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lunes, diciembre 12, 2011

México: Mujeres "guardadas" en la morgue de Juárez

¿Dónde las encontraron? ¿Cuánto tiempo llevaban enterradas? ¿Cuánto tiempo llevan en la morgue? ¿Por qué ocultan las autoridades la información? ¿Quiénes eran en vida estos cuerpos masacrados?
Guadalupe Lizárraga / Los Ángeles Press / KR
“Tardaron mucho en decidirse, y en entregarla”, dijo en los pasillos de la fiscalía del Estado, una funcionaria pública para referirse al cuerpo de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida en Ciudad Juárez, el 18 de enero de 2008. Las autoridades locales habían retenido el cadáver de la joven en las instalaciones del Servicio Médico Forense “desde hace tiempo”, sin informar con precisión cuánto, y porqué no habían informado a sus familiares.

Adriana tenía 15 años cuando fue secuestrada. Ella y su amiga Griselda regresaban de la Preparatoria Allende, con rumbo a su casa, en un autobús de la ruta Juárez-Zaragoza. Griselda bajó dos cuadras antes de llegar al centro de la ciudad, donde aún vive. Adriana continuaba sola, como todos los días, dos cuadras más en el mismo autobús por la avenida Miguel Ahumada, y caminaría una cuadra por la calle Francisco Javier Mina, para tomar un segundo autobús hacia la colonia Mariano Escobedo, donde vivía con sus padres. A su casa nunca llegó. Y en ese tramo, donde habría estado sola unos 12 minutos antes de tomar el segundo transporte, desaparecieron otras tres jóvenes en diferentes fechas, dos de ellas asesinadas y retenidas en la morgue, y otra identificada en una audiencia de televisión en Los Ángeles, California, sin dar con su paradero.

La madre de Sarmiento publicó en diferentes sitios digitales la desaparición de su hija y la ayudaron a pegar miles de pesquisas por el centro de la ciudad. Sin embargo, estaba totalmente destrozada por el dolor, y no pudo continuar con el resto de las madres que se han organizado para seguir buscando a sus hijas.



Cadáveres guardados por años

“El cuerpo de Adriana Sarmiento pudo haber sido retenido en la morgue por un año o más”, señaló una fuente a Los Ángels Press, y guardamos su anonimato por seguridad. Así fue el caso de Hilda Gabriela Rivas Campos, de 16 años, desaparecida en febrero de 2008 y asesinada ese mismo año. Su cadáver lo encontraron en el Kilómetro 57 del Valle de Juárez, y fue retenido en la morgue durante tres años hasta que las autoridades decidieron notificar a su madre, el 27 de septiembre de 2011, alegando “que tenían que hacer la prueba de ADN y compararlas con las muestras que dan los familiares de las víctimas”.

Carmen Castillo, madre de Mónica Liliana Delgado Castillo, esperó mucho menos para que las autoridades notificaran y entregaran el cadáver de su hija. Mónica desapareció en enero de 2011 y tenía 18 años. Su cuerpo también fue localizado en el Kilómetro 57, a los días de haber sido asesinada y lo entregaron nueve meses después, junto con el de Hilda Gabriela, el mismo 27 de septiembre, en una conferencia de prensa organizada por las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a la que Carmen Castillo prefirió no asistir.

También han sido “guardados” siete cadáveres de mujeres sin identificar y sin informar oficialmente a la opinión pública, que fueron encontrados en Loma Blanca, del Valle de Juárez. Se desconoce el tiempo y las circunstancias por las que las guardan en la morgue, pese a que las madres de las desaparecidas están en constante búsqueda de sus hijas y preguntando a la Fiscalía por los avances de las investigaciones.

El cuerpo de Jazmín Villa Esparza es otro de los que se encuentra en la morgue. Ella desapareció el 3 octubre de 2010, de 13 años de edad. Fue encontrada sin vida en el poblado de San Agustín, según afirmó la fuente a Los Ángeles Press, sin que sepa con precisión cuándo la encontraron muerta, por qué sigue en las instalaciones del servicio forense y por qué no ha sido entregada a sus familaires.

Su madre, Isela Esparza Morales, reclamaba a la Fiscalía del Estado, en febrero de 2011, que “a su hija no la buscaban”, que “a nadie le importaba, porque no se había hecho un solo rastreo”. Sin embargo, no recibió ayuda ni información alguna sobre el avance de la investigación, y el cuerpo de su hija podría haber estado ya desde entonces en la morgue.

15 cadáveres más

Recientemente, encontraron otros quince cadáveres de mujeres, enterrados en una misma fosa, en el Valle de Juárez. Esta información tampoco la han querido dar oficialmente las autoridades y todavía se desconoce el lugar exacto donde fueron encontrados. Los cuerpos, retenidos en el Servicio Médico Forense, algunos se encuentran con ropa y otros completamente desnudos. Las edades oscilan entre los 17 y los 20 años. Son cuerpos con rastros de violencia, de sadismo, algunos mutilados.

“Van a buscar la manera de cómo entregarlos”, señala la fuente, “pero parecería que retienen los cadáveres con dolo, como si no quisieran entregarlos. Quizá por no sembrar el terror, pero es la misma historia desde 1993, nada ha cambiado”, lamenta.

De 26 cadáveres de mujeres que han sido retenidos en la morgue, incluyendo el de Adriana Sarmiento, ya han sido identificados y entregados dos a sus familiares, el de Hilda Gabriela Rivas y el de Mónica Liliana Delgado, encontrados en el Kilómetro 75. Otro cadáver ha sido identificado como Jazmín Villa Esparza, encontrado en San Agustín, y no ha sido notificado a su madre. Hay siete cadáveres sin identificar que fueron encontrados en Loma Blanca, y otros 15 más, también sin identificar, encontrados en el Valle de Juárez, sin precisar el poblado.

La Fiscalía General del Estado tiene muchas respuestas que dar a las madres de Juárez. Por lo pronto, las preguntas se quedan en el aire, ¿dónde las encontraron? ¿Cuánto tiempo llevaban enterradas? ¿Cuánto tiempo llevan en la morgue? ¿Por qué ocultan las autoridades la información? ¿Por qué desaparecen pistas? ¿Quiénes eran en vida estos cuerpos masacrados?

sábado, diciembre 03, 2011

Norma Andrade, hospitalizada en estado grave tras ser tiroteada en Ciudad Juárez

EUROPA PRESS La activista mexicana Norma Andrade, una de las dirigentes del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que denuncia la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, ha sido hospitalizada en estado grave tras ser tiroteada por un grupo de presuntos delincuentes cuando salía del trabajo, según ha informado el diario mexicano 'El Universal'.

La Red ha señalado a través de un comunicado que "varios hombres dispararon a Norma Andrade cuando salía de su trabajo en Ciudad Juárez y está hospitalizada", y ha exigido a las autoridades que esclarezcan el caso.

