Mujer y Aborto: Por el derecho a decidir

Isabel Diaz Medina

Punto Final Chile es uno de los pocos países en el mundo que criminaliza el aborto en todas las circunstancias, incluyendo la violación y el riesgo para la vida y salud de la madre. Su prohibición constituye un grave problema de salud pública y su penalización, una violación a los derechos humanos de las mujeres y consagra una injusticia social, porque son las más pobres quienes se ven mayormente afectadas.

“El Estado, y su herencia dictatorial, obliga a las mujeres a ser madres, afectando la calidad de sus vidas al ser forzadas a realizar un servicio maternal obligatorio”, señala la declaración de las organizaciones feministas que convocaron a la marcha del 25 de julio. Bajo la consigna “Abortar la hipocresía, el patriarcado, la dictadura moral y la maternidad forzada”, la manifestación terminó con la toma de la Catedral Metropolitana. Allí el grito “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Por un aborto libre, seguro e igualitario”, obligó a suspender la misa que encabezaba el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. Aun cuando no todas las organizaciones feministas apoyaron esa acción, concordaron en rechazar la influencia de la Iglesia Católica para bloquear todo intento de ampliar las libertades y derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.

Pamela Eguiguren Bravo, académica de la Escuela de Salud Pública e integrante del núcleo técnico del Observatorio de Equidad de Género en Salud, afirmó que “ha habido una presión muy grande de la Iglesia Católica en Chile, pero también de un brazo político representado en el Parlamento que impide avances en materia de derechos de las mujeres. No se trata sólo de la derecha, sino también de sectores del progresismo que se esperaría tuvieran una voluntad política mayor”.

María Isabel Matamala Vivaldi, de la Articulación Feminista por la Libertad de Decidir y de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, afirma que las mujeres en Chile al abortar son criminalizadas y tratadas como delincuentes: “Exigimos ampliar las libertades de las mujeres, el derecho a decidir y a ejercer la autonomía sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas (…). Nuestros úteros no son bienes nacionales, el Estado no puede decidir y meterse en nuestros cuerpos. Con esta negación de derechos las más afectadas están siendo las mujeres pobres, las adolescentes y las niñas. Estas últimas, producto de la violencia sexual, son obligadas a llevar a término sus embarazos. Hoy deben transformar su drama en un espectáculo y esperar un veredicto de la sociedad en lugar de justicia para ellas. Nos movilizamos por conseguir una ley acorde con los derechos y libertades que las mujeres merecen”.

Para las feministas, en el caso del aborto terapéutico, malformación fetal grave y violación, las mujeres son reducidas a meros recipientes que deben resignarse y sacrificar incluso su vida, en pos de una potencialidad de persona. Es decir, ni en las situaciones más extremas tienen la opción de decidir, porque desde el mismo Estado se les coacciona a cumplir el mandato de la maternidad.

DERECHOS HUMANOS Y CRIMINALIZACION DEL ABORTO

“Chile es uno de los cinco países del mundo que prohíbe el aborto en todos los casos. Los otros países son todos latinoamericanos. Eso significa que ni siquiera los países musulmanes evidencian tan poco respeto por la mujer”, afirma Alejandra Zúñiga-Fajuri, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.

La autonomía de las mujeres es un factor fundamental para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos en un contexto de plena igualdad. El control sobre su cuerpo, la capacidad de generar ingresos y recursos propios (autonomía económica) y la plena participación en la toma de decisiones que afectan su vida y su colectividad, son los tres pilares para lograr mayor igualdad de género.

“Todos los órganos de protección y fiscalización de cumplimiento de las normas de derecho internacional han declarado, sin excepción, que la prohibición total del aborto es contraria a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia Artavia Murillo, de 2012, señaló que la vida de la madre es la que está protegida por el artículo 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José), y que la vida y protección del embrión es progresiva”, señala la abogada Zúñiga-Fajuri. “La sentencia de la Corte Interamericana establece que el óvulo fecundado no anidado en el útero materno, no posee protección a la luz de la Convención Americana. Además, que ahí no existe propiamente ‘concepción’, sino ‘fecundación’. Por ello, en su fallo, la fecundación in vitro es declarada legítima y un derecho reproductivo de quienes son infértiles”, explica la jurista.

Para la académica de la Universidad de Valparaíso el aborto hasta el tercer trimestre de embarazo debiera ser libre, seguro y gratuito. “Las estadísticas muestran que sólo el 0,01 por ciento de los abortos se realizan en el último trimestre. Los países que han despenalizado el aborto tienen tasas de interrupción del embarazo significativamente menores que nosotros. Es decir, la despenalización no solo protege y respeta la vida y salud de las mujeres, sino que disminuye los abortos”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los abortos clandestinos en América Latina aumentan conforme más restrictivas son las leyes. Y es que las mujeres buscan soluciones desesperadas para poner fin a embarazos no deseados. En Chile no existen cifras exacta, pues el aborto es una práctica oculta que nadie reconoce por miedo a la condena social y penal. Diversas fuentes estiman que se realizan entre 160.000 y 180.000 abortos al año, en diversas condiciones que dependen fundamentalmente del estrato social de la mujer. Las mujeres con recursos se realizan abortos en clínicas privadas o viajan al extranjero, mientras que las más pobres mueren por procedimientos clandestinos insalubres y precarios.

Pamela Eguiguren Bravo afirma que “Chile ha avanzado en términos de la tecnología de las condiciones sanitarias, por tanto, el aborto clandestino no tiene un reflejo en la mortalidad materna. Eso permite que el aborto no se vea, porque mientras siga penalizado no hay registros”.


CONSERVADURISMO DE LA LEGALIDAD DEL ABORTO EN CHILE

En Chile las leyes contra el aborto se encuentran en el Código Penal, bajo el título de “Crímenes y Delitos contra el Orden Familiar y la Moralidad Pública”, caracterizándose como una de las legislaciones más restrictivas del mundo. La regulación penal considera a la mujer y el valor de su vida como un bien jurídico, subordinado al feto en gestación. Esta consideración es reforzada por la Constitución de 1980, en el artículo sobre garantías y derechos de las personas, en el párrafo que garantiza la protección de “la vida del que está por nacer”, separando esta vida de quien la concibe y de su libertad para decidir respecto del embarazo.

Chile es el único país de América del Sur donde el aborto es prohibido en cualquier circunstancia, y el único que se ha movido en dirección contraria a la corriente de la historia, volviéndose más conservador con el tiempo. El aborto terapéutico estuvo permitido desde 1931 a 1989, a través del artículo 119 del Código Sanitario. Toda mujer cuya vida estuviera en peligro podía solicitar un aborto si contaba con la aprobación de dos médicos. Sin embargo, debido a las gestiones de la cúpula de la Iglesia Católica y de personeros de la dictadura militar, en diciembre de 1989 se derogó dicho artículo y se penalizó sin excepción el aborto.

“Una legislación de aborto terapéutico resolvería una parte muy marginal del problema. La gran masa de los abortos clandestinos se realizan por razones vinculadas a las circunstancias que las mujeres enfrentan, a determinantes sociales como la pobreza, o un sistema que no da protección social a la ciudadanía en materia de educación y salud. Por tanto, tener hijos en esta sociedad es complicado”, sostiene Pamela Eguiguren.

En 1990 la tasa de fertilidad de Chile fue de 2,6 hijos por mujer. Para 2011, según el Banco Mundial, la cifra se había reducido a 1,8 hijos por mujer, igualando a Brasil como el más bajo de América del Sur. Frente a este escenario, el presidente Piñera anunció la asignación de un bono por maternidad de 100 a 200 mil pesos a las parejas que tengan tres o más hijos. La noticia del “Bono Opus Dei” fue portada en la prensa internacional, destacando lo ineficaz de la medida y calificando a Chile como uno de los países más conservadores del mundo. En Chile las críticas apuntaron a cómo se pretende promover la crianza de un cuarto o quinto hijo, cuando se gana un sueldo mínimo.

