente, no hubo ningún progreso (en materia de justicia)".

Explica que en este caso los victimarios eran parte de las autoridades o estaban protegidos por las autoridades, y señaló que sólo así se entiende que los cuerpos fueran arrojados en un predio rodeado por avenidas principales, centros comerciales y maquilas.

En noviembre de 2009 estos casos de feminicidio le valieron al Estado mexicano una sentencia de la CorIDH, por su responsabilidad en la deficiente actuación de las autoridades judiciales.

"Parece que no hay grandes progresos. Algunas cosas sí se han mejorado, pero el problema es la falta de resultados", abunda Castresana.

De acuerdo con una investigación del Colegio de la Frontera Norte, de 1993 a 2007 el promedio anual de mujeres asesinadas en la ciudad fronteriza era de 33, pero de 2008 a 2010 se incrementó a 212 asesinatos por año.

El fiscal advierte: "Las organizaciones de mujeres tienen que ser capaces de crear, primero, la conciencia social y, luego, generar la voluntad política que ahora está ausente".

"Aprobar las leyes es muy fácil, es más o menos fácil, lo que es muy difícil es implementarlas porque la implementación cuesta mucho dinero", abunda.

El también impulsor de juicios contra militares argentinos y contra el dictador chileno Augusto Pinochet, agrega que los gobiernos siempre tienen prioridades, pero nunca tienen que ver con los derechos de las mujeres.

"Son otras (prioridades) las que en gran política importan más. El deber de los grupos de derechos humanos es ponerlos en la agenda y, de alguna manera, obligar a que los derechos humanos importen".

Castresana cuenta que en 2003 la impunidad era una mezcla de factores: "No sólo una causa, pero todas ellas puestas juntas eran las que causan decenas o centenas de muertes de mujeres, y no había sentencias condenatorias, y las dos o tres sentencias que había eran claramente con pruebas prefabricadas".

Para el experto, el feminicidio se debe comparar con el narcotráfico y sostiene que la falta de resultados que se vive en México también ocurre en otros países.

"El problema no es sólo de México, es epidémico, es en toda la región, en toda América Latina, y desde luego en ese corredor que va desde Colombia hasta Estados Unidos".

Concluye: "El problema es transnacional y en ese sentido hay que leer la sentencia (de la CorIDH). La sentencia impone obligaciones concretas a México porque en este caso el debate era de una situación que se había producido en México, pero las políticas criminales que hay que implementar son para toda la región".

*Una versión de este artículo fue publicada originalmente por la agencia mexicana de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac

martes, mayo 10, 2011

Mujeres víctimas del negocio de la droga

Alejandra Waigandt
Artemisa Noticias
En México la mayoría de las víctimas de la violencia del narcotráfico son civiles. Los muertos suman miles. Crece la desaparición de inmigrantes. Las mujeres son asesinadas, torturadas, tratadas y traficadas. La escritora Lolita Bosch denunció estas situaciones en su vista a Argentina, donde llamó a la comunidad internacional a solidarizarse y movilizarse el 8 de mayo por la paz en ese país.

La escritora Lolita Bosch, nacida en España, nombrada por sí misma ciudadana mexicana, gestora del blog Nuestra Aparente Rendición sobre la violencia en México, visitó la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, Argentina, donde alertó sobre el conflicto a causa del negocio de la droga, que lleva más de 38 mil muertos, y sobre el fracaso del gobierno de Felipe Calderón en su política de combate contra el narcotráfico. En esta guerra las mujeres y las niñas son las principales víctimas del asesinato y la tortura, según la literata.

Lolita Bosch estudió filosofía y se especializó en literatura. Reside en México desde hace diez años. Publicó Elisa Kiseljak, Tres historias europeas, La persona que fuimos, Insólita ilusión, insólita certeza, La familia de mi padre, Japón escrito, entre otros libros.

En el Centro Cultural Rojas primero y luego en La Rural, predio en el que se desarrolló la feria del libro, Bosch invitó a la ciudadanía a concentrase en frente de la embajada México el 8 de mayo, para apoyar al pueblo mexicano en el reclamo por la paz, y pidió solidaridad de las naciones del mundo con la grave situación que está viviendo México. En diálogo con Artemisa Noticias la escritora aseguró que ‘no es verdad’ la guerra que declarara el presidente mexicano en 2006 contra las organizaciones de narcotraficantes. Hay una guerra entre los carteles de droga y una buena parte de las autoridades mexicanas están involucradas.


'Lo que dice el gobierno mexicano es mentira. La verdad de lo que ocurre en México la están diciendo las organizaciones que defienden los derechos humanos. Han muerto muchos ciudadanos. Han muerto muchas mujeres que defienden los derechos de las mujeres. Hay casos más conocidos como el de Marisela Ortiz. Mataron a su hija y reclamó justicia postrándose frente al Palacio de Gobierno. Mataron a su hermano y siguió allí. Mataron a su cuñada y siguió allí. Finalmente la mataron a ella', detalló Bosch, explicando que se miente sobre la guerra contra el narcotráfico, los femicidios y la trata de personas.