Andrade es la madre de Lilia Alejandra García Andrade, que fue asesinada en febrero de 2001, y de la directora de la Red, Malú García, quien se encuentra exiliada por amenazas de grupos de narcotraficantes.

La Fiscalía General del estado de Chihuahua ha confirmado que Andrade ha recibido al menos cinco impactos de bala, aunque ha atribuido el ataque a un intento de robo del vehículo. Sin embargo, fuentes cercanas a la activista han aseverado que se trata de un intento de asesinato por parte de miembros de un cártel de la droga.

En los últimos dos años, un total de cinco activistas han sido asesinados por el crimen organizado y otros doce han tenido que abandonar el país a causa de las amenazas, según ha informado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua.

viernes, abril 08, 2011

Un cómic por las mujeres de Ciudad Juárez ¡Viva la vida!

La Nuez
El historietista de Niza, poco conocido en España, publica un cuaderno de viaje sobre el horror que vive la ciudad mexicana.
La ciudad más peligrosa del mundo también sueña
Un retrato a cambio de un sueño. Así es como Baudoin y Troubs, abordando a la gente en la calle, se plantean retratar la mexicana Ciudad Juárez, quizá la urbe más peligrosa del mundo, donde los asesinatos de mujeres y la violencia vinculada con el narcotráfico son el pan de cada día. Sin embargo, a través de sus ojos, la ciudad fronteriza resulta rebosar de vida y de sueños.
El origen de Viva la vida se halla en la novela del escritor chileno Roberto Bolaño, 2666, que gira en torno a los misteriosos asesinatos de más de 400 mujeres en Ciudad Juárez. Su lectura fue el germen que incitó a Baudoin a emprender el viaje hacia la ciudad fronteriza, junto con Troubs, para reflejar y dar a conocer a través de sus dibujos esa cruda realidad, e intentar comprenderla. Sin embargo, recogiendo los testimonios, los anhelos y los sueños de los lugareños, no sólo fueron conociendo la brutal realidad de Ciudad Juárez, sino también la de una ciudad generosa y acogedora.

“Me gustaría viajar”, “Quiero pintar”, “No más pobreza”, “Pasear por la ciudad sin tener miedo”, “Hacerme vieja”. Un dibujo, un sueño. Un dibujo, un sueño. Miradas llenas de esperanza, sonrisas que creen en la vida. Y es que el motor principal de los retratos de Baudoin y Troubs es éste, reflejar sobre el papel que más allá de la violencia, el sufrimiento y la muerte, sobre todo hay vida; y lo quieren celebrar.










Reseña de El País AQUí

miércoles, enero 19, 2011

Violencia generalizada: La muerte tiene permiso en México

Sara Lovera
(Especial de SEMlac).- La gráfica del investigador Fernando Escalante Monsalbo da escalofrío. La imagen de un crecimiento vertical y ascendente de homicidios en México, que rebasa el cuadro con tinta roja, deja helada la pupila.

Entre 2008 y 2009, los homicidios en el país crecieron 50 por ciento y no sólo por la guerra entre pandillas o narcotraficantes. Suman 43.000 casos de mujeres y hombres.

Las gráficas señalan una enorme cantidad de acontecimientos donde se levantan dos temas abandonados por la historia reciente: la violencia institucional; es decir, la persecución, la represión y la desaparición forzada y el enfrentamiento en pueblos y comunidades con el viejo cacicazgo, y el abuso cotidianos.

En la prensa, los medios de comunicación y los espacios oficiales todo se explica por la lucha y la guerra contra el narcotráfico. Escalante Monsalbo dice que no es cierto; hay más que explicar.

En este contexto, los asesinatos de mujeres —mujeres como cualquiera y mujeres luchadoras— se dan en un clima de violencia y miedo generalizados: Ciudad Juárez con más de 446 asesinatos en 2010 y la región del Estado de México (circundante a la capital de país) con 546 homicidios femeninos entre 2007 y 2009.

El investigador de El Colegio de México señala que en 24 meses se rompió una tendencia, sostenida durante 20 años, de disminución de los homicidios no relacionados con el narcotráfico, y "se rompe con ella de un modo violentísimo", asegura.

Su observación coincide con los datos del homicidio de mujeres. Según el Observatorio Nacional del Feminicidio, cuyo informe quedó hasta junio de 2010, entre enero de 2009 y junio siguiente 1.728 mujeres fueron asesinadas sólo en la mitad del país, 40,9 por ciento entre 11 y 30 años y sólo se reportaron 40 sentencias. Es decir, la autoridad solo logró investigar y sancionar a cuatro por ciento de los responsables.

Para Escalante Monsalbo no existe explicación para este súbito incremento de homicidios y violencia contra mujeres, jóvenes, indígenas, docentes, periodistas y toda clase de litigantes, así como defensoras de los derechos humanos.

Para las organizaciones de derechos humanos, las feministas y los organismos internacionales es claro que el contexto de la "guerra" que vive el país, esa que definió el Ejecutivo contra el crimen organizado, es el contexto que da lugar al aumento de los crímenes por venganza, por odio, por sexo, por opción sexual, racista, que se exacerbaron a partir de una frase utilizada por el investigador de El Colegio de México: "en nuestro país la muerte tiene permiso".

Los dos casos más recientes son el asesinato de Marisela Escobedo y la muerte violenta de Susana Chávez. La primera, abierta militante contra la impunidad y la injusticia. La segunda, antigua denunciante de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y autora de la frase que ha traspasado fronteras: Ni una muerta Más.

Uno de estos crímenes sucedió el 16 de diciembre pasado, ante los ojos de toda la nación —proyectado en la televisión—, y el otro en una callejuela de Ciudad Juárez, aparentemente a manos de la delincuencia común.

En 2008 hubo 5.500 homicidios más que en 2007 y en 2009 hubo 5.800 más que en 2008 y 3.000 más que en 1992. Es decir, que 2009 fue, con mucha diferencia, el año con mayor número de homicidios de nuestra historia reciente.

Es obvio, a la vista de los números, que el cambio de tendencia ocurre en el segundo año del gobierno del presidente Felipe Calderón y no antes; hay, en números absolutos, un ligero incremento en 2005 y 2006, unos 500 casos más cada año, pero el volumen general es consistente con la tendencia histórica. Lo que ocurre después es muy distinto, afirma Escalante Monsalbo.

La impunidad

Los asesinatos de Susana y Marisela, que se dan en un clima de inseguridad y violencia generalizado, se suman a una serie de agresiones, atentados, amenazas y homicidios ocurridos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos registrados en diversas regiones del país.

