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sábado, enero 07, 2012

Mujeres colombianas, avasalladas por la guerra

Germán Uribe
Rebelión Lo que venimos de conocer ahora a través de distintas investigaciones de ONGs y de Navi Pillay, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en su informe sobre la mujer y el conflicto colombiano en 2010 referente a la violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas, alcanza, sin equívoco alguno, el contundente calificativo de espeluznante. Probablemente como muchas otras de las crueldades y barbaries ya incrustadas en el alma y en la historia diaria de los colombianos, pero para este caso, con connotaciones extremas ya que comporta una sistemática destrucción del equilibrio emocional y sicológico, y de la integridad moral y física del género femenino, ciertamente el más vulnerable y el menos protegido.

Espeluznante… sí.

"Los hechos sucedieron el 31 de octubre de 2004, hace seis años: me cortaron el cuero cabelludo con una macheta. El ‘Flaco’ vivía en la casa del frente de nosotros. Golpeó puertas, a mi marido le dio disparos y a mí no me quitó el cabello sino que me quitó el cuero cabelludo; me iba a meter viva en un hueco. Yo corrí, me metí en la casa de mi abuela bañada en sangre. Los carros no me querían sacar porque la gente temía. Sólo un señor se arriesgó a sacarme. En el hospital me cogieron cincuenta y pico de puntos y a los tres días me dieron de alta. La Policía de San Onofre me quitó las recetas de los medicamentos. Ellos eran los mismos: eran mandados por ‘Cadena’". (Rincón del Mar, entrevista a mujer adulta, Sucre, noviembre 2010). Testimonio tomado de La Silla Vacía, de entrevista a María Emma Wills, coordinadora del informe “Mujeres y Guerra: víctimas y resistentes en el Caribe Colombiano”.

Pero, igualmente, veamos este único dato de una investigación que cubre de 2000 a 2010, realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh): “… cada hora cerca de nueve mujeres sufrieron agresiones sexuales, y en su mayoría (84%), las víctimas fueron niñas menores de 18 años”, comprobándose en el estudio que los ataques, en un altísimo porcentaje, provinieron del Estado, bien sea por consumación directa, o por condescendencia o apoyo a los actos violentos cometidos por grupos armados ilegales.

En este 2011 se cumplieron cien años desde que se instauró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer… pero la lucha centenaria por sus derechos, definitivamente, al menos en Colombia, parece ir cada día más en reversa y, por ende, en contravía a sus anhelos. Su vulnerabilidad se viene acentuando, y su dependencia y algún grado de esclavitud en determinados ámbitos y regiones, acusan un nivel de desesperanza e impunidad que ni el Estado, ni los gobiernos, ni los legisladores, ni la sociedad machista, han querido enfrentar con rigor. Sufren por doquier las emboscadas a su integridad, y los logros específicos por el respeto a su dignidad, e incluso a su vida, parecen esfumarse mientras usted y yo, amigo lector, tan solo dolidos o indignados, da lo mismo en tanto la amenaza no cese, nos limitamos a escribir o a leer artículos como este.

Según la ONG española Itermón Oxfam, más del 50% de nuestra población son mujeres, algo así como 22.5 millones, padeciendo el 54% de ellas las rudezas de la pobreza o a la indigencia. Supimos que el Instituto Nacional de Medicina Legal reveló por estos días que en los últimos diez años se presentaron más de 600.000 hechos de violencia contra las mujeres; 4.000 asesinatos y 40.000 asaltos sexuales, y que cerca de medio millón fueron víctimas de violencia sexual en 407 municipios colombianos a manos de la Fuerza Pública, el paramilitarismo y demás actores armados de la guerra que estamos viviendo.

Y es que no nos queda más que repetir aquí, ejerciendo, eso sí, nuestra sagrada obligación de servir de altavoces de las injusticias y las atrocidades, cifras, estadísticas y resultados de los estudios a los que tuvimos acceso recientemente. Por ejemplo, entre 2001 y 2009, según la misma ONG española, cada seis horas una mujer colombiana fue abusada y un promedio diario de 245 fueron víctimas de algún tipo de violencia.

Pero es que, además, la prensa viene machacando a diario estos resultados investigativos que hacen que los columnistas nos sintamos exigidos a verterlos sobre nuestros limitados espacios críticos. Los que nos ocupan ahora, en particular, puntualizando una de las más feroces y sangrantes realidades de la “Colombia es pasión”, o la de la “Seguridad democrática”, o la del “todo vale”: Acción Social tiene registradas más de 1.950.000 desplazadas en el país: el 30 por ciento salió de sus hogares por violencia sexual y el 25 por ciento volvió a sufrir abuso en los lugares de refugio. Y en el marco de la Ley de Justicia y Paz, de los más de 57 mil crímenes admitidos por los paramilitares solo 86 son de violencia sexual, pese a que hay 727 denuncias. Y lo inaudito: hasta hace pocos días se concretó la primera condena a tres paramilitares del “refundador y patriótico” bloque Vencedores de Arauca.

En conclusión, la crudeza histórica colombiana ha convertido a nuestras mujeres en simples trofeos de guerra. Lo que este vergonzoso drama tiene por más condenable es la forma en que el conflicto las ha venido trasformando en carne de cañón y botín de guerra, “honor” del asaltante y posesión material de “bienes” del enemigo. Los perros de presa del paramilitarismo, por ejemplo, encontraron en la mujer el instrumento para la vindicta y el desahogo perfecto para sus apetitos salvajes de sangre y sexo.

Cientos de miles de mujeres colombianas viven hoy la fatalidad del terror, el desplazamiento, el despojo, el desarraigo, las laceraciones, la indigencia, las violaciones, la esclavitud, el olvido, la impunidad y la muerte.
¡Movilicémonos también por ellas!

lunes, diciembre 27, 2010

En Colombia la guerra se hace también en el cuerpo de las mujeres

Verdad Abierta
Según un estudio en los últimos nueve años 489.687 mujeres han sufrido violaciones, acoso, imposiciones sociales, prostitución forzada en zonas de conflicto. Si las cifras de violencia sexual en Colombia publicadas en la encuesta de las ONGs Oxfam, Casa de la Mujer, Sisma Mujer, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre otras, son ciertas, el país enfrenta uno de los peores dramas de la historia del conflicto.

