Mujeres colombianas, avasalladas por la guerra

Germán Uribe

Rebelión Lo que venimos de conocer ahora a través de distintas investigaciones de ONGs y de Navi Pillay, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en su informe sobre la mujer y el conflicto colombiano en 2010 referente a la violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas, alcanza, sin equívoco alguno, el contundente calificativo de espeluznante. Probablemente como muchas otras de las crueldades y barbaries ya incrustadas en el alma y en la historia diaria de los colombianos, pero para este caso, con connotaciones extremas ya que comporta una sistemática destrucción del equilibrio emocional y sicológico, y de la integridad moral y física del género femenino, ciertamente el más vulnerable y el menos protegido.

Espeluznante… sí.

"Los hechos sucedieron el 31 de octubre de 2004, hace seis años: me cortaron el cuero cabelludo con una macheta. El ‘Flaco’ vivía en la casa del frente de nosotros. Golpeó puertas, a mi marido le dio disparos y a mí no me quitó el cabello sino que me quitó el cuero cabelludo; me iba a meter viva en un hueco. Yo corrí, me metí en la casa de mi abuela bañada en sangre. Los carros no me querían sacar porque la gente temía. Sólo un señor se arriesgó a sacarme. En el hospital me cogieron cincuenta y pico de puntos y a los tres días me dieron de alta. La Policía de San Onofre me quitó las recetas de los medicamentos. Ellos eran los mismos: eran mandados por ‘Cadena’". (Rincón del Mar, entrevista a mujer adulta, Sucre, noviembre 2010). Testimonio tomado de La Silla Vacía, de entrevista a María Emma Wills, coordinadora del informe “Mujeres y Guerra: víctimas y resistentes en el Caribe Colombiano”.

Pero, igualmente, veamos este único dato de una investigación que cubre de 2000 a 2010, realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh): “… cada hora cerca de nueve mujeres sufrieron agresiones sexuales, y en su mayoría (84%), las víctimas fueron niñas menores de 18 años”, comprobándose en el estudio que los ataques, en un altísimo porcentaje, provinieron del Estado, bien sea por consumación directa, o por condescendencia o apoyo a los actos violentos cometidos por grupos armados ilegales.

En este 2011 se cumplieron cien años desde que se instauró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer… pero la lucha centenaria por sus derechos, definitivamente, al menos en Colombia, parece ir cada día más en reversa y, por ende, en contravía a sus anhelos. Su vulnerabilidad se viene acentuando, y su dependencia y algún grado de esclavitud en determinados ámbitos y regiones, acusan un nivel de desesperanza e impunidad que ni el Estado, ni los gobiernos, ni los legisladores, ni la sociedad machista, han querido enfrentar con rigor. Sufren por doquier las emboscadas a su integridad, y los logros específicos por el respeto a su dignidad, e incluso a su vida, parecen esfumarse mientras usted y yo, amigo lector, tan solo dolidos o indignados, da lo mismo en tanto la amenaza no cese, nos limitamos a escribir o a leer artículos como este.

Según la ONG española Itermón Oxfam, más del 50% de nuestra población son mujeres, algo así como 22.5 millones, padeciendo el 54% de ellas las rudezas de la pobreza o a la indigencia. Supimos que el Instituto Nacional de Medicina Legal reveló por estos días que en los últimos diez años se presentaron más de 600.000 hechos de violencia contra las mujeres; 4.000 asesinatos y 40.000 asaltos sexuales, y que cerca de medio millón fueron víctimas de violencia sexual en 407 municipios colombianos a manos de la Fuerza Pública, el paramilitarismo y demás actores armados de la guerra que estamos viviendo.

Y es que no nos queda más que repetir aquí, ejerciendo, eso sí, nuestra sagrada obligación de servir de altavoces de las injusticias y las atrocidades, cifras, estadísticas y resultados de los estudios a los que tuvimos acceso recientemente. Por ejemplo, entre 2001 y 2009, según la misma ONG española, cada seis horas una mujer colombiana fue abusada y un promedio diario de 245 fueron víctimas de algún tipo de violencia.

Pero es que, además, la prensa viene machacando a diario estos resultados investigativos que hacen que los columnistas nos sintamos exigidos a verterlos sobre nuestros limitados espacios críticos. Los que nos ocupan ahora, en particular, puntualizando una de las más feroces y sangrantes realidades de la “Colombia es pasión”, o la de la “Seguridad democrática”, o la del “todo vale”: Acción Social tiene registradas más de 1.950.000 desplazadas en el país: el 30 por ciento salió de sus hogares por violencia sexual y el 25 por ciento volvió a sufrir abuso en los lugares de refugio. Y en el marco de la Ley de Justicia y Paz, de los más de 57 mil crímenes admitidos por los paramilitares solo 86 son de violencia sexual, pese a que hay 727 denuncias. Y lo inaudito: hasta hace pocos días se concretó la primera condena a tres paramilitares del “refundador y patriótico” bloque Vencedores de Arauca.