Así lo sostienen 70 organizaciones de 23 entidades del país que han generado, en las últimas semanas, una movilización nacional con reflejo internacional. Este 17 de enero se esperan protestas en cadena en las embajadas de México, en muy diversos países de América Latina y Europa.

Este grupo de organizaciones, al que se han sumado organismos eclesiales y empresariales, afirma que la constante en estos casos ha sido la falta de investigación y la ausencia de medidas preventivas para proteger la seguridad, la integridad y la vida de las y los defensores.

La exigencia de este grupo amplio es que el gobierno mexicano ponga en práctica el mecanismo que impone la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en vigor desde el 23 de diciembre, medidas solicitadas en octubre de 2010 a la Comisión Interamericana de Derechos humanos(CIDH). Pero el Estado Mexicano no responde.

Negativa tras negativa

En medio de los asesinatos de Marisela y Susana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) pidieron el 8 de diciembre al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) una declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México.

Ese mecanismo se creó a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de investigar y tomar medidas inmediatas e integrales para erradicar la violencia feminicida detectada en esa entidad, donde 556 mujeres fueron asesinadas en menos de 24 meses, en regiones bien localizadas.

En respuesta a esta solicitud, el día 11 de enero el Sistema Nacional decidió, de manera infundada, en sesión extraordinaria, negar la procedencia de dicha solicitud. Con esta decisión, el sistema anuló la posibilidad de sentar un precedente para la protección contra el feminicidio, asegura Julia Escalante, de la Campaña Nacional por la Libre Opción, así como las integrantes del Pacto por la Vida y la Libertad de las Mujeres.

En su opinión, se trata de una decisión contraria a los estándares internacionales de protección a una vida libre de violencia y fortalece el patrón de impunidad y discriminación por razones de género, factores que agudizan el feminicidio.

La movilización internacional exige, en un comunicado, la revisión de los 556 asesinatos de los cuales se desconoce la identidad de los asesinos, analizar los factores que contribuyen a que en el Estado de México se encontraran 99 cuerpos de mujeres violentados, de los que no se pudo conocer la identidad de la víctima.

El sistema está integrado por las titulares de los Institutos de las Mujeres y, al desecharlo, firmaron 20 de las 32. Ello, según la diputada Enoè Uranga, tiene que ver con que el actual gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, es el más visible precandidato a la presidencia de la República que se renovará en 2012 y pertenece al viejo partido de Estado, el Partido Revolucionario Institucional.

Mujeres feministas que hicieron una caminata el sábado 15 de enero, por la avenida Reforma, una de las arterias principales de la ciudad de México, dijeron que se trató de una decisión arbitraria, en la que prevalecieron los intereses partidarios sobre la vida de las mujeres, lo que constituye violencia institucional.

La violencia y la guerra

Joaquín Villalobos, ex miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y consultor para la resolución de conflictos internacionales, hace una relación directa con la política del actual régimen y la situación violenta e ingobernable en México, donde las víctimas principales son mujeres y adolescentes; indígenas y pobres.

Desde el conflicto en los Balcanes, las guerras dejaron de ser consideradas los clásicos enfrentamientos entre dos contendientes. Se convirtieron en confrontaciones entre múltiples actores que luchan movidos por fanatismos nacionalistas o religiosos, o que se disputan recursos involucrando a bandidos, combatientes y fuerzas del Estado.

En México, el centro del conflicto es el valor de la ruta para introducir drogas a Estados Unidos. Los miles de millones de dólares que produce esa ruta generaron unos poderes fácticos criminales, con ejércitos privados que se hicieron dueños de la frontera norte de México y parte de la frontera sur de Estados Unidos.

El 80 por ciento de los homicidios ocurren en la frontera norte y una parte importante de la violencia que tiene lugar en el resto de México guarda relación con lo que ocurre allí.

A ello, dice el consultor, hay que agregar que México tiene situaciones de impunidad, corrupción y debilidad institucional, pero esos problemas no tenían por qué derivar en una guerra. Han sido el valor como ruta de la droga, los miles de millones de dólares y las decenas de miles de armas provenientes de Estados Unidos los factores principales en la generación del conflicto.

El gobierno de México le ha decomisado más de 75.000 armas y más de 400 millones de dólares a los cárteles en tres años. La cantidad de armas creció exponencialmente, como resultado de una carrera armamentista entre cárteles en los últimos cinco años. Esas armas son más que lo que los gobiernos colombianos le han decomisado a las FARC en varias décadas y es tres veces lo que las guerrillas de El Salvador lograron introducir desde Nicaragua durante la guerra civil en ese país.

Se suman las pandillas que existen en Centroamérica y también en Ciudad Juárez: la violencia forma parte de su identidad y no es sólo un mecanismo de defensa.

Esta violencia es por ello más irracional y difícil de controlar, y su crecimiento es señal de agravamiento del problema. En el caso del crimen organizado en México, la violencia es instrumental, les sirve para defender sus "negocios", para intimidar y controlar territorio y para hegemonizar en rutas y plazas frente a otros grupos criminales.

El ex combatiente opina que la guerra en México está entrando en una fase más definitoria: la violencia cuantitativa podría ir disminuyendo, pero aparecerá una de mayor impacto, con efectos negativos para toda la población.

Norma Ledezma, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, asegura que en el norte, en Chihuahua, una mujer fue asesinada cada 20 horas en 2010, y sólo en Ciudad Juárez sucedieron 306 de los 446 homicidios femeninos de toda la entidad.

Habría que agregar que, en esta guerra de nadie, en Chihuahua y otras 11 entidades también campea la desaparición de mujeres, principalmente jóvenes.

Entre enero de 2008 y marzo de 2010 se alcanzó el mismo nivel de feminicidios acumulados durante 14 años precedentes: 567 casos. En este mismo periodo, los crímenes contra mujeres se incrementaron en el Estado de México, Veracruz y Quintana Roo, informó el Observatorio.

Una de las consecuencias más graves derivadas de esta problemática es la invisibilización y la minimización de la violencia contra las mujeres y el feminicidio en los últimos dos años.

lunes, enero 10, 2011

México: Inician Jornada por la Justicia en Juárez

Por: Gladis Torres Ruiz / Cimac
Madres y familiares de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, iniciaron ayer la Jornada por la Justicia, la cual realizarán durante todo 2011 a fin de exigir resultados y atención a las desapariciones de mujeres, ya que cerca de la mitad podría estar ligada a la trata de personas.

En entrevista telefónica, Marisela Ortiz Rivera, directora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, informó que ayer se llevó a cabo la primera actividad de esta jornada la cual consistió en tapizar las ventanas de la Fiscalía General del Estado (FGE), con las fotos y datos de las mujeres desaparecidas en la entidad.

Ayer se cumplieron dos años de la desaparición en Ciudad Juárez de la adolescente de 17 años de edad Brenda Berenice Castillo.

