“Yo quería sexo, pero no así”

June Fernández

el diario.es La 'primera vez' de Blanca fue una violación, pero le costó años reconocerla como tal. Tenía 17 años y ligó con un compañero de clase en una fiesta de fin de curso. El chico le gustaba, y se sentía preparada para tener sexo con él. Pero en un momento dado su actitud le desagradó, y le pidió que parara. Él, lejos de atender sus 'no', la empotró contra la pared, le tapó la boca y la forzó. Ella respiró hondo e intentó relajarse para no sufrir lesiones. Se lo contó a sus amigas sin darle mayor importancia: que había tomado dos cervezas y se dejó hacer. Después de nueve años y dos relaciones de pareja marcadas por las humillaciones y los abusos, fortalecida por la terapia y el contacto con el feminismo, Blanca se reconoció como una mujer violada y lloró por primera vez.

Cuando escuchamos la palabra 'violación', nos imaginamos una escena muy distinta: una joven camina sola de noche, un desconocido la asalta y la fuerza brutalmente. “Las agresiones sexuales que no se asimilan a ese imaginario de violaciones de película se normalizan, se las considera 'otra cosa', o se culpa a la víctima (que le provocó, que no dijo que no con la suficiente insistencia...)”, alerta la psicóloga especialista en violencia de género, Norma Vázquez. El 'ligoteo' es uno de los contextos en los que más agresiones sexuales se dan, apunta, pero a las mujeres les cuesta identificarlas como tales, puesto que ellas querían en un primer momento trabar relación o mantener un intercambio sexual.

Agresores conocidos

Vázquez dirige la consultaría Sortzen, responsable del estudio 'Agresiones sexuales. Cómo se viven, cómo se entienden y cómo se atienden', publicado por la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Gobierno vasco, que revela que la mayoría de agresiones sexuales reportadas en 2009 ocurrieron de noche, pero la mitad tuvieron lugar en un domicilio (no se precisa si en el del agresor o de la víctima). La edad de la mayoría de las víctimas y de los agresores era de 26 a 35 años. El 60% de los agresores emplearon la violencia física, pero sólo el 9% amenazaron con un arma blanca.

En Bizkaia, en el 86% de los casos había relación previa entre la víctima y el desconocido; cifra que se queda en el 53% en Gipuzkoa, mientras que en Álava todos los agresores eran desconocidos. “Los datos nos muestran las características de las agresiones sexuales que se denuncian, no de las que ocurren”, se matiza en el informe.

En Castilla y León, la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género, Adavas, confirma que, según sus datos, tan sólo son 12-15% de todos los delitos sexuales son asaltos de desconocidos. En la mayoría de casos, “el agresor sexual se prevale de la cercanía con la víctima para perpetrar sus ataques: la propia pareja o ex pareja, o los familiares, cuidadores en el caso de menores, en los que la víctima no denuncia porque piensa que no le van a creer”, explica Manuela Torres , abogada de Adavas.

El límite del consentimiento

Lo que le ocurrió a Blanca es, según el informe del Gobierno vasco, uno de los casos más habituales: una mujer conoce a un hombre con el que le apetece tener un encuentro, en un momento se siente a disgusto o no le gusta el rumbo que toma la situación, y él la presiona o fuerza a seguir.

Para la realización del estudio se contó con los testimonios de alrededor de 70 mujeres a través de grupos de discusión. Muchas reconocieron no tener claro qué se puede considerar como agresión sexual. Por ejemplo, la mayoría no identificaban como tal que el hombre se niegue a usar preservativo. En el informe se alerta de que la actitud masculina tan extendida y normalizada de insistir y presionar para tener sexo, hace que las mujeres acepten esa conducta “como algo consustancial a salir de fiesta”.

Norma Vázquez responde que el límite es “la coacción: si hay presiones, si el hombre no ha respetado el 'no' de la mujer”. Pero reconoce que, a menudo, cuando el agresor es conocido, la línea que separa una relación consentida de una forzada es difusa. “Hay mujeres que empiezan diciendo que no, pero que ceden por la presión, el chantaje, o por evitar males menores, como el miedo a la violencia física. Esas mismas mujeres a menudo no lo consideran violencia, porque se quedan con que finalmente aceptaron o con que ellas lo buscaron”.

La psicóloga lamenta que la sociedad no entienda por qué una mujer no se opone con firmeza a una relación sexual no deseada, y que la pregunta sea esa en vez de cuestionar por qué muchos hombres siguen sin aceptar la primera negativa. “Decir que no, mantenerlo y defenderlo cuesta”, recuerda.

Vergüenza y culpa

“Sentí culpa y vergüenza”, relata Blanca. “Porque yo había decidido que quería tener relaciones, yo había decidido que quería irme con ese chico. Hasta le había dejado que me bajase las bragas. Sentía que yo me lo había buscado y que no tenía derecho a echarme atrás en el último momento. Me sentía tonta”, reconoce.

Haber bebido, haber salido de casa con ganas de un revolcón o no haber sabido dar un 'no' contundente son algunos de los elementos por los que las víctimas se sienten responsables de lo que les ocurrió, destaca la psicóloga. Si la sociedad transmite a las mujeres que son ellas las que tienen que protegerse y limitarse para no ser agredidas, cuando esto ocurre, su primera reflexión no apela al agresor (¿por qué ha agredido?) sino a la víctima (¿por qué se metió en esa situación?).

Incluso las participantes del estudio que afirmaron no vivir la agresión con culpa, admitieron que sentían que habían dado pie a ello. Por ello, uno de los ejes principales en la atención que brinda Adavas en Castilla y León a las víctimas de agresiones sexuales es transmitirles “que no han tenido la culpa de lo que les ha sucedido y que una agresión comienza cuando se transgrede la barrera del no y se daña así la libertad sexual de una persona”, señala la abogada de la asociación.