JAIME GUZMAN Y EL ABORTO

Durante el funcionamiento de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, encargada de discutir el anteproyecto de la nueva Carta Fundamental, Jaime Guzmán Errázuriz trató de introducir una prohibición constitucional del aborto. “La madre debe tener el hijo aunque éste salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muerte”. Fue el discurso del fundador de la UDI en noviembre de 1974, que consta en actas oficiales de la Comisión Constituyente. Finalmente, los demás redactores de la Constitución de 1980 no aceptaron esa moción, por lo que sólo establecieron, en su artículo 19 número 1, que “la ley protege la vida del que está por nacer”, con lo que la regulación de la materia quedó radicada en la ley.

ABUSO SEXUAL A NIÑAS

Con la actual legislación, las niñas embarazadas como consecuencia de una violación, o cuando el embarazo amenaza su vida o salud, están obligadas a continuar con sus embarazos, independientemente de los riesgos.

El caso de Belén, la niña de 11 años violada y embarazada por su padrastro, ha reabierto el debate en torno al aborto y también ha puesto sobre la mesa el grave problema de la gran cantidad de los menores que sufren abuso sexual. El Colegio de Matronas informó que así como Belén, otras veinte niñas enfrentan una situación similar. Según la entidad, en el país hay un alto número de casos de incesto que no son reportados, y señaló que este delito es tan frecuente, que es una de las principales causas de embarazo adolescente. Además, asegura que el 10 por ciento de los embarazos adolescentes ocurren en niñas menores de 14 años, y el 70 por ciento de estos casos son consecuencia de incesto.

Chile debe respetar tratados internacionales

La Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité de la ONU Contra la Tortura, entre otros, han declarado en los últimos años que la penalización del aborto, cuando la vida o salud de la madre corren peligro o cuando el embarazo es producto de una violación, constituye un acto de tortura que viola los derechos humanos básicos de las mujeres.

La violación es considerada una de las principales manifestaciones de violencia contra la mujer por la Convención de Belém do Pará (1996) y por el Estatuto de Roma (1998), que crea la Corte Penal Internacional entre otros instrumentos de derechos humanos ratificados por Chile. Sin embargo, en nuestro país la violación no es una razón válida para justificar la interrupción de un embarazo.

Amnistía Internacional advierte que la criminalización del aborto constituye una brecha respecto del derecho internacional de derechos humanos, y que existe acuerdo entre los expertos de que el embarazo presenta riesgos específicos y consecuencias potencialmente de largo plazo para la salud física y mental de las niñas.

El movimiento feminista en Chile demanda no solo contar con una legislación como la que existía antes de la dictadura militar, a través de un proyecto que reponga el aborto terapéutico, sino que el Estado garantice el aborto libre, seguro y gratuito, conforme al derecho internacional.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 788, 23 de agosto, 2013

www.puntofinal.cl

Morena Herrera: "En El Salvador, las mujeres que abortan van del hospital a la cárcel"

La feminista y ex-guerrillera lucha para despenalizar el cese voluntario del embarazo, que puede comportar penas de 30 a 50 años de prisión

Céline Gesret

Morena Herrera, feminista y ex-guerrillera salvadoreña lucha hoy a favor de la despenalización del aborto en su país. En el año 97, El Salvador entró en la lista restringida de países latinoamericanos que penalizan todo tipo de aborto. Se modificó la Constitución en esos términos: "Se reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción". En El Salvador hoy abortar es un delito, y puede ser calificado de homicidio agravado. Las penas oscilan en este caso entre 30 y 50 años de prisión. Morena Herrera junto con las mujeres de la organización feminista La Colectiva han presentado al Congreso de los Diputados de San Salvador un recurso de anticonstitucionalidad para avanzar en la lucha a favor de la despenalización del aborto.

Desde el año 97 en El Salvador se penaliza todo tipo de aborto, del terapéutico al consentido. ¿De qué manera se aplica esta ley?

En El Salvador, la legislación se aplica de manera oficial y oficiosa. Estamos frente a un tipo de "delitos" en que la fiscalía es bastante eficaz en la persecución de mujeres. Eso genera unas condiciones de miedo entre el personal hospitalario presionándolo para que renuncie al secreto profesional y denuncie los casos de aborto. Muchas de las denuncias provienen de los hospitales públicos. La mayoría son mujeres que viven en situación de pobreza. Si tienen una complicación en el momento del embarazo, no pueden acudir a un hospital privado. En las clínicas privadas, cuyo número se multiplicó por tres en diez años, se respeta el secreto profesional, no hay denuncias. Las mujeres que sufren de la ley anti-aborto son mujeres jóvenes con bajo nivel de instrucción. No tienen recursos para contratar defensoría legal. Son mujeres que han transitado literalmente del hospital a la cárcel. Nosotras, con la ayuda de abogados, les ofrecemos la posibilidad de acceder a la justicia.

¿Se puede comparar lo que pasa hoy en Salvador con lo que pasa en los demás países que condenan el aborto en América Latina : Chile, Nicaragua, República Dominicana?
En otros países como Chile, el aborto está penalizado totalmente pero no hay una persecución a las mujeres. Aquí, el código penal incluye un artículo que penaliza también a quien incite al aborto, entonces este artículo generó mucho miedo, porque incitar es una palabra muy ambigua. Hubo unos años de autocensura por parte del movimiento feminista.

¿Cómo empezaron a investigar los casos de mujeres encarceladas por aborto?
En el año 2000, un centro de investigación de Nueva York hizo un informe sobre las primeras mujeres presas. Lograron ubicar a 49 mujeres encarceladas en aquel momento. A partir de entonces empezamos a organizar acciones de sensibilización, pero no lográbamos encontrar fuerza de continuidad. Luego, en el año 2004, vino a Salvador el periodista Jack Hitt del New York Times. Hitt investigó un caso específico de una mujer condenada a 30 años por aborto. Nosotras, al leer el reportaje del NYT decidimos actuar por esta mujer. Traducimos la revista, la investigamos. Yo sola pude entrar en la cárcel para verla porque por suerte tengo un apellido común con esta mujer. Llevaba cinco años presa. Le dije que queríamos iniciar un proceso para ayudarla, aclarando que lo hacíamos para ella, pero también para conocer cómo se está aplicando la legislación.

¿Cómo lograron ayudarla?
Nos costó encontrar especialistas para investigar su caso, porque fue un aborto espontáneo en el fin del embarazo. Necesitábamos pruebas forenses muy específicas. Conseguimos ayuda de la Fundación Carolina y de la Universidad de Granada desde España. Tardamos años. El tribunal finalmente aceptó la revisión. Hubo mucha movilización, la gente se identificaba con esta mujer. Hicimos venir a un forense de Argentina y otro de Guatemala. Logramos conformar un equipo de abogados. Y por fin, el 9 de julio del año pasado, logramos la libertad de Karina. Y vinieron otros casos. Recientemente logramos la conmutación de 30 a 3 años de cárcel. Ha sido la primera vez en Salvador que se lograba una conmutación tan grande.

¿Concretamente a qué se arriesga una mujer que aborta en El Salvador?
Si se acusa por aborto consentido y propio, son 8 años de cárcel. Lo que ocurre con esas mujeres es que la fiscalía cambia el motivo del delito. Al principio es delito por aborto y luego, por el hecho de no haber protegido la vida de su hijo, se transforma en homicidio. Cambian la calificación del delito y la acusan de homicidio agravado. Entonces la pena es entre 30 y 50 años. El año pasado tuvimos un caso de una muchacha, Marlene, quien tuvo un aborto natural, tuvo que ir al hospital, y del hospital a la cárcel, está en tercer año de bachillerato. La clave está en la palabra homicidio, ella no tiene derecho a audiencia preliminar, va directa a la cárcel. Ojala la fiscalía tuviesa el mismo nivel de diligencia para los grandes asesinatos de este país. En el caso de esta muchacha ya la habían acusado inmediatamente de doble delito, aborto y homicidio. Cosa que no se puede legalmente. Así encontramos el caso. Logramos que saliera libre el 14 de enero de este año.