Según el documento, el 17.58 por ciento de las mujeres en Colombia fueron víctimas de violencia sexual entre 2001 y 2009, es decir en total, según las proyecciones de la encuesta, 489.687 mujeres.

El informe calculó que 94 mil mujeres han sido violadas, 50 mil han tenido un embarazo o un aborto forzado, 175 mil han sido víctimas de acoso sexual, 48 mil obligadas a hacer trabajos domésticos y los armados han tratado de regular la vida social de 327 mil de ellas.

El contraste de las cifras con lo que hasta ahora la justicia ha descubierto muestra que aún falta mucho por hacer para revelar el alcance de estos crímenes contra las mujeres y castigar a los victimarios.

Para Oxfam la cantidad de delitos sexuales en Colombia es comparable a países con conflictos internos prolongados y donde los crímenes contra las mujeres se usa como un arma de guerra. Según el informe: “la violencia sexual constituye una práctica habitual y frecuente en el marco del conflicto armado”.

Oxfam hizo entrevistas a mujeres y una de cada cinco se siente intimidada por la presencia de hombres armados. En numerosos casos de masacres se han registrado testimonios de mujeres víctimas de violencia sexual.


Una investigación de abril de este año de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, logró que mujeres sobrevivientes de dos masacres, la de El Tigre en Putumayo y la de Chengue en Sucre, contaran lo que le sucedió a sus pueblos y cómo fueron víctimas de abusos por parte de los paramilitares (ver artículo: Masacres contadas por mujeres ) .

En Chengue, según el informe, varios hombres del Bloque de los Montes de María aprovecharon para intentar abusar de las mujeres. Una de ellas recuerda: “Muchos hombres armados entraron a la casa, tiraron la puerta. No me podía mover porque me caí ocho días antes, estaba paralizada. Me tranquiaron (violaron) todos y me pegaron contra el suelo. Me desmayé”.

Otro caso, reportado por la Revista Cambio, es el de Lucrecia*, que contó que en 1995 un guerrillero de las Farc la amenazó porque su hermano estaba prestando el servicio militar. Le dijo que si no se acostaba lo mataban. Un día, se lo encontró con otros tres guerrilleros, quienes la violaron y le dijeron que su hermano se merecía ese castigo por no querer estar con las Farc.

Según el estudio la forma más común de violencia sexual es la de “regulación de la vida social”. En las proyecciones del mismo, Oxfam cree que este tipo de delito tocó a 327 mil mujeres.Por ejemplo los paramilitares y la guerrilla prohibían que las mujeres se vistieran de una manera, les negaban entrar a billares o discotecas y controlaban con quién salían.

Investigadores de Mujeres Por la Paz (MPP) le dijeron a VerdadAbierta.com que conocieron varios casos en Valledupar donde los ‘paras’ quemaron con ácido a las jóvenes por ponerse camisetas sugestivas o pantalones descaderados. “Son talibanes colombianos”, dijo una abogada de la Ong.

El informe calcula que 49 mil mujeres fueron obligadas a hacer servicios domésticos. En muchas regiones del país los paramilitares y la guerrilla forzaron a las mujeres a enrolarse para cocinar, ser enfermeras o hacer el aseo. Pero pocas mujeres denunciaron el delito, pues no lo consideraron como tal.

En Sucre Marco Tulio Pérez, alias ‘El Oso’, del bloque de los Montes de María de las Auc, fue acusado de obligar a una mujer que no quiso tener relaciones sexuales con él a servirle ocho días en la casa. También hay casos donde intimidaron las mujeres para barrer las calles del pueblo. En la audiencia muy pocas quisieron confrontar el desmovilizado, pues estaban amenazadas (ver artículo: Entre el poder político y el abuso sexual en San Onofre ) .

El estudio se hizo en 15 municipios de Antioquia, Caldas, Caquetá, Córdoba, Bogotá, Meta, Magdalena, Huila, Nariño y Valle. Interrogaron a 2.693 mujeres entre 15 y 44 años. Después proyectaron los porcentajes y resultados estadísticos del estudio sobre la población femenina de 417 municipios golpeados por la violencia, donde viven cerca de 2,8 millones de mujeres, para poder tener aproximaciones globales.

Ignorancia

Uno de los resultados más preocupantes es que muy pocas mujeres se consideran víctimas.

Cuando los investigadores de Oxfam y Casa de la Mujer les preguntaron si habían sufrido por delitos de este tipo, sólo el 6,5 por ciento dijo que sí. El porcentaje llegó a 17,5 por ciento, tres veces más, cuando les explicaron qué la violencia sexual también incluye regulación de la vida social, servicios domésticos obligatorios, aborto, prostitución, embarazo o esterilización forzados.

Así 60 por ciento de las mujeres víctimas de la esterilización forzada no creen que sea una forma de violencia sexual, o más de 44 por ciento no consideraron el acoso sexual como un crimen.

Miedo

El miedo es sin duda el principal obstáculo para que el delito no sea visible. El estudio muestra que el 80 por ciento de las víctimas de algún tipo de violencia sexual no han denunciado lo que les pasó. Entre las razones están: “prefiero dejarlo así” (47 por ciento), miedo (29 por ciento) o la falta de confianza en la justicia (7 por ciento), entre otros.

Además, entre las víctimas, 69 por ciento piensa que la presencia de grupos armados es un obstáculo para denunciar. Y es que a pesar de la desmovilización de las Auc, las regiones siguen tomadas por bandas criminales y guerrilla.

Ese el caso de Ana*, quien fue violada por paramilitares. Según recuerda: “No preguntaron nada. Sacaron a mi marido, en ropa interior, lo amarraron. A mí me apartaron y abusaron de mí. Solamente me decían perra, esa era la palabra que más escuchaba Yo les suplicaba que vieran mi estado, estaba embarazada. Se reían a carcajadas” (ver artículo: Violadas por los 'paras', ahora amenazadas) .

Tras huir a otro lugar con sus hijos, tuvo que poner una acción de tutela para obligar la Fiscalía a abrir una investigación. Miembros de un organismo de seguridad la ubicaron y la citaron en la misma región donde había sido violada. Días después, un periódico regional divulgó su foto, su historia y el pueblo donde vivía.