En conclusión, la crudeza histórica colombiana ha convertido a nuestras mujeres en simples trofeos de guerra. Lo que este vergonzoso drama tiene por más condenable es la forma en que el conflicto las ha venido trasformando en carne de cañón y botín de guerra, “honor” del asaltante y posesión material de “bienes” del enemigo. Los perros de presa del paramilitarismo, por ejemplo, encontraron en la mujer el instrumento para la vindicta y el desahogo perfecto para sus apetitos salvajes de sangre y sexo.

Cientos de miles de mujeres colombianas viven hoy la fatalidad del terror, el desplazamiento, el despojo, el desarraigo, las laceraciones, la indigencia, las violaciones, la esclavitud, el olvido, la impunidad y la muerte.
¡Movilicémonos también por ellas!

Violencia sexual en instituciones educativas colombianas: escándalos silenciados y delitos impunes

Brújula Comunicaciones Mientras en otros países los casos de violencia sexual dentro de las escuelas genera escándalos y supone serias consecuencias para los responsables, el problema en Colombia es invisibilizado, minimizado y queda impune.

La Defensoría del Pueblo y Women’s Link Worldwide abren este debate pendiente en la sociedad colombiana, y llaman la atención sobre la responsabilidad de las instituciones educativas y de las entidades encargadas de investigar y sancionar disciplinaria y penalmente los casos de abuso sexual en los centros educativos del país.

Con la intención de hacer de este tema una prioridad nacional, la Defensoría del Pueblo y Women’s Link Worldwide llevaron a cabo el Foro de discusión sobre la violencia sexual en instituciones educativas en Colombia: propuestas de acción para la prevención y el restablecimiento de derechos.

En el Foro se presentaron los resultados para Colombia de un informe llevado recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se analiza el fenómeno de la violencia sexual en las instituciones educativas en Bolivia, Ecuador, México y Colombia.

Como resultado de la presentación de la situación de violencia sexual que experimentan, principalmente niñas, en instituciones educativas de diversos países de la región, la Comisión instó a los “Estados a supervisar a las instituciones educativas a efecto de prevenir diligentemente violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y a garantizar que éstos puedan ser escuchados y tengan acceso a la justicia como cualquier persona mediante mecanismos efectivos que se adapten a sus necesidades”.

Entre los diferentes tipos de abuso se encuentra la violencia sexual institucional que incluye el acoso, las relaciones sexuales bajo coacción, el abuso sexual, y el chantaje sexual, además de la petición de favores sexuales a cambio de calificaciones escolares.

El género, la raza, la edad, la etnia, la ruralidad, la opción sexual, la existencia de alguna discapacidad o la situación de desplazamiento son factores de mayor vulnerabilidad.

El problema en Colombia, a través de las cifras

Si bien casi a diario los medios de comunicación de todo el país registran hechos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, son pocas las cifras oficiales que se conocen sobre este problema y menor aún la sanción penal, disciplinaria o social a este tipo de delitos.

Datos y estadísticas de Medicina Legal

En el año 2006 se practicaron 322 exámenes médico-legales sexológicos a niños, niñas y jóvenes (en promedio seis exámenes semanales) por presunto delito sexual ocurrido dentro de las instituciones educativas.

En 2009 se practicaron 489 exámenes por la misma razón, en promedio 9 semanales. De estos, 7 de cada 10 exámenes sexológicos fueron practicados a niñas y los 3 restantes, a niños.

Datos y estadísticas de la Procuraduría General de la Nación (PGN)

Entre enero de 2005 y junio de 2011, la PGN asumió 208 quejas disciplinarias por presuntos delitos sexuales perpetrados en los planteles educativos de carácter público.

En los últimos años, el número de denuncias conocidas por la Procuraduría en todo el territorio nacional han ido en aumento de la siguiente manera: 44 en 2008; 55 en 2009 y 62 en 2010.

Siete de cada diez quejas tienen como presunto victimario a un docente.

De las 208 quejas disciplinarias conocidas por la PGN, solamente se han resuelto 32 casos. Es decir, de cada 10 denuncias sólo se resuelven 1,5 casos.

Los departamentos en donde más casos se han denunciado ante la PGN son, en su orden: Santander (39), Antioquia (26) Cundinamarca (19), Tolima (14), Atlántico (12), Risaralda (11) y Bogotá (11).

Factores de riesgo que favorecen la violencia sexual en las instituciones educativas

El informe regional presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encuentra preocupante la sistematicidad de los hechos, las tendencias deficientes en el manejo de las denuncias-

y los patrones de encubrimiento y tolerancia en todos los países estudiados, que dan lugar a una serie de factores de riesgo que se reproducen en Colombia y permiten la repetición de los hechos sexuales abusivos en las escuelas:

1. Cultura de tolerancia del abuso sexual y normalización de relaciones abusivas entre alumnas/os y docentes o directivos.

El tipo de relaciones que se crean en los planteles supone altos niveles de cercanía, confianza e intimidad que pueden dar pie a que el personal escolar, utilizando su posición de poder, cometa un acto sexual abusivo, sin que el hecho sea visto como un episodio de abuso por parte de los menores ni de sus representantes.

Esto es posible ya que se parte del supuesto erróneo de que cualquier acto abusivo hace parte del proceso de formación y del estereotipo de la incapacidad del menor de denunciar un episodio de este tipo en un contexto de protección institucional.