Y lograron organizarse...
Entre la libertad de Karina, y la libertad de Marlene, decidimos que íbamos a conformar una agrupación ciudadana para la despenalización del aborto terapéutico, ético, genésico. Las tres cosas. En Nicaragua el aborto terapéutico incluye los tres, pero aquí no. En este momento estamos trabajando sobre seis casos de mujeres encarceladas por aborto, cuatro de ellas por homicidio agravado.

¿Cómo trabajan en una sociedad donde la religión tiene tanto poder?
Intentamos sensibilizar a la población, promoviendo reflexiones sobre los fundamentalismos religiosos en la sociedad. Trabajamos también con religiosas feministas para "despenalizar las conciencias" como decía la periodista cubana María López Vigíl.

¿Cuál es el riesgo para ustedes?
Hace años recibía llamadas a mi casa de amenazas, lo que asustaba a mi hija. En enero de este año nos manifestábamos frente al juzgado para defender al caso de Marlene. Y de repente llegaron seis caros de patrullas, enviados porque se recibió una llamada diciendo que había un grupo de mareros amenazando. Y éramos nosotras. Fue una locura. Hablé con el jefe del operativo, y le dije que estábamos ejerciendo ciudadanía, porque nos impedían entrar en el juzgado. Le insistí en que era nuestro derecho y al final nos hizo caso, levantó el operativo.

Sin miedo...
Intentamos mantener una actitud, lo que no significa que no tengamos miedo. Pero solo por el miedo, no haríamos nada. Y sí, creo que hay un nivel de conciencia de la gente que es una ley injusta.

Argentina. Aborto: "Algo habrán hecho"

Fuente: Insurrectasypunto

Lesbianas y Feministas por la descriminalización del aborto

La línea “Aborto: más información, menos riesgos”, desde hace un año, nos ha permitido hablar en público de lo que pasa cuando las mujeres abortan masivamente de manera clandestina.

500.000 mujeres por año pasamos a la clandestinidad cuando decidimos abortar. Y pasar a la clandestinidad nos hace cuerpos subversivos que deben ser invisibilizados: 80.000 mujeres por año internadas por abortos inseguros. En los últimos 27 años, más de 3000 muertas, y nuestro reclamo político enterrado: 46 proyectos de legalización del aborto, cajoneados.

“Yo estoy a favor de la vida”. “Yo estoy de acuerdo si la mujer fue violada”. “Que primero un psicólogo o un médico las trate de convencer de que lo tengan”. Porque según los cuentos infantiles y las novelas en los que nos gusta creer no hay aborto, la maternidad siempre es deseada y parir nos hace mujeres. Y según esos cuentos el cuerpo resignado a la maternidad obligatoria siempre es de otra: de la mucama, de la adolescente, de la puta, de la lesbiana, de la ama de casa, de la soltera cuarentona, de la hija del vecino, de la presa. Según este discurso público, nadie es forzada a la maternidad en primera persona, pero tampoco nadie aborta. Las mujeres que abortan no existimos. La clandestinidad nos hace desaparecer.

Pero según el Ministerio de Salud de la Nación, el aborto clandestino es una experiencia que en promedio cada mujer vive dos veces en su vida. Nunca más, es una advertencia. Es un llamado a abandonar la fantasía de que el aborto no existe y que el mundo es como en los cuentos. 1.000 millones de pesos es el precio de la extorsión para abortar sin enfermar, pero, aunque caro, ningún aborto clandestino sucede libre de miedo, violencia y un destino incierto. Quienes no pueden pagar viven tortura, humillación y muerte cuando necesitan recurrir al hospital, donde son hostigadas, violentadas y denunciadas por quienes están “a favor de la vida”, de la obediencia debida. Nunca más al terrorismo de Estado que nos condena a la clandestinidad, al disciplinamiento de la tortura y al silencio.

La línea “Aborto: más información, menos riesgos”, desde hace un año, nos ha permitido hablar en público de lo que pasa cuando las mujeres abortan masivamente de manera clandestina. 5000 personas ya llamaron para informarse sobre aborto seguro y nos contaron sus formas de rebelarse contra esta imposición. Con ello construimos lucha y memoria para desafiar la enfermedad, la denuncia y la tortura. Aborto inseguro Nunca Más.

El derecho humano de la decisión

Por Mariana Carbajal

Página 12 La eliminación de los embarazos no deseados reduce la pobreza: si se lograran evitar, el impacto sería equivalente a un aumento del ingreso per cápita de entre un 10 y 20 por ciento. El dato surge de un estudio realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) y lo reveló la mexicana Nadine Gasman, directora regional de Unifem para la campaña contra la violencia hacia las mujeres de la ONU, con sede en Panamá. Gasman expuso en la apertura del V Congreso Latinoamericano de Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR), que se desarrolló a lo largo de tres días en esta ciudad, con más de medio millar de participantes de 17 países, y donde se reafirmó que los DSyR son derechos humanos. Quedaron claros algunos acuerdos, que Gasman resumió así: para reducir la mortalidad materna y el embarazo adolescente, y conseguir que la maternidad sea una elección y no una imposición, se deben duplicar las inversiones en salud sexual y reproductiva, garantizar una educación integral en sexualidad en las escuelas, erradicar la violencia contra las mujeres y avanzar con legislaciones que despenalicen el aborto. En ese marco, el gobierno uruguayo anunció que impulsará en la Unasur y el Mercosur la expansión de la consejería pre y post aborto en la región, una estrategia de reducción de daños que viene llevando adelante Uruguay y que apunta a que las mujeres puedan, por su cuenta pero sin riesgos, interrumpir una gestación no deseada con un fármaco (el misoprostol), hasta tanto se logren reformas que legalicen el aborto.

En América del Sur, donde la mayoría de los países tienen leyes que penalizan esa práctica, se practican 33 abortos inseguros cada 1000 mujeres de 15 a 44 años, indicó Fática Juárez, profesora del Colegio de México e investigadora del Instituto Guttmacher, de Nueva York. “Esta cifra es mayor que la de todas las demás regiones del mundo en desarrollo, incluida Africa, y catorce veces mayor que la de los países desarrollados”, comparó Gasman.

Conseguir que la maternidad sea libremente elegida y que la vida de las mujeres no corra riesgo como consecuencia de un embarazo fueron dos de las banderas levantadas durante el encuentro.

Según la OMS, la proporción de muertes maternas que resultan de abortos inseguros –realizados con métodos precarios–, en América latina y el Caribe es muy alta y supera la de Asia y Africa, precisó la especialista de Unifem. “Se estima que entre un 10 y un 20 por ciento de todas las mujeres que tienen abortos necesitan, pero no reciben, atención médica para complicaciones graves”, destacó Juárez, al presentar, en una de las conferencias, el estudio “Aborto a nivel mundial: una década de progreso desigual”, realizado por el Instituto Guttmacher.

