Instituto de la Mujer realiza censo de proyectos productivos en Barinas

Fuente: ABN

A fin de impulsar la revolución agraria y afianzar procesos productivos sustentables, el Instituto Regional de la Mujer realiza un censo de proyectos factibles en comunidades del estado Barinas.

La presidenta de éste organismo, María Valero, destacó que los financiamientos son tramitados por el Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer), el Fondo Único de Crédito de Barinas (Foncreb), el Banco del Tesoro (BT) y el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi).

Hasta ahora el equipo ha visitado los municipios Obispo, Bolívar, Sosa, Cruz Paredes, Alberto Arvelo Torrealba y próximamente se trasladará a Pedro Manuel Rojas.

Entre las propuestas de mayor envergadura resaltó un proyecto de granja integral constituido por 25 damas de la municipalidad obispeña.

'Todas las instituciones que somos parte del gabinete social impulsado por el Gobierno Bolivariano debemos recorrer las comunidades con el objeto de efectuar diagnósticos, sin embargo, el Instituto se enfoca en respaldar y acompañar a las mujeres', aseveró Valero.

En este sentido, enfatizó que la idea es que la población femenina de la región cuente con un ingreso fijo para sustentar sus hogares y además contribuir con el desarrollo endógeno de sus localidades.

Por otro lado, señaló que a través de los puntos de encuentro están realizando abordajes en los 12 municipios de la entidad, para dar a conocer sus derechos y la importancia de la Ley contra la Violencia de la Mujer.

La situación socioeconómica de las mujeres indígenas salvadoreñas

Fuente: Género y Economía.

La existencia de comunidades indígenas en El Salvador es muy poco conocida incluso por la población salvadoreña en general. Según el Perfil de de los Pueblos Indígenas de El Salvador, entre el 10 y el 12% de la población total del país es indígena. Pero a pesar de ser una proporción considerable, las comunidades indígenas no tienen ningún tipo de representación social ni política, y por lo tanto, sus opiniones no son incluidas al momento de tomar decisiones trascendentales para el país.

Asimismo, el gobierno no presta ningún tipo de atención a sus necesidades, por lo cual sus derechos se ven desprotegidos. De hecho, hay instituciones del gobierno que tienden a invisibilizar a la población indígena; ejemplo de ello lo constituye el hecho de que en el Censo de Población y Vivienda del año 2007 se reflejara una cantidad inferior a las estimaciones del Perfil de los Pueblos Indígenas, razón por la cual la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tuvo que presentar un comunicado en el cual cuestionaba el resultado de dicho censo. Desafortunadamente la Mesa Permanente se limitó a manifestar un comunicado, sin que eso significara un cambio radical en la manera de proceder de las instituciones del Estado y sin que se generara un compromiso social para visibilizar y respetar la existencia de los pueblos indígenas.

Por otra parte es lamentable que en El Salvador, las comunidades indígenas sean utilizadas como medio de atracción turística, destacando principalmente su danza folklórica, porque esto lejos de beneficiar a las comunidades las deshumaniza. En este sentido, es necesario destacar que las comunidades indígenas en general están expuestas a la marginación social, pero el caso de las mujeres indígenas en particular es mucho más serio porque la desigualdad y discriminación que éstas experimentan se debe a tres razones fundamentales: ser mujer, ser indígena y, además, ser pobre. Y es que la pobreza es una condición generalizada a toda la población indígena salvadoreña, pero que repercute de forma más negativa sobre las mujeres que sobre los hombres. Según el Perfil de Población Indígena de El Salvador, el 38.3% de las personas indígenas se encuentra en una situación de extrema pobreza, el 61.1% se halla en la línea de pobreza y sólo el 0.6% considera que alcanzan a cubrir sus condiciones básicas de vida. Esto es debido a la carencia de tierras y otros medios de producción, así como al hecho de que en el país el sector agropecuario lleve varios años en crisis. Dado que la mayoría de las mujeres indígenas residen en las zonas rurales del país el acceso al trabajo para ellas se ha visto claramente disminuido.