2. Encubrimiento para no poner en riesgo el prestigio: las instituciones educativas prefieren encubrir casos de abuso sexual para evitar escándalos que afecten su prestigio, sin importar el riesgo que esto implica para otros estudiantes del plantel.

3. Falta de interés y prioridad en la investigación y sanción de este tipo de conductas por parte de las instituciones que tienen a su cargo la investigación disciplinaria de los hechos, cuando el maestro, auxiliar administrativo, bibliotecario o directivo es un funcionario público. (Ver cifras de la Procuraduría General de la Nación).

4. Falta de coordinación y cooperación entre las instituciones educativas y las autoridades disciplinarias y judiciales que resulta en una impunidad rampante, que a su vez refleja el poco interés de proteger a los niños, niñas y jóvenes de la violencia sexual de la que son víctimas precisamente en los lugares encargados de formarlos para la vida en sociedad.

“Es inadmisible que la escuela se convierta en un lugar amenazante para los menores de edad y que las violaciones a sus derechos humanos no se traten con la debida diligencia en las instancias disciplinarias y penales.

El Estado no está cumpliendo con su deber de proteger a los niños, niñas y jóvenes”, asegura Katherine Romero, abogada de Women’s Link Worldwide.

Entre tanto, Mónica Roa, directora de programas de Women’s Link se pregunta “¿por qué en Colombia y en general en Latinoamérica, la violencia sexual en instituciones educativas tanto religiosas y laicas, como públicas y privadas no genera los escándalos y responsabilidades que sí se han dado en otros lugares del mundo?”.

Por su parte el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, señaló que se precisan acciones de prevención eficaces por parte de las entidades responsables, para identificar los factores de riesgo y promover una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos en las instituciones educativas.

“Las situaciones de omisión de denuncia y de negligencia en la investigación de los hechos, debe enfrentarse con el fin de que la violencia sexual en centros educativos sea investigada y sancionada con celeridad y eficacia.

Este foro es una evidencia del compromiso de la Defensoría del Pueblo para promover compromisos institucionales y para intensificar el seguimiento sobre esta situación", concluyó Volmar Pérez.
http://notimundo2.blogspot.com/2011/12/violencia-sexual-en-instituciones.html

Reclusas denuncian violación sexual por parte de guardianes en las cárceles colombianas

Noticias UNO Una reclusa que padece de leucemia fue abusada por los guardianes de la cárcel de Valledupar. Según denunció los guardianes estarían abusando de otras reclusas.

El INPEC ordenó una investigación al respecto, pero no la ha traslado a ella, de tal manera que sigue custodiada por los guardias denunciados.

Ana Catalina Alvarez está recluida en la cárcel Judicial de Valledupar desde hace un año por un problema con el seguro de un carro. Pero además de estar en prisión se ha complicado su condición de paciente de leucemia. Como si fuera poco ahora se le suma el abuso sexual cometido por los guardias del INPEC.

“Yo hice la denuncia de la manipulación de algunos guardianes que cambiaron beneficios a cambio de tener sexo con las internas. A mi me quitaron el celular y una sim card, y un guardián me ofrece cambiar la sanción por sexo”, relató la reclusa.

Ana Catalina asegura que los guardias aprovechaban la noche para sacar a las mujeres del penal y abusar de ellas.

“Vienen a sacar a las mujeres y a tener relaciones sexuales y está mal porque es un abuso de autoridad porque ellos son los que tienen las llaves… ellos nos sacan... es irregular que un dragoneante saque a una interna en la noche”, dijo Ana Catalina.

Cuatro uniformados son investigados por inducir a las detenidas a prostituirse…

“Yo dije que era violación… y que a mí por adulta no me podía violar, pero es que hay muchas forma de hacerlo; y después de eso siguió el acoso, la burla y después denuncie otro intendente que se metió al cuarto porque según él ya lo había hecho con otro guardián”

El INPEC divulgó un comunicado de prensa dice que se ordena abrir investigación disciplinaria y compulsar copias a la Fiscalía para que investigue estos hechos.

Ana Catalina está solicitando que la trasladen de reclusorio por las presiones contra ella que de los guardias del INPEC que le reclaman por haber denunciado a sus compañeros.

NOTA:
Para conocer más sobre la situación de feminicidio y violaciones sexuales en Colombia:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=130891

Un extracto:

"(...) Hay un sistematismo de las violaciones de DDHH de las mujeres por parte de la fuerza pública y del paramilitarismo: los porcentajes que les corresponden son altísimos, y no reflejan sino una pálida parte de la realidad dado que denunciar a la fuerza pública es un verdadero acto heroico en razón de los riesgos de muerte para los denunciantes al enfrentar el engranaje de todo un estado abocado a la impunidad. Tras cada denuncia de violación se esconden las que nunca serán denunciadas por miedo, y la renuencia a denunciar se agrava cuando los victimarios son fuerza pública: denunciar a la fuerza pública tiene el agravante de que la víctima denunciante tiene que remitir su denuncia a las entidades estatales, parte del mismo estado que la fuerza pública. Lamentablemente, en la casi totalidad de los casos, las denuncias efectuadas quedan en la impunidad, y varias denunciantes sufren asesinatos: hay un aparato estatal y para-estatal de impunidad, y no escatima en eliminar testigos y denunciantes.