Gasman, quien hasta 2009 representó a Unfpa en Guatemala, puso énfasis en el impacto que puede tener la inversión en salud sexual y reproductiva. “Cada dólar invertido en planificación familiar tiene beneficios sociales tan altos como si invirtiéramos 31 dólares en servicios de salud, abastecimiento de agua, educación y vivienda”, destacó la médica, especializada en salud pública. Y aportó otro dato estremecedor: “El costo mundial para acabar con la mortalidad materna evitable es de 6000 millones de pesos. Nos puede parecer mucho, pero es equivalente a dos días y medio del gasto militar mundial”. Si bien la mortalidad materna se redujo entre 1994 y 2005 en la región un 26 por ciento, “se observa un virtual estancamiento que es motivo de preocupación y evidencia la necesidad de adoptar medidas adicionales”, expresó. A este ritmo, advirtió, no se llegará a cumplir con el Objetivo del Milenio de reducir en tres cuartas partes la MM en los países de la región.

El V Congreso Latinoamericano y I Centroamericano se llevó adelante entre el miércoles y el Viernes, en esta ciudad rodeada de montañas y de primavera eterna. Asistieron profesionales de la salud, proveedores de servicios, investigadoras e investigadores, activistas y periodistas. En representación del gobierno argentino participó la coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Paula Ferro. Página/12 fue el único medio del país.

“Dignidad, Justicia y Equidad en Salud”, fue el lema convocante. Durante el encuentro se analizó cuál es el contexto actual y los desafíos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en América latina, desde una óptica de derechos humanos, en más de treinta mesas redondas. Las profundas desigualdades en la región y al interior de cada país fue uno de los obstáculos identificados. Pero no el único: la presión de sectores conservadores vinculados con la Iglesia Católica fue eje de fuertes críticas. “Poner una mordaza para evitar que los jóvenes tengan educación sexual es una violación de los derechos humanos”, señaló la diputada guatemalteca Zury Ríos, ferviente defensora de los derechos de las mujeres en este país. Demandas judiciales en la mayoría de los países de la región –incluida Argentina– para prohibir la distribución gratuita de la anticoncepción hormonal de emergencia con el falso argumento de que sería “abortiva” es una de las acciones repetidas de los grupos fundamentalistas. Pero aquí en Guatemala han llegado tan lejos como a censurar un suplemento femenino. En una de las mesas redondas, la periodista Yeny Leiva, editora del suplemento Semanario mujer del diario Prensa Libre, denunció que grupos fundamentalistas consiguieron que la dirección del periódico bloqueara la publicación en el suplemento de artículos que mencionen las palabras “orgasmo”, “deseo”, “aborto” y “sexualidad”. “Nuestra intención era informar sobre la sexualidad a las lectoras. En Guatemala hay muchas mujeres que desconocen lo que es un orgasmo”, contó Leiva. Pero “por presiones de sectores conservadores” el año pasado tuvieron que dejar de publicar sobre la temática. Leiva también reveló que una periodista de Prensa Libre que había escrito un artículo sobre sexo oral fue insultada por gente que la fue a esperar a la salida de la redacción del diario para agredirla. “Yo colecciono el suplemento para mis hijos adolescentes –intervino una mujer del público– y al que más le interesa es a mi esposo, porque mis hijos están más informados que él”, comentó y generó carcajadas en la audiencia.

Guatemala es uno de los países de Latinoamérica con más alto índice de violencia contra las mujeres. Es el segundo, después de El Salvador, con 93 feminicidios perpetrados en el marco de una relación de pareja por cada millón de mujeres mayores de 14 años, de acuerdo con un informe internacional publicado hace dos semanas por el Centro Reina Sofía, de España, especializado en la temática. La mortalidad materna es 158 decesos cada 100 mil nacidos vivos, precisó el médico Edgar Kestler, director ejecutivo del Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala y presidente del comité organizador del V Congreso. Sólo está despenalizado el aborto terapéutico, es decir, para salvar la vida de la mujer. En otros países como Nicaragua y El Salvador el acceso al aborto es aún más restrictivo: el procedimiento está prohibido en cualquier circunstancia, incluida para salvar la vida de la mujer. La abogada estadounidense Nicolle Catrivanos, que está trabajando en El Salvador, contó a Página/12 que las mujeres que recurren a un aborto y requieren asistencia médica en un hospital son denunciadas por el personal médico y terminan esposadas mientras reciben curaciones. “Se las acusa incluso por homicidio agravado por el vínculo y pueden recibir hasta 30 años de prisión. La mayoría, claro, son jóvenes, pobres y de poca educación”, sostuvo Catrivanos.

La abogada colombiana Alejandra Cárdenas, del Centro para los Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York, se explayó sobre cómo se pueden defender los derechos sexuales y reproductivos con el derecho internacional de los derechos humanos, frente al ataque de los grupos ultracatólicos. “Hay que poner las cosas claras para las cortes nacionales: ni el feto ni el cigoto ni el embrión son personas frente al derecho internacional”, enumeró. Y detalló cuál es la posición de los organismos de la ONU al respecto: “El sistema universal de protección de derechos humanos ha rechazado otorgar ‘el derecho a la vida’ desde el momento de la concepción y ha rechazado una protección absoluta de la vida en gestación y en consecuencia ha rechazado una prohibición absoluta del aborto”, explicó y citó los tratados correspondientes y las posiciones sobre el tema de los comités que monitorean su cumplimiento. Para acceder a las ponencias que se presentaron durante el encuentro se puede visitar la página www.congresoderechosysalud.com.

Situación del Aborto en el Mundo...

Por: Dr. Mario Sebastiani* * Médico del servicio de Obstetricia del Hospital Italiano, actual vicepresidente y presidente electo de la Asociación Argentina de Ginecología y Obstetricia Psicosomática-

Algunos datos y cifras sobre la salud materna y el aborto:

Salud materna: magnitud del problema

- 180–200 millones de embarazos anualmente
- 75 millones de embarazos no deseados [1]
- 50 millones de abortos inducidos2
- 20 millones de abortos realizados en condiciones de riesgo
- 600.000 muertes maternas (1 por minuto)
- 1 muerte materna = 30 morbilidades maternas
[1] Sadik 1997.2WHO.

Mortalidad materna: una tragedia global

•Anualmente, 585.000 mujeres mueren por complicaciones relacionadas con el embarazo

–99% en el mundo en desarrollo
– 1% en países desarrollados
Monitoreo de la mortalidad materna

Cada minuto....

•380 mujeres quedan embarazadas
•190 mujeres se enfrentan a un embarazo no planificado o no deseado
•110 mujeres experimentan una complicación relacionada con el embarazo

•40 mujeres tienen un aborto realizado en condiciones de riesgo

•1 mujer muere por complicaciones relacionadas con el embarazo
Aborto: Problemática en la Argentina
- Incidencia en Argentina:
•Siendo el aborto provocado clandestino sólo puede estimarse la cifra
•La cifra estimada es de 500.000 abortos por año. (683 por cada mil nacidos vivos)
Aller L. Pailles J. La práctica del aborto en Argentina. Marketing Social
Escenografía
•Mujeres rurales: 73% autoaborto o persona no calificada
•Mujeres urbanas de escasos recursos: 57% iguales condiciones
•1de cada 3 abortos clandestinos debe ser hospitalizado.
•Mujeres urbanas con recursos: 90% médico o personal debidamente calificado
Consecuencias
•Los abortos son la primera causa de mortalidad materna (35.9 %)
•Subregistro: hemorragias del embarazo y el parto (15%) -la mitad se estiman que son por aborto (7.5%) lo que da un total de 43.4% de muertes maternas
•En el Noreste y Noroeste (88.9%) y (84.7%)
•Colombia (36%) -Costa Rica (22%) -Chile (36%)