Los narcotraficantes están secuestrando y asesinando impunemente a las y los migrantes en México, asegura la escritora. En lugares aledaños a Tamaulipas desde el 7 de abril han sido hallados 183 cuerpos en fosas comunes y podrían ser de migrantes de acuerdo a las desapariciones de personas reportadas por familiares y gobiernos como el de Guatemala. El gobierno de Calderón viene sosteniendo que no es necesaria una legislación para proteger a las poblaciones migrantes, pero frente el crecimiento de la violencia contra este colectivo el Congreso nacional sancionó el 29 de abril una ley para combatir el tráfico y explotación de inmigrantes, sin importar su condición legal.

'En México cruzan miles y miles de inmigrantes al año, sobre todo desde El Salvador, Guatemala, Honduras y Brasil. También desde Panamá y Nicaragua. México es un paso natural hacia el norte. Cruzan a Chiapas, saltan sobre los trenes que se mueven a alta velocidad, viajan 8 mil kilómetros y las organizaciones criminales los secuestran en las diferentes paradas. Estas organizaciones son alertadas por los maquinistas', describe la escritora, que indica que no hay estadísticas oficiales sobre la frecuente desaparición de migrantes, pero circulan índices insólitos como que un inmigrante es asaltado unas siete veces desde la frontera en Chiapas hasta la frontera del norte con Estados Unidos.

El narcotráfico secuestra y trafica mujeres inmigrantes indocumentadas para prostituirlas. Bosch precisó que la labor de la periodista Lidia Cacho ha sido esencial para que el problema de la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual en México se conozca en el mundo. El año pasado la activista mexicana fundó el Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) para víctimas de la violencia sexual doméstica y trata de personas en Cancún. Líderes vinculados al narcotráfico la han amenazado en varias ocasiones a raíz de su lucha por los derechos de las mujeres. Bosch agregó que 'las mujeres inmigrantes también son forzadas a la servidumbre. Ellas deben planchar para los criminales y asear sus viviendas. En cambio los varones son esclavizados en la siembra de marihuana y amapola, mientras que los niños son explotados en la cosecha de opio'.

Ser mujer es peligroso

La violencia que azota al país latinoamericano impacta en la vida de varones y mujeres y ocasiona muertes indiscriminadamente, pero la escritora Lolita Bosch explica que 'existe un mito absurdo de que las mujeres mueren poco en la guerra del narcotráfico. Hace unos días en Monterrey, una mujer dejó su casa porque necesitaba comprar leche, se tiró al piso porque escuchó una balacera, y un federal la vio y la asesinó de un balazo en la nuca. Una viejita vio lo ocurrido y lo denunció, pero no pasó nada. La mujer está en inferioridad de condiciones siempre. Pero son las mujeres que se dedican a las mujeres las que verdaderamente están en riesgo. Ellas están muy jodidas. Las abuelas de Juárez perdieron a sus hijas y se hicieron cargo de sus nietos, pues los hombres migraron, ellas tienen una asociación para niños huérfanos, pero no reciben ayuda de nadie y son llamadas pinche viejas'.

-¿La comunidad internacional está atendiendo esta situación de vulnerabilidad de las mujeres mexicanas?

Hay muchas mujeres en el mundo mirando a Ciudad Juárez. Pero a Juárez no es fácil entrar. La única periodista que puede entrar con protección internacional es Diana Washington, que vive en el Paso, Texas. Hay otra mujer, la española Judith Torrea, que vive en Juárez milagrosamente, ella tiene el blog Juárez en la sombra. Organizaciones que se atrevan a entrar a Juárez hay muy pocas. Pero hay mucho por hacer en México. Estamos tan desesperados. Ahora la comunidad internacional está ayudando a los inmigrantes. Amnistía Internacional se fijó en el padre Alejandro Solalinde, quien creó un refugio para migrantes en el estado de Oaxaca. Hace unos días en Barcelona el padre Solalinde decía que lo única que demuestra la guerra es que los verdaderos creyentes son los ateos. Es cierto. El mexicano que está mostrando bondad y solidaridad frente a la violencia no forma parte de ninguna institución religiosa.

-¿Qué te llevó a ser perseverante en la tarea de denunciar el conflicto en México?

Amo el país rabiosamente, México me ha dado todo. Es en serio, es el lugar que me ha permitido ser quién soy y nunca me ha juzgado. Fue muy difícil decir voy a ser escritora en México y finalmente ello me ha dado identidad. Soy mexicana de corazón, pero soy española de origen y en España tengo acceso a los medios de comunicación, por eso dejé de hablar de mis libros y empecé a hablar de la guerra.