La activista precisó que el objetivo de esta jornada es visibilizar el problema de las jóvenes desaparecidas de la entidad, las cuales aumentaron gravemente en los últimos tres años.

Tan sólo en 2008 se registraron 34 reportes de “desaparecidas de riesgo”, es decir, de casos en los que las autoridades descartan que la víctima “huyó con el novio o vivía violencia en el hogar”, aclaró Marisela Ortiz. Explicó que en 2009 hubo 73 de estos casos y en 2010, 29. Recordó que en 2007 sólo se registraron 4 casos. Las jóvenes desaparecidas tienen entre 15 y 18 años de edad, precisó.



“(Lo anterior) demuestra la falta de voluntad política del gobierno de Chihuahua para buscar a las víctimas”, por ello, detalló, se decidió pegar en las ventanas de la Fiscalía las fotos de las mujeres cuando se cumpla el aniversario de la desaparición de alguna de ellas. Dijo que es una protesta simbólica para “restarle luz a la autoridad que mantiene a las víctimas y sus familias en la oscuridad”.

Ortiz adelantó que tan sólo en este mes de enero se realizarán cuatro actos similares en las instalaciones de la Fiscalía.

Por su parte, Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo, señaló vía telefónica que hasta el momento las autoridades no tienen ninguna línea de investigación para localizar a su hija.

Cabe recordar que Alicia García llegó al Distrito Federal el pasado 9 de junio, proveniente de la ciudad de Chihuahua, luego de recorrer el país junto con la activista Marisela Escobedo (asesinada el pasado 16 de diciembre) y familiares de víctimas de feminicidio.

Aquí se reunieron con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes se comprometieron a que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y trata de personas (Fevimtra), atraería el caso de Brenda Berenice, lo que cumplió, sin embargo hasta el momento no hay avances significativos en las investigaciones.

TRATA DE MUJERES EN CHIHUAHUA

Al respecto Marilú Andrade, directora general de asuntos jurídicos de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, demandó que las autoridades acepten las denuncias de desaparición de mujeres y que investiguen el posible delito de trata de personas. “Tenemos los argumentos suficientes para mostrar que el 17 por ciento de los casos de desapariciones de mujeres jóvenes están ligados a la trata”, explicó.

La activista detalló que en estos casos el patrón y el perfil de la víctima son similares, es decir niñas de entre 15 y 18 años que desaparecen en la zona centro de Juárez, por mencionar algunas similitudes. “Tenemos dos casos en que las jóvenes acudieron al mismo lugar de la zona centro a pedir trabajo antes de desaparecer”, a pesar de ello la Fiscalía no las acepta como trata de personas, señaló.

Marilú Andrade precisó que tienen seis casos documentados en los que existen argumentos para sostener que hubo trata de personas, por ello solicitaron que la Unidad de Personas Ausentes y Extraviadas de la Procuraduría estatal deje el caso a la Fevimtra.

Detalló que en algunos casos las y los familiares han recibido llamadas telefónicas de sujetos que les dicen que la joven desaparecida se encuentra en algún estado de la República, y que cuando las autoridades rastrean la llamada y llegan al domicilio no realizan interrogatorios ni investigan a quienes viven el lugar.
http://www.cimacnoticias.com/site/11010705-inician-jornada-por.45809.0.html

jueves, agosto 26, 2010

Las nuevas muertas de Ciudad Juárez, ¿cuántas son?

Inma Gil / BBC
Ciudad Juárez es considerada la más violenta de México.
Una enrevesada maraña de datos, intereses y matices semánticos hace difícil responder a esta pregunta aparentemente tan sencilla.

Las cosas se complican con sólo comparar las cifras de mujeres asesinadas de los diferentes organismos: más de 150 muertas en Ciudad Juárez en lo que va del año, según una reconocida red de Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) locales, frente a las apenas 3 registradas durante los primeros seis meses de 2010 de acuerdo a la Procuraduría (Fiscalía) General del Estado de Chihuahua.

La diferencia entre los números de unos y otros es abismal, y hasta preocupante si se tiene en cuenta que hablamos de discrepancias de cientos de mujeres muertas a lo largo de los años.

Lo que sí está claro para todos los sectores es que los casos de "feminicidio" (asesinatos por razones de género) siguen manchando el historial de esta violenta ciudad mexicana, aún 17 años después de que salieran a la luz pública por primera vez.

"Sigue existiendo el feminicidio, no podemos negar la realidad", admitió Luisa Camberos, directora general del Instituto Chihuahuense de la Mujer.


Eso sí, han cambiado las formas. Varias activistas le dijeron a BBC Mundo que desde 1993 se ha ido diversificando la violencia contra la mujer y se ha ido haciendo mucho más compleja.

Critican, sobre todo, el proceso de "invisibilización" social y política que los feminicidios de Ciudad Juárez han tenido desde el inicio de la ola de creciente violencia por parte del crimen organizado.

La atención de instituciones y medios de comunicación está ahora puesta en otro tipo de muertos en Juárez: los del narcotráfico, que sólo durante los primeros seis meses de 2010 sumaron 1.700.

Esta ciudad de aproximadamente un millón y medio de habitantes, fronteriza con El Paso (Texas), es considerada la más violenta de México y es escenario de frecuentes enfrentamientos entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa.

Feminicidios "camuflados" entre la violencia
Pero "la violencia contra las mujeres no se ha detenido"h, le dijo a BBC Mundo Imelda Marrufo, portavoz de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, que agrupa a 13 organizaciones locales que trabajan directamente con mujeres vulnerables y familias de víctimas.

Creciente violencia en Ciudad Juárez
•En 2008 se registraron 1,600 asesinatos
•En 2009 se registraron 2,650
•En 2010 se contaron 1,700 sólo durante los primeros seis meses
•Desde diciembre de 2006 México acumula 28.000 muertos por causa del crimen organizado
Según los cálculos de su organización, mucho más alarmantes que los de la Procuraduría del Estado de Chihuahua, el 2009 cerró con 130 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y en lo que va de 2010 suman ya más de 150.

"El feminicidio en Juárez no se ha erradicado", insiste Marrufo, que además sostiene que han aumentado también los casos de violación sexual y de violencia extrema contra mujeres.

Esta activista acusa al gobierno mexicano y a sus instituciones de querer "vincular el asesinato de mujeres a la violencia ligada al narcotráfico" con la intención de "minimizar el tema del feminicidio".

Según Marrufo, el problema de "las muertas de Juárez", que durante años acaparó la atención internacional e inspiró decenas de libros y documentales, es una espina clavada para el gobierno mexicano.

"Son más de 17 años de impunidad", dijo.

Marrufo sostiene que las mujeres que hoy en día mueren tiroteadas en Ciudad Juárez ahora se incluyen entre las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.