Al hacer un análisis de la situación socioeconómica de las mujeres indígenas se encuentra que éstas viven en condiciones de mayor desventaja que el resto de la población femenina y que sus pares masculinos en áreas tan diversas, pero importantísimas para su bienestar y desarrollo humano, como lo son la educación, la salud, el trabajo, el acceso a los recursos, las oportunidades de capacitación y la participación política. Por ejemplo, al comparar la tasa de desempleo abierta (por cada 100 personas económicamente activas) entre la población indígena 23.8% y el promedio nacional 7.5% se tiene una diferencia abismal, la cual es un indicador de las dificultades laborales que presentan las personas indígenas. Aunque no se cuenta con datos desagregados por sexo, no resulta raro suponer que son las mujeres indígenas las que encabezan las filas del desempleo.

Por otra parte, el hecho de que recaiga únicamente sobre las mujeres indígenas, al igual que sucede con el resto de mujeres del mundo, el peso del trabajo reproductivo –cuidado y educación de los hijos e hijas y desempeño de las demás tareas domésticas-, hace que el desarrollo del trabajo productivo que éstas realizan se vuelva más duro. El tipo de trabajo productivo que las mujeres indígenas desempeñan se caracteriza por la ejecución de labores agrícolas, la comercialización de las cosechas, el trabajo en fincas como jornaleras, el trabajo en maquilas, el comercio informal y la elaboración de artesanías. Como puede apreciarse, estos trabajos a los cuales tienen acceso las mujeres indígenas son trabajos poco cualificados que generan una remuneración económica muy baja, con lo cual resulta imposible trascender los niveles de pobreza a los cuales se ven expuestas.

Otro factor que obstaculiza la igualdad en el acceso al mercado de trabajo para las mujeres indígenas es el limitado acceso que tienen las niñas y mujeres a la educación. No resulta raro suponer que la división sexual del trabajo incide negativamente sobre la formación académica de las niñas, puesto que al interior de estas comunidades se considera que para desempeñar correctamente los trabajos domésticos y ser una buena esposa no es necesario estudiar y se tiende a priorizar la educación de los niños sobre la de las niñas y adolescentes.

Para reivindicar los derechos de las mujeres indígenas, es necesario promover la información desagregada por sexo que permita conocer las condiciones reales de vida de estas mujeres, que constituyen uno de los grupos poblacionales mayormente excluidos como producto de su condición y posición de género, clase y etnia. Para que las mujeres indígenas sean tratadas como verdaderas humanas es indispensable que se les respete el derecho a existir, a estudiar y a trabajar en igualdad de condiciones con el resto de mujeres y hombres de la sociedad. Género

Cuidar a los enfermos es una actividad trabajosa sin un salario regular

Por: Mirela Xanthak

Activistas por la igualdad de género observan que la vasta mayoría de quienes se encargan de estas tareas son mujeres, y que el tiempo que pasan manteniendo en funcionamiento hogares y comunidades a menudo les impide hallar un empleo remunerado fuera de casa.

Al mismo tiempo, la falta de salario da la impresión de que estas responsabilidades son de poco valor para la sociedad.

"Las mujeres quieren que se invierta en ellas y quieren tener más capacitación, pero también quieren aprender por sí mismas", dijo a IPS Jan Peterson, feminista con tres decenios de trayectoria.

Residente del barrio neoyorquino de Brooklyn, Peterson es fundadora de la Comisión Huairou y preside su secretaría. La organización reúne a numerosas redes de instituciones femeninas y socias individuales.

También participó en la creación de Groots International, red que trabaja por el empoderamiento y el desarrollo de las mujeres.

"Para las mujeres pobres de África, trabajar cuidando a pacientes con VIH/sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es una necesidad cotidiana, pero también el primer escalón para organizarse y para construir su propio poder", declaró.

Peterson, cuyo esposo padece el mal de Alzheimer, puso énfasis en la carga que supone atender a enfermos en el hogar.

La activista dialogó con IPS en un alto de la 53 sesión de la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres, celebrada este mes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

IPS: ¿Durante cuánto tiempo ha estado sobre la mesa la cuestión de la compensación del cuidado del hogar como trabajo?

JAN PETERSON: Está en la agenda desde que tengo memoria, y créame que me retrotraigo hasta la primera conferencia, realizada en 1975 (en México). El movimiento femenino ha estado siempre en este tema, y en realidad estamos cansadas del asunto, porque ahora es momento de actuar.

La primera presencia de la sociedad civil en una conferencia tuvo lugar en Huairou (China). Por eso tenemos este nombre. Se trata de la ciudad donde se reunieron las organizaciones no gubernamentales durante la conferencia de Beijing (de 1995).

