jueves, diciembre 23, 2010

México: Exponen a Relatora de ONU aumento de violencia a defensoras

(CIMAC).- Cerca de 100 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 180 académicas, activistas, y feministas de México y América Latina, expusieron a la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Sekaggya, el aumento de la violencia contra las defensoras de Derechos Humanos (DH) en el país, y exigieron justicia por el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz.

En una carta dirigida a la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, responsabilizaron al Estado mexicano de cualquier acto en contra de la familia de la activista asesinada el 16 de diciembre, a las puertas del palacio de Gobierno, donde mantenía un plantón para exigir cárcel para el asesino confeso de su hija Rubí, Sergio Barraza Bocanegra.

En el documento, firmado por representantes de Guatemala, Panamá, Chile, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Colombia, entre otras naciones, se demanda el cabal cumplimiento de la sentencia contra el Estado mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por el caso: “Campo Algodonero”.

En dicha sentencia se especifica cómo investigar y sancionar a quienes realizan hostigamientos y agresiones en contra de las familias y organizaciones que buscan justicia. “Exigimos que se garantice la integridad y seguridad para todas y todos los familiares de víctimas de desaparición, violencia sexual, homicidios de mujeres”, argumentaron.

Las firmantes, también demandaron que se le otorgue a la familia de Marisela, una atención integral, se realice la investigación de los hechos y la debida reparación de los daños, de manera urgente, ya que hasta la fecha no han investigado, ni han realizado las acciones básicas para garantizar su vida y su integridad.

Escobedo Ortiz, fue una defensora de DH que a partir del crimen contra su hija movilizó a personas y organizaciones, a instituciones y poderes para acabar con el feminicidio, siempre a través de fortalecer las instituciones de justicia, de acciones ciudadanas y democráticas.

“Su asesinato revela la desprotección criminal que el Estado mexicano sostiene contra las defensoras y su falta de voluntad efectiva para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”.

Ante esta indiferencia y la gravedad de la violencia contra las mujeres en la entidad y en particular contra las defensoras de DH, las organizaciones nacionales e internacionales consideraron que en las acciones de protección a la familia de Marisela, deben de trabajar los cuerpos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno.

Ya que desde 2008, a pesar de la ocupación de los cuerpos policíacos en Ciudad Juárez y Chihuahua, “no se ha traducido en una mejora para la seguridad de las mujeres”.

Muestra de ello es que en Chihuahua, durante 2010, cada 24 horas una mujer ha sido asesinada por razones principalmente vinculadas al hecho de ser mujer. “Una cifra sin precedentes en la que la gran mayoría de los casos está en total impunidad”, denunciaron.

No obstante, en el actual debate para aprobar el presupuesto estatal de Chihuahua no se han incorporado recursos para implementar la Ley Estatal por el Derecho de las mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como tampoco para dar cumplimiento a la sentencia de Campo Algodonero.

Aseguraron que la causa del asesinato de Marisela Escobedo es la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres que el Estado mexicano ha sostenido en las últimas dos décadas en Ciudad Juárez y en Chihuahua.

“Durante los últimos 27 meses, la actividad central de Marisela fue exigir justicia por el asesinato de su hija, Rubí Marisol, de 16 años, asesinada en Ciudad Juárez por su pareja, Sergio Rafael Barraza”.

Además de denunciar a las autoridades cómplices y negligentes del feminicidio, y demandar al sistema de justicia para que efectivamente garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, afirmaron.

De igual manera, el Observatorio Nacional del Feminicidio, publicó hoy en un diario de circulación nacional, un desplegado firmado con más de 300 firmas de organizaciones nacionales e internacionales, en el que se exige un alto a las agresiones a las defensoras de derechos humanos y garantías de seguridad.

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