“Las mujeres están luchando en Guatemala: se organizan y piden justicia”

Ane Garay y Andrea Gago Menor

Revista Pueblos Luz Méndez explica, seria y esperanzada, las posibilidades de la justicia guatemalteca, pero se le llenan las manos y el rostro de gestos cada vez que ocupan la conversación determinadas palabras: violencia sexual, despojo del territorio, impunidad y desprecio hacia los pueblos indígenas. Investigadora, con gran experiencia en negociaciones de paz y violencia sexual hacia las mujeres en conflictos, Luz preside en la actualidad el Consejo Asesor de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG). Hablamos con ella con motivo de su participación, como parte del jurado, en el Tribunal de Derechos de las Mujeres, celebrado el pasado mes de junio en Bilbao.

- Este juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad fue un gran acontecimiento jurídico y político. En Guatemala hay una disputa por la verdad muy importante y ésta fue una oportunidad muy grande para que las víctimas pudieran hablar. En 1998 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico emitió el reporte Guatemala, memoria del silencio, un documento valiosísimo. También la iglesia católica hizo público el informe Guatemala: Nunca Más, lo que generó mucho debate en torno a las atrocidades que habían sido cometidas durante el conflicto armado. Sin embargo, con el asesinato del obispo Juan Gerardi, ese proceso se truncó totalmente: no es hasta ahora que nuevamente la verdad emergió a la superficie.

Es muy importante desde el punto de vista pedagógico para los jóvenes, para que puedan conocer lo que ocurrió. El conflicto armado, sus causas, su desarrollo, su desenlace, es un capítulo de la historia de Guatemala que lamentablemente no se imparte en las escuelas. Durante los días que las víctimas estuvieron presentando sus testimonios, los medios de comunicación dieron mucha difusión y pude darme cuenta de cómo impactaba. Lo que más rechazo provocó fueron los testimonios de las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Una podía escuchar en diferentes medios, en las redes sociales, que la gente decía: “pero cómo es posible, no sabíamos eso tan grave”. Lo que estas mujeres relataron, que fueron víctimas de todas las formas de violencia sexual, violación masiva, violación múltiple, en sus casas, en destacamentos militares, la brutalidad con que fueron tratados sus cuerpos…, todo esto salió a flote. Desde el punto de vista de la construcción de la memoria histórica es un hecho muy relevante.

Ha tenido también un efecto reparador para mucha gente, porque esto fue un juicio que fue presentado por víctimas del pueblo ixil, pero las masacres y las otras graves violaciones a los derechos humanos fueron cometidos en todo el país. Para la gente fue también un juicio por sus familiares desaparecidos, torturados. La sala de vistas estuvo llena todo el tiempo, no sólo por la gente que llegaba a mostrar su solidaridad al pueblo ixil, sino también por sus propios muertos, sus propios familiares desaparecidos.

- Al parecer los grupos de poder empresariales en Guatemala realizaron mucha presión para que se anulase la sentencia.

- Efectivamente, la sentencia se emitió el 10 de mayo y al día siguiente se declararon en sesión permanente el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la élite económica. Exigieron a la Corte Constitucional anular ese juicio, de manera totalmente ilegal, no mediante el sistema de justicia. Lo hicieron como una expresión de dominio, reafirmando el poder que siempre han tenido en Guatemala. Usaron la “lógica de propietario de finca”: “ésta es mi finca y aquí se hace lo que yo digo”. Fue muy grave, pero la anulación de la sentencia finalmente se debió a que todos los grandes poderes, en lo económico, político y militar, se unieron. ¿Por qué? No lo hicieron sólo porque no quisieran que se sentenciara a un ex dictador, sino porque este juicio demostró que los pueblos no olvidan ni perdonan y que, en medio de una impunidad tan grande, los pueblos, y particularmente el ixil, se organizaron y lucharon durante muchos años por llevar al banquillo de los acusados a un hombre que no es el único responsable, pero sí el que representa la represión política del Estado, la política contrainsurgente, durante el conflicto armado.

Esta élite económica ha sido profundamente racista, como se manifestó durante el juicio. Un peritaje analizó el racismo histórico contra los pueblos indígenas que afloró durante el conflicto armado y precisamente de ahí se deriva la demanda por genocidio. Para estos grupos dominantes es inconcebible que los pueblos indígenas, a quienes han discriminado, a quienes han despreciado, hayan llevado a uno de los suyos al banquillo de los acusados. Los poderes han tenido una política de tal nivel de violación de derechos humanos porque han tenido la certeza de inmunidad e impunidad, porque han tenido el control del sistema de justicia. Darse cuenta de que el sistema de justicia sí podía enjuiciar a uno de los suyos los hizo reaccionar y pensar que esta sentencia no era sólo una sentencia contra Ríos Montt, sino que se estaba quebrantando su certeza de inmunidad e impunidad. Actuaron por ellos, por defender sus propios intereses. Por eso es que se unen y logran revertir la sentencia, aunque el juicio en su conjunto no ha sido anulado.

- ¿Tienes esperanza en la justicia ordinaria?

- Tenemos que seguir luchando, ha sido un proceso muy difícil, desde la firma de los Acuerdos de Paz se han invertido millones de dólares de la cooperación internacional para fortalecer las instituciones del sistema de seguridad y justicia. Muchos han ido a la corrupción, a los poderes ocultos, como se llama en Guatemala a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos. Pero pese a la anulación de la sentencia, el juicio me genera esperanzas. Evidenció que hay funcionarios del sistema de justicia honestos y que la gente no se queda callada, exige justicia y se organiza para obtener justicia. Otro elemento muy positivo que demostró el juicio fue la capacidad de alianzas de la sociedad civil: como en todos los países hay posicionamientos diversos, pero con el objetivo de manifestar apoyo y solidaridad con el pueblo ixil nos unimos todos y todas. Es posible construir alianzas fuertes alrededor de un objetivo común para hacer avanzar las justas causas sociales.

- Antes nombraste la violencia sexual durante el conflicto. ¿En qué consiste la violencia sexual como estrategia de guerra?

- En Guatemala la violencia sexual contra las mujeres, principalmente indígenas, fue utilizada como arma de guerra y fue un delito constitutivo de genocidio. Fueron atacadas sexualmente no sólo para dañarlas a ellas. El objetivo de las fuerzas estales era derrotar a la insurgencia, porque era la insurgencia la que estaba poniendo en riesgo los intereses económicos y políticos de la élite dominante. En esa lucha hubo importantes sectores de los pueblos indígenas que se incorporaron a la insurgencia, porque pensaban que era un camino para su liberación como pueblos, y otros que no. La mayoría de los pueblos indígenas fueron población civil no combatiente. Pero debido al racismo profundo de las clases dominantes, que trasladaron a los altos mandos del ejército, se homologó al indígena con la insurgencia.
No estaba sólo presente el acabar con un enemigo de un conflicto armado, sino muy en el fondo estaba el objetivo de acabar con los pueblos indígenas, desde siglos considerados seres inferiores que hacían daño al desarrollo del país. Las mujeres fueron violadas sexualmente de forma masiva y múltiple, con una atrocidad sin límites, porque era una forma de atacar al enemigo del ejército, de desmoralizar a las comunidades indígenas, porque el 89 por ciento de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres indígenas, para que no se incorporaran a la insurgencia. A través de los cuerpos de las mujeres se querían lanzar mensajes. Las mujeres no sólo fueron violadas sexualmente, sino que fueron violadas de forma masiva, generalmente de forma pública, frente a la comunidad, y con mucha frecuencia se atacó las partes del cuerpo relacionadas con su capacidad reproductiva. Hubo especial saña contra los órganos genitales de las mujeres, contra sus pechos, hasta el extremo de abrir el vientre de las embarazadas y extraer los fetos. Por supuesto que había misoginia, había racismo, había un odio de clase, pero lo que buscaban era acabar con la semilla. Esto lo evidencia la atrocidad con que fueron atacados los fetos y también los niños.

- Es terrible.

- Es muy fuerte, pero debe saberse la verdad. De esto estamos hablando, y de muchas cosas más.

- ¿Existen elementos comunes en cuanto a la violencia sexual contra las mujeres en conflictos armados?