Tengo grandes esperanzas. Fueron las propias mujeres las que formamos lo que hemos dado en llamar Alianza de Cuidados Basados en el Hogar, dentro de cada país y más allá. Cuando las mujeres pobres comienzan a organizarse, el público, por lo general, presta atención, porque dicen "oh, qué lindo"… Pero ahora todos, desde los holandeses hasta los países en desarrollo, está hablando en términos de estrategias,.

IPS: ¿Cómo asignarle un valor monetario a las tareas en el hogar?

JP: Las diferentes organizaciones tienen diversas opiniones al respecto. Algunas dicen querer que se les pague por su trabajo, pero otras aspiran a no convertirse en empleadas del Estado. No quieren un salario mínimo, sino otras cosas. Por ejemplo, apoyo financiero canalizado a través de clubes de ahorro y crédito, o tierras destinadas a producir alimentos para sus familias y par las personas a las que cuidan.

Muchas de ellas dijeron querer que se les reconozca el estatus de "cuidadoras", para volverse visibles. Si tuvieran un documento que las identifique, como los miembros de una organización profesional, su trabajo sería mucho más fácil.

IPS: ¿Cómo se procesa el debate?

JP: Dialogamos con muchos gobiernos aquí en Nueva York. Parecen muy interesados, pero se preocupan cuando empezamos a hablar de dinero. Éstos son tiempos de crisis financiera.

Hemos organizado grupos de cuidadoras en muchos países, y en seis de ellos las mujeres están haciendo su propia investigación, gracias a un subsidio de 25.000 dólares llamado "compensación por contribución", pagado con la cooperación, entre otras, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las activistas de la sociedad civil actúan por sí mismas, entrevistando a cuidadoras dentro de sus países (300 en cada uno). El estudio demostrará el aporte de ese trabajo a la comunidad.

Algunas quieren una paga. Otras quieren otras cosas, y luchan por ellas. No es una propuesta fácil.

IPS: ¿Qué otras políticas públicas serían útiles?

JP: Hay muchas estrategias disponibles. Lo que tenemos que preguntarnos es qué clase de sociedad tenemos y a qué tipo de instituciones aspiramos.

¿Queremos que quienes mueren de sida sean cuidados por sus vecinas? ¿Queremos centros para que las abuelas que crían huérfanos tengan un lugar al que acudir y no estén aisladas en sus hogares, donde se apoyen entre sí, compartan sus frustraciones y ganen dinero a partir de la venta de productos a pequeña escala?

No queremos que todo sea administrado por el gobierno, que, de todos modos, puede administrar y apoyar una amplia gama de iniciativas. Yo preferiría que me cuidara una vecina, y no una extraña que no conozco.

IPS: ¿Qué ocurre con los hombres que brindan cuidados en el hogar?

JP: Los hombres cuidadores también existen y algunos dicen que son más cuando se empieza a pagar. Nuestra filial de Honduras propuso (en la conferencia celebrada entre el 2 y el 13 de este mes en la ONU) que sean 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres. De hecho, hay un gran sector de hombres homosexuales que se dedican a brindar cuidados en el hogar y que están abiertos a presionar por esta diversidad. (FIN/2009

Andrea Dátri: La Agenda de las Mujeres

Fuente: Artemisa Noticias

Andrea D’atri es psicóloga, especialista en Estudios de la Mujer. Es dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas de Argentina, integra el consejo asesor del Instituto del Pensamiento Socialista ''Karl Marx'' y desde 2003 impulsa la agrupación de mujeres Pan y Rosas. En el mes Internacional de la Mujer, D'Atri analiza la situación de las mujeres en las dos últimas décadas de aplicación del modelo neoliberal en la región, devela las contradicciones de los Estados y esboza prioridades a tener en cuenta en el contexto actual de crisis mundial y emergencia de movimientos sociales.

- ¿Qué han significado las dos últimas décadas de reformas neoliberales en nuestra región para los derechos de las mujeres?