Consecuencias
• Infecciones pélvicas
• Hemorragia y shock
• Laceraciones cervicales
• Perforaciones uterinas
• Daños a la vejiga y a intestino
• 6-14 días promedio de internación
• 50% de las camas ginecológicas
Aborto: Situación en un país con aborto legalizado
• Aborto médico en EE.UU
•Es una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes
•Probablemente la mitad de las mujeres al llegar a los 45 años han tenido un aborto
•En los países en los que se encuentra legalizado constituye uno de los “triunfos” de la Salud Pública
David Grimes: Am. J. Obstet. Gynecol. 183:2,S1,
Aborto médico
•Es una de las intervenciones quirúrgicas más seguras.
•Riesgo de muerte: 1/100.000
•Riesgo de muerte por una histerectomía es 100 veces mayor
•Es menor a la de una inyección de penicilina
•DavidGrimes: Am. J.Obstet.Gynecol. 183:2,S1,


Aborto: ¿Cuando comienza la vida?
En cuanto a la polémica de cuándo comienza la vida hay diferentes visiones:

• Visión metabólica:
No hay un punto en el que la vida comienza. El espermatozoide y el óvulo se encuentran vivos como cualquier otro organismo

• Visión genética:
Un nuevo individuo se crea mediante la fertilización.
Esto se logra cuando los genes de los dos padres se unen para formar un individuo con propiedades únicas

• Visión embriológica:
En los humanos pueden ocurrir gemelos idénticos hasta el día 12. Esta división produce dos individuos con diferentes vidas. Aún siendo siameses los gemelares pueden tener distintas personalidades. Por ello una individualidad singular no es fija hasta el día 12.

(En términos religiosos los dos individuos tienen distintas almas)
Algunos textos médicos consideran las etapas previas como pre embrionarias
(Esta visión permitiría la contracepción, la anticoncepció n de emergencias, los agentes anti progesterona, la clonación terapeutica pero no el aborto luego de las dos semanas de gestación)

• Visión neurológica:
Nuestra sociedad ha definido a la muerte como la pérdida de la actividad cerebral mediante EEG . Por ello algunos científicos y filósofos piensan que la aparición de la actividad electroencefalográ fica humana (alrededor de la semana 27) debiera definirse como el momento en el que comienza la vida humana. Esta visión y las siguientes permitirían el aborto del segundo trimestre.

• Visión ecológica/tecnoló gica:
Esta visión considera que la vida humana comienza cuando la vida puede existir separada del ambiente biológico materno. El límite natural de la viabilidad ocurre cuando los pulmones se encuentran maduros, pero la tecnología ha avanzado a punto tal de permitir que un niño prematuro pueda sobrevivir a partir de la semana 23-24.
Esta visión sugiere que si el feto puede potencialmente sobrevivir, no debe ser abortado.

• Visión inmunológica:
Esta visión considera que la vida humana comienza cuando el organismo reconoce la distinción entre lo propio y lo ajeno. En los humanos esto ocurre en el momento del nacimiento

• Visión integrada:
Esta visión considera que la vida comienza cuando la misma se vuelve independiente de la madre y tiene su propio aparato circulatorio, sistema alimentario y sistema respiratorio. Esto ocurre al nacimiento y cuando se corta el cordón umbilical
Preguntas que deberíamos hacernos

Más halla de las diferentes opiniones de los diferentes actores sociales en la problemática del aborto, es un buen ejercicio hacernos ciertas preguntas:

•¿Porqué abortan las mujeres?•¿Qué otras alternativas tiene una mujer que enfrenta un embarazo no deseado?•¿Porqué hoy en día, que existen métodos anticonceptivos relativamente seguros y de fácil empleo, el embarazo no deseado y el aborto siguen siendo un hecho común?
- Porque no desean tener un hijo en ese momento de sus vidas.
- Por las imperfecciones de la anticoncepció n, la imperfección del ser humano, las ambivalencias frente a los embarazos, la influencia del alcohol y las drogas, los momentos de pasión y encuentro nunca podrán ser eliminados.
Conclusión
Según el Dr. Mario Sebastiani “Debemos evitar la falacia que dice que quienes desean la despenalizació n del aborto, están a favor del aborto. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y como tales indivisibles y universales. Debemos lograr su interpretació n y aplicación”.
Entonces aquí llegamos a preguntarnos cuál sería la solución a este debate, la planificación familiar o lograr que el aborto sea seguro? Sebastián explica que si bien hablar y desear el aborto seguro resulta difícil y controvertido para la sociedad, no poseerlo implica un contrasentido al concepto de “Salud Pública”. Es esencial la calidad y el acceso a la contracepción, y lo mismo vale para el aborto seguro. El aborto clandestino mata o hiere a las mujeres de manera intolerable.

Leyes y aborto en América Latina...

Por Isabel Soto Mayedo* / Prensa Latina

Múltiples son las causas que motivan cada día a 29 de cada mil mujeres a someterse a un aborto en distintas partes del mundo, donde gran parte de ellas tienen que hacer magia para procurarse una vida decorosa.

Esta cifra asciende a 31 en América Latina, donde mueren cada año unas 10 mil por abortos mal practicados, casi siempre de forma clandestina y en condiciones de riesgo, por las restricciones impuestas contra el ejercicio de ese derecho.

Leyes aprobadas en contubernio con las jerarquías católicas, en distintas épocas y contextos marcados por intereses electorales, prohibieron las interrupciones de embarazos en varios países del área y, en casi una treintena de ellos, las condicionaron a extremos.

La impedimenta contra el aborto inducido -aún cuando el sostenimiento de la concepción arriesgue la vida de la madre o el feto presente malformaciones- rige en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ecuador, Chile, Saint Martin (Antillas Holandesas), Paraguay y República Dominicana.

Grupos conservadores de los dos últimos países impidieron sacar adelante proyectos legislativos orientados a la despenalización de las interrupciones, en tanto las salvadoreñas enfrentan una de las leyes más prohibitivas acerca del tema hace más de una década.

La aplicación de la disposición vigente en el "pulgarcito centroamericano" derivó en cientos de muertes de mujeres desde 1996, según el Centro de Derechos Reproductivos y el Instituto de Estudios para la Mujer.

Modificaciones realizadas entonces a la disposición sobre el tema criminalizaron el aborto, al catalogarlo de delito, prohibir su realización y aumentar las condenas a quienes apelaran a él hasta 12 años de cárcel.

Un año y medio después, 69 salvadoreñas -mayoritariamente pobres y jóvenes- habían enfrentado procesos judiciales por abortos ilegales, en correspondencia con datos de la Policía Nacional Civil.

Las involucradas habían apelado al uso de altas dosis de píldoras anticonceptivas, antiácidos, ganchos para ropas, líquidos cáusticos y otras sustancias a fin de evitar la evolución del embarazo y los retos de la maternidad, ante la falta de oportunidades para ellas.

Muchas de las que recurrieron a esos métodos buscaron atención médica tras sufrir abortos incompletos y 23 fueron denunciadas por personal hospitalario.

Cabe recordar que las transformaciones legislativas sobre el particular resultaron de la estrategia aplicada por la Alianza Republicana Nacionalista (derecha) con tal de ganar el favor de la Iglesia Católica en la campaña previa a las elecciones de 1997.

Mientras la iniciativa era debatida en la Asamblea Legislativa, la jerarquía eclesiástica reforzó la defensa de la vida desde la etapa fetal y organizaciones confesionales recogieron firmas a favor de la prohibición del aborto.

"El ser humano que está engendrado es una persona inocente que no agrede a nadie, tan respetable es su vida como la de cualquier otro ciudadano", esgrimió el arzobispo de San Salvador Fernando Sáenz Lacalle.

Datos del Banco Mundial señalan que el aborto practicado en condiciones de riesgo constituye la segunda causa de mortalidad materna en El Salvador.

La figura del aborto terapéutico -el que responde a la existencia de un peligro para la vida de la mujer- llegó a ser aprobada en 2006, en Nicaragua, pero fue derogada al año siguiente a raíz de la presentación de 290 mil firmas de católicos y evangélicos.