-¿Cuándo decidiste involucrarte?

Empecé en 2010. Pero la guerra empezó en julio de 2006, tardamos mucho en reaccionar y en aprender a organizarnos. El gobierno mexicano ha sido totalitario durante años y la ciudadanía mexicana tiene este pensamiento de papá gobierna por nosotros. Hay una nueva generación que no ha crecido con el PRI y tiene otra mentalidad. Igualmente mover conciencias es muy difícil porque es un país donde nos han humillado mucho. Nos han aplastado mucho.

-¿Cómo iniciaste el blog Nuestra Aparente Rendición?

El blog se me ocurre porque el 7 de abril de 2010 encontraron muertos a 72 migrantes detrás de una ranchería. Estaban maniatados, con los ojos vendados y con tiros de gracia. Un inmigrante ecuatoriano logró sobrevivir y denunció el hecho, por eso encontraron al resto de los migrantes asesinados. Cuando ocurrió esto México se puso triste. El país reacciona como una persona, es emocional, contradictorio y siente mucho miedo. Ese día México reaccionó desesperada. Ese día pensé en poner un blog. Envié un correo a unos amigos con el texto Únete a este llamado.

Pedí unos textos a dos escritores Julia Herrera y Mario Bellatín. También escribió un periodista de Cancún, Arturo Mendoza. Fueron los tres primeros textos que colgué sin tener idea de lo que pasaría. La participación en el blog creció mucho. Es una fuente muy fiable de información. Soy editora del blog y mi termómetro es mi condición moral.

-¿Cuál es tu condición moral?

Tengo una madre que me ha educado muy bien. Ella es muy feminista. Nos ha enseñado muy bien la diferencia entre el bien y el mal, lo que hay que hacer y lo que no. Entonces nunca dudé en hacer esto. En México soy una privilegiada. Tengo acceso a educación, salud pública y cultura. Tengo acceso al mundo. Tengo protección por mi pasaporte español. Por eso estoy haciendo lo que hay que hacer. Si tengo acceso a la voz pública, lo voy a usar.

-¿Cómo manejas el miedo?

No tengo miedo. Ninguno.

jueves, diciembre 23, 2010

México: Exponen a Relatora de ONU aumento de violencia a defensoras

(CIMAC).- Cerca de 100 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 180 académicas, activistas, y feministas de México y América Latina, expusieron a la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Sekaggya, el aumento de la violencia contra las defensoras de Derechos Humanos (DH) en el país, y exigieron justicia por el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz.

En una carta dirigida a la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, responsabilizaron al Estado mexicano de cualquier acto en contra de la familia de la activista asesinada el 16 de diciembre, a las puertas del palacio de Gobierno, donde mantenía un plantón para exigir cárcel para el asesino confeso de su hija Rubí, Sergio Barraza Bocanegra.

En el documento, firmado por representantes de Guatemala, Panamá, Chile, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Colombia, entre otras naciones, se demanda el cabal cumplimiento de la sentencia contra el Estado mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por el caso: “Campo Algodonero”.

En dicha sentencia se especifica cómo investigar y sancionar a quienes realizan hostigamientos y agresiones en contra de las familias y organizaciones que buscan justicia. “Exigimos que se garantice la integridad y seguridad para todas y todos los familiares de víctimas de desaparición, violencia sexual, homicidios de mujeres”, argumentaron.

Las firmantes, también demandaron que se le otorgue a la familia de Marisela, una atención integral, se realice la investigación de los hechos y la debida reparación de los daños, de manera urgente, ya que hasta la fecha no han investigado, ni han realizado las acciones básicas para garantizar su vida y su integridad.

Escobedo Ortiz, fue una defensora de DH que a partir del crimen contra su hija movilizó a personas y organizaciones, a instituciones y poderes para acabar con el feminicidio, siempre a través de fortalecer las instituciones de justicia, de acciones ciudadanas y democráticas.

“Su asesinato revela la desprotección criminal que el Estado mexicano sostiene contra las defensoras y su falta de voluntad efectiva para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”.

Ante esta indiferencia y la gravedad de la violencia contra las mujeres en la entidad y en particular contra las defensoras de DH, las organizaciones nacionales e internacionales consideraron que en las acciones de protección a la familia de Marisela, deben de trabajar los cuerpos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno.

Ya que desde 2008, a pesar de la ocupación de los cuerpos policíacos en Ciudad Juárez y Chihuahua, “no se ha traducido en una mejora para la seguridad de las mujeres”.

Muestra de ello es que en Chihuahua, durante 2010, cada 24 horas una mujer ha sido asesinada por razones principalmente vinculadas al hecho de ser mujer. “Una cifra sin precedentes en la que la gran mayoría de los casos está en total impunidad”, denunciaron.