Ese día empezaron sus problemas. La llamaron varias veces amenazándola. Ana también recibió una carta con un dibujo intimidatorio: una cruz, un revólver y un águila, en la misiva le daban 72 horas para salir del pueblo. “Ahí me vi acorralada, me di cuenta que me iban a matar”.

La historia de Ana resume los peligros que acechan las mujeres víctimas de abusos sexuales: amenazas, falta de investigación de la justicia, poco acompañamiento de los funcionarios encargados de estos crímenes, desplazamiento.

Y si las cifras reveladas en el estudio de Oxfam y la Casa de la Mujer, se aproximan a la realidad, lograr que se conozca sus historias, se investigue y condene a los responsables, es un desafío y una deuda enorme para la justicia colombiana.


(*) Los nombres de la víctimas fueron modificados por razones de seguridad.

(*) Puede descargar el informe de Oxfam y la Casa de la Mujer pinchando en el siguiente enlace: http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=2045&ui=11072


http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=2929

martes, junio 01, 2010

Colombia: Mujeres y pueblos de las Américas se preparan para encuentro contra militarización...

Entre los días 16 y 23 de agosto, Colombia será escenario del Encuentro de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización. El evento, convocado por el Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz de Colombia y por la Marcha Mundial de Mujeres, pretende ser un espacio de búsqueda de una salida al conflicto social y armado que vive el país sudamericano y de lucha contra las bases militares estadounidenses en Colombia.

La idea es que el Encuentro esté dividido en tres momentos. En el primero, del 16 al 20 de agosto, los/as participantes realizarán una acción humanitaria de solidaridad con la resistencia de las regiones colombianas; en el segundo, durante los días 21 y 22 de agosto, tendrá lugar el Forum de Debates. El Encuentro terminará el día 23, con una Vigilia por la Vida.

El documento de convocatoria al Encuentro deja en claro el posicionamiento de los movimientos contra la militarización de las Américas. “La militarización de los territorios acarreó la pérdida de la soberanía, de la autonomía y de la autodeterminación de los pueblos, convirtiéndose en una amenaza para el continente”, afirma.

El pueblo colombiano conoce bien esa realidad. El año pasado, el mandatario de Colombia, Álvaro Uribe, firmó con el gobierno estadounidense un acuerdo en el cual permite la ocupación de tropas de Estados Unidos de siete bases militares colombianas.


En la convocatoria, las organizaciones destacan que tales bases contribuyen a la expansión de un “proyecto de muerte” y hacen del continente sudamericano un “instrumento de intervención militar para el control político, económico y social”. De acuerdo con el documento de los movimientos sociales, las bases militares sirven para invadir territorios que tengan posiciones geográficas estratégicas o riquezas naturales.

Las consecuencias para los pueblos y, principalmente, para las mujeres, sin embargo, son muchas. “Estas bases militares también promueven la prostitución con la regulación de casas oficiales que sirven de ‘entretenimiento’ a los soldados, pero para las mujeres representan esclavitud sexual y otros tipos de violencia, como los feminicidios. Somos nosotras [mujeres] quienes seguimos sufriendo los estragos de la guerra en lo social, político, psicológico, físico, económico y cultural; nuestro cuerpo es considerado botín de guerra; somos tratadas como objetos y esclavizadas por el sistema”, escriben en la convocatoria.

Discriminación, explotación, pobreza, migración, desplazamiento forzado y aumento de la desigualdad y de la violencia, son también algunos daños dejados por la militarización de los territorios y destacados por las organizaciones sociales. A causa de esto, llaman a la sociedad y a los pueblos a luchar y resistir a la militarización y al conflicto armado no sólo en Colombia, sino también en otros lugares del continente americano.

“Para hacer visibles los múltiples efectos de la guerra en la vida de las mujeres y de nuestros pueblos, decidimos juntar nuestra resistencias frente a la guerra, a la militarización, para continuar construyendo propuestas colectivas y unitarias de paz para nuestro continente”, comentan, llamando a pueblos, movimientos de mujeres y organizaciones sociales a participar del Encuentro.

Para más informaciones, escriba a: movimientosocialdemujeres@gmail.com o encuentrodelasamericas@gmail.com
Fuente:

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cat=7&cod=4812


martes, mayo 11, 2010

Colombia: La dirigente campesina Irene Ramírez, de gira en Alemania...

Fuente: Alba TV
Irene Ramírez, integrante de la directiva de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), realiza una exitosa gira en las ciudades alemanas de Hamburgo y Berlín.

Como parte de esta actividad destinada a presentar ante la comunidad europea la situación de derechos humanos y los proyectos relacionados con la defensa del territorio y la soberanía alimentaria, Irene se entrevistó con los periodistas Contanza Bandowki y Knut Henkel.

En Berlín, Irene fue recibida por la doctora Verena Erick, encargada para Colombia del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien hizo saber que su gobierno está muy interesado en las elecciones de Colombia y en quién va a ser el próximo presidente. Existe mucha preocupación por la criminalización a la que han sido sometidos los defensores de derechos humanos. Se ventiló la posibilidad de programar una reunión con el gobierno colombiano.

En otra reunión, la compañera dialogó con los doctores Alexander King y Heike Ansel, diputados del partido de oposición Die Linke, quienes participarán en la cumbre en Madrid a mediados de mayo por el tema del tratado de libre comercio. Los compañeros están en contra de este tratado, y les pareció interesante conocer la experiencia de la ACVC. Manifestaron su preocupación porque el gobierno colombiano no hace nada para proteger a los defensores de derechos humanos.


Otro parlamentario que recibió a la dirigente campesina es Wolfgang Gunkel, diputado del partido de oposición de los socialdemócratas, quien conoce bastante la situación de Colombia y de la ACVC. Se comprometió a pedir que se aclare la situación de Andrés Gil, que vuelva a funcionar legalmente la Zona de Reserva Campesina y que se aclaren los 16 casos de los "falsos positivos" en la región. En cuanto a los casos en los que ya se está trabajando accedió a escribir una carta para pedir al gobierno colombiano que haya investigación con las ejecuciones extrajudiciales. Está muy interesado y, si va a Colombia, la próxima vez le gustaría conocer a la ACVC y otras organizaciones sociales, ya que cuando viaja como diputado, los contactos son más a través del Gobierno y le interesa conocer la situación de las organizaciones sociales.