- En este último período, donde se ha visto la expresión más salvaje del capitalismo, curiosamente ha sido también la época en la que se ha logrado mayor institucionalidad en los temas de la mujer. Esto no es casual; coincidentemente es la etapa en que el modelo económico afectó más la vida de las mujeres, que constituyen el 70% de los 1300 millones de personas pobres del mundo, que viven con menos de dos dólares diarios, y el 70% de los 960 millones de analfabetos. En este contexto de extrema inequidad se producen cada año 500 mil abortos clandestinos en el mundo y cerca de 40 mil mujeres mueren por causas derivadas del embarazo y parto, lo que incluye los fallecimientos por complicaciones derivadas de las interrupciones de la gestación en condiciones inseguras. Cuatro millones de niñas y mujeres ingresan cada año a la prostitución, la trata y la esclavitud sexual, además de los femicidios. Estas y otras tragedias demuestran que el modelo capitalista implementado por gobiernos cipayos en nuestros países ha destruido la vida de las mujeres de una manera nunca vista, mientras parcela nuestras luchas a través de planes de asistencia parcial a determinadas problemáticas.

- Es el caso de los avances normativos alcanzados en cuanto a la violencia contra la mujer; sin embargo, las medidas de carácter formal no garantizan su erradicación.

- Las instituciones de los Estados reproducen la idea de que las agresiones contra las mujeres son de corte familiar o doméstico, enfoque que cuestiono porque lleva a pensar que se trata de un problema íntimo, personal, cuando no es más que la reproducción en el ámbito privado de una violencia en que se fundamenta el sistema. Es por eso que los Estados no protegen a las mujeres de la violencia, aunque cuenten con instituciones de engaño, que implementan políticas públicas y campañas por los derechos de las mujeres. Eso es parte de un doble discurso; mientras el Estado sea una organización de dominación de un pequeño sector de la sociedad sobre las grandes mayorías, se sostendrá en instituciones que generan legitiman la violencia, y la reproducen contra los excluidos y explotados, entre los cuales están las mujeres.

- Otra contradicción es que, a pesar de los procesos de reforma y modernización de los Estados, las iglesias –particularmente la católica–, continúan regulando la sexualidad, la reproducción y, por lo tanto, los usos del cuerpo de las mujeres.

- Los Estados de la región, muy lejos de sus mandatos constitucionales, no son verdaderamente laicos. Por ejemplo en Argentina, el Estado tiene que solventar a la Iglesia Católica; con la paradoja de que, mientras miles de argentinas y argentinos no tienen trabajo o están en precariedad laboral, los obispos ganan salarios mayores a mil dólares, estando exonerados de impuestos en sus propiedades inmuebles y otras ventajas. Hay una connivencia de los distintos gobiernos de la región con la Iglesia Católica es la que permite a esta última avanzar a través del lobby o la presión en los temas en disputa, como ocurre con el aborto. Una institución con dos mil años de historia, su posición ha variado con respecto al aborto de manera relativamente reciente. Hace sólo un par de décadas, con Juan Pablo II, que el Vaticano ha dispuesto una campaña realmente feroz contra este tema. Y con el neoliberalismo se han fortalecido los enfoques fundamentalistas, no solamente católicos. Recordemos que en Estados Unidos, Bush estableció una alianza con las iglesias cristianas evangélicas que hizo retroceder algunos derechos en cuanto al aborto e impidió que se avance en temas como el matrimonio entre personas homosexuales; todo ello acompañado del resurgimiento de los fundamentalistas musulmanes. Se puede decir que el neoliberalismo ha propiciado el avance de los fundamentalismos de todo color.

- ¿Cómo ve el protagonismo que han cobrado los movimientos de diversidad sexual en la región estos últimos años?

- Hay grandes avances. En Argentina, ya existe la ley de unión civil para la ciudad de Buenos Aires conseguida con la lucha de estos movimientos, que me parece fundamental y que está enriqueciendo y ampliando la lucha por los derechos sexuales en general. Pero al mismo tiempo, se observa una tendencia a la comercialización de las demandas de estos sectores. En ese país, algunas empresas empiezan a financiar, a través de su publicidad, las movilizaciones por el Día del Orgullo LGTB, lo que está generando un vaciamiento del contenido político que tiene y debería tener esta lucha. Sin embargo, también hay una respuesta crítica de importantes sectores de estos movimientos, que se resisten a ser utilizados, manteniendo con claridad sus objetivos.

- ¿Cuál sería la agenda inmediata para las mujeres en este escenario de crisis, de avance de los fundamentalismos, pero también de cierta rearticulación de los movimientos sociales en la región?