- Sí, es un patrón que se origina en la causa primigenia de la violencia contra las mujeres, que se halla anclada en el sistema de dominación, el sistema patriarcal. La violencia contra las mujeres, con especial énfasis la violencia sexual, ha sido utilizada para perpetuar y reproducir el sistema. En todas las sociedades a las mujeres se nos considera seres inferiores, y normalmente se cree que las mujeres son propiedad de los hombres. Es la causa que se halla como sustento de los ataques contra las mujeres con el fin de vencer al enemigo. La lógica es “voy a apropiarme de los cuerpos de esas mujeres para atacar a los propietarios de los cuerpos de esas mujeres”. Encontramos entonces patrones en los conflictos armados actuales de África, en los de los Balcanes, en la violencia sexual cometida contra las mujeres en la II Guerra Mundial, que fue expuesta en el Tribunal de Tokio, o en el conflicto armado de Guatemala. Participé en el proceso de incidencia política para la aprobación de la resolución 1325 de Naciones Unidas, que precisamente tiene como propósito lograr la protección de los derechos de las mujeres durante conflictos armados y su participación en los procesos de paz. Cuando nos reuníamos con compañeras de África, de Asia, de América Latina, nos dábamos cuenta de que eran los mismos patrones.

- Del Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante del Conflicto Armado Interno hasta la fecha, ¿qué avances ha habido en este sentido?

- El Tribunal de Conciencia de 2010 fue un acto político de enorme trascendencia para las mujeres que pudieron testificar. Tuvo un sentido de reparación para ellas pero, además, poco tiempo después, uno de los grupos quiso ir más allá. Hay diferentes interpretaciones de justicia para los grupos de mujeres que hemos ido acompañando: para unas, con el Tribunal de Conciencia fue suficiente; para otras, justicia es que se sepa la verdad.

Para un grupo de mujeres q´eqchís no fue suficiente. Quizás fueron las mujeres que más sufrieron las consecuencias de la violación sexual, porque no fueron víctimas sólo de violencia sexual sino también de esclavitud sexual y doméstica durante seis meses en el destacamento militar de Sepur Zarco. Las esclavizaron después de que sus esposos fueran asesinados y desaparecidos por el ejército. Lo que los esposos estaban haciendo era organizarse de manera legal para obtener el registro de propiedad de las tierras donde vivían, y por eso los desapa-recieron. Después de que las mujeres quedaron viudas y, por lo tanto, convertidas en “mujeres disponibles”, las concentraron a todas en los alrededores del destacamento militar instalado en la comunidad Sepur Zarco y las obligaron a hacer turnos, es decir, a prestar servicios sexuales y domésticos cada dos o tres días. Luego la esclavitud cambió de modalidad. Las mujeres ya no tenían que hacer turnos en el destacamento, pero continuaron siendo violadas sexualmente y explotadas económicamente por los soldados del destacamento durante seis años. Pero cuando se cierra el destacamento, esto les implicó estigmatización y rechazo social en sus comunidades. Ellas no vivían permanentemente en el destacamento, entraban y salían, obligadas, porque a la que se oponía la mataban, pero la gente las veía y las acusaba de ser responsables de lo que les había ocurrido. En general, es una conducta muy común hacía víctimas de violencia sexual, en tiempos de guerra o de paz, ser consideradas responsables de la violación sexual. En su caso, fue tan fuerte la estigmatización que pidieron justicia formal. En 2011 un grupo de 15 mujeres de Sepur Zarco presentó una demanda penal por violencia sexual y esclavitud sexual ante el sistema de justicia de Guatemala. En 2012 ellas fueron escuchadas por un tribunal de alto riesgo, como anticipo de prueba. En esta lucha han contado con la solidaridad de otras mujeres, plasmada en la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad. Éste es el primer proceso penal sobre esclavitud sexual durante el conflicto armado que se presenta ante un tribunal nacional.

- En la actualidad Guatemala está sufriendo un auge en cuanto a proyectos extractivos y disputa por los recursos naturales, sobre todo en los sectores minero e hidroeléctrico. ¿Está habiendo casos relacionados de violencia contra las mujeres?

- Sí, la manera en la que se está imponiendo en Guatemala la industria extractiva ha generado conflictividad social y violencia contra las mujeres, incluyendo violencia sexual. La base del problema reside en que no se ha tomado en cuenta la opinión de las comunidades donde se están instalando estas empresas, y cuando la gente se organiza y quiere dar su opinión sobre el desarrollo al cual aspiran, la respuesta es de represión y militarización del territorio. Quisiera contar la experiencia de 11 mujeres del pueblo q´eqchí que fueron víctimas de violencia sexual por la guardia privada de una empresa transnacional.

En Izabal se encuentra la Compañía Guatemalteca de Níquel, que es empresa subsidiaria de transnacionales canadienses. En 2007 los guardias privados llevaron a cabo un desalojo violento de tierras contra campesinos q´eqchís, que habitan el territorio en el que han vivido ancestralmente y que esta empresa reclama como propio. Los guardias privados llegan en compañía de agentes de la Policía Nacional Civil y de soldados del ejército a ejecutar estos desalojos violentos. Los hombres estaban trabajando y las mujeres estaban solas con sus hijos pequeños. Fueron violadas, destruyeron y quemaron sus casas… No sabemos exactamente cuántas mujeres fueron violadas, incluso inmediatamente después de que se conocieran los hechos, ellas no reportaron la violación sexual. Fue años después, en procesos de acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, que empezaron a hablar. Han presentado una demanda civil en Canadá contra la empresa transnacional, que era propietaria de esta compañía extractora de níquel, HudBay Minerals, junto con otras dos demandas civiles.

Se presentaron las demandas por negligencia, porque la legislación canadiense no permite otra cosa. Pero lo que se está buscando es que en el propio país de origen de la transnacional se sancione a estas empresas por las violaciones a los derechos humanos que cometan en terceros países. Nunca se habían presentado demandas de este tipo. En Guatemala desde las organizaciones de mujeres hemos respaldado esa demanda porque vemos que se está gestando un precedente de búsqueda de justicia fuera del país. Las 11 mujeres q´eqchís no quisieron presentar una demanda penal en Guatemala porque no confían en el sistema de justicia del país.

Por tanto, hay ahora dos procesos legales paradigmáticos en Guatemala de mujeres indígenas que buscan justicia por violencia sexual, una violencia sexual muy vinculada al despojo de tierras. El despojo de tierras y la violencia sexual han ido de la mano en las grandes violaciones a los derechos humanos de las mujeres en Guatemala en el pasado y en el presente. Está la demanda penal en Guatemala, en curso, por las 15 mujeres de Sepur Zarco, y la demanda civil, de las 11 mujeres también quechíes, presentada en Canadá. Las mujeres están luchando en Guatemala, no aceptan con pasividad estos grandes crímenes cometidos contra ellas, sino que se organizan y exigen justicia.


Ane Garay es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)-Paz con Dignidad. Andrea Gago Menor es editora de Pueblos – Revista de Información y Debate.

Artículo publicado en el número 57 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2013.

Mujer, violencia y silencio en Guatemala

Patricia Simón
Periodismo Humano Organizaciones y expertas internacionales piden que la Audiencia Nacional de España investigue la violencia sexual que se ejerció contra las mujeres maya como parte del genocidio Guatemala.

Un país con unos 13 millones de habitantes, con índices de desnutrición infantil desconocidos en América Latina, con un Estado fallido que se ha confesado incapaz de controlar el norte del país donde los cárteles del narcotráfico hacen, y asesinan, a su antojo. Un territorio donde la violencia callejera estableció desde hace ya una década que una vida no valía nada y el machismo que la violencia de género puede, además de asesinar – casi 600 mujeres sólo el año pasado-, alcanzar unas cotas de brutalidad y ensañamiento aterradoras. Todos estos datos dibujan la imagen internacional de uno de los países con menor influencia política y, por tanto, atención del continente latinoamericano. Una falta de interés que no es nueva y que se mantuvo durante los treinta años que una guerra civil masacró a su población, especialmente a la de origen maya. Un conflicto en el que las cifras, que son personas con nombres, apellidos, padres, madres e hijos y sueños, como tenemos que recordar a veces para no perdernos en la inmesidad, desbordaron proporcionalmente las dictaduras de Chile, Argentina o Uruguay: más de 200.000 personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecias en más de 600 matanzas, más de 440 comunidades mayas exterminadas y más de medio millón de desplazados para salvar sus vidas.