El Código Penal de Perú contempla solo esta figura limitada y carece de un protocolo para su implementación, lo cual dificulta el acceso y la información para la práctica. Mientras, en Argentina, la ley favorece apenas a las embarazadas en riesgo de muerte o a las discapacitadas violadas.

Estadísticas acopiadas por especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Universidad de Buenos Aires aseguran que, sin embargo, cada año ocurren de 460 mil a y 600 mil abortos, es decir, casi uno por cada nacimiento.

En Brasil igual continúan postergadas las soluciones a la problemática, pese a la defensa de proyectos de ley que contemplan la despenalización total del aborto inducido, sólo legal en casos de embarazo por violación y riesgo de vida para la madre.

Autoridades sanitarias del gigante suramericano calculan cerca de un millón 40 mil intervenciones clandestinas al año, equivalentes a una interrupción intencional cada cuatro embarazos.

Opciones más favorables lograron las mujeres en Cuba, Puerto Rico, Barbados y las Antillas Francesas, únicos países latinoamericanos y caribeños donde la interrupción es permitida por la ley.

Cuba fue el primero de estos en eliminar la restricción del aborto y establecer como período máximo para realizarlo la décima semana de embarazo, a menos que otras razones de salud lo justificasen.

La legislación, vigente en la nación caribeña desde 1965, sólo penaliza las interrupciones fuera de las instituciones del sistema sanitario estatal.

Esta y otras disposiciones favorables a las féminas incidieron en la profesionalización del sector y en su mayor inserción en el mundo laboral, razones que sumadas a otras asociadas a la crisis económica de los años 90, impulsaron a muchas a postergar la maternidad.

En Cuba son constantes las campañas destinadas a frenar los embarazos no deseados y a alertar sobre las consecuencias del mal ejercicio del derecho del aborto, al cual vale recurrir sólo en casos extremos, para evitar patologías ginecológicas que puedan derivarse de él, particularmente la infertilidad.

Puerto Rico es otro de los que clasifica entre los primeros en despenalizar el aborto inducido. La normativa al respecto fue aprobada en 1973 y benefició hasta a las menores de edad, sin importar el mes de embarazo en el que estuvieran.

La única condicionante establecida inicialmente era consultar con un médico, pero frente a la presión de varias organizaciones confesionales, legisladores y entes judiciales de Estados Unidos, las autoridades del "Estado Libre Asociado" modificaron la avanzada disposición.

Progresos en cuanto al tema se alcanzaron en años recientes en Colombia y en la capital de México. En el primer caso, la Corte Constitucional avaló el aborto terapéutico en mayo de 2006, en situaciones límites para las embarazadas, por violaciones o malformaciones en el feto.

En la capital mexicana, una de las mayores y más pobladas ciudades del mundo, las interrupciones fueron despenalizadas parcialmente un año después.

Especialistas de El Colegio de México constataron que los abortos inducidos ilegalmente suman en todo el país alrededor de 33 por mil mujeres en edad reproductiva, por encima de la media mundial y de la latinoamericana.

No obstante a los perjuicios causados por esta irregularidad, las fuerzas eclesiásticas, los intereses de determinados sectores políticos, y tabúes arrastrados, atentan todavía contra el ejercicio del derecho conquistado para las mujeres.

En medio de la polémica nacional alrededor del asunto, nuevos obstáculos aparecieron para quienes llevaban más de dos décadas de luchas por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

Durante 2008, 16 Estados reformaron sus constituciones para proteger la vida desde el momento de la concepción/fecundación, sumándose a la tendencia iniciada por Chihuahua (1994).

Similares debates en Chile frenaron los cambios a favor de las mujeres, pues apenas se logró refrendar por decreto el suministro de la píldora anticonceptiva "del día después", bajo el gobierno Michelle Bachelet, en 2007.

Para los involucrados en estas lides, el aborto legal y seguro es un derecho reproductivo, cuyo ejercicio debe estar amparado por el Estado, en un ámbito de justicia social e igualdad de género. Expertos de la ONU coinciden en que el acceso a éste es punto central en el cumplimiento de los derechos de las mujeres.

El reconocimiento de la problemática a escala mundial partió del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, reunido en Egipto, en 1994, y de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (China, 1995).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe reconoció luego los vínculos entre la mortalidad materna y el aborto inseguro, a tono con lo cual recomendó a los gobiernos atender la cuestión. Mas, las leyes relacionadas con el asunto en la región reflejan en parte la herencia colonial y la ideología conservadora predominante.

Los cambios legislativos, alentados a partir de los 70, primero abordaron de forma parcial la igualdad entre ambos sexos, el derecho de las féminas a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos, y el acceso a servicios públicos de planificación familiar.

Esto poco implicó en relación con el aborto en América Latina y de ello dan cuenta los crecientes debates alrededor del asunto, y las denuncias formuladas por agrupaciones feministas y humanitarias.

*Especialista en temas de América Latina y el Caribe.

Más de 65 mil mujeres mueren anualmente por abortos mal practicados

Por: Kerstin Bognar / Cimac

Cada año mueren 66 mil 500 mujeres por causas relacionadas con abortos mal practicados; en el mismo lapso se practican alrededor de 19 millones de legrados inseguros a mujeres de países en desarrollo –cifra que equivale aproximadamente a la suma de la población de Jalisco, Veracruz y el Distrito Federal–, señala el Instituto Guttmacher, especializado en salud sexual y reproductiva, en un estudio reciente.

Unas cinco millones de mujeres reciben tratamiento por complicaciones graves producidas por aborto incompleto, sepsis (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica provocada por una infección grave), pérdida de sangre, laceraciones cervicales y vaginales o perforaciones uterinas. Entre 15 y 25 por ciento de las mujeres que necesitan atención hospitalaria por tales motivos no la reciben, señala el informe.

Los costos para el tratamiento de estas complicaciones en América Latina y África equivalen a alrededor de 280 millones de dólares por año y, si se incluyen las regiones en desarrollo de Asia y el Pacífico, se eleva a 341 millones de dólares.

Estas cifras representan una gran carga para los sistemas de salud de las regiones en desarrollo, pero se podrían reducir significativamente con medidas para prevenir los embarazos no deseados y facilitar el acceso al aborto seguro, destaca el instituto estadounidense.

“Los abortos inseguros son una causa de mortalidad materna y amenazan la salud de las mujeres tanto en estas regiones como alrededor del mundo. Los costos calculados en este estudio resultan de prevenir los embarazos no deseados o de terminarlos de manera segura” señala Michael Vlassoff, autor principal del estudio.

El gasto para los sistemas de salud de las naciones en vías de desarrollo a causa del tratamiento de complicaciones resultantes de abortos inseguros es sólo un componente del impacto económico total que reciben las sociedades por esta causa y es, además, sumamente difícil de medir, pues incluye el tratamiento de consecuencias de largo plazo –como infecciones pélvicas crónicas e infertilidad– así como los efectos económicos indirectos del aborto inseguro, que afectan a los hogares, a la población excluida del sistema de salud y a la economía general de un país.

Los autores del informe señalan que es necesario que los gobiernos tomen en cuenta los costos directos de los abortos inseguros y los comparen con los precios, mucho menos elevados, de las medidas que pueden prevenirlos, como la facilitación del acceso a servicios anticonceptivos y la despenalización del aborto.

Un estudio llevado a cabo en Nigeria demuestra que la cantidad de dinero necesaria para implementar servicios anticonceptivos es 25 por ciento menor que el costo de los tratamientos de complicaciones relacionadas con los abortos inseguros. Otra investigación señala que el precio de un aborto seguro oscila entre seis y 23 dólares, mientras que el del tratamiento de complicaciones asciende aproximadamente a 89 dólares, cifra que el Instituto Guttmacher calculó para el África Subsahariana.