Pero una vez superado el sentimiento de culpa, persiste el miedo a ser juzgadas. Las participantes en el estudio del Gobierno vasco opinaron que la sociedad y la justicia tienden a señalar a las mujeres más que a los agresores. Un caso claro que se citó en los grupos de discusión fue el asesinato (homicidio, según la condena) de Nagore Laffage en las fiestas de San Fermín a manos de un psiquiatra del hospital en el que trabajaba, José Diego Yllanes. Pese a que el caso conmocionó a la ciudadanía vasca y navarra, dos preguntas flotaron en el aire en todo momento. ¿Si no quería sexo, para qué subió a casa de Yllanes? ¿Y qué hizo ella para que un tipo tan respetable se volviera loco y la asesinase?

Cuesta denunciar

De las más de 70 mujeres entrevistadas para el estudio, Norma Vázquez destaca que ninguna había denunciado las agresiones sexuales sufridas: “Nos decían cosas como: 'Yo no me veo explicando al fiscal, al juez, a la médica... que sólo quería un magreo, o que él se puso violento y me dio miedo, o que no supe decir que no a tiempo'. Denunciar lo que está en el limbo de 'yo sí quería pero no tanto' es dificilísimo. Es la pescadilla que se muerde la cola: se denuncian las agresiones que más cumplen con el estereotipo de asalto con violencia”.

Blanca admite que si hubiera sufrido esa agresión ahora, tampoco hubiera denunciado. “¿Qué pruebas presentaría? Traté de relajarme en vez de oponer resistencia, por lo que no me desgarró la vagina, no me golpeó ni me rompió la ropa. ¿Por qué me iban a creer?”.

Conseguir pruebas es mucho más complicado cuando no se trata de un asalto con violencia por parte de un desconocido, reconoce Torres, pero señala que existe múltiple jurisprudencia de que en esos casos el testimonio único de la víctima puede ser tenido en cuenta como prueba suficiente, “ya que de lo contrario la mayoría caería en la más absoluta impunidad”. Pero para ello hay que cumplir ciertos requisitos: que no exista interés espurio para denunciar o una enemistad previa, que el testimonio de la víctima sea verosímil y coherente.

Pero según Vázquez, uno de los principales motivos por los que se descarta interponer una denuncia es porque “sienten que tienen que exponer su sexualidad, admitir ante diferentes personas que iban a acostarse con un desconocido y que cuando les dio mal rollo no pudieron parar la situación”. Y esto no ocurre sólo con las jóvenes, sino que las mujeres mayores “también salen de marcha, también se quieren enrollar con gente”, y eso es difícil de contar en un juzgado. Por ello, la psicóloga defiende la importancia de denunciar para romper con la impunidad, pero entiende que “el desgaste y la exposición que supone el proceso” las frene, y por ello reclama centrar las respuestas institucionales y sociales en brindar acompañamiento a las víctimas.

La abogada de Adavas confirma que “si la víctima cuenta con apoyo profesional especializada desde el inicio, la respuesta penal suele ser adecuada al daño ocasionado”. Como prueba, señala que el 73% del total de agresiones sexuales denunciadas por la asociación entre 2010 y 2011 terminaron en una sentencia condenatoria; menos del 10% de los agresores fueron absueltos, y en el resto de los casos no se llegó a juicio, generalmente por falta de pruebas. Eso sí, en 2010-2011 una media del 40% no quiso interponer denuncia, sobre todo por miedo a que no les crean. La abogada considera que, incluso cuando han pasado años desde la agresión (pone como ejemplo los abusos sexuales en la infancia), conviene denunciar si la persona lo desea, “porque ayuda a superar el episodio, porque el abusador debe tomar conciencia de lo que hizo, y puede servir de protección tanto a la víctima como a otras posibles víctimas”.

La asociación brinda asistencia gratuita las 24 horas del día a través de un servicio de emergencias, en coordinación con las demás instituciones. Se trata de una atención integral con perspectiva de género por parte de un equipo formado por psicóloga, abogada, trabajadora social, musicoterapeuta para menores y voluntariado, cuya prioridad es que la víctima supere el trauma, que no sienta culpa y que se sienta apoyada y comprendida en la toma de decisiones. Además, la organización realiza actividades de sensibilización y denuncia, bajo la premisa de que debe haber “una respuesta social adecuada y proporcionada ante los ataques contra la libertad sexual, sin llegar a la alarma social”.

Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/queria-sexo_0_72093264.html

Estados Unidos amplía la definición de violación sexual

Público.es El ataque contra una mujer con propósitos de abuso sexual dejará de ser la única forma de violación contemplada por el gobierno de Estados Unidos. A partir de ahora, el delito será aplicado en los casos de "cualquier penetración vaginal, anal u oral sin el consentimiento de la víctima". Es el resultado de un cambio administrativo anunciado este viernes por el Ejecutivo de Barack Obama, que amplia la definición del delito de violación para incluir más formas de agresiones sexuales, informa Reuters.

Esta reinterpretación en la definición del delito, la de mayor calado en los últimos 80 años, abarca a ambos sexos, tanto en el caso de la víctima como del agresor. También contempla los abusos en los que la víctima ha sido violada bajo los efectos del alcohol o las drogas y en los que es menor de edad o sufre una incapacidad física o psíquica, según explicó este viernes el Departamento de Justicia del Gobierno de Obama.