“La percepción de las fuerzas armadas en torno a los mayas como aliados naturales de la guerrilla contribuyó a incrementar y a agravar las violaciones a sus derechos humanos, demostrando un marcado componente racista de extrema crueldad que permitió el exterminio en masa de las comunidades mayas indefensas -incluidos niños, mujeres y ancianos- a través de métodos cuya crueldad escandaliza la conciencia moral del mundo civilizado” Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico de la ONU.

La violencia contra la población civil fue sistemática, contínua y especialmente dirigida contra la población maya con el objetivo de exterminarla, según todas las investigaciones independientes. Por ello, en estos momentos ocho altos cargos, incluído el general y presidente de Guatemala entre 1982 y 1983, Efraín Ríos Montt, se enfrentan a cargos de genocidio, tortura y terrorismo en la Audiencia Nacional en un juicio superviviente de la Jurisdicción Universal aplicable en España antes de la reforma de 2010, a partir de la cual sólo se puede abrir una investigación en aquellos casos en los que esté implicado un español. Un proceso judicial que comenzó su andadura en 1999 cuando la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú junto a organizaciones de derechos humanos españolas y guatemaltecas presentaron una querella. Tras doce años y varias décadas de que los crímenes fueran cometidos, las organizaciones Women´s Link Worldwide y The Center for Justice & Accountability han pedido a la Audiencia Nacional que investigue también los crímenes cometidos específicamente contra las mujeres, unos delitos que hasta hoy han permanecido en el silencio y la impunidad. Como recogen las organizaciones demandantes en su informe, la Relatora Especial sobre la Violencia contra la mujer, Radhika Coomaraswamy, fue muy clara en su informe ante la Comisión de DDHH de la ONU de 2001. “El hecho de que no se investigue, enjuicie y castigue a los culpables de las violaciones y la violencia sexual, ha contribuido a crear un clima de impunidad que actualmente perpetúa la violencia contra la mujer”.

El lunes estrenamos el Especial documental “Mujer, violencia y silencio” en el que profundizamos en las distintas formas de violencia a las que son sometidas las mujeres en Guatemala desde su nacimiento, por el sólo hecho de ser mujeres, aún más vulnerables por ser indígenas y pobres: abusos sexuales, incesto, violencia machista por parte de sus parejas, tortura, discriminación y la violencia sexual que sufrieron durante la guerra civil: varios testimonios de mujeres que sufrieron violaciones colectivas -hasta cuarenta soldados haciendo cola para violarlas-.

Las violaciones, las mutilaciones, la explotación sexual, las esterilizaciones a fuerza de violarlas y desgarrarlas, de provocarles abortos forzados, de feticidios -rajarles el vientre y sacar los fetos-, fueron torturas cometidas sistemáticamente por el Ejército y por los paramilitares contra estas mujeres. Mientras se lo hacían, como podrán ver en el Especial, les decían, por ser indígenas, “no son gente, son animales”. Muchas de estas mujeres nunca contaron estos crímenes y las que lo hicieron, o se supo en su comunidad, fueron rechazadas, despreciadas, expulsadas.

Estos días, como parte de esta petición de que se investigue la violencia de género durante el conflicto, Patricia Sellers, abogada experta en derecho penal internacional y asesora en asuntos de género para varios Tribunales Penales Internacionales, y María Eugenia Solís, abogada y experta en violencia de género contra la población maya durante el conflicto armado guatemalteco, prestarán testimonio de por qué es fundamental incluir estos delitos en la causa.

En conversación telefónica, María Eugenia Solís, además de experta en este asunto, jueza ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta 2010, nos explica cómo en un país donde se cometieron miles de delitos sexuales contra las mujeres, apenas sean, no ya juzgados, sino conocidos entre la población. “La Comisión de la verdad que hizo la ONU, con muchos recursos, no contemplaba un protocolo para esta violencia. Sencillamente no se plantearon que existiese así que no preguntaron. Lo que está documentado en esa investigación fue porque las mujeres lo mencionaban colateralmente: ‘pues mira que a mi hermana la colgaron de un palo para aterrorizar a toda la comunidad, pues mira que nos violaron y…’. Pero las mujeres acudieron a hablar de los otros: de cómo habían desaparecidos a sus maridos, a sus padres.. No de ellas.”.

El silencio. Una de las mujeres entrevistadas en el Especial “Mujer, violencia y silencio”, que fue violada por decenas de soldados, uno tras otro, por lo que después perdió a su bebé que nació con el cuello dislocado, nos contaba cómo no se lo había contado a su marido hasta veinte años después. Y porque participó en un taller de empoderamiento en el que se le fue preparando para aceptar lo que había vivido. Solís explica la razón de esta conducta: “Está naturalizada la violencia contra las mujeres. Antes, durante y después del conflicto. Las mujeres han vivido en unos niveles de desigualdad descomunales con respecto al resto de la sociedad. No se reconocen como sujetos. El primer trabajo con ellas es conseguir que piensen que son seres humanos, que no es normal que abusen de ellas. Aunque lo hayan hecho desde pequeñas porque había mucho incesto. Y hay que tener en cuenta las reacciones después de que fueran violadas por los combatientes, que fueron muy diversas pero nunca de solidaridad: eran consideradas traidoras, sucias, como sus hijos si se habían quedado embarazadas de sus agresores… Se supone que ellas deberían haber hecho todo lo posible por morirse antes de ser violada. Por todo ello se sienten culpables. Pero además es que sus violadores siguen siendo sus vecinos. Están rodeadas de puro enemigo. Hay mujeres que a la vuelta de la presentación de un informe que recogía su testimonio, volvieron a ser violadas por los mismos”.

El 88% por ciento de las mujeres violadas y torturadas fueron indígenas, una cultura en la que son las mujeres las transmisoras de la cultura, de la lengua, de la forma de curar... Es decir, de su ser maya. Tal y como explican en su planteamiento las demandantes de que la violencia sexual sea incorporada a este proceso, estaban aniquilando no sólo a sujetos sino a las encargadas de perpetuar la vida y la cultura, como parte del plan de genocidio. Muchas de ellas nunca pudieron aguantar que ningún hombre se volviera a acercar a ellas. Las destrozaron físicamente, pero también como personas. “Las sacaban de sus casas y las llevaban a lugares sagrados y allí las violaban, les hacían pasear desnudas. A otras se las llevaban a los destacamentos como esclavas sexuales y para que limpiaran, cocinaran…”.

La justicia supranacional, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya condenó uno de los casos más flagrantes -si cupiese grados en este contexto de barbarie-. Se trató de la masacre cometida por los kaibiles, el cuerpo más sanguinario del Ejército guatemalteco, entrenado por Estados Unidos- en la aldea del norte del país Dos Erres, en la región del Petén. Allí,16 militares, como prueba de graduación, rajaron los vientres de las mujeres y sacaron a los fetos con sus propias manos. Así, “y a puro golpe”, como explica Solís, asesinaron a 252 personas, la mayoría mujeres, ancianos y niños. Pero no fue hasta abril de este año cuando uno de los supuestos responsables de esta masacre, Jorge Sosa Orantes ha sido reclamado por la Justicia. El juez Santiago Pedraz, instructor del caso, pidió a Canadá su extradicción para ser juzgado por genocidio.

Pero la Corte Interamericana sólo puede condenar al Estado y hacer recomendaciones. Por eso, cuando se le pregunta a Solís por cómo valora la reforma de la Jurisdicción Universal en España es tajante: “Es lamentable porque para los hechos del presente tenemos a la Corte Penal Internacional. Pero para el pasado la única esperanza que nos queda son los Estados como España que tienen la posibilidad de hacer justicia y que están obligados, además, por ser firmantes de los tratados internacionales. Espero que el pueblo español que ha sido tan solidario con la causa guatemalteca siga el proceso con atención y se sienta orgullloso de lo que su Estado es capaz de hacer”.