No obstante, en el actual debate para aprobar el presupuesto estatal de Chihuahua no se han incorporado recursos para implementar la Ley Estatal por el Derecho de las mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como tampoco para dar cumplimiento a la sentencia de Campo Algodonero.

Aseguraron que la causa del asesinato de Marisela Escobedo es la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres que el Estado mexicano ha sostenido en las últimas dos décadas en Ciudad Juárez y en Chihuahua.

“Durante los últimos 27 meses, la actividad central de Marisela fue exigir justicia por el asesinato de su hija, Rubí Marisol, de 16 años, asesinada en Ciudad Juárez por su pareja, Sergio Rafael Barraza”.

Además de denunciar a las autoridades cómplices y negligentes del feminicidio, y demandar al sistema de justicia para que efectivamente garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, afirmaron.

De igual manera, el Observatorio Nacional del Feminicidio, publicó hoy en un diario de circulación nacional, un desplegado firmado con más de 300 firmas de organizaciones nacionales e internacionales, en el que se exige un alto a las agresiones a las defensoras de derechos humanos y garantías de seguridad.

martes, septiembre 14, 2010

México: El Estado, incapaz de garantizar la vida de las mujeres

Guadalupe Cruz Jaimes /Cimac.- El feminicidio, la forma extrema de violencia en contra de las mujeres, se consuma porque las autoridades omisas, negligentes, o coludidas con agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional, al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuir a la impunidad.

Así lo refiere Marcela Lagarde, en el texto Violencia Feminicida en el Estado de México, publicado en 2006, por la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la antropóloga feminista, el feminicidio está conformado por hechos violentos misóginos contra las mujeres, implica la transgresión de sus derechos humanos, atenta contra su seguridad y pone en riesgo su vida.

Culmina en la muerte violenta de algunas mujeres, se consuma cuando las autoridades obstruyen el acceso a la justicia de las mujeres. La mayoría de los crímenes está en la impunidad, asegura Marcela Lagarde.

El feminicidio conlleva la ruptura del Estado de derecho ya que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con legalidad y hacerla respetar, de procurar justicia, prevenir y erradicar la violencia que la ocasiona. El feminicidio es un crimen de Estado. De 1999 a 2005, fueron asesinadas 6 mil niñas y mujeres en los estados de México, Veracruz, Chiapas, Guerrero, el Distrito Federal, Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Baja California y Morelos. Por homicidio doloso o culposo perdieron la vida tres de ellas, cada día.



Las niñas y mujeres asesinadas en México tenían distintas edades, eran jóvenes, adultas, ancianas, adolescentes y niñas. Pertenecían a diversos estratos socioeconómicos, aunque la mayoría eran pobres.

Su nivel de instrucción también variaba, algunas eran estudiantes, otras eran técnicas, universitarias y posgraduadas, pero el grueso de ellas tenía pocos estudios.

La relación que tenían con el agresor era igualmente diversa: desconocidas, cónyuges, parientas, amigas; había solteras, casadas, novias, exnovias, esposas, exesposas, primas, suegras, vecinas, jefas, subordinadas, turistas, transeúntes, prestadoras de servicios, políticas, gobernantes, casi todas mexicanas, algunas de origen indígena y otras extranjeras: norteamericanas, europeas, asiáticas y de Centro y Sudamérica.

A la mayoría las asesinaron en su casa, al resto se desconoce en donde las privaron de su derecho a la vida, pero sus cuerpos fueron hallados en la calle, un baldío, una barranca, en una construcción, en un río o en una casa de secuestro.

Algunas tienen huellas de violencia sexual, todas fueron torturadas, maltratadas, atemorizadas y vivieron humillaciones; fueron golpeadas hasta la muerte, estranguladas, colgadas, acuchilladas. Todas quedaron aisladas y desprotegidas, aterradas, amenazadas, vivieron la más extrema impotencia de indefensión.

miércoles, abril 07, 2010

Marcela Lagarde: “Es un avance que se condene a un Estado”...

Tras el asesinato de ocho mujeres en un campo algodonero
Por: Lucía Blanco - Diagonal / Tomado de Rebelión.org
La antropóloga y ex diputada mexicana Marcela Lagarde, que acuñó el concepto de ‘feminicidio’, habla del problema de la trata desde el feminismo, en defensa de la vida y la libertad de las mujeres.

DIAGONAL: Es la presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. ¿En qué consiste su trabajo?
MARCELA LAGARDE: Es una red de investigadoras feministas que surgió cuando presidí la Comisión de Feminicidio y formé un grupo de investigadoras expertas en violencia contra las mujeres. Hicimos la primera investigación sobre todas las modalidades de violencia en todo el país. En México nos articulamos con la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, por los Derechos Humanos de las Mujeres, y fuera con organizaciones feministas de América Latina, España y de quien se deje. Lo que a mí me interesaba era mantener la identidad de investigadoras especializadas en violencia y derechos humanos de las mujeres.