Biden: "El cambio servirá para conocer la amplitud de este crimen"

"Este cambio tan esperado en la definición de violación es una victoria para las mujeres y los hombres de todo el país cuyo sufrimiento ha pasado desapercibido durante 80 años", dijo el vicepresidente, Joe Biden, en un comunicado. "La violación es un crimen devastador y no lo vamos a poder resolver a menos que conozcamos su amplitud", concluyó.

Alcance y volumen

El Procurador General, Eric Holder, que este viernes hizo pública la noticia, apuntó algunas de las mejoras que comportará este cambio administrativo: "Esta nueva definición, más inclusiva, nos aportará una comprensión más precisa del alcance y el volumen de estos crímenes", anunció. Holder reconoció que esta modificación administrativa "era una asignatura pendiente desde hacía tiempo".

La antigua acepción sólo contemplaba penetraciones vaginales

Los casos de abusos sexuales se incluyen en un informe sobre delitos elaborado por la Oficina Federal de Investigación (FBI). Este organismo estima que en 2010 se registraron casi 85.000 violaciones por la fuerza bajo la antigua definición. Según los últimos datos disponibles, en Estados Unidos se produce una violación cada 6,2 minutos. Aun así, las estadísticas del FBI muestran que la tasa de este tipo de agresiones se redujo un 5,1% en el primer semestre de 2011 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Varios colectivos han estado presionando durante años por un cambio en la definición de violación, que desde 1927 responde al "conocimiento carnal de una mujer a la fuerza y contra su voluntad". Esta descripción, que utiliza términos bíblicos, incluía la penetración vaginal, pero excluía lapenetración oral o anal y la violación a los hombres.

La nueva definición es mucho más amplia: "La penetración, por leve que sea, de la vagina o el ano con cualquier parte del cuerpo u objeto o penetración oral por un órgano sexual de otra persona, sin el consentimiento de la víctima."
Definiciones

Esta nueva definición se ajusta más a la que acuñó la Organización Mundial de la Salud en 2002: "Una penetración física por coacción de la vulva o el ano, con un pene, otras partes del cuerpo o un objeto". Aun así, la interpretación varía en función de los países. En Alemania, se utiliza una definición más integradora, que no requiere la penetración, y el Tribunal Penal Internacional la definió para Ruanda como "una invasión física de naturaleza sexual cometida contra una persona bajo circunstancias coercitivas". En algunas jurisdicciones, la palabra violación se ha sustituido por términos como asalto sexual o conducta criminal sexual.

Nuestras hermanas del autobús…un reclamo a cielo abierto

Elida Aponte Sánchez
Aporrea Hace pocos días, la opinión pública zuliana y venezolana fue conmovida por un hecho bárbaro, propio del patriarcado, acontecido en el trayecto que existe entre la terminal terrestre de Maracaibo, en el centro de la ciudad y la población de La Concepción, en el Municipio Jesús Enrique Lossada. Iba un autobús lleno de personas y sobre todo de mujeres, que en su mayoría, venían de cumplir con arduas tareas laborales, muchas de ellas dedicadas al trabajo informal y otras, de realizar diligencias en el centro de la ciudad. Las había de todas las edades: jóvenes, de la tercera edad, niñas, adolescentes, embarazadas… la mayoría de ellas de la etnia Wayuu. A la altura del kilómetro 19, el autobús fue interceptado por un grupo de hombres, de esos machos machotes que promueve la sociedad como el símbolo de la fuerza, el arrojo, el poder y la impunidad, y de manera sistemática, bajo condiciones inenarrables, esas mujeres fueron violadas, una a una. No valieron los sollozos, los reclamos, las resistencias, la condición de embarazo ni la edad…Nuestras hermanas del autobús fueron tratadas tal y como se trata a las mujeres en los escenarios de guerra y ocupación. No nos engañemos: las discriminaciones, las violaciones, los maltratos, los femicidios, los programas radiales y televisivos misóginos, los artículos de la prensa sexista y el resto de los ataques que a diario vemos contra las mujeres constituyen una verdadera guerra y en esa guerra se nos ataca en todos los lugares: en el mercado, en la iglesia, en la escuela, en el liceo, en la universidad, en la fábrica, en la plaza, en la asamblea, en la cámara municipal, en los tribunales, en los sitios de trabajo, dentro o fuera del hogar … y en los autobuses, también.

De la guerra que denuncio ninguna mujer se encuentra a salvo. Se mueve de manera encubierta y cuando aflora en su expresión más aberrante como en el caso de la violación de nuestras hermanas del autobús, es indudable que aún estamos muy lejos de superar la discriminación y el sexismo en una sociedad que se autodenomina democrática. En este punto no vale el discurso manido de que todo ello es producto de la derecha. Tanto la derecha como la izquierda que conocemos se encuentran asentadas en el patriarcado y en la división sexual del trabajo. Al hilo de lo dicho, si bien es cierto que la derecha, tradicionalmente andrárquica, no ha asumido ni aceptado al Feminismo como postulado forzoso: ético, político, jurídico, científico, económico y social de la convivencia humana y de la Democracia, lo cual demuestra que tiene más de doscientos años de estancamiento, también es cierto que la revolución bolivariana sí asumió, en la voz del Presidente Hugo Chávez Frías, el socialismo feminista o feminismo socialista. El feminismo es la deuda histórica en la concreción de todas las revoluciones que han existido en el mundo. Un compromiso de matria-patria que el Presidente expresó de una manera clara, inequívoca, explicativa, promisoria e inteligible, aquél histórico día del mes de noviembre de 2008, en Maracaibo, a orillas del Lago de Coquivacoa y reiterado en subsiguientes oportunidades, dentro y fuera del país.