En conversación con Alexandra y Christiane de Kolko, Coordinación Colombiana para los derechos humanos, se le contó de la situación de la ACVC. Aseguraron que se va a continuar apoyando para que haya justicia frente a las ejecuciones extrajudiciales y a la Zona de Reserva Campesina.

La gira incluyó también una reunión con Susanne Nitsch, asistente de Annette Hübinger, diputada del partido gobernante de los demócratas cristianos. Preguntó mucho sobre la situación de Colombia. Ella está en contacto siempre con la embajada colombiana en Berlín y con el gobierno colombiano. Ven resultados buenos del gobierno colombiano y la política de la "seguridad democrática", pero tienen claro que en Colombia pasan violaciones de derechos humanos y que el Gobierno debería mejorar en este tema.

La visita de Irene Ramírez hace parte de la actividad internacional de la ACVC, en la cual dirigentes campesinos, además de pedir solidaridad y apoyo para los proyectos que se desarrollan en la región, conocen experiencias de organizaciones sociales de otros países. Estas giras se rotan entre los líderes de la ACVC, de manera que esta experiencia alimente la formación política de las comunidades, y que los dirigentes no se alejen de las comunidades y veredas donde está su núcleo de trabajo.

viernes, marzo 12, 2010

A todas las luchadoras del mundo en el Día Internacional de la Mujer...

En las cárceles colombianas hay cerca de 7 mil hombres y mujeres privadas de la libertad. De estos más de 4 mil somos madres en un muy alto porcentaje, somos cabeza de hogar.
Prisioneras Poltíticas y de Guerra - Bogotá Colombia /Para Kaos en la Red
Hace ya un siglo que las mujeres trabajadoras y militantes de la justicia social alrededor del mundo acordaron establecer el 8 de marzo como Día Internacional de la mujer. Entonces y ahora luchamos por alcanzar para todas las mas elementales reivindicaciones y derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Como resultado de esas luchas de las mujeres que nos antecedieron, como de quienes continuamos la tarea, las mujeres de muchas latitudes hemos logrado salir de la esfera de lo domestico para ocupar un papel en la vida publica.

No obstante los avances, aun queda mucho por hacer. Si bien muchas mujeres tenemos un lugar en le mundo del trabajo y la política, nuestra participación es aun inferior a la de los hombres y las condiciones de discriminación persisten.

Aun no hemos logrado romper con el qué hacer que las sociedades patriarcales nos han asignado a las mujeres y que reproducimos a través de los procesos de socialización. Seguimos siendo vistas como las reproductoras, las responsables del cuidado de los hijos, con las mismas tareas en lo domestico, pero ahora con una doble y hasta triple carga por nuestra incursión en el mundo laboral, académico, profesional y político.

Adicionalmente, la agresividad del capitalismo globalizado ha hecho que retrocedamos en algunas conquistas alcanzadas con inmenso esfuerzo, en arduas luchas y tras dolorosas pérdidas en vidas de nuestras compañeras de causa.



LAS MUJERES COLOMBIANAS

Colombia es un país decontrastes. Por un lado la belleza de sus gentes y paisajes, la riqueza de sus recursos naturales y minerales, por otro la crudeza de un largo conflicto social y armado; la injusticia y desigualdades sociales; el narcotráfico; la sucesión de gobiernos oprobiosos y oligárquicos; el terrorismo de estado con sus paramilitares, las violaciones a los derechos humanos la intolerancia y exclusión política.

En Colombia el desplazamiento forzado de humildes pobladores, rurales en su mayoría, ya supera los 4 millones. Gentes arrojadas vilmente a la nada. De éstos, el 70% son mujeres, y de este porcentaje muchas son niñas a las que solo les espera un futuro incierto. El desplazamiento forzado cobra mayor dramatismo en las miles de mujeres viudas o abandonadas que de la noche a la mañana deben asumir la jefatura del hogar en un país hostil, que no ofrece oportunidades a los más pobres y al contario las empuja a la fatalidad de la miseria.

En otro escenario, las miles demujeres cabeza de familia colombianas no sólo tienen que sortearsolas las difíciles condiciones para poder sostener y ofrecer una vida decorosa a sus hijos, además –y quizá es la realidad mas indignante para nosotras- tenemos que enfrentarnos a un sistema y legislaciónjudicial que muy poco o nada hace frente a la irresponsabilidad paterna, que poco o nada garantiza(como si ocurren otros países) los derechos de las niñas y los niños y los de las mujeres con jefatura de hogar.es una legislación compasiva con los nombres que dejan en el mas absoluto abandono a sus hijas e hijos, mientras traslada a la mujer cabeza de familia toda la responsabilidad de su crianza.

La feminización de la pobreza en Colombia se mantiene en sus más altos niveles. El desempleo femenino aumenta. Las condiciones de trabajo para las mujeres empeoran arrojándonos al subempleo, a la informalidad; la subvaloración del trabajo femenino continua y por lo tanto los salarios de las mujeres son inferiores a los de los hombres así nuestras capacidades sean las mismas, o incluso mayores.

Aunque muchas mujeres nos disputamos centímetro a centímetro un lugar en el mundo laboral, académico, en el interior de las organizaciones sociales y políticas, es aun muy bajo nuestro porcentaje de participación, y todavía menor si de los espacios de dirección se trata. Es mucho todavía el trabajo que nos espera.

MUJERES EN PRISIÓN

En las cárceles colombianas hay cerca de 7 mil hombres y mujeres privadas de la libertad. De estos más de 4 mil somos madres en un muy alto porcentaje, somos cabeza de hogar.

De la totalidad de personas privadas de la libertad mas de 7000 somos prisioneras y prisioneros políticos (de oposición), y las prisioneras y prisioneros de guerra.

En la reclusión de mujeres de Bogotá -“Buen Pastor”-, nos encontramos privadas de la libertad 1480 mujeres, de las cuales 989 están condenadasy 497 están sindicadas preventivamente[1] . La mayoría de las mujeres privadas de la libertad proceden de los estratos más pobres, de lugares marginados del país y tienen una baja escolaridad.