"Y cuando se trata de asesinatos por el crimen organizado, esos casos ya no se investigan", criticó.

La activista asegura que, si bien es cierto que cada vez hay más mujeres vinculadas a la venta de droga, con frecuencia éstas son obligadas o coaccionadas a participar en estas actividades ilícitas y después asesinadas por los cárteles, cuando ya no les son útiles.

Marrufo cuenta también que las ONG's han sabido, por mujeres que sobrevivieron a ataques, que algunos hombres ordenan su asesinato de un balazo para que parezca una ejecución por parte del crimen organizado.

Pequeños progresos

La Procuraduría General de Chihuahua confirma que "la violencia que se presentó durante 2008 y 2009 por el enfrentamiento de grupos criminales causó un mayor número de homicidios de mujeres".

Sin embargo, los datos anuales que aquí se manejan distan mucho de los números de tres cifras que ofrecen las ONG's locales.


Una de las dificultades para clasificar cifras de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez es el propio concepto de feminicidio.

Según los registros oficiales, en 2009 hubo 24 casos de homicidio de mujeres en Ciudad Juárez, mientras que durante el año anterior fueron 28.

Entre los logros, la Procuraduría destaca que de los 475 asesinatos de mujeres registrados entre 1993 y junio de 2010, 313 han sido esclarecidos, aunque sólo en 222 se dictó una sentencia.

Quedan, pues, todavía, 162 homicidios de mujeres pendientes de investigación, según las cifras oficiales.

De esos casos pendientes, 103 sucedieron hace más de seis años.

La activista Marrufo, si bien concede que ha habido una "cierta intención" por parte del estado de Chichuahua en avanzar en algunas de las investigaciones, sostiene que "siempre habrá dudas sobre los datos de la Procuraduría".

Por un lado, afirma, porque hay casos de feminicidio que no se denuncian y por tanto no están registrados oficialmente y, por otro, sostiene, "por la intencionalidad por parte de las autoridades de minimizar el problema".

La semántica de los asesinatos
Una de las grandes dificultades a la hora de interpretar y clasificar cifras de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez es el propio concepto de feminicidio, que es únicamente un término sociológico.

"En términos jurídicos no existe el feminicidio", explica Marrufo.

Feminicidio en Ciudad Juárez

•Entre 1993 y junio de 2010 la Procuraduría General de Chihuahua registró 475 asesinatos de mujeres, la mayoría presuntamente por razones de género.
•313 homicidios han sido esclarecidos, aunque sólo en 222 se dictó una sentencia.
•Quedan 162 homicidios de mujeres pendientes de investigación, de los cuales 103 sucedieron hace más de seis años.

Aunque los activistas por los derechos de la mujer han pedido que el término sea tipificado en el código penal mexicano, el feminicidio no figura como delito. El crimen se considera homicidio, aunque se dé por razones de género.

Muchos organismos de derechos humanos han calificado como feminicidios los cientos de asesinatos de mujeres que tuvieron lugar en Ciudad Juárez desde 1993 hasta la fecha.

Pero en el fallo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en diciembre de 2009, por el caso conocido como "Campo Algodonero", en el que condenó al Estado de México por violaciones de derechos humanos en los casos de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, se utilizó la expresión "homicidio de mujer por razones de género".

Se llame como se llame, es innegable que muchas mujeres en Ciudad Juárez continúan siendo objeto de abuso sexual y violencia de género antes de encontrar la muerte.

Es innegable también que en Ciudad Juárez persiste un contexto social de violencia contra la mujer, un fenómeno que el gobierno está tratando de revertir a través de programas de prevención, como los que desarrolla el Instituto Chihuahuense de la Mujer.

El gran desafío para instituciones y organizaciones es llevar un conteo riguroso de víctimas, confiable y libre de intereses, que permita conocer la verdadera magnitud del problema.

Y todavía no hemos hablado de las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez… pero eso quedará para otro día.

jueves, abril 22, 2010

Guatemala supera a Ciudad Juárez en muertes violentas de mujeres

GN-. Guatemala vive la "vergüenza" de haber superado ya las muertes violentas de mujeres de Ciudad Juárez con un aproximado de 600 muertes por año, 100 más que en esa urbe mexicana, dijo hoy en Panamá la Secretaria Presidencial de la Mujer guatemalteca, Sonia Escobedo.

"Guatemala ha superado a Ciudad Juárez en muertes violentas de mujeres, y eso es una vergüenza que tenemos como país", afirmó Escobedo a los periodistas en un receso de su participación en la XXVIII reunión ordinaria que el Consejo de Ministras de la Mujer (Commca) celebra en la capital panameña.

En Ciudad Juárez se registran alrededor de 500 muertes de mujeres por la violencia, mientras que en Guatemala el promedio es de 600 homicidios violentos de féminas al año, indicó Escobedo.

En total, Guatemala alcanza la cifra de 3.000 de estas muertes desde 2005 a la fecha, aunque no todas pueden se catalogadas de feminicidio, según la funcionaria guatemalteca.

"Son todas muertes violentas de mujeres, pero hay que realizar una investigación y un seguimiento para determinar cuáles son los femicidios", añadió.



La Secretaria Presidencial de la Mujer de Guatemala señaló que "no es fácil" definir qué es feminicidio.

"El Commca realiza una investigación regional tratando de definir y matizar qué es el feminicidio, porque no se puede partir a priori y decir que todas las muertes de mujeres son feminicidio", precisó Escobedo.

Por su parte, Miosotis Rivas Peña, Secretaria Técnica de la Mujer del Commca, también mira con preocupación que el fenómeno de las muertes violentas de mujeres de Ciudad Juárez se extienda a Centroamérica y República Dominicana.

"Tenemos mucha preocupación de que por lo menos en los países que está creciendo el feminicidio, como Guatemala, Honduras, República Dominicana y El Salvador, se repita" lo de Ciudad Juárez, señaló Rivas.

La dominicana Rivas indicó que este es uno de los temas que forma parte de la agenda de diálogo entre México y los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Rivas añadió que precisamente en esta XXVIII Reunión Ordinaria que el Commca realiza en Panamá se analiza la necesidad de que se establezcan agendas articuladas en la región sobre la incidencia de la delincuencia, la inseguridad y el crimen organizado porque, según destacó, "están muy vinculadas con el feminicidio".

El Commca se reúne hoy y mañana en Panamá para revisar su agenda de trabajo 2009-2013 y analizar con agencias y organismos internacionales programas y acuerdos de cooperación en materia de género, y también aprobar recomendaciones que remitirán a la Cumbre de presidentes del SICA que se celebrará en Panamá en junio próximo.

El Commca es un organismo del SICA para promover la elaboración y propuestas de políticas orientadas a transformar la situación, posición y condición de las mujeres en la región.