La privatización y precarización del sistema educativo y la desvalorización de la mujer promovida por los medios masivos de comunicación a la par que exaltan los valores machistas, abonan el terreno para el maltrato. La impunidad para crímenes de estado define la banalización de la sevicia y el aumento exponencial del feminicidio. “Las estadísticas tomadas de Medicina Legal, la Fiscalía y la Policía, muestran una disparada de la violencia sexual contra las mujeres: de 31.659 casos en el 2004 a 54.192 en el 2009. Lo más aterrador es la presencia de feminicidios. Y en una buena parte de ellos, los responsables son soldados o policías” (4). "

Violada a 30 metros de un puesto militar en el país de las 'Cárceles Resort' para militares

Azalea Robles Kaos en la Red

“(…)en el trayecto se encontraban dos grupos de militares uno a 30 metros y el segundo a 50 metros del mismo, frente a los cuales de forma inexplicable pasó el agresor, la víctima fue tirada en un barranco a sólo 30 metros de donde se apostaba el último grupo de militares” Denuncia CPDH


“(…)Varios de los condenados tienen allí sus negocios, como el teniente coronel Pulido, condenado como responsable de la masacre de La Cabuya, donde el 20 de noviembre de 1998 fueron asesinados cinco campesinos, entre ellos una mujer con siete meses de embarazo. El restaurante del exoficial se llama ‘Héroes’.(…)” Semana


“Hace como un año, mi (cabo) primero Blandón Vargas Humberto se pudo ir tranquilo la Semana Santa con toda la familia para el hotel Kosta Azul en San Andrés. De allá trajo unas camisetas de regalo muy bacanas", cuenta un soldado. Blandón fue condenado por el secuestro, tortura y homicidio de un grupo de campesinos en Antioquia(…)

Los abusos, tratos degradantes, violaciones sexuales y el feminicidio contra las mujeres y niñas colombianas crecen dramáticamente: el empobrecimiento, la exclusión social y la degradación ética inyectada por los mass-media para legitimar los valores mafiosos de un sistema llevado al paroxismo de las desigualdades sociales, de la violencia represiva y del control social, son el terreno fértil para las agresiones contra las mujeres. Las mujeres son el chivo expiatorio de una sociedad machista cuyas frustraciones son elevadas a la máxima potencia por una violencia estructural en permanente crecimiento. Decrece el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a las oportunidades laborales; a la par que crece la violencia estructural generada por los mecanismos de despojo y monopolización de capital. Aunado a lo anterior, hay un factor determinante que caracteriza a Colombia: la violación sexual y el feminicidio contra las mujeres y niñas colombianas se generalizan al amparo de la sistemática impunidad para los crímenes de estado. Esta constatación hace que el tema de la impunidad sea un tema medular en la lucha por el respeto de las mujeres, así como es un tema medular en el camino hacia la paz y la justicia social en Colombia.

La impunidad para militares, paramilitares y latifundistas acrecienta el sistematismo de las violaciones sexuales en Colombia. Los crímenes e impunidad que rodean la violacion y asesinato de los niños de Arauca a manos del ejército(1); los escándalos de los ‘clubes de relajación’ en los que los escasísimos militares condenados purgan sus “penas”; el descaro con que los violadores estadounidenses burlan la justicia(2); la cantidad aberrante de niñas campesinas despojadas que viven en esclavitud a la merced de gamonales latifundistas, evidencian la relación macabra entre el aumento dramático de las violaciones sexuales y los privilegios de inmunidad e impunidad aplicados a los criminales. Colombia y México son dos países en los que el feminicidio alcanza cimas del horror: su denominador común, aparte del empobrecimiento que sufren ambos países, es la impunidad para los crímenes de estado y la degradación social que conlleva. En ambos países se desarrolla una intensa actividad represiva y de control social ejercida por el estado contra la población civil, mientras que los grupos de paramilitares y narcotraficantes, funcionales al estado, imponen sus valores. México sufre un incremento de la “asesoría militar estadounidense”, con el incremento de violaciones de los derechos humanos que esta conlleva: como se ha podido palpar en Colombia desde que la asesoría estadounidense entrena a militares en “contrainsurgencia”. La mayor fosa común del continente americano se descubrió en la Macarena, Colombia: 2000 cadáveres de desaparecidos por el ejército fueron hallados detrás del batallón de la Fuerza Omega del Plan Colombia, que recibe estrecha asesoría estadounidense (3).

