miércoles, enero 19, 2011

Violencia generalizada: La muerte tiene permiso en México

Sara Lovera
(Especial de SEMlac).- La gráfica del investigador Fernando Escalante Monsalbo da escalofrío. La imagen de un crecimiento vertical y ascendente de homicidios en México, que rebasa el cuadro con tinta roja, deja helada la pupila.

Entre 2008 y 2009, los homicidios en el país crecieron 50 por ciento y no sólo por la guerra entre pandillas o narcotraficantes. Suman 43.000 casos de mujeres y hombres.

Las gráficas señalan una enorme cantidad de acontecimientos donde se levantan dos temas abandonados por la historia reciente: la violencia institucional; es decir, la persecución, la represión y la desaparición forzada y el enfrentamiento en pueblos y comunidades con el viejo cacicazgo, y el abuso cotidianos.

En la prensa, los medios de comunicación y los espacios oficiales todo se explica por la lucha y la guerra contra el narcotráfico. Escalante Monsalbo dice que no es cierto; hay más que explicar.

En este contexto, los asesinatos de mujeres —mujeres como cualquiera y mujeres luchadoras— se dan en un clima de violencia y miedo generalizados: Ciudad Juárez con más de 446 asesinatos en 2010 y la región del Estado de México (circundante a la capital de país) con 546 homicidios femeninos entre 2007 y 2009.

El investigador de El Colegio de México señala que en 24 meses se rompió una tendencia, sostenida durante 20 años, de disminución de los homicidios no relacionados con el narcotráfico, y "se rompe con ella de un modo violentísimo", asegura.

Su observación coincide con los datos del homicidio de mujeres. Según el Observatorio Nacional del Feminicidio, cuyo informe quedó hasta junio de 2010, entre enero de 2009 y junio siguiente 1.728 mujeres fueron asesinadas sólo en la mitad del país, 40,9 por ciento entre 11 y 30 años y sólo se reportaron 40 sentencias. Es decir, la autoridad solo logró investigar y sancionar a cuatro por ciento de los responsables.

Para Escalante Monsalbo no existe explicación para este súbito incremento de homicidios y violencia contra mujeres, jóvenes, indígenas, docentes, periodistas y toda clase de litigantes, así como defensoras de los derechos humanos.

Para las organizaciones de derechos humanos, las feministas y los organismos internacionales es claro que el contexto de la "guerra" que vive el país, esa que definió el Ejecutivo contra el crimen organizado, es el contexto que da lugar al aumento de los crímenes por venganza, por odio, por sexo, por opción sexual, racista, que se exacerbaron a partir de una frase utilizada por el investigador de El Colegio de México: "en nuestro país la muerte tiene permiso".

Los dos casos más recientes son el asesinato de Marisela Escobedo y la muerte violenta de Susana Chávez. La primera, abierta militante contra la impunidad y la injusticia. La segunda, antigua denunciante de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y autora de la frase que ha traspasado fronteras: Ni una muerta Más.

Uno de estos crímenes sucedió el 16 de diciembre pasado, ante los ojos de toda la nación —proyectado en la televisión—, y el otro en una callejuela de Ciudad Juárez, aparentemente a manos de la delincuencia común.

En 2008 hubo 5.500 homicidios más que en 2007 y en 2009 hubo 5.800 más que en 2008 y 3.000 más que en 1992. Es decir, que 2009 fue, con mucha diferencia, el año con mayor número de homicidios de nuestra historia reciente.

Es obvio, a la vista de los números, que el cambio de tendencia ocurre en el segundo año del gobierno del presidente Felipe Calderón y no antes; hay, en números absolutos, un ligero incremento en 2005 y 2006, unos 500 casos más cada año, pero el volumen general es consistente con la tendencia histórica. Lo que ocurre después es muy distinto, afirma Escalante Monsalbo.

La impunidad

Los asesinatos de Susana y Marisela, que se dan en un clima de inseguridad y violencia generalizado, se suman a una serie de agresiones, atentados, amenazas y homicidios ocurridos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos registrados en diversas regiones del país.

Así lo sostienen 70 organizaciones de 23 entidades del país que han generado, en las últimas semanas, una movilización nacional con reflejo internacional. Este 17 de enero se esperan protestas en cadena en las embajadas de México, en muy diversos países de América Latina y Europa.

Este grupo de organizaciones, al que se han sumado organismos eclesiales y empresariales, afirma que la constante en estos casos ha sido la falta de investigación y la ausencia de medidas preventivas para proteger la seguridad, la integridad y la vida de las y los defensores.

La exigencia de este grupo amplio es que el gobierno mexicano ponga en práctica el mecanismo que impone la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en vigor desde el 23 de diciembre, medidas solicitadas en octubre de 2010 a la Comisión Interamericana de Derechos humanos(CIDH). Pero el Estado Mexicano no responde.

Negativa tras negativa

En medio de los asesinatos de Marisela y Susana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) pidieron el 8 de diciembre al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) una declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México.