Está integrado por la representación de cada una de las Ministras de la Mujer de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá, República Dominicana y México como observador.

martes, febrero 09, 2010

Sin voluntad para cumplir sentencia sobre campo algodonero- Ante el silencio, la sociedad civil será vigilante: Marcela Lagarde

Por Gladis Torres Ruiz/ Cimac (Mujeres por la Democracia)
La sentencia que el Estado mexicano recibió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso “Campo Algodonero”, es muy importante porque condena por primera vez a un Estado por asesinatos por motivos de género (feminicidio), y se convierte en un recurso para exigir los derechos humanos de las mexicanas.

En entrevista con Cimacnoticias, la especialista en violencia de género, Marcela Lagarde y de los Ríos, sostuvo que el silencio que el Estado ha guardado hasta el momento sobre sus responsabilidades, da cuenta de que “no hay voluntad para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte”

A pesar de la exacerbada violencia contra las mujeres en México, no hay nada concreto, por lo que desde la sociedad civil se dará seguimiento puntual a la sentencia, para exigir su cumplimiento añadió la ex diputada federal y presidenta de la Comisión Especial para Conocer y Dar seguimiento a los Feminicidios en la República Mexicana durante la LIX legislatura.

Cabe recordar que en la sentencia de la CoIDH, se acusa al Estado mexicano de violar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal en perjuicio de tres de las ocho víctimas de feminicidio del “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, y lo responsabiliza por no haber adoptado medidas de protección eficaces e inmediatas ante las denuncias de desaparición de mujeres en la entidad, documentadas desde 1993.

Si bien en su sentencia, la Corte no reconoce el término feminicidio, si reconoce que en México existen los asesinatos por motivos de género, es decir se asesina a las mujeres por el sólo hecho de serlo, Marcela Lagarde sostiene que el feminicidio es un crimen de odio contra las mujeres.

La también presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, dio a conocer que prepara un libro con uno de los peritajes elaborado por ella misma y que fue presentado durante el proceso de las audiencias del caso del “Campo Algodonero”.


Precisó que dicho peritaje está basado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará), instrumento latinoamericano que busca erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres suscrito por el Estado mexicano y usado por ello como una prueba para acusar al gobierno mexicano de omisión.

“Ya lo había suscrito, y a pesar de ello no implementó las políticas de prevención que pudieron salvarle la vida a las mujeres asesinadas en el Campo Algodonero, y a cientos de mujeres más en México”, denunció.

En nuestro país, son asesinadas mil 400 mujeres al año y en 10 años han sido asesinadas 14 mil mujeres y niñas, “es como si nos encontráramos en guerra” y eso es sólo la punta del iceberg de violaciones contra los derechos de las mujeres.

Las mexicanas padecen violaciones por incesto, acoso laboral, explotación y trata, delitos que están en torno a esos homicidios que no necesariamente se encuentran ligados directamente, sin embargo, son un acto de violencia que las mujeres de éste país vivimos.

“Cualquier mujer que le preguntes en la calle o en la escuela si se siente segura, te dirá que no. No se siente segura ni en su casa, ni en la calle. En suma México es un país peligroso para las mujeres y esto lo indica la lista de Naciones Unidas sobre seguridad humana”, enfatizó la doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

DESDIBUJAR EL FEMINICIDIO

Para Marcela Lagarde, el señalar que las mujeres asesinadas forman parte del crimen organizado es una forma más de desdibujar los asesinatos de las mujeres. El decir nuevamente “ellas se lo buscaron por involucrase” y no es de ésta forma, eso lo demostramos desde la Comisión Especial para Conocer y Dar seguimiento a los Feminicidios en la República Mexicana.

Marcela Lagarde sostiene que el feminicidio es un crimen de odio contra las mujeres, acunados en la tolerancia social y estatal alentada por la impunidad.

La impunidad es alimentada por las pésimas investigaciones, averiguaciones mal integradas, y por encargados de la persecución del crimen que desatienden las denuncias de las víctimas, así como jueces para quienes la vida de las mujeres es secundaria, o que muestran un claro sesgo descalificador y culpabilizador de las mujeres.

“La mayor parte de las mujeres son asesinadas por gente conocida, que no pertenecían a la violencia del crimen organizado, correspondía a la violencia de género. Violencia por parte de conocidos, algunos delincuentes del crimen organizado unos delincuentes eventuales, pero todas corresponden a violencia de género y de eso, es de lo que tenemos que darnos cuenta”.

Para la antropóloga, la situación se ha agravado con la salida del ejército a las calles; hay una violación constante y reiterada de los derechos humanos de las personas. La acción gubernamental “unilateral” llamada “combate a la delincuencia organizada”, ha conculcado en realidad los derechos de toda la ciudadanía.

“Sacar el ejército a las calles ha eliminado el Estado democrático de derecho, y las mujeres estamos en peores condiciones que en un Estado, que por lo menos garantizaba la civilidad, lo que genera una situación muy preocupante y lamentable”, enfatizó.

viernes, octubre 16, 2009

En 10 años, 600 fueron asesinadas en Oaxaca. El Estado, cómplice de la violencia contra mujeres...

Por: Soledad Jarquín Edgar /C.N.
En Oaxaca la violencia contra las mujeres sigue impune, sostiene Eduardo Liendro Zingoni, coordinador de Diversidades, A.C., quien apunta que un Estado que no previene ni atiende la violencia contra las mujeres es un Estado cómplice de los agresores.

Al participar en el Foro Ciudadano por la Transición a la Democracia en Oaxaca: Equidad de género y derechos de las mujeres, Liendro Zingoni destacó que la violencia contra ellas no es un problema aislado; tampoco es un castigo ni un asunto de mala suerte. Se trata de un problema cotidiano que se da de manera transversal.

El coordinador de Diversidades, A.C. destacó que Oaxaca ocupa el segundo lugar en homicidios contra mujeres y reveló que, entre enero de 1999 y mayo de 2007, los diarios locales documentaron 487 crímenes y 55 más fueron reportados en 2008.

Por otra parte, en lo que va de 2009, más de 50 mujeres han sido asesinadas; así, entre 1999 y 2009 podrían haber sido cometidos cerca de 600 homicidios contra mujeres en Oaxaca. Así, Oaxaca ocupa el primer lugar nacional en violencia sexual contra mujeres de todas las edades.


Zingoni aseveró que no existe una real aplicación de la justicia para las mujeres y recordó que, aunque existen “algunos avances”, como la aprobación de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, ésta tiene “debilidades e imprecisiones”.

Además, criticó el hecho de que, aun cuando se han vencido todos los plazos, dicha Ley carece de reglamento; además, no fue derogada la Ley de Atención y Prevención a la Violencia Intrafamiliar, así que en Oaxaca están vigentes dos leyes que en ocasiones se contraponen.