D.: En México, más que hablar de violencia contra las mujeres se habla de feminicidio, que abarca todos los tipos de violencia. ¿Por qué no se universaliza el término?

M.L: En España es muy complicado. Yo traté de tener relación con las diputadas españolas. Les propusimos una alianza de tres países para enfrentar el feminicidio. Acababan de aprobar la[ ley [Integral contra la Violencia de Género]->http://www.diagonalperiodico.net/Algo-falla-cuando-se-reducen.html], estaban muy contentas. Sólo contemplaba la cuestión conyugal y les propusimos que la abrieran, pero no estuvieron dispuestas a considerar que fuese un crimen de Estado. Ésa fue la discrepancia.
Pero la violencia no puede reducirse a la conyugal porque hay muchos tipos. En América Latina vamos haciendo leyes que involucran –como la nuestra, la de México– cinco modalidades de violencia. Y entonces sí tienes un mapa completo. Pero eso es parte de una construcción teórica, jurídica y política… Y en fin, yo sí noto que avanzamos. Mira por ejemplo ahora, el caso que ganamos de Campo Algodonero, que es emblemático y tiene que ver con la trata.

D.: ¿Cuál fue su importancia?
M.L.: Es un caso en el que aparecieron ocho cuerpos de mujeres jóvenes en un solo sitio, asesinadas, y bueno, suponemos que está ligado al tema de la trata, que en Ciudad Juárez es fuerte. Es un avance de las instituciones latinoamericanas, como la Organización de Estados Americanos, porque se condena a un Estado por los crímenes contra las mujeres. Porque nadie se hace responsable, matan a las mujeres y todo el enfoque social es contra el victimario. ¿Es que el Estado no tiene responsabilidad por esos crímenes? En el caso Algodonero a quien sentamos en el banquillo fue al Estado mexicano.

Género y clase, en las raíces
A finales de febrero, Marcela Lagarde participó en las Jornadas sobre Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual: una cuestión de género y violencia, organizadas por la Federación de Mujeres Progresistas. Habló de enfocar la trata “como parte de la problemática sexual construida por el patriarcado sobre las mujeres, sobre sus cuerpos, y sobre todo, sobre unos cuerpos despersonalizados para utilizar a las mujeres, para cosificarlas para enajenarnos como género, y no sólo a las víctimas”. Además, está ligada a “la problemática de edad y de clase, que es complejísima en América Latina. Las desigualdades de clase son tan brutales que pareciera que vivimos en mundos totalmente distintos en un mismo territorio nacional. Somos vulnerables por mujeres, pero las condiciones sociales y económicas, nos colocan en riesgo. Hay que ver cómo desmontar eso”.

- Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Es-un-avance-que-se-condene-a-un.html

viernes, diciembre 11, 2009

Estado Mexicano: FEMINICIDA "Corte Interamericana de Derechos Humanos culpa al gobierno por feminicidios en Juárez"

Por: Lourdes Godìnez (Cimac)/ José Meléndez (El Universal)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) acusó al Estado mexicano de violar el derecho a la vida, a la integridad personal y la libertad personal en perjuicio de tres de las ocho víctimas de feminicidio del campo algodonero y lo responsabilizó de no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, documentadas desde 1993.

La justa sentencia sentará un precedente para el tema de feminicidio en la región de Latinoamérica y Centroamérica al ser la primera que reconoce la violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres.

En la primera condena contra México por asesinatos y desapariciones de mujeres ocurridos desde 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró culpable al Estado mexicano de un triple crimen de mexicanas que se registró en 2001 en esa región del norte del país, y le impuso sanciones legales, morales y económicas, informó ayer el máximo tribunal continental de justicia.

La CIDH determinó que los homicidios en Juárez “son alarmantes” y que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, incumplió su deber de investigar para garantizarlos, y violó la no discriminación, los derechos del niño y la integridad personal de familiares de las víctimas, que fueron acosados por agentes.

Han pasado ocho años de los hechos, dijo la Corte, y la investigación no ha pasado de su fase preliminar.


El Estado debe pagar más de 847 mil dólares por indemnizaciones, lucro cesante, costas, gastos y otras reparaciones a las familias de las víctimas.

El gobierno fue acusado por los homicidios, en septiembre y octubre de 2001, de las niñas Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años; Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17, y de Claudia Ivette González, de 20, víctimas de la cadena de secuestro, violación, tortura y asesinato contra centenares de mexicanas que ha sacudido a Ciudad Juárez.

La sentencia data del 16 de noviembre pasado, pero fue difundida ayer.

Las cifras negras

La Corte, ente de la Organización de Estados Americanos con sede en Costa Rica, reconoció que México “realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional”, pero no demostró haber adoptado “las medidas razonables, conforme a las circunstancias que rodeaban a los casos, para encontraria las víctimas con vida”.

