Igualdad de Género frente a la crisis económica

Las personas y entidades que suscribimos este manifiesto expresamos nuestra preocupación:

La crisis económica actual evidencia el fracaso de un modelo de crecimiento desequilibrado, a la vez que proporciona la oportunidad histórica de revertirlo. Para ello es necesaria la contribución de todas las personas, así como la planificación, utilización y distribución equitativa de todos los recursos. Sin embargo, los gobiernos y organismos internacionales están reaccionando conforme a una imagen de la sociedad que no es la de hoy en día, lo que impide afrontar correctamente la situación de emergencia global en la que nos encontramos.

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En España, en contra de lo que parecen sugerir algunos titulares de prensa, la tasa de paro femenina sigue siendo mayor que la masculina. Además, las mujeres siguen siendo amplia mayoría en las categorías más precarias, tanto de empleo (temporalidad, tiempo parcial, subempleo), como de desempleo (larga duración, sin empleo anterior, sin prestación de desempleo). Sus ingresos y sus pensiones son mucho menores y en muchos casos inexistentes, a pesar de que trabajan muchas más horas en total; sus tasas de pobreza son mucho mayores. En definitiva, la situación de las mujeres es dramática, pues según la crisis se generaliza a todos los sectores son las personas peor situadas las que más la sufren.


Los medios de comunicación resaltan la desoladora cifra de los 820.200 hogares en los que todas las personas activas están en paro, identificando estas situaciones con las de hombres ‘cabezas de familias’ con mujeres y niños ‘dependientes’, pero esta idea ya no se ajusta a la realidad. Detrás de esta cifra hay, además de hombres, muchas mujeres que, en todo tipo de hogares, desean incorporarse al empleo y están sobradamente preparadas para ello.

Ante la falta de recursos en las AAPP, los servicios públicos se ven seriamente afectados, recortándose los presupuestos de educación, de salud, de servicios sociales, de integración cultural, de fomento de la igualdad de género. Al mismo tiempo, las familias se ven sin medios económicos. Todo esto repercute especialmente sobre las mujeres a través de dos vías: por ser mayoría entre las personas necesitadas de asistencia y por ser las que suplen en el ámbito familiar la carencia de recursos.

Las medidas de apoyo al empleo se concentran en los sectores de la construcción y del automóvil; así como en asegurar las prestaciones a las personas afectadas por expedientes de regulación y a las personas que disfrutan y agotan la prestación de desempleo. Sin embargo, no se encuentra mención alguna al impulso del empleo femenino ni a la protección de los colectivos de desempleados más vulnerables y compuestos mayoritariamente por mujeres.

En resumen, los recursos disponibles para las situaciones que afectan a las mujeres disminuyen, y si se habilitan mecanismos extraordinarios es sobre todo para paliar situaciones que afectan más a los hombres. Aún persiste el discurso de lucha contra la violencia de género, pero los recursos para los servicios de atención se limitan, a pesar de que con la crisis aumentan los comportamientos violentos y disminuyen las posibilidades económicas de las mujeres para escapar de ellos. Y cuando estábamos llegando a acometer la prevención del delito, existe el riesgo de que el proceso de paralice.

Se han paralizado las reformas legales para fomentar la corresponsabilidad (como la ampliación del permiso de paternidad), mientras que se siguen potenciando las excedencias por cuidado y, como novedad frente a la crisis, se anuncian nuevas medidas de fomento del empleo a tiempo parcial.

El desarrollo de los servicios públicos no tiene prioridad en las medidas anti-crisis, a pesar de las partidas de gasto que se están dedicando a inversiones. La inversión pública masiva, necesaria para crear empleo y reactivar la economía, proporciona una oportunidad única para reconstruir la infraestructura social, para universalizar los servicios públicos de educación infantil y atención a la dependencia, para mejorar el sistema de salud, de educación, de servicios sociales, para promover el deporte y la cultura, para cuidar el medio ambiente y detener el cambio climático. En todos estos sectores se pueden crear muchos empleos y, puesto que están subvencionados con fondos públicos, se pueden poner condiciones para maximizar su utilidad social. Se puede exigir que todos los proyectos sean ecológicos, que fomenten la igualdad de género y que aumenten la cohesión social, pero no se está haciendo.

En los planes aprobados ha desaparecido el (preceptivo) informe de impacto de género.