ASESINATO, CUARTA CAUSA DE MUERTE ENTRE ADOLESCENTES

Por otra parte, al presentar un panorama de las enfermedades que atacan a mujeres y hombres, la investigadora Martha Castañeda Pérez sostuvo que en México los asesinatos son la cuarta causa de muerte entre mujeres jóvenes de 15 y 19 años de edad. En esa etapa, el primer lugar lo ocupan los accidentes, seguidos de los suicidios y, en tercer lugar, la leucemia.

Destacó que sólo durante los primeros cinco años de vida no existe diferencia alguna entre las muertes de niñas y niños; sin embargo, al pasar esta etapa existe una diferencia derivada de la condición social de las mujeres.

La investigadora e integrante del Centro de Derechos de la Mujer Naxwiin reconoció que, según datos estadísticos oficiales en México disminuyó la frecuencia de cáncer cérvico-uterino, pero aumentó el cáncer de mama. Lamentó que en este país y en Oaxaca aún se contabilice la muerte materna, lo que significa que el sistema de salud no está funcionando y muestra el lugar que las mujeres ocupan dentro de una sociedad.

La criminalización de las mujeres

En el foro, la coordinadora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Ana María Hernández Cárdenas, se refirió al tema del aborto y aseguró que las y los legisladores de Oaxaca se equivocaron en la reforma al artículo 12 de la Constitución local, conocida como ley antiaborto. Lo que han hecho, aseguró, es criminalizar a las mujeres, pues de un plumazo eliminaron las cuatro causales contempladas en el Artículo 316 del Código Penal.

“Convierten en delincuentes a las mujeres que utilizan el dispositivo intrauterino y negarán el servicio a las mujeres que llegan a los hospitales con embarazos ectópicos”, afirmó, y añadió que sistema de salud debe poner atención y vigilar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, que reglamenta la atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo la violación.

Desde su perspectiva, la propuesta de no enviar a la cárcel a las mujeres que aborten, sino penalizarlas con 100 o 300 días de trabajo comunitario, es lo mismo que lapidar a las mujeres, como lo hacen al otro lado del mundo.

Lo que tienen que hacer, añadió, es sacar el tema del aborto del Código Penal y plantearlo como un problema de salud pública que cobra la vida de miles de mujeres cada año; “la cifra no la conocemos porque el aborto es clandestino; por el otro lado, debemos analizarlo como un problema de justicia social. O, incluso, cambiar la definición de aborto que contempla el Artículo 312 del Código Penal”.

Hernández Cárdenas planteó que se tienen que separar las decisiones del Estado de la influencia de las iglesias, y que es necesario verificar la responsabilidad de los hombres en un embarazo, pues el aborto es el único “delito” en que se castiga sólo a las mujeres. Para ello se requiere garantizar la educación sexual.

La consejera ciudadana de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca (CDDHO), Susana Chía, planteó, que debe imponerse la legalidad en la defensa de los derechos de las personas; la activista, quien se definió como una socialista, pidió retomar la soberanía como un principio de legalidad. “No podemos decir que tenemos la mejor Constitución del mundo o una de las más avanzadas, porque, ¿cómo llegamos hasta donde estamos ahora?”

La consejera ciudadana expuso que es necesario que la ciudadanía exija a la CDDHO que se mantenga el Estado laico, y que esta instancia pase de la ética de principios a la ética de la responsabilidad.

martes, abril 14, 2009

Al fin el Estado Mexicano será juzgado ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por FEMINICIDIO

El Estado mexicano será juzgado entre el 27 y 30 de abril próximos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) debido a importantes irregularidades en la investigación y negativas para dar información a los representantes de las mujeres asesinadas y halladas en el predio denominado Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Esta será la primera vez que México será sometido a juicio ante una corte internacional por algunos de los múltiples crímenes (más de 400) perpetrados contra mujeres en Ciudad Juárez desde 1993, gracias a que han luchado por dicho objetivo los representantes del caso: la Asociación Nacional de Abogados Democráticos AC (ANAD), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer AC (CEDIMAC).
La historia se remonta al año 2001, en concreto a los días seis de noviembre, cuando se encontraron tres cadáveres, y siete de noviembre, fecha en que fueron descubiertos cinco cuerpos femeninos más en dicho predio, los cuales presentaban señales claras de tortura.

En la resolución de la CoIDH, con fecha de 19 de enero de 2009, se indica que, de acuerdo con el escrito de demanda que hizo ante la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano es internacionalmente responsable por la desaparición y la ulterior muerte de diversas mujeres jóvenes.

Dichos homicidios fueron objeto de una misma investigación ante la Procuraduría General de la República (PGR) entre los años 2003 y 2005. Pero después de presentarse diversas fallas en la investigación por parte de las autoridades municipales y federales, se separaron cada uno de los casos para continuar su investigación individualmente.

La consecuencia principal de la separación de los casos es que la CoIDH no pudo considerar a ocho presuntas víctimas, sólo a tres para llevar a cabo el proceso legal contra el Estado mexicano. Sus nombres: Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monarrez.

INTERNACIONALMENTE RESPONSABLE

En la resolución de la CoIDH, con fecha de 19 de enero de 2009, se indica que, de acuerdo con el escrito de demanda que hizo ante la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano es internacionalmente responsable por la desaparición y la ulterior muerte de las jóvenes arriba mencionadas.

Esto, porque el Estado no proporcionó protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad, así como tampoco incurrió en la prevención de los crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género en la región, el cual ha dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas.

Además, se acota la inexistente respuesta de las autoridades locales frente a la desaparición de las víctimas.

Todo ello, dice la resolución, constituye violaciones a los derechos protegidos por los artículos 4 (derechos a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 8 (derecho a las garantías judiciales), 19 (derechos del niño) y 25 (derecho a la protección judicial de la Convención Americana.

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE VÍCTIMAS

Los representantes de las víctimas del caso Campo Algodonero solicitaron a la CoIDH una ampliación de víctimas a ocho, utilizando como argumento principal la decisión que había tomado el Estado inicialmente de englobar los ocho casos de feminicidio en uno solo. Posteriormente, a causa de la errónea identificación de los cadáveres, los representantes concluyeron que el número real de víctimas era once.

De esta forma, a Esmeralda, Claudia y Laura se sumarían María de los Ángeles Acosta Ramírez, Guadalupe Luna de la Rosa, Mayra Juliana Reyes Solís, Verónica Martínez Hernández, Bárbara Aracely Martínez Ramos, María Rocina Galicia Meraz, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz y otra mujer cuyo nombre se desconoce y permanece como femenina no identificada 195/01.