- Nosotras planteamos tres ejes fundamentales. El primero es la despenalización del aborto y su acceso libre y gratuito en hospitales públicos, para que no sigan muriendo más mujeres por esa causa. El segundo eje se relaciona con el abordaje de la violencia contra las mujeres; la situación que vivimos demuestra que la justicia no sólo tiene un carácter de clase, también es patriarcal, sexista y deja impunes a los responsables de las agresiones contra las mujeres, re-victimizando a quienes la han sufrido. Hay que enfocar la violencia como un producto de este sistema, expresado no sólo en el terreno de las relaciones privadas, sino en el hecho de que las mujeres mueren por no poder ejercer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y en la recarga del trabajo doméstico sus hombros, entre otros aspectos. El tercer eje es el del trabajo. Desde los años 90 las mujeres en Latinoamérica se incorporan cada vez más a las fuerzas productivas bajo condiciones de extrema precariedad. Somos testigo de la casi esclavitud de trabajadoras migrantes que se desempeñan en talleres clandestinos de costura, la explotación por parte de las redes de tráfico de personas, aquéllas que trabajan con contratos flexibilizados, salarios menores a los de los hombres y sin derecho a jubilación, vacaciones o sindicalización. Todos estos ejes constituyen aspectos clave en las agendas de los movimientos sociales y de las mujeres en el continente.

- ¿Qué retos y oportunidades se presentan para las mujeres organizadas y los movimientos sociales en el escenario de crisis mundial que vivimos?

- Como siempre ha sucedido en la historia, la crisis va a rescatar las mejores cualidades de las mujeres, que sin duda se pondrán a la cabeza de las luchas que se avecinan. Es fundamental reflexionar sobre el papel que vamos a cumplir en esta etapa, superando divergencias que nos mantienen en compartimentos estancos, avanzando en conformar un movimiento que vaya más allá de esas diferencias y que se plantee la perspectiva de lucha por un cambio radical del sistema que nos oprime.

El desafío del fundamentalismo económico

Por: Julia Vicuña Yacarine

El sistema capitalista es global y necesita de los fundamentalismos como mecanismo de dominación global, “para que tengamos miedos globales, aspiraciones globales, consumos globales”, afirmó Julia Evelyn Martínez, economista salvadoreña.

“El desafío sigue pendiente para avanzar en el enfrentamiento al capitalismo y al patriarcado porque son las dos fuentes de opresión de hombres y mujeres en esta sociedad”, indicó.

Durante el segundo panel del XI Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, iniciado en la capital mexicana el 16 de marzo, Martínez reflexionó en torno a la identificación de respuestas de los feminismos de la región ,frente a los embates de los fundamentalismos.


Advirtió que los movimientos de mujeres no cuentan con una agenda económica propia y se han insertado en otras de resistencia e incidencia, en respuesta a las políticas neoliberales, que tienen un carácter de dominación global.


“El desafío sigue pendiente para avanzar en el enfrentamiento al capitalismo y al patriarcado porque son las dos fuentes de opresión de hombres y mujeres en esta sociedad”, indicó.

Para la economista salvadoreña, el análisis económico, desde una perspectiva feminista, todavía no trasciende, no es parte de la agenda de acción del movimiento en América Latina y el Caribe.


Sin embargo, destacó que las mujeres han enseñado que pueden hacer las transformaciones desde lo cotidiano, “puede haber transformaciones legales, pero no bastan; inclusive, las transformaciones de los modelos económicos, en nuestros países, no bastan, si no tienen un correlato en la cotidianidad. Nosotras cambiamos el mundo a través de nuestras acciones pequeñas de cada día”, comentó.


Dijo que la crisis afecta directamente a las mujeres, principalmente a las que están ubicadas en los sectores populares, tanto urbanos como rurales. "El impacto sobre las condiciones de trabajo les ha hecho perder calidad de vida”...


Por su parte, la escritora Sabina Berman, durante su intervención en el panel, afirmó que “el fundamentalismo nos atañe a las mujeres para derrocar el patriarcado en sus diversas manifestaciones, antiguas y nuevas”.


Señaló que su generación vio al feminismo ganar la batalla cultural, en occidente, a nivel simbólico. “Hay valores sociales aceptados en nuestras democracias occidentales que impulsó el feminismo: la equidad, la diversidad. Pero si el feminismo no pasa a la política no pasará a la realidad”.