# 1. Violada a 30 metros de un puesto militar

Iniciando abril, el CPDH denuncia otro caso de violación a manos del ejército, en un marco de absoluta impunidad: una mujer violada y acuchillada por un militar a 30 metros de un puesto militar, el 3 de abril 2011. La mujer se encuentra entre la vida y la muerte, el soldado ha sido identificado, retenido y puesto en libertad, el batallón ‘ciego’ ha sido trasladado(4). El CPDH denuncia: “fue atacada con arma blanca, produciéndole varias heridas en partes vitales de su cuerpo, constitutivos de tratos crueles, inhumanos y degradantes y sometida a violencia sexual; en el trayecto se encontraban dos grupos de militares uno a 30 metros y el segundo a 50 metros del mismo, frente a los cuales de forma inexplicable pasó el agresor, la víctima fue tirada en un barranco a sólo 30 metros de donde se apostaba el último grupo de militares (…) Se logró reconocer al presunto agresor, identificado como soldado profesional adscrito al Ejercito Nacional (J. JESUS ADVINCULA DELGADO)(…) aunque debido al precario manejo en cuanto el acopio de elementos probatorios y actos urgentes fue dejado en libertad y puesto a disposición de las autoridades militares, el temor actual es que técnicamente se encuentra en libertad, sin ningún tipo de limitación legal, además el grupo de militares que estuvieron en la Victoria el pasado 3 de abril fueron trasladados de la zona.”(Ibíd. ). Es una de las miles de denuncias de mujeres y niñas violadas a manos de la fuerza pública en Colombia: la casi totalidad de estas denuncias son abortadas por el mismo sistema y la negligencia aplicada al trato de los elementos probatorios, cuando no es por la amenaza o asesinato contra los denunciantes. Por otro lado las denuncias constituyen la punta del iceberg: las denuncias por violación contra la fuerza pública son un acto de extrema valentía en Colombia, porque pueden conllevar la muerte para los denunciantes, lo cual permite deducir que tras las denuncias se encuentra el grueso de los casos que no son denunciados. Por otro lado, de los casos denunciados la impunidad es del 99%, y en el caso de condenas, son absolutamente pírricas, y los violadores terminan no en una cárcel, sino “cumpliendo su pena” en una base militar con canchas deportivas, restaurantes, piscinas y todas las comodidades (5). El carácter sistemático de estos crímenes y el sistematismo en la impunidad para militares, evidencia que las violaciones sexuales a manos del ejército son algo que va más allá de la vaga e irresponsable definición de "daños colaterales de un conflicto”: son actos del terrorismo de Estado.
# 2. Cárceles doradas y vacaciones en el Caribe pagadas con dinero público para militares “condenados”

Los militares “presos” en Colombia salen cuando quieren de la cárcel y van a pasar semanas en el Caribe, pagadas por el erario público (6). Semana describe el “Tolemaida Resort”: “Hay presos que pasaron vacaciones en San Andrés y Cartagena (…) Suboficiales y soldados no solo no fueron retirados del servicio, sino que siguen recibiendo en prisión parte del salario que normalmente devengaban y beneficios como seguir cotizando para pensión. Algunos se han pensionado. Algunos, incluso, han ascendido de rango en la cárcel (…) Varios de los condenados tienen allí sus negocios, como el teniente coronel (r) Orlando Pulido, condenado a 30 años como responsable de la masacre de La Cabuya, donde el 20 de noviembre de 1998 fueron asesinados cinco campesinos, entre ellos una mujer con siete meses de embarazo. El restaurante administrado por el exoficial se llama ‘Héroes’.(…) Las casas parecen más un campo de recreo que alojamientos de un penal. La gran mayoría tiene aire acondicionado, Internet y servicio de televisión satelital, entre otras comodidades”(Ibíd.)

En esas condiciones de “Resort” están torturadores, violadores, responsables de masacres, y su comodidad es garantizada por los altos generales: “Llegaron los de las Afeur (Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas), de la IV Brigada de Medellín, condenados por la Operación Orión y desapariciones. También los de los Gaulas militares, condenados por 'falsos positivos' [asesinatos de civiles premeditados para disfrazar sus cadáveres], o los costeños del Batallón La Popa de Valledupar, por 'falsos positivos', y los de la VI Brigada, de casos como los [del asesinato de varios campesinos, en 2004, en] Cajamarca o las masacres [una serie de 20 ejecuciones, en 2003] de Viotá -cuenta uno de los internos-. Ahí los comandantes comenzaron a regalar quioscos para todos esos muchachos. Mi general Montoya regaló como unos cuatro o cinco a los soldados de las Afeur. Mi general Óscar González también gestionó para la construcción de otros ocho a diez quiosquitos. Ellos nos ayudaron mucho. Mi general Montoya estuvo por lo menos diez veces acá y mi general González, más de veinte veces. Siempre que venían a Tolemaida nos decían que qué nos faltaba (…), explica el interno.”(Ibíd.)


Los militares “presos” en Colombia se dan incluso el lujo de vivir por fuera de su cárcel dorada: “Entraban y salían libremente de su prisión y de Tolemaida, se daban el lujo de vivir por fuera del penal y de la base. Un caso es el del soldado profesional Santiago Escudero Uribe, condenado a 35 años de prisión por el asesinato de dos campesinos en Antioquia, a los que presentó como miembros del ELN muertos en combate. El soldado se quedaba con frecuencia en una de las lujosas fincas de ese conjunto (…) donde estaba su familia. Allí lo conocen como el propietario de varias panaderías en Melgar.” (Ibíd. ) Los militares condenados pasean en vuelos comerciales y viajan a las islas del Caribe: “Hace como un año, mi (cabo) primero Blandón Vargas Humberto se pudo ir tranquilo la Semana Santa con toda la familia para el hotel Kosta Azul en San Andrés. De allá trajo a varios unas camisetas de regalo muy bacanas", cuenta un soldado. Blandón fue capturado en 2001 y condenado a 40 años de prisión por el secuestro, tortura y homicidio de un grupo de campesinos en Antioquia, cuando hacía parte del Batallón Juan del Corral, adscrito a la IV Brigada.” (Ibíd.)