Tampoco el patriarcado es sostenido y aupado sólo por los hombres. Algunas mujeres,
que incluso ocupan cargos de importancia, desde donde están obligadas a hacer TODO
por sus hermanas, socializadas como están en la relación amo-esclava que impone tal
sistema de poder, carentes de conciencia de género, de espaldas a su genealogía
femenina, ignorando la lucha que ha sido necesaria llevar adelante para que ellas puedan llegar a esas posiciones y desconocedoras de la ciencia feminista, hacen que tal sistema esclavista-sexista goce aún de muy buena salud, echando por tierra, incluso, muchas conquistas que las mujeres y los hombres concienciados hemos logrado alcanzar en varias décadas, incluyendo la última como la de mayor relevancia.

Es cierto que la Constitución de 1999, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, la Convención CEDAW, la Convención de Belem do Pará, la lucha que desde distintos espacios damos las mujeres concienciadas cada día por los derechos humanos de nuestras hermanas, sobre todo por las que se encuentran en situaciones más
desfavorables, son una realidad. Pero las leyes por sí solas no transforman una sociedad ni materializan por sí mismas el poder político para intervenirla. Las Leyes, conteniendo normas de conducta aplicables a la interrelación humana, reclaman una actuación política sostenida y de hondura, auténticamente revolucionaria, en todos los ámbitos: público y privado, nacional e internacional y, especialmente, en el ámbito educativo- escolar, el cual se ha resistido como ninguno a ser permeado por el tema de nuestros derechos humanos, no obstante los principios de igualdad y de transversalidad de género recogidos en la Ley Orgánica de Educación y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Es urgente que las voces y las acciones comprometidas con el tema de los derechos
humanos de las mujeres se muestren con fuerza y contundencia para responder sin
miedo, regodeos, acomodos, ni servilismos a las otras: a las viles, a las cobardes, a las esclavistas, a las farsantes, a las cosméticas, a las soterradas, a las que atacan a las feministas y a las mujeres emancipadas, a las que afirman que la igualdad de género ya es un logro porque está contemplada en la Constitución, a las que dicen que el lenguaje no sexista es una cuestión de escaso o nulo interés o que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia debe ser derogada, a las que afirman e implementan que el tema de la familia es prioritario frente al tema de la ciudadanía de las mujeres, creando contradicciones interesadas. A las voces que pretenden vaciar dicha ley de contenido recogiendo en un nuevo Código Penal, que seguramente no tendrá perspectiva de género, los tipos de delitos contenidos en ella, a las que promueven una nueva Ley de Universidades neutra y ajena a los derechos humanos de más del cincuenta por ciento de la población universitaria constituida por las mujeres, a las que afirman que el feminismo no da votos para excluirlo o negarle la entrada a los espacios estratégicos de poder, desconociendo con ello la realidad cuantitativa y cualitativamente demostrada.

A las voces que se oponen a la paridad de las mujeres y los hombres en la
construcción y en el ejercicio de la Política, negando con tal conducta la auténtica
democracia y los compromisos de la República con las Metas del Milenio; a las mismas
voces que dicen que nosotras no tenemos derecho a decidir sobre nuestra maternidad,
ni a ocupar los cargos relevantes del país, a menos que habitemos en un gineceo,
exhibamos nuestros cuerpos repletos de silicona o seamos el eco permanente de las
patriarcales.

A esas voces que nada dicen ni dirán sobre la barbarie cometida contra nuestras
hermanas del autobús es necesario confrontarlas a cielo abierto...

*Red Venezolana sobre Violencia contra la Mujer (REVIMU)


mercedesa9@gmail.com

Bajo la acusación de adulterio, en Sudan se lapida a la mujer violada

IPS/AmecoPress.- Las violaciones a mujeres en la occidental región sudanesa de Darfur han sido sistemáticas desde el inicio de la guerra civil en 2003. La ONG Alianza 149 lleva adelante una campaña para reformar la norma que confunde ese delito con el de adulterio, porque el artículo 149 del Código Penal de 1991 define violación como "zina", que en árabe significa relación entre un hombre y una mujer que no están casados entre sí, pero sin consentimiento.

Además la ley obliga a la mujer a presentar cuatro testigos varones para probar que fue "sin consentimiento". Si ella denuncia una violación y no puede dar pruebas, la acusarán de adulterio y será castigada con 100 latigazos, si es soltera, o lapidada, si está casada.

"La reforma será muy buena para las sudanesas porque permitirá separar adulterio de violación. El agresor será castigado con una larga condena", señaló Amro Kamal, abogado voluntario de Monitor de Derechos Humanos de Sudán y miembro del directorio de Alianza 149.

El Código Penal sudanés "se supone que está basado sobre la shariá (ley islámica), pero es un problema que el artículo 149 no distinga entre zina y violación, no se ajusta a las normas islámicas", explicó.

En Darfur las mujeres violadas son expulsadas de sus comunidades

Los problemas en esa región, reino independiente anexado por Sudán en 1917, comenzaron en la década de 1970 como una disputa por las tierras de pastoreo entre nómadas árabes y agricultores indígenas negros.

La diferencia derivó en una guerra civil en febrero de 2003, cuando guerrilleros negros respondieron con violencia al hostigamiento de las milicias Janjaweed ("jinetes a caballo").

Los Janjaweed, apoyados por Jartum, son acusados de llevar adelante una campaña de limpieza étnica contra tres tribus negras que respaldan a las organizaciones guerrilleras.

Los combatientes son considerados responsables de la muerte de 300.000 personas y del desplazamiento de dos millones más.