Fuente: http://periodismohumano.com/mujer/mujer-violencia-y-silencio-en-guatemala.html

Guatemaltecas a la sombra del feminicidio

Alba Trejo

(SEMlac).- Para mandar mensajes, demostrar poder o burlarse de la justicia en Guatemala se golpea, se viola, se utiliza y se mata a las mujeres. Aquí, la vida de ellas se reduce a pedazos de cuerpo dentro de una bolsa para basura, tirada a plena luz del día en una calle transitable. Al menos cinco han muerto de esa forma este año.

Sus cuerpos inertes fueron utilizados para lanzar mensajes de advertencia al ministro de Seguridad, Carlos Menocal, y demostrar que los criminales tienen más poder que la policía.

Los maridos de esas mujeres también se incluyen en este espacio. Desangran sus cuerpos, las queman, las estrangulan, les deforman la cara a machetazos. En palabras de Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, "esta sociedad machista siente un desprecio a todas luces por la vida de las mujeres".

Para muestra, junio pasado: 75 mujeres fueron asesinadas de diferentes formas en ese mes.

En Guatemala los sicarios incluso han visto en los feminicidios un negocio; aniquilan a sus víctimas a tiros, a quemarropa.

En la parte trasera de un auto, acribillada a balazos, en un cañaveral en estado de putrefacción, ahogada en un río, dentro de su propia vivienda, o en una fiesta. Estas son las formas en que las guatemaltecas son halladas todos los días.

No importa el lugar del país donde vivan, el odio y la saña con la que son asesinadas demuestra que el feminicidio se ha convertido en una sombra que se cierne sobre ellas.

"De un tiro en el cráneo o asfixiadas, no sin antes padecer violación sexual", dice a SEMlac Angélica Valenzuela, del Centro de Investigación, Capacitación y Ayuda para la Mujer. "Entre la vida y la muerte de las mujeres sólo hay una hilo muy fino que se rompe fácilmente y en cualquier momento", señala la activista.

El primer semestre del año registra 400 mujeres muertas de forma violenta, y en sólo una de las tres fiscalías de la mujer del Ministerio Público ingresan 300 denuncias al mes por violencia psicológica, sexual, física y patrimonial.

Coincidencia o no, en 2009 el número de asesinadas durante el primer semestre asemeja al de 2010, aunque con el agravante de que ahora ha habido mayor número de cadáveres con muestras de tortura, refiere el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

"Estamos a tope", se queja Yolanda Sandoval, jefa de la fiscalía de la mujer, principalmente en denuncias de violencia sexual. "Es desbordante el número de víctimas", señala a SEMlac.

Un diagnóstico efectuado por la Oficina de la Presidencia de la República demuestra que de 186 casos analizados de muertes violentas de mujeres entre 2009 y el primer trimestre de 2010, las armas de fuego son el primer instrumento para terminar con sus vidas.

El diagnóstico, titulado "Formas y causas de muertes de mujeres en Guatemala", destaca que, en 10 lugares del país, las extorsiones, las separaciones, asaltos y violencia intrafamiliar socavan la vida de ellas.

Aunque no se especifica profesión de las víctimas, la gran mayoría resulta ser mujeres pobres, madres de hasta cuatro hijos, comerciantes, amas de casa o estudiantes.

La investigación determina que en la zona del oriente del país, el machismo predominante no admite una separación, por lo que después del divorcio o abandono la historia termina en tragedia para ellas.

Mientras, en el sur, los cañaverales sirven de escenario para acabar con la vida de las guatemaltecas, que luego de ser abusadas sexualmente son asesinadas en ese lugar.

Las áreas periféricas de la capital representan el peor lugar de vida para las mujeres, pues ahí las extorsiones y el sicariato se convierten en la principal amenaza.

Al no pagar la extorsión, a veces de 20 dólares diarios, los pandilleros cobran con su vida para enviar un mensaje y las demás sepan que quien se resiste a pagar o se opone a mantener una relación con ellos, muere.

El sicariato ocurre cuando un marido, cónyuge o ex compañero paga por liquidar a su conviviente. La Fundación Sobrevivientes asegura que muchas mujeres están muriendo a manos de asesinos a sueldo.

Esa entidad resguarda la vida de al menos cinco guatemaltecas que estuvieron a punto de morir de ese modo, por sicarios contratados por sus esposos, una de de ellas con un tiro que terminó en su brazo cuando iba dirigido a la cabeza.

De ahí que los grupos de derechos de la mujer, conjuntamente con entidades del Estado, busquen crear estrategias que promuevan la protección de la vida de las mujeres.

Una de estas acciones ha sido la implementación de la Ley contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la cual en mayo pasado cumplió dos años de haber sido aprobada.

El año pasado la fiscalía logró 11 condenas de feminicidio de 725 asesinatos reportados, mientras que en el primer trimestre de 2010 el número de condenas por distintos delitos asciende a 18.

La ley castiga con penas de ocho a 50 años a quien violente a una mujer, ya sea sexual, física, psicológica y patrimonialmente, o cometa feminicidio.

También niñas y niños

De igual forma, la Comisión Presidencial de Feminicidio señala que al menos 1.300 niñas y niños han quedado en la orfandad en los primeros seis meses por los asesinatos de sus madres.

El gobierno implementa un protocolo de atención urgente para dar terapia psicológica y ayuda social a las víctimas colaterales. Aunque en este país centroamericano existen seis albergues para protegerlas, son insuficientes e inseguros para impedir que sus victimarios las encuentren.

La apertura, la semana pasada, de asilo en Estados Unidos a todas aquellas víctimas de violencia que viven allí, incluidas las de procedencia guatemalteca, ha abierto nuevas posibilidades y esperanzas de vida a las mujeres de encontrar una forma de liberarse de los agresores, según observadores locales.

Guatemala con mayor cantidad regional de mujeres asesinadas en 2009

Prensa Latina

Guatemala ocupó en 2009 el primer lugar entre cuatro países centroamericanos y México por el número de mujeres asesinadas, afirmó hoy aquí una agrupación mexicana.

Del total de dos mil 312 féminas ultimadas el año pasado en esa área geográfica a esta nación corresponden 720, por encima de El Salvador (579), México (529), Honduras (405) y Nicaragua (79), en tanto de Costa Rica y Panamá no pudieron ser recolectadas cifras.

De acuerdo con la dirigente de la organización no gubernamental mexicana Comunicación e Información de la Mujer Carolina Velásquez, esos hechos son una de las formas más extremas de violencia por razones de género y la mayoría está sin solución.

Pese a los esfuerzos de movimientos sociales y las medidas de las autoridades nacionales e internacionales la violencia contra las mujeres continúa afectando a la región de muchas maneras, opinó Velásquez.

Ante la impunidad en la mayoría de los casos, agrupaciones feministas lanzaron una campaña regional en busca de más justicia para ellas.

Variadas acciones se realizarán en ese sentido este año hasta el 25 de noviembre, cuando se conmemora el día internacional de la no violencia contra la mujer. Por su parte, la dirigente de Alianza para la Acción Carmen López aseguró que en Guatemala se superan los cinco mil 200 asesinatos de féminas de 2000 al momento actual.

En el transcurso de 2010 esa agrupación ha contabilizado unos 200 crímenes de mujeres.

Guatemala supera a Ciudad Juárez en muertes violentas de mujeres

GN-. Guatemala vive la "vergüenza" de haber superado ya las muertes violentas de mujeres de Ciudad Juárez con un aproximado de 600 muertes por año, 100 más que en esa urbe mexicana, dijo hoy en Panamá la Secretaria Presidencial de la Mujer guatemalteca, Sonia Escobedo.

"Guatemala ha superado a Ciudad Juárez en muertes violentas de mujeres, y eso es una vergüenza que tenemos como país", afirmó Escobedo a los periodistas en un receso de su participación en la XXVIII reunión ordinaria que el Consejo de Ministras de la Mujer (Commca) celebra en la capital panameña.

En Ciudad Juárez se registran alrededor de 500 muertes de mujeres por la violencia, mientras que en Guatemala el promedio es de 600 homicidios violentos de féminas al año, indicó Escobedo.

En total, Guatemala alcanza la cifra de 3.000 de estas muertes desde 2005 a la fecha, aunque no todas pueden se catalogadas de feminicidio, según la funcionaria guatemalteca.