La mayoría de las prisioneras políticas y de guerra del país nos encontramos recluidas en le pabellón sexto. Es un pabellón de alta seguridad y aislado del resto de pabellones dada nuestra supuesta peligrosidad. Somos mujeres rurales y urbanas; mestizas, indígenas, afrocolombianas; jóvenes y mujeres cercanas a la tercera edad; estudiantes, sindicalistas, líderes sociales,defensoras de derechos humanos, profesionales y guerrilleras; sindicadas y condenadas. Confinadas en un pabellón destinado para 60 mujeres, que a menudo desborda su capacidad por el numero de mujeres que son detenidas, muchas de ellas en las regiones apartadas, en medio de operativos masivos.


Vivimos en pequeñas celdas de 2 metros por 1.5 metros, en camarotes de dos mujeres por celda, y hasta 3 (una en el piso) cuando el hacinamiento es alto. Conviven con nosotras unos (5) pocos pequeños, niñas y niños quienes están con sus madres hasta que cumplen sus 3 años de edad. Entonces serán cruelmente separados unos de otras. También está entre nosotras una guerrillera con casi sus nueve meses de gestación y otra guerrillera que acaba de llegar, después de sobrevivir a un tenebroso bombardeo donde perdió uno de sus brazos, tiene las heridas de la guerra en su cuerpo y entre sus secuelas ha tenido que usar sonda y pañal para atender sus necesidades. Es una mujer joven, una mujer del pueblo.

Las prisioneras y prisioneros políticos(as) y de guerra hoy estamos privados de nuestra libertad por habernos levantado con armas o sin ellas en contra de un Estado violador de los derechos humanos de los mas desfavorecidos; por haber denunciado y enfrentado a unos gobiernos – como el de Álvaro Uribe Vélez- corruptos, oligárquicos, terratenientes, mafiosos y genuflexos al imperio estadounidense. Unos gobiernos que han alimentado la continuidad de la guerra sucia a través de sus grupos paramilitares y de unas fuerzas armadas (policiales y militares) que tienen sus manos manchadas con la sangre de su propio pueblo.

Las prisioneras políticas y de guerra asumimos la prisión como un nuevo espacio de lucha, de formación y de temple revolucionario, por eso hoy en el día Internacional de la Mujer denunciamos y rechazamos:

1.la persistencia en las cárceles y penitenciarias colombianas del “estado de cosas inconstitucional” que declara la propia corte constitucional, es decir, el desconocimiento y violaciónsistemática de nuestras derechos y dignidad humana y los de nuestros familiares y demás visitantes, por parte del personal de custodia y vigilancia(masculino y femenino), con la permisividad de las directivas del INPEC [2]

2.la arbitrariedad e improvisación de las directivas y comandos de custodia y vigilancia del INPEC, quienes a través de absurdas resoluciones hacen mas penosa nuestra permanencia en prisión.

Tal es el caso de la limitación para recibir las visitas de nuestros hijos e hijas menores de edad, especialmente los menores de 12 años, a quienes se les ha restringido la visita a una sola vez al mes. Con esto se vulneran especialmente los derechos de las niñas ylos niñosque constitucionalmente deben prevalecer sobre los demás derechos.

3.La violación a nuestra soberanía nacional, que en materia penal, penitenciaria y carcelaria se traduce en:

·una política penal, calco y copia del sistema penal y acusatorio estadounidense, que criminaliza a la oposición política, desnaturaliza el delito político y lo agrava asociándolo a delitos comunes como el terrorismo y el concierto para delinquir, y con esto mantenernos en le ámbito de la “justicia especializada” que nos impone altísimas condenas (de 20 a 60 años), mientras es indulgentecon los paramilitares, para políticos, mafiosos, delincuentes de cuello blanco y los miembros de la fuerza publica comprometidos en violaciones de derechos humanos y falsos positivos

·una política penitenciaria y carcelaria, que siguiendo las directrices del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos, le da prioridad a las consideraciones de seguridad, militarización y privatización de los establecimientos carcelarios. Que no contempla un enfoque de generosino que homogeniza el tratamiento penitenciario pensado con criterios androcentricos, que viola los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que impone mecanismos de invisibilizacion, despersonalización y desocializacion, en especial a las prisioneras políticas y sociales procedentes de los sectores mas pobres; al tiempo que mantiene un sistema de privilegios y de división social clasista en el interior de las cárceles, en donde existimos presos (as) de primera y segunda categoría.


Que le da un trato a las prisioneras y prisioneros políticos de “enemigos internos” limitándonos a un mas que a las otras personas privadas de la libertad, el acceso a visitas, a comunicaciones, al uso de dispositivos tecnológicos, a la locomoción, a la salud, a la educación, a la recreación, al trabajo, y a el ejercicio de nuestros derechos en materia sexual y reproductiva.

·La construcción de grandes establecimientos penitenciarios y carcelarios mixtos (11), siguiendo los modelos de las prisiones estadounidenses, con asesoría y recursos gringos.

Moles de cemento, grises, construidas para hombres, pero que también serán ocupadas por las mujeres privadas de la libertad, de quienes ignoran nuestras especificidades como mujeres. Gigantes contenedores de hombres y mujeres en donde pretenden que paguemos con todo rigor nuestros “supuestos delitos”, en donde buscan “normalizarnos”, que es igual a anularnos como seres humanos dueños de su libre albedrio

·la extradición de nuestros nacionales a otros países, en especial a los Estados Unidos. Rechazamos vehementemente la extradición de prisioneras y prisioneros políticos tras burdos montajes de narcotráfico como es el caso de Ricardo Palmera (Simón Trinidad), Anayibe Rojas (Sonia) e Iván Vargas.

4.la instalación y operación de bases militares estadounidenses en nuestro territorio- con estas solo se exacerbara e internacionalizara el conflicto interno colombiano; se incrementaran las violaciones a los derechos humanos de la población de manos del personal militar estadounidense- colombiano, que de antemano cuentan con una clausula, o seade impunidad; se usaran como plataformas de intervención y espionaje a los países vecinos y alejara aun mas la posibilidad de una salida política y negociada al conflicto interno colombiano y a la construcción de una paz duradera.

Exigimos:

1.una justicia y legislación penal soberana, respetuosa de los derechos de las y los detenidos, de su debido proceso, y que incluyan consideraciones de la condición de genero de la mujeres transgresoras. Constructiva y no revanchista.