La Alianza sugirió adoptar el derecho humanitario internacional para cubrir mejor las necesidades de las víctimas de Darfur.

Las mujeres viven con el permanente temor de ser violadas y expulsadas de sus comunidades. Muchas abandonan sus hogares y se van a campamentos montados por el gobierno. Algunas permanecen allí durante años.

"No es fácil para una mujer violada vivir en nuestra comunidad, en especial cuando queda embarazada. El entorno no acepta al bebé", explicó Mahbouba Abdur Rahman Ali, de la Organización de Empoderamiento de Mujeres.

El Acuerdo Integral de Paz, que en 2005 puso fin al conflicto de 21 años entre el norte, de mayoría musulmana, y el sur, de negros cristianos, requiere una reforma legal para ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos, según la Alianza.

"Sudán no es signatario de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres", dijo a IPS una fuente de la Unidad Infantil y de la Familia. "Eso dificulta la labor de reformar la ley porque no hay ningún responsable de los asuntos femeninos", añadió.

Alianza 149 llama cada vez más la atención de los legisladores. Cuando lanzó la campaña, en enero, reunió a funcionarios del Ministerio del Asuntos del Interior, de la policía, parlamentarios y representantes de partidos políticos.

"Fue sensacional ver organizaciones de mujeres y representantes reunidos por una gran causa", señaló Fahima Hashim, integrante del directorio de la Alianza y directora del Centro Salmmah de Recurso sobre Mujeres.

Guatemala: Atenderán como emergencias médicas las violaciones contra las mujeres

AmecoPress/Cerigua.- El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) asumió el compromiso de atender las violaciones sexuales como emergencias médicas, así como a no revictimizar a las sobrevivientes y procurar su recuperación integral, en el marco del lanzamiento de la Campaña 3 Días, que implementará en coordinación con la Convergencia Cívico Política de Mujeres (CCPM).

Rigoberto Rivera, titular del Programa Nacional de Salud Mental del MSPAS, dijo durante la presentación de la iniciativa, que han asistido a los centros asistenciales mujeres con mucha hemorragia, sin embargo, por considerar que se trata de casos secundarios han tenido desenlaces mortales.

La violación es una emergencia médica que debe ser atendida integralmente; en la actualidad se cuenta con una boleta donde se incluye la información relacionada con el estado físico de la sobreviviente, el contexto del ataque y los resultados de las pruebas médicas, señaló el funcionario.

Ese proceso se realiza con el objetivo de evitar que la víctima cuente una y otra vez su historia, impedir el sufrimiento y no tener que esperar al equipo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para realizar todas las pruebas, ya que el tiempo es determinante en dichos casos, aseguró el profesional de las ciencias médicas.

El MSPAS también cuenta con kits de atención, que incluyen el medicamento indispensable para reducir los riesgos de infecciones, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados; lo novedoso es que la institución los ha separado de acuerdo al grupo etáreo y a la cultura de cada región, ya que no es lo mismo asistir a una adolescente o a una adulta mayor, añadió Rivera.

En los últimos años el Ministerio de Salud ha registrado significativos avances en ese tema, al elaborar e implementar guías y protocolos que regulan las formas en las que el equipo médico debe atender a las mujeres sobrevivientes de la violencia sexual; se ha capacitado al personal de nueve hospitales a nivel nacional y ahora se inicia la fase que dará a conocer a la población dichos servicios, enfatizó el titular del Programa de Salud Mental.

La Campaña 3 Días, constituye una llamada a las autoridades para revisar las herramientas con las que cuenta el sistema de salud y acoplarlas a la realidad actual, así como a modificarlas e incorporar los elementos necesarios para desarrollar una atención integral, concluyó el funcionario de gobierno.

La iniciativa es apoyada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Agencia de Cooperación del Gobierno de España (AECI); tiene como principal objetivo brindar información oportuna a las mujeres que sufren una violación sexual, para que asistan a los servicios de salud durante los siguientes tres días, lapso determinante para reducir los traumas físicos que dejan ese tipo de crímenes.

En el “limbo” jurídico, la violación de mujeres de Atenco

Por Anayeli García

(CIMAC)Desde julio de 2009 cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) “tomó” la investigación por violación sexual contra 11 mujeres durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, Estado de México, no se han iniciado averiguaciones ni nombrado a los agentes del Ministerio Público encargados de las mismas.

Esto a pesar de que las 11 agraviadas comparecieron por escrito hacia finales de octubre del año pasado y de la solicitud que hizo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) a la PGJEM para que comparecieran algunos de los policías señalados como presuntos culpables, explicó en entrevista con Cimacnoticias, Jaqueline Sáenz, abogada del Prodh y coadyuvante del caso desde 2006.

Señaló que la investigación permanece en “un limbo jurídico”, luego de que sin ningún acuerdo formal y después de mantener el caso por tres años “estancado”, el 13 julio de 2009, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y trata de personas (Fevimtra) –al mando de Guadalupe Morfín Otero, quien asumió el cargo en enero de 2008, tras la renuncia de Alicia Elena Pérez Duarte- cerró el caso y declinó su competencia a favor de la PGJEM.

En este contexto y en busca de justicia, el 29 de abril de 2008, el Prodh, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Bárbara Italia en representación de 10 mujeres violadas en los operativos de Atenco, presentaron una petición de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la denuncia incluyeron los testimonios de las 11 mujeres y los peritajes realizados por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Cabe recordar que de las 47 mujeres detenidas durante los operativos de San Salvador Atenco, en el estado de México, y de las 26 agredidas sexualmente por policías el 3 y 4 de mayo de 2006, sólo13 denunciaron ante la Fevimtra pero ante la falta de justicia dos desistieron. Es así que son 11 las mujeres que continúan en la lucha y que aparecen como peticionarias ante la CIDH.