"Son todas muertes violentas de mujeres, pero hay que realizar una investigación y un seguimiento para determinar cuáles son los femicidios", añadió.

La Secretaria Presidencial de la Mujer de Guatemala señaló que "no es fácil" definir qué es feminicidio.

"El Commca realiza una investigación regional tratando de definir y matizar qué es el feminicidio, porque no se puede partir a priori y decir que todas las muertes de mujeres son feminicidio", precisó Escobedo.

Por su parte, Miosotis Rivas Peña, Secretaria Técnica de la Mujer del Commca, también mira con preocupación que el fenómeno de las muertes violentas de mujeres de Ciudad Juárez se extienda a Centroamérica y República Dominicana.

"Tenemos mucha preocupación de que por lo menos en los países que está creciendo el feminicidio, como Guatemala, Honduras, República Dominicana y El Salvador, se repita" lo de Ciudad Juárez, señaló Rivas.

La dominicana Rivas indicó que este es uno de los temas que forma parte de la agenda de diálogo entre México y los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Rivas añadió que precisamente en esta XXVIII Reunión Ordinaria que el Commca realiza en Panamá se analiza la necesidad de que se establezcan agendas articuladas en la región sobre la incidencia de la delincuencia, la inseguridad y el crimen organizado porque, según destacó, "están muy vinculadas con el feminicidio".

El Commca se reúne hoy y mañana en Panamá para revisar su agenda de trabajo 2009-2013 y analizar con agencias y organismos internacionales programas y acuerdos de cooperación en materia de género, y también aprobar recomendaciones que remitirán a la Cumbre de presidentes del SICA que se celebrará en Panamá en junio próximo.

El Commca es un organismo del SICA para promover la elaboración y propuestas de políticas orientadas a transformar la situación, posición y condición de las mujeres en la región.

Está integrado por la representación de cada una de las Ministras de la Mujer de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá, República Dominicana y México como observador.

Guatemala: La violencia sexual se empleó como estrategia de genocidio

Pilar Crespo y Carmen Crespo

Rebelión La violencia sexual sobre los cuerpos de las mujeres se ha utilizado como un arma de guerra, como un mecanismo para herir y mostrar dominio sobre el enemigo, afirman expertos. Son hechos que se llevan a cabo colectivamente y con una intención bien planificada y no el resultado del deseo sexual y el contexto de agresividad propio de un conflicto armado, como en ocasiones ha tratado de justificarse. En Guatemala la política contrainsurgente desarrollada por el Estado durante los años 80 incluyó además de torturas, masacres, desapariciones forzosas y el aniquilamiento de comunidades indígenas enteras: la práctica sistemática de violaciones sexuales a mujeres mayas. Unos actos de violencia específicos contra las mujeres que suelen quedar en un segundo plano en medio de tanta violencia y que, sin embargo, tienen consecuencias graves y perdurables no sólo en las personas que las sufren sino en las comunidades a las que éstas pertenecen. Tras años de silencio diferentes organizaciones han levantado la voz y han denunciado la situación de impunidad en que permanecen estos crímenes en el primer Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres durante el conflicto armado en Guatemala.

“Realmente duele recordarlo […], es difícil dar una cantidad exacta de cuántos fueron los que nos violaron, en ese tiempo llegaban por bastantes, se podría decir miles los soldados que se iban rolando, llegaban y fue constante esa violación que cometieron contra nosotras […]. Ellos no sólo llegaban sino que instalaron un destacamento y a todas las que íbamos quedando viudas, porque mataban y ejecutaban a nuestros maridos no se sabe dónde, nos obligaban a ir a alimentarlos. Nos pusieron en grupos para hacer turnos, para hacer la comida y luego de cumplir con todo lo que nos imponían nos violaban una a una. Dejaron una enfermedad en todo mi cuerpo, como que es algo que siempre te marca […], me afecta ya no puedo decirles que puedo actuar como normal. Tengo mucho miedo, en mi corazón y en mi cabeza y siempre ando vigilante de que algo me puede pasar […]. Sólo yo estoy hablando en este momento pero somos muchas, somos la mayoría en Guatemala que sufrimos este tipo de violencia. Lo hicieron constantemente. Necesitamos que nos crean” (1)

Tras muchos años de silencio, el pasado jueves varias mujeres indígenas hablaron, por primera vez en público, de los crímenes sexuales a los que fueron sometidas por parte del ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno. Los testimonios, emitidos de manera anónima por motivos de seguridad y traducidos desde sus lenguas maternas, fueron presentados ante el Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres durante el conflicto armado interno en Guatemala celebrado en la capital los días 4 y 5 de marzo; una audiencia simbólica donde, ante la situación de absoluta impunidad, diferentes organizaciones ejercieron una acción de escucha activa y de debate político para cuestionar qué “ha hecho y qué hace el Estado de Guatemala en relación con el tema de la violencia de género”. Los relatos presentados ante las magistradas, fiscales y testigos de conciencia, todas ellas reconocidas activistas a favor de los derechos de las mujeres, fueron corroborados por los peritajes de diferentes expertas y expertos, que desde todas las disciplinas dotaron de solidez y reconocimiento a lo denunciado por las víctimas.

Las mujeres fueron víctimas de todas las formas de violaciones a los Derechos Humanos cometidos por el ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno (1960–1996) pero además sufrieron formas específicas de violencia de género que confluyeron en la violencia sexual. Entre las diferentes agresiones sufridas se pueden enumerar desnudez forzada; aborto forzado; violación sexual por una o varias personas; violación sexual con objetos; violación sexual previa, durante y después de masacres, como método de suplicio en interrogatorios, frente a familiares y vecinos; mutilación de órganos sexuales, embarazos forzosos, convivencia marital forzosa con soldados, comisionados militares o patrulleros de autodefensa civil (PAC); esclavitud sexual. Tal y como destacó una de las fiscales de conciencia, Juana Balmaseda, las mujeres fueron atacadas indiscriminadamente independientemente o no que tuvieran relación con las fuerzas armadas revolucionarias, “lo fueron por el hecho de ser mujeres”, establece la activista. Esta aserción fue corroborada por alguno de los datos antropológicos presentados por Erwin Melgar del Centro de Análisis Forenses y Ciencias Aplicadas (CAFCA): la mayor parte de la víctimas fallecidas en masacres eran niñas de cero a siete años y la violación sexual se admite como muy probable por la presencia de osamentas femeninas sin ropa en las fosas o cementerios clandestinos.

La violación, uno de los crímenes más desestructurantes tanto para la mujer como para su entorno social, fue una práctica masiva, sistemática, planificada dentro de la estrategia contrainsurgente del Estado y dirigida especialmente contra la población indígena en el ejercicio de la política de tierra arrasada durante los gobiernos de Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982- 1983). Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), 99% de las víctimas fueron mujeres y de ellas un 88.7% eran mayas. El informe de la CEH también señala que los principales autores materiales de esta violencia sexual fueron miembros del ejército (89%), miembros de las PAC (15.5%) y comisionados militares (11,7%) (2). La violación sexual se utilizó como método de tortura y de obtención de información en el ámbito urbano. Según expuso Fernando A. López en el Tribunal de Conciencia, en las ciudades esta forma de violencia se utilizó de manera selectiva contra las mujeres sospechosas de participar en grupos insurgentes. En el ámbito rural la práctica de violaciones sexuales fue mucho más indiscriminada, además de utilizarse como método de tortura y de obtención de información se empleó de manera general para destruir al pueblo maya.

El director del Centro de Estudios de Guatemala, Sandino Asturias, añade que el hecho de que ningún jefe, oficial o mando medio del ejército o de las fuerzas de seguridad del Estado haya sido procesado ni condenado por estas acciones a lo largo de tantos años refuerza la evidencia de que la mayor parte de tales violaciones fueron resultado de una política de orden institucional. Tal y como estableció este experto en su peritaje ante el Tribunal de Conciencia, “existía una jerarquía militar vertical y centralizada, con una cadena de mando, planes, controles, informes” donde todo estaba planificado y nada se podía salir de este control. Según Asturias, la violencia sexual fue utilizada durante el enfrentamiento armado en Guatemala como otra forma más para eliminar cualquier forma de oposición política o militar al régimen establecido.