En la actualidad hay 843 miembros de la Fuerza Pública detenidos en centros vacacionales de “reclusión”: 174 del Ejército, 648 de la Policía, 13 de la Armada y ocho de la Fuerza Aérea. Y en los nueve “centros especiales de reclusión” que maneja el Ejército hay 942 delincuentes (7).

El escándalo público de las Cárceles Resort para militares colombianos no ha provocado cambios: ante la oferta del ministro del Interior y de Justicia, Vargas Lleras, de trasladar a los militares delincuentes de los centros vacacionales en que se encuentran a cárceles reales, Rodrigo Rivera, ministro de Defensa, dijo sin ningún asomo de vergüenza que: “los nueve centros penitenciarios especiales ubicados dentro de batallones de las fuerzas armadas en varias partes del país cumplen todas las reglas constitucionales” (Ibíd.), por lo que considera inapropiado trasladar a los uniformados detenidos a una cárcel. El general Alejandro Navas, comandante del Ejército, consideró sin sonrojo que: “No es necesario trasladar a más detenidos de las cárceles militares a los centros de detención comunes. El Ejército está en capacidad de administrar sus centros de reclusión y albergar a sus internos” (Ibíd.).

La impunidad, o en su defecto la “Cárcel Resort”, es el premio que le da el Estado colombiano a los militares que cometen violaciones a los DDHH. Esto evidencia aún más el hecho de que las violaciones a los DDHH por parte de la Fuerza Pública son amparadas por el Estado en Colombia. Se inscriben en la doctrina contrainsurgente y la perversa noción militar del “enemigo interno”: en la cual el enemigo interno es la población civil (8). La violación sexual es parte de la estrategia del Terrorismo de Estado contra la población civil, y su carácter exponencial resulta de la sistemática impunidad.

En la doctrina militar contrainsurgente se inscriben las prácticas de tortura y terror contra la población civil con la doble finalidad de desplazar poblaciones de las zonas de alto interés económico y de callar la reivindicación social. El terror busca paralizar a la población e impedir la organización popular: es control social. La herramienta paramilitar del despojo es parte de esa estrategia estatal: es financiada por multinacionales, latifundio y Estado, y actúa en coordinación con el ejército (9). Sólo entre junio 2005 y diciembre 2010 dicha herramienta paramilitar cometió al menos 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados, según reporta el informe de enero 2011 de la Fiscalía (10). El drama de la arremetida de la herramienta paramilitar y la fuerza pública contra la población civil en Colombia es pasado bajo silencio.

Mientras se mantenga la doctrina militar del enemigo interno, y la sistemática impunidad para los crímenes de estado en Colombia, la violencia sexual y el feminicidio continuarán su dramático crecimiento exponecial.

NOTAS:

*Este texto forma parte de una investigación sobre la Impunidad en Colombia; es un capítulo ampliado del texto largo “Las 50 niñas violadas por El Patrón, la juez asesinada, la impunidad y sus eufemismos” de Azalea Robles



(1) Crímenes e impunidad que rodean la violacion y asesinato de los niños de Arauca a manos del ejército http://www.rebelion.org/noticia.php?id=116639

Asesinada jueza que llevaba el caso de los niños violados y asesinados por el ejército colombiano http://www.rebelion.org/noticia.php?id=125003&titular=asesinada-una-jueza-que-llevaba-el-caso-de-los-ni%F1os-violados-y-asesinados-por-el-

http://www.humanidadvigente.net/index.php?option=com_content&view=article&id=211:humanidad-vigente-y-cpdh-arauca-repudian-y-rechazan-asesinato-de-jueza-en-saravena-arauca-&catid=26:comunicados&Itemid=34

(2)los violadores estadounidenses burlan la justicia.

Violación sexual por parte de militares estadounidenses en Colombia (1/3), (2/3), (3/3)

http://www.youtube.com/watch?v=uES0FUadSD4

http://www.youtube.com/watch?v=Pto-DAxAMi0

http://www.youtube.com/watch?v=UNEfaFguAAE
Bases militares USA en Colombia: peligro regional y profundización del genocidio; violaciones sexuales e impunidad http://www.rebelion.org/noticia.php?id=99720“(…)privilegios, exenciones e inmunidades otorgadas al personal administrativo y técnico de una misión diplomática", refiere el pacto militar que Estados Unidos cerró con el gobierno Colombiano.http://www.youtube.com/watch?v=Vugt0NbRlys&feature=player_embedded

La corte constitucional colombiana declaró inconstitucional el acuerdo firmado entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en agosto 2010; pero no obstante la sentencia de la corte constitucional bajo el mandato deSantos se siguen instalando las bases militares estadounidenses en Colombia en 2011:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=123813&titular=el-gasto-multimillonario-del-pent%E1gono-revela-la-instalaci%F3n-efectiva-de-bases-del-comando-sur-en-