“Se pueden tomar medidas para proteger la salud de las mujeres ahorrando, al mismo tiempo, dinero para el sistema de salud” concluyen Vlassoff y sus colaboradores.

En este contexto, cabe mencionar que, además de incrementar los costos médicos y poner en peligro la salud de las mujeres, la penalización del aborto significa una violación del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

América Latina: Aborto condena a millones de mujeres a sufrimiento y clandestinidad

Por: Cristina Canoura / Semlac Noticias

Tres millones de mujeres —casi la población total del Uruguay— recurren anualmente al aborto en 12 países de América Latina y el Caribe. Otros tres millones recurren a este procedimiento en Brasil. La abrumadora mayoría de todas ellas lo hace de manera clandestina, debido a que las leyes de las naciones en que viven penalizan esta práctica.

Salvo Cuba y el Distrito Federal de México (la capital de ese país con 18 millones de habitantes), donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal, en el resto de las naciones el aborto es parcialmente despenalizado o directamente considerado delito y, como tal, castigado con penas variables.

La ilegalidad y clandestinidad no solo incrementan el riesgo de mortalidad materna, debido a prácticas insalubres, sino que condenan a las mujeres a la persecución policial y a la cárcel, lo cual multiplica su sufrimiento.

Una revisión efectuada por SEMlac de la legislación que rige en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela deja en evidencia que la presión de los grupos más conservadores de la sociedad civil, así como de la Iglesia Católica, ha logrado, en muchos de ellos, que las normas penales sean cada vez más restrictivas.

En Chile, en 1989, cuando la dictadura militar daba sus últimos estertores, se penalizó el aborto bajo cualquier causa, situación que rige hasta hoy."La madre debe tener al hijo aunque este salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación, aunque de tenerlo, derive en su muerte", sostuvo en su momento Jaime Guzmán, gestor de la Constitución heredada del período pinochetista y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Además de Chile, República Dominicana, Nicaragua y El Salvador son los países que en América Latina tienen penalizado el aborto sin importar causales. En Chile constituye la tercera causa de muerte materna.

En República Dominicana, una reforma constitucional aprobada el pasado 17 de septiembre establece el derecho a la vida desde la concepción y se asimila el aborto a la pena de muerte.

"El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte", establece el artículo 30.

Prácticas caseras y costos astronómicos

En las zonas rurales de esa nación, fronteriza con Haití, cuando una mujer pobre quiere abortar se "bebe una botella", confirmó a SEMlac Xiomara Peralta, maestra de profesión y activista que, desde hace décadas, trabaja en la organización de las mujeres dominicanas desde la Confederación de Mujeres del Campo (CONAMUCA) y el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-Mujer), entre otras organizaciones.

Esa botella contiene cáscaras de aguacate (palta), melaza, jengibre, cuaba (una corteza como de pino seco). También le ponen quina y otras raíces muy amargas que provocan diarrea y, por ende, el aborto.

Cuando este ya pasó, beben otra "botella" para limpiarse, la cual contiene calcio, polvo de hierro, miel de abejas, remolacha, berro, zanahoria y bija, una potente semilla colorante derivada del achiote.

El Instituto Alan Guttmacher, de Estados Unidos, dedicado desde fines de 1968 a la investigación y análisis de las políticas relativas a los derechos reproductivos y de población, encontró que, en Guatemala, las mujeres del área rural intentan abortar ingiriendo cilantro con aguardiente y clavo de olor, más de 250 gramos de sal común y 40 tabletas de Alka-Seltzer, sal inglesa con sulfato y aceite de castor.

Después de Haití, Guatemala es la nación donde se practica el mayor número de abortos clandestinos (65.000 por año), confirmó a SEMlac Senaida Escobedo, directora de la Unidad de la Mujer y Análisis de Género de la Corte Suprema de Justicia.

Con diferencias según los países, el costo de un aborto seguro oscila entre los 300 y los 1.500 dólares, inalcanzables —en cualquier caso— para las mujeres pobres. El método más utilizado en las clínicas privadas es la aspiración.

El misoprostol o cytotec —una droga desarrollada para tratar las úlceras gastrointestinales, pero con efectos secundarios abortivos— está siendo utilizado cada vez más como método seguro de interrupción de embarazos. Pero, pese a que su empleo logra abatir la mortalidad materna por abortos insalubres, comprar estas pastillas se ha transformado en un acto tan clandestino como el aborto quirúrgico, en muchos países.

Esta realidad ineludible ha impulsado, desde hace décadas, al movimiento de mujeres en toda la región en el reclamo a la despenalización del aborto.

"Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir" es la consigna de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito emprendida en Argentina por una amplia alianza que incluye a más de 250 organizaciones, grupos y personalidades vinculadas al movimiento de mujeres y organismos de derechos humanos.

"En algunas provincias argentinas, como Santiago del Estero, hasta hace poco tiempo, se esposaba a la cama de los hospitales a las mujeres que llegaban con un aborto en curso", confirmó a SEMlac Silvia Juliá, de la organización Católicas por el derecho a decidir.

Sin embargo, la acción del movimiento de mujeres, en alianza con profesionales de la salud, logró modificar esta situación y en la actualidad se aplica un protocolo de atención humanizada pos aborto que impide la judicialización de los casos.

En Uruguay rige desde 2004 una ordenanza, hoy incorporada a la ley de "Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva", por la cual los servicios de salud deben prestar asesoramiento a la mujer pre y pos aborto, y recomienda el uso de misoprostol. Esta ley, aprobada por el parlamento en noviembre de 2008, incluía un artículo que despenalizaba el aborto. Días después de aprobada, el presidente Tabaré Vázquez la vetó.

Según datos del Servicio de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital de la Mujer del Pereira Rossell, la mayor maternidad uruguaya, 59 por ciento de las mujeres consultadas por embarazos no deseados usó métodos anticonceptivos que fallaron. El condón es el método al que más se recurre.

Datos del Instituto Alan Guttmacher revelan que gran parte de las mujeres latinoamericanas que se someten a un aborto tienen 20 años o más, están casadas y ya han sido madres anteriormente. En cambio, en la mayoría de los países desarrollados, las que recurren al aborto son más jóvenes, por lo general solteras y aproximadamente la mitad no ha tenido hijos.

Legislaciones problemáticas

Entre los países con legislación más punitiva figura Nicaragua. En octubre de 2006, la Asamblea Nacional penalizó el aborto terapéutico, única causal de interrupción del embarazo, que había sido autorizada en 1874 y que rigió durante 132 años.

La penalización del aborto terapéutico coloca a médicos y médicas en una disyuntiva jurídica, ya que si realizan una interrupción del embarazo pueden ser denunciados, investigados, procesados y condenados por cometer delito.

Pero, si no prestan ese servicio por estar prohibido por el Código Penal, igualmente pueden ser denunciados, procesados y condenados por no cumplir con el artículo 160 del mismo código, por el cual se castiga al personal de la salud que niegue atención sanitaria cuando esta conducta pueda derivar en riesgo grave para la salud de la persona.

En el otro extremo está Cuba, donde el aborto no es penado por la ley ni perseguido y hay una gran cobertura de métodos anticonceptivos. Sólo es posible de sanción quien procede sin el consentimiento de la grávida, lo realice fuera de las instituciones oficiales, no sea médico o lo haga por lucro.

Realizado en hospitales, con condiciones adecuadas y por personal calificado, el aborto es decisión de las mujeres, que acuden a esa práctica con cierta frecuencia. De acuerdo con datos del Anuario de Salud Pública 2007, publicados en Infomed, el portal cubano de salud, ese año se practicaron 66.008 abortos inducidos, 58,4 abortos por cada 100 partos y 36,9 por cada 100 embarazadas.

