Foro sobre “Mujeres colombianas, violencia, dignidad y coraje”

En el marco de la semana de solidaridad por la Paz con Justicia para el pueblo colombiano, se realizó el foro sobre “Mujeres colombianas, violencia, dignidad y coraje”, en el Centro Cultural de la Cooperación de la ciudad de Buenos Aires.
Convocado por el Capítulo argentino de la Plataforma Continental de Mujeres, fue un espacio de intercambio y denuncia sobre la violencia sistemática y generalizada que sufren a diario las mujeres.

“La violencia contra las mujeres sigue siendo una situación grave y compleja”, resaltó la colombiana Rocío Claros, una de las panelistas. Hoy Colombia es un territorio en disputa. Las mujeres son sometidas a relaciones con algunos de los actores armados que intervienen en las poblaciones. Reclutadas al margen de la ley, son obligadas a quedar embarazadas. “El cuerpo de las mujeres se constituye como un botín de guerra para los actores armados”, agregó.

A partir de una exposición sintética del VIII Informe sobre violencia socio política contra mujeres, jóvenes y niñas 2007- 2008, relevado por la ‘Mesa de trabajo Mujer y conflicto armado’, se dio a conocer la situación de sometimiento del género femenino en ese contexto, agravada por la política de “seguridad” del Estado. Son muy pocas las estadísticas de violaciones y asesinatos que se manejan oficialmente. A su vez, según los datos relevados por la Comisión Colombiana de Juristas, durante julio de 2002 a diciembre de 2007, al menos 13.634 personas perdieron la vida fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica. “En los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico de las violaciones al derecho a la vida cometida contra mujeres (722), el 70,08% se atribuyó a la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 18,14%, y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares”.

El informe expresa cómo en los últimos cinco años, (desde el 2002 al 2007), se ha comprobado un incremento del 67,71% en los registros generales de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública. Este período coincide con la aplicación de la denominada “Política de Seguridad Democrática”, que promueve el actual gobierno neoconservador encabezado por el Presidente Álvaro Uribe.

Asímismo, también se han registrado casos de tratos violentos y humillantes por parte de la policía contra la población lesbiana, gay, bisexual y transexual. Según la organización no gubernamental Colombia Diversa, desde 2006 se ha denunciado el asesinato de 16 mujeres transexuales solamente en la ciudad de Cali.

En los casos que se conoce el presunto autor genérico de las violaciones, el 94,8% se le atribuye al Estado, según fuentes de la Comisión Colombiana de Juristas. El Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), que también tiene un registro que permite establecer estadísticas oficiales, indica que entre 2006 y 2007, las fuerzas del Estado constituyen el principal grupo armado denunciado en los registros de violencia sexual.

Las cifras siempre revelan una parcialidad de la verdad. La mayoría de los casos no están registrados oficialmente, siendo las fuerzas de seguridad públicas las más involucradas en estos delitos. La importancia de este Foro, fue también visibilizar esta situación que no sólo refleja la violencia sexual como parte del conflicto armado, sino como una práctica naturalizada en la convivencia familiar, laboral y social.

Por otra parte, la violencia de género es una práctica que antecede a estas décadas de conflicto: es parte de los valores del patriarcado extendidos aún en la mayoría de los países de Latinoamérica, exacerbados, en este caso, por la impunidad del gobierno y las fuerzas paramilitares.

El despojo de su humanidad que la mayoría de las mujeres sienten, es doblemente ultrajado cuando intentan acceder a la Justicia. En Colombia, la mayoría de los casos no accede a una respuesta definitiva en ese ámbito. “El continuum de las violaciones contra mujeres en todas las etapas de su ciclo vital, encuentra correspondencia en la administración de justicia en una persistente impunidad”, aseguraron las panelistas del Foro realizado en Buenos Aires, y advirtieron sobre la insuficiencia de políticas públicas para la prevención, contención y recuperación de las mujeres en situación de desplazamiento forzado, víctimas de la violencia sexual.

Una de las zonas destacadas como parte de la violencia sistemática, incide en la vida de niñas, jóvenes y mujeres del Putumayo. Algunos testimonios evidencian cómo en un contexto de militarización de la vida civil, aumentaron los riesgos de violencia sexual.