2.Una política y tratamiento penitenciarios y carcelarios que propendan por el respeto plenode los derechos y de la dignidad humanas de las personas privadas de la libertad, acordes a los tratados y legislación internacional para el tratamiento de las y los reclusos, y que incluya el componente de generoen sus disposiciones y practicas.

·Que se garanticen nuestros derechos fundamentales al trabajo bien remunerado, a la educación de calidad y gratuita, a la salud, a la recreación, y a la diversidad de programas deformación y capacitación que nos ofrezcan a las mujeres privadas de la libertad verdaderas opciones y posibilidades de proyección en la vida penitenciaria. No queremos que la capacitación se limite a programas que solo buscan perpetuar el papel histórico que las sociedades patriarcales le han asignado a las mujeres (costura, limpieza, culinaria, manualidades). El Inpec debe entablar convenios con instituciones educativas y universidades públicas que ofrezcan diversidad de programas educativos y en lo posible la gratuidad de los mismos.

·Que el Estado invierta más en el bienestar social y garantice las necesidades básicas de su pueblo, antes que priorizar en los gastos de guerra, entre ellos la construcción de los aparatos de represión, tortura y sometimiento que son las cárceles colombianas.

·Que se respete el derecho de nuestras hijas e hijos y el de nosotras como madres a conservar la unidad familiar. A las mujeres cabeza de familia se les debe conceder, sin ninguna discriminación, el beneficio de la detención y/o prisión domiciliariaen procura de garantizar los derechos fundamentales de las niñas y niños que prevalecen sobre los demás.

·Que nuestras hijas e hijos menores de edad puedan visitarnos cada fin de semana. No deben ser sometidas, ni sometidos a requisas indebidas, ni intimidatorias. Los lazos de madre a hijos(as) son únicos y necesitan ser fortalecidos; en el caso de mujeres privadas de la libertad esto solo es posible con la visita frecuente de nuestras hijas e hijos.

·El pleno respeto a los derechos y dignidad humana de nuestros visitantes, familiares y/o amigos por parte del personal de custodia y vigilancia.

·El cierre definitivo d la torre 9 de la penitenciaria de alta y mediana seguridad de Valledupar -la Tramacua[3]- en donde se encuentran confinadas mas de cien mujeres, detenidas políticas y sociales, soportando las condiciones mas adversas, los permanentes abusosy violaciones físicas y sicológicas; y el total irrespeto a su dignidad humana por parte del personal de custodia y vigilancia. La torre nueve de la penitenciaria de Valledupar es un verdadero centro de torturas, de tratos humillantes y degradantes y debe ser cerrada cuanto antes.

Las presas políticas y sociales deben ser reubicadas teniendo en cuenta criterios de genero y de acercamiento familiar.

·Que los organismos de control en materia de derechos humanos, ya sean gubernamentales o no gubernamentales jueguen un papel mas proactivo y garantista del respeto de los derechos humanos de la población privada de la libertad

·la repatriación de las y los presos políticos (as) y sociales y su derechos al debido proceso y a la defensa por parte de la justicia colombiana. Los tratados de extradición de nacionales deben eliminarse y fortalecerse una justicia soberana.

·El intercambio humanitario de prisioneros (as) políticos (as) y de guerra, como una puerta de entrada a una futura negociación política y negociada el conflicto interno colombiano y a la construcción de una paz sostenible.

SOLICITAMOS

·el acompañamiento y veeduría internacional a las y los prisioneros políticos (as) para monitorear y velar por el respeto a los derechos humanos de los mismos por parte de la justicia y el personal penitenciario y carcelario colombianos. Asímismo para el impulso de un eventual intercambio humanitario de prisioneros y prisioneras políticas y de guerra.

Las prisioneras políticas y de guerra recordamos hoy a nuestras compañeras de lucha, a las que han sido desplazadas, torturadas, a las que están en exilio y a las que han sido asesinadas por haber levantado su voz y comprometido su acción en los sindicatos, defendiendo el territorio, su cultura, un pedazo de tierra para labrar, exigiendo el pan para sus hijos, el respeto a los derechos humanos o levantándose en armas contra un estado opresor.

Las prisioneras políticas y de guerra no renunciaremos -a pesar de las torturas, de las largas condenas, de las sistemática violación a nuestro derechos y dignidad humanas, de las muchas restricciones e intimidaciones y de las pretensiones de comprarnos con planesde rendición y traición- al sagrado derecho que nos asiste a los pueblos de rebelarnos ante un sistema y un estado injusto y opresor. !así rendimos homenaje a nuestros muertos!.


Cien años después nuestro compromiso ha de ser redoblado. No seremos mas las mujeres invisibles y subvaloradas en un mundo masculino. Seremos protagonistas del cambio social y en ese camino seguiremos luchando hombro a hombro con nuestros compañeros y camaradas. Juntos construiremos esa patria grande en paz y con justicia social.

Va nuestro abrazo fraterno a todas las mujeres luchadoras del mundo

Las y los prisionerospolíticos(as)y de guerra no somos delincuentes, tampoco somos terroristas.

! Somos luchadoras y luchadores del pueblo!

PRISIONERAS POLITICAS Y DE GUERRA

RECLUSION DE MUJERES DE BOGOTA “BUEN PASTOR”

MARZO 08 DE 2010

COLOMBIA



Las prisioneras políticas y de guerra de la reclusión de mujeres de Bogotá-buen pastor- expresamos nuestra solidaridad a los pueblos de Chile y Haití. Hacemos votos porque los lugares devastados puedan ser prontamente reconstruidos, porque las niñas y los niños sean debidamente protegidos y que las personas afectadas reciban la ayuda necesaria para que puedan rehacer sus vidas en condiciones de dignidad

[1]Estadísticas de la reclusión de mujeres de Bogotá, marzo 3 de 2010

[2]Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

[3]Grande, colosal en lenguaje vernaculo.

lunes, junio 01, 2009

Foro sobre “Mujeres colombianas, violencia, dignidad y coraje”

En el marco de la semana de solidaridad por la Paz con Justicia para el pueblo colombiano, se realizó el foro sobre “Mujeres colombianas, violencia, dignidad y coraje”, en el Centro Cultural de la Cooperación de la ciudad de Buenos Aires.
Convocado por el Capítulo argentino de la Plataforma Continental de Mujeres, fue un espacio de intercambio y denuncia sobre la violencia sistemática y generalizada que sufren a diario las mujeres.