No existen datos claros sobre la cifra exacta de homicidios de mujeres en Juárez desde 1993, aunque las cifras oscilan entre 260 y 442 casos.

La sentencia recordó que representantes de las tres víctimas dijeron que el tema de género es común denominador de la violencia en Juárez, y que “niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres”.

México atribuyó los homicidios a causas y patrones criminales diversos, pero “influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer”.

La Corte sentenció que el Estado deberá remover los obstáculos que impidan indagar los tres casos, y le ordenó levantar —en un plazo de un año— un monumento en memoria de las víctimas de homicidio y crear una página web que “deberá actualizarse permanentemente y contendrá información personal de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993”.

SOBRE LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS

La Corte determinó que si se permite que personas responsables “de estas graves irregularidades” continúen en sus cargos, o peor aún, ocupen posiciones de autoridad, se puede generar impunidad y crear las condiciones para que los factores que inciden en el contexto de violencia persistan o se agraven.

Condenó que el hecho de que no se haya investigado a ninguno de los funcionarios supuestamente responsables por las negligencias ocurridas, pone de manifiesto la situación de indefensión de las víctimas, contribuye a la impunidad y propicia la “repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos de que se trata”.

La Corte determinó que las irregularidades en el manejo de evidencias, la fabricación de culpables como el caso de “El cerillo y la Foca”, confesos bajo tortura de ser los asesinos seriales, el retraso de las investigaciones, la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, vulneran el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.

El Estado, apuntó, no garantizó a través de una investigación seria y adecuada, los derechos mencionados con anterioridad de las tres víctimas.

“Todo ello permite concluir que en el presente caso existe impunidad”.

La ineficacia judicial en casos individuales de violencia contra las mujeres, sostuvo la Corte, propicia un ambiente de impunidad “que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir”.

En el caso del campo algodonero, dice la Corte en su sentencia de 167 páginas, el Estado mexicano tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas y debió haber asegurado que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su desaparición.

Máxime, reitera, cuando tenía conocimiento de la existencia del contexto en la entidad, donde a diario desaparecían mujeres o niñas.

El Estado fue acusado por la Corte por una deficiente actuación de sus autoridades para buscar a las víctimas, por la mala diligencia en la determinación de la identidad de los restos, de las circunstancias y causas de las muertes, el retraso en la entrega de los cadáveres, la ausencia de información sobre el desarrollo de las investigaciones y el trato dado a los familiares durante todo el proceso de búsqueda de verdad.


REPARACIONES

La Corte le ordenó al Estado mexicano que dentro de un plazo razonable, investigue, a través de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplique las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes resultaran responsables.

Asimismo, establece que “como medida de satisfacción”, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de amplia circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el estado de Chihuahua, por una sola vez, los párrafos 113 a 136, 146 a 168, 171 a 181, 185 a 195, 198 a 209 y 212 a 221 de la Sentencia.

La sentencia, dijo la CoIDH, también deberá publicarse íntegramente en una página electrónica oficial del Estado, tanto federal como del estado de Chihuahua dentro de un plazo de 6 meses a partir de la notificación de la misma.

Otro ordenamiento de la sentencia es que en el plazo de un año a partir de la notificación de la sentencia, el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos del campo algodonero, en honor a la memoria de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, donde deberá mencionar las violaciones a los derechos humanos en que incurrió y que se declararon en la sentencia.

El acto, dice la Corte, deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública con funcionarios de alto rango y ser transmitido a través de radio y televisión, tanto local como federal. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de las tres víctimas y de sus representantes legales.

En este caso, sentenció la CoIDH, “es pertinente que el Estado levante un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, entre ellas las víctimas de este caso, como forma de dignificarlas y como recuerdo del contexto de violencia que padecieron y que el Estado se compromete a evitar en el futuro”

Este monumento deberá construirse en el campo algodonero donde el 6 y 7 de noviembre de 2001, fueron encontradas las 8 mujeres asesinadas.

Entre otras medidas, la Corte, determinó la creación de una página electrónica de mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993 a la fecha, misma que deberá actualizarse constantemente.

Asimismo, le ordenó la creación de una base de datos que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, otra que contenga información genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que consientan –o que así lo ordene un juez- para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida.

También propone la creación de una base de datos con la información genética y muestras celulares proveniente de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que haya sido asesinada en Chihuahua.

Esta información, señala la Corte, deberá ser protegida por el Estado mexicano.

Entre otras medidas de reparación, la CoIDH establece tratamientos psicológicos, médicos integrales para los familiares de las víctimas, así como el pago por concepto de gastos de búsqueda de 150 dólares a la señora Monreal, 600 dólares a la señora González; y mil cincuenta dólares a la señora Monárrez.

También ordenó al Estado indemnizar a las jóvenes asesinadas por la falta de garantía de sus derechos a la vida, integridad personal y libertad personal.