SIN INVESTIGACIÓN REAL

De acuerdo con Jacqueline Sáenz, abogada del (Prodh), la CIDH informó al Estado mexicano de la petición que las agraviadas presentaron, y éste tiene como plazo el 10 de febrero de este año para dar una respuesta.

Añadió que están trabajando en las observaciones que enviarán a la CIDH en mayo próximo, en donde incluyen la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de febrero de 2009 que no fincó ninguna responsabilidad al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, ni al entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora.

Detalló que un caso es aceptado por la CIDH, cuando las instancias nacionales se agotan, y a pesar de que en este momento existe una investigación abierta, dada la ineficaz actuación de las autoridades mexicanas, el caso si puede ser atraído por el organismo internacional a finales de este 2010.

Recordó la existencia de tortura durante los operativos de 2006, confirmada en junio de ese mismo año, por la Comisión Nacional Derechos Humanos, y de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos.

República Dominicana: Impacto social por morbo que rodea a feminicidios*

Por: Mirta Rodríguez Calderón

La ocurrencia de numerosos hechos de violencia sexual, con perversidad incluida, fundamentalmente, por el crecimiento de violaciones a menores, sobresale en el panorama que afronta por estos días la sociedad dominicana.

Entre tanto, la cifra global de feminicidios parece haber decrecido, pese a que diversas fuentes dijeron a SEMlac no compartir ese juicio.

Lo cierto es que, pese a la falta de datos confiables y el posible ocultamiento de estos hechos por parte de personas e instituciones, incluidas las propias maltratadas, la conciencia pública ha sido impactada este año por acciones morbosas, como violaciones múltiples, agresiones físicas y heridas previas al acto de penetración.

Y también por una suerte de justificación que, con frecuencia, ofrecen los agresores al ser juzgados: "ella estuvo de acuerdo". Una idea que luego, en nombre de la ley, se convierte en atenuante de que hubo consentimiento, para solo sancionar levemente.

Sin embargo, la magistrada Gloriana Montás, directora nacional de Atención a las Víctimas de la Procuraduría General de la República, sostiene que no hay tal consentimiento, porque la adolescente no tiene una idea clara del acto en que, supuestamente, consiente.

En entrevista con SEMlac, esta joven, pragmática e incisiva, dijo que la reducción este año de los feminicidios en 32 por ciento con respecto a 2008 no la impacta mucho.

"Yo prefiero mirar que este es un problema muy grave que tiene nuestra sociedad. Si hay más mecanismos de combate a la violencia y más formas para proteger a las mujeres, es lógico entonces que la cifra global de asesinadas disminuya".

A Montás tampoco la convencen las formas de clasificar los feminicidios, según las cuales unos son íntimos cuando ocurren dentro de la pareja, y otros no íntimos, que son "los demás".

De acuerdo con esa clasificación, las estadísticas compiladas por la Procuraduría General de la República indican que este año, hasta septiembre, habían ocurrido 145 asesinatos de mujeres, de los cuales 70 fueron infligidos por hombres conocidos de la víctima y 75 por otros hombres o mujeres con quienes las víctimas no tenían ninguna relación pasional. En esta categoría caen robos, riñas, asaltos y violaciones sexuales.

Visto así, habrían tenido lugar 50 asesinatos menos de mujeres respecto a 2008 en la categoría general y 29 menos de los calificados como íntimos.

En este panorama de la violencia de género, una voz autorizada y crítica es la del doctor Héctor Montero, quien después de ocupar numerosos cargos en regiones y provincias dominicanas, labora ahora como gerente de programas comunitarios para adultos en PROFAMILIA, una institución de mucho prestigio entre las ONG.

En diálogo con SEMlac, Montero opinó que las comparaciones con 2008 no son demasiado útiles, porque ese año las asesinadas sumaron la cifra más alta del quinquenio: 204. Para el trimestre final de 2009, el profesor pronostica un posible incremento notable de la cifra, que podría sumar otras 60 mujeres ultimadas.

El médico considera que, en estas estadísticas no se toman en cuenta las mujeres que no mueren de inmediato, sino después, a consecuencia de los daños recibidos en el intento de asesinato, algo que probablemente ocurre también en otros países de la región.

"¿Quién está recogiendo esto?", acota. Se sabe, por demás, que las partidas de defunción evaden o enmascaran el feminicidio, al consignar como primarias las complicaciones resultantes.

Para María Ramos, la abogada que encabeza la Dirección de Políticas de Igualdad de Género en la Secretaría de Estado de la Mujer, si la sociedad percibe que hay más morbo en los crímenes y abusos es porque hay más denuncias. Ramos aseguró a SEMlac que ahora es frecuente ver a madres acompañar a sus hijas a hacer denuncias de situaciones que antes se quedaban en casa, en particular los incestos.

"Pienso que lo que nos está pasando ocurrió siempre, pero al no haber ni los mecanismos ni los registros que tenemos, muy poca gente se enteraba. Ahora se hace público y la cifra de denunciantes es, afortunadamente, mucho mayor porque es imprescindible que la sociedad tenga conciencia de que no puede seguir tolerando la violencia contra las mujeres", dijo.

Vergüenzas inocultables para una sociedad

Las sensaciones de horror y vergüenza que muchos dominicanos y dominicanas experimentan ahora sobre el tema abarcan tres áreas: las violaciones y el escapismo de padres que engendran; la perversidad y el abuso superlativo que padecen niños, niñas y adolescentes, incluso con deficiencias mentales o físicas; y lo que parece ser una escasa toma de conciencia por parte de los órganos de justicia, que se manifiestan con benevolencia al sancionar a feminicidas y otros agresores.