“La violencia contra las mujeres sigue siendo una situación grave y compleja”, resaltó la colombiana Rocío Claros, una de las panelistas. Hoy Colombia es un territorio en disputa. Las mujeres son sometidas a relaciones con algunos de los actores armados que intervienen en las poblaciones. Reclutadas al margen de la ley, son obligadas a quedar embarazadas. “El cuerpo de las mujeres se constituye como un botín de guerra para los actores armados”, agregó.

A partir de una exposición sintética del VIII Informe sobre violencia socio política contra mujeres, jóvenes y niñas 2007- 2008, relevado por la ‘Mesa de trabajo Mujer y conflicto armado’, se dio a conocer la situación de sometimiento del género femenino en ese contexto, agravada por la política de “seguridad” del Estado. Son muy pocas las estadísticas de violaciones y asesinatos que se manejan oficialmente. A su vez, según los datos relevados por la Comisión Colombiana de Juristas, durante julio de 2002 a diciembre de 2007, al menos 13.634 personas perdieron la vida fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica. “En los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico de las violaciones al derecho a la vida cometida contra mujeres (722), el 70,08% se atribuyó a la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 18,14%, y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares”.

El informe expresa cómo en los últimos cinco años, (desde el 2002 al 2007), se ha comprobado un incremento del 67,71% en los registros generales de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública. Este período coincide con la aplicación de la denominada “Política de Seguridad Democrática”, que promueve el actual gobierno neoconservador encabezado por el Presidente Álvaro Uribe.

Asímismo, también se han registrado casos de tratos violentos y humillantes por parte de la policía contra la población lesbiana, gay, bisexual y transexual. Según la organización no gubernamental Colombia Diversa, desde 2006 se ha denunciado el asesinato de 16 mujeres transexuales solamente en la ciudad de Cali.

En los casos que se conoce el presunto autor genérico de las violaciones, el 94,8% se le atribuye al Estado, según fuentes de la Comisión Colombiana de Juristas. El Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), que también tiene un registro que permite establecer estadísticas oficiales, indica que entre 2006 y 2007, las fuerzas del Estado constituyen el principal grupo armado denunciado en los registros de violencia sexual.

Las cifras siempre revelan una parcialidad de la verdad. La mayoría de los casos no están registrados oficialmente, siendo las fuerzas de seguridad públicas las más involucradas en estos delitos. La importancia de este Foro, fue también visibilizar esta situación que no sólo refleja la violencia sexual como parte del conflicto armado, sino como una práctica naturalizada en la convivencia familiar, laboral y social.

Por otra parte, la violencia de género es una práctica que antecede a estas décadas de conflicto: es parte de los valores del patriarcado extendidos aún en la mayoría de los países de Latinoamérica, exacerbados, en este caso, por la impunidad del gobierno y las fuerzas paramilitares.

El despojo de su humanidad que la mayoría de las mujeres sienten, es doblemente ultrajado cuando intentan acceder a la Justicia. En Colombia, la mayoría de los casos no accede a una respuesta definitiva en ese ámbito. “El continuum de las violaciones contra mujeres en todas las etapas de su ciclo vital, encuentra correspondencia en la administración de justicia en una persistente impunidad”, aseguraron las panelistas del Foro realizado en Buenos Aires, y advirtieron sobre la insuficiencia de políticas públicas para la prevención, contención y recuperación de las mujeres en situación de desplazamiento forzado, víctimas de la violencia sexual.

Una de las zonas destacadas como parte de la violencia sistemática, incide en la vida de niñas, jóvenes y mujeres del Putumayo. Algunos testimonios evidencian cómo en un contexto de militarización de la vida civil, aumentaron los riesgos de violencia sexual.

viernes, mayo 15, 2009

Colombia: Desplazamiento, crimen contra las mujeres

Por: Sara Lovera / SEMlac
Como verdaderas actoras de cambio, mujeres víctimas de horrendos crímenes en Colombia se levantaron y organizaron desde hace 12 años.

Sin que la guerra haya cesado, exigen solución jurídica y civil a múltiples agravios, piden al gobierno la aplicación de leyes especiales y diálogo para la paz. Con su testimonio y sus recuerdos, abrieron 144 causas judiciales documentadas como prueba y exigen verdad, justicia y restitución inmediata a sus derechos y a su integridad.

Son mujeres del pueblo, que aprendieron a hablar con un nuevo lenguaje. Del dolor han sacado fuerza para construir nuevos espacios de convivencia. Así crearon en un paraje, a 40 kilómetros de Cartagena, La Ciudad de las Mujeres, con viviendas construidas a pulso, pintadas con colores vivos, cimentadas en la esperanza y el anhelo.


Del coraje levantaron un observatorio de violencia de género, una coordinación para la agenda de justicia, y con poderío han instituido un sistema de ayuda mutua; han creado una metodología de recolección de datos para probar el tamaño y profundidad de las violaciones a sus derechos humanos, como significado de la gu
Justificar a ambos ladoserra y la inestabilidad política y social.

Para muchas —y es sorprendente ver cuán jóvenes son— no existe otro modo de transcurrir que la resistencia, porque no han conocido la paz. Sólo la guerra y el miedo. Nunca han tenido otra experiencia.

"Como decidimos no callar fue necesario sobrevivir acorraladas, vigiladas por una 'escolta' y caminar a salto de mata, porque los criminales 'nos acosan'", dijo a SEMlac Patricia Guerrero, fundadora de la Liga.

Recordó cómo en La Ciudad de las Mujeres, un día, se incendió el centro de reunión y capacitación que habían erigido, sin que hasta ahora se conozca a los responsables del siniestro. Explicó que hace 12 años se agruparon en la Liga de Mujeres Desplazadas y, desde entonces, no cesan en procurar el diálogo y la paz, la alianza con otras mujeres.