(3) La mayor fosa común del continente americano se descubrió en diciembre 2009 en el Meta, detrás del batallón militar de la Macarena: la fosa contenía 2000 cadáveres de desaparecidos por la fuerza Omega del Plan Colombia

La mayor fosa común del Continente americano: http://www.publico.es/internacional/288773/aparece/colombia/fosa/comun/cadaveres

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=99507

Los Medios ocultan la mayor fosa común de América, mientras el Estado colombiano busca alterarla: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=100898

(4)CPDH denuncia: “fue atacada con arma blanca, produciéndole varias heridas en partes vitales de su cuerpo, constitutivos de tratos crueles, inhumanos y degradantes y sometida a violencia sexual, en el trayecto se encontraban dos grupos de militares uno a 30 metros y el segundo a 50 metros del mismo, frente a los cuales de forma inexplicable pasó el agresor, la víctima fue tirada en un barranco a sólo 30 metros de donde se apostaba el último grupo de militares (…) Se logró reconocer al presunto agresor, identificado como soldado profesional adscrito al Ejercito Nacional (JOSE JESUS ADVINCULA DELGADO) (…) aunque debido al precario manejo en cuanto el acopio de elementos probatorios y actos urgentes fue dejado en libertad y puesto a disposición de las autoridades militares, el temor actual es que técnicamente se encuentra en libertad, sin ningún tipo de limitación legal, además el grupo de militares que estuvieron en la Victoria el pasado 3 de abril fueron trasladados de la zona.”

http://reexistencia.wordpress.com/2011/04/08/denuncia-por-hechos-ocurridos-en-la-victoria-ipiales/#more-2184

(5)Militares terminan no en una cárcel, sino “cumpliendo su pena” en una base militar con canchas deportivas, restaurantes y todas las comodidades. Mindefensa y Ejército no aceptan cambio de centros vacacionales por cárceles para militares criminales

http://notimundo2.blogspot.com/2011/04/seguridad-narcocratica-mindefensa-y.html

“Tolemaida Resort” de Revista Semana: http://www.semana.com/noticias-nacion/tolemaida-resort/154427.aspx

&nbsp http://www.kaosenlared.net/noticia/mindefensa-ejercito-no-aceptan-sacar-militares-condenados-centros-vaca

(6)“Tolemaida Resort” de Revista Semana: http://www.semana.com/noticias-nacion/tolemaida-resort/154427.aspx

(7) En la actualidad hay 843 miembros de la Fuerza Pública detenidos en centros vacacionales de “reclusión”: 174 del Ejército, 648 de la Policía, 13 de la Armada y ocho de la Fuerza Aérea. Y en los nueve “centros especiales de reclusión” que maneja el Ejército hay 942 delincuentes http://notimundo2.blogspot.com/2011/04/seguridad-narcocratica-mindefensa-y.html

(8) Desde los años 60, a raíz de la visita practicada a Colombia por la Misión Yarbourough del ejército estadounidense (febrero/62) y de las directrices secretas que dejó consignadas dicha Misión, el Estado colombiano adoptó una estrategia contrainsurgente paramilitar, ya desde antes de que surgieran las guerrillas de este ciclo (1964-65).Tal doctrina estratégica puede estudiarse en los Manuales de Contrainsurgencia que comienzan a formar parte de la Biblioteca del Ejército y por tanto de los textos de estudio y entrenamiento militar desde 1962. Tomando como fuente 6 manuales (1962, 1963, 1969, 1979, 1982, 1987) se puede rastrear la concepción que hay allí de la población civil y su papel en la guerra, se la define por dos miradas: 1) debe ser vinculada a la guerra (paramilitarismo); 2) debe ser el blanco principal de la guerra contrainsurgente (guerra contra los movimientos sociales o posiciones inconformes con el statu quo).

http://www.arlac.be/paramilitarismo/html/pdf/deuda01.pdf

(9)La herramienta paramilitar del despojo es parte de esa estrategia estatal, es financiada por multinacionales, latifundio y Estado, y actúa en coordinación con el ejército

2011 Denuncia en el Congreso la farsa de la desmovilización. Iván Cepeda: "Las estructuras del paramilitarismo siguen intactas"

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=125316&titular=iv%E1n-cepeda:-%22las-estructuras-del-paramilitarismo-siguen-intactas%22-

Informe “Paramilitarismo de Estado en Colombia, Deuda con la Humanidad”, CINEP, varios documentos de contexto, testimonios y datos:http://www.arlac.be/paramilitarismo/html/deuda.htm

“la doctrina contrainsurgente del Estado colombiano, y la población civil”:http://www.arlac.be/paramilitarismo/html/pdf/deuda01.pdf

Soldado John Quirama denuncia a sus superiores de nexos con Paramilitar alias Cuchillo, denuncia también el narcotráfico del ejército y asesinatos “falsos positivos” http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wBVPyGZMxKI http://www.rebelion.org/noticia.php?id=115182