La antropóloga Irma Alicia Velásquez denunció ante el Tribunal de Conciencia que la violencia sexual cometida contra las mujeres indígenas en Guatemala no puede reducirse solamente a las violaciones o penetraciones físicas sino que son delitos que van más allá, porque fueron actos masivos que no sólo marcaron sus cuerpos sino que alteraron profundamente los marcos y reglas culturales de sus colectividades, estableciendo un antes y un después no únicamente en la vida individual de las mujeres sino también de sus familias y comunidades.

La experta en intervención psicosocial Olga Alicia Paz Bailey explica que en los grupos donde la pureza de las mujeres y el control de su conducta sexual y capacidad reproductiva son constitutivas de la cultura, la violación sexual representa un ataque directo a los fundamentos culturales de la misma y al honor que las/los protege.

Velásquez no niega que no existieran violaciones sexuales en las comunidades antes de la etapa de la guerra y entiende que eran delitos asumidos y castigados de acuerdo a las normas propias de cada grupo pero alega que la violencia sexual masiva ejercida por el ejército durante el conflicto supuso un quiebre o rompimiento en las comunidades mayas. Dicho impacto se materializó, según la experta, en diferentes acciones o actitudes culturales como que muchas de las mujeres indígenas víctimas de este tipo de violencia perdieron el papel que ejercían dentro de la comunidad (por ejemplo comadronas, hierberas, hueseras…etc). “Se asumió que al ser violados sus cuerpos también fueron destruidos sus cargos y el respeto y la posición que tenían lo que provocó no sólo que las mujeres dejaran de proveer servicios clave a la comunidad sino que dejaran de aportar a la construcción de conocimientos para su colectividad”, incide Velásquez.

A partir de las violaciones y fruto de la vergüenza colectiva sufrida, las mujeres víctimas fueron colocadas en los estratos sociales más bajos y estigmatizadas como “mujeres cualquiera o prostitutas que se entregaron a los responsables de arrasar sus comunidades y asesinar a los hombres que eran sus padres, esposos, hermanos e hijos”. Velásquez explica que ante el desprecio y falta de solidaridad de sus comunidades, “las mujeres viven sentimientos de querer partir e iniciar relaciones sociales lejos, de cortar toda implicación con las luchas colectivas o de renunciar a su identidad”. Y señala que evidentemente esa apatía de las mujeres mayas en los asuntos de la colectividad y la modificación en su sentimiento de identidad impactará en el futuro de las comunidades del país.

Otra de las consecuencias de esta violencia fue toda una generación de hijos e hijas fruto de las violaciones que son “culturalmente sancionados porque recuerdan la violación al grupo” y que como explica la antropóloga en muchas ocasiones se marchan de la comunidad porque nunca fueron aceptados o porque nunca se sintieron parte de ella.

Estas y otras consecuencias de la violencia sexual han supuesto una mayor vulnerabilidad de las comunidades indígenas, lo que según Velásquez “evidencia lo bien planificado y macabro de estas violaciones desde los más altos mandos del ejército que conocían el funcionamiento y la operatividad de estos colectivos sociales”.

Paz Bailey señala que es precisamente porque la violencia sexual atenta contra los fundamentos de la identidad cultural que ha sido utilizado, en diferentes conflictos y en particular en Guatemala, como estrategia de genocidio. Un crimen que según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 y ratificada por el Estado de Guatemala un año más tarde, se define como aquellos actos “perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”.

Jorge De la Peña también concluyó ante el Tribunal de Conciencia que el sometimiento, la violación, humillación y degradación de la mujer no sólo es un ataque contra ella y su cuerpo sino contra su Estado, cultura, religión, grupo étnico y contra los miembros de la comunidad a la que pertenece”.

Terribles consecuencias

Los expertos denuncian que las secuelas de la violación sexual no sólo abarcan todas las esferas del ser humano -física, psicológica y cultural-, sino que además éstas son de carácter profundo y perdurable.

Entre los daños físicos más inmediato y comunes pueden señalarse embarazo, mutilaciones, daño permanente al aparato reproductivo, e infecciones de transmisión sexual, especialmente del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Pero hay también que señalar la existencia de una relación epidemiológicamente significativa entre el trauma sufrido y el desarrollo de una afección crónica. De la Peña declaraba que “en la práctica clínica hemos visto que las mujeres que han sufrido este tipo de violencia les da cáncer”. Este aspecto es al que las mujeres se refieren en sus testimonios como “enfermarse o morirse de susto”.

Las comadronas definen el “susto” como “una profunda pena que las pone amarillas, les quita las ganas de trabajar, fuerza, les da dolor de cabeza, no tienen hambre y se sobresaltan por todo”. Paz Bailey explica que el “susto” es una constante en el relato de las sobrevivientes y que afecta a todas las áreas de la mujer porque conlleva un cambio en cómo se sitúa en el mundo y como se perciben en el futuro. “En el caso de las mujeres mayas todos sus proyectos de vida quedan alterados porque nunca más podrán corresponder al papel del madre o esposas alrededor del cual se habían construido”, continúa la experta.

A nivel psicológico quedan sentimientos de suciedad, culpa, vergüenza, soledad y depresión, intensificados además por el rechazo de la comunidad. Lo que en muchas ocasiones potencia el desarrollo de trastornos psiquiátricos. Para que las mujeres enfrenten los efectos de este tipo de violencia todos los terapeutas coinciden en lo mismo, la importancia de expresar lo ocurrido y la necesidad de justicia. Los testimonios de las mujeres víctimas presentados ante el Tribunal de Conciencia coincidieron todos en esos dos aspectos: el agradecimiento por la escucha pública y la exigencia de que el Estado responda por lo ocurrido.

Impunidad absoluta

El Estado guatemalteco no sólo ha sido señalado como violador del derecho jurídico internacional sino que, además, ha tenido una nula respuesta institucional a la necesidad de reconocimiento y resarcimiento de las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado.

De acuerdo con el peritaje de López Antillón, en Guatemala los casos de violación sexual que se cometieron en el marco del conflicto armado fueron parte de un plan militar, se realizaron a gran escala, de manera sistemática y generalizada y estaban dirigidos contra población civil indefensa, esencialmente maya. El jurista señala que estas características hacen que estas violaciones no puedan interpretarse como hechos aislados o crímenes de orden común sino “como parte de aquellos delitos que ofenden la conciencia de la humanidad y que son parte del derecho penal internacional”. Es decir, entran dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y genocidio, un tipo de crímenes que se acogen a las normas ius congens, que como explica De la Peña, significa que estos actos están prohibidos en todos los tiempos y en todas las situaciones y que por lo tanto no prescriben nunca.

El pronunciamiento final del Tribunal de Conciencia concluyó que “las responsabilidades de gran parte de estas violaciones alcanzan en la línea de mano militar y de la responsabilidad política y administrativa, a los más altos grados del ejército, policía nacional y de los sucesivos Gobiernos.” Y, sin embargo, aun no se ha registrado una sola sentencia por violación sexual durante el conflicto armado. Balmaseda incide en que a pesar de los informes de la CEH, donde se evidencian y documentan los casos, y diversas denuncias presentadas ante los tribunales de justicia por parte de personas individuales y organizaciones de mujeres e incluso por parte del Programa Nacional de Resarcimiento, el sistema de justicia legal sigue sin operar eficientemente.

Desde la Secretaria Presidencial de la Mujer del Gobierno de Álvaro Colom (SEPREM), Sonia Escobedo reconoce la importantísima labor que han hecho las organizaciones de mujeres de poner en la agenda pública el tema; afirma que este organismo comparte en su totalidad la declaración emitida por el Tribunal de Conciencia, aunque señala como importante debilidad el que no se haya contado con mayor participación institucional (la SEPREM se encontraba presente en calidad de invitada especial), y resalta el gran compromiso del actual gobierno. Cuestionada acerca de la ausencia de sentencias condenatorias y elementos específicos de reparación para las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado, Escobedo afirma que la SEPREM no es ejecutora de programas sino que tan sólo asesora a las diferentes instituciones del Estado y que el reconocimiento de estos delitos como crímenes de lesa humanidad es muy difícil porque toca el imaginario social que se refleja a su vez en las instituciones. “Por eso yo soy prudente y nunca digo que vamos a conseguir un cambio completo pero sí reconozco que se han hecho avances”, señalo la secretaria.

