Por: Emilio Godoy /IPSLos familiares de tres jóvenes asesinadas en la norteña Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua fronterizo con Estados Unidos, tuvieron que esperar ocho años por justicia. Y lo lograron en el sistema multilateral.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encontró culpable al Estado mexicano de violar las garantías de Claudia González, Esmeralda Herrera y Berenice Ramos, cuyos cuerpos aparecieron junto a otros cinco en noviembre de 2001, y de sus parientes.
"El mensaje de la sentencia es claro: se declara responsable al Estado, es y ha sido responsable del feminicidio en Ciudad Juárez", declaró a IPS David Peña, abogado que llevó el caso junto a sus colegas la mexicana Karla Salas y el español Emilio Ginés.
Los jueces de la Corte deliberaron el martes y el miércoles sobre los expedientes, cuya sentencia es inapelable y será de dominio público en cuanto se notifique a las partes involucradas, y que han sido conocidos como los "del campo algodonero", por el baldío donde fueron hallados los cuerpos.
Los acusadores solicitaron al tribunal, con sede en San José de Costa Rica, una nueva investigación de los casos, el castigo a los funcionarios que incurrieron en irregularidades, la reparación de las injusticias padecidas y la adopción de medidas para evitar más crímenes.
En marzo de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también adscrita a la OEA, recibió tres peticiones individuales separadas que acusaban al Estado mexicano de violar los derechos humanos de González, Ramos y Herrera.
La Comisión, asentada en Washington, decidió aceptar esas solicitudes para su análisis y determinar si procedía elevar los casos a la Corte, lo cual ocurrió finalmente en noviembre de 2007.
En su demanda, la Comisión alegó, entre otros aspectos, que el Estado mexicano habría fallado por la falta de medidas de protección a las víctimas, de prevención de los crímenes, de debida diligencia en la investigación de los asesinatos y la denegación de justicia y de reparación adecuada a favor de sus familiares.
El juicio contra México comenzó el 27 de abril en la filial de Corte en Santiago de Chile. Las no gubernamentales Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer respaldaron legalmente a las víctimas.
En el campo algodonero, situado frente a una maquiladora (industria libre de impuestos para el mercado externo) en una zona a las afueras de Ciudad Juárez, fueron descubiertos ocho cuerpos, pero cinco no fueron identificados a tiempo de presentar la acusación. La Comisión decidió entonces excluir esos asesinatos de la demanda.
"Estábamos esperando que la sentencia fuera fuerte, porque hemos estado viviendo la simulación por mucho tiempo, el hecho de hacernos creer que el gobierno está haciendo algo para que el feminicidio termine", dijo a IPS Irma Casas, directora operativa de la no gubernamental Casa Amiga, fundada por la activista Esther Chávez, quien ha luchado por resolver los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
Conocidos como "las muertas de Juárez", se trata de más de 300 mujeres ultimadas entre 1993 y 2003, casos en su mayoría todavía impunes, según la organización humanitaria Amnistía Internacional.
En 2003, la oficial pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana difundió un informe especial sobre esos asesinatos y expuso los casos de 263 asesinadas y 4.587 desaparecidas desde 1993. Acusó a autoridades estatales y municipales de graves omisiones en la investigación de esos expedientes.
"El Estado también es responsable de la reparación de las víctimas y de garantizar que estos hechos no se repetirán", enfatizó Peña, quien con Salas pertenecen a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
Pero más de 15 años después de que la violencia de género se hiciera mundialmente notoria, esa oleada criminal no se ha detenido en Ciudad Juárez, escenario de cruentos enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que se disputan el paso de drogas ilegales hacia el suculento mercado de Estados Unidos.
A lo largo de este año, más de 110 mujeres han sido asesinadas en esa urbe, según recuentos de las organizaciones humanitarias.
"Es reflejo de la violencia estructural. La violencia se ha vuelto más cruda y se ha extendido a más espacios, porque la impunidad reina. Esperamos que la resolución de la Corte sea una exigencia para que el Estado responda", apuntó Casas.
En su período de sesiones privadas que empezaron el lunes y que concluirán el 28 de este mes, la Corte analiza también resoluciones sobre casos provenientes de Venezuela, Guatemala, Brasil y Perú.
La condena de la Corte coincide con una serie de actividades en México y el extranjero sobre el feminicidio en esta nación norteamericana.
A partir de este viernes y hasta el próximo domingo, activistas, académicas y representantes de organizaciones no gubernamentales se darán cita en la ciudad fronteriza en un encuentro estatal feminista, cuya agenda incluye el análisis del feminicidio. De hecho, en el campo algodonero está programada una actividad.
A Ciudad Juárez llegará el llamado Éxodo por la Vida de las Mujeres, una marcha de un centenar de personas que partió el 10 de este mes de la capital mexicana y culminará el día 23.
Y en la sede del Parlamento Europeo (PE), en la ciudad belga de Bruselas, se puso en marcha este jueves la Segunda Conferencia sobre Feminicidio bajo el lema "¡Ni una muerta más!" y a la cual asisten integrantes de la Comisión de Derechos de la Mujer del PE y delegados de organizaciones mexicanas, de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Además, sucede antes de que el canal estadounidense Discovery Channel estrene el día 29 el documental "Ciudad Juárez: el silencio continúa", sobre el desarrollo del feminicidio desde 1993 hasta la fecha.
El Estado mexicano afronta también otras dos demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre esos casos figuran el del dirigente comunitario Rosendo Radilla, secuestrado en 1974 por soldados en el sudoccidental estado de Guerrero y desaparecido desde entonces, y la violación de dos mujeres indígenas a manos de uniformados en ese mismo territorio en 2002.
"Luego entraremos a una fase complicada de supervisar la ejecución de la sentencia", anticipó Peña.
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