Ese mecanismo se creó a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de investigar y tomar medidas inmediatas e integrales para erradicar la violencia feminicida detectada en esa entidad, donde 556 mujeres fueron asesinadas en menos de 24 meses, en regiones bien localizadas.

En respuesta a esta solicitud, el día 11 de enero el Sistema Nacional decidió, de manera infundada, en sesión extraordinaria, negar la procedencia de dicha solicitud. Con esta decisión, el sistema anuló la posibilidad de sentar un precedente para la protección contra el feminicidio, asegura Julia Escalante, de la Campaña Nacional por la Libre Opción, así como las integrantes del Pacto por la Vida y la Libertad de las Mujeres.

En su opinión, se trata de una decisión contraria a los estándares internacionales de protección a una vida libre de violencia y fortalece el patrón de impunidad y discriminación por razones de género, factores que agudizan el feminicidio.

La movilización internacional exige, en un comunicado, la revisión de los 556 asesinatos de los cuales se desconoce la identidad de los asesinos, analizar los factores que contribuyen a que en el Estado de México se encontraran 99 cuerpos de mujeres violentados, de los que no se pudo conocer la identidad de la víctima.

El sistema está integrado por las titulares de los Institutos de las Mujeres y, al desecharlo, firmaron 20 de las 32. Ello, según la diputada Enoè Uranga, tiene que ver con que el actual gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, es el más visible precandidato a la presidencia de la República que se renovará en 2012 y pertenece al viejo partido de Estado, el Partido Revolucionario Institucional.

Mujeres feministas que hicieron una caminata el sábado 15 de enero, por la avenida Reforma, una de las arterias principales de la ciudad de México, dijeron que se trató de una decisión arbitraria, en la que prevalecieron los intereses partidarios sobre la vida de las mujeres, lo que constituye violencia institucional.

La violencia y la guerra

Joaquín Villalobos, ex miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y consultor para la resolución de conflictos internacionales, hace una relación directa con la política del actual régimen y la situación violenta e ingobernable en México, donde las víctimas principales son mujeres y adolescentes; indígenas y pobres.

Desde el conflicto en los Balcanes, las guerras dejaron de ser consideradas los clásicos enfrentamientos entre dos contendientes. Se convirtieron en confrontaciones entre múltiples actores que luchan movidos por fanatismos nacionalistas o religiosos, o que se disputan recursos involucrando a bandidos, combatientes y fuerzas del Estado.

En México, el centro del conflicto es el valor de la ruta para introducir drogas a Estados Unidos. Los miles de millones de dólares que produce esa ruta generaron unos poderes fácticos criminales, con ejércitos privados que se hicieron dueños de la frontera norte de México y parte de la frontera sur de Estados Unidos.

El 80 por ciento de los homicidios ocurren en la frontera norte y una parte importante de la violencia que tiene lugar en el resto de México guarda relación con lo que ocurre allí.

A ello, dice el consultor, hay que agregar que México tiene situaciones de impunidad, corrupción y debilidad institucional, pero esos problemas no tenían por qué derivar en una guerra. Han sido el valor como ruta de la droga, los miles de millones de dólares y las decenas de miles de armas provenientes de Estados Unidos los factores principales en la generación del conflicto.

El gobierno de México le ha decomisado más de 75.000 armas y más de 400 millones de dólares a los cárteles en tres años. La cantidad de armas creció exponencialmente, como resultado de una carrera armamentista entre cárteles en los últimos cinco años. Esas armas son más que lo que los gobiernos colombianos le han decomisado a las FARC en varias décadas y es tres veces lo que las guerrillas de El Salvador lograron introducir desde Nicaragua durante la guerra civil en ese país.

Se suman las pandillas que existen en Centroamérica y también en Ciudad Juárez: la violencia forma parte de su identidad y no es sólo un mecanismo de defensa.

Esta violencia es por ello más irracional y difícil de controlar, y su crecimiento es señal de agravamiento del problema. En el caso del crimen organizado en México, la violencia es instrumental, les sirve para defender sus "negocios", para intimidar y controlar territorio y para hegemonizar en rutas y plazas frente a otros grupos criminales.

El ex combatiente opina que la guerra en México está entrando en una fase más definitoria: la violencia cuantitativa podría ir disminuyendo, pero aparecerá una de mayor impacto, con efectos negativos para toda la población.

Norma Ledezma, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, asegura que en el norte, en Chihuahua, una mujer fue asesinada cada 20 horas en 2010, y sólo en Ciudad Juárez sucedieron 306 de los 446 homicidios femeninos de toda la entidad.

Habría que agregar que, en esta guerra de nadie, en Chihuahua y otras 11 entidades también campea la desaparición de mujeres, principalmente jóvenes.

Entre enero de 2008 y marzo de 2010 se alcanzó el mismo nivel de feminicidios acumulados durante 14 años precedentes: 567 casos. En este mismo periodo, los crímenes contra mujeres se incrementaron en el Estado de México, Veracruz y Quintana Roo, informó el Observatorio.

Una de las consecuencias más graves derivadas de esta problemática es la invisibilización y la minimización de la violencia contra las mujeres y el feminicidio en los últimos dos años.

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