Aunque el tema fue muy amplificado luego por los medios, quien dio la voz de alarma a finales de octubre fue Yakaira Figari, del Semanario Clave, ante el caso de una adolescente con síndrome de Down que fue embarazada y parió una bebita a quien ni reconoce, ni puede amamantar, y que nació sin lo más elemental para vivir. Fue la abuela, Ana Ramona Mezquita, quien tuvo que rogar a personas para reunir algunas ropitas usadas.

La extrema miseria de la familia fue descrita. Dijo la señora que se dio cuenta cuando el embarazo de la hija iba por tres meses y los médicos y médicas, en dos hospitales, temerosos por las sanciones previstas en un artículo de la Constitución recientemente reformada y en el Código Penal, no quisieron proceder al aborto.

Los perfiles dramáticos del caso provocaron varias reacciones de lectores, quienes escribieron sugiriendo que los congresistas que aprobaron esa Constitución y el cardenal católico Nicolás de Jesús López Rodríguez, que la inspiró y presionó, se hagan cargo de esta tragedia y la solventen con sus recursos.

Pero esa carta magna fue reformada y aprobada por un Congreso donde 36 legisladores y legisladoras votaron en contra de condenar a la muerte o al drama a las mujeres, pero también hay uno, Julio Romero, que debió reconocer públicamente, la pasada semana, que violó a una menor con quien procreó un hijo que se negó a mantener. Otras dos muchachas también acusaron de lo mismo al diputado Romero.

Embarazo adolescente y violaciones

Datos de UNICEF revelan que, en República Dominicana, poco más de 25.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran bajo la explotación sexual comercial.

Otra parcela de este problema reside en que el porcentaje de adolescentes que son madres o están embarazadas por primera vez, es de 20 por ciento y que esa incidencia es mayor en las adolescentes de escasos recursos económicos, residentes en las regiones más pobres del país, zonas rurales y poblaciones menos educadas, según subrayó en estos días la secretaria de la Mujer, Alejandrina Germán.

La tasa de fecundidad adolescente aumentó de 86 por cada 1.000 adolescentes a 116 en 2002, de acuerdo con las últimas estadísticas disponibles, a partir de de Censo de Población y Vivienda y de la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) de ese año.

Una hipótesis de importancia académica es la que sostiene la doctora Desirée del Rosario: en conversación con SEMlac, la profesora en Estudios de Género de la Universidad INTEC aseveró que, para ella, "analizar el tema de la violencia trasciende los feminicidios y abarca todas estas manifestaciones que hemos estado viendo en el ultimo año: se visibilizan los abusos contra niñas y se puede hacer inferencia de que por ahí se puede buscar la causa de la elevada cifra de embarazos en adolescentes".

Aunque Del Rosario se expresa con cuidado, puesto que no ha realizado todavía un estudio científico, es indiscutible la lógica de su especulación. Se sabe de sobra que una inmensa mayoría de las chicas que se embarazan sin buscarlo han sido violadas, criterio con el cual coincide la directora del Programa de Violencia Basada en Género de PROFAMILIA, Myrna Fores.

Los patrones culturales que imponen al macho la agresividad y a ellas "dar una prueba de amor", conduce a relaciones fortuitas nada placenteras, pero con la preñez como consecuencia.

La profesora Del Rosario fue muy aguda en su entrevista con SEMlac, al reclamar que la proclamada tolerancia cero, consigna enarbolada por la Procuraduría General de la República, necesita "ser analizada en su real dimensión: ¿es una política?, ¿hasta dónde llegan los esfuerzos porque la justicia sea efectiva?", se pregunta.

"Por eso yo no me concentraría en si hay más o menos muertes reportadas, porque la vida vivida en violencia es como la muerte, sólo que no se puede certificar. Todavía nos falta hacer efectivo el cero tolerancia en salud…", opina.

El peor de los desconsuelos

La desolación y la tristeza que provoca la impunidad está entre las sensaciones peores para quienes tienen en su familia una mujer asesinada en República Dominicana, donde es común el castigo mínimo a la mayoría de los perpetradores.

En estos días, tanto la mencionada experta Myrna Flores como la batalladora abogada feminista Susi Pola están empeñadas en que se corrija la escuálida sanción de dos años al asesino de una muchacha que estaba embarazada.

Con pancartas y reclamos acudieron a una marcha el pasado miércoles 18, demandando la aplicación de la justicia para Roberto Antonio Jiménez, asesino de Bárbara Carolina Amparo, y Edward de la Cruz, feminicida de Julisa Martínez, quien se encuentra en libertad.

En esa manifestación, el Procurador General Rhadamés Jiménez Peña aseguró que los expedientes serían revisados. Se lo dijo a cientos de personas, entre las cuales estaba la mamá de Bárbara.

SEMlac la entrevistó. Compungida, la señora dijo que muchas veces le pidió a su hija que no tolerara los maltratos. "Ella tenía miedo de que él pensara que ella era una 'cualquiera'", relató. Dos meses antes del crimen, Marisa Perdomo conminó muy fuerte a su hija para que denunciara al hombre que terminaría matándola a ella y al hijo, por nacer, de ambos.

La condena a cadena perpetua en casos "excepcionales", como lo serían el narcotráfico y los delitos sexuales, fue demandada el mes pasado por el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, uno de los legisladores que votó NO a la inclusión del artículo de la Constitución que reza que hay que proteger la vida desde la concepción.