De acuerdo a este ordenamiento, el Estado mexicano deberá pagar treinta y ocho mil dólares a favor de Claudia Ivette González y cuarenta mil dólares para cada una de las niñas Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.

Otros cuarenta y cinco mil dólares deberán pagarse a las madres de las jóvenes Herrera, Ramos y González quienes entregarán, en su caso, la cantidad que estimen adecuada a sus representantes, por concepto de costos y gastos.

Los montos asignados en la sentencia, deberán ser entregados en el plazo de un año a partir de la notificación de la misma.

sábado, noviembre 21, 2009

MÉXICO: ESTADO FEMINICIDA...

Por: Emilio Godoy /IPS
Los familiares de tres jóvenes asesinadas en la norteña Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua fronterizo con Estados Unidos, tuvieron que esperar ocho años por justicia. Y lo lograron en el sistema multilateral.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encontró culpable al Estado mexicano de violar las garantías de Claudia González, Esmeralda Herrera y Berenice Ramos, cuyos cuerpos aparecieron junto a otros cinco en noviembre de 2001, y de sus parientes.

"El mensaje de la sentencia es claro: se declara responsable al Estado, es y ha sido responsable del feminicidio en Ciudad Juárez", declaró a IPS David Peña, abogado que llevó el caso junto a sus colegas la mexicana Karla Salas y el español Emilio Ginés.

Los jueces de la Corte deliberaron el martes y el miércoles sobre los expedientes, cuya sentencia es inapelable y será de dominio público en cuanto se notifique a las partes involucradas, y que han sido conocidos como los "del campo algodonero", por el baldío donde fueron hallados los cuerpos.

Los acusadores solicitaron al tribunal, con sede en San José de Costa Rica, una nueva investigación de los casos, el castigo a los funcionarios que incurrieron en irregularidades, la reparación de las injusticias padecidas y la adopción de medidas para evitar más crímenes.

En marzo de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también adscrita a la OEA, recibió tres peticiones individuales separadas que acusaban al Estado mexicano de violar los derechos humanos de González, Ramos y Herrera.

La Comisión, asentada en Washington, decidió aceptar esas solicitudes para su análisis y determinar si procedía elevar los casos a la Corte, lo cual ocurrió finalmente en noviembre de 2007.

En su demanda, la Comisión alegó, entre otros aspectos, que el Estado mexicano habría fallado por la falta de medidas de protección a las víctimas, de prevención de los crímenes, de debida diligencia en la investigación de los asesinatos y la denegación de justicia y de reparación adecuada a favor de sus familiares.

El juicio contra México comenzó el 27 de abril en la filial de Corte en Santiago de Chile. Las no gubernamentales Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer respaldaron legalmente a las víctimas.

En el campo algodonero, situado frente a una maquiladora (industria libre de impuestos para el mercado externo) en una zona a las afueras de Ciudad Juárez, fueron descubiertos ocho cuerpos, pero cinco no fueron identificados a tiempo de presentar la acusación. La Comisión decidió entonces excluir esos asesinatos de la demanda.

"Estábamos esperando que la sentencia fuera fuerte, porque hemos estado viviendo la simulación por mucho tiempo, el hecho de hacernos creer que el gobierno está haciendo algo para que el feminicidio termine", dijo a IPS Irma Casas, directora operativa de la no gubernamental Casa Amiga, fundada por la activista Esther Chávez, quien ha luchado por resolver los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

Conocidos como "las muertas de Juárez", se trata de más de 300 mujeres ultimadas entre 1993 y 2003, casos en su mayoría todavía impunes, según la organización humanitaria Amnistía Internacional.


En 2003, la oficial pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana difundió un informe especial sobre esos asesinatos y expuso los casos de 263 asesinadas y 4.587 desaparecidas desde 1993. Acusó a autoridades estatales y municipales de graves omisiones en la investigación de esos expedientes.

"El Estado también es responsable de la reparación de las víctimas y de garantizar que estos hechos no se repetirán", enfatizó Peña, quien con Salas pertenecen a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

Pero más de 15 años después de que la violencia de género se hiciera mundialmente notoria, esa oleada criminal no se ha detenido en Ciudad Juárez, escenario de cruentos enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que se disputan el paso de drogas ilegales hacia el suculento mercado de Estados Unidos.

A lo largo de este año, más de 110 mujeres han sido asesinadas en esa urbe, según recuentos de las organizaciones humanitarias.

"Es reflejo de la violencia estructural. La violencia se ha vuelto más cruda y se ha extendido a más espacios, porque la impunidad reina. Esperamos que la resolución de la Corte sea una exigencia para que el Estado responda", apuntó Casas.

En su período de sesiones privadas que empezaron el lunes y que concluirán el 28 de este mes, la Corte analiza también resoluciones sobre casos provenientes de Venezuela, Guatemala, Brasil y Perú.