Miles de víctimas, varios paramilitares e incluso militares, han denunciado el carácter de Estrategia Estatal de la Herramienta paramilitar. Además existen pruebas fílmicas y fotográficas de la connivencia estatal-paramilitar y el Paramilitarismo está preconizado en manuales militares. General Montoya y paramilitares, prueba fílmica: http://www.youtube.com/watch?v=rdTOItvPPRo&feature=player_embedded

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denuncia en marzo 2011: “Las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo en su nueva etapa de reingeniería conocida con el eufemísitico término de bandas criminales (bacrim). (…) la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares. (…) continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización de campesinos, estudiantes y defensores de DDHH, con la prolongación de la práctica de la desaparición forzada, la violencia sexual” http://www.polodemocratico.net/index.php?option=com_content&view=article&id=487:movice-anuncia-acciones-contra-encubrimiento-a-reingenieria-paramilitar-&catid=64:nacionales&Itemid=48

http://www.polodemocratico.net/index.php?option=com_content&view=article&id=559:en-colombia-siguen-intactas-las-estructuras-del-paramilitarismo-denuncio-el-representante-ivan-cepeda&catid=35:titulares

(10) Informe Fiscalía, enero 2011 : 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas, y al menos 74.990 desplazamientos forzados, cometidos entre 2005 y el 31 de diciembre 2010 por el paramilitarismo: http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Index.htm

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http://azalearobles.blogspot.com/
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Colombia: Las sobrevivientes, las mujeres

En 1998, 70 madres desplazadas por la violencia con sus hijos, provenientes de diferentes regiones de Santander, fueron llegando sin nada en sus manos a las bodegas del Café Madrid en la antigua estación del ferrocarril de Bucaramanga.

Construyeron unos ranchos hechizos en medio de condiciones de hambre y hacinamiento y, poco a poco, alrededor de una olla comunitaria donde se turnaban para preparar el almuerzo, se consolidó lo que hoy en día es la Asociación de Mujeres Artesanas de Bucaramanga Luz y vida.

Empezaron a hacer artesanías y con el apoyo de diferentes organismos nacionales e internacionales, compraron una casa que la convirtieron en un comedor infantil donde comen 370 niños cada día. “Hoy tenemos cultivos, ganado, nos hemos capacitado y sabemos que tenemos nuestros derechos, que no es como antes y que estamos organizadas como mujeres para trabajar por la comunidad”, dice una de ellas.

A las colombianas les ha tocado la supervivencia en el conflicto armado; son ellas las que organizan niños en unas horas para salir huyendo, las que se rebuscan para darles de comer, las que le pone buena cara a la tragedia por mero instinto, para que sus hijos puedan seguir la vida. Quizás por eso, Colombia está llena de organizaciones de mujeres valientes como esta de Bucaramanga, que empujan primero a sus familias y luego a sus comunidades a volver a empezar.

En el Meta, la Red de Mujeres y Organizaciones del Meta tienen proyectos colectivos, busca la educación para la paz e incursiona en política para luchar contra el maltrato a las mujeres y a los niños, y defender sus derechos sobre todo de los desplazados.

Y en Cauca, está la Red de Mujeres del Cauca, que surgió hace 25 años y hoy la integran 54 organizaciones de todo el departamento, 26 de ellas de Popayán. Su experiencia más significativa es la Cartografía de la Esperanza: arman mapas de las iniciativas ciudadanas existentes para identificarlas y difundirlas, con la esperanza de que crezcan y se multipliquen.

Zoraida Fuelantala de esta Red dice que su próxima meta es ayudarle a las mujeres a ganar dinero e influir en las políticas públicas que le abran camino a sus proyectos productivos.

El más grande proyecto que agrupa a 22 organizaciones femeninas nacionales y a 426 regionales y locales en casi todo el país, es la Iniciativa de Mujeres por la Paz. Busca hacer oír su voz de mujeres, conseguir jurídico para luchar por sus derechos, denunciar el delito silencioso e invisible del conflicto: la violación. Sus socias ya suman 1.200 mujeres.

“La violencia sexual es una estrategia de guerra, pero resulta muy difícil comprobarlo como algo sistemático. Las mujeres sienten vergüenza de contarlo. Las víctimas no denuncian, los victimarios no confiesan y la comunidad ha querido olvidar los hechos que todos conocen”, explica Patricia Buriticá, directora de la Iniciativa.

La Iniciativa pretende probar qué bloques paramilitares usaron la violencia sexual como una estrategia más para controlar el territorio y dominar a la comunidad. “De las 138.000 víctimas documentadas por la Fiscalía, tan solo hay 96 mujeres registradas como víctimas de delitos sexuales.”

Con equipos en 60 municipios del país, IMP también ha buscado construir una agenda social para el país. La idea es que las mujeres sean interlocutoras del alcalde y de los concejos municipales e incidan en los planes de desarrollo; que los recursos municipales para desplazados incluyan a las mujeres y los recursos para víctimas también.

Su otra lucha es ayudarles a las mujeres a recuperar la tierra. Mataron a sus maridos, las echaron con violencia y ellas no tienen cómo probar que su tierra era de ellas. Por eso, la IMP hace esfuerzos para que cada municipio investigue cuáles tierras han sido expropiadas, quiénes las están reclamando y de qué forma las mujeres pueden acceder al derecho a la tierra.