"Favorezco la pena a perpetuidad en casos de excepción, porque hay individuos que son tan peligrosos para la humanidad, para la sociedad, que en el único lugar donde están bien, aun sea costoso para el Estado, es en una cárcel bajo estrictas medidas de seguridad", dijo Valentín al digital 7días.com.do.

* Este reportaje es parte de la Alianza de SEMlac, Isis Internacional y Radio Feminista Internacional para el tratamiento de la violencia de género en los medios.

Mujeres del Ejército de EEUU cuentan en un libro las violaciones de las que fueron víctimas por sus propios camaradas de armas

Christine Kearney - Editado en español por Patricia Avila/ Reuters

Las mujeres soldado del Ejército de Estados Unidos en Irak y Afganistán no sólo deben preocuparse por las bombas y las emboscadas del enemigo. También corren el riesgo de ser violadas o acosadas sexualmente por sus propios compañeros.

"The Lonely Soldier: The Private War of Women Serving in Iraq" (El Soldado Solitario: La Guerra Privada de las Mujeres Sirviendo en Irak), un libro basado en 40 extensas entrevistas, trae las historias de mujeres que se desempeñaron como soldado en zonas de combate y cuentan sobre violaciones, abusos y acoso sexual por sus compañeros varones.

Uno de cada 10 soldados de Estados Unidos en Irak y Afganistán es mujer, y más mujeres han luchado y muerto en la guerra de Irak que en cualquier otro conflicto desde la Segunda Guerra Mundial, según estadísticas del Departamento de Defensa citadas en el libro.

A algunas, sus oficiales les advirtieron de no ir solas a las letrinas. Una de ellas comenzó a llevar un cuchillo consigo en caso de que fuera atacada por sus compañeros. Otras dicen que se sintieron desalentadas a denunciar los abusos.

"Lo peor de todo es que es su propio bando el que hace eso", dijo la autora del libro, Helen Benedict, una profesora de periodismo en la Universidad de Columbia, Nueva York.

El libro fue publicado el miércoles.

Uno de cada 10 soldados de Estados Unidos en Irak y Afganistán es mujer, y más mujeres han luchado y muerto en la guerra de Irak que en cualquier otro conflicto desde la Segunda Guerra Mundial, según estadísticas del Departamento de Defensa citadas en el libro.

Benedict dijo que el título del libro nació del aislamiento que las mujeres soldado experimentan al tener que manejar el trauma de sus deberes en combate y el acoso sexual.

"Es una situación particularmente trágica porque se supone que todos los soldados deben poder confiar unos en otros para cuidarse mutuamente", comentó Benedict.

"¿Y cómo se puede sentir eso cuando los propios compañeros son los que realizan el acoso, o intentan una violación o ya lo están haciendo?", agregó.

Una de esas soldado, Marti Ribeiro, era sargento de la Fuerza Aérea, la tercera generación en su familia, que sirvió en Afganistán en 2006 como corresponsal de combate con la Décima División de Montaña, integrada en su totalidad por hombres.

Su historia incluye una versión de un ataque y violación que sufrió a manos de un soldado en uniforme mientras vigilaba un puesto.

Tras completar su guardia y no bañarse para preservar la evidencia del ataque, lo denunció a las autoridades, sólo para que le dijeran que si presentaba la queja sería acusada de negligencia en el cumplimiento del deber por dejar su arma sin vigilar.

Ribeiro dejó las Fuerzas Armadas.

"Soñaba con convertirme en oficial algún día, como mi padre y mi abuelo", comenta en el libro. "Desafortunadamente, porque soy mujer, esos sueños no se harán realidad", agrega.

SONDEOS RECALCAN PROBLEMA

El número de denuncias de ataques sexuales en el Ejército estadounidense creció un 8 por ciento en 2008 desde el año anterior y un 25 por ciento en Irak y Afganistán, según un informe divulgado en marzo por el Pentágono.

Se registraron 2.908 reportes de ataques sexuales por miembros militares, que incluyen violación, abusos deshonestos e intento de violación, según el informe.

De las 40 mujeres que Benedict entrevistó, que sirvieron entre 2003 y 2006, diez dijeron haber sido violadas, cinco sufrieron abusos sexuales incluido intento de violación y 13 reportaron acoso sexual.

Una nueva obra basada en el libro de Benedict fue llevada al teatro en Nueva York y podría organizarse una gira por el país. Tras una reciente muestra, mujeres soldados abrazaron a las actrices que las interpretaban, algunas de ellas llorando.

Autoridades estadounidenses dijeron que el incremento en el registro de ataques se debía a los esfuerzos por facilitar su reporte.

Cynthia Smith, una portavoz del Departamento de Defensa, dijo que el departamento estaba comprometido en eliminar los abusos sexuales de las Fuerzas Armadas a través de la prevención y políticas de reacción y eliminando los obstáculos para reportar los ataques.

"El objetivo del Departamento de Defensa es establecer un clima de confianza que aliente a las víctimas a reportar el abuso sexual y obtener la ayuda que necesitan", dijo en un correo electrónico.

Benedict y algunos investigadores dicen que las cifras del Gobierno de Estados Unidos son mucho más bajas que las suyas porque Washington sólo tomo en cuentas a aquellas valientes que denuncian los abusos.

El problema no es algo nuevo que haya aparecido en las guerras de Afganistán e Irak.

Un sondeo en el 2003 de más de 550 veteranas militares que sirvieron en las guerras desde Vietnam a la primera del Golfo, mostró que un 30 por ciento dijo haber sido violada o sufrido un intento de violación, mientras que un 79 por ciento reportó acoso sexual, según la publicación American Journal of Industrial Medicine.