La condena de la Corte coincide con una serie de actividades en México y el extranjero sobre el feminicidio en esta nación norteamericana.

A partir de este viernes y hasta el próximo domingo, activistas, académicas y representantes de organizaciones no gubernamentales se darán cita en la ciudad fronteriza en un encuentro estatal feminista, cuya agenda incluye el análisis del feminicidio. De hecho, en el campo algodonero está programada una actividad.

A Ciudad Juárez llegará el llamado Éxodo por la Vida de las Mujeres, una marcha de un centenar de personas que partió el 10 de este mes de la capital mexicana y culminará el día 23.

Y en la sede del Parlamento Europeo (PE), en la ciudad belga de Bruselas, se puso en marcha este jueves la Segunda Conferencia sobre Feminicidio bajo el lema "¡Ni una muerta más!" y a la cual asisten integrantes de la Comisión de Derechos de la Mujer del PE y delegados de organizaciones mexicanas, de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Además, sucede antes de que el canal estadounidense Discovery Channel estrene el día 29 el documental "Ciudad Juárez: el silencio continúa", sobre el desarrollo del feminicidio desde 1993 hasta la fecha.

El Estado mexicano afronta también otras dos demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre esos casos figuran el del dirigente comunitario Rosendo Radilla, secuestrado en 1974 por soldados en el sudoccidental estado de Guerrero y desaparecido desde entonces, y la violación de dos mujeres indígenas a manos de uniformados en ese mismo territorio en 2002.

"Luego entraremos a una fase complicada de supervisar la ejecución de la sentencia", anticipó Peña.

viernes, mayo 22, 2009

Juzgarán al Estado mexicano por caso Inés, violada por militares

Por: Sandra Torres Pastrana / CIMAC
El Estado Mexicano será juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso de Inés, indígena tlapaneca (me´phaa), violada sexualmente por elementos del Ejército Mexicano en marzo de 2002, en Ayutla de los Libres, Guerrero, población ubicada en la zona de La Montaña, en el sur del país.
Ante la imposibilidad de encontrar justicia, agotados todos los recursos judiciales en el país, Inés tuvo que recurrir a instancias internacionales, primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ahora a la Corte, que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El caso de Inés fue remitido por la CIDH a la Corte el pasado 7 de mayo, informó a Cimacnoticias el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, representante legal de la víctima, debido a que el Estado mexicano incumplió con las recomendaciones tendientes a reparar el daño causado a la mujer.


Dichas recomendaciones se dieron a conocer en el Informe de Fondo emitido por la CIDH por el caso de violación y tortura a Inés (…) por elementos castrenses, emitido el 7 de noviembre del 2008, donde se planteaba la reparación del daño a las víctimas, la investigación y la sanción a los militares responsables.

La CIDH, luego de las recomendaciones, estaba en espera de que el Estado Mexicano tuviera una respuesta de aceptación y ejecución, en cuyo caso el caso concluiría. De lo contrario, el organismo remitiría el caso a la Corte.

En diciembre pasado, Tlachinollan envió el informe 43.3 a la CIDH pidiendo que el caso se ventilara ante la Corte, para que Inés pudiera acceder a una justicia real, fijándose en el escrito su posición como víctima.

De esta forma, siete años después del ataque de los militares, afirma el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, se abre la puerta para que Inés encuentre justicia por la violación sufrida a manos de militares.

EL CASO

El caso de Inés fue denunciado ante el Ministerio Público del fuero común de Ayutla de los Libres, quien se declaró incompetente, por lo cual la denuncia fue transferida al Ministerio Público Militar. Se buscaron amparos para que fueran las autoridades civiles quienes juzgaran a los soldados agresores, pero no procedieron y pronto la justicia militar cerró el caso, porque supuestamente la víctima no estaba interesada en el caso al no responder a sus citatorios.

Sin embargo, explicó Tlachinollan, Inés no acudió a dichas audiencias porque era infundada la competencia militar en el caso, además de que cualquier investigación sería parcial.

Ante el estado de impunidad y acceso a la justicia nacional, los representantes de la víctima recurrieron en junio de 2004 a instancias internacionales y presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación y tortura de Inés.

El 12 de octubre del 2007, este organismo internacional realizó una audiencia pública, en Washington, donde asistió Inés, junto con Valentina, otra indígena me`phaa violada por militares en 2002 y quien también presentó su caso.

Después de esta audiencia de la CIDH, se evidenció la responsabilidad del Estado Mexicano por las violaciones a los derechos de estas mujeres, señala Tlachinollan.

Un año más tarde el 9 de febrero de 2008, el hermano mayor de Inés, Lorenzo, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me`phaa (OPIM) y pieza clave para realizar la denuncia de la violación, fue secuestrado y un día después fue hallado muerto con evidentes señales de tortura.