Igualdad de Género frente a la crisis económica

Las personas y entidades que suscribimos este manifiesto expresamos nuestra preocupación:

La crisis económica actual evidencia el fracaso de un modelo de crecimiento desequilibrado, a la vez que proporciona la oportunidad histórica de revertirlo. Para ello es necesaria la contribución de todas las personas, así como la planificación, utilización y distribución equitativa de todos los recursos. Sin embargo, los gobiernos y organismos internacionales están reaccionando conforme a una imagen de la sociedad que no es la de hoy en día, lo que impide afrontar correctamente la situación de emergencia global en la que nos encontramos.

FIRMA...

En España, en contra de lo que parecen sugerir algunos titulares de prensa, la tasa de paro femenina sigue siendo mayor que la masculina. Además, las mujeres siguen siendo amplia mayoría en las categorías más precarias, tanto de empleo (temporalidad, tiempo parcial, subempleo), como de desempleo (larga duración, sin empleo anterior, sin prestación de desempleo). Sus ingresos y sus pensiones son mucho menores y en muchos casos inexistentes, a pesar de que trabajan muchas más horas en total; sus tasas de pobreza son mucho mayores. En definitiva, la situación de las mujeres es dramática, pues según la crisis se generaliza a todos los sectores son las personas peor situadas las que más la sufren.


Los medios de comunicación resaltan la desoladora cifra de los 820.200 hogares en los que todas las personas activas están en paro, identificando estas situaciones con las de hombres ‘cabezas de familias’ con mujeres y niños ‘dependientes’, pero esta idea ya no se ajusta a la realidad. Detrás de esta cifra hay, además de hombres, muchas mujeres que, en todo tipo de hogares, desean incorporarse al empleo y están sobradamente preparadas para ello.

Ante la falta de recursos en las AAPP, los servicios públicos se ven seriamente afectados, recortándose los presupuestos de educación, de salud, de servicios sociales, de integración cultural, de fomento de la igualdad de género. Al mismo tiempo, las familias se ven sin medios económicos. Todo esto repercute especialmente sobre las mujeres a través de dos vías: por ser mayoría entre las personas necesitadas de asistencia y por ser las que suplen en el ámbito familiar la carencia de recursos.

Las medidas de apoyo al empleo se concentran en los sectores de la construcción y del automóvil; así como en asegurar las prestaciones a las personas afectadas por expedientes de regulación y a las personas que disfrutan y agotan la prestación de desempleo. Sin embargo, no se encuentra mención alguna al impulso del empleo femenino ni a la protección de los colectivos de desempleados más vulnerables y compuestos mayoritariamente por mujeres.

En resumen, los recursos disponibles para las situaciones que afectan a las mujeres disminuyen, y si se habilitan mecanismos extraordinarios es sobre todo para paliar situaciones que afectan más a los hombres. Aún persiste el discurso de lucha contra la violencia de género, pero los recursos para los servicios de atención se limitan, a pesar de que con la crisis aumentan los comportamientos violentos y disminuyen las posibilidades económicas de las mujeres para escapar de ellos. Y cuando estábamos llegando a acometer la prevención del delito, existe el riesgo de que el proceso de paralice.

Se han paralizado las reformas legales para fomentar la corresponsabilidad (como la ampliación del permiso de paternidad), mientras que se siguen potenciando las excedencias por cuidado y, como novedad frente a la crisis, se anuncian nuevas medidas de fomento del empleo a tiempo parcial.

El desarrollo de los servicios públicos no tiene prioridad en las medidas anti-crisis, a pesar de las partidas de gasto que se están dedicando a inversiones. La inversión pública masiva, necesaria para crear empleo y reactivar la economía, proporciona una oportunidad única para reconstruir la infraestructura social, para universalizar los servicios públicos de educación infantil y atención a la dependencia, para mejorar el sistema de salud, de educación, de servicios sociales, para promover el deporte y la cultura, para cuidar el medio ambiente y detener el cambio climático. En todos estos sectores se pueden crear muchos empleos y, puesto que están subvencionados con fondos públicos, se pueden poner condiciones para maximizar su utilidad social. Se puede exigir que todos los proyectos sean ecológicos, que fomenten la igualdad de género y que aumenten la cohesión social, pero no se está haciendo.

En los planes aprobados ha desaparecido el (preceptivo) informe de impacto de género.