En las mismas condiciones de legalidad que Cuba se encuentra la capital mexicana, desde abril de 2007, cuando la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (congreso local) despenalizó el aborto, el cual dejó de ser considerado delito y está permitido antes de las 12 semanas de gestación. Es obligación de los hospitales públicos atender este tipo de acto médico, que podrá realizarse con la sola voluntad de la madre y sin necesidad de justificación.

Desde entonces se han registrado 1.300 solicitudes de información sobre interrupción de embarazo en diferentes establecimientos de la Secretaría de Salud del Gobierno del D.F. Se estima un promedio de 5,5 interrupciones por día.

En un análisis de 140 expedientes (de poco más de 230 amparados por el derecho al aborto en las 12 semanas de gestación) divulgado en mayo pasado, en ocasión del Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, se concluye que las pobres y analfabetas que requirieron el servicio de interrupción de embarazo representan apenas 0,7 por ciento de las pacientes, mientras que las de las capas medias, con educación técnica, media y superior, abarcan 54 por ciento. Más de 80 por ciento profesa la religión católica. Sólo 10 por ciento es menor de edad y 56 por ciento tiene entre 20 y 29 años.

En ese país se practican un millón de abortos anuales, de acuerdo con cifras de un estudio de 2008 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con diferencias según los estados, hay siete causales no penadas en México: cuando el embarazo es producto de una violación, hace correr peligro de muerte para la mujer, por malformaciones congénitas, grave daño a la salud, por ser el resultado de una inseminación artificial no consentida, por razones económicas y cuando ocurre de forma imprudente o por accidente.

No obstante, en ninguna entidad federativa se las reconoce a todas, además de que, hasta el 18 de septiembre se habían aprobado leyes semejantes a la de República Dominicana en 16 estados. La violación es la única causal aceptada en todo el país, pero esa excepción peligra frente a la complicidad con la Iglesia. De derogarse, colocaría al país en la misma situación de Chile, El Salvador y República Dominicana.

Pese al marco legal "protector", en los últimos años han arreciado las persecuciones a niñas y mujeres que recurrieron al aborto.

Países como Colombia o Bolivia se encuentran en una categoría intermedia. En mayo de 2006, la Corte Constitucional colombiana sentenció que la interrupción de embarazo dejaba de ser delito cuando la vida de la madre está en peligro, cuando la gestación es el resultado de violación o incesto y en los casos en que se diagnostiquen malformaciones fetales que hagan inviable la vida fuera del útero. Hasta ese momento, la normativa penalizaba el aborto en cualquier circunstancia.

La histórica sentencia fue el resultado de una demanda presentada por la abogada Mónica Roa, directora de programas de la organización Women's Link Worldwide (capítulo Colombia).

Si bien en Bolivia está despenalizado el aborto en casos de violación, este no se hace y las mujeres víctimas de este delito, así sean niñas, se ven obligadas a culminar sus embarazos. No ha habido ni un sólo caso de aborto despenalizado desde la reforma del Código Penal en 1999, como tampoco antes, cuando estaba amparado en caso de estupro, violación y riesgo de vida para la madre.

En Guatemala, Argentina y Uruguay el aborto es ilegal, pero son causas atenuantes de las penas cuando la mujer grávida corre riesgo de vida y cuando el embarazo es fruto de una violación.

La angustia económica (aborto miserable), lesión a su honor (aborto honorífico) son asimismo atenuantes para la legislación uruguaya. No obstante, esas excepciones rara vez se utilizan, debido principalmente a que el artículo 328 del Código Penal que las incluye nunca fue reglamentado y no existen mecanismos que faciliten a la mujer que desea interrumpir un embarazo lograr su objetivo.

En Venezuela, donde hay en la actualidad intensas movilizaciones por la despenalización del aborto, este está penado en todas sus formas, excepto cuando peligra la vida de la madre.

Ni la Constitución aprobada en 1999, que marcó el inicio del proceso bolivariano, ni la sometida a referéndum en 2007 incluyeron el derecho a decidir demandado por el movimiento de mujeres. Por ende, sigue vigente la ley penal de 1915, por la cual ni el embarazo producto de una violación o de relación incestuosa pueden ser interrumpidos legalmente. Sin embargo, la salvaguardia del honor masculino y la honra femenina constituyen atenuantes.

Para la médica mexicana Sandra Peniche, fundadora y presidenta de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, la penalización del aborto "sólo favorece los intereses masculinos, ya que quienes realizan abortos son hombres y lucran con ellos, y ni siquiera informan a las mujeres sobre metodología anticonceptiva".

Rossina Guerrero, psicóloga, coordinadora de proyectos del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) de Perú, opina que "la penalización ha sido un total fracaso para prevenir o evitar que las mujeres recurran a un aborto (…) Las mujeres arriesgan su salud, sus vidas y su integridad personal a pesar de la ilegalidad", expresó a SEMlac.

De hecho, el mayor peso de las leyes penalizadoras recae sobre los médicos que practican el aborto y no sobre las mujeres que recurren a ellos. De lo contrario, serían millones las que cada año estarían encarceladas.

Acceso a anticonceptivos

En la mayoría de los países contenidos en el presente informe, el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia o "pastilla del día después", es irregular y deficitario. Con frecuencia los avances logrados se frenan o detienen, según el vaivén de los cambios de gobierno, las políticas de los ministerios de salud pública y las presiones de los grupos conservadores y religiosos.

Perú, por ejemplo, es considerado un país de baja prevalencia en el uso de métodos anticonceptivos modernos. Para 2008 se estimó en 48 el porcentaje de mujeres que usaba algún anticonceptivo, en comparación con 78 de Colombia, 75 en Uruguay, 72 Cuba y 70 por ciento Brasil, informó Guerrero a SEMlac.

En Bolivia, cifras de la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) indican que el uso de anticonceptivos modernos se mantuvo constante en 35 por ciento entre 2003 y 2008 (igual porcentaje en Guatemala) y sólo se aprecia un aumento en el uso y prevalencia de los mal llamados "métodos naturales", como la abstinencia y el ritmo, que se elevaron de 23 a 26 por ciento en el mismo período, indicó a SEMlac Ramiro Claure, director de Maria Stopes Internacional.

Una vez que Uruguay reglamente la ley de "Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva", todos los centros de salud públicos y privados deberán entregar la canasta completa de métodos anticonceptivos.

La médica dominicana Lilliam Fondeur ha sido una tenaz militante contra la inclusión del actual artículo 38 en la Constitución de Colombia. Autora del libro Las hijas de nadie, allí recoge los testimonios de mujeres que se han visto en situaciones desesperadas por violación, incesto y anencefalia de la criatura en gestación.

La anencefalia es un defecto del tubo neural del sistema nervioso central del feto, que trae como consecuencia la ausencia de una parte importante del cerebro, el cráneo y el cuero cabelludo.

"Como médica, considero que interrumpir un embarazo es parte del trabajo. Por el imaginario social sobre el tema, más el factor clandestinidad, no es un trabajo agradable", confesó a SEMlac.

"En mi caso debo estar segura de quién es la mujer y a través de quién viene, para que no me agarren los conservadores. No puedo negar que se cobra bien, si la mujer tiene dinero. Es obligatorio en mi práctica, después de interrumpir un embarazo, colocar un DIU", agregó.

No obstante, la realidad regional muestra que un mayor acceso a la anticoncepción no garantiza a las mujeres el control pleno de su sexualidad.

Ese es el caso de Bolivia, confirmó a SEMlac la psicóloga Denise Ampuero. "Las mujeres no utilizan la anticoncepción porque sus parejas no se los permiten; las golpean, las maltratan, las tratan de locas. Entonces, de nada nos serviría hacer una campaña espectacular para que las mujeres sepan de los anticonceptivos, si las parejas no las dejan usarlos", concluyó.