El Estado agresor

Esos avances no son, sin embargo, nada evidentes. La impunidad persiste en las violaciones actuales, del año 2005 al 2008 se presentaron 7,901 casos de violación sexual de los cuales solo 213 recibieron una sentencia condenatoria lo que representa un total 2.69% (3) y el cuerpo de las mujeres sigue siendo territorio de batalla. En los medios de comunicación aparecen continuamente informaciones sobre asesinatos de mujeres que aparecen con terribles señales de violencia: torturadas y violadas. Con frecuencia se mutila el cuerpo de manera que los resultados puedan ser “espectacularizados”. Estos asesinatos se dan en torno a la actividad de maras, redes de narcotraficantes o negocios ilícitos y se constituyen en una “violencia expresiva” que pretende mandar un mensaje al grupo contario (Inforpress 1827).

El Estado es responsable no sólo porque la impunidad generalizada -de antes y ahora- lanza un mensaje de tolerancia que reproduce y perpetúa el sistema de violencia contra las mujeres sino que, además, el mismo se sigue constituyendo como agente agresor activo. Tal y como pudo escucharse en diferentes testimonios presentados ante el Tribunal de Conciencia, las fuerzas de seguridad del Estado continúan en la actualidad ejerciendo violencia sexual contra mujeres indígenas en el marco de desalojos forzosos y otros conflictos con las comunidades. “Policías, militares y empleados de la minera violaron a algunas mujeres”; “en el primer desalojo yo me encontraba cocinando y vi que tiraron mi comida y los policías me violaron, mis hijos estaban conmigo y al darse cuenta de lo que estaba pasando salieron corriendo”; “me taparon la boca, me violaron, yo tenía 7 meses de embarazo y eran 12 policías”…. son relatos actuales para los que la respuesta institucional sigue siendo la misma: impunidad.

La agresión sexual también está siendo utilizada para atacar al movimiento sindical tal y como se extrae del documento Guatemala: el costo de la libertad sindical. Dicho informe alerta que además del asesinato de líderes sindicales (49 asesinatos desde el año 2005 hasta enero 2010), una de las prácticas más preocupantes y que se utiliza como forma de amenaza a las trabajadoras que pretenden sumarse a alguna organización sindical es la agresión sexual. Uno de los casos recientes es el de María Vásquez, secretaria general adjunta de la empresa Winners que el pasado 6 de enero fue secuestrada, torturada y violada en el marco de una serie de reclamos que mantenía contra la empresa por incumplimiento de leyes laborales y condiciones mínimas de trabajo en una empresa donde trabajan más de 900 mujeres (Inforpress 1834).

De la Peña señala que la violación suele ser usada como método de castigo especialmente cuando las mujeres son políticamente activas y como método de agresión o tortura para ahuyentar a las poblaciones de sus tierras ricas de petróleo o minerales. En su pronunciamiento final, el Tribunal de Conciencia concluyó que “las violaciones cometidas en la actualidad por miembros de fuerzas de seguridad combinadas por fuerzas policiales y militares en los procedimientos de desalojos de tierras ocupadas constituyen claramente delito de tortura contenido en el artículo 201 bis del código penal guatemalteco”.

Además de impunes este tipo de crímenes parecen ser invisibles. Ejemplo de esa invisibilización ha sido el mismo tratamiento informativo que ha tenido el Tribunal de Conciencia en los principales medios de comunicación del país con una cobertura mediática escasa y carente de elementos de reflexión. La hermana de una mujer víctima de violencia sexual y desaparición forzada expresaba ante el Tribunal de Conciencia que “sólo nosotras abrimos la boca para romper la impunidad de este país, sólo con la justicia vamos a acabar con la impunidad y sólo acabando con la impunidad vamos a tener paz”.

Algo con lo que coincide Sandino Asturias quien afirma que “para permitir la construcción de una nueva nación con un Estado de Derecho, justicia, sin impunidad, violencia, ni racismo es necesario condenar al Estado de Guatemala y al ejército por la responsabilidad de los hechos cometidos.

Notas:

(1) Extracto del primer testimonio presentado ante el Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres durante el conflicto armado interno en Guatemala celebrado el 4 y 5 de marzo 2010.

(2) Según Sandino Asturias “a diferencia del ejército, la guerrilla no utilizó de manera sistemática la violación sexual como arma de guerra. Sin embargo, integrantes de las fuerzas guerrilleras, individualmente, abusaron sexualmente de mujeres dela población civil que les apoyaba. Sobre todo en la región de Huehuetenango. A pesar de tener planteamientos políticos e ideológicos de transformación social y económica, las fuerzas guerrilleras seguían manteniendo valores, creencias y prácticas patriarcales”.

(3) Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de las autoras mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

América Central: Crece la barbarie...

Por Danilo Valladares

(IPS) - Los femicidios, la trata y la impunidad aumentan en América Central, dentro de una espiral de violencia contra las mujeres que adquiere tintes de barbarie, según investigaciones realizadas en el área.

En el Día Internacional de la Mujer, este lunes 8, una jornada nacida para reivindicar la lucha femenina por conquistar la paridad de derechos y oportunidades, las centroamericanas tienen razones para sentir que, lejos de avanzar, retroceden en temas como la violencia de género.

"Entre 2003 y 2009 en la región prácticamente se duplican los homicidios de mujeres, casi todos en manos de hombres, y aumenta el grado de crueldad con el que se cometen", dijo a IPS Ana Carcedo, autora de una investigación sobre el femicidio en el istmo centroamericano, recién divulgada.

Entre 2003 y 2006 la tasa de mujeres asesinadas en Honduras pasó de tres a seis por cada 100.000.

Sin embargo, los países centroamericanos con mayor número de asesinatos de mujeres son Guatemala y El Salvador, que sobrepasan los 10 homicidios por 100.000 mujeres. En Guatemala fueron asesinadas 5.027 mujeres entre 2000 y 2009.

Son grados de "epidemia", subraya el estudio sobre las mujeres asesinadas en esos dos países la última década.

Es además un auge de homicidios muy superior al de los hombres, "lo que denota un factor asociado a la condición de género detrás de esas muertes", explicó Carcedo, directora ejecutiva del Centro Feminista de Información y Acción, con sede en Costa Rica.

Justamente el femicidio define en las nuevas leyes contra la violencia sexista el asesinato de una mujer por razón de género.

En el periodo 2000-2006, los homicidios contra víctimas masculinas aumentaron 40 por ciento y contra víctimas femeninas 111 por ciento. En tanto, en Guatemala entre 1990 y 2004 la proporción de hombres asesinados aumentó en 100 por ciento y la de mujeres en 183 por ciento.

Esta barbarie tiene variadas explicaciones, pero la impunidad y la falta de persecución penal son particularidades persistentes en América Central, considera Carcedo.

"Los femicidios tienen su origen en la posición de subordinación de las mujeres en la sociedad frente a los hombres", dijo.

"Pero su aumento en la región solo se puede explicar por la confluencia de las tensiones económicas, que colocan a las mujeres del lado de los perdedores y las atrapa en escenarios de alto riesgo para sus vidas", planteó la experta.

También es alimentado "por la complicidad de los sectores políticos, económicos y sociales más poderosos", acotó.

Con ese contexto, Carcedo considera que sin la impunidad esta escalada no hubiera sido posible, y su estudio refleja ese elemento.

En 37 por ciento de los asesinatos de mujeres en 2003 falta información sobre cómo ocurrieron, quién los cometió o en qué contexto. Esto "es particularmente grave en el caso de Guatemala donde la proporción asciende a 70 por ciento", señala el informe.

"La impunidad envía un mensaje de tolerancia a los femicidas y a la sociedad en general, el mensaje de que se puede matar mujeres porque sale gratis. Es como colgar el cartel de que se levanta la veda en el coto de caza del sexismo", afirmó Carcedo.

En respuesta, Costa Rica, en 2007, y Guatemala, en 2008, aprobaron leyes específicas para castigar el femicidio, si bien aplicar la legislación adecuadamente y obtener resultados palpables es aún solo una meta. En El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá también hay leyes contra la violencia sexista, pero menos actuales.