Hasta Cartagena llamaron a un grupo de mujeres latinoamericanas para agregar a sus caminos la instauración de una Red de Apoyo entre Mujeres por la Justicia (REMJUS). Sin ambages, dirigentas, pobladoras, militantes de su liga y profesionales del derecho, la psicología y el magisterio mostraron sus heridas, sí, pero también sus alternativas de vida, en medio de un país todavía ahogado entre las armas, la persecución y el miedo.

Causas abiertas
La Liga de mujeres desplazadas de Colombia tiene abiertas 144 causas judiciales de mujeres que vivieron desplazamiento forzado, violaciones sexuales, intimidación, esclavitud sexual, pérdida de sus recursos y otros agravios, como resultado de una guerra de 40 años.

Para no olvidar, para dar solidaridad y acompañamiento, como testigos y garantes de esas causas judiciales, se puso en marcha hace dos semanas la REMJUS, a la que se sumaron feministas de Costa Rica, Chile, Guatemala, México, Filipinas, Argentina y Serbia, durante una jornada internacional en esta costa del Caribe.

Patricia Guerrero explicó que el desplazamiento forzado se ha convertido un arma de una guerra donde intervienen los distintos actores en Colombia: militares, paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y caciques, lo que ha significado una decidida resistencia, que encabezan las víctimas de ese desplazamiento.

Eidanis Lamadrid, quien vive en la ciudad de las mujeres, situada en el Municipio de Turbaco, contó a SEMlac cómo la construcción de su casa, luego de perderlo todo, le dio nuevo aliento. Ella es coordinadora de la Agenda de Justicia de Género y también pertenece a la Red Nacional de Víctimas.

Ana Luz Ortega, lideresa de la Liga de Mujeres Desplazadas, quien se dedica ahora a orientar psicológicamente a un grupo de víctimas, contó que hace nueve años fue forzada al desplazamiento, y cómo llegó a conocer sus derechos; cómo se tuvo que levantar e iniciar un proceso de vida.

En la liga, según los testimonios, existen mujeres desplazadas desde 1990 hasta 2008. El 93 por ciento de las agrupadas denunció al desplazamiento como una violación a sus derechos, a través de las personerías municipales, de la Defensoría del Pueblo y ante la Procuraduría de Justicia. En todos los casos hay impunidad.

Violencia sexual y de género
Las causas abiertas, sistematizadas por las propias víctimas, señalan que 50 por ciento de las desplazadas estaban embarazadas cuando fueron obligadas a dejar sus pueblos, sus comunidades, sus casas, sus espacios. Muchas abortaron, por eso consideran que en la convulsa Colombia se ha perpetrado aborto forzado.

El 30 por ciento sufrió lesiones durante el embarazo y 20 por ciento fue víctima de amenaza de violación sexual.

En el departamento de Bolívar, donde está encalvada Cartagena de Indias, desde finales de la década de los noventa existe una alta concentración de cultivos ilícitos y en el norte, en las zonas costeñas, también hay contrabando y comercialización de alcaloides, a la vez que existe un corredor de movilidad no despreciable para las estructuras armadas.

El 36 por ciento de las mujeres que reportaron haber sido víctimas de amenazas las recibieron de guerrilleros y paramilitares; el tres por ciento, únicamente, fue amenazada por el ejército regular.

Sus testimonios hablan de pánico, ocasionado en el marco de enfrentamientos entre grupos guerrilleros y paramilitares; algunas recuerdan cómo fueron tomados sus pueblos, cómo los violentos, con botas y encapuchados, de todos los diversos actores en la guerra, violaron sus casas, irrumpieron su intimidad.

También documentaron el delito de destrucción de sus bienes por el ejército, la guerrilla, los paramilitares y consideraron delitos contra la libertad individual porque al menos el uno por ciento de las mujeres fueron reclutadas a los grupos en guerra.

Otras relatan que fueron secuestradas y recibieron maltrato físico y torturas. Algunas fueron obligadas a dar servicio sexual, principalmente a los guerrilleros.

Los aportes
El documental de trámites, iniciativas, idas y venidas por espacios internacionales, relaciones con agencias de apoyo económico y trabajo diarios, es enorme. A decir de la directora de Isis Internacional de Chile, Ana María Portugal, una de las garantes y testigas internacionales, las mujeres colombianas han abierto un libro de conocimientos sobre lo que es vivir en la guerra, como mujeres.

Buscadita Roa, de las abuelas de Plaza de Mayo, ofreció durante los días de reunión, algunas claves para lograr un poco de justicia: "resistir, no callar, tocar todas las puertas, no desfallecer", dijo, al recordar que durante 30 años ella ha buscado a los desaparecidos en Argentina.

Fueron Angélica Marina López y Yolanda Aguilar Urízar, de Guatemala, quienes, en el mismo día del encuentro para declarar la apertura de la REMJUS, en un taller de intercambio y participación, abrieron una rendija a la sanación y así se solidarizaron.

Yolanda dice que sanar es una responsabilidad personal y colectiva. Es, afirma, la única manera de construir relaciones de paz con nosotras mismas, con el entorno que nos rodea y en la sociedad en la que vivimos. Por ello, siempre que las mujeres hemos vivido y hablado del dolor, hemos hablado también de la justicia.

La guatemalteca, quien fue co coordinadora del proyecto Actoras de Cambio en Guatemala, donde se recuperó la memoria histórica de las víctimas, dijo que, en ese camino, el nacimiento de REMJUS-Causa Abierta es un paso en el avance de las mujeres para intercambiar experiencias y generar solidaridades.

Katerina Anfonssi, de Radio Internacional Feminista, propuso producir, en voz e imagen, cientos de testimonios que hagan posible que la Causa Abierta prospere, como mensaje de paz.

Ana María Portugal recordó lo que dijo Swanee Hut, fundadora de la iniciativa mundial Mujeres Construyendo la Paz: "es hora de cambiar la imagen de los trajes oscuros de las mesas de negociación de paz en el mundo por una más colorida, ya que parece que sólo los hombres están involucrados en resolver las guerras", a lo que, por cierto, no responden.

En la reunión se concluyó que el mensaje de la Liga de Mujeres Desplazadas de Colombia es buscar la paz duradera, la ejecución de las resoluciones de la ONU en ese sentido y la solidaridad internacional como prefijo, para que la Causa Abierta tenga éxito. La REMJUS iniciará una campaña de inmediato, se informó.