A finales de 2005 y durante 2006 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) emitió dictámenes para la correcta identificación de los cuerpos de Campo Algodonero. Éstos pertenecían a Esmeralda Herrera Monreal, María de los Ángeles Acosta Ramírez y Mayra Juliana Reyes Solís.

Respecto de los cuerpos que habían sido inicialmente identificados como Guadalupe Luna de la Rosa, Verónica Martínez Hernández y Bárbara Aracely Martínez Ramos, se determinó que dicha identificación era equivocada y que los cuerpos en realidad pertenecían a María Rocina Galicia Meraz, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz y a un femenino que el EAAF tampoco logró identificar.

Se estableció después que un cuerpo hallado en otro predio de Ciudad Juárez correspondía a Verónica Martínez Hernández.

El EAAF coincidió con los representantes de las víctimas en que todas las mujeres cuyos cadáveres fueron hallados en Campo Algodonero, así como los tres de las que fueron erróneamente vinculadas a dicho caso hasta el año 2006, guardan relación con los hechos de la demanda, pues, reitera, en las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades locales y federales, siempre se consideró a las ocho víctimas como un mismo caso.

Los representantes acentúan además la situación de Guadalupe Luna de la Rosa y Bárbara Aracely Martínez Ramos, quienes, al ser excluidas de las nuevas identidades de las mujeres de Campo Algodonero, se mantienen hasta hoy como desparecidas.

A raíz de estas fallas, en el mismo año 2006, de manera irregular y en contra de toda lógica y técnica de investigación criminal, califica el EAAF, la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua dividió en ocho legajos la misma averiguación previa.

Hecho controversial, señala, porque el Estado conocía de los errores en la identificación de los cuerpos y cuando la CIDH notificó la acumulación de tres casos más, éste no se opuso a dicha acción.

Estas observaciones del EAAF sobre las irregularidades, señalan los representantes de las víctimas, fueron transmitidas en su totalidad al Estado mexicano, pero16 meses después, cuando respondió a dicho escrito, no se pronunció sobre dichas irregularidades.

La errada identificación de los cuerpos, indudablemente contribuyó a la decisión final de la CoIDH de juzgar al Estado únicamente por tres mujeres asesinadas, apunta el EAAF, porque el primer momento que tuvieron los representantes de las víctimas para hacer solicitudes concretas con referencia a las demás víctimas fue hasta después de admitidos los tres primeros casos.

A esto se suma que en el año 2002, las familias del resto de las víctimas no quisieron presentar las peticiones ante la Comisión porque no estaban seguras de que los cuerpos que las autoridades mexicanas les entregaban eran en realidad los de sus hijas, dice la EAAF.

Particularmente, resalta el EAAF, fue imposible que familiares de Merlín Elizabeth Martínez Sáenz o María Rosina Galicia Meraz accedieran al sistema interamericano cuando los cuerpos fueron identificados con posterioridad al año 2006.

Por otra parte, las peticionarias del caso "Esmeralda Herrera" solicitaron en reiteradas ocasiones que la CIDH se pronunciara sobre las otras víctimas, pero ésta nunca lo hizo y, por tanto, en un sistema de protección de los derechos humanos, no puede ser imputable a las propias víctimas la omisión tanto del Estado como de la Comisión de pronunciarse al respecto, concluye.

PROCESO A PRESUNTOS ASESINOS

Se pidió también ampliar el número de víctimas ante la Corte debido a las irregularidades en el proceso iniciado en contra de los supuestos responsables de los feminicidios de Campo Algodonero: Víctor Javier García Uribe, Gustavo González Meza y Édgar Álvarez Cruz.

Los representantes señalan que Víctor García Uribe y Gustavo González Meza fueron detenidos por los delitos de homicidio y violación de las ocho mujeres halladas en Campo Algodonero, con base en declaraciones autoinculpatorias y las de una supuesta testigo, quien no fue corroborada.

Agregan que Gustavo González Meza murió en prisión después de una operación en condiciones aún no aclaradas y su abogado había sido asesinado anteriormente por agentes de la policía.

Asimismo, expresan, el abogado defensor de Víctor García Uribe también fue asesinado sin que se haya establecido la causa del homicidio.

García Uribe fue condenado por los ocho homicidios en 2004, pero dicha decisión fue revocada en 2005.

En 2006 fue detenido Álvarez Cruz, quien fue implicado por declaraciones de José Francisco Granados de la Paz y vinculado a uno de los homicidios de Campo Algodonero.

En cuanto al proceso seguido en contra de éste, los representantes aseguran que se ha denunciado tortura psicológica contra él, así como hostigamiento y tratos inhumanos contra sus familiares, además de diversas arbitrariedades en la recolección de prueba.

Sostienen también que en junio 2007 el Estado habría obtenido de la CIDH una prórroga, argumentando avances en las investigaciones del caso Campo Algodonero, pese a que los procesos de Álvarez Cruz y Granados de la Paz estaban relacionados únicamente con el asesinato de Mayra Juliana Reyes Solís, ya que, entre otros hechos, no se demostró que Álvarez Cruz estuviera en el país al momento de la desaparición de las otras siete mujeres.

Asimismo, el Estado presentó dichos procesos como un “éxito en sus nuevas investigaciones y reiteró que ambos sujetos eran responsables de los homicidios de todas las jóvenes”.

A pesar de estas declaraciones, sostienen los representantes, el Estado asevera en torno a la solicitud de ampliación de víctimas, que los procesos seguidos en contra de Edgar Álvarez Cruz no guardan relación con el caso. Es decir, se contradice.

Entonces, el Estado mexicano se benefició de una prórroga de cuatro meses por hechos que, ahora manifiesta, no guardan relación con el caso. Esto se traduce en un manejo solamente parcial de la información, lo que no beneficia en ningún sentido la resolución de los crímenes, finalizan los representantes de las víctimas.

NEGACIÓN DE INFORMACIÓN

La CoIDH consideró también como agraviante la negativa del Estado mexicano a remitir cierta prueba solicitada por los representantes, la cual además fue requerida por la Corte a través de un listado de 21 documentos en febrero y agosto del año pasado.

Entre la información no remitida se encuentra la totalidad de la causa penal instaurada contra Víctor García Uribe y Gustavo González Meza; la documentación relativa a la investigación que se realiza en el fuero interno por la supuesta tortura cometida contra los mismos, además de Mario Escobedo y Sergio Dante Almaraz.

También, la legislación interna que regula la donación de cuerpos no identificados y el listado de expedientes que se hayan iniciado por las supuestas irregularidades cometidas por los servidores públicos de Ciudad Juárez relacionados con los homicidios de mujeres y niñas de 1993 a la fecha.

Dicha acción fue y continúa siendo parte de la serie de irregularidades en las cuales el Estado ha incurrido durante más de diez años en torno a los casos de feminicidio cometidos en Ciudad Juárez y Chihuahua.