Otra amenaza de las que tienen que enfrentar las más de 21 millones de centroamericanas, prácticamente la mitad de la población total del istmo, es la trata de personas.

Ana Hidalgo, coordinadora de la Unidad de Trata de Personas para Centroamérica y México dentro de la Organización Internacional para las Migraciones, realizó el estudio a partir de 46 testimonios, principalmente de mujeres adultas que sobrevivieron a la experiencia.

"Se trata de un problema en expansión en todos los países del área, cuyos fines no se limitan a la explotación sexual, sino también a la laboral", concluyó el informe realizado en el bienio 2007-2008.

El estudio fue realizado dentro del Plan Regional contra la Trata de Mujeres 2007-2009 a pedido del Consejo de Ministras de la Mujer Centroamericana, al igual que el del femicidio y otro sobre el trabajo doméstico remunerado. Todos fueron presentados en febrero en Madrid, en la sede de la Agencia Española para la Cooperación Internacional, que ha apoyado el proyecto.

La investigación sobre la trata reveló que existe una "trata interna" y con un "mercado regional", que se concentra en especial en México, Guatemala y Costa Rica.

A la expansión del delito contribuye, nuevamente, la impunidad, junto con la complicidad policial, la no existencia de protocolos o prácticas de repatriación, la exclusión social y la violencia contra la mujer.

Ana Suyapa Rivera, psicóloga del Programa de Prevención y Atención a la Violencia contra las Mujeres del hondureño Centro de Derechos de Mujeres, dijo a IPS que los femicidios y la trata de personas son temas preocupantes para las mujeres de su país.

La situación de la mujer en Honduras se tornó aún más delicada tras el golpe de Estado del 28 de junio contra el entonces presidente Manuel Zelaya, a raíz del cual se conformó el movimiento de Feministas en Resistencia y una Plataforma de Derechos Humanos.

Rivera precisó que entre el 28 de junio y el 30 de octubre se recogieron y sistematizaron 217 testimonios de mujeres que sufrieron violaciones a sus derechos, dentro de la represión del gobierno golpista de Roberto Micheletti, que el 27 de enero cedió el poder a Porfirio Lobo, elegido dos meses antes.

En su vecina Guatemala, la situación no es menos preocupante. Nora Soto, dirigente la organización feminista Tierra Viva, dijo a IPS que el aumento de los femicidios continúa.

Entre enero y septiembre de 2009 los tribunales recibieron 15.860 casos de violencia, en que las mujeres eran las víctimas de 3.857. Solo 178 de estos últimos pasaron a la justicia penal, denunciaron organizaciones de mujeres.

Soto sumó a los problemas de la mujer, los rezagos en la atención de sus necesidades en salud, educación y combate a la pobreza, donde ella "es la última en la fila".

Luisa María De León, del Grupo Guatemalteco de Mujeres, dio a IPS una visión más optimista. A su juicio, la violencia contra la mujer no ha crecido en realidad, lo que sí lo han hecho son las denuncias, porque ahora las mujeres cuentan con herramientas e instancias para hacerlo.

"Hace cinco años no había una ley que posibilitara que ellas denunciaran", señaló en referencia a la Ley contra el Femicidio, vigente desde hace dos años

Justicia de Guatemala se niega a tipificar el femicidio como delito

Fuente: Cimac Noticias
La casi nula aplicación de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra las Mujeres, pone en evidencia la profunda crisis del sistema de justicia guatemalteco, país centroamericano en donde las autoridades no procesan este flagelo como delito.

Las cifras ilustran la situación. Hasta el momento, se reportan cinco sentencias por femicidio contra las mujeres, pero el aparato de justicia prefiere utiliza la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, una ley que no es de carácter punitivo, pero que con algunas enmiendas puede contribuir a brindar protección a la población femenina, según un reporte del diario El Periódico.

La Comisión de la Mujer del Congreso de la República ingresó recientemente a la Comisión de Puntos Constitucionales, una propuesta de reformas a algunos artículos de la citada normativa, para asegurar que el agresor abandone el hogar y pague de inmediato la pensión alimenticia para su pareja e hijos.

Pero la debilidad de la Ley para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar es que no prevé sanciones y desde su promulgación 13 años atrás, las y los jueces se han negado a ver la violencia contra las mujeres como un delito, enfatizó Hilda Morales, titular de la Comisión para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conaprevi).

Las reformas son innecesarias, se alcanzarían mejores resultados si el sistema de justicia aplicara correctamente la Ley contra el Femicidio; también sería determinante que la Escuela de Estudios Jurídicos incluyera la temática en su pensum de estudios y erradicar añejos prejuicios donde se culpa a las mujeres de la violencia que padecen desde tiempos ancestrales, concluyó Morales.

Poca respuesta de Guatemala a violencia contra mujeres

CIMAC

La poca o casi nula respuesta del Estado a la violencia contra la mujer contribuye a que los atropellos continúen y aumenten, indicó Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Según información de Prensa Libre, Castresana, durante la clausura del seminario sobre la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas “Ver, enfrentar, resolver” que se lleva a cabo en esa nación, dijo que Guatemala es el tercer país en Mesoamérica con mayores índices de violencia contra la mujer.

A decir de Castresana, la tendencia apunta a un incremento de la violencia contra mujeres; de hecho, se ha dicho que Guatemala podría ocupar el primer lugar en el mundo en este tipo de crímenes.

Entre 2005 al 2007 se reportaron un mil 986 casos de feminicidio; de ellos sólo 93 fueron denunciados formalmente en las instancias de justicia, y únicamente en 43 hubo condena. Esto equivale a 2.1 por ciento de efectividad y 97.9 por ciento de impunidad.

Castresana afirmó que en Guatemala los ministerios de Educación y Salud no han implementado medidas de prevención, lo que en los hechos significa que los asesinatos contra mujeres pueden continuar y que nadie hará nada para impedirlos.

Los hombres también deben incorporarse a la lucha para erradicar las agresiones contra la población femenina, las cuales tienen su origen en la dominación de ellos o en la liberación del sometimiento que ellas buscan.

Por su parte, Óscar Perdomo, secretario ejecutivo contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, manifestó que una solución podría ser institucionalizar los procesos, de manera que las acciones sean llevadas a cabo en forma coordinada.

Perdomo subrayó la necesidad de implementar las leyes que han sido aprobadas para minimizar la violencia de género, las cuales muchas veces no se ponen en práctica por falta de fondos.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, promueve la campaña “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, la cual será lanzada a nivel latinoamericano en Guatemala por ser uno de los países con los más altos índices de este flagelo.

Según Ki-moon, el esfuerzo regional se enfocará en poner fin a la impunidad en las agresiones contra las mujeres y las niñas con base en la implementación de los marcos jurídicos internacionales y nacionales, el apoyo de los gobiernos al cumplimiento de sus compromisos, la movilización de una amplia gama de actores claves y del empoderamiento de las mujeres y de sus comunidades para poner fin a la violencia contra ellas.

Crece feminicidio y represión contra activistas en Guatemala

Por: Gladis Torres Ruiz / CIMAC

Rechazan Rigoberta Menchú Tum, Jody Williams , Mairead Maguire y Shirin Evadí, todas premio Nobel de la Paz, así como activistas españolas y mujeres defensoras de derechos humanos, todas las formas de violencia de las que son víctimas las guatemaltecas de manera cotidiana y se declararon alarmadas por el creciente feminicidio en el país.

Es tal el problema de violencia contra las mujeres, que Naciones Unidas adelanta que la Campaña Internacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas este año arrancará en el país centroamericano.

Durante el panel titulado “Las mujeres en Guatemala: Luchas Actuales”, realizado en el marco de la conferencia “Mujeres Redefiniendo la Democracia para la Paz, la Justicia y la Equidad”, auspiciada por la Iniciativa de Mujeres Premio Nobel, (NWI’s por sus siglas en inglés), que se celebra en esta Ciudad de Antigua, Guatemala, que finaliza hoy, las panelistas coincidieron en señalar que en los últimas fechas los asesinatos contra mujeres se han acrecentado.